Las declaraciones del experto se dan porque las autoridades no han paralizado la construcción de rellenos en esa zona.

Espítia advirtió de que es infructuoso que canalicen afluentes como La Gallinaza, porque los rellenos que hay en la desembocadura de la quebrada harán que el agua retorne.

La vocera de los residentes de El Nance, Dariana Garibaldi, coincidió con la SPIA y enfatizó que los permisos para rellenos y proyectos en la zona los está otorgando el Municipio de Panamá.

En tanto, la ambientalista Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon de Panamá, dijo que las construcciones están ocupando áreas de humedales, desahogo natural de los afluentes.

No obstante, para el director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, Juan Manuel Vásquez, la causa de la inundación fue un trabajo inconcluso de un contratista del Ministerio de Obras Públicas en La Gallinaza.

Esta situación provocó una polémica entre el ministro de Obras Públicas, Jaime Ford, y la alcaldesa Roxana Méndez. Ambos se acusaban por la afectación en horas de la mañana. Pero en la tarde, Ford y Méndez se reunieron y acordaron agilizar la canalización de la quebrada La Gallinaza.

Desde el pasado jueves, cuando entró de lleno la temporada lluviosa, los usuarios han pasado dificultades esperando un transporte público debajo de toldas con poco espacio.

David Ramírez, dirigente del Movimiento 23 de Octubre, solicitó a la ATTT que ante el atraso en la construcción de las paradas modernas, coloque carpas con mayor capacidad.

Según el contrato firmado entre el Gobierno y la empresa Equipamientos Urbanos de Panamá, S.A., en un período de ocho meses deberán estar listas 30 zonas pagas y 886 paradas típicas.

Hasta el momento solo se han desarrollado las zonas pagas de Los Pueblos, La Cabima, Marañón, Balboa, y 25 paradas en San Miguelito.

“Me quedo tranquila de que un ser despreciable ha dejado este mundo”, dijo la titular de las abuelas de la plaza de Mayo, Estela de Carloto, tras conocer la noticia de su muerte.

El Atlético de Madrid venció ayer 2-1 al Real Madrid con un gol del defensor Miranda en el tiempo suplementario, para conquistar su décima Copa del Rey en la final disputada en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto colchonero puso fin a una racha de 14 años sin ganarle al Real Madrid.

Hasta la fecha el proyecto del Metro registra un avance de obra del 82%.

Roberto Roy, ministro de Asuntos del Canal y secretario del Metro de Panamá, explicó que recientemente la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó una partida interna por $4.5 millones para los estudios de la línea dos del Metro.

El funcionario explicó que el proyecto de estudio de la línea dos debe ser licitado e incluir temas ambientales, geológicos, perjuicios a terceros, problemas con los servicios públicos, entre otros aspectos.

Los estudios serán sufragados con fondos de la Secretaría del Metro de Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cooperación Andina de Fomento.

La directora del Programa ampliado de inmunizaciones del Minsa, Itzel de Hewitt, explicó que habrá puestos de vacunación en los supermercados y en las terminales de autobuses.

Se pretende colocar entre 150 mil y 175 mil inmunizadores a niños menores de cinco años, embarazadas y adultos mayores; así como a otros grupos de riesgo.

Entre las vacunas que se aplicarán están: polio, pentavalente, neumococo 13 valente, rotavirus y la influenza a los menores de un año; además de hepatitis A y la vacuna triple vírica (contra el sarampión, paperas y rubéola) o MMR, por sus siglas en inglés.

Elidya Espinosa, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Panamá, informó que participarán de esta actividad, que en principio se suspendió por el paro que efectuaron en abril.

Las declaraciones de Ulloa se dieron luego de ser consultado respecto a la postura de la comisión del pacto ético electoral sobre la participación del candidato oficialista José Domingo Arias en la inauguración del rompeolas turístico en la cinta costera.

Ulloa reveló que por este caso no se ha presentado ninguna acción ante la comisión del pacto ético electoral, instancia que analiza las denuncias de posibles violaciones a la ley electoral.

Exhortó al electorado a votar a conciencia, y a los políticos a que presenten planes de políticas claras que miren a los más necesitados, en busca de una justa distribución de las riquezas.

