Página del lector_20130913

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Cráter en la justo arosemena

LA PRENSA/Luis García.

En el cruce de la antigua Escuela Técnica de Contabilidad y Comercio Gastón Faraudo P., en la avenida Justo Arosemena, hay un enorme hueco que se ha convertido en una trampa para los miles de conductores que transitan por la importante vía. El problema se agudiza cuando llueve, porque los automovilistas pierden la visibilidad y caen en el cráter. Hasta el momento ningún funcionario del Ministerio de Obras Públicas se ha acercado a resolver el problema.

Se refieren a uso de gas venenoso

Con respecto a la infografía “De un vistazo” publicada el pasado 2 de septiembre en La Prensa sobre “Historia del uso de armas químicas”, me gustaría comentar que en la II Guerra Mundial sí se utilizaron estas, a diferencia de lo aseverado en la publicación. Si es verdad que “los países europeos se prepararon para la posibilidad del empleo de gas venenoso, pero la amenaza no se materializó”, sí se aplicó en los campos de concentración y de exterminio bajo el régimen nazi alemán.

En 1940 se usó un fuerte pesticida a base de cianuro (el Cyclon B) sobre unos 250 niños gitanos de Brno, Checoslovaquia, en un ensayo para verificar la eficacia del gas. Más tarde, 3 de septiembre 1941, sirvió para asesinar a unos 600 prisioneros de guerra soviéticos. Verificada la efectividad del agente Cyclon B, se prosiguió para utilizarlo en las famosas cámaras de gas disfrazadas de duchas, para asesinar a millones de judíos en campos de exterminio nazis: Auschwitz, Bergen Belsen, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Dachau y muchos otros.

Un régimen o líder de cualquier país que use armas químicas sobre una población civil, como lo está haciendo el líder sirio (Bashar el Assad), no tiene ningún derecho para seguir en el poder, y urge destituirlo o derrocarlo, ya que solo así se salvarán vidas de inocentes.

AVIVA LEVY CIUDADANA


Autocracia o democracia

Aquella actuación “limitada y separada” de los tres poderes del Estado, consagrada en el artículo 2 de la Constitución Política, no sucede en la práctica. Así opina la mayoría de los encuestados por la firma Quantix Panamá, por encargo de La Prensa. El 78% consideró que la Asamblea no actúa con independencia del presidente de la República, Ricardo Martinelli. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, el 72% respondió que los magistrados obedecen al mandatario” (La Prensa, 23/08/2013).

Vale la pena empezar por definir lo que es autocracia y democracia. Según el Diccionario de la Lengua Española: “Autocracia es un sistema político en el que el poder y la autoridad están en manos de una sola persona (autócrata), que gobierna sin limitaciones ni fiscalización de ningún tipo”. Este sistema de gobierno alcanzó su más exacta expresión en la Rusia de los siglos XVII al XIX.

“Democracia es un sistema político basado en el reconocimiento del principio de que toda autoridad emana del pueblo, y que se caracteriza por la participación de este en la administración del Estado”. La democracia garantiza las libertades básicas del individuo (expresión, reunión, asociación), así como la libre elección para los cargos de gobierno y el control popular de la gestión gubernativa.

Aclarado el significado de autocracia y democracia, pasamos al meollo de lo planteado por la encuestadora Quantix Panamá. En efecto, el presidente de la República representa un tipo de dictador distinto de los clásicos Luises de la autocracia francesa. Se pudiera decir que el presidente Martinelli ha limitado su influencia hegemónica al campo político (politiquero) y a la economía (hacer negocios). Lejos de intentar dirigir la cultura para ponerla a su servicio exclusivo y para convertirla en uno de los tantos instrumentos de que se vale para fortalecer su dominio unipersonal, no desperdicia ninguna ocasión para estimularse sin fines egoístas.

Una vez asumió el cargo de Presidente de la República, demostró su proclividad autocrática: nombró a la señora Gioconda de Bianchini (su antigua empleada “contadora” de los supermercados 99) contralora general de la República. Además de controlar el Ejecutivo, poco a poco, mediante un extraño proceso de reclutamiento, sumó a su partido CD (Cambio Democrático) la mayoría de diputados de la Asamblea Nacional, controlando de esa manera el Órgano Legislativo. Mantiene, igualmente, una mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Durante los primeros cuatro años de mandato, ha designado a tres procuradores en el Ministerio Público, luego de haber destituido a la Procuradora titular, Ana Matilde Gómez.

