Reiteran que demandarán a Panamá por caso María del Pilar Hurtado

Las víctimas de los procesos de escuchas telefónicas ordenados por la exjefa del DAS, María del Pilar hurtado, presentarán el próximo 23 de marzo una demanda internacional contra el Estado panameño.
El abogado Luis Guillermo Pérez Casas (Izq.) estuvo recientemente de visita por Panamá. El abogado Luis Guillermo Pérez Casas (Izq.) estuvo recientemente de visita por Panamá.
El abogado Luis Guillermo Pérez Casas (Izq.) estuvo recientemente de visita por Panamá.

El secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), Luis Guillermo Pérez Casas, se manifestó este viernes sorprendido de las declaraciones que diera el canciller panameño Roberto Henríquez en cuanto a que el asilo otorgado a la exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, María del Pilar Hurtado, es un “caso cerrado”. 

“Me sorprenden las declaraciones del canciller (Henríquez) porque parece ignorar que en la Corte Suprema de Panamá existe una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto por el cual el presidente [Ricardo] Martinelli le otorgó ese asilo irregular a María del Pilar Hurtado”, aseveró. 

Incluso, el secretario de la Fidh reiteró que una demanda internacional será interpuesta contra el Estado panameño, por parte de las organizaciones conformadas por víctimas colombianas de las intervenciones telefónicas y las cuales fueron ordenadas por Hurtado. 

Esto será el próximo 23 de marzo, durante la primera sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que pudiera traerle consecuencias al gobierno panameño, agregó. 

Según el abogado, la Cancillería de Panamá tendrá que rendir cuentas de cómo se ha utilizado una figura, que es para proteger a víctimas de persecución política, para concedérsela a alguien que ha cometido violaciones graves a los derechos humanos. 

"Panamá no puede convertirse en un instrumento de impunidad para albergar criminales de distinto lugares del mundo”, puntualizó en RPC Radio

El pasado 3 de febrero Panamá rechazó la solicitud de extradición que presentó el gobierno colombiano, al considerar que no es viable a la legislación panameña y al acuerdo bilateral de extradición.

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