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DESARROLLO URBANO

Paitilla, frente a una nueva lucha

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Piden suspender definitivamente la construcción de dos proyectos. Piden suspender definitivamente la construcción de dos proyectos.
Piden suspender definitivamente la construcción de dos proyectos. Cortesía

Los residentes de la comunidad de Paitilla, en el corregimiento de San Francisco, tendrán que enfrentar una nueva batalla contra los proyectos en construcción Ocean Front y Sea Point, que se levantan en la zona, esta vez, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La situación se origina a raíz de una nueva resolución emitida el pasado 27 de enero por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), en la que se asegura que ninguno de los dos proyectos referidos ha violado normas sobre el espacio marino.

Tras mediciones realizadas en los terrenos el 14 de diciembre de 2015, la Anati determinó: “si aplicáramos la Línea de Alta Marea actual (LAMO) a los predios en mención, es claro que parte de dichas edificaciones estarían invadiendo parte de la ribera de playa, pero en este caso no aplica, ya que las fincas nacieron mucho antes de la creación de la Ley 80 del 31 de diciembre de 2009”.

Mediante la norma citada por la Anati, se reconocen derechos posesorios y se regula la titulación en costas e islas.

 El objetivo principal de los residentes de  Paitilla  es suspender definitivamente la construcción de dos proyectos.  Expandir Imagen
El objetivo principal de los residentes de Paitilla es suspender definitivamente la construcción de dos proyectos. LA PRENSA/Archivo

“En este caso en particular, esos títulos eran anteriores a la ley; es decir, que ellos sí tienen el derecho de estar ahí. Lo que pasa es que si aplicas la ley nueva, entonces sí se toman una parte de la ribera de playa, pero como eso fue antes” y las leyes no son retroactivas, entonces no es aplicable, explicó el administrador general de la Anati, Carlos González.

Datos oficiales de la entidad indican que las fincas en las que se construyen los edificios tienen títulos de propiedad que datan de 1972.

El informe de la Anati respalda un primer documento publicado en septiembre de 2015 por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el que también se certificó que tanto el Ocean Front como el Sea Point “están siendo levantados dentro de sus respectivas fincas privadas y guardando el límite de su propiedad”.

RECHAZO A INFORME

El abogado de los residentes de Paitilla, Harley Mitchell (hijo), descartó los planteamientos de la Anati y de la AMP e indicó que las autoridades “están actuando de manera inconstitucional”.

Citó el artículo 258 de la Constitución Política, según el cual la ribera de playa no es adjudicable.

Dicho artículo establece lo siguiente: “Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada, el mar territorial, las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas, los ríos navegables, los puertos y esteros...”.

Mitchell indicó que ante la nula acción de las autoridades, les corresponderá presentar recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva la situación que el resto de las autoridades ha desatendido.

“Las prohibiciones están claras y ellos están en la zona de la ribera de playa, que constitucionalmente es del Estado”, expresó.

La construcción del proyecto Ocean Front, que contempla un edificio de 40 pisos con dos apartamentos por nivel, se inició en el año 2013.

En tanto, la edificación del Sea Point, que prevé tres torres de 30 plantas, comenzó en agosto de 2015.

De acuerdo con Laura Zerbinati, residente de Paitilla, han sido tres “largos años de lucha y esfuerzo de la comunidad, convirtiéndonos en víctimas de las autoridades, que no tienen el valor para asumir sus responsabilidades”.

A juicio de Zerbinati, la comunidad está consternada y “no entendemos por qué las autoridades se pasan la pelota sobre a quién le corresponde definir esta  

situación legal”.

Los vecinos aducen que en la zona hay una saturación de personas e inmuebles y seguir sobrecargándola agravaría la situación existente en materia de electricidad, agua y sistema de alcantarillado.

Por su parte, el director de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá, Gonzalo Barrios, señaló que los residentes están en todo su derecho de presentar los recursos legales que consideren pertinentes.

Aclaró que no le compete a la Alcaldía determinar si una determinada propiedad se toma o no terrenos del Estado.

Según el funcionario, “las fincas tienen su debida titulación y su registro de propiedad ante el Registro Público, y nosotros tenemos que aceptar el proceso como bueno”.

En relación con el estatus de los proyectos Ocean Front y Sea Point en la Dirección de Obras y Construcciones, Barrios aseguró que ambos han cumplido con todos los requisitos necesarios respecto a los permisos para movimiento de tierra, revisión de planos, entre otros.

EN REGLA

Para los abogados que representan a las compañías promotoras de ambos proyectos, la posición de los residentes es “intransigente”.

El abogado Jorge Gavrilidis, de Pacific Hills, promotora de Ocean Front, rechazó las acusaciones de los vecinos e indicó que “nuestra posición siempre ha sido la misma: no estamos invadiendo espacio marítimo ni tomando la servidumbre y así ha quedado en evidencia una vez más”.

En tanto, Luis Carlos Vidal, abogado de Desarrollo Bahía de Sea Point, se mostró inconforme con la actuación de los funcionarios de la Anati, “que actuaron de manera arbitraria, pues en ningún momento nos notificaron de manera oficial respecto a las mediciones y al proceso que se estaba realizando”.

Al mismo tiempo, añadió que “una vez más se ha demostrado ante las autoridades que todo lo hecho es legal”.

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