Por su parte, el candidato oficialista José Domingo Arias reiteró ayer, en Bocas del Toro, que mientras lo inviten a los eventos oficiales o no oficiales, acudirá.

Caraballo afirmó que respeta la decisión de Gutiérrez e informó que en este momento analiza qué funcionario la reemplazará, aunque por ahora está encargado el personero Hernán Del Cid Kennion.

El fiscal negó que detrás de la renuncia de Gutiérrez se escondan amenazas relacionadas con las investigaciones que llevaba, o diferencias con otros empleados del Ministerio Público (MP).

Fuentes de la entidad precisaron que Gutiérrez sería trasladada como jefa a una fiscalía delegada de Drogas, pero fuera de la provincia de Colón, con lo cual no estuvo de acuerdo.

La funcionaria, que tenía 21 años de trabajar en el MP, fue designada fiscal delegada de Drogas de Colón a comienzos de 2012 por el entonces procurador de la Nación, José Ayú Prado.

Gutiérrez no ha podido ser ubicada por este medio para conocer los motivos que la llevaron a dejar la institución.

¿DERROCHE? En la DGI hicieron una contratación directa de casi 4 mil dólares para bloquear la señal de celular en el área de atención al cliente de la entidad, para que los funcionarios se dediquen a trabajar sin distracciones. ¿Por qué todos tenemos que pagar un método sofisticado y caro para corregir la frescura de unos pocos funcionarios?

DESAFIANTE. Luis Eduardo Camacho no solo defendió que Mimito Arias haya ido con Martinelli a la inauguración del rompeolas de la cinta costera, sino que desde ya advirtió que él le recomendará que siga yendo a todo tipo de eventos porque “las obras le pertenecen al pueblo, no al gobierno”. Ahora sí les conviene decir eso y no tirarle las flores a Martinelli por todo, ¿no?

MUNDO SOCIAL. El jueves, en el coctel de la Embajada de Estados Unidos estuvieron Popi Varela, Juan Carlos Varela y José Blandón, por un lado; Juan Carlos Navarro con Nito Cortizo y Javier Acha por el otro; el canciller por otro lado, y Mimito Arias con la esposa, por otro. Juntos sí, revueltos ni por accidente.

MAQUINARIA. Con los resultados de las próximas encuestas políticas hay quienes piensan que deberían publicar un informe de cómo aumentan las cuñas de las entidades públicas en los días anteriores a la aplicación de la encuesta. Eso sí sería interesante.

Estuvieron acompañados por el diputado de Cambio Democrático (CD) José Muñoz y el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho.

A la salida del encuentro, Martinelli informó que conversó con Moscoso sobre asuntos de interés nacional, como la construcción del Metro, la crisis energética, entre otros temas.

“Siempre es bueno conversar con alguien que ha pasado por el duro puesto de ser presidente de la República, y la expresidenta Moscoso siempre me da buenos y sanos consejos”, expresó el mandatario.

Martinelli agregó que pronto se inaugurará el Metro de Panamá y que invitará a la expresidenta, y manifestó que estaría complacido de que los acompañara en el vagón cuando se hagan las primeras pruebas y se inaugure el megaproyecto.

Moscoso y su jugada

Por su parte, Moscoso reveló que aparte de los temas nacionales habló de política con Martinelli. “Por supuesto, hablamos de política, yo le dije que soy panameñista y siempre he sido panameñista, y voy a morir en ese partido”, aseguró tras afirmar que apoyará a su partido.

Interrogada si respalda la candidatura presidencial del candidato panameñista Juan Carlos Varela, la exmandataria respondió: “respaldo a mi partido... hay muchos candidatos”.

Afirmó que en su partido hay grupos que están esperando que Varela los llame y los tome en cuenta.

Sostuvo que esperará las primarias para los diferentes cargos de elección que hará su colectivo, en septiembre, para tomar una decisión, “si respaldamos al presidente del partido o vamos a ver qué vamos a hacer”.

Aunque el encuentro se efectuó en un restaurante de la localidad, la secretaría de Comunicación del Estado envió un comunicado oficial explicando los temas tratados.

