El conflicto se desencadenó en enero pasado, cuando Varela viajó a Guatemala para participar en los actos de la toma de posesión del actual presidente de ese país, Otto Pérez Molina. En esa oportunidad, el también presidente del Partido Panameñista aprovechó para reunirse con el canciller de Taiwan, Timothy Yang. El encuentro se dio un día después de que los taiwaneses reeligieran por otro período gubernamental a Ma Ying-jeou como presidente de esa nación.

“Vicepresidente Varela se reúne con canciller de Taiwan”, decía una nota enviada a los medios por el equipo de prensa del vicepresidente, con foto incluida (ver arriba) que informaba que Varela “puntualizó la amistad existente entre ambos países y el creciente intercambio comercial entre Panamá y la región asiática”.

LA IRA DE MARTINELLI

La cita Varela-Yang provocó la ira del presidente Martinelli y de inmediato tomó represalias contra Taipei: hasta la fecha se ha negado a recibirle las credenciales a Diego Lin Chou, embajador designado de Taiwan en Panamá, funcionario que está en suelo panameño desde enero de este año.

Taipei le aplicó la misma fórmula a Panamá. Durante casi cuatro meses, se negó a recibirle las credenciales a José Antonio Pérez Iranzo, nuevo embajador de Panamá en la isla asiática [reemplazó en el cargo a Mario Cucalón desde enero de 2012].

Pérez Iranzo, nacido en España y nacionalizado panameño, finalmente recibió el visto bueno del gobierno de Ma Ying-jeou la semana pasada, según fuentes diplomáticas.

LA ESPERA TAIWANESA

En Panamá, Diego Lin Chou espera pacientemente en su despacho de la torre HSBC a que Martinelli lo llame para recibirle sus credenciales.

Y es que el diplomático taiwanés ha visto cómo en los últimos tres meses el gobernante panameño ha recibido las credenciales a seis embajadores, en dos fechas distintas, y no lo incluye a él.

Por ejemplo, el 28 de febrero pasado, Martinelli recibió a los embajadores de Ecuador, Argentina, Brasil y de la Unión Europea.

La semana pasada hizo lo propio con Dwi Ayu Arimami, de Indonesia y con Jonathan Farrar, de Estados Unidos. Este último tiene solo dos semanas de estar en el país: llegó el 10 de mayo pasado.

DONACIONES

Mientras espera, el país asiático reanudó su vieja y controvertida política de darle regalos a Panamá a través de donaciones.

Un boletín de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, enviado el viernes 27 de abril, y que pasó desapercibido para los medios de comunicación locales, daba cuenta del desembolso, por parte de la nación asiática, de $6 millones para la construcción del Instituto Profesional y Técnico República de China (Taiwan).

De acuerdo con el comunicado, se trataba del primer desembolso para la edificación de la obra. La misma nota de prensa también reportó que este país había donado otros $28 mil 500 para la compra de un vehículo para Cerro Flores, una comunidad pobre en la provincia de Chiriquí.

Los coqueteos taiwaneses con Panamá, con grandes sumas de dinero incluidas, tuvieron su momento cumbre en el gobierno del Cambio, en diciembre de 2010, cuando se hizo pública la donación de $22 millones para la adquisición del Embraer Legacy 600, actual avión presidencial.

El hecho desató un escándalo a nivel internacional, que obligó a altas figuras del Gobierno oriental a hacerle frente a la polémica.

“La donación tiene razones humanitarias y se utilizará para inspeccionar áreas de desastre y para rescates de emergencia, de modo que no es un regalo diplomático”, dijo en aquel entonces el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwan, Timothy Yang, el mismo funcionario que, sin proponérselo, hoy está en medio de la disputa entre Martinelli y Varela, por este caso específico.

Otra donación fue la de $29 millones para la construcción de un hospital en Chilibre, obra que no se concretó a raíz de otro desacuerdo entre Martinelli y Varela por el costo del terreno donde se construiría la obra.

LAS REACCIONES

Este diario contactó a Roberto P. Liu, consejero de prensa de la Embajada de Taiwan en Panamá, y le preguntó sobre el particular, pero este informó mediante un correo electrónico que no tenía comentario al respecto.

Desde el Gobierno, el canciller, Roberto Henríquez, aseguró que Varela “quiso hacerle ver al Gobierno de Taiwan que él todavía tiene un rol que jugar en la política, y confundió al Gobierno de Taiwan en ese momento”.

Sustentó su posición en que el también presidente del Partido Panameñista es vicepresidente u opositor político cuando le conviene.

Agregó lo siguiente: “Es inadmisible que el Vicepresidente de un país se haya ubicado como adversario del Gobierno, y salga a nivel internacional a hablar mal de su país. El señor Varela por un lado busca tener un rol diplomático y por otro habla críticamente, y muchas veces va más allá de la crítica sobre la actuación del Gobierno Nacional. Yo creo que ese es un conflicto interno que él va a tener que resolver: es oposición o no lo es”.

Con respecto a la entrega de credenciales a Lin Chou, el ministro Henríquez aseguró que esta es una decisión que le compete estrictamente a la Presidencia, que es la que debe fijar la fecha para recibirlo.

El vicepresidente Varela, consultado sobre el tema, prefirió no hacer comentarios al respecto.

China le dio con la puerta en las narices a Panamá

El mismo presidente panameño, Ricardo Martinelli, se lo habría contado al expresidente costarricense Óscar Arias que sí logró hacer su movida a tiempo. Según reseñó la exembajadora de Estados Unidos Barbara Stephenson en un cable de Wikileaks, fechado el 23 de febrero de 2010, Martinelli le contó que los chinos le dijeron que “por el momento, la República Popular de China no estaba interesada en concertar nuevos vínculos diplomáticos en la región” y le pidieron “permanecer tranquilo”.

