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Salvar la CSS, reto ineludible

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Salvar la CSS, reto ineludible

La CSS ha venido siendo utilizada como botín político por todos los gobiernos. Irresponsable e infame han sido y son los abusos contra su existencia, aun siendo, como es, la mitad o más de la columna vertebral de este pequeño país. El tráfico de influencias nefastas desde todas las instituciones del Estado, así como la ineficiencia y la corrupción, constituyen la infamia más grave contra la vida de un pueblo sacrificado como el panameño, que vive de esperanzas traicionadas, clientelismo a sus propias expensas y abusos inmorales en todos los niveles de sus instituciones, salvo muy contadas excepciones.

Todos los gobiernos se han abrogado el derecho a manejar esta institución como si le perteneciera a su partido político o a su patrimonio personal. La basura que viene denunciando su actual director general, Dr. Alfredo Martiz, confirma parte de lo que son secretos a voces. El desorden y la irresponsabilidad descarada que existe en las cúpulas administrativas internas, como de otros funcionarios, resulta incalificable desde su repudiable junta directiva. Existen funcionarios profesionales y especialistas valiosos que se han ido contaminando con la extensión del cáncer que ataca todo el cuerpo de tan valiosa institución y ningún gobierno se ha interesado en salvar su existencia. Todos llegan a morder vorazmente parte del pastel. No les ha interesado y, por el contrario, patrocinan y hasta planifican cómo continuar sangrándola.

Es sabido que la CSS no debe seguir cargando con las responsabilidades del Estado. La figura de los “beneficiarios” debe ser eliminada, eso no corresponde a los asegurados cotizantes. Un “sistema integrado” solo adelantaría la desaparición de la CSS. Eso está demostrado en varios países de América Latina y es solo un recurso populista absurdo de políticos incapaces. Cada día aumentan las irregularidades con las que se trafica en la CSS. El número de “dependientes” de cada asegurado directo y su manejo, atentan contra la institución. Expertos y observadores conocen y denuncian que, hábilmente, extranjeros estudian formas de beneficiarse con tratamientos y cirugías costosas, ahora hasta en centros privados, al casarse hasta ficticiamente, según informes, con panameños(as) que pagan irrisorias cuotas de afiliación y no pagan por los “dependientes”, que tampoco tienen límites adecuados de edad, cantidad, ni servicios a prestárseles.

Los fondos de la institución están tan desgastados, inclusive porque, además, el Estado no paga a tiempo las cuotas de los empleados públicos que recargan sus dependientes. ¿Cómo pretende entonces “integrar” la CSS al sistema de salud si no cumple con sus obligaciones financieras? Según informes, ahora se ha puesto en práctica, que los cónyuges varones también son tratados y operados por cuenta de la CSS. Otra causa es que al “regularizarse” extranjeros que pagan cuotas irrisorias, tienen derecho a incluir “beneficiarios” que vienen con enfermedades crónicas, costosas de atender, por la falta o ineficiencia en la atención de salud en sus países. Según concepto de estudiosos del tema, la legislación vigente tiene grandes vacíos y fallas de las que se están aprovechando muchos, sin que la Asamblea de diputados, como parte de sus deberes, se haya ocupado en atender.

Al presidente de la República le corresponde respaldar el acertado nombramiento del Dr. Martiz como director general de la CSS. Igual, a los diferentes gremios decentes de la institución les corresponde actualizar y adecentar la conducta de muchos de sus miembros en materia de prestación de servicios y atención humanitaria, respetuosa, responsable y oportuna y no a la hora o cuando les venga en gana a algunos irresponsables. Los asegurados cotizantes no son pacientes de caridad y la existencia de la institución le garantiza a miles de funcionarios ingresos y beneficios. Deben darse las destituciones necesarias y procedentes. La planilla no puede continuar como está. Nada de privatizaciones, ni siquiera disimuladas. Hay que hacer justicia a los jubilados, cuyas pensiones deben ser reajustadas anualmente por las subidas del costo de vida, lo que a la vez contribuye con la economía del país. El actual presidente y los diputados tienen una gran responsabilidad y oportunidad de hacer patria y cumplir con sus deberes. No habrá costo político, al contrario, beneficios para todos, y aunque lo hubiese, deben cumplir con el país nacional y con sus conciencias personales.

El autor es periodista- analista internacional

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