El Ejecutivo ha quedado en evidencia, sostiene Gómez

Para la exprocuradora Ana M. Gómez quedó al descubierto que “no se mueve nada en el poder Legislativo, que ha dejado de ser poder, precisamente por una sumisión cómplice, sin que no se defina en el Ejecutivo".

“Ante las pruebas no hay debate. Se acabaron las argumentaciones. Yo creo que el poder Ejecutivo ha quedado en evidencia por la sumisión tan cómplice que ha tenido y tienen los diputados y en este caso su propio Presidente, al solicitar autorización para hace algo que le cabe por derecho propio”. 

Así se pronunció este sábado, 19 de mayo, la exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, sobre la solicitud hecha por el presidente del Legislativo, Héctor Aparicio, al Órgano Ejecutivo para aprobar contratos por servicios profesionales suscritos por la Asamblea. 

“Creo que ya el que no quiera ver la realidad, no quiere entender lo que se está viviendo” agregó la exprocuradora. 

En la carta -remitida el 11 de abril de este año al ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu- Aparicio dice que, cumpliendo con lo estipulado en la nota DIPRENA/CIRCULAR 04 del 25 de enero de 2011, le envía “para el correspondiente análisis y evaluación de la viabilidad, por parte del Órgano Ejecutivo, los contratos por servicios profesionales suscritos por la Asamblea que a continuación detallo”. 

Para Gómez este documento deja al descubierto que “no se mueve nada en el poder Legislativo, que ha dejado de ser poder, precisamente por una sumisión cómplice sin que no se defina en el Ejecutivo". 

La divulgación de ese documento “pone en evidencia al señor Papadrimitriu respecto a quien está tomando las decisiones en la articulación política que se da desde las estrategias montadas en el Ejecutivo para que actúe el poder Legislativo". 

El documento en cuestión, agregó Gómez, “es la prueba fehaciente de que hay una fragilidad institucional y el que no quiera ver la crisis es porque no entiende dónde está viviendo o porque está protegiendo sus propios intereses”. 

Por las siglas DIPRENA, se presume que la circular proviene de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Se conoció que esta entidad, basada en la ley de presupuesto, exige el aval del Ejecutivo para contratos superiores a los 2 mil dólares. Pero hay otro artículo de esa misma ley que exceptúa al Legislativo de esta norma.

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