De hecho, el gobierno Martinelli había recibido un “aviso”, cuando el vicepresidente y excanciller Juan Carlos Varela se reunió con el canciller chino durante una visita a Asia en enero de 2010. Según los reportes que le llegaron a Stephenson, el alto funcionario chino le habría indicado a Varela que “ahora no es el momento para que Panamá reconozca a China”.

El intercambio entre diplomáticos y altos funcionarios estadounidenses muestra que los mensajes desalentadores de China llevaban meses circulando. Según un reporte del 20 de marzo de 2009 –clasificado como confidencial por Robert Wang, subdirector del American Institute in Taiwan–, se le recomendó al presidente taiwanés, Ma Ying-jeu, que asistiera a las ceremonias de toma de posesión de los nuevos presidentes de El Salvador [Mauricio Funes] y Panamá [Ricardo Martinelli], dos aliados clave de Taiwan, como un movimiento destinado a desalentar a estos aliados que podrían estar considerando “cambiar sus afectos”.

Jaime Barroso, abogado defensor de Alonso, confirmó que la Asamblea remitió al Ministerio Público (MP) una carta de su departamento de videovigilancia, a cargo de Marcos González (hijo del vicepresidente de la Asamblea del mismo nombre), en la que señala que, por daños en el disco duro de la cámara, no se puede proporcionar la cinta de lo ocurrido en la oficina del Molirena.

El pasado 20 de abril, dirigentes del Partido Panameñista interpusieron una denuncia ante el MP, relacionada con el supuesto soborno de De Janón al concejal Alonso.

Se trató de obtener información del MP sobre el adelanto de esta investigación, pero del Departamento del Relaciones Públicas no pudieron señalar en qué fiscalía está el expediente.

Esta versión brindada al MP es la segunda prueba que la Asamblea aduce que no puede proporcionar, relacionada con lo que ocurrió entre De Janón y Alonso.

Hace pocos días, la Asamblea remitió un informe a la Fiscalía Segunda Electoral en el que señala que no tiene registros del ingreso de De Janón al Palacio Justo Arosemena, y tiene la firma de Julio Vallarino, hermano de la diputada de CD Marylín Vallarino

La defensa de Alonso calificó estas versiones de la Asamblea como una “excusa increíble”.

De acuerdo con Barroso, el próximo jueves el equipo legal de Alonso presentará una querella penal para tener acceso al expediente que adelanta el MP sobre este caso.

En cuanto al tema de la denuncia, el fiscal segundo electoral, Diego Velásquez, deberá decidir si admite las pruebas solicitadas por los abogados de Alonso, quienes pidieron que se llame a declarar a Ricardo Adolfo Garay Barrios, piloto del helicóptero que supuestamente trasladó a De Janón a Penonomé, donde se realizaron las primeros ofrecimientos al representante de Pajonal.

También, la defensa del concejal de Pajonal solicitó la bitácora de vuelo de la aeronave.

Cifras preliminares publicadas por la Contraloría General de la República indican que en 2011 se registró el fallecimiento de 923 niños menores de un año. La estadística es superior a los 837 casos reportados en 2009 y a los 910 de 2010.

De las muertes infantiles reportadas el año pasado, 496 casos (53.7%) fueron de niños que vivían en zonas urbanas, mientras que 427 menores (46.3%) lo hacían en zonas rurales.

Estas cifras hacen suponer que el año pasado, en Panamá, cada nueve horas y media murió un pequeño con menos de 12 meses de nacido.

Durante 2011, la provincia de Panamá fue la que registró más casos de mortalidad infantil. Allí se registraron 397 casos. Le siguen Chiriquí, con 124 fallecimientos, y la comarca Ngäbe Buglé con 99 muertes reportadas.

Las estadísticas indican que luego de la capital de la República, donde se dieron 218 fallecimientos, fue en Changuinola donde más se presentaron casos: 60 pequeños perdieron la vida.

El informe de la Contraloría, sin embargo, no indica cuál es la tasa de mortalidad infantil de 2011. Este índice mide la cantidad de muertes infantiles por cada mil niños vivos.

El último registro que se tiene al respecto indica que en el año 2010 esta tasa era de 13.4%, superior al 12.2% registrado en 2009.

el minsa no responde

Durante las últimas cuatro semanas, La Prensa intentó contactar a voceros del Ministerio de Salud (Minsa) para que explicaran las políticas que están llevando a cabo para disminuir este índice. Las respuestas a un cuestionario enviado, nunca fueron devueltas.

En tanto, la viceministra de Desarrollo Social, Niurka Palacio, indicó que las autoridades son conscientes de que tienen “un desafío en esta materia. El Gobierno está poniendo todo su esfuerzo para trabajar contra esa estadística”.

Panamá forma parte de las 192 naciones que en el año 2000 se reunieron en la sede de las Naciones Unidas para aprobar la Declaración del Milenio. Entre los ocho objetivos que deben lograrse en 2015 está reducir la mortalidad infantil.

El secretario ejecutivo de la Concertación Nacional, Jaime Jácome, manifestó la semana pasada que no se ha establecido una fecha para discutir la propuesta de la APP.

En tanto, el vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud (Conagreprotsa), Álvaro Lozano, reconoció que hay puntos de convergencia entre ambas partes, como el compromiso de la recuperación de citas. Sin embargo, ahora los temas centrales del diálogo son el proyecto que crea el régimen de APP y la medicina globalizada en Panamá.

En cuanto a las citas perdidas por el paro, los gremios se comprometieron a reponerlas, al igual que las cirugías, afirmó Lozano.

CONSENSO

Las asociaciones gremiales informaron que se debe establecer una comisión bilateral con los directivos de las instituciones para presentar un plan de reposición de las cirugías y citas perdidas.

En el encuentro de ayer, los dirigentes solicitaron a las autoridades de Salud mayor compromiso en el suministro de equipos, insumos y recurso humano, con el fin de garantizar una buena atención a los miles de asegurados.

