La millonaria inversión estatal favorecerá directamente a diez hidroeléctricas con concesiones en Veraguas, de las cuales, en ocho aparecen desde empleados del súper 99 hasta allegados del presidente, Ricardo Martinelli, como Leonel Zapata, un cercano amigo de sus hijos y dignatario en varias sociedades junto con el gobernante.

La construcción de la subestación fue planeada por la junta directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), cuyo tesorero es Carlos Manuel Quintero, empleado del súper 99, y que figura en una sociedad que también se beneficiará directamente de esta obra.

La subestación de San Bartolo permitirá que los diez proyectos hidroeléctricos se integren, sin costo, al Sistema Interconectado Nacional (SIN), según el Plan de Expansión de Etesa.

Si el Consejo de Gabinete no lo hubiese aprobado, estos proyectos habrían tenido que invertir –en conjunto– más de 10 millones de dólares para conectarse al SIN.

La obra fue adjudicada en licitación por Etesa –por más de 13 millones de dólares– a la empresa Celmec, S.A. cuyo contacto ante PanamáCompra es Ernesto Richa Viu, quien, además, es socio de Carlos Manuel Quintero en un proyecto hidroeléctrico que también sacará provecho de la obra estatal.

Este medio intentó comunicarse con Richa Viu, pero no respondió los dos mensajes que se le dejaron con su secretaria.

Con el pronunciamiento coincidieron el expresidente de dicha organización Danilo Arbilla; Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, Perú; y el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Asdrúbal Aguiar. A su vez, la directora de La Prensa, Lourdes de Obaldía, halló deplorable que el gobernante panameño, en vez de dar explicaciones ante la opinión pública sobre temas preocupantes, reaccione con desbordes viscerales y ataques a un periodista de un diario independiente.

“Santiago Cumbrera cuenta, y contará, con el respeto y el respaldo de La Prensa”, aseguró.

“El decreto estaba en proceso de revisión porque los supermercados nos lo han estado solicitando, también las abarroterías y hoteles”, explicó la alcaldesa Roxana Méndez.

La funcionaria señaló además que no sancionará a tres sucursales de la cadena súper 99, propiedad del presidente de la República, Ricardo Martinelli, por vender el pasado 20 de abril licor en horario no permitido por este decreto que aún está vigente. “Nosotros no hemos hecho ninguna inspección para poder afirmar que hay algún incumplimiento. Eso tenemos que tenerlo claro”, manifestó .

A lo largo de una hora, Silva le plantea a Palacio lo que estima como debilidades del presidente Nicolás Maduro, llegando a señalar que habría una conspiración para un golpe de Estado, y que esta provendría del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al que tacha de corrupto.

Para el diputado Ismael García, quien presentó la grabación, el documento iba destinado al presidente de Cuba, Raúl Castro.

Silva calificó todo de “montaje” y dijo que respondería en su programa diario La Hojilla.

La decisión deja libre a Tocumen, S.A. para continuar con el proceso de licitación, cuya presentación de propuestas es el 30 de mayo. La empresa reclamante argumentó que Tocumen, S.A. había limitado la participación de empresas al modificar los criterios de evaluación en el pliego. El precio de referencia de esta licitación es de $22 millones y el que se adjudique el contrato debe supervisar los trabajos de la terminal sur que costarán 679.4 millones.

Montenegro sustentó su petición en que estos establecimientos permitirán mejorar la economía nacional, debido a que en la actualidad 400 mil mujeres no laboran porque sus responsabilidades familiares se lo impiden.

Esta solicitud se hizo durante la publicación oficial de la Encuesta nacional del uso del tiempo.

En tanto, Anna Coates, directora regional adjunta de la organización internacional OnuMujer, recordó que las panameñas tienen una sobrecarga de labores domésticas que le impiden ganar su propio sustento.

“Las mujeres tienen pobreza de tiempo. Esto debilita el valor que pueden aportar al sector laboral”, añadió.

La institución dijo que en la operación fueron decomisados 68 kilos de cocaína que el agente y otra persona transportaban en una camioneta Ford Explorer del SPI.

La Presidencia de la República informó, mediante un comunicado, que el funcionario se encontraba realizando labores de mensajería para el Despacho de la Primera Dama.

También señala que como hechos así se han dado en diferentes administraciones, se deben reforzar los mecanismos de control.

La nota de prensa destaca que el presidente, Ricardo Martinelli, consideró necesario que todos los agentes del SPI deben someterse a pruebas de polígrafo todos los meses.

Los dos hábeas corpus buscaban que se declarara ilegal la decisión del Juzgado Decimotercero Penal, que el 11 de abril pasado giró una orden de captura para los hermanos de la Guardia.

El juzgado remitió la decisión a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), para que detenga a los empresarios y los ponga a órdenes del Sistema Penitenciario y cumplan la pena.

Los fallos del Segundo Tribunal tuvieron como ponente al magistrado Wilfredo Sáenz y fueron avalados por los magistrados Raúl Vergara y María de Lourdes Estrada.