VARELA RESPONDE

“Tenemos las puertas abiertas a todos los hombres y mujeres que nos quieran acompañar a instalar un gobierno que pondrá al pueblo primero en todas sus decisiones”, respondió Varela en referencia al encuentro de Moscoso con Martinelli.

El candidato presidencial panameñista agregó que respeta las opiniones de cualquier ciudadano y político, y que “la política es el debate de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población”.

Rolando Rodríguez, del equipo de abogados de Valdés y Clare, confirmó ayer a este diario que el juzgado concedió el sobreseimiento en respuesta a una solicitud del fiscal tercero de circuito, Franklin Amaya.

En sus conclusiones del caso, enviadas al juzgado el 2 de este mes, Amaya había solicitado el archivo de la denuncia contra Valdés y Clare al considerar que fue presentada de manera extemporánea por parte de la SMV.

Según su criterio, la SMV incumplió con el término de dos meses para presentar la denuncia.

Además, Amaya basó su petición en una orden de archivo previa emitida por el juzgado, tras resolver un recurso de nulidad interpuesto por los abogados de los directores de FP.

Pero la SMV se opuso a dicha postura y ayer se reafirmó en ese criterio mediante un comunicado público.

A criterio de la institución, las actuaciones de la Fiscalía Tercera de Circuito “representan un grave precedente que puede afectar la seguridad jurídica del mercado de valores panameño”.

“El término para la presentación de la denuncia comienza a correr desde el momento que se tiene conocimiento del hecho; es decir, cuando la institución revisa y analiza la información presentada, y no desde la fecha de su presentación por parte del regulado”, señaló la entidad en el comunicado.

Sostuvo, además, que durante todo el proceso se actuó “con el mayor apego a la ley y con el único objetivo de promover la aplicación de la legislación vigente y la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes resultasen responsables”.

El otro proceso

Por otra parte, fuentes del Ministerio Público informaron ayer que en la misma resolución en que se ordenó el archivo provisional de la querella interpuesta en enero pasado por Valdés y Clare contra el superintendente del Mercado de Valores, Alejandro Abood Alfaro, la procuradora de la Nación, Ana Belfon, negó el desistimiento.

En la resolución, fechada el pasado jueves 16 de mayo e identificada con el número SPA-AP-07-2013, Belfon argumentó que el desistimiento no aplica en este tipo de procesos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, cuya terminación solo compete a las autoridades correspondientes, ya que en esta tipología delictual se puede estar en presencia de un perjuicio al Estado.

El pasado jueves, cuando se registró el primer aguacero, las paradas improvisadas o carpas que instaló la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en varios sectores de la capital y San Miguelito no se dieron abasto para resguardar a los pasajeros.

David Ramírez, representante del Movimiento 23 de Octubre, manifestó que el proceso de construcción de las paradas tiene que agilizarse, ya que las actuales no tienen la capacidad necesaria para proteger de la lluvia a los usuarios.

Ramírez recomendó que de forma provisional las autoridades coloquen carpas con mayor capacidad.

Sectores como Balboa, la vía Transístmica (Simón Bolívar), San Miguelito, 24 de Diciembre, entre otros, necesitan de más paradas, exigen los usuarios, ya que por día 700 mil pasajeros utilizan las paradas para tomar su Metro Bus.

Por su parte, Lucía Perea, representante de los usuarios ante la junta directiva de la ATTT, manifestó que en varias ocasiones ha solicitado al director de la entidad, Roberto Moreno, que apure el proceso de construcción de las nuevas zonas pagas y paradas.

Perea concluyó que el problema de la frecuencia de los Metro Bus provoca que las carpas se llenen de usuarios del transporte público.

Retraso

916 paradas, de las cuales 30 son zonas pagas y 886 paradas típicas, deben construirse antes de diciembre de este año, según establece el contrato entre la ATTT y la empresa Equipamientos Urbanos de Panamá, S.A. (Eupan).

Este contrato para el estudio, diseño, construcción, suministro e instalación de las paradas y zonas pagas en los distritos de Panamá y San Miguelito era por un monto de $36.9 millones.

Sin embargo, en marzo pasado el contrato pasó a $37.6 millones, luego que el Consejo de Gabinete aprobara y promulgara en Gaceta Oficial una adenda solicitada por la ATTT.