Mientras que Rodrigo Soto, presidente de la Asociación de Trabajadores Manuales de la CSS, sostuvo que también demandan el reintegro de ocho funcionarios destituidos durante el paro.

DÍA DECISIVO

Ante estos planteamientos, el sacerdote Eusebio Muñoz, mediador por parte de la Iglesia católica, expresó que las autoridades acordaron consultar las propuestas con los miembros de la junta directiva de la CSS para dar una respuesta hoy, a las 9:00 a.m., en el Centro de Retiro Espiritual Monte Alverna, Miraflores, corregimiento de Betania, donde continuará el diálogo en su cuarto día.

Por otro lado, Luis Lee, secretario de organización de la Asociación de Funcionarios Administrativos de la CSS, dijo que “el paro sigue y que su levantamiento está en manos del Gobierno”.

DIRECTIVA, SIN OPINIÓN

Este medio conoció que la junta directiva de la CSS está incapacitada para pronunciarse sobre el paro.

Rafael Medina, representante de los jubilados y pensionados ante la junta directiva de la CSS, afirmó que no puede emitir opinión sobre la medida, porque, en caso de haber una sanción contra los huelguistas, les tocará actuar como segunda instancia.

Agregó que resolver una apelación sí es potestad de la junta directiva, porque es la llamada a considerar si es correcta o incorrecta la sanción aplicada por la administración de la entidad.

Ayer, las protestas continuaron en los predios del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, pero solo se cerró temporalmente un carril de la vía Simón Bolívar.

Limpieza, sin afectaciones

El aseo del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) no ha sido afectado por el paro que mantienen los funcionarios, según comprobó este diario en un recorrido por las instalaciones. En el cuarto de Urgencias, los pasillos del Complejo, así como en la dirección y la residencia médica, las labores de limpieza las ejecuta personal del Grupo Mitchell, empresa contratada por la institución.

Las áreas críticas siguen cubiertas por los trabajadores del Departamento Doméstico de la entidad. Durante el recorrido se observó que las bolsas de basura permanecían amontonadas en las esquinas de las escaleras de emergencia. Priscilla Vásquez, dirigente de los trabajadores domésticos, manifestó que las bolsas se colocan en esa área porque es más fácil bajarlas cuando llega el camión.

También se apreció que la CSS entrega a la empresa privada los insumos que requieran.

Voceros de la CSS informaron que así pueden controlar la calidad de lo que se usa y ahorrar costos, ya que bajo la responsabilidad total de la compañía sería más costoso, y habría que analizar y verificar que el producto es el adecuado.

URANIA CECILIA MOLINA

El presidente del gremio, Héctor Núñez, manifestó que los funcionarios que coordinan las medidas desde el pasado 23 abril han demostrado no tener la capacidad para hallar soluciones que mejoren el tráfico vehicular en la ciudad.

“Han pasado los días desde que la ATTT quedó en invitarnos para lograr un consenso en la aplicación de las “medidas antitranque para no afectar a nuestro gremio, pero seguimos esperando”, se quejó el dirigente.

Al respecto, Juan Pablo Mora, director de la ATTT, reconoció que hay un retraso en este encuentro.

El funcionario manifestó que las medidas que afectan a este sector del transporte no se están aplicando hasta tener una propuesta en firme, para posteriormente presentárselas y lograr un acuerdo.

De acuerdo con Javier Arias, director del Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep), a más tardar el 12 de diciembre los consumidores panameños usarán este sistema, que reemplaza la libra por el kilo y el galón por el litro, según la Ley 52 de 2007.

Sus declaraciones se dieron ayer en el foro “Implementación del sistema internacional de unidades y el impacto de las mediciones en nuestra calidad de vida”, donde afirmó que “el cambio de medidas no significa aumento de precios”.

A partir de diciembre se venderán alimentos, como la carne, por kilogramos y no por libra. El combustible, en lugar de galón, se comercializará en litros.

Según representantes de Cenamep, cuando se haga la transformación de medidas las autoridades deberán velar que el precio no varíe.

El embajador Farrar, que lleva trece días en Panamá, anunció que su llegada al Partido Panameñista (el primer colectivo que visita) forma parte de un recorrido que hará para consultar a diversas fuerzas del país.

“Estoy comenzando mi recorrido inicial y quiero visitar todas las instituciones democráticas del país, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y en eso estamos”, afirmó Farrar.

Horas antes de la visita a los panameñistas, el diplomático se había entrevistado con los magistrados del Tribunal Electoral (TE), cuya sede está a pocas cuadras de la sede del panameñismo. El jueves 17 de mayo pasado, el diplomático se entrevistó con el presidente de la Asamblea Nacional, Héctor Aparicio.

preocupación en la oposición

Farrar se reunió con el vicepresidente y presidente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, por espacio de una hora. También participaron del encuentro diputados y miembros de la directiva del colectivo.

Los opositores plantearon al diplomático su preocupación por la crisis institucional del país, los riesgos para la democracia y la situación de los derechos humanos. También abordaron el tema de las reformas electorales para los comicios de 2014, que permanecen congeladas en la Asamblea.

El diputado José Isabel Blandón dijo que plantearon la preocupación por los riesgos que se ciernen sobre la democracia y la institucionalidad del Estado.

Varela, que calificó de positiva e importante la conversación con Farrar, manifestó que también se abordó el asunto del tratado de promoción comercial (TPC) con EU, y la cooperación en materia de seguridad y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

“Compartimos con el embajador la lucha por la democracia”, dijo el también Vicepresidente del país.

“Tuvimos una buena conversación y yo les escuché muy de cerca las preocupaciones y las prioridades de ellos”, indicó Farrar al hablar del encuentro con los opositores.

El diplomático sostuvo que su misión diplomática en Panamá “es muy amplia” y que abarca temas bilaterales e importantes del hemisferio.

Farrar reemplazó a Phyllis Power, que fue designada como embajadora en Nicaragua.