Carlos Carrillo, abogado de Carlos de la Guardia, informó que apelará la decisión del Segundo Tribunal y agregó que en septiembre de 2012 presentó un hábeas corpus ante el pleno de la Corte y aún no ha sido resuelto por el magistrado ponente Harley Mitchell.

A los abogados de los hermanos de la Guardia les han negado más de 20 recursos legales contra la condena del 10 de agosto de 2012.

El director de la Región Metropolitana de Salud, Jorge Hassán, señaló que en el distrito de Panamá hay un índice de infestación de 2.3% y el máximo es 5%.

“Durante este mes hemos detectado tres casos de dengue clásico y ninguno hemorrágico o complicado”, explicó el funcionario.

Las estadísticas de la región metropolitana destacan que se han reportado en total nueve casos de dengue clásico y siete sospechosos del hemorrágico.

Hassán agregó que los corregimientos con mayor cantidad de criaderos son Juan Díaz, Tocumen y Curundú.

Por su parte, el director de la Región de Salud de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre, Algis Torres, manifestó que en esta zona tienen en el primer cuatrimestre de 2013 un índice de infestación de 1.9% y registros de tres casos de dengue clásico y ninguno hemorrágico. En esta región los corregimientos de Omar Torrijos, Chilibre y Las Cumbres presentan más casos de criaderos.

VELITAS. En medio de escándalos, denuncias de clientelismo, transfuguismo y peleas internas, CD celebró ayer sus quinceaños. ¿Habrán hecho un brindis por la cordura y la corrección de esa convulsionada adolescencia?

DIVIDIDOS. Hablando de peleas, hay un ala de CD que no apoya la designación de Rómulo Roux como secretario del partido. Habrá que ver cuántos se atreven a enfrentarse a la voluntad expresa del jefe.

VIVOS. La Presidencia le tiró la papa caliente a la oposición: emitió un comunicado en el que invita a los candidatos presidenciales a las inauguraciones de las obras del Gobierno. Como seguramente los Juan Carlos no van a ir a exponerse a que despotriquen contra ellos en su cara, el único que quedará yendo es Mimito Arias. Vaya manera de jugar a la psicología.

INDEFINIDO. Dice Dalia Bernal que sabe que no tiene el apoyo de la mayoría de sus copartidarios, pero que no renunciará a su aspiración de presidir la Asamblea, aunque le preocupa “el complot para torcer”. ¿Por qué le preocupa eso si en CD (el único partido que hace gala de una democracia inmejorable) las elecciones son de altura y los candidatos tienen igualdad de oportunidades?

PESTE. No se sabe si el mayor donante de José Luis Fábrega tiene una imprenta o si el tránsfuga que niega serlo piensa que los postes votan, ¡pero qué cantidad de afiches tiene en la ciudad! Ojalá sea así de juicioso para quitarlos.

La decisión debe conocerse esta semana, ya que el domingo 19 de mayo se cumplió un mes de la sanción impuesta a la compañía por incumplir con los mil puntos de recarga de tarjetas del Metro Bus. El 83% de los locales que ofrecían el servicio estaba inactivo.

La resolución de la ATTT No. 708 del pasado 19 de abril establece que si en un mes la empresa no mejoraba el servicio, la multa mensual pasaría a ser diaria.

Al respecto, el director de la entidad, Roberto Moreno, expresó que hasta ayer se habían verificado 700 puntos de los mil 402 que Sonda alega tener en funcionamiento, por lo que aclaró que mientras ese proceso no se cumpla en su totalidad, no se puede tomar una decisión.

“Una cosa es que estén los puestos de recarga y otra que funcionen correctamente”, dijo.

Paralelo a esta situación, el gerente general de Sonda, Daniel Guerra, renunció a su cargo y hasta la fecha no se ha anunciado su reemplazo.

Moreno manifestó que ignora quién será el nuevo gerente de Sonda.

En tanto, el representante de los usuarios ante la junta directiva de la ATTT, Lucía Perea, dijo que la entidad tiene que ser más enérgica para mejorar el servicio del Metro Bus y de la recarga de tarjetas.

Según Perea, se han colocado máquinas de recargas, pero no se informa a los usuarios acerca de su uso.

Con ese planteamiento, los vecinos del cerro Ancón salieron al paso a lo dicho por el magistrado Harry Díaz al votar el acuerdo de la Sala Cuarta que anuló el contrato, en el sentido de que la cancelación del proyecto no implica su renuncia.

“Esta lucha nos tomó un año y no vamos a parar; vamos a seguir vigilantes para que no se hagan los estacionamientos”, expresó Sandra Tapia, vocera de los vecinos de la zona.

El acuerdo de la Sala Cuarta, fechado el 11 de abril pasado, canceló el contrato por $6.9 millones suscrito con la constructora Corcione & Asociados.

