Grabaciones fueron secretas e ilegales

Las grabaciones que hizo el expresidente Ernesto Pérez Balladares de las conversaciones  con el exlesgislador Manuel De la Hoz sobre el caso Cemis,  en 2006, fueron “hechos ilegales y por mantenerlos en secreto dejaron al ofendido en total indefensión”.

Lo anterior forma parte de las conclusiones a las que llegó la personera cuarta municipal, Maribel Concepción, en el proceso que se le siguió al exmandatario por la supuesta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad,  y por el cual pidió su encausamiento criminal el 30 de noviembre de 2012.

De la Hoz se querelló contra Pérez Balladares el 2 de septiembre de 2010, luego de que el diario La Estrella publicara una noticia el 24 de julio de 2009, que daba cuenta sobre las conversaciones que ambos tuvieron, junto con Roosevelt Thayer, en las que el exlegislador hablaba del supuesto pago de sobornos para la aprobación del contrato para el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), en 2001.

Las grabaciones se hicieron en la oficina de Pérez Balladares, en calle 50, adonde De la Hoz acudió a conversar con el exgobernante, por invitación de  Thayer.

En la vista fiscal del caso -a la que este diario tuvo acceso–, Concepción concluyó que, debido a que las “grabaciones ilegales” se mantuvieron fuera del alcance de De la Hoz desde su captación, impidieron que “el ofendido pudiese ejercer su pretensión punitiva”.

De acuerdo con Concepción, el hecho de que De la Hoz se haya enterado por la noticia de La Estrella  de que sus conversaciones con Pérez Balladares y Thayer fueron grabadas, es un elemento indispensable para considerar la comisión del delito.

Otro elemento que, de acuerdo con  la funcionaria, prueba el delito, es la transcripción de las grabaciones, aportada por Pérez Balladares,  y que fue incorporada al proceso en la investigación del caso Cemis que siguió la Corte Suprema de Justicia.

Responsabilidad

A pesar de que no se pudo establecer quién envió, de manera anónima,  la información a La Estrella, Concepción señaló que  llegó a quienes no tuvieron acceso o alcance a ese secreto.

Precisó que en su indagatoria Pérez Balladares admitió haber hecho la grabación y que no necesitaba autorización para hacerlo, por lo que “era la única persona que tenía conocimiento, dominio y poder de la grabación obtenida clandestinamente”. 

Según la funcionaria, el expresidente vulneró el artículo 29 de la Constitución, que establece que “la correspondencia, documentos y comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.

COMPROMETIDO

En la vista fiscal se indica que se acreditó la existencia del hecho punible en su aspecto objetivo y subjetivo, y “compromete gravemente a Ernesto Pérez Balladares González Revilla”.

La funcionaria cita el artículo 167 del Código Judicial, que estipula penas de dos a cuatro años de prisión para el que utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público, sin contar con la autorización judicial.

De la Hoz manifestó en sus declaraciones que el audio y el video aportado en el expediente fueron editados y las conversaciones no se dieron en una sola fecha.

Agregó que fue engañado por Thayer y el expresidente, y que en esas conversaciones hablaban de diversos temas de actualidad nacional y política.

Por su parte, Pérez Balladares admitió que grabó la conversación con De la Hoz y Thayer en su oficina de calle 50, pero negó haberla divulgado, pues entregó, el 22 de julio de 2009, un disco compacto de audio y un video en formato VHS  con la conversación a la entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, como prueba del caso Cemis.

Ambas  fueron incorporadas al expediente del Cemis que investiga el magistrado Abel Zamorano en la Corte Suprema de Justicia.

Este diario llamó a Luis Carlos Cabezas, abogado de Pérez Balladares, para obtener una versión de su parte, pero no respondió.

Cronología del proceso

seguido al exmandatario La investigación seguida al expresidente Ernesto Pérez Balladares y al exministro Roosevelt Thayer comenzó el 8 de septiembre de 2010, luego de que el exlegislador Manuel De la Hoz interpusiera una querella contra ambos exfuncionarios.

Un año y 22 días después, la Personería Cuarta Municipal formuló cargos por inviolabilidad del secreto solamente a Pérez Balladares.

La defensa del exmandatario  presentó  un amparo de garantías constitucionales y el Juzgado Decimoséptimo Civil anuló la indagatoria el 16 de noviembre de 2011.

Pero el Primer Tribunal Superior de Justicia  revocó la decisión del juzgado y mantuvo la indagatoria el 27 de marzo de 2012.

El exgobernante fue indagado el 7 de junio de 2012 y la Personería Cuarta Municipal pidió su llamamiento a juicio el 30 de noviembre del mismo año.

El Juzgado Cuarto Municipal fijó la audiencia preliminar para el 18 de abril próximo y como fecha alterna el 24 de septiembre.

Rubén Polanco

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