Venezolanas introducen amparo por implantes PIP

Las afectadas acudieron a la sede del máximo tribunal para exigir tres puntos básicos: extraer los implantes producidos por Poly Implant Proteses, su reemplazo por nuevas y reembolso de gastos.
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CARACAS, Venezuela (DPA):- Un grupo de 700 mujeres de Venezuela introdujo este viernes un amparo constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la extracción y reemplazo de los implantes mamarios producidos por la empresas francesa PIP.

Las afectadas acudieron a la sede del máximo tribunal para exigir tres puntos básicos: extraer los implantes producidos por Poly Implant Protese (PIP), su reemplazo por nuevas prótesis de calidad y el reembolso a las víctimas de los gastos por la operación.

"Se trata de un recurso de amparo constitucional a dos derechos fundamentales, que son el derecho a la salud y a la vida", explicó a la prensa el abogado Gilberto Andrea González, quien representa a las afectadas.

"Las prótesis no contaban con ningún tipo de solicitud para su comercialización en Venezuela, sino que estas empresas lo habían hecho a mutuo proprio, es decir, por cuenta propia, sin ni siquiera habérselo notificado de la manera debida a las autoridades", denunció el abogado.

González sostuvo que las empresas y las clínicas "tienen la responsabilidad con las víctimas de indemnizarlas y de cubrir los costos médicos que está generando su comercio ilegal".

Este grupo de mujeres se organizó a través de la red social Facebook y en poco más de una semana ha superado los 2 mil integrantes.

PIP produjo implantes que se determinó eran nocivos para la salud de las mujeres, por lo que en 2010 Francia prohibió su comercialización en Europa debido a que se registraron roturas. Se teme que haya una relación entre estos implantes y el cáncer, aunque aún no fue probado.Alemania, República Checa, Colombia, Panamá y otros países han recomendado remover estos implantes.

Se estiman que en el mundo existen entre 400 mil y 500 mil mujeres que llevan estas prótesis. María de los Ángeles González, una empleada civil de la Guardia Nacional (policía militarizada), de 25 años, se plegó al grupo de afectadas por considerar que fue engañada por las empresas que comercializaban los implantes.

"A nosotras nos vendieron esas prótesis diciéndonos que eran seguras, cuando la realidad es que no estaban autorizadas ni por el gobierno francés ni por el venezolano", declaró a la agencia DPA.

González indicó que las afectadas también buscan determinar responsabilidades entre los doctores y las compañías comercializadoras por la venta de estas prótesis.

"Ellos (los doctores) también son responsables por haber usado unos implantes que no estaban certificados, eso se tiene que investigar.

Hay que determinar responsabilidades para saber quién trajo a Venezuela estas prótesis que le están haciendo daño a muchas mujeres", recalcó.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró días atrás que su gobierno velará por la salud de las afectadas, pero criticó que muchas mujeres tengan que recurrir a implantes mamarios para mejorar su apariencia.

"Tenemos que ser más rigurosos, claro, y además actuar en la protección de nuestro pueblo y además también hacer un llamado a toda la población, y especialmente a la población joven femenina, que tengan cuidado pues.

Porque primero te meten en la cabeza que eso (tener senos grandes) es imprescindible para la belleza, no voy a repetir esa frase: que sin esas (tetas) cosas no hay paraíso", reflexionó el líder socialista.Chávez recalcó que su gobierno está "obligado" a responder a las afectadas, al tiempo que también responsabilizó a la "publicidad capitalista" por el auge de los implantes en Venezuela.

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