Por su parte, el abogado Donaldo Sousa, asesor de los residentes de Ancón, insistió en que el cerro Ancón es un área protegida y por tanto no se puede construir estacionamientos allí.

Explicó, además, que la denuncia presentada ante el Ministerio Público debe continuar contra quienes hicieron el estudio de impacto ambiental (EIA), los funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente y la constructora.

Además, dijo, está pendiente por resolver una demanda de nulidad interpuesta en la Sala Tercera de la Corte contra el EIA, el contrato y el traspaso del terreno al Órgano Judicial por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En tanto, Aida Torres, presidenta de la Federación de Áreas Revertidas, anunció que el Ministerio de Vivienda está convocando hoy a una licitación de una consultoría por $1.6 millón, para hacer cambios en el plan de desarrollo urbano de las áreas metropolitanas del Pacífico y del Atlántico.

Torres exigió al Gobierno respetar el plan de desarrollo del Canal de Panamá. “Las autoridades están violando el orden jurídico”, señaló.

El recurso legal –al que este diario tuvo acceso– fue presentado por los abogados Miguel Antonio Bernal y Luis Rogelio García, quienes argumentan, por ejemplo, que al otorgarle autonomía administrativa a la nueva autoridad se viola el numeral 5 del artículo 184 de la Constitución, que da al Presidente de la República la atribución de vigilar la recaudación y administración de las rentas nacionales.

Asimismo, el documento establece que al designar por siete años al administrador de la nueva institución, la ley viola el numeral 11 del mismo artículo 184 de la Constitución, que confiere al Presidente de la República la atribución para nombrar a los jefes de entidades autónomas durante su mandato.

Los abogados también advirtieron en el recurso de que aún no ha sido aprobado el reglamento que rige el funcionamiento de la ANIP.

En el reparto de expedientes del pasado viernes, la demanda fue asignada al magistrado Hernán De León.

La Ley 24 del 8 de abril de 2013, que creó la ANIP, fue publicada en Gaceta Oficial el 9 de abril pasado.

Posteriormente, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, nombró el 10 de mayo pasado a Luis Cucalón como administrador de esa entidad.

Cucalón se desempeñaba como director general de Ingresos, que fue reemplazada por la ANIP.

Su nombramiento está pendiente de ratificación por parte de la Asamblea Nacional, que está en receso, pero será convocada a sesiones extraordinarias.

De ser ratificado, Cucalón estará en el cargo hasta 2020, devengará un salario mensual de $10 mil y manejará un presupuesto del 1% de la recaudación tributaria correspondiente al año anterior.

“La defensora le debe una aclaración al pueblo. No entendemos cómo se malgasta un cuarto de millón de dólares para diagramación y diseño de la institución, [cuando] ya tiene en su planilla diseñadores y diagramadores gráficos”, sostuvo.

Dicho contrato fue cuestionado por expertos en diseño, quienes dijeron que lo desembolsado por Portugal excedía siete veces el precio de este tipo de trabajo en el mercado local.

Demóstenes García, de Pixmat Studios, afirmó que el modelo de la página de internet montada por Imaginarium Studio no supera siquiera los mil dólares. “Se contrató a una empresa que obviamente no tiene experiencia: escogió las peores tecnologías y ciertamente no tiene un perfil”, dijo García, quien explicó que el formato del sitio se ofrece gratis.

Mientras que Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, tildó de decepcionante la gestión de Portugal y pidió que el caso se investigue. “Que las autoridades pidan explicaciones a la defensora del Pueblo y a la empresa, ya que ninguno de los dos ha querido rendir cuentas por esta situación a todas luces irregular”, indicó.

“Patria Portugal ha sido la peor defensora del Pueblo”, puntualizó Maytín.

El presidente de Imaginarium Studio es Jean Paul Ortega Ramírez, de 23 años, y miembro activo del partido oficialista Cambio Democrático.

En tanto la Defensoría del Pueblo, a través del departamento de Relaciones Públicas, reaccionó con un escueto mensaje: “El contrato fue refrendado por la Contraloría General cumpliendo con todos los pasos y procedimientos que establece la ley”.

La información, suministrada ayer por el periodista Joan Solés, corresponsal del Grupo Prisa en Roma, a través de un contacto con Radio Panamá, indica que el Tribunal de Roma que conoce el caso ya culminó la etapa de la investigación y abrió el plazo de 20 días para la presentación de recursos.

Una vez concluya dicho período, explicó Solés, los jueces deben fijar la fecha exacta de las audiencias, que serán suspendidas en agosto y reanudadas en septiembre.

A criterio del periodista, todo el proceso de primera instancia podría desarrollarse en aproximadamente un año. “En la audiencia se presentarán todas las pruebas sobre esta acusación [por el supuesto pago de sobornos]. Conoceremos las nuevas investigaciones de la Fiscalía de Roma y seguramente saldrán todos los detalles de los casos”, informó.

