Página del lector_20130802

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LA PRENSA/Maydée Romero Sprang. LA PRENSA/Maydée Romero Sprang.
LA PRENSA/Maydée Romero Sprang.


[FOTODENUNCIA]

CEMENTERIO DE CAMIONES DE LA AUTORIDAD DE ASEO

En los terrenos del vertedero de cerro Patacón se encuentra un lote de camiones recolectores de basura dañados, mientras que en la ciudad capital hay constantes quejas porque no se recogen los desechos. Los vehículos son parte de la nueva flota de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario adquirida por la administración de Enrique Ho. El administrador Ho dijo a los periodistas que en los últimos dos años y medio se ha gastado alrededor de 155 millones de dólares en incrementos salariales, compra y mantenimiento de equipo.


La ciudad es un basurero

Parece que no hay manera de que la recolección de basura se logre hacer de manera eficiente. Sin duda, la nueva institución creada para ese efecto no ha logrado hacer el trabajo. Además de no recogerla, cuando lo hace, los funcionarios dejan un reguero de desperdicios en la calle o cerca del basurero. Qué fácil es darles recogedores y escobas y exigirles que no la dejen regada, pero parece que es mucho pedir.

Sin embargo, gran parte de la culpa la tenemos los ciudadanos. Nos falta cultura cívica, no nos importa ver la ciudad con desperdicios por todos lados. De vehículos sale volando basura, personas botan desechos al piso, aun estando cerca de un tinaco, tiran despojos en las quebradas y ríos y luego se quejan de inundaciones, que son causadas por ellos mismos.

De nada sirven las dedicadas señoras barrenderas, si detrás de ellas las personas vuelven a ensuciar al tirar desperdicios al piso. Un ejemplo entre muchos, fue la celebración del Día del Niño en el parque Omar. Asistí un rato para ver qué había y me impresionó la alfombra de basura por todos lados. A pesar de que un depósito cercano no estaba lleno, había desechos alrededor del recipiente. Urge una campaña bien organizada que incluya a los medios de comunicación, Ministerio de Educación, alcaldía, clubes cívicos y Policía Nacional. Un esfuerzo combinado. En cuanto al Ministerio de Educación, empezar desde kínder hasta sexto grado a enseñar a los niños el respeto y amor por su ciudad y a no ensuciar. La Alcaldía y la Policía, a multar a quien tire basura y obligarlos a recogerla. Clubes cívicos y medios de comunicación a hacer campañas de creación de conciencia ciudadana para ver si logramos una ciudad limpia.

JAIME MADURO CIUDADANO


Cuestionan legalidad de proyecto del PAN

“La mujer del César no solo debe ser honesta, sino además parecerlo”, cita una paráfrasis de Cayo Julio César. ¡Cuánta sabiduría encierra esta máxima y qué bien se ajusta al tema que desarrollaremos a continuación!

En mi calidad de vecina colindante del proyecto María Guadalupe (Los Ríos, Ancón), me permito referirme al artículo titulado “Polémico proyecto del PAN”, publicado en la edición del día 31 de julio en el diario La Prensa, sección Panorama .

Este proyecto del PAN, distinguido con el número 56274 por 308 mil 417 dólares para “Diseño y construcción del hogar María Guadalupe” (ver pan.gob.pa, en los proyectos de la provincia de Panamá), es una burda violación no solo a la zonificación del área (R1D1), sino a los requerimientos municipales que cualquier hijo de vecino está obligado a cumplir, puesto que demolió sin permiso (boleta 6979) y construye, igualmente, sin permiso (boleta 9349).

De lo dicho anteriormente se deduce como corolario que, por lo menos, en lo a que a su construcción se refiere, este proyecto no es legal, contrariamente a lo que de acuerdo con la publicación que nos ocupa haya señalado la doctora Ivonne de Martinelli, presidenta de la Fundación Ofrece un Hogar, según lo indica el sitio de la fundación en internet.

En cuanto a lo que manifestó el Ingeniero Municipal sobre el proyecto María Guadalupe a La Prensa, “no tiene todos los permisos para edificar, debido a que el proyecto aún carece de certificación de cambio de uso de suelo que debe emitir el Miviot [Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial]”.

Aquí, jugando un poco con la semántica, me veo en la obligación de aclarar que no es que “no tiene todos los permisos”, sino que no tiene ningún permiso. Entonces, ¿cómo pudo iniciar sin permiso? ¿Cómo puede continuar, sin permiso? ¿Puede algún panameño común y moliente permitirse el lujo de hacer algo así? Espero que no sean preguntas retóricas y que alguien se digne responder.

