A través de un comunicado divulgado en redes, la embajada china rechazó que se utilice el Convenio de Budapest sobre delitos informáticos para cuestionar a la empresa Huawei y vincularla con temas de ciberseguridad.

Estos señalamientos -aseguró- carecen de fundamento y aseguró que responden a una “manipulación política”.

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El comunicado surge luego de una entrevista ofrecida por el embajador Cabrera al segmento Quesiqués, de La Prensa, donde aseguró que China utiliza tecnología que “no es confiable. Y si fuera confiable, ellos firmarían convenios como el de Budapest”.

El Convenio de Budapest fue aprobado en 2001. Panamá y Estados Unidos son signatarios. La embajada china opinó que el acuerdo no tiene carácter global y que solo 81 de los 195 “países del mundo” se han adherido al mismo.

“¿Cómo se puede afirmar que China es uno de los pocos países que no lo han firmado?”, cuestionó el portavoz de la embajada asiática, al señalar que la mayoría de los Estados no son parte del convenio.

Aseguró que China combate activamente los ciberataques y promueve la cooperación internacional basada en el respeto mutuo y la igualdad. Sostiene que no hay pruebas que respalden la participación china en ciberdelitos.

“Yo diría que no es una tecnología confiable y, si lo fuera, ellos firmarían convenios como el de Budapest".

Kevin Marino Cabrera - Embajador de Estados Unidos en Panamá

Mira el episodio completo de #QUESIQUÉS en https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/LWdsoi4vbz

— La Prensa Panamá (@prensacom) May 3, 2026

Cabe resaltar que en abril de 2025, el Concejo de Panamá aprobó un acuerdo propuesto por el alcalde del distrito, Mayer Mizrachi, el cual establece que las compras de tecnología —tanto software como hardware— solo se realizarían a empresas cuya casa matriz esté ubicada en países que formen parte del Convenio de Budapest.

Esta medida impide que la alcaldía capitalina adquiera tecnología de empresas chinas, dado que China no ha suscrito dicho convenio.

A su vez, en junio de ese mismo año, la Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que, en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, reemplazaría equipos de telecomunicaciones de Huawei —instalados en 13 puntos del país— por tecnología estadounidense considerada “más segura”, bajo la premisa, de que buscaban “salvaguardar a nuestros ciudadanos y proteger la seguridad nacional de nuestros países de la amenaza del Partido Comunista Chino”.

El Convenio de Budapest, que entró en vigor el 1 de julio de 2004, es el tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, que trata sobre infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de la seguridad en redes.

Se trata de la herramienta denominada “La Ruta de la Plata”, una iniciativa de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).

En total, 153 autoridades electas reportaron sus ingresos y gastos: un presidente, 71 diputados y 81 alcaldes. También se incluyen los informes de ocho excandidatos presidenciales, correspondientes a las elecciones generales de mayo de 2024.

Los datos, disponibles en el sitio web Dinero Limpio, son actualmente públicos, pero hasta ahora solo estaban accesibles mayoritariamente en formatos PDF cerrados en el portal del Tribunal Electoral.

Carlos Gasnell, miembro de la Fundación y asesor legal del proyecto “Dinero Limpio en Elecciones”, explicó que “La Ruta de la Plata” reúne más de 18 mil registros de datos públicos y los presenta en formato abierto y ordenado, para que cualquier persona pueda ver, comprender y seguir el rastro del dinero de fuentes privadas —tanto de donaciones como de aportes propios— a lo largo del proceso electoral.

Gasnell señaló que los datos abiertos marcan un cambio en la forma en que se entiende la transparencia, ya que permiten que la información pública sea accesible, gratuita y analizable. De esta manera, cualquier ciudadano puede revisarla, sacar sus propias conclusiones y convertirla en un punto de partida para la rendición de cuentas.

“Hay campañas con mayores ingresos que otras, pero eso no implica necesariamente que hayan gastado más; a la vez, se observan brechas entre la intención de las normas y lo que reportan los candidatos”, dijo.

Durante el proceso, identificaron donaciones reportadas como gastos —incluyendo aportes en especie, como sillas de ruedas— con al menos 75 registros de este tipo. También aparecen donaciones por montos de 20,000 dólares sin nombre, registradas únicamente como “depósito cliente”.

Para Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación, la posibilidad de ver la información desagregada y no solo como un todo representa uno de los principales aportes de la herramienta.

“Permite visualizar cómo se reportó cada donación privada, quiénes son los grandes donantes detrás de cada campaña, la cantidad en aportes de fondos propios que declaró cada candidato, la diferencia en ingresos entre candidatos hombres y candidatas mujeres, cómo gastaron el dinero recibido y si hay diferencias entre lo que recibieron y lo que utilizaron”, explicó.

Para poner en marcha este proyecto, la Fundación trabajó junto a Andrés Snitcofsky, especialista en visualización de datos, quien creó la arquitectura del visualizador para relacionar ingresos, gastos, donantes y proveedores a través de gráficos y tablas interactivas.

A partir de esa base técnica, la herramienta permite pasar de una consulta aislada a una revisión más ágil de la información.

Por su parte, Carolina Rodríguez, coordinadora de proyectos en la Fundación, enfatizó que el acceso oportuno, comprensible y sistematizado a la información sobre financiamiento político constituye uno de los pilares de la transparencia electoral.

La Fundación explicó que, debido al volumen de información que debe procesarse, no cuenta con los recursos necesarios para realizar la minería de datos requerida, por lo que el análisis no incluyó a los 701 representantes de corregimiento ni a los concejales.

En el primer encuentro, los Green Panthers del Instituto Panamericano vencieron 2-0 a los Lions del Colegio Real, con goles de Ángel Ibargüen y Nicolás Suárez.

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El segundo partido terminó en empate sin goles entre los Thunders del Instituto Atenea y los Tigers del Smart Academy, en un duelo marcado por la solidez defensiva.

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El tercer choque fue triunfo de los Potros del Thomas Jefferson School (2-0) sobre los Fighting Owls de la Academia Interamericana, con tantos de Jorge Serrano y Johao Gutiérrez.

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En el cuarto cotejo, el Instituto Enrico Fermi derrotó por la mínima a las Águilas del Colegio Javier, con un gol de Lukas Cabrera.

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El penúltimo encuentro fue victoria de los Spartans del Colegio La Salle (2-0) sobre los Mustangs del Panamerican School, con un doblete de Lucas González.

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El cierre de la jornada dejó el triunfo 3-1 de los Brader Raiders sobre los Dolphins del International School of Panama. Bruno Sierra marcó un doblete y André Franco añadió otro, mientras que Raúl Zarak descontó.

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Tras estos resultados, el Instituto Enrico Fermi lidera en solitario el Grupo A con nueve puntos, seguido por La Salle con ocho. En el Grupo B, el Metropolitan School y el Instituto Panamericano comparten la cima con siete unidades, seguidos por el Thomas Jefferson School con seis.

Calendario de la quinta fecha

La quinta jornada de la Liga Junior se disputará este domingo, con seis partidos en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte, bajo el siguiente itinerario:

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• El Colegio de Panamá vs Colegio Javier – 8:30 a.m.
• Colegio La Salle vs International School – 9:30 a.m.
• Colegio Brader vs Instituto Enrico Fermi – 10:30 a.m.
• Metropolitan School vs Instituto Panamericano – 11:30 a.m.
• Academia Interamericana vs Colegio Real – 12:30 p.m.
• Thomas Jefferson School vs Smart Academy – 1:30 p.m.

Con este complejo escenario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) abre sus puertas, en Ciudad de Panamá, a su 189 período ordinario de sesiones.

El tribunal más importante del hemisferio inauguró sus sesiones en Panamá este lunes 4 de mayo con un acto en la sede del Ministerio de Gobierno. Es la tercera vez que trabaja en suelo panameño, pues sesionó en suelo istmeño en 2011 y 2017.

En esta oportunidad coincide con el año en que se celebrará el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, lo que le imprime una carga simbólica que los propios protagonistas se encargaron de recordar.

‘Un hub de principios’

“Cuando la dignidad se negocia, la democracia se debilita. Cuando la justicia se posterga, la historia se repite”, aseguró el canciller Javier Martínez Acha en la jornada inaugural.

Con esa doble advertencia, el ministro de Relaciones Exteriores trazó el marco político del encuentro. Describió a Panamá como “un hub de principios”, no solo logístico o financiero, y fue explícito sobre lo que el Estado espera de su relación con el sistema interamericano: “El compromiso del Estado con el sistema interamericano no es retórico, sino operativo”.

Por su lado, el presidente del tribunal, el juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch, reivindicó el papel del multilateralismo en tiempos revueltos. “Algunos sostienen, con pesimismo, que el derecho internacional y el multilateralismo han terminado. Tengo la firme convicción de lo contrario. Los tiempos actuales no exigen menos, sino más multilateralismo”, manifestó.

“En distintas partes del mundo avanzan el unilateralismo, la relativización de los principios del derecho internacional y el debilitamiento de los espacios multilaterales. A ello se suman fenómenos que erosionan las bases de la democracia y el Estado de derecho: el repliegue del espacio cívico, la desinformación intencionada, la corrupción, el crimen organizado y la profundización de las desigualdades sociales”, sentenció.

Mudrovitsch también ubicó la visita dentro de una genealogía histórica que arranca en 1826, cuando en esta misma ciudad se firmó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, el primer intento deliberado de construir un orden jurídico supranacional en América.

“Cuando la Corte Interamericana sesiona en Panamá, lo hace en el lugar donde nació, 200 años atrás, el sueño del derecho internacional americano”, manifestó.

Recordó además que fue la delegación panameña, encabezada por el diplomático Ricardo Joaquín Alfaro, la que presentó en 1945 en la Conferencia de San Francisco la propuesta de una Declaración Universal de Derechos Humanos. Alfaro sostuvo entonces que la humanidad estaba “sedienta de paz, de derecho y de justicia”. Ochenta años después, el presidente de la Corte citó esa frase como si fuera de ayer.

Audiencias públicas programadas

La agenda de la semana incluye tres audiencias públicas de casos con resonancia continental, con Guatemala, Venezuela y Argentina en el banquillo.

Los casos son:

H.O.V.T. y otros vs. Guatemala: Se examinan presuntas detenciones arbitrarias y derechos de la niñez.

Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela: Se analizan condiciones de privación de libertad y debido proceso.

Martino vs. Argentina: Se pone la lupa en la protección de personas mayores y el derecho a la salud.

Con 470 sentencias en casos contenciosos, 32 opiniones consultivas y más de 900 resoluciones de supervisión de cumplimiento en 47 años de existencia, el tribunal llega a Panamá con un legado jurisprudencial que Mudrovitsch calificó como “patrimonio jurídico de todos los Estados y pueblos de la región”.

“Actualmente, tres casos de Panamá se encuentran en la etapa de supervisión de cumplimiento, con un cumplimiento de una parte de las medidas de reparación ordenadas. De esta forma, Panamá presenta un alto índice de cumplimiento de las reparaciones ordenadas en las sentencias”, dijo el presidente de la Corte IDH.

Dentro de esa estructura, 249 funcionarios devengan salarios que superan los 7,000 dólares mensuales. La propia Medianero de Bonagas encabeza la escala con un ingreso de 12,000 dólares, una remuneración que sobrepasa la del presidente de la República, José Raúl Mulino, cuyo salario se sitúa en 7,000 dólares. Este contraste ha alimentado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y los criterios de asignación salarial en la institución.

El desglose de la planilla revela, además, que 212 funcionarios perciben sueldos que oscilan entre los 5,000 y 7,000 dólares, mientras que otros 96 se ubican en el rango de 3,000 a 5,000 dólares mensuales. Estas cifras evidencian una alta concentración de salarios en los niveles medios y altos, en comparación con otras entidades públicas.

En la base de la pirámide salarial se encuentra el grupo más numeroso: 1,148 funcionarios que reciben entre 1,000 y 3,000 dólares al mes. A estos se suman 309 trabajadores con ingresos entre 500 y 1,000 dólares, y un reducido grupo de ocho funcionarios que perciben menos de 500 dólares mensuales.

La crisis

Este martes 5 de mayo, autoridades de esa casa de estudios superiores llevaron a cabo una reunión debido a la crisis financiera que enfrenta la entidad. Para este año, la Unachi cuenta con un presupuesto de 69.2 millones de dólares para funcionamiento y 11.5 millones para inversión. No obstante, debido a su elevada planilla, el monto resulta insuficiente.

De hecho, el año pasado se le asignó un presupuesto similar y, después de agosto, el Tesoro Nacional tuvo que asumir gastos de funcionamiento, como el pago de los salarios del personal académico y administrativo. Este año, la institución va por el mismo camino.

Profesores que prefirieron mantener el anonimato para evitar represalias señalaron que probablemente la entidad no tendrá recursos para pagar los salarios a partir de la primera quincena de mayo. Incluso, actualmente no está pagando las cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Precisamente, el pasado 22 de abril, el vicerrector de la Unachi, Pedro González, informó ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que mantienen una mora con la CSS por un monto que supera los 12 millones de dólares. Medianero de Bonagas no acude a la Asamblea desde 2024, tras el cambio de Gobierno.

Uno de los momentos más sensibles de la sustentación surgió al abordar la ejecución del gasto en 2025. Aunque el presupuesto asignado fue de 72 millones, el gasto ejecutado alcanzó los 91 millones. “Este desfase no es producto de un gasto excesivo, sino de obligaciones laborales legalmente adquiridas”, aclaró González, al tiempo que reveló que el Estado solo había presupuestado pagos salariales hasta mitad de año.

“La Caja Única del Tesoro hizo los pagos directamente… hasta diciembre de 2025”, añadió, evidenciando una dependencia extraordinaria para cumplir con la planilla.

A este panorama se suman compromisos pendientes con la seguridad social. El vicerrector advirtió que existe “un déficit por incumplimiento del Estado de aproximadamente 27.6 millones”, dentro del cual destacó una deuda de “12.4 millones en concepto de cuota obrero-patronal con la Caja de Seguro Social y 265 mil dólares con el SIACAP”, obligaciones que no fueron transferidas oportunamente y que han tenido que ser cubiertas con el presupuesto de 2026.

