compra de equipo de seguridad al grupo finmeccanica

Contrato habla de comisiones

Selex, del grupo Finmeccanica, rompió el contrato de ´promoción de venta´ con Agafia Corp. debido a que hubo un cambio de propietario.

Ricardo Martinelli LA PRENSA/Archivo Ricardo Martinelli LA PRENSA/Archivo
Ricardo Martinelli LA PRENSA/Archivo

¿El precio de los equipos de seguridad –helicópteros, radares y

cartografía digital– comprados por Panamá al conglomerado italiano Finmeccanica incluye el pago de comisiones? ¿Hubo sobreprecios como se ha denunciado, especialmente en el caso de los radares?

Aunque el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y otros voceros del Gobierno lo siguen negando, el pago de “comisiones” aparece en la cláusula cuarta relativa al “Monto y forma de pago” del contrato DA-043-2010 suscrito entre el ministro Mulino y el representante de Selex, una de las empresas del grupo Finmeccanica.

El artículo aludido vincula “las comisiones” con el “Anexo I del Reglamento”, que no fue divulgado, por lo que no es posible determinar si en esta categoría de “comisiones” se incluyen las que en su momento pactó Selex con la sociedad panameña Agafia Corp., cuya presidenta es Karen De Gracia, que ha sido vinculada sentimentalmente por medios italianos con el prófugo de la justicia Valter Lavítola.

El rompimiento de relaciones entre Selex y Agafia Corp. se produjo –según una carta del 17 de octubre pasado y hecha pública primero por Panamá América y después por la página de la Presidencia de la República– debido al incumplimiento por parte de Agafia de varias cláusulas del convenio entre ambas empresas.

La nota en la que Selex da por terminado el acuerdo con Agafia fue dirigida al argentino Gustavo Franchella, quien alega tener el 100% de las acciones de la sociedad panameña.

Sin embargo, uno de los argumentos de Selex para romper su contrato de “Promoción de venta” con Agafia es que la sociedad panameña hizo el 1 de julio –un día después que el presidente, Ricardo Martinelli, firmara el acuerdo con el hoy ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi– un cambio de propietario, cosa que le estaba vedado según el acuerdo.

¿Quién era el dueño de las acciones de Agafia Corp. antes del cambio efectuado el 1 de julio y quién puso las acciones de la sociedad en manos del argentino Gustavo Franchella?

Hasta ahora no hay respuesta a estas interrogantes.

La carta de Selex también alude a dos violaciones a los acuerdos por parte de Agafia: la prohibición de que existan vinculaciones de sus empleados con el Gobierno, y que “las comisiones no están destinadas ni en parte ni en un todo a residentes de Italia”.

¿Quién es el italiano que recibiría las comisiones? ¿Qué miembro o empleado de Agafia está vinculado con el Gobierno?

Franchella no respondió a las preguntas que al respecto le hiciera este diario.

Durante una entrevista que le hiciera también este medio el pasado martes 6 de diciembre, Franchella tampoco dijo nada de la citada carta ni de la drástica decisión que había tomado Selex.

Información provenientes de Italia da cuenta de que las empresas AugustaWestland y Telespazio, que son parte del grupo Finmeccanica y que vendieron a Panamá los helicópteros y la cartografía digital, respectivamente, estarían igualmente rompiendo un acuerdo similar con Agafia Corp.

¿´LLave en mano´?

Otro argumento repetido por los voceros del Gobierno es que hasta el momento no se ha efectuado pago alguno como consecuencia de los tres contratos suscritos con el grupo Finmeccanica, debido a que se trata de la modalidad “llave en mano”, que implica que el pago se hace contra recibo del producto.

Sin embargo, los contratos establecen en la cláusula cuarta un anticipo del 15% del monto total.

“Un anticipo correspondiente al primer pago que se contempla en el Anexo B, que representa el 15% del monto total del contrato, es decir la suma de 13,578,295.06 millones de euros, cuya cuenta de pago parcial será emitida a más tardar 30 días calendarios contados a partir de la entrega de la orden de proceder...” señala la cláusula correspondiente al contrato de Selex (radares).

Al respecto, el excontralor Alvin Weeden denunció que estos contratos no son “llave en mano”, justamente porque el Estado está obligado a pagar un anticipo.

“Aquí es donde está la coima... cuando se hacen contratos de esta naturaleza, el Estado está obligado a pagar cuando finaliza la obra o proyecto”, añadió.

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño, quien hizo público en las redes sociales su análisis de los contratos tan pronto se pusieron a disposición en la página de la Presidencia, advirtió que el pago anticipado no se justifica plenamente en el contrato, ya que se ha anunciado que es “llave en mano´... Es un híbrido no entendible”, agregó.

Cedeño añadió que en el contrato se establece “una cláusula que permite cargarle al Estado costos adicionales por la traída del equipo y eso no es adecuado”, y que la cláusula que habla del pago de anticipos y comisiones “podría ser peligrosa porque permite realizar ajustes”.