De igual manera, como es ilegal, ahora se quiere sacar de la manga la macalusia del cambio de zonificación (peste que cunde en casi todas las barriadas de la ciudad) para pasar la pelota al Miviot, que tampoco podría, en un país de derecho, cambiar el uso de suelo injustificadamente, violando las normas y principios de la Ley 6 de urbanismos, amén de las normas ambientales y de calidad de vida de la comunidad.

A falta de instituciones que respondan al clamor del pueblo, los ciudadanos nos vemos obligados a dirimir nuestros problemas ante los medios y, en un arranque desesperado, acudir al Consejo Municipal para pedir, cuando deberíamos exigir, que se haga cumplir la ley.

Por eso es que me parece atinada la máxima de Cayo Julio César, que en panameño sería algo así como “los funcionarios no solo deben ser honestos, sino parecerlo”...

Hay que terminar de satanizar a los quejosos endilgándonos carencia de sensibilidad social o pertenencia a un partido político. Hay que hacer cumplir la ley, y el PAN no está por encima de ella.

Hay que escuchar a los ciudadanos que designamos a nuestras autoridades para garantizarnos paz social, convivencia pacífica, no para restregarnos actuaciones maquiavélicas. El fin no justifica los medios: ciertamente, es una excelente obra social y debería erigirse en un lugar que tenga la zonificación apropiada en la actualidad.

Esa construcción debe detenerse por ilegal, y sus instalaciones tienen que ser aprovechadas para beneficio de los habitantes de la comunidad. Al menos, eso indica el letrero del PAN.

IVONNE CORREA VECINA DE LOS RÍOS


Aclaran despido en Defensoría del Pueblo

En relación con la noticia publicada en la página 3A de la edición del día 27 de julio de 2013, en la noticia titulada: “Mitil saca al alto mando de la Defensoría del Pueblo”, en la cual se hace referencia a las destituciones realizadas el día viernes 26 de julio de 2013 por el licenciado Javier Mitil, defensor del Pueblo (encargado), y se menciona mi nombre Rosa Hernández como directora del Centro de Atención al Ciudadano, fui destituida por razón: “ ... a que estos empleados públicos participaron con pleno conocimiento en los procesos para las consultorías que contrató Portugal en 2012”.

Por el respeto que le debo a mi familia (padres, esposo, hijos y hermanos); así como a mis amigos, colegas y compañeros de labores y a las víctimas, ciudadanos quejosos que atendí durante las funciones desempeñadas y, sobre todo, por el respeto que me debo a mí misma y al legado de integridad y moral que le dejo a mis hijos, deseo aclarar de manera pública lo siguiente:

1.- Que yo, Rosa Elvira Hernández Pinzón, portadora de la cédula de identidad personal No.6-50-2191, como exdirectora del Centro de Orientación al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo, no participé en ninguna selección ni en negociación alguna, mucho menos en contratación de alguna persona natural o jurídicaque hubiere prestado servicios de ninguna naturaleza a la institución.

2.- Las funciones que desempeñé en la Defensoría del Pueblo como directora del Centro de Orientación al Ciudadano eran de índole estrictamente “operativa” y no de índole “administrativa”, motivo por el cual no tuve ni participación ni relación alguna con las contrataciones cuestionadas.

3- En atención a lo antes expuesto, constituye una completa falta a la verdad y de respeto a mi persona, el pretender vincularme siquiera a los hechos que están siendo objeto de investigación, de los cuales deberán responder quienes resulten responsables. Al igual que el licenciado Javier Mitil, defensor adjunto, fui nombrada en la institución por la señora Patria Portugal, y si el deseo del actual Defensor Encargado es la utilización de la posición para reestructurar su equipo de directores o por motivos de “espacio político”, lo entiendo, ya que no tengo vinculación política partidista alguna y la posición es de libre nombramiento y remoción. Lo que no le acepto, bajo ningún concepto, es que pretenda mancillar mi integridad profesional como abogada con más de 23 años de ejercicio de la profesión, tanto en el sector privado en diversas firmas de abogados como en el sector público, y que afecte mi nombre y el de mi familia. El desempeño de mis labores en la Defensoría del Pueblo fue con compromiso de servicio, probidad y honradez, y sobre todo, con mística y pasión por ayudar a las personas necesitadas, quienes pueden dar testimonio de ello, al igual que mis colaboradores de trabajo, así como representantes de entidades y los múltiples informes de trabajo de equipo que constan en la institución.

ROSA ELVIRA HERNÁNDEZ PINZÓN ABOGADA


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