El nepotismo

En medio de la crisis económica que enfrenta la universidad en la provincia de Chiriquí, también se desarrollan investigaciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por presuntos casos de nepotismo. Incluso, ya se ha recomendado la destitución de varios funcionarios.

En ese contexto, la entidad anunció la sanción de 29 servidores públicos de la Unachi, tras una investigación iniciada de oficio a finales de 2024. El proceso se activó luego de la difusión de denuncias públicas y derivó en la revisión administrativa y laboral de 86 funcionarios, en un intento por verificar posibles irregularidades en la contratación y permanencia del personal.

El análisis se sustentó en lo establecido en el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos, que prohíbe el nombramiento o permanencia de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad dentro de una misma entidad, especialmente si existe relación de supervisión o control.

Como resultado, la Antai recomendó la destitución de 15 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, además de imponer sanciones económicas: a 12 servidores se les aplicó una multa equivalente al 50% de su salario mensual, mientras que otras dos funcionarias fueron sancionadas con el 10%.

La entidad también informó que mantiene abiertas unas 40 investigaciones adicionales relacionadas con personal de la Unachi, lo que sugiere que el alcance del caso podría ampliarse en los próximos meses. De momento, la rectora no se ha pronunciado sobre estas irregularidades.

En un comunicado, los profesores indicaron que, ante los recientes y “alarmantes acontecimientos que hunden” a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) en una “crisis sin precedentes”, es necesario que la rectora se aparte del cargo.

Indicaron que el país fue testigo de la “falta de liderazgo” de Medianero de Bonagas el pasado 21 de abril, cuando se ausentó de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para presentar la memoria 2025.

Según la Apunachi, esa ausencia física es una “renuncia implícita” a la responsabilidad “de dar la cara” por una gestión que hoy presenta un gasto ejecutado por $91 millones frente a un presupuesto de apenas $72 millones, “evidenciando una condición deficiente que compromete la operatividad básica” de esa casa de estudios.

La universidad, recordaron, mantiene además una deuda con la Caja de Seguro Social (CSS), la cual asciende a $12 millones. A esto se suma, aseguran, el impacto que ha causado la contención del gasto en cuanto a la compra de insumos básicos para las cafeterías, lo que ha afectado a unos 22 mil 500 estudiantes.

“Resulta inaceptable que, mientras la comunidad universitaria sufre recortes, la administración siga bajo la sombra de clanes familiares”, indicó la asociación.

Los profesores también enviaron un mensaje al Consejo General Académico y Administrativo: “el debido proceso no debe ser una excusa para la impunidad”.

No es la primera vez que esta asociación pide la renuncia de la rectora. En 2024 también la solicitó, pero la rectora ha respondido en su momento a sus críticos y ha dicho que todo se trata de “campañas mediáticas plagadas de malas intenciones y argumentos sin fundamentos jurídicos y carentes de liderazgo”.

La administración de Etelvina Medianero de Bonagas ha sido blanco de cuestionamientos por casos de nepotismo y supuesta malversación.

La rectora de la Unachi gana un salario superior a los 14 mil dólares mensuales. En agosto de 2023, Medianero de Bonagas asumió como rectora de la Unachi para un tercer período (2023-2028), luego de que la Asamblea Nacional, en su mayoría del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aprobara la ley que permitió su reelección y que fue sancionada por el presidente de ese momento, Laurentino Cortizo.

En ese contexto, organizaciones ambientales solicitaron al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley 544, aprobado recientemente en tercer debate por la Asamblea Nacional.

La iniciativa, propuesta por el diputado del partido Cambio Democrático Carlos ‘Tito’ Afú, regula la importación y producción de poliestireno expandible y extruido (EPS/XPS) biodegradable para alimentos.

El pedido no es menor. Detrás están organizaciones ambientales como Marea Verde, Adopta Bosque Panamá, MarViva y el Centro de Incidencia Ambiental, entre otras, que coinciden en un señalamiento: la ley no elimina el foam, sino que permite seguir utilizándolo bajo una nueva etiqueta, la de “biodegradable”.

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Para estas organizaciones, incorporar aditivos al material no garantiza una solución real y, por el contrario, puede generar una falsa sensación de avance. “El problema no se resuelve solo recogiéndolo. Para enfrentar esta contaminación es vital evitar su uso desde el origen”, indicaron en un pronunciamiento conjunto.

Además, advierten que apostar por materiales modificados puede desviar la atención de medidas más directas, como reducir el consumo, promover envases reutilizables o adoptar alternativas que ya existen en el mercado y generan menor impacto ambiental.

Esa apertura es la que mantiene el debate. Para las organizaciones, el problema no está solo en la norma, sino en la capacidad del país para aplicarla. Panamá, advierten, aún no cuenta con la infraestructura necesaria —como plantas de compostaje industrial o sistemas de verificación técnica— que permita asegurar que estos materiales realmente se degraden en condiciones locales.

Sin esas condiciones, el riesgo es que el llamado foam “biodegradable” termine en los mismos ríos, costas y espacios naturales donde hoy se acumula el material convencional. “Cambiarle el nombre no cambia el problema”, han insistido.

A esto se suma otra preocupación: lo que ocurre con estos plásticos fuera de entornos controlados. Algunos expertos han advertido que, en lugar de descomponerse completamente, pueden fragmentarse en partículas más pequeñas, lo que contribuiría a la presencia de microplásticos en el ambiente. Este fenómeno ya es considerado un problema creciente por sus efectos en la fauna, los ecosistemas y, potencialmente, en la salud humana.

También persisten dudas sobre los aditivos utilizados para lograr esa supuesta biodegradabilidad. Las organizaciones piden mayor claridad sobre su composición, su comportamiento en condiciones reales y sus posibles efectos a largo plazo. Insisten en que cualquier cambio en la normativa debe estar respaldado por evidencia científica y acompañado de controles que realmente se puedan aplicar.

Con el proyecto ya aprobado en tercer debate, la decisión queda ahora en manos del Ejecutivo. El presidente deberá definir si sanciona o veta la ley, en un momento en que el debate sigue abierto y con posiciones claramente marcadas.

Lo que está en juego va más allá del foam. La discusión vuelve a poner sobre la mesa cómo el país enfrenta el problema de los residuos plásticos y si las medidas que se adoptan apuntan a reducirlo de fondo o a modificarlo sin cambiar su impacto real.

Caballero, canjeado a Nueva York en el último día de julio de 2025, disputó este lunes su partido 34 de la temporada. La confianza del cuerpo técnico se refleja en una mayor titularidad, lo que ha incrementado sus turnos oficiales en un 51%. Ese volumen adicional se traduce en producción: suma 10 imparables más que en ese tramo comparativo, un cuadrangular adicional y cuatro bases robadas extra. Aunque algunas métricas han bajado levemente, el descenso no es significativo: su promedio ofensivo pasó de .266 a .261, manteniéndose competitivo mientras aún tiene margen para igualar las 15 bases robadas que registró previamente.

Si se proyecta su rendimiento a unos 155 juegos, Caballero firmaría números de impacto personal: 59 bases robadas, 73 carreras anotadas, 59 impulsadas, 27 dobles y 18 jonrones, todos potenciales topes en su carrera.

El antecedente más cercano de volumen fue en 2024, cuando jugó 139 partidos con los Tampa Bay Rays. En aquella campaña conectó 9 jonrones, 24 dobles y remolcó 44 carreras, cifras que hoy proyecta superar ampliamente.

El contexto en Nueva York también ha cambiado a su favor. El pasado domingo, los Yankees enviaron a Anthony Volpe a Triple A, una decisión que deja claro que, al entrar al segundo mes de la temporada, Caballero se ha consolidado como el campocorto titular.

“Caballero está jugando de maravilla la posición y lo está haciendo realmente bien, así que eso lo complica. Ahora queda decidir cuál es el rol que existe ahora mismo y sobre ello iremos resolviendo”, señaló el mánager Aaron Boone al referirse a la situación interna del equipo.

Más allá de los 19 jonrones y 72 carreras impulsadas de Volpe en 2025, las dudas surgieron por su inconsistencia defensiva: cometió 19 errores en 153 partidos, con un porcentaje de fildeo de .963. Caballero, en contraste, presenta un sólido .979 con apenas tres errores en 34 juegos.

La diferencia también se percibe en la ejecución de jugadas clave. Volpe registró 60 dobles matanzas en toda la temporada pasada, mientras que Caballero ya acumula 21 en poco más de un mes de acción.

La métrica avanzada

Desde la óptica de Baseball Savant y el sistema Statcast, los números refuerzan su impacto defensivo.

El Fielding Run Value —una métrica que cuantifica cuántas carreras salva o cuesta un jugador con su defensa respecto al promedio— ubica al panameño dentro del 13% élite de la liga. A esto se suma el Outs Above Average (OAA), que mide el rango defensivo y la capacidad de convertir jugadas difíciles en outs; en este apartado, Caballero aparece entre el 7% de los mejores.

Lo que inició como un rol de utility ha evolucionado rápidamente. Caballero se ha impuesto en la posición por encima de nombres como Amed Rosario, Oswald Peraza y Osvaldo Cabrera, consolidándose como una pieza confiable tanto con el guante como en las bases.

La competencia interna no desaparece. El prospecto George Lombard Jr. presiona desde ligas menores con números llamativos, pero por ahora la titularidad tiene nombre propio: José Manuel Caballero Ortega.

En colectivo, los Yankees atraviesan un sólido arranque con marca de 24 victorias y 11 derrotas, liderando la División Este de la Liga Americana con ventaja de 1.5 juegos sobre Tampa Bay, 8.0 sobre Toronto, 9.0 sobre Baltimore y 10.0 sobre Boston. En ese contexto competitivo, Caballero no solo ha respondido: se ha convertido en un factor determinante.

El ranking ubica a la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) como las tres instituciones con mejor posicionamiento en un sistema de evaluación que combina indicadores de producción científica, reputación no académica e impacto de egresados destacados, a partir de bases de datos bibliométricas internacionales.

La Universidad de Panamá se mantiene como la institución líder a nivel nacional y ocupa la posición 177 en América Latina y el puesto 2,679 a nivel mundial.

Según el ranking, la universidad ha publicado 4,916 artículos científicos, los cuales han recibido 40,607 citas, lo que refleja su nivel de producción e impacto académico.

Su perfil de investigación abarca diversas áreas del conocimiento, entre ellas humanidades y ciencias sociales, filosofía, ciencias ambientales, biología, ecología, ciencias políticas, geografía y cartografía, informática, medicina y química, lo que evidencia una presencia multidisciplinaria en el ámbito científico.

UTP y USMA en el ranking

En el segundo lugar a nivel nacional se ubica la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que aparece en la posición 3,702 del mundo y en el puesto 263 en América Latina.

El ranking destaca que la UTP tiene presencia en 71 áreas de investigación, lo que refleja una cobertura amplia en distintas disciplinas del conocimiento científico y tecnológico.

En su perfil académico, EduRank registra 2,281 publicaciones científicas y 10,755 citas, indicadores que forman parte de su clasificación junto con la reputación institucional y el impacto de sus egresados.

La Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) ocupa el tercer lugar en Panamá, con la posición 412 en América Latina y el puesto 6,442 a nivel mundial, consolidándose como el principal referente de la educación superior privada dentro del ranking.

Qué es EduRank

EduRank.org es una plataforma independiente que evalúa universidades mediante indicadores objetivos como el impacto de la investigación, la visibilidad web y la influencia de los egresados.

El sistema analiza más de 14,000 universidades en 183 países, utilizando bases de datos bibliométricas para construir rankings generales y por disciplinas.

En el contexto regional, el ranking evidencia la distancia que aún mantienen las universidades panameñas frente a los principales centros de educación superior de América Latina. De acuerdo con EduRank 2026, las instituciones mejor posicionadas de la región son la Universidad de São Paulo (Brasil), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Chile, que concentran los primeros lugares del listado y marcan el ritmo de la producción científica en el continente.

Cuando el presidente José Raúl Mulino advirtió públicamente que los bancos panameños deben “poner más empeño” en la lucha contra el blanqueo de capitales, señalando que dinero proveniente del narcotráfico logra ingresar al sistema financiero mediante testaferros y estructuras fraudulentas, el mensaje fue políticamente contundente. Pero la pregunta relevante no es quién lo dijo ni en qué contexto político lo dijo. La pregunta es: ¿qué significa operativamente ese llamado y qué tiene que hacer realmente la banca para responderlo?

El problema no es de voluntad, es de arquitectura

Panamá cuenta con una Unidad de Análisis Financiero (UAF), legislación antiblanqueo y obligaciones de reporte para sujetos obligados. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que las normas por sí solas no detienen el blanqueo. Lo que lo detiene es la calidad de implementación: cómo se identifican beneficiarios finales, cómo se monitorean transacciones en tiempo real y cómo se gestiona la información de riesgo de manera coordinada entre instituciones.

El blanqueo político, en particular, es de los más difíciles de detectar porque no siempre involucra transacciones inusuales en monto. Involucra estructuras de propiedad opacas, sociedades offshore, contratos con el Estado canalizados hacia personas jurídicas sin actividad real y flujos que circulan a velocidades que superan los ciclos de revisión de cumplimiento tradicionales.

Tres reformas técnicas que la banca no puede postergar

Primero, el registro de beneficiarios finales debe ser efectivo, no formal. Panamá avanzó con la Ley 129 de 2020 y la Guía de Identificación del Beneficiario Final impulsada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros. Pero la clave está en la verificación cruzada: que los datos declarados sean contrastados con fuentes externas, registros públicos y señales de riesgo, no simplemente archivados.

Segundo, el monitoreo transaccional debe incorporar análisis de riesgo político (PEP screening) de manera sistemática, no discrecional. Las personas expuestas políticamente y sus allegados representan un riesgo específico que requiere protocolos diferenciados, actualizados y auditables. No basta con identificarlos al momento de abrir una cuenta: el riesgo evoluciona con el cargo y con el tiempo.