Por otra parte, hay 6 zonas pagas y 60 paradas típicas que le corresponden a la empresa Conalvía, a un costo de $29.9 millones.

Según la ATTT, en junio próximo debe estar lista la zona paga de Los Pueblos, seguidamente las de La Cabima, Marañón y Balboa. Mientras que en San Miguelito, de las 169 paradas típicas que deben construirse, ya han instalado 25.

Vence plazo

En tanto, la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos, S.A. (Sonda), administradora financiera del Metro Bus, tiene hasta mañana 19 de mayo para cumplir con los mil puestos de recarga de las tarjetas que establece el contrato. Por esta falta, la ATTT la sancionó con una multa por $2 mil 80.

Ahora la ATTT está verificando todos los puntos de recarga de tarjetas, para luego levantar un informe.

A juicio de Hernández, Aguilera usó la audiencia del caso Fernández para dilucidar un problema particular por una disputa de tierras que no tiene relación con el crimen del exgobernador.

El jurista, que será citado a la audiencia en los próximos días, detalló que sirvió de asesor legal para la compra de varias fincas por parte de la empresa Tecnitrac, pero hasta allí fue su participación.

A la vez, negó que tenga algún tipo de relación con la abogada Mayra Hall, una de los seis sindicados presos por el crimen de Fernández, como aseguró Aguilera.

Admitió, empero, que Hall fue la persona que realizó el trámite de la venta de las fincas, aunque dicha transacción se hizo apegada a la ley y quedó debidamente notariada e inscrita en el Registro Público.

La acusación

En su declaración durante el juicio, Aguilera afirmó que Hall y Julián Nouvet, también preso por la muerte de Fernández, traspasaron ilegalmente a Tecnitrac cinco fincas propiedad de una de sus clientes, Devon Anne Ralls, dueña de la sociedad Sonadora Heights Inc.

Aguilera también señaló que Hall era controlada por Hernández y por ello le vendió los terrenos a Tecnitrac.

Añadió que en su momento alertó al director de la Policía Nacional, Julio Moltó; al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; y al entonces procurador, José Ayú Prado, sobre la existencia de esta red, que nueve meses más tarde ordenó el asesinato de Fernández tras ser descubierta por este.

Tanto el exprocurador de la Nación y actual magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, como el director de la PN, Julio Moltó, confirmaron haber recibido la información de Aguilera. Moltó, incluso, informó ayer a través de la oficina de prensa de la entidad que en este caso ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público.

Mulino no respondió a las llamadas de este diario.

Hernández aseguró que conoció a Hall el día que se hizo la transacción, y que solo fungió como abogado en el trámite.

Alegó que Aguilera “engañó al fiscal y montó un show que puede provocar la nulidad del proceso, por que esa prueba era improcedente”.

Finalmente, afirmó desconocer si Mayra Hall obtuvo de forma fraudulenta los terrenos de Sonadora Heights, aunque todos los documentos requeridos en la transacción de las fincas estaban en regla.

El próximo lunes se reanuda el juicio, en el que se tiene previsto que tomen parte los testigos de la defensa. En total, en esta audiencia que se inició el pasado 7 mayo, participarán unos 70 testigos.

Las cifras así lo demuestran. De un millón 240 mil 797 adherentes que reúnen estos tres partidos, solo acudieron a votar 396 mil 612 inscritos, es decir un 32% de toda la membresía de estos colectivos.

Según las cifras del opositor PRD, en las primarias presidenciales estaban habilitados para emitir el sufragio 527 mil 39 adherentes, pero votaron 151 mil miembros, lo que representó un 28.6% de participación.

En el panameñismo, 237 mil 639 estaban convocados para votar y acudieron a las urnas 60 mil adherentes, es decir el 25% de la membresía.

Por su lado, en el partido gobernante CD habilitaron a 476 mil 119 miembros con derecho al voto, y acudieron a las urnas 185 mil personas, para una participación del 39%.