El embajador Farrar llegó al país con el encargo de los senadores estadounidenses Robert Menéndez y Marco Rubio de “alzar la voz frente a los peligros que se ciernen sobre la institucionalidad y la democracia en Panamá”.

Farrar es miembro del Servicio Exterior de Estados Unidos, y antes de su designación como embajador en Panamá se desempeñó como jefe de misión de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba.

Laboró en la Oficina de Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, desde donde supervisó los programas de derechos humanos y democracia alrededor del mundo, principalmente en los países de Asia y el hemisferio occidental, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Las actividades empiezan en junio, con la sexagésimo cuarta reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional, en la que participan 88 países.

También, entre el 17 y el 19 de julio se llevará a cabo el evento Conectar las Américas 2012, de la Unión Internacional de las Comunicaciones, organismo especializado de las Naciones Unidas. En 2013 se celebrarán la XXIII Cumbre Iberoamericana, la Conferencia del Foro Económico Mundial y la Conferencia Antiterrorismo de Naciones Unidas.

Ese mismo año será el Congreso Internacional de la Lengua Española y los 500 años del descubrimiento del Mar del Sur. La quincuagésimo tercera reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también será acogida en este país.

Y en 2014 se llevará a cabo el Congreso Internacional de Competitividad.

El diputado del PRD Rogelio Paredes informó que más de 3 mil nóminas se presentaron para las elecciones de delegados, lo que calificó como una alta participación de la membresía del colectivo opositor.

Los 480 mil miembros del PRD escogerán a los delegados, quienes en el congreso ordinario, a celebrarse el próximo 26 de agosto de este año, deberán elegir a los miembros del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que regirá los destinos del colectivo por los próximos cinco años.

Tras la derrota electoral en el mes de mayo de 2009, el PRD eligió en octubre de ese año un CEN transitorio. No obstante, ahora los miembros de ese cuerpo directivo aspiran a reelegirse en sus puestos.

Diputados oficialistas y de oposición que integran la comisión discutieron por casi cinco horas la propuesta presentada el lunes por el titular de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, que estuvo presente junto con su viceministro de Finanzas, Mahesh Khemlani, y un grupo de asesores.

En medio de los cuestionamientos de las bancadas de oposición, el presidente de la comisión, Ricardo Valencia, decretó un receso hasta hoy, a las 11:00 a.m., para continuar con el debate. Pero, media hora antes, los comisionados habían aprobado una sesión permanente para concluir con la aprobación de la iniciativa.

VENTA DE ACCIONES

Al inicio de la sesión, al mediodía, diputados de los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático criticaron al ministro De Lima por no incluir en el Fondo el dinero que generaría la potencial venta de acciones que mantiene el Gobierno en empresas como la telefónica Cable & Wireless.

José Luis Varela, diputado panameñista, sostuvo que no está establecido en el proyecto si los fondos por la venta de esas acciones formarían parte del patrimonio del FAP.

De inmediato, De Lima admitió que es cierto que no se ha establecido en el proyecto esa posibilidad.

“Los dividendos de estas empresas los recibe el gobierno central. El Fondo Fiduciario no es dueño de estas acciones”, dijo De Lima.

Como ejemplo, citó la licitación de la banda de celulares en la administración de Martín Torrijos, que obtuvieron Digicel y Claro. “Son antecedentes que tenemos, donde los dividendos fueron al gobierno central”, añadió.

Por su parte, el diputado del Molirena Jorge Alberto Rosas cree que la exclusión de estos dividendos en el fondo genera suspicacias.

A su juicio, si no se incorpora el producto de la venta de las acciones al Fondo Soberano, el dinero irá directo al fondo común del Estado, por lo que el Gobierno podrá utilizarlo en su totalidad en un año fiscal.

“Estamos hablando de arriba de 800 millones o 900 millones de dólares”, aseguró.

En la sesión también intervino el diputado panameñista Miguel Salas, quien se quejó, al igual que su colega del Partido Revolucionario Democrático Rubén de León, de que no lo habían convocado de manera formal a la reunión. Incluso, denunció que tampoco se invitó a diversos sectores del país.

De hecho, el proyecto de ley establece la formación de una comisión supervisora que estaría integrada por el Consejo Ecuménico de Panamá, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, y el Colegio de Economistas de Panamá. Ninguno de estos gremios estaba presente ayer en la discusión del proyecto.

A TAMBOR BATIENTE

Presionado por los diputados de oposición para que explicara el porqué de la premura del Gobierno para aprobar el proyecto, el viceministro Mahesh Khemlani respondió que “no hay otro momento en que un gobierno vaya a aprobar esto”.

Dijo que con el país frente a un año de política electoral y contando con un futuro aumento de los ingresos del Canal de Panamá, posterior a su expansión, se hace urgente la aprobación.

La iniciativa reduce los ingresos que recibiría el Tesoro Nacional, producto de los réditos del Canal después de 2015, y los destina a ser ahorrados en el FAP.

Para algunos diputados de oposición, una preocupación importante es el nombramiento de los miembros (siete) de la junta directiva del fondo.

De la forma en que está estructurado en el proyecto, los nombramientos hechos por el gobierno de Ricardo Martinelli contarían con una mayoría en esta entidad durante un tiempo prolongado, dijeron.

También mostraron intranquilidad por los nuevos límites del déficit estatal.

La inquietud radica en que para este gobierno, la reducción de los límites es relativamente ligera, hasta el 2.7%, mientras que para las próximas administraciones, baja sustancialmente su capacidad de gasto, mediante un déficit de hasta un 1% en 2017, por lo cual se le da una discreción de gasto más amplia a la gestión de Ricardo Martinelli, que a su sucesor.

Ante esto, los representantes del MEF respondieron que esta caída súbita en el límite del déficit ocurre cuando se comienzan a contabilizar los aportes del Canal ampliado, por lo cual, porcentualmente, hay una mayor flexibilidad de inversión estatal, aunque caiga de forma importante el límite nominal del déficit estructural.