Tercero, los mecanismos de reporte a la UAF deben fortalecerse cualitativamente. El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) importa menos que su pertinencia y profundidad. Un sistema financiero que reporta por volumen para cumplir, pero no por inteligencia para detectar, genera ruido en lugar de señales útiles para la persecución penal.

El reto de la credibilidad institucional

Panamá ha salido de listas internacionales de países con deficiencias antilavado y aspira a consolidar esa posición. Pero la reputación financiera no se construye con declaraciones presidenciales: se construye con supervisión independiente, sanciones efectivas a quienes incumplen y una cultura de cumplimiento que vaya más allá del mínimo regulatorio exigido.

El llamado del presidente a la banca es una oportunidad para que el sector financiero demuestre que sus compromisos antilavado no dependen de la presión política del momento, sino de una arquitectura de cumplimiento robusta, técnica y sostenida. Esa es la diferencia entre un centro financiero que inspira confianza y uno que la administra según conveniencia.

El rol insustituible de la Superintendencia de Bancos

El llamado presidencial a la banca no puede quedar sin su contraparte regulatoria. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) dio un paso importante en enero de 2026 con la emisión del Acuerdo N.° 1-2026, firmado por el superintendente Milton Ayón Wong, que moderniza los controles antilavado e introduce un enfoque basado en riesgo para bancos y fiduciarias. Es un avance real. Pero una norma moderna solo vale lo que vale su supervisión.

Lo que se le exige a la SBP no es más regulación, sino más supervisión sustantiva: inspecciones que vayan más allá de verificar si los manuales existen, para evaluar si los controles realmente funcionan. Que las sanciones por incumplimiento sean proporcionales al riesgo que representan las entidades que fallan, no solo proporcionales al tamaño del expediente. Y que la retroalimentación al sector sea continua, no solo reactiva ante escándalos o presiones externas.

La independencia técnica de la SBP frente a los ciclos políticos es, en última instancia, la garantía más importante que tiene el centro bancario panameño. Ningún discurso presidencial, por contundente que sea, sustituye la firmeza de un regulador que actúa con criterio propio, información de calidad y autoridad real para exigir resultados.

El autor es ingeniero industrial, internacionalista y abogado.

A las tensiones y los conflictos que se superponen en el ámbito militar se le suman las guerras de relatos en torno a la transición energética. Independientemente de las escaramuzas, resulta evidente que las fuentes limpias serán las ganadoras de esta última disputa. A sus credenciales ambientales hay que añadir las ventajas económicas: los avances tecnológicos muestran que la generación eléctrica a partir de renovables es la más barata en cualquier lugar del mundo. A esto se suma el carácter universal de su disponibilidad, así como la gratuidad que presenta el recurso asociado al costo marginal nulo. En otras palabras, avanzar con la transición es romper con la dependencia fósil.

Convocados por los Países Bajos y Colombia, en los últimos días de abril representantes de más de cincuenta países se reunieron en la ciudad colombiana de Santa Marta para discutir la transición energética. La citada conferencia convocó a una quinta parte de los productores y a más de un tercio de los consumidores, cuyos líderes entienden que avanzar con la transición no resulta una obligación ética sino una apuesta estratégica de cara al futuro. Y, ciertamente, la conferencia llega en un momento tan oportuno como crítico. Transcurrido más de un mes de conflicto en Medio Oriente, el aumento en los precios del petróleo y gas les ha costado hasta 111.600 millones de dólares a empresas y hogares. La otra cara de la moneda son los beneficios extraordinarios que están embolsando las empresas petroleras, que distintos estudios estiman por encima de los 30 millones de dólares por hora.

El conflicto no solo provoca aumentos en los combustibles, con repercusión inmediata en los bolsillos de los automovilistas y en el precio del transporte. También afecta a la cuenta eléctrica o a la provisión de fertilizantes. Todo ello se refleja en el índice de precios de energía que publica el Banco Mundial, con un aumento del 41,6% tras el desencadenamiento del conflicto, lo cual se explica por un barril de petróleo Brent que se encuentre por encima de los US$ 110, mientras que los precios de los fertilizantes aumentaron un 26,2% desde el inicio del conflicto.

Pero el conflicto no solo ha hecho aumentar los precios, sino que la escalada bélica ha impactado en la infraestructura de la mayoría de los países de la región. Se trata de una disrupción en la oferta de mucha magnitud, ya que por el estrecho de Ormuz pasa más del 20% de petróleo y gas. Bajo tales circunstancias, resulta poco probable que los precios vuelvan a los niveles previos en el futuro inmediato.

El conflicto muestra que depender de los combustibles fósiles resulta fuertemente oneroso en lo económico, además de extremadamente riesgoso en lo estratégico. Aunque la mayoría de los asistentes a la citada conferencia provienen de Europa y América Latina, puede que algunos de los ausentes sean quienes deciden avanzar más rápidamente con la transición. Dicha afirmación surge de observar el efecto que genera la guerra en India, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia u otros países asiáticos, pero también en territorio europeo.

Filipinas es uno de los países más afectados por la guerra de Irán, con aumentos en el precio del diésel que presionan sobre la inflación al tiempo que generan un fuerte descontento social. Importador de combustibles, la economía del país resulta expuesta a los vaivenes del mercado petrolero tanto como a las consiguientes abultadas cuentas que afectan su balanza comercial, tal como lo evidenció en 2022. Las tensiones geopolíticas alrededor del Mar del Sur de China llevaron a las autoridades del país a renegar de la cooperación en el pasado, una actitud que actualmente está siendo reconsiderada: la guerra destaca el imperativo de la transición.

Pero los aumentos de precios también inducen cambios en las conductas, al menos de aquellos con capacidad para cambiar su automóvil o instalar paneles solares en sus hogares. Considérese, si no, la actitud adoptada en 2022 por el gobierno de Pakistán, que decidió avanzar con la difusión de energías renovables. Según destaca un estudio reciente del centro de investigaciones en energía y aire limpio (CREA), tal decisión le permitió a este país ahorrar más de 12.000 millones de dólares gracias a la instalación de paneles solares en hogares, establecimientos agrícolas y fábricas. Desde finales de 2021 a diciembre del 2025 se quintuplicó la participación solar en generación eléctrica, lo cual redujo el uso del gas natural, lo que permitió al gobierno revender el excedente en los mercados internacionales.

Las decisiones de invertir en renovables no solo surgen con fuerza entre los asiáticos. Un trabajo reciente de Clean Air Task Force destaca la continuidad de los proyectos de energía limpia en el continente africano, una decisión considerada estratégica para abastecer la creciente demanda que se evidencia en la región, que promete inversiones por más de 100.000 millones. Cabe destacar que los fondos surgen de un grupo de inversores provenientes de Qatar, Kuwait, EAU, Arabia Saudita y Bahréin.

Un informe del Banco de España consigna que en 2024 el precio mayorista de la electricidad resultó un 40% más barato que en 2019 dada la creciente relevancia de las energías renovables en la generación. Todo ello explica la decisión de acelerar la inversión en energías renovables, redes de transmisión y eficiencia energética adoptada por la Comisión Europea (COM/2026/116), involucrando al Banco de Inversiones Europeo con más de 75.000 millones, un monto que serviría para apalancar proyectos por valores mucho mayores.

A lo anterior podría sumarse el creciente interés en los autos eléctricos que se evidencia en Europa y Estados Unidos, dado el fuerte aumento que sufrieron los combustibles después de iniciado el conflicto. Un llamado de alerta para las terminales tradicionales, que siguen bregando por retrasar la normativa ambiental.

En círculos especializados, la guerra en Irán es pensada como disruptiva, otro “momento COVID” que altera la forma de pensar el problema energético entre gobernantes y empresarios. Al pensar invertir en una nueva planta manufacturera, ¿cómo resuelvo la cuestión energética? ¿La aprovisiono a gas o apuesto por renovables? ¿Sigo invirtiendo en automotores de combustión interna o invierto en líneas de producción de vehículos eléctricos?

Los inversores observan los peligros que entraña mantener sus activos en empresas petroleras, mientras la rentabilidad de los fondos de inversión en energía limpia crece por encima del global. Las discusiones de Santa Marta dejaron avances notables, incluida la creación de un panel científico en materia de transición energética. Avanzar en dicha dirección resulta imperioso, pues los riesgos climáticos crecen más rápido de lo esperado.

El autor es es investigador asociado del Departamento de Economía del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín.

La operación implicaría una travesía aérea de 15,000 kilómetros hasta el oeste de la India, lugar donde Anant Ambani, hijo menor del hombre más rico de Asia, lleva años construyendo un zoológico privado y centro de rescate de fauna llamado Vantara.

Si bien un traslado así no tiene precedentes, EFE conoció que buena parte de la logística lleva siendo planeada desde 2023, cuando Ambani y el Santuario Ostok de México empezaron a solicitar al Gobierno colombiano un traslado de hipopótamos a sus países.

“Estamos calculando que (el traslado) de Colombia a la India costaría tres millones de dólares”, dice a EFE el director Ostok, Ernesto Zazueta, quien ha formado parte de las negociaciones con Colombia y cuyo santuario ya ha enviado cerca de 200 felinos rescatados a Vantara.

El proceso, explica Zazueta, empezaría con cebar a los hipopótamos para atraerlos hasta unos corrales ya construidos por la autoridad ambiental local. Una vez encerrados, un grupo de especialistas usaría comida para enseñar a los animales a obedecer sin necesidad de anestesia, preparándolos para soportar la travesía hasta el otro lado del mundo en unas cajas (o guacales) diseñadas especialmente para ellos.

Los hipopótamos, cuyo peso puede superar las tres toneladas, viajarían en camión hasta un aeropuerto cercano a Medellín, donde partirían en tres aviones de carga de una empresa bielorrusa.

“Son unas 33 horas en total hasta llegar a Jamnagar (ciudad india donde está Vantara). Para un animal bien tranquilo, alimentado y atendido, no pasa nada”, asegura Zazueta.

La financiación de toda esta operación todavía es una incógnita. La carta enviada por Ambani al Gobierno de Colombia solo ofrece “recibir” a los animales, sin indicar si estaría dispuesto a costear el traslado. Zazueta, sin embargo, aventura que es posible que Vantara asuma buena parte de los gastos, tal y como ha hecho con Ostok en ocasiones anteriores.

Los permisos, el principal desafío

El éxito de la operación depende ahora de un complejo entramado de permisos que involucran a los Gobiernos de la India y Colombia, así como a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El pasado jueves, el Ministerio de Ambiente de Colombia envió una petición formal al Gobierno de la India para que evalúe si autoriza o no el traslado. También pidió informar si Vantara cuenta con los permisos establecidos por la CITES para recibir a los 80 hipopótamos.

“Es importante recordar que la translocación de especímenes no solo requiere la voluntad de privados, necesita permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales, en cumplimiento estricto de las convenciones internacionales sobre biodiversidad ratificadas por Colombia”, ha dicho la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en X.

¡Seguimos avanzando con rigor en el manejo del hipopótamo como especie invasora!

Este jueves hemos radicado una petición formal al Gobierno de la India para saber si autorizan o no el traslado de hipopótamos al centro Vantara, como lo solicitó este centro animal en una carta… pic.twitter.com/nOfy5ObqGD

— Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) April 30, 2026

Otro escollo que podría descarrilar la operación es la reputación de Vantara. El ecosistema artificial de 1,200 hectáreas, creado entre la infraestructura de la mayor refinería de petróleo del mundo, se ha visto envuelto en polémicas por acusaciones de malas prácticas y tráfico ilegal de fauna.

Si bien la Corte Suprema de la India desestimó estas acusaciones en septiembre de 2025, expertos indios en conservación han declarado que no hay suficiente transparencia respecto a lo que sucede en Vantara, y cuestionan el verdadero valor del proyecto en materia de conservación.

“Mucha fauna silvestre en la India está en peligro. En lugar de gastar millones de dólares intentando traer hipopótamos de Colombia a la India, se podría invertir ese dinero en la conservación en la India”, declara un científico ambiental indio de alto nivel, quien pide permanecer en el anonimato para no enemistarse con la acaudalada familia Ambani.

El científico ambiental e investigador Ravi Chellam afirma que Vantara está en una región inadecuada para los hipopótamos. “Es un crimen priorizar el agua y otros recursos para hipopótamos en cautiverio, que han sido catalogados como especie invasora, por encima de las necesidades humanas”, explica.

Las autoridades y expertos colombianos advierten que la presencia de hipopótamos en el país andino pone en riesgo los ecosistemas acuáticos, y en especial a especies nativas como el manatí. Al ser animales territoriales y agresivos, suponen también un riesgo para las comunidades ribereñas, según un informe del Instituto Humboldt de 2022.

A mediados de abril, el Ministerio de Ambiente colombiano anunció que sacrificaría a 80 de estos animales para frenar una reproducción que, sin medidas de control, podría elevar la población hasta los mil para 2035, de acuerdo con las estimaciones de la propia cartera.

Las declaraciones del directivo se dieron en el marco de una cena organizada por Copa Airlines y Boeing, evento que marcó el inicio de las actividades relacionadas con la presentación del avión que utilizará el equipo nacional durante la cita mundialista.

“Se confirmó el amistoso de Bosnia hace poquito. Por ahora es el último partido que vamos a tener, por ahora es el de Bosnia, en Missouri”, expresó Arce, dejando claro que ese encuentro será la última prueba antes del debut en el torneo.

El compromiso se disputará el próximo 6 de junio en Misuri, Estados Unidos, y representa un examen exigente para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, tomando en cuenta el perfil competitivo del conjunto europeo.

“Tenemos equipos trabajando en el tema de logística para los campamentos, tenemos equipos trabajando para el tema de los amistosos, que ustedes ya los conocen, igualmente todo lo que tenga que ver con los jugadores, la Selección. Nosotros, a través de la Federación, estamos haciendo lo necesario para brindar todas las condiciones necesarias para que nuestro equipo vaya a competir”, comentó.