Según el corresponsal, durante la audiencia podrían ser mencionados ciudadanos panameños, pero estos no serán procesados ni juzgados, ya que la justicia italiana no persigue delitos que hayan sido cometidos fuera de ese país.

Entre las pruebas que serán presentadas ante los jueces figuran interceptaciones telefónicas, diálogos a través de internet, grabaciones de reuniones en el Palacio de las Garzas, registros de empresas y bancos, precisó Solés.

Lavítola está preso en Italia desde hace 14 meses y en ese tiempo ha sido condenado a seis años y seis meses de cárcel en dos procesos: por el intento de extorsión al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y por el desvío de fondos estatales.

Además, tiene pendientes otros tres casos: el de corrupción internacional en Panamá; por pagar supuestos sobornos a legisladores, y por inducción a la prostitución, este último compartido con el propio Berlusconi.

En la vista fiscal del caso, remitida a la Sala el 8 de abril pasado, se destaca que indistintamente de que hubiese sido un reloj o reloj-celular, la forma como Cruz lo introdujo en la celda fue inapropiada.

“Se desprende cierta conciencia de que la actuación es incorrecta al ocultar con hojas de papel la entrega del reloj o reloj-celular y no reportarlo antes de entrar a conversar con un representado”, indica.

Con esa actuación, concluye el documento, “Cruz estorbó la buena y expedita administración de justicia; es decir, de todo el engranaje jurisdiccional que incluye las instituciones o dependencias que participan y que deben ser garantes del cumplimiento de los procesos”.

El tribunal negó a Cruz por inconducentes las solicitudes que presentó el 15 de noviembre de 2012 para obtener de la Corte copia autenticada de la resolución en la cual se acordó denunciarlo y una certificación que acreditara que el presidente de ese organismo, Alejandro Moncada, se constituyó como denunciante.

También negó el archivo del proceso por considerar extemporánea la solicitud, que fue presentada ante la secretaría del tribunal el 15 de octubre de 2012 y la providencia de admisión e instrucción data del 22 del mismo mes y año.

El proceso contra Cruz se inició con una nota remitida el 11 de octubre de 2012 al Tribunal de Honor por Moncada, en la que hizo referencia a la entrega del artículo a Gilberto Ventura, sindicado en el caso del homicidio de cinco jóvenes en La Chorrera.

Cruz se defiende

Según Cruz, la vista fiscal tiene una línea política que viene directamente del Ejecutivo y busca desprestigiarlo. El documento está firmado por Fernando Alemán, como miembro sustanciador, y por los abogados Martín Caicedo, Antonio Loaiza Batista, Virgilio Sousa y Francisco Zambrano.

De acuerdo con Cruz, el Tribunal de Honor tenía 15 días para concluir la investigación, pero demoró cinco meses.

Cruz dice que es evidente que el tribunal no investigó, porque incluso se basó en la supuesta entrega de un reloj-celular, cuando de ello no hay prueba alguna.

Agregó que es contradictorio que el tribunal determine que la entrega de un artículo cualquiera viola un reglamento del sistema de cárcel, cuando no hay tal norma en ese centro, que, advirtió, opera al margen del sistema penitenciario.

Denunció que en las celdas de la Policía en Ancón se violan los derechos humanos, hecho reconocido por la Corte en dos sentencias.

Cruz afirmó que la supuesta causal que le atribuyen, de “estorbar la buena y expedita administración de justicia”, aplica a los abogados que ejercen recursos para demorar la justicia, y no en un caso como el suyo.

El artículo 4 de la mencionada disposición establece que: “los funcionarios que han accedido a su posición por mandato popular, tienen libertad de activarse a favor o en contra de los partidos o candidatos, a cualquier hora, siempre que no sea durante la inauguración de obras públicas y demás actos de carácter oficial, aunque fueren velados los medios empleados a tal fin”.

Mientras que el artículo 3 dice que “fuera de su horario de servicio, todo funcionario público es libre de hacer campaña a favor o en contra de los partidos o candidatos, siempre que no sea con ocasión de la inauguración de obras públicas ni en actos de carácter oficial, aunque sean velados los medios empleados para tal fin”.

El decreto del TE nació en medio del fervor político de la campaña presidencial para las elecciones de 2004, y cuando Mireya Moscoso gobernaba Panamá e impulsaba a José Miguel Alemán para la Presidencia de la República.

Una noticia de La Prensa del 16 de junio de 2003, apenas unos días antes de que se emitiera la disposición del TE, contó que Moscoso fue criticada por promover políticamente a Alemán en actos públicos.

La reprobaciones surgieron incluso de las entrañas del Partido Panameñista, que ella lideraba. El exministro Víctor Juliao y el hoy directivo del Canal de Panamá Marco Ameglio, que buscaban la candidatura presidencial en aquella época, se pronunciaron por el tema. “No me opuse a que ella dijera cuál [sic] era su candidato, pero lo que está haciendo hoy, estos días, sí me preocupa, porque es una intervención directa”, dijo Juliao en referencia al apoyo que dio Moscoso a Alemán durante una gira por el interior del país.