Frente a este panorama, el analista político Mario Rognoni sostiene que en el caso del PRD y el panameñismo se conocía que las primarias presidenciales eran “un mero formalismo”, porque se sabía de antemano que en el primer colectivo, Juan Carlos Navarro, y en el segundo, Juan Carlos Varela, iban a ganar las primarias.

En el caso del oficialista CD, dijo Rognoni, se esperaba que más del 50% de su membresía saliera a votar, pero no fue así. “Siento que muchos de CD no fueron a votar, porque ellos siguen pensando que el candidato lo había escogido el presidente [Ricardo] Martinelli y que era automática la elección”, consideró Rognoni.

Manifestó que la baja participación de los miembros de estos partidos refleja que la militancia dentro de ellos es “por conveniencia y oportunismo”.

“En algunas ocasiones las personas entran a los partidos en medio de procesos de primarias sin ningún compromiso partidista”, indicó el analista como una de las razones que explica la baja participación electoral en las primarias presidenciales.

Por su parte, el analista político Edwin Cabrera fue más allá. Pone en duda la cantidad de votantes que aseguran los partidos políticos que participó en sus primarias. “Los reportes periodísticos sobre la baja afluencia de votantes no se compagina con el informe que dan los partidos”, aseguró.

Sin embargo, Cabrera sostuvo que la poca participación, que ha sido una constante en los procesos electorales a lo interno de los partidos, confirma que la cifra de inscritos en un partido no se puede considerar como un indicativo para hacer cálculos hacia los comicios generales de 2014.

Según Cabrera, queda demostrado que no hay compromiso partidista, porque los colectivos se han convertido en “agencias de colocación”, y no en una comunidad de ideas con visión para administrar un Estado.

Se necesita formación

A lo interno de los partidos políticos, sus activistas tienen su propia lectura. El diputado y secretario general del Partido Panameñista, Alcibiades Vásquez, considera que la participación en las primarias depende del grado de competitividad que se dé entre los candidatos.

Vásquez reconoce que falta formación ideológica dentro de los partidos, un asuntos que los colectivos han olvidado por completo. “Tenemos una tarea pendiente de dar formación política ciudadana para fortalecer el espíritu de participación”, apuntó.

En tanto, el diputado por el PRD Rogelio Paredes considera que en las primarias presidenciales salen menos personas a votar porque hay menos candidatos. “La asistencia a las urnas es directamente proporcional a la cantidad de aspirantes que esté buscando votos”, afirmó.

Mientras que la diputada por CD Marylín Vallarino dijo que la baja participación de votantes en su colectivo se debió a la falta de motivación a la membresía por parte de los dirigentes.

En el Municipio de Panamá aseguran que la anegación fue provocada por el trabajo inconcluso de canalización de la quebrada La Gallinaza y que es responsabilidad del MOP.

Mientras en el MOP dicen que eso no es así y no descartan que los rellenos que se construyen en el área de Juan Díaz evitaron el desplazamiento natural del agua. Los permisos para hacer esos rellenos son otorgados por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio.

El enfrentamiento de la alcaldesa Roxana Méndez, y el titular del MOP, Jaime Ford, sucedió mientras moradores de El Nance protestaban en Juan Díaz, a raíz de que sus casas se inundaron.

Dariana Garibaldi, vocera de los perjudicados, dijo que el desastre ocurrió por los rellenos.

Estas personas habían acudido el pasado martes al Consejo Municipal de Panamá con el fin de solicitar a Méndez que agilizara la canalización de La Gallinaza.

Según Garibaldi, la alcaldía está otorgando permisos para construir rellenos en el área y eso los hace propensos a las inundaciones.

Sin embargo, en el municipio aseguran otra cosa. El director de Obras y Construcciones de esa entidad, Juan Manuel Vásquez, aseguró que los rellenos no fueron “el motivo”, porque en el lugar donde se encuentra la comunidad no hay rellenos.

Vásquez explicó que el perjuicio a los moradores lo causaron los trabajos sin concluir de la quebrada La Gallinaza, los cuales adelanta un contratista del MOP. Además, mencionó que la servidumbre de la quebrada está invadida por viviendas.

Rellenos

Por su lado, el ministro de Obras Públicas durante una entrevista con TVN Noticias no descartó que los rellenos sean la causa de la afectación que sufrió la comunidad.