El dirigente destacó, además, el respaldo logístico que recibirá el combinado nacional en sus desplazamientos, valorando la iniciativa de la aerolínea oficial de cara a la cita mundialista 2026.

“Copa, la aerolínea oficial de la Selección de Panamá, que en esta segunda ocasión vuelve y hace este evento con un avión. Los felicito por esta iniciativa y sabemos que va a ser una gran satisfacción para el pueblo panameño, igualmente para nuestros jugadores, que ese va a ser el avión oficial de la selección, y que, bueno, se van a sentir cómodamente viajando con todas las condiciones necesarias, que es lo que se merecen los jugadores panameños”, expresó.

Previo al duelo ante Bosnia y Herzegovina, Panamá disputará otros dos encuentros amistosos: el 31 de mayo frente a Brasil en el estadio Maracaná y el 3 de junio ante República Dominicana en el estadio Rommel Fernández. Con esta hoja de ruta, el conjunto nacional busca afinar detalles de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026, donde debutará el 17 de junio ante Ghana.

“Me llega finalizando mi profesión docente y, por qué no, empezando la profesión actoral”, explicó Ríos en una entrevista que se desarrolló durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, rodeado de asistentes a la FILBo, que se aglomeraron a la espera de hacerse fotos con él al terminar la charla.

Para Ríos, la nominación a los Platino por su debut en la interpretación con ‘Un poeta’ “es una gran noticia”. “Va a ser una experiencia maravillosa y muy agradecido por esta nominación”, señaló.

La película, estrenada en 2025 y dirigida por Simón Mesa Soto, compite en la XIII edición de los Platino, que se entregarán el próximo 9 de mayo en la Riviera Maya (México), con la cinta argentina ‘Belén’, de Dolores Fonzi, y la española ‘Los domingos’, de Aluda Ruiz de Azúa, como las más nominadas, con 11 candidaturas.

‘Un poeta’ aspira a hacerse con tres premios, a mejor comedia, mejor actor y mejor guión (para Mesa Soto). Estaba nominada también a mejor música original, montaje y fotografía, categorías en las que no consiguió el galardón.

Para el actor, la presencia de la película en los Platino refleja un momento de transformación del cine colombiano, con historias que “van un poquito más allá de lo que casi siempre se proyecta para el mundo”.

“Se está mostrando que hay una nueva fuerza del cine colombiano”, añadió Ríos, quien considera que el filme forma parte de una corriente que apuesta por relatos más diversos y cercanos.

Punto de inflexión

En lo personal, dice Ríos que la nominación marca un punto de inflexión. A punto de cumplir 55 años y tras una carrera como docente, se le ha abierto el camino a la interpretación, donde empezó hace apenas año y medio.

Fue un tío del realizador el que descubrió a Ríos en las redes y le enseñó a Mesa Soto una foto suya, diciendo: “este es tu poeta”.

Así, el maestro de escuela de Medellín se metió en el papel de Óscar Restrepo, un poeta frustrado que protagoniza la historia. Un trabajo por el que Ríos ya ha ganado premios en diversos festivales, como el de Lima o el de India.

El ahora actor asistirá a la gala de México, donde espera compartir con figuras del cine iberoamericano, una experiencia que asume con expectativa y nerviosismo.

Competirá por el Platino con tres actores consolidados y con largas trayectorias a sus espaldas: el brasileño Wagner Moura, nominado por ‘El agente secreto’ (‘O Agente Secreto’), el argentino Guillermo Francella (‘Homo Argentum’) y el español Alberto San Juan (‘La cena’).

Más allá del reconocimiento individual, el actor subrayó el valor colectivo de la nominación, que considera un logro de todo el equipo, incluidos los técnicos y trabajadores detrás de cámaras.

Una historia íntima con alcance universal

‘Un poeta’ narra la vida de Óscar, un hombre sensible y frustrado que encuentra en la poesía una forma de resistencia y esperanza, un personaje que conecta con el público porque refleja experiencias comunes porque “el espectador siente que le recuerda a alguien”, según Ríos.

Aunque parte de una idiosincrasia familiar propia del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, el actor considera que la historia trasciende lo local al abordar temas universales como el fracaso, la vulnerabilidad y la falta de oportunidades para los artistas porque “es la típica historia aldeana que es cosmopolita”.

De hecho, aseguró que la película ya ha conectado con públicos europeos, que se identifican con sus conflictos y emociones pese a las diferencias culturales.

El actor también admitió que ha tenido que superar el “autosabotaje” tras los primeros éxitos internacionales del filme, al sentirse fuera de lugar en una industria que apenas comienza a explorar, aunque, según dijo, ha logrado transformar esa sensación en motivación para disfrutar el momento y asumir la nominación como un reconocimiento compartido.

“Yo siento que estos Premios Platino son como las Naciones Unidas del cine. No importa el país de donde vienes, el acento que tienes, ya que nos une el idioma”, afirma en una entrevista con EFE la actriz, que se enfrentará por el galardón con las españolas Patricia López Arnaiz y Blanca Soroa, ambas nominadas por ‘Los domingos’ y con la argentina Dolores Fonzi (‘Belén’).

Reyes asegura que estos galardones, que reconocen lo mejor del cine de Iberoamérica, están “estrechando la hermandad entre países” ya que ahora incluyen a Brasil y Portugal con los que se “comparte el portuñol”.

La actriz asistió en varias oportunidades a los Premios Platino pero esta es la primera vez que lo hará como nominada, por lo que quiere “disfrutar el momento”, ya que la ceremonia se realizará en México, donde se filmó la mayor parte de la película. “No es una casualidad volver a México con esta nominación”, afirma.

Historia de supervivencia

‘Aún es de noche en Caracas’, dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, tiene cuatro nominaciones a los Premios Platino: mejor película iberoamericana de ficción, mejor interpretación masculina de reparto (Édgar Ramírez), mejor interpretación femenina (Reyes) y mejores efectos especiales -categoría cuyo ganador ya se anunció y fue para el filme español ‘Sirat’-.

El filme, rodado entre México y Venezuela, y estrenado en 2025, está inspirado en la novela ‘La hija de la española’, de Karina Sainz Borgo, y cuenta la odisea que atraviesa la protagonista, Adelaida, en medio del conflicto político y social que vivió el país petrolero en 2017, con una ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que se extendió por cuatro meses.

“El mundo entero está en riesgo de vivir bajo estos regímenes autoritarios”, señala Reyes al explicar la importancia de esta historia.

La actriz considera que a “Venezuela la han acorralado durante muchos años para que no pueda pensar ni digerir lo que ha pasado”, y por eso la gente encontró en el arte una forma de contar su historia, como sucede con ‘Aún es de noche en Caracas’.

“Esta película es en honor a Venezuela, pero también es una advertencia al mundo de que estamos en un punto de la humanidad en el que los gobiernos autoritarios, de derecha y de izquierda, del norte y del sur, se están fortaleciendo con nuestra polaridad”, señala.

Puente entre Venezuela y Colombia

La actriz bogotana de 39 años cree que la preparación para encarnar a Adelaida fue una de las más complejas y profundas de su carrera profesional.

Con un elenco mayoritariamente venezolano, Reyes trabajó durante un mes solo para lograr un acento similar al de los otros actores y estudió la historia reciente de Venezuela para representar “dignamente” a la protagonista.

“Yo creo que no existen dos países en el mundo más hermanos que Venezuela y Colombia. Compartimos nuestra historia”, expresa Reyes, quien tiene un vínculo muy cercano con ese país porque la mitad de su familia vive allá.

“Me impresionó que siendo tan cercana a mi familia venezolana, al país como vecino de frontera, a la cultura, a lo que compartimos, no supiera tantas cosas de lo que pasó y sigue pasando en Venezuela”, dice.

Reyes alcanzó fama internacional en 2019 con su participación en la película ‘Terminator Dark Face’ (‘Terminator: Destino oscuro’, 2019), pero reconoce que entrar a Hollywood es una tarea compleja para los actores latinos por los papeles que les suelen asignar.

“Hay millones de latinos en Estados Unidos y en el mundo que quieren verse en esas grandes producciones que llegan hasta la sala más recóndita del pueblo más pequeño de nuestros países”, explicó.

Respecto a la industria artística en Colombia, destacó el lugar que ocupa la música con cantantes como Karol G o Shakira, pero opinó que aún falta conquistar más espacios en el cine.

“El cine colombiano está en un momento histórico envidiable”, pero “nos falta a los realizadores, productores y actores tener una mejor comunicación con la audiencia y entender por qué no nos estamos encontrando en las salas”.

Reyes presidió la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas en el periodo 2023-2025 y ahora está enfocada en otros trabajos: en marzo estrenó la comedia ‘Altas capacidades’, terminó de grabar una película con Gael García Bernal que espera estrenar a principios de 2027 y es productora de una ficción que se centra en una cárcel colombiana.

“Tanto el bloqueo económico y el energético, y las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales; como la amenaza de agresión militar y la propia agresión son crímenes internacionales”, escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Consideró asimismo que es “cínico e hipócrita” por parte de EE.UU. criticar la difícil situación en la isla cuando Washington “lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica”, en referencia a las décadas de sanciones.

Agregó además que la actual administración estadounidense del presidente Donald Trump contribuye a la devastación del país “aún con mayor empeño en los últimos meses con dos Órdenes Ejecutivas genocidas”.

El presidente de EE.UU. firmó el viernes pasado una nueva Orden Ejecutiva que extiende la cobertura de las sanciones hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con Cuba, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Esta medida se suma al bloqueo petrolero a la isla, que combina una Orden Ejecutiva de finales de enero que amenaza con aranceles a quien suministre crudo a Cuba y el cierre del flujo de combustibles desde Venezuela tras la intervención militar de Washington en ese país.

EE.UU. ha instado a La Habana a negociar reformas en su sistema económico y su régimen político, pero el Gobierno cubano ha reiterado que ambas áreas no son discutibles por ser asuntos soberanos, de carácter interno.

Ambas partes han reconocido conversaciones, pero por el momento no se han hecho públicos los temas o avances en este diálogo.

“Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)”, según informó el departamento que dirige Mónica García.

En ese caso, añadió el Ministerio, “no habría motivo clínico para realizar (...) una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias”.

Si esto último ocurriera, “por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención”, especificó el Ministerio.

El Gobierno español no se había negado a asistir en las islas Canarias, situadas en el Atlántico, al crucero neerlandés que ha sufrido un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, porque lo considera su obligación humanitaria, hay españoles a bordo y los hospitales de ese archipiélago “están preparados”.

Casi al mismo tiempo que hacía estas declaraciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmaba desde Ginebra (Suiza) que planea que el crucero, con 147 personas a bordo y atracado en Cabo Verde, vaya a Canarias.

“Trabajamos con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado: llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo”, aseguró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español subrayó poco después que esta parada en territorio español se decidirá en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco a su paso por Cabo Verde.

“En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud”, aseguró el organismo en redes sociales.

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por este brote de hantavirus, un tipo de virus que suele transmitirse de las ratas a las personas por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de las tres personas que han fallecido.

La empresa que fleta el crucero, Oceanwide Expeditions, ha precisado que a bordo del MV Hondius hay ciudadanos de 23 nacionalidades, entre pasajeros y tripulantes. El grupo más numeroso es el de filipinos, con 38; seguido por los británicos, con 23; los estadounidenses, con 17; y los españoles, con 14.

Según confirmó el gerente general de Tocumen, José Ruiz, la empresa se ha acercado para explorar la posibilidad de encargarse de la reparación de los daños en la plataforma de rodaje de la Terminal 2 (T2). Aunque insiste en que no existe una negociación formal, reconoce que sí hay conversaciones preliminares en curso.

El planteamiento no es menor: la misma constructora que ejecutó las obras que hoy presentan desperfectos propone ahora corregirlas. No se tiene claro si para lograr una movida como esta se podrían activar garantías o se haría un nuevo contrato, es decir, recibiendo pagos por parte del aeropuerto, pese a que aún adeuda una suma millonaria a esa misma entidad.

Según explicó Ruiz, para el aeropuerto podría resultar más rápido que la constructora ejecute directamente los trabajos, en lugar de que la entidad tenga que financiar las reparaciones y luego iniciar un nuevo proceso legal contra Odebrecht.

Ruiz dejó claro que no hay ningún acuerdo y que la opción de permitir a la empresa intervenir forma parte de una evaluación interna.

“No estamos en negociación, estamos en conversaciones”, indicó, al tiempo que subrayó que, si no se concreta una solución por esta vía, el aeropuerto avanzará con una nueva reclamación legal.

Esa posible acción corresponde a una segunda demanda que Tocumen prepara, estimada en 15 millones de dólares, vinculada directamente a los daños en la plataforma de rodaje.

Esta cifra se basa en estudios técnicos que apuntan a la necesidad de una intervención estructural más profunda para resolver definitivamente las fallas detectadas.

El acercamiento ocurre en medio de un historial legal complejo entre el aeropuerto y la constructora.

En una primera instancia, Tocumen intentó anular el contrato de construcción de la Terminal 2 e inhabilitar a la empresa para participar en licitaciones públicas durante tres años, a través de un proceso ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Sin embargo, ese tribunal falló a favor de la empresa.

Paralelamente, Tocumen impulsó un proceso de arbitraje en el que sí obtuvo un resultado favorable. En ese caso, el tribunal arbitral ordenó a la constructora pagar una indemnización cercana a los 30 millones de dólares por daños y perjuicios. A la fecha, ese monto no ha sido cancelado por la empresa.

La situación no es aislada. Odebrecht tampoco ha cumplido completamente con el acuerdo firmado en 2017 con el Estado panameño para el pago de una multa de 220 millones de dólares por el caso de sobornos a funcionarios.

A inicios de 2026, se informó que la empresa mantiene atrasos significativos en ese compromiso ($147 millones), lo que refuerza las dudas sobre su capacidad o disposición de cumplir con obligaciones financieras pendientes en el país.