Por esos días, el docente universitario Marcelino Conte consultó a través de una carta al TE, lo siguiente: “¿puede o está facultada la presidenta, Mireya Moscoso, para hacer proselitismo político a favor de su candidato arnulfista, recorriendo el país con recursos del Estado en días laborables y fines de semana?”.

EL ESCENARIO HOY

A menos de un año de las elecciones de 2014, el escenario político, guardadas las proporciones, no es lejano al que se vivió en 2003. Martinelli está en el ojo de la tormenta porque apareció con el candidato presidencial de su partido, José Domingo Arias, en la inauguración del rompeolas de la cinta costera tres. Arias, con apenas unos días de ser elegido como abanderado de CD, se defendió diciendo que había sido invitado por representantes de la constructora Norberto Odebrecht, que ejecutó la obra.

Pero ayer Martinelli, en otro acto oficial, invitó a “todos los candidatos presidenciales elegidos en primarias”, a que lo acompañen a la inauguración de todas las obras. “Aquí debieron haber estado y no están, porque las obras son de todo el pueblo panameño”, señaló en un evento en el que se entregó la obra de nuevas tuberías de conducción que abarca desde la línea paralela, en Chilibre, hasta Costa del Este.

Avidel Villarreal, jefe de campaña del candidato presidencial Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático, manifestó que si el gobierno está tratando de justificar el uso de los recursos del Estado, no cuente con ellos para eso.

Mientras que José Luis Varela, hermano del candidato presidencial del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, afirmó que la invitación del gobernante es una “burla”. “Ningún candidato debe estar mezclando la política con la inauguración de actos públicos”, señaló.

“Las denuncias ciudadanas se toman como tal. No obstante, nosotros no hemos hecho ninguna inspección para poder afirmar que hay algún incumplimiento. Eso tenemos que tenerlo claro”, manifestó.

Agregó que esta semana procederá a modificar el decreto, conocido como ley zanahoria y firmado por el exalcalde Bosco Ricardo Vallarino.

Originalmente, esta norma prohíbe la venta de licor en tiendas, restaurantes, supermercados, casinos y hoteles, entre 2:00 a.m. y 9:00 a.m. de lunes a jueves y, a partir de las 3:00 a.m. los fines de semana.

Un año más tarde, el 22 de noviembre de 2012, el Ministerio de Seguridad Pública, a través del Decreto Ejecutivo No. 873, amplió una hora el permiso para vender licor.

“El decreto municipal estaba en proceso de revisión porque los supermercados nos lo han estado solicitando, también abarroterías y hoteles ”, dijo Méndez.

A su juicio, el Decreto alcaldicio No. 1899 contradice el No. 1424 del Ministerio de Seguridad Pública, publicado el 9 de noviembre de 2011, que instruía a las gobernaciones del país a reglamentar el horario de expendio de licor.

Este último decreto firmado por el presidente, Ricardo Martinelli, propietario de la cadena de súper 99, solo plantea la suspensión de la venta de alcohol en lugares de consumo, dejando por fuera de esta norma establecimientos como tiendas, supermercados, hoteles y casinos.

“Vamos a hacer la revisión del decreto. Ya veníamos haciendo un trabajo de revisión al respecto porque nos habíamos dado cuenta de que había una discrepancia”, apuntó Méndez.

dos decretos en un día

El Decreto No. 1899 está basado en la Ley No. 5 de 2007, que en su artículo 35 faculta a los alcaldes de todo el país a dictar normas relativas a los horarios en que los establecimientos que venden licor pueden operar.

Por esta razón, una fuente del Municipio Panamá, que prefirió omitir su identidad para no sufrir represalias, explicó que la contradicción argumentada por Méndez no existe, ya que la iniciativa legal de la alcaldía no está basada en el Decreto Ejecutivo No. 1424 del Ministerio de Seguridad Pública.

Esto se debe a que el mismo día en que fue publicado el decreto No. 1899 en la Gaceta Oficial 26919-A, el exalcalde Vallarino sancionó el Decreto No. 1896 del 18 de noviembre de 2011.

Este último documento es el que acata e implementa la orden del Ministerio de Seguridad Pública.

“Fueron presiones de los dueños de bares y discotecas que le pidieron a Vallarino que también incluyera los hoteles, casinos y supermercados en lo de la ley zanahoria. Por esa razón, él sacó un decreto distinto, ya que la Ley No. 5 de 2007 lo facultaba para hacerlo”, añadió la fuente.

MEDIDA DESVIRTUADA

Para Rafael Zeballos, miembro de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá y presidente de la Fundación Panamá Seguro, el cambio anunciado por la alcaldesa es negativo.

“Se está desvirtuando. Lo que los jóvenes harán es que al salir de la discoteca se irán a un hotel, al casino o al supermercado a comprar más licor para seguir bebiendo”, denunció.