Todos los directores de entidades autónomas han sido nombrados por el presidente de la República (Caja de Seguro Social, Zona Libre de Colón, Banco Nacional de Panamá, Banco Hipotecario Nacional, Caja de Ahorros, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Defensora del Pueblo, y otros), igual que los directores de “autoridades nacionales”, como Autoridad de Aseo, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Migración, Ambiente, Ingresos de Panamá, Servicios Públicos, Innovación Gubernamental, Transparencia y Acceso a la Información. “El Estado soy yo”.

Faltando nueve meses para finalizar el actual periodo presidencial, no cabe la menor duda de que el “régimen autocrático” (2009-2014), a pesar de haber sido elegido por el pueblo democráticamente, se ha caracterizado en la práctica por aplicar el método de gobierno unipersonal (autoritario). ¡Pero esto es transitorio! Este extraño y anacrónico régimen que sufre Panamá vive sus días preagónicos. Se acerca el momento de la recuperación democrática de nuestro país. La cita con la Patria está dada: ¡domingo 4 de mayo de 2014!

PAULINO ROMERO C. EDUCADOR


Externalización de los servicios en la CSS

La Prensa del domingo 8 del presente nos presenta una noticia que vale la pena comentar, acerca del “aumento de voces de rechazo” a la externalización administrativa de la Caja de Seguro Social (CSS). El reportaje indica las siguientes razones del rechazo por parte de médicos y otros empleados: 1) Intento de privatización y establecimiento de asociación público-privada contraviniendo la Ley No. 51 de diciembre de 2005; 2) empresa que desea lucrar con el presupuesto público, lo que encarecerá la atención; 3) con el modelo de gestión unos pocos manejarán los fondos de la CSS en perjuicio de la población; 4) es peligroso poner dinero en manos de empresas privadas.

1) La Ley 51 citada dice que la administración de la CSS es de “carácter público, no privatizable”. Pero, ¿qué hemos de entender al decir que dicha institución no es privatizable? ¿Acaso la externalización de algunos servicios es “privatizar la CSS”? Hoy día las empresas en el ámbito mundial han acogido la externalización de muchos de sus servicios por aquello de “panadero a tu pan”, es decir, que toda empresa, igual que las personas, serán buenas para unas cosas y no para otras, de manera que conviene externalizar. Además, las empresas particulares también son públicas, en el sentido de que su actividad está dirigida al público en general. Quizás lo que querrían decir los quejosos es que la CSS debe ser un ente gubernamental, pero... ¿acaso lo es?

2) Qué la empresa desea “lucrar” con el presupuesto público. ¿Y acaso eso no es lo que hacen los médicos y demás empleados de la CSS? ¿Será que el pecado es acabar con el monopolio seudo estatal? ¿Me parece difícil que una externalización “encarezca” algo que ya de por sí es caro, porque ello es lo característico de las instituciones en donde los Gobiernos y los grupos de interés toman el control.

3) ¿Que si unos pocos manejarán los fondos de la CSS? ¿Acaso no es eso lo que ocurre ahorita? ¿Cómo es posible que se piense que el resto de la población no tiene iguales derechos de ganarse la vida honradamente? Quizás el pecado sea menear la piragua.

4) Que es peligroso poner dinero en manos de empresas privadas. Y yo pensaba que lo peligroso era ponerlo en manos de los politicastros inescrupulosos que pululan los suelos patrios.

Finalmente, que es “empresa con nombre y apellido”. Si los quejosos conocen la comisión de un delito o irregularidad, pues para ello están los canales de justicia regulares. Por mi parte, no creo que el problema sea que los panameños estén en contra de que la mayoría se gane la vida en sus empresas – léase actividades comerciales – sino que algunos han aprendido que se puede ordeñar mejor la vaquita lechera central manteniéndola en el corral de los grupos de intereses privados.

JOHN A. BENNETT EMPRESARIO


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