SUPUESTA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL

Futuro de caso Lavítola, en manos de Tribunal de Revisión

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre el caso Lavítola, el nombre del mandatario panameño surge en otra pesquisa.

Un día después de conocerse en Italia que el nombre del presidente, Ricardo Martinelli, es mencionado en una conversación telefónica interceptada por orden judicial al expresidente de la empresa italiana Impregilo Massimo Ponzellini –investigado en Italia por corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales–, en Panamá no se ha producido un pronunciamiento formal sobre el tema de autoridad alguna.

La Prensa tampoco obtuvo ayer respuesta a un cuestionario enviado al empresario estadounidense Rogelio Oruña –representante en Panamá de IBT, compañía con más de 400 millones de dólares en contratos con el Estado–, de quien se cree que una de sus sociedades sirvió para trasladar dinero al presidente Martinelli y otros funcionarios locales, según publicó el miércoles el diario italiano Il Fatto Quotidiano.

Ponzellini, quien está detenido, es investigado en Milán, Italia, por un caso distinto y separado al que adelantan las autoridades de Nápoles contra Valter Lavítola, quien fue acusado de corrupción internacional, aunque este proceso se encuentra suspendido.

DISTANCIA

Martinelli evitó referirse ayer al tema cuando se le preguntó su opinión sobre la publicación del diario Il Fatto Quotidiano, que reveló detalles de la conversación que en abril de 2011 sostuvo Ponzellini con el hoy exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi. “Yo no leo pasquín”, fue su respuesta. En el pasado, Martinelli ha sostenido invariablemente que lo publicado en Panamá sobre las investigaciones en Italia buscan desacreditarlo.

Según Il Fatto Quotidiano, en la conversación interceptada, Berlusconi le comunicó a Ponzellini que Valter Lavítola –el hombre clave en los millonarios contratos entre Panamá y Finmeccanica– lo llamó de parte de Martinelli para informarle que si Impregilo no cumplía el compromiso de donar un hospital a Panamá, el Presidente panameño haría una declaración pública a fin de afectar el valor en bolsa de las acciones de la empresa.

Impregilo, la más importante empresa constructora italiana, es parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal S.A., que construye el tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal.

Ponzellini ratificó el contenido de la grabación ante los fiscales de Nápoles Francesco Curcio, Henry Woodcok y Vincenzo Piscitelli, encargados de la investigación contra Lavítola por supuesta corrupción internacional.

ESPERAN DECISIÓN

Por otro lado, el diario Il Fatto Quotidiano ayer nuevamente volvió a dedicarle espacio en sus páginas a las acusaciones que recaen sobre Lavítola por el supuesto pago de sobornos a políticos panameños.

Tras conocerse la decisión de la Corte de Casación de anular la detención preventiva de Lavítola por motivos formales (falta de competencia), ahora le corresponderá a los jueces de un Tribunal de Revisión italiano precisar dónde ocurrió el supuesto delito, para determinar si los fiscales napolitanos que realizaron la investigación y ordenaron su detención preventiva tienen o no competencia para ello.

“Si al menos una parte de la conducta imputada ha sido cometida en Italia, esto tendría consecuencias desde el punto de vista jurisdiccional sobre las condiciones y formas en que las mismas fueron realizadas”, señala el diario, citando la sentencia 32779 en el que la Corte de Casación (tribunal de primera instancia de Nápoles) que canceló el 13 de agosto pasado la orden de prisión preventiva dictada en contra de Lavítola.

PIDEN INVESTIGAR

Entretanto, desde la oposición, Jorge Alberto Rosas, diputado del Molirena que denunció sobreprecios en los equipos comprados por el Gobierno al grupo Finemmeccanica, comentó que es preciso hacer presión para que la Corte Suprema de Panamá reenvíe el caso al Ministerio Público, donde –comentó– “las investigaciones se hicieron a la ligera”.

“La Corte Suprema debe ordenar la ampliación de la denuncia de pagos de sobornos al gobierno de Martinelli”, añadió Rosas, refiriéndose al caso que se le sigue a Lavítola en Italia por supuesta corrupción internacional.

(Con información de José González Pinilla).

Hospitales de IBT y la denuncia de Herrera

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Dirección General de Ingresos, al Ministerio de Comercio e Industrias y al Registro Público información sobre las empresas que participaron en las licitaciones para la construcción de cuatro hospitales en el interior del país, ganada por el consorcio dominicano- español IBT Group. Igualmente, requirió al Tribunal de Cuentas información sobre procesos relacionados con estas contrataciones.

Fuentes del MP explicaron que se trata de diligencias que forman parte de la investigación iniciada en mayo pasado, tras la denuncia de supuestas irregularidades en dichas licitaciones presentada por la dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera.

En la denuncia de Herrera se pide investigar un supuesto sobreprecio de $60 millones en los contratos para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento de hospitales en las provincias de Darién, Los Santos, Colón y Chiriquí.

Herrera denunció que IBT Group ganó la licitación de los cuatro hospitales por $237.2 millones, cifra que aumentó tras la firma de los contratos en $16 millones.

La política opositora también denunció las modificaciones a los contratos, con los que el pago del 7% correspondiente al impuesto de transferencia de bienes muebles fue asumido por el Estado.

La investigación, en manos del procurador, José Ayú Prado, es por posibles delitos contra la administración pública.

Elio Núñez

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