“Es un grave error. La efectividad de la ley zanahoria será nula. En calle Uruguay, por ejemplo, hay tres hoteles. Cuando cierren las discotecas y restaurantes, para allá irá la gente a seguir bebiendo”, indicó.

Mientras que la exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez indicó que la reacción de Méndez obedece a que necesita de la plataforma política del gobierno para tratar de reelegirse en el cargo, en las venideras elecciones del año próximo.

“La alcaldesa Méndez ya está pensando en el apoyo gubernamental para reelegirse. Eso pone en tela de duda cualquier medida que tome en su gestión. Ella necesita que la inviten a los actos de inauguración para poder reelegirse”, añadió la exjefa del Ministerio Público.

“Para el que no conoce el odio de Santiago Cumbrera a mi es pq [porque] se le despide de Epasa por. (sic) coimero y acosador sexual de mujeres”, publicó textualmente el mandatario a las 7:34 a.m. en su cuenta de Twitter.

Era la respuesta del mandatario a una investigación periodística de este diario, con la firma de Cumbrera, en la que se demostraba cómo allegados y familiares de Martinelli tienen interés de invertir en hidroeléctricas, negocio que el propio Presidente se había encargado de promocionar días atrás en medio de la crisis energética.

No habían pasado 30 minutos de que el Presidente enviara su mensaje, cuando decenas de usuarios de la red social empezaron a repudiar lo escrito por el gobernante. Cual efecto de dominó, lo que se inició como un rechazo de parte de ciudadanos, terminó en repudio de representantes de sectores políticos, económicos, civiles y periodísticos nacionales (ver tuits) e internacionales.

ECO CONTINENTAL

“El presidente Martinelli, que tuvo una gran chance para asumir un liderazgo a nivel continental, en defensa de la democracia ante tanto populismo demagógico y autoritario, ha perdido esa gran oportunidad”, expresó el uruguayo Danilo Arbilla expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Hoy hace las mismas cosas que hacen Cristina Kirchner, Rafael Correa, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Debería recapacitar y revisar esa conducta. La tarea del periodista es investigar e informar de lo que pasa”, agregó Arbilla.

El Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, en voz de su director Ricardo Uceda, rechazó el ataque a Cumbrera, al que considera un periodista profesional y objetivo. “ [el organismo] pide además a Martinelli respetar el trabajo de los periodistas y acogerse al escrutinio público por el cargo que le ha tocado ejercer”.

“La epidemia latinoamericana es el uso de la democracia para asaltar el poder, vaciando de contenido a la misma democracia, usufructuándolo sin límites ni pudor como cosa propia, y luego protegerse, para ello, persiguiendo a la prensa y sometiendo a la justicia para que la castigue por servir a la verdad”, declaró el venezolano Asdrúbal Aguiar, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

GREMIOS SE PRONUNCIAN

“El Colegio Nacional de Periodistas se solidariza con el periodista Cumbrera ante este nuevo ataque por su ejercicio profesional”, declaró Rafael Candanedo, presidente de este gremio. En su tajante argumento, Candanedo recuerda cómo Cumbrera ya ha sido objeto de ataques por parte de altas figuras del Gobierno.

En 2011, por ejemplo, se publicó un video en YouTube en el que una persona, de espaldas y con peluca, acusó a Cumbrera de haberle acosado sexualmente.

Ese mismo año, Alma Cortés, ministra de Trabajo, amenazó al reportero: “Cumbrera: ten cuidado conmigo, mi reputación no tiene precio”, dijo entonces Cortés.

Las declaraciones de la ministra se dieron luego que una investigación de Cumbrera demostrara los nexos de familiares de Cortés con empresas recién creadas que participaron en el programa Mi primer empleo.

Mientras, el expresidente del Fórum de Periodistas Guido Rodríguez fue otro de los que repudió el hecho. “Es recurrente en el Presidente que cada vez que tiene una publicación de algún medio independiente, que de alguna u otra manera afecta a su gobierno, (... )enseguida lanza el rifle contra el periodista responsable de esa publicación”, expresó .

Rodríguez, además, señala que la publicación de Martinelli advierte de su injerencia en el Grupo Editorial Panamá América, S.A., lo que violaría la Ley 24 de 1999 que prohíbe “a los concesionarios de los servicios públicos de radio y televisión abierta, controlar, en forma directa o indirecta, un periódico de circulación diaria, si el área de cobertura de la estación de radio o televisión abierta cubre, por lo menos, el 59% del área geográfica en donde el periódico es distribuido o vendido”.

Ebrahim Asvat, expresidente del Grupo Editorial El Siglo La Estrella, aseguró: “la libertad de expresión sobrevivirá mientras existan periodistas valientes y dispuestos a decir la verdad”.

Por su parte, Eduardo Quirós, actual presidente de este grupo editorial, y vicepresidente para Panamá de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, afirmó que la conducta de Martinelli raya en el irrespeto. “Los servidores públicos, incluido el presidente de la República, deben tener claro que sus palabras no son las de cualquier ciudadano, y que el respeto al ejercicio del periodismo independiente fortalece la democracia”.