En el plano técnico, los daños en la Terminal 2 han sido documentados desde hace años. La infraestructura, cuya construcción fue adjudicada en 2012 por 679 millones de dólares, terminó costando cerca de 917 millones tras múltiples adendas.

Fallas en el techo, sistemas eléctricos, pisos, se han sumado a las reclamaciones del aeropuerto contra la empresa brasileña. Con el tiempo, comenzaron a evidenciarse fallas en las calles de rodaje utilizadas por las aeronaves para acceder a las puertas de embarque.

El punto más crítico es la calle de rodaje conocida como Sierra 8 (S-8), donde se registraron deformaciones, hundimientos y deterioro en la capa de rodadura. En su momento más grave, estos daños afectaron 11 de las 20 puertas de embarque de la Terminal 2, comprometiendo más del 50% de su operatividad.

El impacto operativo obligó al aeropuerto a redistribuir vuelos hacia otras áreas, generando presión sobre la Terminal 1 y afectando también las actividades comerciales en zonas cercanas a las puertas inhabilitadas. La situación se produjo en periodos de alta demanda, lo que incrementó su impacto en la operación general del aeropuerto.

Para determinar el origen de los daños, Tocumen encargó un estudio a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Las conclusiones apuntaron a fallas estructurales profundas en la base del pavimento y problemas de estabilidad del suelo, lo que requeriría reemplazar el asfalto por una estructura de concreto como solución definitiva.

Como medida temporal para sostener la operación de la Terminal 2, Tocumen ejecutó una primera fase de reparaciones en los puntos más deteriorados de la plataforma de rodaje, especialmente en la calle Sierra 8 (S-8).

Los trabajos, a cargo de la empresa Pavimentos Especializados, abarcaron 3,055 metros cuadrados de pavimento flexible y tuvieron un costo aproximado de 288 mil dólares.

La intervención permitió corregir baches y deformaciones severas, rehabilitar parcialmente varias posiciones y reactivar algunas puertas de embarque que habían quedado fuera de servicio. Tocumen aclaró que se trató de una solución paliativa, basada en una mezcla asfáltica modificada, mientras avanzaban los estudios técnicos sobre el problema estructural.

La segunda fase se concentró en otros tramos también afectados, entre ellos los accesos a las posiciones 209, 211, 216 y 217. En esta etapa, el aeropuerto programó las labores principalmente en horario nocturno para reducir el impacto sobre el movimiento de aeronaves y contener el avance del deterioro en zonas críticas adicionales. Según la administración, ambas fases respondieron a una lógica de contingencia para sostener la operatividad mientras se define una solución definitiva.

El informe también advierte que las reparaciones realizadas hasta ahora son de carácter paliativo y no corrigen el problema de fondo. Según la evaluación del aeropuerto, una solución estructural completa tendría un costo cercano a los 15 millones de dólares, cifra que Tocumen buscaría recuperar a través de una nueva demanda, en caso de que se vayan por ese camino.

Expertos en pavimentos aeroportuarios consultados coinciden en que los daños podrían estar relacionados con fallas en el diseño original, el tipo de material utilizado en la base del pavimento y deficiencias en el sistema de drenaje, factores que, combinados, habrían debilitado la estructura con el paso del tiempo.

La posibilidad de que la propia constructora asuma los trabajos plantea un escenario inimaginable: acelerar la rehabilitación, como dice el gerente de Tocumen, también implica confiar nuevamente en una empresa que no ha cumplido con pagos ordenados por instancias legales en Panamá.

Los reclamos de Tocumen contra Odebrecht no se limitan a los daños en la plataforma de rodaje. Otra de las reclamaciones pendientes del aeropuerto está relacionada con las fallas detectadas en el techo y el cielo raso de la Terminal 2.

La administración aeroportuaria inició trabajos de reparación tras las filtraciones registradas durante la temporada lluviosa, las cuales afectaron el área central de la terminal y obligaron a intervenir tanto el cielo raso metálico como las vigas de la estructura.

Según explicó el gerente general de Tocumen, el deterioro responde al uso de materiales deficientes por parte del contratista responsable de la obra.

Detalló que el costo total de estas reparaciones, estimado en alrededor de $2 millones, será incluido en las demandas que el aeropuerto prepara contra Odebrecht por las fallas detectadas en la infraestructura de la terminal de pasajeros.

Los destructores, apoyados por helicópteros y otras aeronaves, enfrentaron amenazas durante su tránsito por esta estratégica vía marítima, según informaron fuentes militares a la cadena CBS News.

De acuerdo con funcionarios de defensa, citados por la cadena, las fuerzas estadounidenses activaron sistemas de protección y apoyo aéreo que permitieron neutralizar o disuadir los intentos de ataque sin que se registraran impactos.

El Comando Central informó previamente este lunes que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un “primer paso” en la operación anunciada por el presidente, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

U.S. Air Force F-16 fighter aircraft are among more than 100 land and sea-based aircraft supporting Project Freedom. During the defensive operation, these advanced warfighting platforms are helping to protect U.S. forces and defend commercial shipping. pic.twitter.com/7boqPZ1rSZ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 5, 2026

El operativo se enmarca en una iniciativa militar estadounidense para asegurar el paso de las naves por el estrecho, una zona clave para el comercio global de energía, mientras las conversaciones de paz entre Washington y Teherán se encuentran paralizadas desde hace tres semanas.

La misión comenzó hoy y según adelantó el Centcom, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15,000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del petróleo mundial.

En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona como medida de presión que ha mantenido aún en medio de la actual tregua entre ambas naciones.

Una fuente militar informada declaró a la agencia iraní Tasnim que el país persa está plenamente preparado para cualquier escenario y que “los estadounidenses saben que Irán no permitirá la intimidación de Trump ni de las fuerzas estadounidenses”.

EMPRESARIOS EN FUGA. Los directivos de las tiendas Lili Pink en Colombia abandonaron ese país antes de que se iniciara el gigantesco operativo de allanamiento en casi todo Colombia, por lo que solo se pudo detener a uno de los nueve que tenían órdenes de aprehensión. Y en Panamá ocurrió lo mismo. El Ministerio Público informó que los empresarios radicados en Panamá abandonaron el territorio tras ordenarse su captura. Y eso que juran inocencia.

ADVERTENCIA. Se avecinan tiempos difíciles para el personal gubernamental. Un proyecto de ley de carrera administrativa, presentado por el Ejecutivo, incorpora limitaciones a las libertades sindicales. Desde ya, la Fenasep anuncia demandas de inconstitucionalidad contra el proyecto si se aprueba tal como está. Ojalá solo sea eso, porque para nadie es un secreto que hay dirigentes que prefieren librar la lucha en las calles en lugar del papel.

PROBLEMAS A LA VISTA. En Condado del Rey pasa algo similar: aires de confrontación. En el programa radial de Álvaro Alvarado, un residente reveló que una promotora, que casi tiene todo listo, se apresta a iniciar el desarrollo inmobiliario de 200 hectáreas, cuya primera etapa consiste en la construcción de 17 torres residenciales. Los habitantes de Condado del Rey –que ya empezaron a organizarse– no se oponen al proyecto, pero sí a que el desarrollo se conecte a la infraestructura existente, ya que habría un colapso. Exigen, en cambio, que tenga su propia red de calles, electricidad, acueductos, etc. Este es un problema gordo porque la promotora tiene casi todos los permisos para comenzar.

CEGUERA VOLUNTARIA. En México hay un escándalo denominado huachicol fiscal, que es un vulgar contrabando de combustible. El Estado mexicano ha perdido miles de millones de dólares en impuestos, pese a que medios y organizaciones de ese país llevan desde 2018 denunciando la existencia de este mercado negro, al que han ligado la administración de AMLO. Ya hay varios asesinados, incluido un contraalmirante que denunció los hechos. Pero, al menos, en México se han iniciado investigaciones, porque acá en Panamá hay negocios muy similares e igual de escandalosos, pero todo el mundo mira para otro lado.

En un cierre de partido frenético, los Spurs estuvieron a punto de arrebatarle la gloria a Minnesota tras una remontada relámpago a falta de apenas 30 segundos y con una desventaja de cuatro puntos.

relive the victory. 🐺 pic.twitter.com/sLz0AB3SrN

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 5, 2026

Tras un robo de balón clave que los puso a solo una canasta de diferencia, los locales tuvieron en sus manos un triple definitivo para ganar el encuentro. Sin embargo, el balón no entró y los Wolves lograron resistir el asedio, sellando una victoria sufrida pero vital ante la amenaza constante del equipo tejano.

El partido, disputado este lunes en el Frost Bank Center de San Antonio, en el estado de Texas, ya dejaba entrever la igualdad entre ambos equipos desde el primer cuarto, con unos Timberwolves liderados por el regreso Anthony Edwards, quien mostró señales positivas de recuperación tras su reciente lesión.

La estrella estadounidense lideró la ofensiva del equipo con 18 puntos (8 de 13 en tiro), aunque su compañero Julius Randle acaparó los focos al coronarse como el máximo anotador del encuentro con 21 puntos (8 de 20 en tiro).

Los Wolves lograron cerrar el periodo inicial con una ligera ventaja de 23-24 habiendo apostado por un juego fluido que les permitió mantener mejores porcentajes de tiros de campo durante la primera mitad.

La tónica no cambió demasiado antes del paso por vestuarios: ambas escuadras intercambiaron canastas y ajustes defensivos que resultaron en un empate a 45 al descanso.

Toma y daca hasta el desgaste

El guion del encuentro empezó a inclinarse a favor de los de San Antonio, quienes elevaron su nivel de acierto de manera drástica con un 57,9 % en tiros de campo durante el tercer periodo frente a un modesto 35,7 % de los Wolves.

A pesar de esta notoria diferencia estadística en la efectividad, los Spurs, quienes supieron aprovechar la ventaja de la localía y mantenerse a flote, cerrando el tercer cuarto con un ajustado 72-69.

Parte de la ligera ventaja que los posicionó, por momentos, por encima del rival se debió en parte a la espectacular actuación del pívot francés, que ya forma parte de los libros de historia de la NBA.

Hasta entonces, Wembanyama (11 puntos, 5 de 17 en tiros) portaba a sus espaldas un récord 10 tapones y sentenció un nuevo precedente para un partido de ‘playoff’, una cifra que al final del partido elevaría a 12.

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— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 5, 2026

Pero el último tramo el asunto volvió a torcerse en favor de los Wolves, que lograron ponerse por delante en el primer asalto de las semifinales de la Conferencia Oeste.

Esta ventaja obliga a los Spurs a realizar ajustes urgentes de cara al siguiente juego de este miércoles, de nuevo en territorio tejano.

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▪️@Timberwolves secure 1-0 series lead in West Semis

The NBA Playoffs presented by @Google continue on Tuesday with two more Conference Semifinal Game 1s on NBC, Peacock, and NBCSN. pic.twitter.com/evuEABXPXe

— NBA (@NBA) May 5, 2026

El primero de estos equipos rodantes llegó al país el 29 de enero de 2024, mientras que el último —el número 26— arribó el 21 de julio de 2025. Es decir, ya han transcurrido más de dos años desde la llegada del primer monorriel. Todas las unidades ingresaron por el puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón, y posteriormente fueron trasladadas hasta Ciudad del Futuro, en Panamá Oeste.

Actualmente, los trenes permanecen en patios y talleres en Ciudad del Futuro a la espera de su puesta en operación comercial, un proceso que podría extenderse al menos dos años más, considerando que la culminación de la obra está prevista para octubre de 2028, tras lo cual iniciarán las pruebas finales para la operación comercial.

A pesar de que algunos trenes tendrán más de cuatro años desde su fabricación al momento de iniciar operaciones, el Metro de Panamá, S.A. (MPSA), asegura que no permanecerán inactivos, ya que forman parte de un proceso continuo de pruebas.

Las primeras pruebas se realizaron incluso antes de su envío, ya que cada tren fue sometido a pruebas de fábrica por la empresa Hitachi, Ltd., en Japón, como parte del proceso de certificación internacional de este tipo de sistemas, destacó el MPSA.

Lea también: Metro de Panamá inicia pruebas del monorriel de la Línea 3, que apunta a operar en 2028

Pruebas y validación

Los 26 monorrieles (cada uno integrado por seis vagones) ya fueron reensamblados en el país y han pasado por pruebas dinámicas y estáticas como parte de su validación operativa.

El pasado 13 de abril se realizaron pruebas dinámicas de rodaje, potencia y frenado en el sector de Ciudad del Futuro, donde se ubica una de las estaciones.

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Además, el Metro de Panamá informó que los equipos rodantes no están detenidos, ya que reciben mantenimiento de rutina en el marco de las pruebas y validación. Este mantenimiento se realiza de forma mensual e incluye inspecciones a cargo del contratista.

La empresa estatal indicó, además, que cada unidad contará con una garantía de fábrica de dos años, que comenzará a regir a partir de la aceptación sustancial del sistema; es decir, cuando se certifique que el proyecto está funcionalmente terminado y puede ser utilizado para movilizar a no menos de 100 mil personas diariamente.

Pruebas formales y avance de obras

El siguiente paso en el cronograma es el inicio de las pruebas formales, previsto para este mes. Este proceso se realizará de manera progresiva, comenzando por tramos específicos hasta alcanzar recorridos completos que llegarán hasta la estación de Albrook, explicó la empresa estatal.

Estas pruebas son fundamentales para verificar el funcionamiento integral del sistema antes de su puesta en operación comercial.

En cuanto a los avances, el tramo elevado ya supera el 83%, con pruebas del monorriel ya iniciadas.

En el caso del túnel bajo el Canal de Panamá, se reporta más del 60% de progreso. La tuneladora concluyó el primer tramo del túnel el pasado febrero, tras completar el cruce subterráneo a 65 metros de profundidad por debajo del cauce. Por su parte, la fase soterrada supera el 47% de avance.