Cedeño agregó que sin las adendas y los anexos es imposible hacer un análisis riguroso de las condiciones pactadas.

CELDAS MODULARES

Por otra parte, Mauro Velocci, directivo de la empresa Svemark, que ejecutaría un proyecto de celdas modulares que se incluía en el acuerdo de cooperación en materia de seguridad, habló desde Italia.

A través de un correo electrónico, Velocci aseguró que “no es verdad que en Panamá no se dio el contrato [a Svemark] porque las cárceles eran demasiado costosas”. “Quien lo dijo, miente”, dijo.

Con su afirmación, Velocci alude a la publicación del diario italiano II Fatto Quotidiano, que en agosto pasado informó que el presidente Martinelli llamó al embajador de Italia en Panamá, Giancarlo Curcio, para informarle que las cárceles no se harían porque eran “muy caras y no le interesaban”.

Según Velocci, el director de Asesoría Legal del Ministerio Gobierno, Raúl Andrade, le envió un correo electrónico el 20 de junio de 2011 para informarle –por instrucción de la ministra de Gobierno, Roxana Méndez– detalles relacionados con el proyecto.

En el correo, Andrade señala que el proyecto costaría $176 millones por tratarse de un área de 91 mil 470 metros cuadrados y estaría finalizado en 22 meses. La empresa cobraría $1,925 por metro cuadrado.

Velocci denunció que el Gobierno decidió contratar a la empresa colombiana “UM Panamá” para que construyera la cárcel La Nueva Joya. Esta empresa cobra $1,937 por metro cuadrado. El área de construcción es de 80 mil metros cuadrados, lo que equivale a que el proyecto costaría $155 millones.

“¿Qué significa esto?”, se preguntó Velocci, tras indicar que su propuesta era la más barata.

Sin embargo, el empresario no hizo alusión a las acusaciones que aparecieron ayer en el diario Panamá América de que –según fuentes ligadas al contrato– él es la persona que reveló los correos electrónicos de la relación entre Lavítola y figuras del Ejecutivo, incluyendo el presidente Martinelli.

Seguridad nacional

Por el momento, los detalles específicos de los contratos contenidos en las adendas y los anexos siguen siendo un misterio bajo el argumento de la seguridad nacional.

“La Ley de Transparencia lo permite y no se van a dar, a menos que Balbina [Herrera] o que los carteles de la droga lo sepan”, fue la respuesta del ministro Mulino cuando se le preguntó sobre estos documentos.

Y como consecuencia de la insistencia de este diario, el ministro pasó directamente al ataque: “el crimen organizado está de plácemes. Tremendos aliados han encontrado”, acotó. ( Ver facsímil).

´Antesala de golpe de Estado´

“El PRD no tiene la menor intención de dar un golpe de Estado... esos tiempos ya pasaron. Nosotros estamos en el juego democrático y esto significa hacer las denuncias que se tengan que hacer para que el país marche de la mejor manera”. Así reaccionó el presidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, tras divulgarse la grabación de una conversación del secretario general de ese colectivo, Mitchel Doens, relacionada con Finmeccanica.

En el formato utilizado para divulgar la citada conversación se añadieron fotos del vicepresidente, Juan Carlos Varela, y de dos periodistas de La Prensa, vinculándolos a un supuesto plan desestabilizador.

Sánchez Cárdenas añadió que el gobierno trata de desviar la atención de los escándalos de corrupción y advirtió que se evalúa presentar una denuncia –dentro y fuera del país– contra el presidente, Ricardo Martinelli, por espionaje telefónico. Agregó que los documentos que obtuvo la excandidata presidencial Balbina Herrera sobre Finmeccanica, serán entregados al arzobispo, José Ulloa, al nuncio y a diferentes embajadas acreditadas en Panamá.

Se trata, según él, de documentos que prueban la estrecha amistad entre Martinelli y el prófugo de la justicia italiana Valter Lavítola.

Filemón Medina, secretario del Sindicato de Periodistas de Panamá, calificó de “lamentable que un gobierno que ha sido penetrado por el crimen organizado y donde los los actos de corrupción parecieran tener el control y el poder en la toma de decisiones de las políticas de Estado, trate de vincular a periodistas en la comisión de hechos delictivos”.

Guido Rodríguez, del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, dijo no entender la actitud del gobierno de involucrar a periodistas en una presunta conspiración.

“El propio ministro Roberto Henríquez admitió que Lavítola tenía auto y escolta del SPI... Es decir, todo lo que se dijo es cierto”, agregó.

Norma Núñez Montoto, del Consejo Nacional de Periodismo, preguntó por la lista de periodistas que, según el gobierno, “están vendiendo su trabajo... No creo que ningún periodista que se respeta, se presta para ello”, agregó.

Desde la noche del pasado martes circula, a través de correos electrónicos, información falsa con un logotipo que simulaba ser prensa.com sobre la supuesta muerte del presidente venezolano, Hugo Chávez. Los correos siguieron llegando hasta ayer noche.

Redacción de La Prensa

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