NORMAS AMBIENTALES

Realizarán cambios a los estudios de impacto ambiental

La administración pasada llevó a cabo varios cambios a los procesos de los EIA, para reducir la consulta pública.

La evaluación en Panamá es bastante frágil

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La construcción de rellenos en Juan Díaz, sin la debida consulta pública, es un ejemplo que plantea la población para reclamar que se están violando los estudios ambientales.  La construcción de rellenos en  Juan Díaz, sin la debida consulta pública, es un ejemplo que plantea la población  para   reclamar que se están violando los estudios ambientales.
La construcción de rellenos en Juan Díaz, sin la debida consulta pública, es un ejemplo que plantea la población para reclamar que se están violando los estudios ambientales. LA PRENSA/Roberto Cisneros

Tanto organizaciones ambientales como autoridades y empresarios reconocen que el sistema de evaluación de impacto ambiental requiere mejoras. 

Datos estadísticos del Ministerio de Ambiente precisan que entre 2005 y 2015 ingresaron a la entidad para su revisión 12 mil 959 estudios de impacto ambiental (EIA), de los cuales, 9 mil 472 fueron aprobados.

No obstante, en los últimos años se ha ido desvirtuando e incumpliendo con los objetivos para los que fue creado este instrumento hace casi 20 años: evitar impactos negativos al ambiente durante el desarrollo de una construcción o proyecto.

Casos como la disposición de rellenos en el corregimiento de Juan Díaz sin la debida consulta pública, y que posteriormente ocasionan inundaciones en la zona, son utilizados como ejemplos por la población para reclamar que se están violando los estudios ambientales.

Frente a ello, el Ministerio de Ambiente creó una comisión asesora que apoya los futuros cambios al Decreto No. 123, el cual regula el tema de los EIA. La integran empresarios, ambientalistas y autoridades.

La evaluación ambiental en Panamá data de hace casi 20 años, por lo que expertos en el tema consideran que debe ser actualizada

El director Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, Manuel Pimentel, explicó que esperan, entre septiembre y octubre, tener una propuesta que será sometida a consulta pública. “Luego de casi 20 años de uso, surge la necesidad de adecuar este instrumento, considerando tanto la realidad actual como la próxima década del proceso de desarrollo sostenible, incluyendo los contextos y nuevas evidencias provistas desde la experiencia internacional”, agregó el funcionario.

De acuerdo con Pimentel, lo que buscarán con los cambios es asegurar procesos participativos y más eficientes que minimicen los conflictos por obras, proyectos o actividades que generan impactos al ambiente.

Durante la pasada administración también se hicieron cambios al proceso de aprobación de los EIA, pero con el fin de dejar un escaso margen de tiempo para la consulta pública.

Por ejemplo, en algunos casos solo dejaron una semana para hacer observaciones a los estudios ambientales, cuando para el año 2006 el período de consulta pública para un estudio de impacto ambiental tardaba, mínimo, 20 días. Eso fue bastante criticado por los defensores del medio ambiente.

Susana Serracín, miembro del Centro de Incidencia Ambiental, manifiesta que la modificación debe hacer énfasis en la participación ciudadana, ya que las comunidades son las principales impactadas por determinada construcción. “Las comunidades deben estar enteradas para que su opinión sea vinculante”, puntualizó.

A la vez, sugirió que las consultas que forman parte de un estudio ambiental se hagan en el idioma de la comunidad, porque muchas obras se desarrollan en pueblos indígenas.

Uno de esos casos es Barro Blanco, donde sus pobladores son ngäbe–buglés. Ese proyecto mantiene enfrentados a parte de esa población y las autoridades.

Mientras que el activista y exdirector de Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente Harley Mitchell (hijo) sostiene que esta reforma debe buscar cambiar el pensamiento de los promotores. “Un EIA no es un permiso para dañar el ambiente”, manifiesta.

También recomendó que la categoría de un estudio ambiental debe ser establecida luego de su evaluación o revisión por parte de las autoridades y población.

La categoría I se refiere a proyectos que no conllevan riesgos ambientales significativos, mientras que la categoría II hace referencia a las obras que pueden ocasionar impactos ambientales negativos de carácter significativo, pero que pueden ser mitigados con medidas conocidas y de fácil aplicación. En la categoría III, los impactos ameritan un análisis más profundo.

Natalia Young, representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa en la comisión que discute este tema, subrayó que después de tantos años de aplicación del instrumento de evaluación de estudio de impacto ambiental hay que hacer mejoras en eficiencia del proceso de evaluación, calidad de contenido de los estudios y la fiscalización de lo aprobado para que realmente se cumpla el objetivo de prevenir, reducir y compensar los impactos. 

“Lo importante es que todos (sector privado, gubernamental y sociedad civil) coincidimos en que se debe mejorar el proceso”, añadió.

La evaluación en Panamá es bastante frágil

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son los mecanismos que tiene el Estado y la sociedad para conocer y enfrentar los efectos negativos sociales y ecológicos que tenga un proyecto o actividad económica.

Desde la simple ganadería de potreros, hasta la biotecnología de organismos genéticamente manipulados, todas las actividades humanas tienen un impacto ambiental. 

La lógica de los EIA es darle al promotor de la actividad el conocimiento para que tome conciencia de los perjuicios que causa, a la vez que los reguladores y las comunidades adquieren la información para la toma de decisiones sobre ese proyecto o iniciativa.

La evaluación de los EIA en Panamá es sumamente frágil, y como lo demuestran las situación de Barro Blanco, las inundaciones de Juan Díaz, la devastación de la laguna de Matusaragatí, por solo mencionar algunos ejemplos, el proceso institucional y la participación ciudadana son los grandes talones de Aquiles de este instrumento de gestión ambiental.

En nuestro país, no se exige nada en los EIA sobre el cambio climático, ni se contemplan los efectos sobre el consumo energético, la huella hídrica, la producción de residuos, o la identidad sociocultural y el bienestar psicológico de las comunidades.

El proceso de revisión en curso liderado por el Ministerio de Ambiente debería ser más consecuente con la realidad ambiental del país.

En Colombia por ejemplo, la tarifa que cobra el Estado por los EIA es un porcentaje del costo total del proyecto, lo que permite contratar a los mejores especialistas y realizar una verdadera consulta ciudadana. En Costa Rica, el uso de planes de ordenamiento territorial ha permitido restringir actividades sumamente nocivas a las comunidades y ecosistemas, a la vez que se ha alineado a todas las instituciones del Estado para alcanzar metas de sostenibilidad ambiental.

Es precisamente en este último aspecto, donde el gobierno panameño presenta su peor cara. No hay coordinación ni toma de conciencia entre las distintas agencias y entidades públicas.

Por ejemplo, la servidumbre que exige el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para las quebradas y riachuelos es mucho más pequeña que la que pide el Ministerio de Ambiente. Los constructores le hacen caso al MOP e ignoran a Mi Ambiente. 

La perspectiva ambiental de Panamá es crítica, y la presente generación deberá definir la hoja de ruta que nos permita garantizar que tenemos agua, alimentos y ecosistemas sanos en el presente, y por supuesto para el futuro.

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