Frente Jurídico del PRD pide cárcel para Gustavo Pérez

Los abogados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) solicitaron que el exdirector de la Policía Nacional sea indagado, suspendido de su cargo público y se le decrete detención preventiva.
Zulay Rodríguez, Joaquín Vásquez y Víctor Bustamante a su llegada al Ministerio Público.

El Frente Jurídico del Partido Revolucionario Democrático presentó la mañana de este jueves, 22 de marzo, una demanda penal en contra del exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez por haber cometido un delito en contra de la personalidad interna del Estado. 

Según el documento presentado por los abogados Víctor Bustamante, Zulay Rodríguez y Joaquín Vásquez, al negarse el actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional a acatar el proyecto de ley que crea un Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria para los estamentos de seguridad, aprobado en Consejo de Gabinete, violó el artículo No. 435 del Código Penal.

El artículo establece que “quien impida la formación, el funcionamiento o la renovación de alguno de los Órganos del Estado en los términos y las formas que establece la Constitución y la ley o no cumpla con el deber de poner la fuerza pública a disposición del gobierno constitucional será sancionado con prisión de cinco a diez años”.

“Solicitamos que se investigue a Pérez, se le indague y se le decrete detención preventiva por haber incurrido a la violación del delito genérico contra la personalidad jurídica del Estado que tiene pena mayor de cuatro años de prisión”, precisó Bustamante, miembro del Frente Jurídico del PRD, luego de interpuesta la demanda ante del Ministerio Público.

Por su parte, Rodríguez, dijo que el Frente Jurídico espera “que el Procurador admita la denuncia, lo llame [Gustavo Pérez] a declarar, lo suspenda y lo detenga de inmediato, porque así como tiene celeridad el Procurador para investigar a los críticos y a los opositores y ordenar medidas cautelares contra de las personas que se pongan al actual Gobierno, así mismo tiene la obligación de aplicar la ley a los funcionario de cambio democráticos”.

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