El MEF también prevé una reducción constante en la relación de la deuda al producto interno bruto (PIB). En términos absolutos, se estima que la deuda nacional aumentará de 13 mil 891 millones de dólares para 2012, a 15 mil 342 millones de dólares en el año 2013.

Así lo informó ayer el procurador, José Ayú Prado, quien, además, manifestó que su institución remitió una ampliación de asistencia judicial internacional, dirigida al Ministerio de Justicia de Italia.

Esta ampliación es para que se le reciba declaración jurada a Mauro Velocci, quien negoció con Panamá la construcción de cuatro cárceles modulares.

El cuestionario es para conocer su versión de los supuestos $40 mil que presuntamente le fueron entregados en una transacción para cubrir gastos personales.

Explicó que la ampliación incluye las declaraciones de dos testigos que relatan la transferencia del dinero.

Mediante resolución del 11 de abril de 2012, con ponencia del magistrado Wilfredo Sáenz, el Segundo Tribunal decidió declarar extemporáneo el escrito de formalización de casación presentado por la hoy exfiscal tercera anticorrupción, Lourdes Cedeño, debido a que fue presentado una vez concluido el término legal, cuyo plazo es de 15 días.

El 12 de octubre de 2011 fue emitido el fallo absolutorio en favor de Onfala de Bello, Humberto Alcázar, estudiante de contabilidad; José Barahona y María de Hernández, quienes habían sido condenados en primera instancia por el Juzgado Octavo Penal a dos años y seis meses de prisión.

Ayer, la Secretaría General del Ministerio Público informó que ya se le dio trámite a la denuncia y que se están girando los oficios correspondientes para esclarecer los hechos.

Explicaron que las sumarias están en manos del procurador de la Nación, José Ayú Prado, porque se trata de dos funcionarios de alta jerarquía.

La denuncia la presentó el 6 de marzo pasado Pedro Montañez, quien en su escrito señala que la empresa Ilumina S.A., de la cual, tanto Sáez-Llorens como De Souza, son suscriptores, está evadiendo el pago de las cuotas obreros patronales a pesar de que los empleadores estaban al día.

Según Montañez, en la lista de patronos morosos que publicó la CSS aparece esta sociedad anónima.

Sobre esta denuncia, voceros de la oficina de prensa de esta entidad explicaron que no harían comentarios porque ni De Souza ni Sáez-Llorens son accionistas ni representantes legales de dicha empresa. “Esperamos que la denuncia siga su curso en el Ministerio Público”.

En tanto, en una entrevista concedida a TVN, el pasado 17 de mayo, De Souza dijo que Sáez-Llorens dejó de ser miembro de la sociedad Ilumina S.A., en 1998. Aseguró, además, que la empresa no opera desde el año 2000 y que con el cierre de esta, se pagaron todas las obligaciones.

Precisó que la compañía sigue saliendo en el listado de morosos porque no se notificó el cierre a la CSS, por lo que se genera una falsa morosidad que será corregida por la representante legal de la empresa (su esposa Irma de De Souza). “Es al representante legal y a sus accionistas a quienes les corresponde dar las explicaciones al respecto”, puntualizó.

La secretaría general del Ministerio Público (MP) informó que los representantes legales de Herrera se notificaron el viernes pasado, pues ya se habían girado dos boletas de citación para que asistiera a la Fiscalía Séptima de Circuito a notificarse personalmente de la querella.

Osvaldo Gálvez, abogado de Herrera, confirmó que se notificaron y que en estos momentos preparan la estrategia de defensa.

Expresó que desconoce si a su clienta le enviaron notificaciones anteriores para que se presentara a la oficina de instrucción, pero que debe ser parte del trabajo que hace el MP.

Además, manifestó que próximamente requerirán los resultados de las asistencias judiciales que ha enviado el Ministerio Público a Italia, dentro de las investigaciones por el supuesto contrato para la construcción de cárceles modulares en el país.

Gálvez prefirió no dar detalles sobre qué otros recursos utilizará la defensa para enfrentar la denuncia interpuesta.

La semana pasada, los abogados de la excandidata presidencial por el PRD solicitaron a la Fiscalía Séptima de Circuito que envíe una nueva asistencia judicial a Italia, con miras a dejar en claro la procedencia de los correos electrónicos, cuya difusión fue la causa de la acusación presentada por Martinelli.

También pidieron que en la asistencia judicial se pueda tener acceso a las computadoras confiscadas a Mauro Velocci, como parte de la investigación que se sigue en ese país por corrupción internacional al empresario Valter Lavítola, pieza clave en la firma de contratos entre Panamá y Finmeccanica.

Herrera fue acusada el 3 de mayo pasado por Rosendo Rivera, abogado de Martinelli, pero la Presidencia ya había interpuesto una denuncia por la difusión de los correos.

Una fuente de la Cancillería confirmó que se citó a los integrantes de la agrupación a un encuentro, en el que se les informará el comienzo de la comparación de las muestras biológicas de los familiares, con el ADN extraído a los restos en el Imelcf.

En enero pasado, un equipo de antropólogos argentinos presentó el cronograma para el procedimiento de identificación que tomará de seis meses a un año, aproximadamente.

Se estima que el presupuesto requerido para la identificación de los restos asciende a 51 mil dólares, más los costos de hospedaje de los expertos y la compra que surja de reactivos durante el proceso.

Maritza Maestre, vocera de Cofadepa HG, manifestó que, en un inicio, la convocatoria se había hecho para hoy, vía correo electrónico, pero que los miembros del comité que residen en la provincia de Chiriquí no podían asistir, por lo que se solicitó un aplazamiento para el viernes.

Destacó que esta es la primera convocatoria para una reunión en tres meses y que aún no existe una fecha tentativa para el inicio de los trabajos.

Denunció que ya no se puede dilatar más este proceso , “ya que, entre más tiempo pasa, se hace más difícil lograr una identificación de los restos”.

