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El Decreto Ejecutivo No. 6 del 23 de enero de 2012, que modifica el decreto 3 de marzo de 1980 y que fija el salario mínimo en las actividades canaleras relacionadas con la ampliación de la vía acuática, fue promulgado hoy en la Gaceta Oficial.
El documento fue firmado por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral encargado, Darío Falcón.
Para Saúl Méndez, el decreto promulgado no llena las expectativas de las peticiones de los trabajadores. Incluso, dijo que hay un “descontento” generalizado en las bases, pero se tuvo que aprobar dadas las circunstancias y porque el Gobierno no les dio otra salida.
AJUSTE SALARIAL
En el decreto anterior, de marzo de 1980, se establece un salario mínimo de $2.90 por hora para los trabajadores del área del Canal de Panamá, incluyendo los de la construcción.
Mediante el decreto recién promulgado, se fijan nuevas tasas de salario mínimo “únicamente para los trabajadores que laboran en el proyecto de construcción del Tercer Juego de Esclusas”.
Las nuevas tasas serán: $3.34 por hora para los ayudantes generales (15% de aumento); y para la mano de obra calificada regirá 12.5% de aumento por hora sobre los salarios pactados en contratos de trabajo o convenciones colectivas vigentes.
Lo anterior fue precisamente lo que se anunció el pasado sábado, 21 de enero, cuando los trabajadores de Grupo Unidos por el Canal (GUPC) –que construye el complejo de esclusas–, llegaron a un acuerdo con el Gobierno, en presencia de los representantes del consorcio.
Los salarios mínimos señalados –se aclara en el decreto- “regirán únicamente para los trabajadores de la construcción del tercer juego de esclusas, por el periodo que resta hasta la fecha en que concluya esa construcción. El decreto comenzó a regir a partir de su promulgación.
Sobre este tema, el consorcio GUPC dio a conocer un comunicado el pasado fin de semana que aplicará el ajuste salarial tras la promulgación del citado decreto.
Sin embargo, como existe una cláusula en el contrato con GUPC, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está obligada a asumir el 100% de cualquier ajuste salarial por cambio de ley.
En este caso, la modificación al decreto podría costarle a la entidad aproximadamente $50 millones, que deben salir del dinero de contingencia que la ACP separó para el programa de ampliación.
En el video que acompaña esta nota encontrará más detalles sobre la posición de los trabajadores así como el asunto de los pagos pendientes por los días que estuvieron en huelga.
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