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ASAMBLEA NACIONAL

Consultorías, un tema tabú

 El  expresidente del legislativo  Sergio Gálvez y la Contraloría General se negaron a dar información sobre el costo de las consultorías.

 Los diputados no solo utilizaron, sin restricción, más de $416 millones  en partidas circuitales, sino que gastaron en consultorías montos que no se han podido calcular  ante la falta de información  en el portal  ‘PanamaCompra’ y  la Asamblea.

 

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Temas:

Sergio Gálvez, diputado de la Asamblea Sergio Gálvez, diputado de la Asamblea
Sergio Gálvez, diputado de la Asamblea

Hablar sobre el gasto de consultorías en la Asamblea Nacional, entre 2009 e inicios de 2014, se convirtió en un tema tabú. Nadie quiso decir cuánto se presupuestó ni quiénes fueron los favorecidos con los contratos.  

Una búsqueda en el portal electrónico gubernamental PanamaCompra revela solo una parte de este secreto que trataron de mantener el entonces diputado presidente de la Asamblea por Cambio Democrático Sergio Gálvez y el ex secretario general de ese órgano del Estado Wigberto Quintero. 

El tema de las consultorías en la Asamblea tiene sus ironías. Una de ellas ocurrió en 2009, cuando comenzaba su gestión Ricardo Martinelli. 

La Asamblea contrató de forma directa –por un período de tres meses y por $47 mil– a la empresa SL Corporation para hallar deficiencias y el “posible mal uso de los recursos institucionales”. 

El contrato –hecho a un promedio de $15 mil 750 mensuales– se justificó alegando que el mal uso de los recursos produce “costos de no calidad [sic]”. Es decir, fue una contratación directa para saber sobre un posible mal uso de recursos institucionales y pasados cinco años, el reporte de los hallazgos es todo un misterio.  

En febrero de 2014, La Prensa solicitó, a través de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia), información detallada de estos contratos, así como los informes entregados. Pero Gálvez se acogió a una prórroga de 30 días que le otorga la norma, aduciendo que el responsable de la información estaba de vacaciones. Pasado el tiempo, Gálvez ya no respondía ni las llamadas telefónicas.  

Casi nada es lo que la Asamblea subió a la página de PanamaCompra durante el último quinquenio. El valor de estos contratos de consultorías alcanza $1.2 millón, todos suscritos entre agosto de 2009 y diciembre de 2012. De los otros años no se encontraron registros.  

¿Se detectó mal uso de los fondos públicos? ¿Qué hallazgos detectaron las consultorías contratadas? ¿A cuánto asciende el fondo presupuestado para este renglón? ¿Qué proyectos se han realizado como resultado de estos informes? Ninguna de estas interrogantes fueron respondidas. 

FUNCIONARIO EMPRESARIO

Entre las consultorías de la Asamblea también se encuentra la autorizada, en 2011, por el entonces diputado presidente del legislativo Héctor Aparicio, a la empresa Inversiones Gratelvi.

El propósito de la contratación era hacer un “sistema de costos y administración para la presentación del presupuesto de la Caja de Seguro Social” en la Asamblea.

En el informe oficial de contratación no se mencionan las razones por las que la Asamblea pagó más de $48 mil por esos servicios o cuáles eran los problemas que enfrentaba la institución.

Bajo la misma administración se contrató por $153 mil a la empresa 90 Grados, inscrita en el Registro Público en mayo de 2009. El contrato directo se dio un año y cinco meses después de su inscripción.

La tarea asignada era analizar “la situación actual y necesidades” de los procesos de gestión documental de ese órgano.

De acuerdo con un informe de la Contraloría, esta empresa –desde que se creó– solo ha recibido pagos de la Asamblea Nacional.

En el aviso de operación de 90 Grados –emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias– se observa que la empresa se dedica a la distribución y venta de equipos de telecomunicación, construcción en general y a alquilar equipo para la construcción. Nada dice sobre consultorías. Se intentó localizar a estos empresarios, pero el número de teléfono aportado a la Asamblea está desconectado.