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, también rechazó los ataques de Martinelli. “Los permanentes ataques a los periodistas y los medios independientes son inaceptables en una democracia moderna. Todos los panameños debemos ser solidarios con los periodistas y los medios que son perseguidos y atacados por el Gobierno”, dijo.

El presidencial del panameñismo, Juan Carlos Varela, también comentó. “La carrera profesional y el trabajo como periodista investigativo de Santiago Cumbrera habla por sí mismo de su seriedad, compromiso y honestidad”.

ADVIERTE de DEMANDA

A las 5:25 p.m., 10 horas después de su primer ataque a Cumbrera, Martinelli volvió a referirse al tema, nuevamente en Twitter. “Prometí no demandar hasta el 30 de junio del 2014, después soy un ciudadano normal mas (sic)”, escribió. Y cuando ya caía la noche, a las 6:20 p.m., Martinelli fue interceptado por varios periodistas cuando pretendía entrar a la sede de Cambio Democrático, en plaza Carolina, para una reunión alusiva a los 15 años que cumplió ayer el partido oficialista.

Tranquilo, el Presidente reafirmó su ataque hacia Cumbrera. “Me ratifico en lo que dije (...) Yo soy un ser humano y es justo que el pueblo panameño sepa quién es cada uno en este país”, dijo.

Horas antes, cerca del mediodía y en un acto público, el Presidente evitó hablar del tema y se concentró en atacar a I. Roberto Eisenmann, fundador de La Prensa. “El sinvergüenza, el evasor fiscal señor Eisenmann, que no paga impuestos, está impidiendo que el país se desarrolle y que se hagan proyectos como este”, dijo durante la apertura de una tubería de agua.

(Con información de Yahir Leis).

Al día siguiente, el Consejo de Gabinete aprobó un acuerdo de “cooperación” entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) para construir una subestación eléctrica en San Bartolo, Veraguas. El proyecto tendrá una capacidad máxima de 80 MVA (megavoltiamperio) y permitirá la interconexión con la subestación de Llano Sánchez (Aguadulce).

“Esto fue mera casualidad, porque desde el año pasado [2010] se venía hablando de la subestación eléctrica de San Bartolo”, aseguró a este medio el secretario de Energía, Vicente Prescott (ver nota relacionada).

La decisión del Gabinete pasó inadvertida para casi todos los panameños, pues el tema –en corrillos y medios– era el apagón nacional.

Entre los pocos que reaccionaron a la decisión del Gabinete estuvo el abogado Ebrahim Asvat, quien preguntó en su cuenta de Twiter: “¿A quién beneficia la construcción de la subestación eléctrica de San Bartolo?”. La ambientalista Raisa Banfield le respondió: “Esa es la pregunta de fondo, lo demás son justificaciones”.

Y algo parecido a una justificación llegó en un comunicado oficial: “...[el proyecto] es considerado en la política energética como estratégico y prioritario para promover los proyectos de generación de energía eléctrica”.

Nadie del Gobierno habló de las “bondades” del convenio –que incluye ampliar la subestación Boquerón III, en Chiriquí– ni se mencionó qué proyectos hidroeléctricos aprovecharán la nueva infraestructura, que les permitirá integrarse sin mayor costo al Sistema Interconectado Nacional, gracias a una cuantiosa inversión del Estado.

Solo dos días después de aprobada la construcción de esta subestación, Etesa recibió ofertas de cuatro empresas interesadas en ejecutar esta obra, valorada en más de 13 millones de dólares.

En otras palabras, Etesa había convocado una licitación antes de que el Consejo de Gabinete aprobara el acuerdo y, curiosamente, coincidió con aquel apagón que dejó sin energía eléctrica todo el país.

Esta era la segunda licitación (la primera se declaró desierta) para desarrollar la millonaria obra, contemplada en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional 2011.

“Esta nueva subestación permitirá la conexión de nuevas plantas hidroeléctricas, lo que redundará en beneficio de todo el país, dado que garantizaría una mayor generación de energía y de esta forma cubrir la demanda...”, justificó Fernando Marciscano, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), en un informe divulgado en el portal PanamáCompra en febrero pasado.

Esas líneas han sido las únicas palabras que ha emitido Marciscano sobre este asunto, puesto que no aceptó una entrevista con este diario. Fuentes de la institución –que prefirieron el anonimato por temor a represalias– informaron que “la línea es no referirse al tema”.

LA PREGUNTA DE FONDO

¿Qué empresas se beneficiarán con la subestación eléctrica de Veraguas? En documentos de Etesa se mencionan 10 desarrollos hidroeléctricos: Las Cruces, Santa Rosa, San Bartolo, Santa María, Cañazas, Cerro Mina, El Remance, Cerro Viejo, La Laguna y Los Estrechos, con un aporte en conjunto de unos 60 megavatios.