El pasado 2 de mayo, el fiscal auxiliar, Dimas Guevara, emitió una resolución con fundamento en el artículo 2046 del Código Judicial, en la que ordena al Imelcf poner en manos del equipo argentino de antropología forense los restos óseos que se encuentran en los depósitos de esa entidad para que puedan hacer las experticias médico legales y la toma de nuevas muestras de ADN a los familiares que denunciaron desapariciones durante la época de la dictadura militar.

Sin embargo, Guevara planteó que a la fecha no se han tomado muestras biológicas a los familiares de los desaparecidos para poder hacer las comparaciones con los restos que se encuentran en el Imelcf.

Tampoco se ha definido si el equipo de antropólogos forenses realizará exhumaciones de restos humanos en sitios en donde se sospecha pudieron haber sido sepultados.

Se informó que los primeros restos que serán ser objeto de análisis son los que se presume son de la joven Marlene Mendizábal, asesinada en el año de 1976.

También se procederá a estudiar una osamenta recuperada en enero pasado, que se estima corresponde al dirigente político Floyd Britton, desaparecido el 12 de octubre de 1968.

Estos restos fueron encontrados en el antiguo cementerio El Marañón, ubicado en la isla de Coiba, donde en época de la dictadura militar funcionó un penal.

La diligencia se llevó a cabo luego de que, en una declaración dada en 2011 ante la Fiscalía Auxiliar, una persona aseguró haber enterrado el cuerpo de Britton en el cementerio del penal, junto con otras tres personas, por órdenes de los militares a cargo del reclusorio.

Así lo dijo ayer la fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, al sustentar su vista fiscal en la audiencia preliminar realizada a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte y otras cinco personas acusadas de delitos contra el ambiente y ordenamiento territorial.

Morcillo explicó que se incumplió la Ley 80 de 2009, que regula el reconocimiento de derechos posesorios en costas e islas, que establece que la posesión del bien se debe demostrar a través de una actividad turística, agropecuaria o habitacional, cosa que no se hizo. Otra ilegalidad citada por Morcillo fue el fraccionamiento de los terrenos para beneficiar a otras personas. Detalló que con eso se buscaba que las personas naturales cedieran los derechos posesorios a personas jurídicas (sociedades).

Recibieron dinero

“Hubo personas que recibieron dinero para aparentar que tenían derechos posesorios que no eran suyos, y luego fueron traspasados a dos y tres personas jurídicas”, manifestó.

Este argumento lo sustentó en la declaración de Reinaldo Flores que, según la fiscal, admitió “que recibió pagos de Jorge Bethancourt (presidente de la Asociación de Pescadores de Antón) para adquirir la tierra”.

Agregó Morcillo que un informe de auditoría de la Contraloría establece que Bethancourt y Raúl Mata (quien negoció los derechos posesorios con los pescadores) “ofrecían dinero para que las personas adquirieran los terrenos”.

Basada en eso, indicó que tanto Mata como Bethancourt deben ser incorporados al proceso, pero no los acusó porque tuvo que enviar la vista fiscal al vencerse el término para investigar.

La funcionaria advirtió que los peritos de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) y la Contraloría hicieron una inspección ocular y determinaron que los terrenos en Juan Hombrón eran inadjudicables, y que hace falta información en los planos de los terrenos, así como en los expedientes de la Anati sobre las titulaciones gratuitas.

En el caso de Villamonte, la fiscal dijo que incurrió en una conducta dolosa porque conocía previamente los trámites para la cesión de los terrenos, al haber trabajado como abogada de las sociedades antes de asumir el cargo de directora de Catastro.

En la auditoría hecha por la Contraloría se concluye que estas adjudicaciones gratuitas causaron una lesión patrimonial al Estado por un millón 787 mil 362 dólares.

Además de Villamonte están acusados en este caso Eric Lamboglia (departamento de titulación de Anati); José De Bello de la Cruz (departamento de aprobación de planos); Mario Ruiz (jefe de cartografía de Anati); José de la Rosa Gutiérrez y José Hernández, estos dos últimos son las personas particulares a las que se les cedieron las tierras gratuitamente. La fiscal pidió el llamamiento a juicio para los seis acusados.

No hubo mala fe

Guillermina McDonald, abogada de Villamonte, inició su alegato oponiéndose a la ampliación de la investigación, tal como sugirió Morcillo, al pedir que se acuse a Bethancourt y Mata.

La abogada argumentó que la Resolución de Consejo de Gabinete 43 de 1996 establece que esa zona de Farallón es de desarrollo turístico.

McDonald dijo que una vez realizados los trámites respectivos, Villamonte cumplió con su responsabilidad de firmar las adjudicaciones de tierra basadas en la Ley 80 de 2009.

“No se ha demostrado que Villamonte cedió o compró tierras; ella no actuó de mala fe”, afirmó la abogada.

Manifestó que la ley establece que en las áreas protegidas no se reconocerán derechos posesorios, salvo que los trámites se hayan iniciado antes de que fuesen declaradas zonas protegidas por la Anam.

Sustentó que esa área de Juan Hombrón fue declarada protegida en 2005 y las personas indicaron que sus derechos posesorios eran del año 2000. A su juicio, “no hay ningún problema con que el que tenga derechos posesorios los venda más adelante”.

Los abogados defensores de los otros cinco acusados, pidieron un sobreseimiento definitivo.

Maritza Royo, abogada de Ruiz, dijo que no hay una sola prueba en contra de su cliente porque no firmó ninguna de las 14 cesiones.

Nicks García, defensor de De Bello, alegó que a él no le tocaba aprobar los planos y, además, en estos no se indica que eran áreas protegidas.

Rubén Castrejo, abogado de Lamboglia, señaló que su defendido solo recibía la información de los planos aprobados y la remitía a sus superiores, por lo que no es responsable de lo que se le acusa, debido a que no donó ni vendió terreno alguno.