Una obra esperada por más de una década

La Línea 3 del metro es considerada uno de los proyectos de movilidad más importantes del país, especialmente para los residentes de Panamá Oeste, quienes afrentan diariamente congestionamientos severos en la vía Interamericana y en el Puente de las Américas.

La obra, que conectará Ciudad del Futuro con Albrook, ha sido esperada por más de una década como una solución estructural al crecimiento poblacional y urbano en esa región. Se estima que beneficiará a más de 500 mil personas.

Aunque el avance de los trenes y el inicio de pruebas marcan un hito, la expectativa ciudadana se mantiene centrada en la culminación del proyecto y el inicio de operaciones, lo que pondría fin a años de traslados prolongados para miles de panameños.

La obra es ejecutada por el Consorcio HPH Joint Venture y la inversión total de la Línea 3 del metro supera los 4,481 millones de dólares. Este monto incluye el costo de construcción, los 26 trenes del monorriel (286 millones de dólares) y el financiamiento del túnel bajo el Canal de Panamá.

“La Agencia Nacional de Minería (ANM) informa a la opinión pública que, tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa, en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., se confirma el fallecimiento de nueve personas”, señaló esa entidad.

Según la ANM, la tragedia, ocasionada “por una explosión al interior de la mina, dejó un total de 15 trabajadores afectados”, seis de los cuales fueron rescatados con vida y trasladados al hospital regional de la vecina localidad de Ubaté, donde reciben atención médica.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dijo por su parte que los mineros estaban trabajando a una profundidad de unos 600 metros cuando se produjo la explosión, el lunes por la tarde, y que tres de los seis supervivientes lograron salir por sus propios medios.

La explosión ocurrió “aparentemente por acumulación de gases” en la galería en la que estaban los trabajadores.

La Alcaldía de Sutatausa, localidad situada a unas dos horas al norte de Bogotá, identificó a los nueve fallecidos como Crisanto Balanta, Osvaldo Barrera Mojica, Fredy Albeiro Bucuru Acosta, Blas Maria Chitiva, José Mojica Martínez, Carlos Prada Fuentes, Wilmer Yesid Prada, Eduar Trochez y Rodolfo Romero.

La ANM señaló en un comunicado que esta mina había sido objeto de “una visita técnica el pasado 9 de abril” durante la cual se emitieron “recomendaciones orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad” para evitar “acumulaciones peligrosas” de gases especialmente metano.

“Como lo ha alertado la ANM en sus visitas de inspección, los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior de las labores mineras”, indicó.

El pasado 7 de febrero, las autoridades rescataron los cuerpos de seis personas que murieron por una explosión en una mina en el municipio de Guachetá, también en Cundinamarca.

La zona donde ocurrieron estos dos accidentes es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de numerosos municipios.

Sin embargo, esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo. EFE

joc/mgr

(foto)

Pero las dificultades económicas de Spirit vienen de años atrás: además de la inmensa presión que ejerció la pandemia de 2020 sobre todas las aerolíneas del mundo, la compañía se había tenido que acoger a la ley de quiebras -conocida en EE.UU. como Chapter 11- tanto en noviembre de 2024 como en agosto de 2025, respondiendo a las dificultades que estaba teniendo para conseguir liquidez.

En los últimos años, la aerolínea había considerado la venta de sus activos y, más recientemente, había estado en negociaciones con la administración de Donald Trump para acceder a un posible rescate valorado en unos US$500 millones.

El anuncio del cierre de operaciones se conoció apenas horas después de que estas negociaciones hubieran llegado a su fin.

“Spirit estaba en fuertes dificultades desde mucho antes que empezara la guerra con Irán”, dijo el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy. “Su modelo no estaba funcionando”.

Además de dejar a miles de viajeros varados en los distintos destinos a los que Spirit volaba, el repentino cierre de operaciones del sábado dejó a unos 17.000 trabajadores sin empleo, muchos de los cuales se enteraron de la noticia a través de los medios.

Adicionalmente, la desaparición de la compañía afecta la conectividad de EE.UU. con al menos 20 destinos de Latinoamérica y el Caribe, y podría tener un impacto negativo en los precios de los pasajes.

Un modelo ‘revolucionario’

Spirit nació en Michigan en los años 60 como una compañía de transporte terrestre, y luego, a principios de los 80, empezó a incursionar en el negocio de vuelos privados a destinos turísticos como Bahamas o Las Vegas bajo el nombre de Charter One Airlines.

Durante la década de los 90, la compañía empezó a ampliar su flotilla de aviones y en 1999, mudó su sede a la ciudad de Miramar, en Florida.

Su transformación al modelo de aerolínea de ultra bajo costo se dio cuando un fondo de inversiones la compró en 2006, con la idea de adoptar el sistema que había hecho famosa a la aerolínea europea RyanAir: un servicio que ofreciera pasajes baratos, deshaciéndose o cobrando por las comodidades que eran comunes en los vuelos de los competidores de la época.

El modelo terminó siendo polémico pero efectivo: los pasajeros se quejaban de las incomodidades y por el hecho de que la aerolínea cobrara por todo, desde la selección del asiento hasta por imprimir una tarjeta de embarque. Pero poco a poco, la idea se empezó a popularizar, dado a que permitió a más personas a acceder al transporte aéreo.

El modelo “low cost” demostró ser tan efectivo que para 2014, Morgan Stanley eligió a Spirit como la aerolínea de mayor crecimiento para inversionistas y varias aerolíneas tradicionales empezaron a adoptar versiones de la “tarifa básica” para poder competir.

Spirit, además, se empezó a hacer notar gracias a sus publicidades atrevidas y el particular color amarillo con el que pintaba a los aviones de su flota, además de convertirse en el objetivo de los chistes de los comediantes que se burlaban de la infinidad de cosas por las que la compañía podía cobrar.

Pero los años de crecimiento llegaron a su fin cuando la industria aeronáutica atravesó la peor crisis en su historia: la pandemia del coronavirus en 2020.

Años de crisis

Con el caos generalizado que se vivió durante los primeros meses de la pandemia de covid, la industria aérea resultó de las más afectadas: en el pico de la crisis, aerolíneas como Spirit tuvieron que mantener en tierra hasta el 90% de su flota, lo que les generó pérdidas multimillonarias.

Spirit en particular recibió asistencia por US$340 millones en 2020 para poder pagar sus nóminas y en agosto de ese año tuvo que pedirles a parte de sus empleados que trabajaran horarios reducidos o que tomaran vacaciones para no tener que realizar despidos.

Luego, en 2022, Spirit estuvo explorando una posible venta o fusión: mantuvo negociaciones con JetBlue y con Frontier Airlines, pero estas no prosperaron, en parte por la oposición del Departamento de Justicia, que creía que una fusión terminaría afectando los precios de los pasajes.

Después de años de negociaciones, en noviembre de 2024, Spirit se acogió por primera vez a la ley de quiebras, buscando entrar en un plan de reestructuración financiera que se estimaba finalizaría en 2025.

Según información de AP, desde 2020 la compañía había perdido más de US$2.500 millones.

La aerolínea cumplió con los términos de la ley de quiebras en 2025, pero tuvo que acogerse una segunda vez a la misma en agosto de ese año, diciendo que quedaba “mucho trabajo por hacer y muchas más herramientas disponibles para posicionar a Spirit de la mejor manera hacia el futuro”.

Un final repentino

Savanthi Syth, analista de aerolíneas en el banco de inversión Raymond James, le dijo a BBC News que el vertiginoso aumento de los costos del combustible para aviones a raíz de la guerra en Irán, había resultado ser “el clavo final en el ataúd” de Spirit.

Syth señaló que la aerolínea había evitado la reestructuración radical que necesitaba durante su procedimiento de bancarrota en 2024.

Spirit se encontraba en pleno proceso de implementar los cambios necesarios dentro de su actual procedimiento de bancarrota, reduciendo tanto el número de vuelos que ofrecía como la cantidad de aeronaves de su propiedad, dijo.

Sin embargo, su capacidad para sobrevivir ya estaba en entredicho incluso antes del conflicto con Irán, añadió la experta.

“De no haber sido por la situación del combustible, habrían podido sobrevivir el verano; pero, más allá de esa temporada, yo habría calificado su situación como precaria”.

El sindicato Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM), que representa al personal de Spirit, declaró que la noticia resultaba “devastadora para los miles de trabajadores de la aerolínea que acudían a sus puestos cada día y lo daban todo para mantener a Spirit Airlines en el aire”.

“Nuestros afiliados que trabajan en la rampa no fueron los causantes de este fracaso; la responsabilidad recae en la mala gestión corporativa y en una deficiente administración financiera”, prosiguió el sindicato IAM en un comunicado. “Nuestros afiliados merecen respuestas y apoyo”.

La desaparición de la aerolínea fue tan abrupta que ha dejado a miles de pasajeros esperando con boletos en la mano.

Una cliente de Spirit, Yash Kothari, le contó a CBS News —socio estadounidense de la BBC— que no se enteró del cese de operaciones de la aerolínea hasta que llegó al aeropuerto de Filadelfia para tomar un vuelo el sábado.

“El correo electrónico llegó a la 1:00 a. m., por lo que no me enteré”, declaró Kothari al medio.

Otras aerolíneas estadounidenses —incluidas Delta Airlines, United Airlines, American Airlines y Frontier Airlines— han intervenido para ofrecer “tarifas de rescate” a los clientes de Spirit que han quedado varados.

*Con información del reportero de negocios de BBC News Archie Mitchell.

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En la primera rueda de prensa desde el inicio la víspera del Proyecto Libertad lanzado por el presidente Donald Trump, Hegseth insistió en que esta es una iniciativa “independiente” y “distinta” de sus ataques anteriores a la república islámica, y posee una “naturaleza defensiva, de alcance focalizado y de duración temporal”.

“El alto el fuego no ha concluido”, advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba “cierta actividad” al inicio de estas operaciones, que tienen “una única misión: proteger el transporte marítimo comercial inocente de la agresión iraní”, agregó.

Estas declaraciones tienen lugar después de que Teherán acusara hoy a Washington de poner en peligro la seguridad en el estrecho al “violar el alto el fuego” con la operación por la que Estados Unidos ha movilizado centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso de los navíos atrapados a raíz del bloqueo iraní a la vía.

Según Hegseth, las “fuerzas estadounidenses no necesitarán ingresar en aguas o espacio aéreo iraníes” porque “no es necesario”.

“No buscamos un enfrentamiento. Sin embargo, tampoco se puede permitir que Irán impida el acceso de países inocentes y de sus mercancías a una vía navegable internacional”, aclaró, mientras indicó que la interrupción del paso por la ruta marítima de crudo y mercancías por parte de Irán es “una forma de extorsión internacional inaceptable”.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, precisó que “desde que se anunció el alto el fuego, Irán ha disparado contra buques comerciales en nueve ocasiones y se ha incautado dos portacontenedores”.

“Han atacado a las fuerzas estadounidenses más de 10 veces, aunque todos estos incidentes se han mantenido, hasta este momento, por debajo del umbral que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala”, añadió.

Caine insistió, no obstante, que las fuerzas conjuntas de EE.UU. continúan “identificando amenazas” y “permanecen listas para reanudar operaciones de combate a gran escala contra Irán, en caso de recibir la orden”.

“Ningún adversario debería confundir nuestra actual contención con una falta de determinación”, puntualizó.

Hegseth también advirtió a la comunidad internacional que esta es solo una solución temporal y que pronto les tocará a ellos asegurar el paso por el estrecho, por donde circulaba el 20% del petróleo mundial y cuyo tráfico fue interrumpido por Irán como represalia a la guerra lanzada por EE.UU. e Irán el 28 de febrero.

“El mundo necesita esta vía fluvial mucho más de lo que la necesitamos nosotros. Estamos estabilizando la situación para que el comercio pueda fluir nuevamente. No obstante, esperamos que la comunidad internacional asuma su responsabilidad en el momento oportuno. Pronto les devolveremos el control de la situación”, dijo.

Uno de los proyectos a los que se destinará fondos es el Centro de Educación Básica General (CEBG) de Tocumen, ubicado en el corregimiento de Tocumen, en Panamá este. Desde 2018, padres de familia han solicitado la construcción de un nuevo plantel con espacios adecuados para atender a una población que supera los 1,800 estudiantes.

Según el acto público del Meduca, el proyecto incluye el diseño y la construcción de pabellones, la remodelación de aulas, sistemas eléctricos, plomería e infraestructura general, con un precio de referencia de 6,552,283.67 dólares.

De acuerdo con el pliego de condiciones, el plazo máximo para la entrega de la obra será de 600 días calendario, a partir de la orden de proceder, además de 1,095 días para el mantenimiento preventivo y correctivo. La presentación de propuestas está prevista para el 12 de mayo.

En el distrito de Arraiján, las autoridades proyectan la construcción de dos centros educativos: el Centro Educativo Ciudad Esperanza, en Vacamonte, y el CEBG Siete de Septiembre.

Continuamos avanzando en la mejora de la infraestructura educativa, mediante nuevos actos de licitación. #SomosMeduca#ConPasoFirme🇵🇦 pic.twitter.com/FDMLLeId2m

— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) April 30, 2026

En el caso del Centro Educativo Ciudad Esperanza, los padres de familia han luchado por más de cinco años por la construcción de la escuela, a la que califican como “ficticia”, ya que no cuenta con instalaciones propias. Desde 2019, las clases se han impartido en el Centro Regional Universitario de Arraiján y, posteriormente, en aulas modulares. No obstante, los estudiantes están formalmente inscritos en el sistema educativo, reciben el subsidio del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) y cuentan con docentes asignados.

Se estima que en el complejo habitacional de Ciudad Esperanza hay unos 2,000 niños en edad escolar que se beneficiarían de este proyecto. Actualmente, alrededor de 600 estudiantes asisten a clases en ambos turnos.

La construcción del CEBG Ciudad Esperanza contempla el diseño, desarrollo, aprobación de planos y ejecución de la obra, con un costo estimado de 15,443,964.27 dólares. El nuevo plantel contará con biblioteca, área administrativa, pabellones de primaria, premedia y media, laboratorios, módulos sanitarios y depósitos, entre otros espacios.

