DERECHOS HUMANOS

Repudian amenazas a activistas; piden la intervención de autoridades

La dirigente Magaly Castillo hizo un llamado a las entidades para que actúen sobre los intentos de intimidación contra defensores de los derechos humanos.

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Magaly Castillo (Red de Derechos Humanos de Panamá), Edgardo Reyes (abogado de los residentes de Coco del Mar) y María Chávez, de la Red Ciudadana Urbana. Magaly Castillo (Red de Derechos Humanos de Panamá), Edgardo Reyes (abogado de los residentes de Coco del Mar) y María Chávez, de la Red Ciudadana Urbana.
Magaly Castillo (Red de Derechos Humanos de Panamá), Edgardo Reyes (abogado de los residentes de Coco del Mar) y María Chávez, de la Red Ciudadana Urbana. LA PRENSA/Rosalía Simmons

Varios grupos de la sociedad civil organizada expresaron este martes 29 de noviembre de 2016 su repudio a las amenazas contra defensores de los derechos humanos en el país.

La Red de Derechos Humanos de Panamá, la Red Ciudadana Urbana y la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar efectuaron este martes 29 de noviembre un pronunciamiento en conjunto sobre dicha situación y pidieron la intervención directa de las autoridades de gobierno frente a este tema.

Magaly Castillo, miembro de la Red de Derechos Humanos de Panamá, indicó que ya son muchos los casos de intimidación contra los defensores, pero no ha habido un pronunciamiento formal por parte de las autoridades. "Hay que poner un alto", indicó Castillo, quien exigió al Ministerio de Gobierno y al Ministerio Público a que actúen de manera pronta y oportuna.

Entre los casos que se han denunciado se encuentra el de Ligia Arriaga, quien tuvo que abandonar el país mientras luchaba por la protección del humedal Laguna de Matusagaratí. También el de la activista Larissa Duarte, en la provincia de Veraguas, quien defiende el río Cobre, así como los miembros de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, que enfrentan una demanda civil millonaria por oponerse a la construcción de un edificio que consideran “incumplía” normas urbanas.

"Estos son casos de acoso y persecución a activistas que solo piden a las instituciones que funcionen”, subrayó Castillo en conferencia de prensa. Añadió que es preciso establecer un protocolo de atención a estos casos, lo que es vital en el país.

María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana, dijo que a pesar de estas acciones "no nos van a intimidar ni callar”.

En tanto, Edgardo Reyes, abogado de los residentes de Coco del Mar, cuestionó que a través de las acciones judiciales se busca intimidar a los ciudadanos.

"Es una forma de criminalizar a los defensores de los derechos de los ciudadanos", afirmó. Por ello, reiteró sobre el llamado solidario que se hace para defender a los activistas.

El defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, ha dicho que le "inquieta" este tema, por lo que sostendrán un encuentro con los relatores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2 de diciembre.

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