DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMÁ

Conflicto de intereses y poca trayectoria centran el debate

No cesan las críticas a dos de los directivos del Canal, nombrados por el Ejecutivo el pasado martes 29 de enero.

VÍA ACUÁTICA. El Canal de Panamá ha aportado al país más de 7 mil millones de dólares desde que fue revertido en el 2000. LA PRENSA/Joniel Omaña VÍA ACUÁTICA. El Canal de Panamá ha aportado al país más de 7 mil millones de dólares desde que fue revertido en el 2000. LA PRENSA/Joniel Omaña
VÍA ACUÁTICA. El Canal de Panamá ha aportado al país más de 7 mil millones de dólares desde que fue revertido en el 2000. LA PRENSA/Joniel Omaña

El conflicto de intereses que representaría el nombramiento de Lourdes Castillo en la directiva del Canal de Panamá (ACP) generaría incertidumbre sobre la administración de la ruta acuática, incluso a nivel mundial.

Esta fue la lectura que le dio el exsecretario general de la Autoridad Marítima de Panamá Carlos Ernesto González De la Lastra a la designación hecha por el presidente, Ricardo Martinelli, el pasado 29 de enero.

Precisó que el nombramiento de Castillo “puede interpretarse como un rompimiento del esquema jurídico que los panameños ideamos para manejar el Canal de Panamá”.

Su intranquilidad la basa en la incompatibilidad de las relaciones que tiene Castillo con la industria marítima y las claras directrices de transparencia y conflicto de intereses enmarcadas en los reglamentos de la ACP.

´ES UN DESACIERTO´

El nombramiento de Castillo, indicó, “es un total desacierto. Están nombrando a una persona que tiene intereses creados y con un conocimiento marginal del sector marítimo. Nos encontramos con una situación sumamente delicada. Hay muchos sectores de la economía cuestionando esos nombramientos”.

Castillo es la representante legal de Naves Supply S.A., empresa que mantiene un contrato con Panamá Ports Company (PPC) para el procesamiento de basura de los barcos que atracan en la terminal portuaria.

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Ética y Conducta de la ACP, tanto los miembros de la junta directiva como los trabajadores del Canal no deberán “poseer intereses financieros que estén en conflicto con el desempeño de las funciones de su cargo”.

Además, señala que “no se buscarán ni llevarán a cabo trabajos o actividades fuera del empleo que estén en conflicto con los deberes y responsabilidades del cargo e intereses de la ACP”.

Ambas clasificaciones pondrían a Castillo frente a un conflicto de intereses, de acuerdo con analistas consultados que prefieren mantener reserva de su nombre.

Ellos observan con preocupación el hecho de que Castillo mantenga relación comercial con una compañía portuaria, justo en este momento en que la ACP está interesada en operar un puerto en el sector Atlántico.

“Definitivamente el nombramiento de Castillo representa conflicto de intereses. No solo por el servicio que se brinda en el puerto, sino porque sus clientes finales son los buques que pasan por el Canal”, afirmó González De la Lastra.

En 1994 se incorporó en la Constitución un título dedicado exclusivamente al Canal de Panamá y a la Autoridad del Canal de Panamá. Posteriormente, en 1997 se promulgó la Ley Orgánica con el propósito de proporcionar normas para su organización y funcionamiento.

La idea, recordó González De la Lastra, era crear una entidad separada de los procesos políticos panameños con capacidad administrativa, distinta al resto de las entidades del Estado y se hizo un sistema de rotación de directores para que no existiera ningún Presidente que controlara el Canal.

Pero lo más importante, dijo, era que quienes formarían parte de la junta directiva tenían que tener cualidades que le dieran tranquilidad a los panameños.

MIRADA INTERNACIONAL

Sin embargo, los cuestionamientos van más allá de los conflictos de intereses.

Guillermo Quijano, quien fue directivo del Canal hasta febrero de 2010, advirtió que teniendo en cuenta que el que mueve a la ruta interoceánica es la economía internacional, y no la local, en el exterior están muy atentos a cómo se está manejando en el país la vía marítima.

En este sentido, dijo, los nombramientos de los miembros de la junta directiva son el primer paso.

“Se requiere que el administrador actual [Jorge Quijano] tenga un apoyo de su junta directiva para encaminar todos los planes que se tienen en mente realizar para mantener al Canal en condiciones óptimas”, señaló.

Agregó que en esta oportunidad era necesario nombrar a un abogado, pues en la actualidad solo se cuenta con uno [Adolfo Ahumada], y ninguna de las tres personas que el Ejecutivo designó a través del Decreto 12 del 29 de enero de 2012 tiene esta profesión.

´ES BOCHORNOSO´

Jorge Eduardo Ritter, excanciller de la República y también exmiembro de la directiva del Canal de Panamá, es otro de los que cuestiona las designaciones de Castillo y Mizrachi en la directiva de la empresa más importante del país, porque, asegura, no se le conocen sus antecedentes profesionales.

“A ellos se les menciona solo su vinculación con el Presidente de la República. Su vinculación con los negocios del Presidente, con el Panamá América [caso de Mizrachi] a mí me parece que el ser socio del mandatario no es mérito suficiente para ser director de la Autoridad del Canal de Panamá”, destacó.

De Lourdes Castillo dijo: “No conozco nada distinto de haber sido beneficiada con contratos del Gobierno, o sea, que no tiene una trayectoria en el Canal y no le conozco opinión alguna sobre el Canal”.

Por el contrario, defendió el nombramiento del exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, de quien expresó que “tiene todos los méritos para ocupar el puesto”.

Por otro lado, ayer se publicó en Gaceta Oficial la resolución del Ejecutivo que decreta el nombramiento de los tres nuevos directivos.

El siguiente paso es su ratificación la próxima semana en la Asamblea Nacional.

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