Abogados de Vallarino aclaran noticia

20 DE JULIO

Ante la noticia aparecida en el diario La Prensa en su edición de hoy, jueves 16 de julio de 2015, referente a la declaración jurada rendida por el ingeniero Alberto Vallarino en su comparecencia ante el Ministerio Público aparecida en la página 8A con el título “Vallarino declara en caso Cobranzas”, su equipo legal desea hacer las siguientes aclaraciones puntuales:

1. El primer párrafo de la noticia en referencia, en el que se indica que “El exministro de Economía y Finanzas (MEF) Alberto Vallarino afirmó que no hubo ninguna objeción de los entonces viceministros Frank De Lima y Dulcidio De La Guardia cuando en 2010 se aprobó el contrato otorgado a Cobranzas del Istmo, S.A., (CISA) para el cobro de impuestos morosos del Estado”, es totalmente falso.

A la pregunta formulada sobre si “¿en ese lapso o período que usted dirigió el ministerio y los tres viceministros que hace referencia, alguno le mandó nota o documento a su despacho notificándole sobre algún aspecto relacionado con la figura de la tercerización u oponiéndose a su aplicación que usted recuerde? El ingeniero Vallarino contestó: no recuerdo”.

En ningún momento, el ingeniero Vallarino hizo señalamientos contra nadie en particular.

Lo que sí dejó claro fue lo siguiente:

La tercerización de cobros de impuestos, a través de gestores de cobros, fue aprobada por la Asamblea Nacional de Diputados mediante Ley 49 de septiembre de 2009.

En su concepto, el contrato se formalizó conforme a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 49 de septiembre de 2009, que reformó el artículo 1 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970 para permitirle a la Dirección General de Ingresos la contratación de gestores de cobro con vasta y reconocida experiencia en casos de morosidad que excedan de 12 meses.

El proceso de selección y calificación de los gestores de cobro correspondía a un equipo evaluador, en el que no participaba el despacho del ministro.

El contrato debía suscribirlo el director de la DGI, al igual que la ejecución del mismo.

La DGI contaba con autonomía administrativa, funcional y financiera, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 75 del 17 de julio de 2003.

Todo lo relacionado con la ejecución de cobros y el pago de comisiones por impuestos, correspondía a la DGI.

Sus respuestas sobre la materia han estado basadas en lo que establece la reglamentación y el contrato, y no sobre el proceso operativo interno para su ejecución.

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