GOBERNADOR DE COCLÉ IMPULSA desalojos en costas del pacífico

Playas se quedan sin pescadores

pruebas. Los pescadores de La Pacora tienen los planos de la otrora Dirección de Catastro, del año 1971, en los que algunos de ellos aparecen ocupando el área en disputa. LA PRENSA/Eric Batista pruebas. Los pescadores de La Pacora tienen los planos de la otrora Dirección de Catastro, del año 1971, en los que algunos de ellos aparecen ocupando el área en disputa. LA PRENSA/Eric Batista
pruebas. Los pescadores de La Pacora tienen los planos de la otrora Dirección de Catastro, del año 1971, en los que algunos de ellos aparecen ocupando el área en disputa. LA PRENSA/Eric Batista

Un terreno frente al mar en el área conocida como La Pacora, en la provincia de Coclé; una antigua comunidad de pescadores; informes oficiales que desaparecen; funcionarios que se contradicen, y un gobernador –Fernando Núñez Fábrega– dispuesto a desalojar a los “intrusos” del área “cueste lo que cueste”, son los elementos de un conflicto que se repite estos días en varias comunidades de la costa del Pacífico panameño.

“Aquí caben unos cinco hoteles más... hay un chorro de playas desiertas que no le veo que estén haciendo nada. Mi función es salir a vender la provincia de Coclé completa... tengo contactos internacionales”, comentó con aire decidido quien ocupara al inicio de la administración de Ricardo Martinelli, el cargo de “zar” anticorrupción.

Núñez Fábrega lo tiene claro: las seis familias de pescadores que viven en La Pacora se tienen que ir, y no está dispuesto a escuchar argumento alguno. “Yo soy la autoridad de policía y haré cumplir la ley”, advirtió una y otra vez a este diario.

COSAS del PODER

Con la llegada de Núñez Fábrega a la Gobernación de Coclé se desempolvaron las resoluciones emitidas hace más de una década por la corregiduría de Río Hato para desalojar de La Pacora a seis familias de pescadores, con el argumento de que están en propiedad privada.

Ahora, tras décadas de resoluciones a favor y en contra del desalojo de los pescadores emitidas por diversas instituciones, Barnes parece contar con viento a su favor. ( Ver cronología).

Después de que su hijo le enviase un correo electrónico al presidente, Ricardo Martinelli, el caso tomó impulso con el gobernador Núñez Fábrega al mando.

Como primer paso, Núñez Fábrega tomó el control en la corregiduría de Río Hato. La anterior corregidora, Erika Torrero, se había negado en dos ocasiones a desalojar a las familias de pescadores, pues Ingeniería Municipal de Antón había concluido que sus casas no estaban dentro de la finca en disputa. Tuvo que marcharse, sustituyéndola a partir del 8 de marzo pasado, Melquisidec Bernal.

INFORMES Y FALLOS

En 1999, Carlos Barnes inició su pelea legal por sacar a los pescadores de lo que considera su tierra, pero hasta ahora no ha podido. Los pescadores han respondido en el frente legal y están dispuestos a hacerlo en el terreno que sea.

Aseguran que el lugar donde han vivido por más de 50 años y donde han construido sus casas no pertenece a Barnes, sino que es parte de la ribera de playa que es de todos los panameños.

El empresario, por su lado, asegura que los pescadores son “intrusos” y “se tienen que ir, porque cuando compró en 1968, la finca limitaba con el océano Pacífico y nadie habitaba el área”.

Contrario a ese argumento, el de los pescadores contó con el aval de la corregiduría de Río Hato, en 2001, cuando consideró que Carlos Barnes no tenía derecho a solicitar el lanzamiento, pues el área habitada por los pescadores no le pertenecía, sino que eran tierras del Estado. En consecuencia, se dijo entonces, Barnes no estaba legitimado para esta petición.

Lo mismo argumentó en 2003 la entonces procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, al señalar que “no se proceda con el lanzamiento por ´intruso, ya que estas tierras donde están las casas de los pescadores son de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada”.

Un año después de las consideraciones de Fletcher, el entonces corregidor de Río Hato, Gregorio Arjona, firmó una resolución en la que “cierra el expediente”, tomando como fundamento un informe de la otrora Dirección de Catastro. ( Ver facsímil).

Más recientemente, en septiembre de 2009, un informe de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) concluyó que la zona es inadjudicable por ser de dominio público.

Este documento, a cuya copia tuvo acceso este diario, había desaparecido misteriosamente de los archivos de esa entidad.

No fue hasta la semana pasada que la ARAP certificó su existencia.

Entre otras cosas, el documento de la ARAP deja constancia de que la comunidad de pescadores asentados en La Pacora “.... cuenta con servicios de energía eléctrica, acueducto rural y un teléfono público, lo que indica la presencia activa y permanente de esta comunidad... Luego de la revisión de planos y mapas y recorridos de campo, estamos en condiciones de sustentar que esta zona ha sido ocupada por más de 50 años en actividades relacionadas con la pesca, siendo este lugar desde su inicio un caserío de pescadores artesanales que han derivado su sustento en base a esta actividad”.

Además, se establece claramente que los pescadores están en área pública. “Luego del levantamiento topográfico de campo, donde se determinó la línea de más alta marea, como lo establece el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia y las observaciones geográficas y geomorfológicas, se concluye que esta comunidad se encuentra en zona de dominio público o zona inadjudicable”, se concluye.

La investigación que sustenta las conclusiones del informe fue realizada por funcionarios de la regional de la ARAP en Santiago (Orlando Guerra y Luis Ureña), de la Dirección de Ordenamiento y Manejo Integral de la misma institución (Daniel Atencio y Elías López), de Cartografía de la Contraloría General, de Catastro de Coclé, del Municipio de Antón y de la corregiduría de Río Hato.

Para Núñez Fábrega, sin embargo, las conclusiones a las que llegaron los técnicos de ARAP no tienen relevancia, e insiste en que los pescadores tienen que salir del terreno de Carlos Barnes, a quien describió como “un pobre colombiano que tuvo la mala suerte de venir a Panamá a meter su plata allí”.

En tono desafiante recalcó que en este caso “no valen los 22 metros ni de la ARAP ni de Martinelli [Ricardo]”, debido a que en ese tiempo había otras reglas del juego.

“Los 22 metros no pueden aplicarse retroactivamente a una persona... en todo caso, se tendrá que indemnizar”, concluyó el gobernador, al tiempo que retó a los abogados para que lo demanden en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

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