Por su parte, el proyecto del CEBG Siete de Septiembre se desarrollará en el corregimiento de Arraiján cabecera e incluirá estudios, diseño y construcción, con un precio de referencia de 8,313,441 dólares.

La obra incorporará pabellón de preescolar, área de juegos techada, módulos para primaria y premedia, aulas de artes, laboratorios, baños, biblioteca, cocina y área administrativa.

En la región de Panamá Oeste se estima la ejecución de 21 proyectos de infraestructura educativa, de los cuales 12 ya están en desarrollo —como el IPT Fernando de Lesseps, la Escuela Cristóbal Adán de Urriola, El Mañanal y la Escuela Once de Octubre—, mientras que otros siete se encuentran en trámite, incluyendo el Centro Educativo Ciudad Esperanza y el CEBG Siete de Septiembre.

La población de Arraiján ha demandado durante años la ampliación de la infraestructura educativa, debido al acelerado crecimiento habitacional producto de la construcción de nuevas barriadas.

El verdadero problema no radica en la ley del etanol en sí, sino en la prioridad que se le otorga frente a temas mucho más estructurales para el país. Mientras se impulsa con rapidez una iniciativa de carácter sectorial, las reformas necesarias para combatir la corrupción han sido sistemáticamente frenadas o diluidas. Es grave que, durante años, múltiples proyectos anticorrupción hayan sido rechazados o estancados en comisiones. Un caso reciente ocurrió en octubre de 2025, cuando la Comisión de Gobierno rechazó los proyectos de ley 291 y 292 presentados por la Procuraduría General. Estas propuestas buscaban crear una Ley General Anticorrupción, modificar el Código Procesal Penal para agilizar las investigaciones y aumentar las penas por delitos contra la administración pública.

Históricamente, la Asamblea Nacional ha bloqueado o debilitado otras iniciativas fundamentales: la ley de enriquecimiento injustificado, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la ley de extinción de dominio, la protección efectiva a denunciantes y testigos, y reformas para mejorar el control patrimonial de funcionarios públicos. Muchas de estas propuestas han muerto en comisiones con argumentos jurídicos débiles o simplemente sin mayor debate. Esta conducta sistemática genera una percepción peligrosa: que existe mayor voluntad política para aprobar leyes que favorecen intereses privados y sectoriales que para fortalecer las instituciones y reducir la impunidad.

Cada vez que se rechaza una herramienta efectiva contra la corrupción, se pierde una oportunidad valiosa para cambiar realmente el país. Como advertía Jürgen Habermas en Teoría de la acción comunicativa, la legitimidad democrática depende de una esfera pública deliberativa donde las decisiones se tomen mediante procesos de comunicación orientados al bien común, y no solo mediante acuerdos entre élites. Cuando las leyes se impulsan sin transparencia ni debate riguroso, se erosiona gravemente el vínculo entre poder y legitimidad. Por su parte, Guillermo O’Donnell explicó en Delegative Democracy cómo las democracias pueden degradarse internamente hasta convertirse en “democracias delegativas”, donde los gobernantes actúan con escasos controles y la rendición de cuentas se vuelve simbólica. Su concepto de “Estado de baja intensidad” describe con precisión la realidad panameña: un Estado que existe formalmente, pero que falla en contener a las élites y garantizar derechos efectivos a la ciudadanía.

Es necesario fortalecer las leyes de transparencia para cerrar las puertas a la opacidad y al clientelismo que tanto daño han hecho al país. Sin embargo, seguimos priorizando temas secundarios mientras se postergan sistemáticamente las normas que atacarían la corrupción y el clientelismo de raíz. Seguimos entretenidos en politiquería cuando deberíamos estar haciendo política en su sentido más noble: la búsqueda del bien común y la construcción de instituciones sólidas. Nos distraemos discutiendo cuál político es más popular en redes sociales, no por su trabajo legislativo o su integridad, sino por su imagen, sus frases virales o su capacidad para generar likes y trending topics.

Lo más triste es que, si algo tiene que motivar una protesta real en Panamá, es precisamente cuando no se le da trámite a una ley que sancione la corrupción. Porque los mismos políticos que votan en contra de estas iniciativas mañana seguirán viviendo cómodamente de sus privilegios políticos y económicos, observando las consecuencias de sus actos desde un sillón de comodidad. Si no son invitados como “grandes expertos” en los espacios televisivos nacionales, lo más seguro es que sean reelegidos o dejen a un familiar en su mismo cargo, y nadie les pregunte por qué votaron en contra de las leyes anticorrupción en su momento. Al final, la mayoría de los panameños olvida.

Para romper este círculo vicioso, es urgente que la ciudadanía exija rendición de cuentas real, apoye a los diputados que prioricen las reformas anticorrupción y castigue en las urnas a quienes las bloquean sistemáticamente. Solo con memoria, presión constante y exigencia cívica se podrá avanzar hacia un Panamá más justo y transparente.

El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.

Entre los detenidos hay ciudadanos panameños y extranjeros. De acuerdo con información oficial, entre estos últimos figuran personas de nacionalidad jamaicana.

Las autoridades detallaron que las investigaciones se remontan a 2024, cuando se inició el seguimiento a este grupo presuntamente vinculado al tráfico internacional de sustancias ilícitas utilizando empresas de envío tipo courier como fachada.

Como parte del operativo, se ejecutaron al menos 10 diligencias de allanamiento en distintos puntos del país.

El Ministerio Público informó que la operación se mantiene en desarrollo y no se descartan nuevas aprehensiones en los próximos días, mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance de la red y sus conexiones internacionales.

Son miles y miles de seguidores que en gustos y gastos le destinan fácil unos mil dólares.

A principios de abril, luego de Semana Santa, la feligresía del fútbol acudió a las tiendas especializadas donde pueden comprarse los objetos oficiales del Mundial: los suéteres de las selecciones clasificadas, el balón o la Copa de la FIFA armable con fichas de 3D. La colecta tendría el último envión este martes 5 de mayo, luego de semanas de espera, con la venta anunciada del álbum.

En un recorrido por varias de las tiendas que viven la pasión de los fanáticos, pero a la inversa, pudo establecerse primero que los panameños llegan a experimentar igual intensidad por el fútbol que por su deporte oficial, el béisbol.

Y segundo, que el Mundial no rechaza a nadie porque según los vendedores consultados, compran los artículos seguidores de todas las edades, de varias nacionalidades, de diversas provincias y de múltiples orígenes.

El saque inicial lo tuvo el balón. La vendedora de una tienda detalla que “sale todos los días” el Trionda unisex, la pelota oficial cuyo nombre honra a los tres países anfitriones, y que el esférico “tiene varios tamaños” o presentaciones “para cada necesidad”.

Los precios de los balones “empiezan en el Mini ($17.95)”, ideal para birriar en casa o distraerse en la oficina. Le sigue el Training ($99.99), para jugar en el barrio o en un torneo cualquiera. Y cierra el League, que es una especie de tótem por ser “el que patearán las 48 selecciones”; cuesta $199.99. Muchos lo llevan a casa como un recordatorio sagrado solo para ser visto y quizás acariciarlo, pero nunca patearlo, ni siquiera con las medias puestas.

Hasta 4 suéteres por selección

Las camisetas son una especie de galaxia colmada de planetas de los que hay hasta 4 versiones, y que tuvieron mejor día el martes 14 de abril, cuando salieron a la venta las oficiales de Panamá. Una vendedora asegura que “mujeres y hombres, están en empate” en la compra de la roja, la preferida de “chiquillos y grandes”.

Las rojas de talla pequeña valen $64.15 y las de talla adulta, $85.55. Si esta cifra se le agrega a los $199.99 del Trionda, la cuenta asciende a $284.55

“La azul y la blanca son buscadas, pero menos”, menciona la consultada además de “las miles” de camisetas pagadas por los hinchas panameños hasta agotar algunas tallas. A finales de mayo llegarán nuevos inventarios.

En camisetas de las otras selecciones reina Argentina, defensora del título obtenido en Qatar 2022, que desde la irrupción de Messi viene destronando a Brasil en seguidores panameños. El de “Argentina es el suéter más vendido.

Después son los de España, Colombia y Venezuela”, enumeran los vendedores. ¿Venezuela? “Sí, los venezolanos la buscan buco”.

Mientras sigue la conversación irrumpe en la puerta un hombre con voz caribeña que pregunta en un español tropezado “si tienen la de Curazao”. Le responden que no, pero que “la encuentra en la otra tienda”.

En este almacén las camisetas de las selecciones tienen varias presentaciones y precios. La de entrenamiento o para aficionados llanos cuesta $104; las que usarán en el Mundial, $150. En tallas para niños las tarifas empiezan en $74.99.

Hasta aquí, la cuenta definitiva es de $334.55.

La copa y el álbum

Hace varias semanas apareció por primera vez la Copa Mundial ensamblable con fichas de 3D. Son 2,824 piezas que casi replican el trofeo original en sus dimensiones de 36 centímetros de altura, tono dorado y franja verde esmeralda en la parte inferior. “Desde que salió en abril la llevan” a diario tanto “pequeños” como “grandes”, que pagan por este otro objeto totémico la suma de $250, y que hace trepar el presupuesto a $584.55.

(Habría que ver cuánto aumenta este presupuesto si el hincha se anima a comprar los novedosos sets armables de Messi, de Ronaldo, de Mbappé y de Vinicious Jr.).

Mientras el coleccionista ganó tiempo armando con paciencia metódica una copa de casi tres mil fichas, él también se ha frotado las manos por la emoción y el dinero que gastará por el Álbum de nuestra vida, como ha denominado la versión de 2026 su fabricante Panini.

Y cómo sucede en la vida, que casi nunca ocurren las cosas cuando se quiere sino cuando se puede, los coleccionistas debieron esperar más de lo habitual para conseguir su álbum de selecciones y los sobres con las calcomanías de los jugadores. Hasta Rusia 2018 el álbum mundialista solía salir alrededor de la Semana Santa.

La tradición cambió en Qatar 2022, que se jugó excepcionalmente entre noviembre y diciembre de ese año. En la cita de 2026 participarán por primera vez 48 selecciones, las últimas clasificadas en marzo tras el repechaje, por lo que el álbum salió a la venta en mayo.

“Este Mundial tiene más equipos, o un incremento de 50%. El álbum era de 80 páginas, pero el nuevo tiene 112”, específica Juan Carlos Jiménez, uno de los coleccionistas de álbumes mundialistas más reconocidos en Panamá.

Habiendo iniciado su pasión en la edición de México 86, Jiménez es un laboratorista de los álbumes que emite un diagnóstico sobre el de 2026, que lleva 980 láminas: “Sin contar las figuritas duplicadas, sería necesario comprar 140 sobres, cada uno lleva 7 jugadores”.

Aunque todo diagnóstico tiene su margen de error, Jiménez calcula que “si tenemos un 50% de duplicadas, entonces serían 210 los sobres que deberán comprarse”, cada uno a $121. Es decir que por sus manos pasarán unas 1,410 láminas, preferentemente de futbolistas canjeables si salen repetidos.

“Yo por lo tanto compraré tres cajas de 104 de sobres para ver si puedo llenar el álbum”, en un horizonte temporal de una a cuatro semanas, anticipa Jiménez. Es un tiempo preciso antes del inicio del Mundial, cuando la fanaticada habrá gastado cerca de $960, y más el I.T.B.MS. terminará rondando los mil dólares.

En un momento en el que la educación enfrenta desafíos profundos, esta efeméride invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa la lectura en la formación de ciudadanos críticos, creativos y comprometidos.

Evaluaciones como PISA y estudios regionales como ERCE, de la UNESCO, evidencian que muchos estudiantes en América Latina, incluido Panamá, no alcanzan niveles adecuados de comprensión lectora. Los datos son claros**: esto no solo limita el desempeño académico, sino que reduce las oportunidades de desarrollo personal y profesional a largo plazo.**

La literatura no se sostiene solo en quienes escriben, sino también en quienes leen con profundidad y pensamiento crítico.

Hablar de la importancia del Día del Escritor Panameño no puede limitarse a recordar nombres ilustres. Es necesario preguntarnos: ¿estamos formando lectores capaces de valorar, entender y continuar ese legado?

Autores como Rogelio Sinán, pionero de la literatura moderna en el país, o Gloria Guardia, cuya obra trascendió fronteras, representan mucho más que un referente cultural. Son evidencia de que Panamá tiene una voz literaria propia. Sin embargo, esa voz corre el riesgo de diluirse si las nuevas generaciones no desarrollan las habilidades necesarias para interpretarla y enriquecerla.

Diversos organismos, como el Banco Mundial, han señalado que fortalecer la comprensión lectora desde edades tempranas es uno de los pilares más efectivos para mejorar la calidad educativa y reducir desigualdades.

Leer no es solo una competencia escolar. Es una herramienta de vida que permite analizar información, tomar decisiones informadas y participar activamente en la sociedad.

Es por ello que esta fecha debe entenderse como un punto de partida y no de llegada. No basta con celebrar la literatura. Es necesario cultivarla. Reconocer a los escritores panameños implica también asumir un compromiso colectivo: fomentar la lectura en los hogares, fortalecer las estrategias pedagógicas en las aulas y promover el acceso equitativo a materiales de calidad.

En ese camino, comienzan a surgir iniciativas educativas que buscan atender esta necesidad desde la base. En proyectos como “ComPa’lee”, que nace del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC), coorganizado por el Canal de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE), entre otros aliados, trabajamos con metodologías centradas en distintos niveles de comprensión y materiales adaptados a la realidad estudiantil, donde evidenciamos que sí es posible transformar la manera en que se enseña y se vive la lectura en Panamá.

