Terrenos en JUAN HOMBRÓN

Debates por titulaciones

Según la Ley 38 de 2000, Anabelle Villamonte estaba impedida de actuar en el caso de las tierras de Juan Hombrón.

El Ministerio Público debe iniciar una investigación por este tema, tal como ocurrió con el terreno de la avenida Balboa. El Ministerio Público debe iniciar una investigación por este tema, tal como ocurrió con el terreno de la avenida Balboa.
El Ministerio Público debe iniciar una investigación por este tema, tal como ocurrió con el terreno de la avenida Balboa.

Las revelaciones hechas por este diario sobre las titulaciones de tierras en Juan Hombrón, en Coclé, provocó ayer reacciones e intensos debates en televisión y radio, así como en habituales tertulias políticas.

Uno de los protagonistas de la historia, el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, comentó que el Ministerio Público debe iniciar una investigación, como ocurrió con el terreno de la avenida Balboa.

“No soy abogado, pero los hechos publicados ameritan que la justicia eche un vistazo debido a los cuestionamientos serios que hay por posibles violaciones a disposiciones legales”, sostuvo Vallarino.

El exfuncionario dijo no recordar cómo llegó Anabelle Villamonte a la Dirección de Catastro, pero aseguró que la recomendación vino de la Anati y de la Presidencia. También reveló que conoció a Villamonte el 22 de agosto pasado, cuando se realizó la sesión de urgencia del Consejo Nacional de Tierras de la Anati , para analizar lo sucedido con el terreno de Paitilla.

“Ese día la conocí y en esa reunión estaba el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu... entiendo que ella es la abogada de la familia del ministro de la Presidencia”, sostuvo Vallarino, al tiempo que restó importancia a los señalamientos que hizo su copartidario Alejandro Pérez, de que un allegado a él busca quedarse con esas tierras.

REACCIÓN OFICIAL

“Al que tiene un derecho posesorio, cumpliendo con todos los requisitos de la ley, hay que darle su título”, fue el escueto comentario que ayer hizo el presidente, Ricardo Martinelli.

Sin embargo, añadió que “si hay un derecho posesorio que haya sido mal adquirido o hay algo indebido, se deben hacer las investigaciones, poner las denuncias respectivas y tomar los correctivos”.

Reacción similar tuvo el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. “Debe investigarse si hubo ilegalidad. Entiendo que Villamonte era abogada de algunas de estas sociedades, pero renunció a todos los poderes cuando asumió el cargo”, afirmó, mientras agregaba que “al no ser abogado desconoce si el trámite es ilegal o no ético”.

Salomón Shamah, administrador general de la Autoridad de Turismo y asesor de la Anati, aseguró (en televisión y radio) que la información dada por La Prensa “es falsa”, y defendió a ultranza el rápido proceso de titulación en Juan Hombrón.

“Esto se llama, en buen panameño, cooperativismo”, sostuvo, mientras justificaba la fórmula por la que un grupo de “pescadores” se unió para lograr el reconocimiento de sus alegados derechos posesorios.

“Es más económico crear una sociedad anónima que te puede costar $100 por pescador y llevar a cabo un solo trámite. Ese es el principio del cooperativismo”, reiteró Shamah.

A pesar de su defensa al método usado por los pescadores, el funcionario no explicó por qué los nombres de supuestos dueños de los derechos posesorios no aparecen en las directivas de las sociedades anónimas.

“Villamonte no sabía que sería la directora de Catastro años después de representar a las sociedades anónimas”, explicó Shamah durante su intervención en el noticiero matutino de TVN.

“Ella renunció a ser su representante porque llevaba a cabo procesos con el Estado. Ella no tiene que declararse impedida, siguió lo que la ley establece: si una persona califica para que se le titule una tierra, nadie le puede negar la titulación si presenta las pruebas”, agregó.

Sin embargo, la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo, establece en su artículo 118, que “La autoridad encargada de decidir el proceso no podrá conocer de un asunto en el cual esté impedida”.

Y entre las causales de impedimento se incluye el haber sido “apoderado o asesor”, “haber intervenido en la formación del acto o negocio” o el “parentesco” con alguna de las partes del proceso que le toca decidir.

Villamonte no solo intervino inicialmente en la formación de los actos que luego aprobó, sino que fue apoderada de las sociedades anónimas en las que, además, aparecen familiares como directivos. Se trata, al menos, de tres causales de impedimento que la exdirectora de Titulación de la Anati habría ignorado.

Finalmente ayer, el exdirector de Reforma Agraria Iván Castillo se sumó a las voces que critican el proceso de creación de la Anati y aseguró que renunció al cargo para no verse involucrado en los problemas que veía venir. Castillo agregó que informó de su preocupación a sus superiores, citando entre ellos al vicepresidente, Juan Carlos Varela. (Con información de Lina Vega Abad)

Más tierras gratis en Farallón

Documentos

Copia del plano
Renuncia al poder
Fusion Land, Corp.
No son 12, sino 13 sociedades anónimas las que recibieron tierras gratis en las costas coclesanas de parte de Anabelle Villamonte.

El nuevo dato se obtuvo de los documentos llevados personalmente a La Prensa por Villamonte, el domingo pasado. Entre las copias de las renuncias a los poderes recibidos de las sociedades para gestionar el reconocimiento de los derechos posesorios había una nueva sociedad: Fusion Land, Corp., constituida el 26 de mayo de 2010 (igual que Renemont View Inc.). Ocho meses después, obtenía 2.8 hectáreas frente al mar, en este caso, en Farallón. Villamonte inició las gestiones como su abogada.

El proceso de adjudicación fue el mismo: se creó la sociedad y tres meses después, el 27 de agosto, Villamonte solicitó la adjudicación. 12 días más tarde, la exfuncionaria aportó copias del plano, así como la repetida fórmula de probar la posesión: la declaración de tres testigos.

Ocho días antes de asumir el cargo como directora de Catastro, Villamonte renunció al poder otorgado como representante legal de Fusión Land. (Ver facsímil).

Tras el cambio de sombrero, Villamonte firmó la resolución de adjudicación el 26 de enero pasado. En este caso también se produce el singular fenómeno de que Fusion Land logra probar ser dueña de “derechos posesorios originales” de 4 mil 627.86 metros cuadrados, a pesar de que solo tenía ocho meses de haber sido constituida, y se necesitan, como mínimo, cinco años con la tenencia de la tierra.

El trámite de inscripción de la finca en el Registro Público lo hizo el abogado Marcelino Ramos Madrid, que participó en la tramitación de las sociedades que recibieron 54 hectáreas en Juan Hombrón. Tres meses después, las 2.8 hectáreas fueron vendidas por $172 mil 691.16 – el mismo valor catastral asignado por Villamonte– a la sociedad Laconcagua Real Estate, creada en marzo pasado.

Los suscriptores de Laconcagua son los mismos que aparecen como compradores de las tierras de Vista Coclé, Vista del Norte y Properties Group.

Como sucedió en Silo Enterprises, la sociedad Fusion Land se disolvió pocos días después de la venta, el 27 de abril. Su disolución fue tramitada por Carlos Morales Murgas, primo de Villamonte, y quien también tramitara en las otras sociedades beneficiadas con tierras.

Ereida Prieto-Barreiro

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