También explicó que cambiaron el diseño de los trabajos de canalización de la quebrada, porque en la servidumbre había viviendas, lo que provocó un aumento del costo del contrato por $1.4 millón.

Más tarde, durante un recorrido por los trabajos de canalización, expresó que solicitarán al contratista agilizar las obras, sino aplicarán la fianza de cumplimiento.

Por otra parte, informó que mandarán al área maquinaria y equipo para recoger la basura acumulada.

El personal de Diseño e Inspección de la entidad analizará nuevamente la propuesta de canalización de la quebrada, con el fin de verificar que es lo adecuado para “minimizar” la situación en esa comunidad.

Otra que llegó a El Nance para conversar con los moradores fue Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon de Panamá. La ambientalista explicó que tomarían fotos para documentar lo que había pasado.

Miró dijo que llevan un año manifestándose contra la construcción de rellenos en los humedales.

La activista agregó que lo hacen porque entienden que los humedales tienen entre sus funciones la captación de las aguas de los ríos, al actuar como una esponja.

Según Miró, cuando se destruyen estas esponjas naturales y se rellenan esas áreas de tierra o concreto, las aguas se salen de su cauce por los sitios más bajos regularmente poblados.

En otro aspecto, la directora de la Sociedad Audubon no se explica cómo el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Autoridad Nacional de Ambiente tienen el conocimiento, la información y los mapas de las áreas inundables, y permiten que se hagan rellenos.

Además, la activista considera que situaciones como las que vivieron los moradores de El Nance se dan porque las autoridades permiten desarrollos en sitios que no son adecuados para la actividad.

A pesar de las advertencias de Miró, el director de Sinaproc, Arturo Alvarado, aseguró que en los últimos tres años no se dieron permisos para construir en áreas inundables.

SPIA CUESTIONA

Por su lado, el coordinador de la comisión de urbanismo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Gerónimo Espítia, señaló que el desarrollo urbanístico está dejando comunidades en sitios bajos y que por ende se van a inundar.

Espítia indicó que en las conversaciones que, por cuatro meses, sostuvieron con la Alcaldía de Panamá sobre el tema, le indicó a la alcaldesa que no importaba cuánto ampliaran La Gallinaza. “La situación se mantendrá porque con los rellenos se está afectando el delta del río o sitio de evacuación durante las crecidas”, acotó.

El dirigente de la SPIA considera que los correctivos para el problema no llegan, porque las autoridades no desean hacerlo.

En abril de 2007 el entonces ministro de Salud, Camilo Alleyne, anunció al país el plan de traer facultativos de otros países para llenar las vacantes en las áreas de difícil acceso donde, por lo general, los médicos locales no querían ir.

La medida causó malestar entre los gremios médicos, que cuestionaron el argumento y dijeron en cambio que el gobierno no había atendido sus sugerencias para dotar esos lugares de condiciones mínimas para que los médicos locales pudieran hacer bien su trabajo.

Desde marzo ya se hablaba de la presencia de médicos cubanos en el hospital Luis Chicho Fábrega, de Santiago de Veraguas, que estaban realizando tratamientos oftalmológicos. Los especialistas panameños alegaban que estos trabajaban de forma “ilegal” en el país.

Los médicos cubanos no serían otros que los integrantes de la Operación Milagro, un proyecto del Despacho de la Primera Dama y el Gobierno de Cuba para atender gratuitamente a las personas de bajos recursos con problemas en la vista.

El programa se oficializó en 14 regiones de salud del país, y tan solo durante el primer semestre de 2008 cubrió 8 mil 453 cirugías de cataratas.

Pero con el nuevo gobierno las cosas iban a cambiar. Los planes de la administración de Ricardo Martinelli iban aparentemente por otro lado.

Para diciembre de 2009 se hablaba de la necesidad de cubrir vacantes en el sistema de salud. No se especificaba si se incluía a los extranjeros. Los gremios médicos alegaban por su parte que había que construir más instalaciones de salud.

FIN DEL MILAGRO

A comienzos de 2010 se anunció el fin de la Operación Milagro. Luego de 50 mil cirugías oculares, el programa sería reemplazado por otro llamado Visión 20-20, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud y ejecutado por oftalmólogos panameños.