Un caso singular es el de una funcionaria contratada como consultora. Este contrato fue otorgado a la sociedad Ferse, constituida en septiembre de 2010. A esta se le adjudicaron $49 mil 500 para “orientar a determinadas secretarías y comisiones legislativas”.

La presidenta de Ferse es Elka Segrega, quien era directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud al momento de la contratación. Pero, como en los casos anteriores, se desconoce la efectividad del servicio brindado.

La Prensa dejó reiterados mensajes y correos electrónicos a Segrega, a través de su secretaria, pero la entonces funcionaria prefirió guardar silencio.

UN MANUAL DE $280 MIL

Otro funcionario con contratos de consultorías fue Alfonso Carrasco, quien laboró en la Caja de Seguro Social (CSS) como jefe de Formación de Proyectos. En el contrato directo, de noviembre de 2011, suscrito con él, se indica que su propósito era diseñar el manual de políticas, normas y procedimientos para “la evaluación del desempeño de los servidores públicos de la Asamblea” (ver facsímil inferior). En el contrato se omite el tiempo de entrega del manual, aunque no su costo: $280 mil.

La Constitución Política, en su artículo 303, señala que “los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos especiales que determine la Ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo”.

Consultado Carrasco, afirmó que logró esta, su “primera” consultoría, por invitación del diputado Héctor Aparicio. Admitió que para elaborar el manual no tuvo necesidad de permanecer ni un día en el lugar, ya que “tenía dos enlaces: el jefe de Recursos Humanos y otra persona de esa misma sección”.

El manual, añadió, debía ser entregado en 45 días hábiles, es decir, a $6 mil 200 diarios. “Esto fue algo que se tuvo que hacer día y noche para poder cumplir”, dijo. Añadió que cuando obtuvo el contrato no estaba de vacaciones, pero que las pidió después, pues reconoce que es “prohibido” desempeñar puestos simultáneos.

Carrasco dejó de trabajar hace poco en la CSS.

¿CONFLICTO DE INTERÉS?

Al que nadie le echa cuentos sobre consultorías es al diputado de Cambio Democrático Carlos Afú. “De consultorías no me hablen a mí”, decía en mayo pasado, durante una reunión de la comisión de Presupuesto de la Asamblea. “Yo sí sé cómo se hacen las consultorías en este país... se prestan para todo”, reveló.

Y es que las consultorías representaron para el gobierno pasado un costo elevado. Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas revela que el Órgano Ejecutivo, en el gobierno de Ricardo Martinelli, gastó $285.3 millones, la mayoría por contratación directa a sociedades de reciente creación al momento de suscribir los contratos.

Uno de esos contratos fue otorgado por la entidad llamada a fiscalizar los fondos públicos: la Contraloría General de la República, cuya titular en ese momento, Gioconda Torres de Bianchini, pagó más de $151 mil a uno de sus asesores, Rodolfo López Santamaría, por trabajos de consultorías.

Los contratos se otorgaron desde junio de 2010, a través de la empresa Desarrollo Profesional Avanzado, inscrita en el Registro Público en febrero de 2010, cuando López Santamaría viajaba por el mundo con la contralora como asesor (ver facsímil superior).

Consultada Torres de Bianchini por este contrato y los procesos de auditorías en otras entidades para verificar el buen uso de los fondos públicos, predominó el silencio.

REACCIONES

Para el vicepresidente de Transparencia Internacional, Carlos Gasnell, la falta de fiscalización de la Contraloría “ha sido aprovechada por las distintas instituciones para abusar”.

A su juicio, todas las consultorías en las que no se pueda justificar su necesidad, idoneidad y la experiencia de sus adjudicatarios, deberían ser revisadas.

Recordó que el gobierno de Martinelli modificó ocho veces la Ley de Contrataciones, pero sin eliminar “la excesiva libertad” para hacer contrataciones directas.

 

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