Los trabajos forman parte de las obras de preservación del Patrimonio Histórico de la ciudad de Panamá que ejecuta la institución.

Rodríguez hizo el llamado un día después que la ministra de Educación, Lucy Molinar, informara que los planteles públicos funcionarán normalmente este 24 de mayo.

El exalcalde Bosco Vallarino intentó edificar aparcamientos soterrados, cuya inversión oscilaba entre los 4 millones y 5 millones de dólares, y tendrían capacidad para 150 automóviles. Sin embargo, el proyecto murió en la cuna.

Ayer, la alcaldesa Roxana Méndez dio a conocer que posiblemente en junio se haría la licitación para cimentar estacionamientos en 12 parques con las mencionadas especificaciones.

“Se están preparando los pliegos y los trámites para hacer uso efectivo de esas tierras”, agregó.

La idea, según Méndez, es descongestionar las vías y aceras de la ciudad capital, ya que en la actualidad están saturadas de vehículos.

En ese sentido, desde la Alcaldía se plantea también detectar los lotes baldíos de la ciudad. Hasta la fecha esta entidad ha evaluado 26 terrenos que podrían convertirse en estacionamientos municipales.

Se estima que los usuarios de esos futuros aparcamientos pagarían un dólar y los estudios resaltan que San Francisco y Bella Vista son las áreas que más requieren de estas estructuras.

Fernando Díaz Jaramillo, coordinador de la Alianza pro Ciudad, cree que para este tipo de proyecto debe haber una consulta pública con organizaciones de la sociedad civil, residentes de esas comunidades y entidades idóneas, como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

“Se requieren estacionamientos, pero también la Alcaldía debe optimizar los resultados que puede tener este proyecto y la mejor forma es asesorándose bien”, acotó Díaz.

El coordinador de la Comisión Vial de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Gastón Schatan, indicó que los estacionamientos son importantes, pero más necesarias son las soluciones al transporte público para que se compren menos autos particulares.

El parque vehicular en la capital es de 350 mil autos.

Por un error involuntario, en la página 12A del lunes 21 de mayo, en Nacionales fue publicada una noticia que en su primer párrafo señalaba: “Darién. Albercio Mosquera, dirigente comunitario de Punta Alegre, corregimiento de Metetí...”. Lo correcto debió ser: “...Punta Alegre, corregimiento de La Palma...”.

En la nota titulada “Abogados cercanos al poder”, publicada en la página 4A de la edición de Panorama del martes 22 de mayo de 2012, se publicó que: “Ramón Tello de León trabaja en la firma Veleiro, Mihalitsianos & de la Espriella (VM&E) y aparece como agente residente de la empresa Carimex en la ficha del Registro Público”. Debió decir: “Ramón Tello de León trabajó en VM&E hasta agosto de 2010 y fue suscriptor de la empresa Carimex”.

POTRO. Roberto Henríquez dijo que la salida de Varela del gobierno no ha afectado el desempeño de esa administración y que no hay una crisis institucional porque, si la hubiera, el gobierno estaría en “un proceso de colapso”. “Aquí los políticos de oposición siempre van hablar de crisis institucional, eso no trasciende”, dijo. ¿Y es que ellos no hablaron igual de los gobiernos anteriores?

WIKIVISITA. Ayer, Juan Carlos Varela se reunió con el nuevo embajador de Estados Unidos. ¿Será que le contó que el país está que se cae, igual que a los gringos? Martinelli no debe estar nada contento... Habrá que ver la renuncia a qué cargo le pide ahora.

´FIESTO´. CD sigue con sus fiestas por aniversario. Este domingo tendrá celebraciones en todo el país. ¿El aniversario era un día o un mes? ¿Tanta plata tiene CD como partido? El año pasado regalaron carro... y ahora... ¿qué darán?

JUEGO. Según Ricardo Escobar, presidente de la Liga Nacional de Ascenso, en esta temporada Genaro López ha invertido decenas de miles en el equipo de fútbol del Suntracs, que juega en la segunda división. ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿De las cuotas sindicales o del subsidio del Mitradel?

Para llegar, hay que decidirse entre cruzar el océano Atlántico o el Pacífico y, con la mejor de las suertes, el viaje entre la capital panameña y la china dura alrededor de 20 horas.

Ese trayecto lo hizo Liz Vargas, una abogada panameña que llegó a la metrópoli asiática con la intención de aprender mandarín.

Ella asistía a sus clases en la Universidad de Panamá y una de sus profesoras, de la que se hizo amiga, le aconsejó que se trasladara a vivir a Beijing.

RETO Y CHOQUE

Aceptó el reto y llegó a Beijing, en 2006, con la intención de quedarse un año. Ya lleva seis.

Como la mayoría de los estudiantes chinos, vivió en la universidad donde estudiaba.

Reconoce que el shock inicial fue fuerte por las diferencias culturales entre ambos países y la dificultad del idioma.

INTERCAMBIO

La faceta de alumna de mandarín la empezó a compaginar con la de profesora de español en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, en China.

Cuenta que, además de enseñar el idioma, le habla a sus alumnos sobre América Latina.

“Me llamó mucho la atención que los estudiantes solo veían el español de España. Entonces yo empecé a llevarlos a las diferentes embajadas de América Latina, en Beijing, y los embajadores les daban charlas sobre la cultura, la comida y los paisajes de sus países”, comentó.

Esas charlas derivaron en convenios para que los alumnos hicieran prácticas en las embajadas.

Liz también reserva un espacio para llevar un pedacito de su tierra a la otra parte del mundo.

En sus clases muestra imágenes de los lugares, el folclore de Panamá y ha proyectado la película Chance.

DEDICACIÓN

Sus estudiantes la han impresionado por la dedicación al estudio: “De un grupo de 25 alumnos puede haber apenas tres o cuatro que no estudian. Viernes, sábado y domingo se la pasan estudiando”.

