DOS INVESTIGACIONES, UN ESCÁNDALO

Caso Financial Pacific, en manos de la Corte

El máximo órgano de justicia se ha tomado dos meses para definir el amparo de garantías, cuando la ley establece un término de dos días.

FIGURA. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, admitió un polémico amparo de garantías presentado por FP. LA PRENSA/Archivo FIGURA. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, admitió un polémico amparo de garantías presentado por FP. LA PRENSA/Archivo
FIGURA. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, admitió un polémico amparo de garantías presentado por FP. LA PRENSA/Archivo

El 6 de noviembre de 2012 Alejandro Abood recibió una notificación de la Corte Suprema de Justicia.

El superintendente del Mercado de Valores se dio por enterado de que la Corte había suspendido el proceso de reorganización ordenado en la casa de valores Financial Pacific (FP).

Alejandro Moncada, el presidente del máximo órgano de justicia, había admitido el amparo de garantías interpuesto por FP y con ello dejó sin efecto la reorganización de la casa de valores emitida el 16 de octubre de 2012.

Abood debía cumplir con el mandato de Moncada en un término de dos horas, tal como se lo exige la ley.

De esta manera los directivos de la casa de valores, West Valdés e Iván Clare, asumían nuevamente el control de la empresa.

Hoy hace 60 días calendario de aquella notificación. Desde entonces la Corte no ha emitido fallo alguno resolviendo el amparo de garantías, a pesar de lo dispuesto en el artículo 2624 del Código Judicial. “Cumplido por el funcionario o corporación el requerimiento, el Tribunal fallará dentro de los dos días siguientes denegando o concediendo el amparo”.

La postura de Moncada sorprendió al mercado de valores. Con esto existía -según expertos en la industria- la posibilidad de alterar o destruir información sobre los movimientos y cuentas de FP.

Las organizaciones más representativas de este sector exigían a la Corte que dejara actuar a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en el proceso de reorganización.

“Lo más importante es que la Corte se pronuncie sobre el amparo y permita una investigación plena del regulador de valores”, precisó Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá.

La reorganización fue decretada tras encontrarse varias irregularidades en la empresa.

Un faltante de entre 12 millones y 14 millones de dólares, incongruencias en los estados financieros y configuración de plazos fijos como parte de su actividad primaria, operación que está al margen de lo permitido por la ley de valores.

Para Abood, “en estos temas, así como [la Corte] tiene prioridad en la admisión, debe tener prioridad en la resolución”.

Los actores de esta industria creen que debía terminar el proceso que inició la Superintendencia para la tranquilidad del sistema y la protección de los inversionistas.

“El procedimiento de amparo es breve por la protección urgente de intereses”, comenta Carlos Barsallo, exdirector de la fallida Comisión Nacional de Valores (Conaval).

La casa de valores acudió a la Corte Suprema de Justicia porque consideró que era incongruente la orden de reorganización emitida por la Superintendencia.

En la acción formulada, FP señala a la SMV de haber impartido la orden de reorganización el 16 de octubre, y un día antes haber emitido la decisión de iniciar una investigación por presuntas violaciones a la ley de valores.

Pero desde marzo se habían iniciado las investigaciones administrativas sobre la casa de valores. De hecho, en agosto de 2012 un cliente denunció un indebido manejo en su cuenta de inversión.

En octubre, la Bolsa de Valores y LatinClear anunciaron que luego de una inspección rutinaria en FP, hallaron que no coincidía el saldo en efectivo registrado en las cuentas de inversión de los clientes con los saldos bancarios.

Se trataba de un descuadre, y para ese entonces ascendía a 7 millones de dólares. En otras palabras, eran notorias las diferencias entre los saldos consignados a favor de clientes, las inversiones realizadas y sus cuentas bancarias.

La versión de FP

De acuerdo con el recurso presentado por FP ante la Corte, a los representantes de la empresa “nunca se les ha otorgado la oportunidad del derecho de defensa, y la potestad de contradecir los hechos”.

FP sostiene que la reorganizadora designada, Maruquel Pabón de Ramírez, es “enemiga pública y manifiesta” de los directivos de la casa de valores.

La descalificación, según FP, se sustenta en que Pabón de Ramírez ocupó “en el pasado un cargo público en el cual se negó a conceder la licencia de casa de valores a nuestro favor”.

Pabón de Ramírez era comisionada de la Conaval cuando FP obtuvo su permiso para hacer transacciones en el mercado panameño de valores, el 31 de diciembre de 2003.

Antes de esa fecha operó sin el permiso del regulador. Se le concedió la licencia a cambio de pagar una multa de 20 mil dólares.

La sanción fue dictada por la junta directiva de la Conaval, integrada por tres miembros y entre los cuales se hallaba Pabón.

En la acción del amparo de garantías interpuesto ante la Corte, FP alude que en el proceso de reorganización efectuado por la SMV se designa a Pabón como representante legal de la casa de valores. “Facultad que la ley no permite a la Superintendencia del Mercado de Valores”.

Considerando estos argumentos, Moncada debía, una vez admitido el amparo y como ponente en el caso, redactar un proyecto de decisión y someterlo a la consideración de los otros magistrados que integran el pleno. Hasta el cierre de esta semana no se tenía conocimiento de la emisión del documento.

Con todo lo sucedido, Abood ve potenciales riesgos para la credibilidad del sistema.

Dijo que los inversionistas no pueden observar con buenos ojos que las empresas reguladas pasen por encima de lo que dictamina la Superintendencia.

En su análisis incluso va más allá y advierte de que el pleno de la Corte ni siquiera tenía que admitir el amparo.

La ley de valores establece los métodos que tiene una empresa regulada para recurrir a una orden como la reorganización, y estipula la prohibición de ordenar un efecto suspensivo. “ Y en este caso, haber ordenado el efecto suspensivo crea el precedente de decirle a los regulados la posibilidad de no sujetarse a la ley”.

El artículo al que hace referencia corresponde al 300 de la Ley del Mercado de Valores.

La parte interesada, es decir FP, podía interponer un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema. “Sin embargo, esta acción no suspendería los efectos de la resolución”.

De acuerdo con otros juristas que prefieren mantener su nombre en reserva, la suspensión de la reorganización es un “ disparate”.

Varios motivos sustentan la aseveración.

La ley de valores prohíbe suspender una resolución de esta naturaleza porque produciría perturbaciones graves al sistema financiero.

La prohibición rige para la Sala Tercera y es aplicable por analogía al pleno de la Corte como tribunal de amparo. Sostienen que es insólito que Moncada siendo integrante de esa sala contenciosa ignore eso.

Explicaron, además, que la jurisprudencia mayoritaria del pleno rechaza la admisibilidad de amparos contra actos administrativos, porque considera que las violaciones presuntas que hayan podido cometerse deben ser analizadas por la Sala Tercera.

Y se preguntan si detrás del caso no habrá intereses políticos.

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