SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Sobre la detención preventiva: Carlos M. Herrera Morán

La detención preventiva, como medida cautelar, es la que más afecta la libertad corporal debido al encierro de quien aún no ha sido declarado culpable, por estar constitucionalmente en situación jurídica de inocente. Eso, sin dejar de tener en cuenta los sufrimientos morales, físicos (a riesgo de la salud y la vida de los reos) y los perjuicios materiales que ocasiona.

La detención preventiva colisiona frontalmente con el artículo 22 de la Carta Magna, que proclama: “...las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa...”.

Indubitablemente la detención preventiva en nuestro sistema penal viene a convertirse en una pena anticipada. El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, reconoció este esperpéntico drama social, al admitir “que el 60% de los 17 mil 500 detenidos están sin juicio”. Estos presos sin condena llevan varios años de estar privados de su libertad.

El pasado 2 de septiembre entró en vigencia el sistema penal acusatorio (SPA), en el Primer Distrito Judicial de Panamá. El Código Procesal Penal, que contiene el nuevo modelo de enjuiciamiento, establece en su normativa claras disposiciones que limitan la duración de la detención preventiva. El artículo 12 y 237 de dicho cuerpo de leyes preceptúa: “la detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. La detención provisional no puede exceder de un año, excepto en los supuestos señalados en este Código”.

Como se observa, diáfanamente, a partir de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio el límite máximo de la detención preventiva es de 365 días, salvo los casos complejos, lo que indica una importante garantía judicial cónsona con la presunción de inocencia. La Constitución Política y la Convención Americana de los Derechos Humanos (Ley 15 de 1977) establecen el principio de que “toda persona es igual ante la ley” y, por lo tanto, nadie puede ser objeto de discriminación. En consecuencia, a nuestro entender, las normas del nuevo SPA son de aplicación universal, es decir para todos los reos, en materia de restricción de la libertad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado que “la prorrogación excesiva de la detención preventiva vulnera la presunción de inocencia” (Sentencia del 12 de noviembre de 1997, CIDH).

Además, en el artículo 46 de la Constitución Política se establece que “en materia criminal la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada”. El estatuto fundamental no distingue entre normas adjetivas (procesales) y normas sustantivas (define los delitos tipo penal); el principio de favorabilidad y de retroactividad es ilimitado en materia criminal.

El artículo 32 del Código Civil que trata de la aplicación de normas adjetivas es de inferior jerarquía que la disposición constitucional en comento, por lo tanto, no aplica al tema en referencia. Adicionalmente, tenemos que el artículo 21 del SPA, que hace relación con la interpretación jurídica, indica que “las disposiciones de este Código que restrinjan la libertad de la persona investigada e imputada y las que limiten sus derechos fundamentales serán aplicadas de modo restrictivo”.

Por último, tenemos que las leyes que suspendieron la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y en las comarcas indígenas (Ley 66 de 2011 y Ley 8 de 2013), de manera taxativa excluyeron del ámbito de aplicación temporal en esa región judicial, “la aplicación del segundo párrafo del artículo 12 y el último párrafo del artículo 237 del Código de Procedimiento Penal”, a pesar de que sí estuvo vigente, desde 2011, el resto de las garantías, principios y reglas contenidas en el título I, capítulo I, del libro I del sistema penal acusatorio, en todo el territorio nacional.

Ambas leyes prorrogativas establecieron “que estas disposiciones entrarán en vigencia el 2 de septiembre 2016”. En consecuencia, no cabe la menor duda de que las normas que limitan a 365 días la detención provisional están vigentes, y rigen para todos los privados de libertad que están en las cárceles, sin juicio y sufriendo una pena anticipada.

Como sentenció el Hoy por Hoy de La Prensa (18 de septiembre de 2016, “la mesa está servida para otra controversia relacionada con la endeble justicia panameña”.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Destacados

Lo último en La Prensa

TERREMOTO DE 7.1 GRADOS Suben a 224 los muertos por terremoto en México

Labores de rescate. Labores de rescate.
Labores de rescate. AP

Los muertos por el terremoto que este martes sacudió al centro de México subieron a 224 tras confirmarse que suman 117 ...

CADENA NACIONAL Presidente de México pide calma tras 'dura y muy dolorosa' prueba

Enrique Peña Nieto, presidente de México (centro). Enrique Peña Nieto, presidente de México (centro).
Enrique Peña Nieto, presidente de México (centro). Tomada de Twitter @PresidenciaMX

El presiente mexicano Enrique Peña Nieto pidió el martes en la noche a sus compatriotas mantenerse en calma tras el terremoto ...