De esos 10 proyectos, en ocho aparecen personas allegadas a altos funcionarios del Gobierno, incluyendo empleados de los supermercados 99, propiedad del presidente, Ricardo Martinelli (ver infografía).

Por ejemplo, en tres de esos proyectos (El Remance, Cerro Viejo y Cerro Mina) figura Leonel Zapata, un cercano amigo de los hijos del gobernante: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares (ver foto).

Zapata participa en viajes y fiestas con el empresario Rogelio Oruña, representante de IBT Group, al que en los últimos tres años el Gobierno le ha otorgado contratos valorados en más de 420 millones de dólares.

Zapata también aparece –o ha aparecido– como dignatario en numerosas sociedades anónimas vinculadas al presidente Martinelli. La madre de Zapata, Sabrina García, fue designada por Martinelli como embajadora de Panamá en Paraguay.

MÁS BENEFICIOS

Puesto que hay proyectos que no superan los 10 megavatios, sus promotores serían subvencionados gracias a la Ley 45 del 4 de agosto de 2004, que establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación hídrica y otras fuentes renovables.

Por ejemplo, no pagarán ningún cargo de distribución ni transmisión por los primeros 10 megavatios durante los primeros 10 años de operación.

El proyecto de la subestación se elaboró luego que Martinelli designó en la directiva de Etesa a Rolando Cuevas y a Carlos Quintero, este último empleado de los súper 99.

Justamente, los hijos de Cuevas –Rolando Cuevas Jr. y Luis Cuevas– son promotores de los proyectos hidroeléctricos Las Cruces y San Bartolo, representados por la empresa Corporación Nacional de Energía del Istmo Ltd.

El Código de ética y conducta empresarial de Etesa regula el conflicto de interés (ver tabla). Cuevas y Quintero prefirieron guardar silencio, pese a que se les envió en varias ocasiones un cuestionario para conocer sus versiones.

El que sí defendió su concesión fue Moisés Barraza, de la empresa Mifta Power Inc., que representa al proyecto hidroeléctrico Santa María, vinculado a la familia Virzi-Martinelli.

Barraza explicó que el derecho de concesión lo obtuvieron mediante un acto público de concurrencia que propuso la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) en 2008, en el que compitieron con la generadora Fortuna.

VIENTO EN POPA

Dado que se trata de un proyecto que se “requiere en el menor tiempo posible”, la construcción de la subestación eléctrica de San Bartolo ya fue adjudicada por Etesa.

El pasado 18 de marzo, el gerente de Etesa otorgó el contrato a la empresa Celmec, S.A. por la suma de 13.7 millones de dólares, 40 mil dólares por encima del precio de referencia.

La persona que aparece como contacto de Celmec, S.A. ante PanamáCompra es Ernesto Richa Viu, que casualmente representa a la empresa Natural Power and Resources, S.A., responsable del proyecto hidroeléctrico Cañazas, en Veraguas, que pretende aportar al sistema 5.94 Megavatios. A Richa Viu se le dejaron dos mensajes con su secretaria, pero no devolvió las llamadas.

El proyecto Cañazas también sacará provecho de la inversión estatal en la subestación de San Bartolo.

Además, Richa Viu, junto con los ya mencionados Ulises González, Rolando Cuevas y Carlos Manuel Quintero aparecen en la junta directiva de la empresa Recursos Hidroeléctricos, S.A., que se constituyó con el fin de “diseñar y construir sistemas de acopio y distribución eléctrica, incluyendo líneas y subestaciones eléctricas”.

Según Etesa, varios de los proyectos hidroeléctricos que se integrarán al Sistema Interconectado Nacional tienen un atraso de hasta un año, por objeciones de las comunidades aledañas.

Se tiene previsto que estos proyectos empiecen operaciones entre 2015 y 2016.

Prescott apuesta por más hidroeléctricas

El secretario de Energía, Vicente Prescott, afirmó que el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional, que prevé la construcción de la subestación de San Bartolo, en Veraguas, es “viejo”.

Según Prescott, este proyecto no se ha ejecutado probablemente por la falta de presupuesto. “Nos toca apurarnos con las infraestructuras de transmisión”, indicó el funcionario, quien es partidario de que en el país se deben construir más hidroeléctricas.

“Nuestro gran potencial es el agua. Hay plantas hídricas que tienen una eficiencia arriba del 60%... Iniciaremos una planificación para que en un futuro se construya una planta más grande que Fortuna”, reveló Prescott. Agregó que en la región de Azuero hay cerca de 10 ríos que están secos y que no tienen hidroeléctricas.

El secretario de Energía destacó que el proyecto Chan II ya tiene un estudio de impacto ambiental aprobado por la Anam, y que está en un período de consultas.

“He participado en casi todas las reuniones con el consejo de comunidades de Changuinola y no veo ninguna oposición por parte de las comunidades...”, destacó.