Locales
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El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) instó al Gobierno a detener el uso de la fuerza en la Comarca Indígena Ngöbe-Buglé y las Provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, y a iniciar un diálogo que tenga como punto de partida el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de San Félix, al tiempo que deploró la decisión de recurrir al uso de la fuerza para reabrir la carretera Interamericana.
A través de un comunicado, el Ciam recordó que los acuerdos firmados el 27 de febrero de 2011 -tras los disturbios de los trabajadores bananeros de Bocas del Toro en rechazo a la Ley 30 ó 9 en 1 que modificó tres Códigos y que dejó como saldo muertos, cientos de heridos y millonarias pérdidas materiales- incluían "crear una ley que prohíba explícitamente la exploración, explotación de la minería en la Comarca y la protección de los recursos hídricos y ambientales de la Comarca".
Recalcan que lo señalado en ese acuerdo se recogió en el Proyecto de Ley 415, producto de las negociaciones posteriores a la derogación de la Ley 8 de 2011, que reformó el Código Minero.
La organización se muestra a favor de las exigencias de los Ngöbe-Buglé para que la Asamblea Nacional le dé trámite de urgencia notoria a dicho Proyecto de Ley, incluyendo el artículo 5, que cancela todas las concesiones mineras e hidroeléctricas existentes en la Comarca Ngöbe-Buglé, tal como se acordó en las referidas negociaciones.
"La continuación del uso de la fuerza frena cualquier esfuerzo por iniciar el diálogo. En tal sentido, nos hacemos eco de las palabras de Monseñor José Luis Lacunza, Obispo de David, quien manifestó esta mañana en un medio de comunicación que "el triunfo de la fuerza es el fracaso de la razón y el fracaso de la razón es el fracaso del ser humano", señala el comunicado.
La nota de prensa remitida también cuestiona la orden del Gobierno de suspender las comunicaciones vía teléfonos móviles en la zona de conflicto, sin que haya mediado una orden judicial y sin haberse hecho una declaratoria previa de estado de urgencia, algo que, señalan, viola los artículos 29 y 55 de la Constitución y 13.3 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada mediante Ley 15 de 1977.
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