El fin del programa fue recibido con estupor y decepción por muchos de sus beneficiarios y de otras tantas personas que estaban en lista de espera y no alcanzaron a ser atendidas.

Aparte de los gastos por alojamiento de los médicos cubanos, surgieron cuestionamientos por el paradero de los expedientes de los operados. No faltaron las críticas por la supuesta “injerencia” del Gobierno cubano en Panamá a través de este programa.

NUEVOS MÉDICOS

Un año más tarde, la controversia por los médicos extranjeros revivió.

Esta vez se trataba de especialistas colombianos y venezolanos, en su mayor parte, que habían sido contratados para apoyar las labores en tres hospitales del interior del país, en Coclé, Veraguas y Los Santos.

Nuevamente la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) cuestionó su presencia y dijo que el Ministerio de Salud no había justificado con estudios de planeación o demográficos la presencia de esta veintena de galenos en el país.

En marzo, las tensiones entre las autoridades de salud y los médicos se agravaron, pues la Caja de Seguro Social también acusaba la falta de suficientes especialistas.

Los gremios fueron más allá. En abril fue admitida una denuncia ante la Procuraduría de la Administración por parte de la Asociación de Médicos y Odontólogos de la CSS (Amoacss) para que se investigara el procedimiento para la contratación de 12 médicos extranjeros que trabajaban en entidades del Estado.

En agosto de 2011, la CSS abrió la convocatoria para la contratación de médicos extranjeros con el fin de ocupar vacantes en áreas como cardiología, cirugía, anestesiología y medicina interna.

Las tensiones con los médicos nacionales llevaron a un paro médico en noviembre, cuando uno de los puntos que se acordó para levantarlo fue resolver el tema de la contratación de personal.

Pero en febrero de 2012, el Ministerio de Salud hizo por su parte otra convocatoria para médicos extranjeros. Se buscaba con esta ocupar 139 vacantes en todo el país.

La Comenenal insistió en que se buscaran otras opciones antes de proceder a la contratación de médicos extranjeros, y recordó lo acordado tras la huelga de noviembre.

“De qué sirve que haya más médicos si faltan insumos y medicinas en los hospitales del país”, decía entonces Rafael Castañeda, dirigente de ese gremio.

En marzo, la CSS anunció que ya había seleccionado a los médicos extranjeros que laborarían durante un año en esa institución. Se trataba de 18 médicos, de un total de 39 que habían aplicado, y que trabajarían en zonas de difícil acceso en Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé. Entre las condiciones que debían aceptar estaba la prohibición de ejercer la medicina privada.

La Comenenal volvió a calificar los nombramientos como “ilegales”.

En mayo de 2012 los médicos de la CSS volvieron a abocarse a un paro de labores y una vez más el tema de las contrataciones de médicos extranjeros estaba en el centro de la polémica.

La CSS alegaba que, pese a haber seleccionado a los extranjeros que necesitaba, estos no habían sido contratados, contrario a lo que acusaban los gremios.

El pasado 16 de mayo de 2013, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que permitiría simplificar el proceso de contratación de los médicos extranjeros.

Los gremios médicos estaban sorprendidos. Algunos de sus voceros dijeron incluso que la medida estaba dirigida a “quebrar” su movimiento reivindicativo.

Déficit de personal, raíz del problema

En el centro del dilema sobre contratar o no médicos extranjeros se encuentra la falta de personal de salud, en especial en ciertas zonas del interior del país que no están debidamente cubiertas. Según el ministro de Salud, Javier Díaz, en la actualidad se necesitan 400 médicos especialistas y otros profesionales, principalmente en el interior, aunque ha asegurado que la prioridad para las contrataciones son los profesionales nacionales y que las vacantes se someterán a concurso. Según las autoridades de salud, solo 21 médicos extranjeros están trabajando actualmente en el país. La falta de especialistas es un problema de arrastre de más de 20 años con el que han cargado todos los gobiernos. La CSS, además, afronta la implementación del programa de modernización de los servicios de atención primaria, con 14 redes de atención en todo el país. Los gremios piden una mayor fiscalización en caso de contratarse a extranjeros.