Unos 30 obreros del Suntracs detenidos fueron trasladados a La Joya

LA PRENSA/Archivo

Saúl Méndez anunció para la próxima semana acciones de protesta.

Los 30 obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) que fueron retenidos este sábado, 4 de febrero, en horas de la mañana, por miembros de la Policía Nacional (PN) fueron trasladados al complejo penitenciario La Joya. Saúl Méndez, dirigente del Suntracs, confirmó la información, al tiempo que cuestionó que la medida se realilzó sin que mediara orden de autoridad competente.

Una fuente oficial confirmó que los 30 detenidos fueron trasladados a La Joya, sin embargo, Antonio Vargas, uno de los representantes legales del Suntracs, manifestó a prensa.com que la PN no les ha confirmado oficialmente el traslado, aunque ellos saben que los tienen “prisioneros, sin ningún cargo o justificación legal”.

Vargas, quien manifestó estar sumamente preocupado por la integridad física de los detenidos, aseguró que en el momento en que Rafael Rodríguez, Genaro López Bultrón y él -todos abogados del Suntracs- solicitaron a información a la Policía, se les impidió el acceso a los obreros.

Vargas alegó que, en todo caso, lo que correspondía hacer era trasladar a los trabajadores a la corregiduría nocturna, al juzgado nocturno o a la fiscalía auxiliar.

Alrededor de las 7:40 a.m. de este sábado, unos 30 obreros del Suntracs fueron retenidos por agentes policiales, luego de que una protesta que realizaban en la vía Transístmica -en solidaridad con la situación de los indígenas Ngäbe-Buglé- fuera dispersada con gases lacrimógenos. Los obreros fueron llevados primero a la sub estación policial de Pueblo Nuevo, luego trasladados a la sede de la Policía en Ancón y, por último, llevados a la cárcel La Joya.

Según la información que los representantes legales del Suntracs manejan, a los obreros se les quieren imputar cargos criminales sobre la base de la Ley 14 del 13 de abril de 2010 -la denominada “ley carcelazo”-, que establece de seis meses a dos años de prisión para las personas que abusando de su derecho de reunión o manifestaciones, mediante el uso de la violencia impiden u obstaculizan el libre tránsito.

Vargas aseguró que de la forman en que se ha manejado la situación cabe la posibilidad de presentar acciones penales contra el ministro Seguridad, José Raúl Mulino, y el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, a quienes consideran responsables de las acciones ejecutadas. “Lo único que pedimos es que nos permitan hacer las acciones de defensa correspondientes, que la Constitución Nacional y la ley le permite a todo privado de libertad”, indicó Vargas.

Saúl Méndez, por su parte, aseguró a Prensa.com que esta situación es el reflejo de la actitud arbitraria del presidente de la República, Ricardo Martinelli, del ministro Seguridad, José Raúl Mulino, y del director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.

Ante este panorama, Méndez anunció para la próxima semana acciones de protesta que -advierte- ya han sido aprobadas por las bases. “Ya veremos hacia donde se dirige todo este problema”, sentenció.