Estado costarricense afirma que fecundación in vitro atenta contra la vida

Costa Rica es la única nación americana que prohíbe la FIV desde que en el 2000 la Sala Constitucional determinó que viola el derecho a la vida de los embriones fecundados, pues la técnica permitía desechar algunos antes de ser implantados

SAN JOSÉ, Costa Rica. (ACAN-EFE).- El Estado costarricense defendió hoy, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la prohibición existente en este país a la fecundación in vitro (FIV), pues considera que esa técnica médica atenta contra la vida humana. 

Costa Rica está acusada ante la CorteIDH por un grupo de familias que consideran que la prohibición de la FIV, establecida por la Sala Constitucional en el año 2000, viola sus derechos a la privacidad, igualdad y a formar una familia. 

La agente del Estado, la procuradora Ana Lorena Brenes, dijo en la audiencia que "mientras la técnica atente contra el derecho a la vida no puede ser permitida en Costa Rica" y defendió que la vida humana es inviolable y que se inicia desde la unión del óvulo con el espermatozoide. 

"Costa Rica se distingue por procurar una intensa protección al derecho a la vida y ese grado de protección es el que hace que la FIV sea incompatible con el derecho a la vida de los embriones", manifestó Brenes. 

Según la representante del Estado, "al momento de aplicarla (la FIV) se destruyen embriones, lo que atenta contra el derecho a la vida de ese ser que ya tiene garantizados sus derechos". 

Aseguró que con la FIV se fecundan una cantidad de óvulos que no necesariamente son implantados en el vientre de la mujer y se descartan los que no reúnen ciertas características. 

Además, afirmó que está comprobado científicamente que los bebés nacidos por medio de la fecundación in vitro "sufren serios problemas de salud" y "corren mayor riesgo de parto prematuro o defectos de nacimiento comparados con concebidos naturalmente". 

La procuradora argumentó que la decisión de Costa Rica de prohibir la FIV se encuentra dentro de un "margen de apreciación" al que tienen derecho los Estados cuando no existe un consenso internacional sobre un asunto como lo es, dijo, el momento en que inicia la vida humana. 

"No debe imponerse a Costa Rica un concepto de concepción", expresó Brenes, quien afirmó que "no existe una injerencia arbitraria del Estado en la vida de los peticionarios". 

Por su parte, el abogado de las presuntas víctimas, Hubert May, manifestó a los jueces en sus alegatos finales que "está sobradamente probado que ha habido una afectación inmensa y un gran dolor humano que se le ha provocado a un grupo de parejas" a las que se les ha negado el acceso a la FIV. 

La prohibición del Estado a la técnica "ha destruido la vida de un grupo de parejas y le ha impedido a un sector muy importante de la población con problemas de discapacidad acudir a la técnica". 

Por su parte, Boris Molina, otro de los abogados de las presuntas víctimas, calificó como "falsos" los argumentos de que la FIV mate embriones y que la técnica médica "no tiene diferencia con la procreación natural". 

Costa Rica es la única nación americana que prohíbe la FIV desde que en el 2000 la Sala Constitucional determinó que viola el derecho a la vida de los embriones fecundados, pues la técnica permitía desechar algunos antes de ser implantados en el útero de la madre. 

Después de la audiencia que concluyó hoy, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de allí los jueces se enfocarán en la redacción de un fallo que estará listo este año, según dijo días atrás el presidente de la CorteIDH, el peruano Diego García-Sayán.

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