LICITACIÓN DE $101 MILLONES PARA ALIMENTAR A RECLUSOS Y CUSTODIOS

Mingob copia pliego de internet

INTEGRACIÓN. El Gobierno quiere que se cocine en las cárceles, como fórmula que permita la resocialización de los internos seleccionados por la empresa para tal fin. LA PRENSA/Archivo INTEGRACIÓN. El Gobierno quiere que se cocine en las cárceles, como fórmula que permita la resocialización de los internos seleccionados por la empresa para tal fin. LA PRENSA/Archivo
INTEGRACIÓN. El Gobierno quiere que se cocine en las cárceles, como fórmula que permita la resocialización de los internos seleccionados por la empresa para tal fin. LA PRENSA/Archivo

Una licitación de $101.6 millones que dirige el Ministerio de Gobierno (Mingob) para suministrar diariamente comida a los presos y custodios de las cárceles de Panamá y Colón, mantiene confrontadas a las empresas interesadas en el contrato.

La polémica empezó el 3 de agosto pasado, cuando se publicaron en PanamáCompra las bases de esta licitación y se conocieron dos llamativos datos: que la contratación era por un período de siete años, y que el pliego estaba plagado de términos inusuales en Panamá, pero de uso regular en Colombia.

“Agua de panela” en vez de raspadura; “arepa” en vez de tortilla; “menajes” en vez de utensilios, o “minuta patrón” para referirse a la guía o plan alimentario, son algunos de los términos colombianos que se “colaron” en los documentos de la licitación.

“El error es nuestro”, fue el mea culpa de Gerardo Peláez, asesor del Mingob, durante una entrevista con este diario en la que estuvo presente el ministro de esta cartera, Jorge Ricardo Fábrega, y Jorge Correa, funcionario de la Dirección de Compras.

Justificación

Para elaborar los términos de referencia, explicó Peláez, compararon durante tres meses los “modelos de negocios” que usan países de la región en que las empresas cocinan en las cárceles.

La comparación aludida por el funcionario no se hizo a través de una visita a penales de los citados países, sino que copiaron de internet fragmentos de licitaciones que consideraron “podrían adecuarse” al modelo que se desea implementar en Panamá a partir del 1 de marzo de 2013.

“Lo que se hizo fue tomar parte de aquí y allá, y armamos un esqueleto que creemos puede funcionar... No estoy seguro de que esto sea perfecto... No tenemos experiencia en esta materia [cocinar dentro de las cárceles] y hemos recibido muchas sugerencias”, explicó el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, al ser cuestionado por este diario sobre el rigor de este método.

Esta fórmula se adoptó ante la falta de presupuesto para contratar una empresa consultora que desarrollara el pliego de cargos, añadió.

Los funcionarios del Mingob también defendieron el nuevo modelo, como parte de la estrategia de resocialización de los internos .

“Se ha hecho bulla por todos lados, pero el Estado contratará una empresa que cocine en las cárceles, que es parte del proceso de resocialización... eso no es un contrato directo, no se está haciendo nada por debajo de la mesa, es un acto público y transparente”, sostuvo el ministro Fábrega.

El pliego de condiciones señala que la empresa a la que se le adjudique el contrato se compromete a involucrar y capacitar en las actividades de preparación, manipulación y distribución de comidas a por lo menos 50 internos.

La empresa que certifique su experiencia en cocinar en las cárceles recibirá 400 puntos, de acuerdo con la tabla de ponderación que aparece en los términos de referencia de esta licitación, que ha sido pospuesta en tres ocasiones y cuya puntuación total es mil puntos.

A la visita de campo –otro requisito del pliego– asistieron seis empresas, de las cuales tres están vinculadas al grupo colombiano Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A. (Ibeaser), que cuenta con la experiencia requerida por el Mingob.

RECLAMOS Y DEFENSAS

La empresa Alimentos Prácticos, S.A. (Aliprac) –que brinda el servicio de alimentación en las cárceles de Panamá, Colón y La Chorrera desde 2006– denunció que los términos de referencia son excluyentes, porque en Panamá ninguna empresa cocina en las cárceles.

“Esta solicitud vulnera los principios de libre concurrencia y participación de los distintos agentes económicos, en vista de que nunca ha sido solicitada por el Gobierno en los últimos seis años...”, argumentó a través de un reclamo formal la empresa.