Imitar esa capacidad de superación es una de las recomendaciones que hace para que Panamá mejore su deficiente sistema educativo. “Hay que cambiar la mentalidad de la gente. Aunque dentro del grupo, los estudiantes chinos tratan de ser muy buenos”, asegura.

FACETAS

Además de impartir clases de español, ha hecho sus pinitos como modelo y actriz.

Fue la imagen de un aviso de carros en una revista y recientemente terminó el rodaje de una película china, en la que hace un breve papel como profesora de inglés.

Ya se ha acostumbrado a vivir en una ciudad de más de 20 millones de habitantes y un ritmo de vida vertiginoso.

“Al principio tomaba fotos de la cantidad de gente que se mueve en el metro... Aquí descubrí que yo camino lento. Todos los chinos me pasan. A veces me pongo detrás de una viejita para disimular”, reconoce entre risas.

NOSTALGIA

De Panamá, extraña a su familia y el calor de la gente, pero admite que le ha tomado cariño a esta ciudad, en la que se siente bien tratada, y sabe que el español, su nueva dedicación, vive un boom en China.

Por el momento se queda en la tierra de Confucio y Mao Zedong, pero no cierra la puerta a una eventual vuelta a Panamá, porque “uno nunca sabe”.

VELOCIDAD

En los seis años que Liz Vargas lleva en Beijing ha visto cómo la red de metro pasaba de 3 a 15 líneas. Beijing es un gigante que se mueve a la velocidad de un galgo, cuyo ritmo se aceleró por la celebración de los Juegos Olímpicos en 2008.

Esta ciudad conjuga la historia tradicional de la imperial Ciudad Prohibida y el culto a la espiritualidad del hipnotizador Templo del Cielo, con las muestras más modernas e imponentes de arquitectura urbana.

Los edificios parecen competir en tamaño y diseño para atraer la mirada y el lente del visitante.

Un urbanismo de primer mundo para una ciudad con 5 millones de carros e incontables bicicletas en la que el concepto de “tranque” adquiere otra dimensión.

Dónde se enseña español

La Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, en donde labora Liz Vargas, se fundó en 1964, bajo el patrocinio del antiguo primer ministro chino Zhou Enlai. Abarca múltiples disciplinas: literatura, administración, economía, derecho y filosofía, con las filologías extranjeras como disciplina principal. La Universidad toma como tarea primordial formar personas capaces de ajustarse a los trabajos internacionales en los terrenos de asuntos exteriores, turismo y comercio. También está la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing (antiguo Instituto de Lenguas extranjeras de Beijing), que fundó su sección de español en el año 1952.

La Universidad es la principal base de enseñanza de lenguas extranjeras. Estuvo afiliada al Ministerio de Relaciones Exteriores y en la actualidad se encuentra bajo el Ministerio de Educación.

La Asamblea alegó que por daños en el disco duro de la cámara de vigilancia no puede facilitar el video de la reunión en la que Gabriel De Janón, supuestamente, intentó sobornar a un concejal panameñista.

Al ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, le correspondió defender la iniciativa en una sesión marcada por la ausencia de diversos gremios empresariales, sindicales, de economistas y contadores.

Los diputados opositores criticaron que no se incluyera en el Fondo el dinero que generaría la posible venta de acciones que mantiene el Gobierno en las empresas de capital mixto.

El mandatario panameño se niega a entregarle las credenciales al embajador de Taiwan, Diego Chou, en represalia por una reunión que tuvo Varela en Guatemala con el canciller de Taiwan, Timothy Yang, según señalan fuentes diplomáticas.

Taipei hizo lo propio con José Antonio Pérez Iranzo [español nacionalizado panameño], nuevo embajador de Panamá en Taiwan, que esperó, al menos, tres meses para que el país asiático le diera el visto bueno. La semana pasada le recibieron sus credenciales.

El canciller Roberto Henríquez dijo al respecto que Varela confundió al Gobierno de Taiwan al hacerle ver que todavía tiene un rol que jugar en el Gobierno panameño.

El Ministerio de la Presidencia, que ejecuta la Cadena de Frío, canceló el primer proceso, tal como lo faculta la Ley 48 del 10 de mayo de 2011, “sin mayor fundamento”, y con el argumento de que las propuestas pueden ser rechazadas “por causas de orden público o de interés social”.

El argumento de interés social, según Fernando Duque, secretario de la Cadena de Frío, era que ya no se necesitaba el centro de acopio de Coclé, pese a que se había pagado un exhaustivo estudio que decía lo contrario.

La exclusión del centro de acopio con todo su equipo y sistema de distribución está basada en que en este momento no se amerita llevar a cabo una inversión millonaria, tomando en cuenta los pequeños volúmenes de producción que se dan en dicha provincia actualmente, afirmó el funcionario.

Sin embargo, después explicó que, al haber una producción con tendencia ascendente en los próximos años, se mantuvo en la licitación el desarrollo del diseño por parte del contratista –aunque no se va a construir por ahora–, para que futuras administraciones desarrollen la obra. También siguen buscándole un terreno al centro de acopio.

Los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas han sido criticados por grupos empresariales y profesionales que en su momento advertían sobre la discrecionalidad que tendrían los funcionarios para modificar las reglas del juego en pleno proceso de contratación.

Hoy se sabe que las modificaciones a esta norma fueron aprobadas un día después que funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas –rectores en esta materia– se reunieran con Valter Lavítola, arrestado por cargos de corrupción, cuya conversación se centró en buscar fondos estatales para financiar cárceles.

En esa conversación, el actual viceministro de Finanzas, Mahesh Khemlani, sugirió que el dinero para las cárceles se sacara de la Cadena de Frío. De acuerdo con la transcripción del expediente de la investigación a Lavítola en Nápoles (Italia), y publicada por La Prensa el pasado 24 de abril, Khemlani dijo: “Y la orden puede ser, saquemos 80 millones al proyecto del frío”.