EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Proponen plan para ayudar a desplazados por desastres

El último evento natural dejó 3 mil 193 personas afectadas en el área metropolitana, de acuerdo con Sinaproc.

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Las lluviasdel jueves 11 de septiembre dejaron cientos de afectados en los corregimientos Belisario Porras y Juan Díaz, en los distritos de San Miguelito y Panamá, respectivamente. Ahora, 150 personas se hospedan en hoteles del área de Calidonia. Las lluviasdel jueves 11 de septiembre dejaron cientos de afectados en  los corregimientos Belisario Porras y Juan Díaz, en los distritos de San Miguelito y Panamá, respectivamente.  Ahora,  150 personas se hospedan en hoteles del área de Calidonia.
Las lluviasdel jueves 11 de septiembre dejaron cientos de afectados en los corregimientos Belisario Porras y Juan Díaz, en los distritos de San Miguelito y Panamá, respectivamente. Ahora, 150 personas se hospedan en hoteles del área de Calidonia. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

En los últimos 10 años los eventos climatológicos han obligado a más de 35 mil panameños a desplazarse de un lugar a otro.

De hecho, las recientes inundaciones y deslizamientos en los corregimientos Belisario Porras, en San Miguelito, y Juan Díaz, en Panamá, ocasionaron el desalojo de unas 90 casas.

En total fueron 3 mil 193 afectados, de los cuales una buena parte tendrá que buscar nuevo hogar, según el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

No obstante, hace poco más de una década este tipo de historias se repite en el país. Por ejemplo, en 2004 fuertes lluvias perjudicaron a 13 mil personas en el área este de la capital, específicamente en las comunidades de Nueva Esperanza, Prados del Este, Cabra y Felipillo, en el corregimiento 24 de Diciembre.

En ese momento, 281 viviendas terminaron con daños y muchos propietarios tuvieron que trasladarse a una zona segura.

Tres años después, en 2007, correspondió al distrito de Capira hacer frente a las variaciones climáticas, cuando en el área de Tres Hermanas hubo 2 mil 561 damnificados y 548 estructuras dañadas por deslizamientos e inundaciones.

Sin embargo, los registros del Sinaproc dan cuenta de que uno de los eventos atmosféricos que más impactó al país y que más desplazados dejó fue el de 2010, cuando 15 mil personas y 2 mil 586 residencias fueron afectadas en Chepo por la denominada “madre de las lluvias”.

Los campesinos de la costa atlántica la llamaron “La Purísima”, debido a que fue la última tormenta importante de la temporada, que suele caer entre los cinco días anteriores o posteriores al 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción –La Purísima–, de acuerdo el calendario de la Iglesia católica.

Mientras que en 2012 fue en La Chorrera y Colón, donde se contabilizaron 5 mil personas perjudicadas por anegaciones y mil 36 viviendas con daños.

EL DEBATE

Tras estos acontecimientos surge el debate sobre los planes con los que cuenta el país para hacer frente a los desastres y dar respuestas a los desplazados por distintos fenómenos, como el del cambio climático, que trae como consecuencia inundaciones y derrumbes.

Hace poco la oenegé Displacement Solutions, con sede en Suiza, dedicada a investigar el estado de las comunidades en el mundo desplazadas por el cambio climático, recomendó al Gobierno de Panamá mejorar la coordinación entre los distintos ministerios —Salud, Vivienda, Educación y Ambiente— para atender este tema.

Citó como ejemplo lo que ocurre en la comunidad de Gardi Sugdub, comarca Guna Yala, en donde 5 mil indígenas tendrán que emigrar a tierra firme por el aumento de las aguas y no se concretan proyectos para ello.

Además, en el país hay otras zonas que son afectadas por este fenómeno, como las playas de Los Santos y Herrera, en las que se ha perdido parte del territorio.

Otro de los casos que inquieta a organizaciones ambientales es Colón, donde se han reportado constantes inundaciones, y Juan Díaz, una zona de 100 mil habitantes que se inunda en promedio 10 veces año.

Según el documento de la oenegé, Gardi Sugdub se acerca rápidamente a una “encrucijada”.

En ese sentido, plantea que si no se proporciona en el futuro una asistencia adecuada para la planificación, y si el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) no cumple la promesa de construir 300 casas en tierra firme, la comunidad puede terminar ubicándose de manera improvisada.

A raíz de ello, Displacement Solutions recomienda a las autoridades desarrollar en el país un “marco de políticas de relocalización planificada” para asignar y orientar las tareas y responsabilidades legales necesarias en el proceso de reubicación de comunidades afectadas por el cambio climático, de una manera participativa e integrada.

EXPERTOS OPINAN

Freddy Picado, director del Centro de Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, dijo que buena parte de las lluvias y el aumento de temperaturas son parte de las variaciones del clima.

Según Picado, este fenómeno ya no está en los polos, sino que afecta a los países de la región a través de desastres naturales.

Para Picado, los acontecimientos de los últimos 10 años en Panamá son la mejor prueba de que surgen nuevos sitios vulnerables a desastres.  

“Sitios que antes eran bosques, ahora son barriadas y eso tiene sus consecuencia”, acotó.

Registros del Sinaproc precisan que en el país hay 183 áreas propensas a inundaciones y derrumbes, de las cuales 56 están en la provincia de Panamá; 51, en Chiriquí y 20, en Bocas del Toro.

Por su parte, José Donderis, director del Sinaproc, reconoció que hay que crear un plan a 15 años para enfrentar los desastres naturales que cada cierto tiempo afectan al país.

Sostuvo que en los últimos años se han visto esfuerzos “aislados” de varias instituciones para brindar ayuda a las personas desplazadas.

Informó que ayer fue la primera reunión de una comisión compuesta por más de 10 entidades, entre ellas la Alcaldía de Panamá, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social y el Miviot, que se encargará de dibujar una “hoja de ruta” para hacerle frente a estos temas.

Según Donderis, se evaluarían temáticas como cambio climático, edificación de rellenos y facilitar albergues una vez ocurran desastres.

Por su lado, Antonio Chang, del Centro de Incidencia Ambiental, indicó que las instituciones de atención a los ciudadanos deben tener mayor coordinación o implementar una estrategia de ayuda.

Subrayó que, por ejemplo, hace 40 años se viene hablando de lo inestable que son los terrenos en San Miguelito, pero nunca se adoptó una política para atender este problema.

“No se trata de atender como país apenas ocurre el desastre, sino de estar preparados todos”, acotó.

Mientras que Anays Marín, directora de Desarrollo Social del Miviot, informó que en el tema de los desplazados tienen encuentros con otras entidades para dar una respuesta.

Mencionó que como Gobierno desarrollan el proyecto Ciudad Esperanza en Arraiján, para dar soluciones de vivienda a 2 mil 200 familias afectadas por desastres como inundaciones o incendios.

En el caso de Gardi Sugdub, dijo que construirán 300 viviendas, las cuales serán licitadas en las próximas semanas.

 

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