El reclamo –de 650 páginas que incluye el pliego de condiciones– se interpuso el pasado 1 de octubre y, en menos de 24 horas, fue resuelto por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

“La entidad licitante se apegó a los términos de la Ley 22 de Contrataciones Públicas... no hay indicios de que exista una intención de favorecer una propuesta que vulnere dicha disposición”, sustentó la entidad al rechazar el voluminoso reclamo.

Con respecto a los siete años del acuerdo, Fábrega explicó que este contrato no es el único que trasciende esta administración, calificándolo de “favorable”, al tener “un período de amortización alto que permite mantener un precio más accesible”.

Según el pliego, la empresa puede solicitar ajustes de precios cada año, luego de sustentar las cifras. “Esta licitación no excluye a nadie... si yo fuera una empresa local, busco socios en México y Colombia, presento una propuesta y se acabó...”, comentó el ministro Fábrega sobre las quejas de Aliprac.

¿Esto se puede hacer ministro? ¿El pliego no establece que solo pueden participar aquellas empresas que fueron a la visita de campo?

La pregunta de este diario provocó un intercambio de miradas entre Gerardo Peláez y Jorge Correa, quienes inmediatamente le aclararon al ministro Fábrega que su sugerencia no era posible, porque según los términos de referencia “solo podrán participar aquellos que cumplieron con la visita de campo”.

En pocas palabras, la única vía que les queda a las empresas locales y al actual proveedor es asociarse con Ibeaser que, como ya se dijo, cumplió con la visita de campo y cuenta con la experiencia requerida.

Sin embargo, estas posibilidades son remotas –al menos para el actual proveedor– porque Gabriel Castro, abogado de la empresa colombiana, reveló a este medio que asistirán a la licitación (prevista para el viernes próximo) como un consorcio integrado por empresas colombianas, y posiblemente un socio local cuyo nombre no reveló.

Castro rechazó las acusaciones sobre un “pliego hecho a la medida” de su cliente, y lamentó que el tema esté provocando morbo.

El abogado también confirmó que en la visita de campo, además de Ibeaser, participaron dos empresas –una de Argentina– vinculadas al grupo colombiano que él representa.

No se ha podido determinar si alguna otra empresa participante en la licitación cumple con el requisito de la experiencia solicitada.

Antecedente Y FUTURO

La empresa Aliprac obtuvo un contrato directo por $23 millones durante la administración de Martín Torrijos para ofrecer este servicio hasta el 31 de diciembre de 2009, luego de dos licitaciones fallidas.

Luego, el gobierno de Ricardo Martinelli le extendió el contrato por $29 millones hasta el 31 de diciembre de 2012 tras ganar una licitación pública. El Mingob reveló que actualmente se le adeudan a esta empresa $3.2 millones, pero que gestionan los pagos debidos.

Según comentó Peláez durante la reunión con este diario, el modelo que aplica Aliprac (traer la comida ya hecha a los penales) ha provocado demoras de hasta 45 minutos, lo que hace que llegue fría. “Este modelo de negocios no estaba funcionando”, sostuvo.

La crítica del funcionario produjo la inmediata reacción del ministro Fábrega, quien aclaró que “este no es el sistema más eficiente, pero hay que reconocer que no ha fallado... tú puedes criticar todo eso, pero el Sistema Penitenciario no puede dejar de reconocer que aún en circunstancias muy difíciles la empresa (Aliprac) ha cumplido con llevar la comida...”.

“Tengo que ser honesto. Considerando el volumen de comida que ha entregado la empresa, las fallas han sido mínimas”, corrigió entonces Peláez, evidentemente incómodo por lo sucedido.

Este medio dejó un mensaje a Leopoldo Liakópulos, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, a fin de conocer la posición del gremio, pero no hubo respuesta.

En medio de esta polémica, la licitación está prevista para el viernes próximo y el ministro Fábrega espera que participen tres empresas.

CIFRAS DE una LICITACIÓN

3.15

Dólares es el precio tope que pagará el Estado por alimentar tres veces al día a los reclusos y custodios.

8

Millones de dólares mínimo es lo que tiene que invertir en adecuar las cocinas la empresa que sea beneficiada con este contrato de 7 años.

12

Mil raciones diarias deberá entregar la empresa que se adjudique esta licitación, según el pliego de condiciones.

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