Un elemento que no puede quedar fuera de esta reflexión es el rol articulador de las instituciones educativas, las familias y el entorno social. La formación de lectores no ocurre únicamente dentro del aula. Se construye también en el hogar, en los espacios comunitarios y en el acceso cotidiano a libros, bibliotecas y contenidos de calidad. Es fundamental trascender lo declarativo a acciones concretas: programas sostenidos de lectura, capacitación docente especializada en comprensión lectora y el fortalecimiento de bibliotecas escolares y comunitarias.

Es necesario incorporar estrategias innovadoras que conecten con las nuevas generaciones, integrando la tecnología como aliada en lugar de verla como una competencia. Plataformas digitales, clubes de lectura virtuales y contenidos interactivos pueden convertirse en herramientas clave para despertar el interés por la literatura en un contexto donde la atención compite constantemente con estímulos digitales.

Promover la lectura también implica reconocerla como un derecho cultural. Garantizar que todos los niños y jóvenes, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan acceso a libros y oportunidades de desarrollar habilidades lectoras es una condición indispensable para construir una sociedad más equitativa, crítica y participativa.

El llamado es claro. El Día del Escritor y la Escritora Panameños no debe pasar desapercibido. Es una oportunidad para revalorizar la lectura como eje de desarrollo nacional y para garantizar que las futuras generaciones no solo conozcan a sus escritores, sino que también estén preparadas para convertirse en los próximos.

Nelson Camarena participó en el LLAC 2022 y Audrey Troetsch en el LLAC 2025. Ambos forman parte del proyecto ComPa’lee.

Está previsto que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publique en las próximas semanas la licitación para la contratación de la empresa que se encargará de administrar el proyecto, a la par con la conclusión del diseño de la represa que lleva un 35% de avance y para finales de año la licitación de la empresa que se encargará de la construcción.

John Langman, vicepresidente de la Oficina de Proyectos Hídricos de la ACP y encargado del proyecto de río Indio, explicó que la licitación busca contratar a la empresa administradora del proyecto, que acompañará a los expertos del Canal en la supervisión del diseño y construcción de la obra.

Posteriormente, a finales de este año, se publicará el contrato principal de diseño-construcción.

“Ese pliego pasa primero por una precalificación donde vamos a analizar diferentes empresas que tengan interés en participar”, explicó.

El Canal busca compañías con experiencia en represas de concreto compactado con rodillo, el sistema seleccionado para la presa principal. “Es un tipo de represa particular muy robusta”, afirmó Langman.

Viviendas nuevas, pagos y apoyo económico: lo que recibirán del Canal las familias de río Indio

Además, informó que se licitarán contratos para caminos, viviendas y nuevas comunidades destinadas al reasentamiento de las familias impactadas por el proyecto.

“Este proyecto es indispensable para el país porque nos brinda agua para la población y para el tránsito de los buques”, afirmó.

Langman detalló que la obra contempla “una represa de tamaño importante, de alrededor de 100 metros de altura en su punto más alto y de alrededor de 900 metros de longitud”, además de tres presas auxiliares que permitirán crear el nuevo lago de Río Indio.

El lago tendrá una superficie de 4,600 hectáreas y un potencial de almacenamiento de alrededor de 1,500 millones de metros cúbicos de agua.

Durante la estación lluviosa el agua se almacenará y luego será trasvasada por gravedad hacia el lago Gatún mediante un túnel de aproximadamente 8.7 kilómetros y cinco metros de diámetro.

“Se trasvasa por vía de gravedad, sin necesidad de utilizar bombas, simple y sencillamente abriendo una válvula”, destacó el ingeniero.

Sobre el avance técnico, señaló que actualmente la ACP desarrolla estudios geológicos y geotécnicos para definir el diseño conceptual de la obra. “Incluye perforaciones geológicas, laboratorios para analizar la capacidad del suelo, pruebas de permeabilidad y evaluaciones con cámaras y ondas sonoras para garantizar fundaciones seguras”, explicó.

Las obras principales podrían iniciar en 2028 y tomar alrededor de cuatro años, mientras que el llenado del embalse podría comenzar hacia 2031. “Una vez concluido el proyecto, en alrededor de un año estaríamos en capacidad de trasvasar agua hacia el lago Gatún”, sostuvo.

En paralelo, la ACP ya ejecuta obras iniciales en la zona. “Acabamos de publicar la construcción de 16 kilómetros de carretera y estamos por anunciar otro camino de 11 kilómetros”, explicó.

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El proyecto requerirá acuerdos de reasentamiento con unas 500 familias. “Pasamos de un 26% de participación a casi un 70%”, aseguró, al señalar que la ACP busca avanzar mediante diálogo y acuerdos individuales con las comunidades.

Reserva estratégica

Aunque el lago Gatún es 10 veces más grande en superficie, gran parte de su agua no puede utilizarse porque debe mantenerse un nivel mínimo para la navegación de los buques.

En cambio, el embalse de río Indio podrá operar con variaciones mucho mayores de nivel, entre 40 y 80 metros sobre el nivel del mar, lo que le dará más flexibilidad como reserva estratégica durante las sequías.

Según la ACP, el proyecto busca complementar a Gatún y Alajuela frente al aumento del consumo de agua potable y los efectos del cambio climático. Langman recordó que durante la crisis hídrica de 2023 y 2024 el Canal dejó de atender unos 2,700 tránsitos por falta de agua, por lo que el nuevo embalse funcionará como un “inventario” hídrico para garantizar operaciones y abastecimiento en épocas secas.

El estudio destaca que una mayor precisión en los pronósticos oceánicos es clave para la pesca, las operaciones marítimas y la planificación ante el cambio climático, ya que permite tomar decisiones más informadas en sectores que dependen del comportamiento del océano.

La investigación demuestra que los datos de temperatura y profundidad recolectados por tiburones marcados pueden aumentar la precisión de los modelos climáticos, especialmente en regiones dinámicas del Atlántico noroeste.

El estudio, publicado en la revista Climate and Atmospheric Science, encontró que, al incorporar esta información en modelos estacionales, los errores en los pronósticos de la superficie oceánica se redujeron de forma significativa, con mejoras de hasta un 40% en algunos casos.

Los investigadores utilizaron tiburones como sensores móviles, al aprovechar que estos animales recorren áreas difíciles de monitorear con instrumentos convencionales.

En total, se marcaron dieciocho tiburones azules y un tiburón mako, que transmitieron más de 8,200 perfiles de temperatura y profundidad, desde distintas zonas y hasta casi a 2,000 metros bajo la superficie.

El proyecto surgió de una colaboración interdisciplinaria entre expertos en tiburones y científicos del clima, quienes identificaron que los datos recolectados para estudiar el comportamiento de estos escualos también podían aplicarse a la predicción climática.

Los dispositivos satelitales instalados en los tiburones registran información en tiempo casi real, lo que permite complementar los sistemas tradicionales de observación. Los científicos subrayan que esta tecnología no reemplaza los métodos existentes; sino que los refuerza, al llenar vacíos de información en áreas clave.

Los resultados de la investigación, liderada por la científica Laura H. McDonnell, formada en la Universidad de Miami, mostraron mejoras especialmente en zonas costeras y de plataforma continental, donde los cambios son más rápidos y los datos suelen ser escasos.

“Los tiburones ya se desplazan por partes del océano que son difíciles de observar para nosotros”, dijo McDonnell, ahora investigadora posdoctoral en la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) de Massachusetts.

“Esta investigación demuestra que los datos que recopilan pueden ayudar a llenar vacíos importantes y, cuando se utilizan cuidadosamente, pueden mejorar la forma en que predecimos las condiciones oceánicas”, agregó la líder de este proyecto de investigación científica.

“Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco”, dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

“Así que nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta la cronología de los casos —los casos sospechosos que conocemos, esos seis o siete, si contamos al que se encuentra bien, a los pacientes iniciales, al primer caso y a su esposa— es que ellos se embarcaron en Argentina” y que éstos se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí“, señaló.

El crucero donde ha ocurrido el brote ofrecía un viaje de expedición y varios de los participantes se dedicaban a la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre.

Por tanto, la hipótesis que privilegia la OMS es que la infección se produjo en tierra y que los infectados se unieron luego al resto de pasajeros.

Van Kerkhove también recordó que la tripulación hizo escala en diferentes islas a lo largo de la costa de África, en algunas de las cuales hay muchos roedores.

Por ello, comentó que “también podría haber alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos”.

La OMS también indicó que se ha iniciado el rastreo de contactos de las personas que fallecieron o son sospechosas de haber contraído el hantavirus de acuerdo a los síntomas que presentan, pero ha insistido en que un contagio entre humanos solo puede darse en casos en los que ha habido una gran cercanía física.

Además, se está trabajando con las autoridades sanitarias de distintos países para ubicar a las personas que desembarcaron en distintas paradas.

El personal médico que subió al barco para evacuar a la pareja neerlandesa que falleció luego en un hospital de Sudáfrica, así como a un paciente que se encuentra en estado grave, llevó consigo equipamiento de protección que está siendo utilizado por las personas que atienden a los dos pasajeros sintomáticos que permanecen en el crucero.

Ese aroma penetrante se ha encarecido mucho en las últimas semanas. El precio del combustible de aviación ha subido drásticamente en los mercados internacionales desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Ahora existe la preocupación de que, a menos de que el estrecho de Ormuz se reabra pronto, podría haber escasez en algunas regiones en los próximos meses.

Muchas aerolíneas ya han subido los precios de los billetes y algunas han recortado su capacidad. A menos que se puedan encontrar suministros adicionales, la falta de combustible podría provocar más trastornos y cancelaciones de cara al periodo álgido de las vacaciones de verano.

La crisis ha puesto de manifiesto lo vulnerable que es el sector en lugares como Reino Unido —el mayor consumidor de combustible de aviación de Europa— ante las perturbaciones en Medio Oriente. ¿Qué repercusiones podría tener esto en nuestras vacaciones de verano y qué se podría hacer al respecto?

La carrera para lograr combustible

La región del Golfo produce mucho más combustible para aviones del que necesita para sus propios fines. Como resultado, en circunstancias normales es un importante exportador, representando alrededor del 20% del combustible que se comercializa cada día en los mercados internacionales.

Europa en su conjunto es un comprador clave de ese combustible. Debido a la falta de capacidad de refinación, el continente depende en gran medida de las importaciones, de las cuales más de la mitad suelen proceder del Golfo.

Sin embargo, dado que el estrecho de Ormuz lleva bloqueado ocho semanas, esos suministros no han estado disponibles, lo que ha provocado una carrera por conseguir combustible en otros lugares. Esto ha provocado un aumento espectacular de los precios.

A finales de febrero, antes de los primeros ataques aéreos estadounidenses e israelíes, el combustible para aviones se cotizaba a US$831 por tonelada en Europa.

A principios de abril, había alcanzado los US$1.838, lo que supone un aumento de más del 120%. Desde entonces ha bajado, pero se ha mantenido constantemente por encima de los US$1.500.

Falta de capacidad de refinación

El combustible para aviones es, en esencia, una forma altamente refinada de queroseno con aditivos especializados, y suele producirse a partir de la destilación fraccionada del petróleo crudo.

Dado que el suministro depende en gran medida de la disponibilidad de capacidad de refinación, la pérdida de producción en el Golfo ha provocado que los precios del combustible para aviones aumenten mucho más que los del petróleo crudo.

“En los últimos dos años y pico se han cerrado cinco refinerías en Europa, mientras que la demanda de combustible para aviones ha ido aumentando año tras año”, explica Amaar Khan, responsable de fijación de precios de combustible para aviones en Argus Media.

“Por lo tanto, observamos una oferta más escasa y una mayor demanda”, agrega.

Reino Unido depende especialmente de las importaciones, que representan el 65% de sus necesidades. Dos de las refinerías que cerraron en Europa eran británicas, lo que deja solo cuatro en funcionamiento en el país.

Menos rutas y más caras

Para las aerolíneas, el combustible es un gasto importante. Por lo general, representa entre el 25% y el 30% de sus costos operativos, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). En consecuencia, si el precio sube, puede tener un impacto significativo en su rentabilidad.

En Europa y Asia, es habitual que las aerolíneas utilicen estrategias de cobertura para limitar su exposición al aumento de los precios, comprando combustible u otros productos petrolíferos por adelantado a un coste fijo o con un límite máximo.

Sin embargo, esto no ofrece una protección total. EasyJet, por ejemplo, cubrió el 80% de su suministro de combustible para el primer semestre del año a US$717 por tonelada, pero adquirir el resto a los precios vigentes le supuso a la aerolínea un costo adicional de US$33 millones solo en marzo.

Otras compañías, especialmente las estadounidenses, han preferido no cubrirse en absoluto en los últimos años, ya que puede resultar caro cuando los precios bajan. Esto las ha dejado muy expuestas a la crisis actual.

Algunas aerolíneas —como Air France KLM, Air Canada y la escandinava SAS— ya han reaccionado recortando sus horarios de verano. El grupo alemán Lufthansa anunció a principios de este mes que suprimiría 20.000 vuelos de aquí a finales de octubre.

“Si una ruta era marginalmente rentable antes de que llegara esta crisis, ahora está claramente en números rojos y perdiendo grandes cantidades de dinero”, afirma Jonathan Hinkles, antiguo director ejecutivo de la aerolínea regional Loganair y actual director ejecutivo de Skybus.

Las tarifas también han ido subiendo. Esto ha sido más notable en las rutas de largo recorrido, especialmente en aquellas que suelen operar las principales aerolíneas del Golfo, donde una fuerte reducción de la capacidad de refinación se ha combinado con los altos precios del combustible para encarecer considerablemente los pasajes.

Un vuelo de Londres a Melbourne (Australia) en junio cuesta ahora un 76% más que el año pasado, por ejemplo, según un estudio de la consultora Teneo.

La aerolínea estadounidense United Airlines se ha mostrado especialmente firme a la hora de garantizar que los pasajeros serán los que sorporten la mayor parte del aumento del combustible. Su director ejecutivo, Scott Kirby, declaró el mes pasado a los inversores que la compañía haría “lo que fuera necesario para recuperar el 100% del aumento de los precios del combustible de aviación lo antes posible”.

IAG, propietaria de British Airways, de la españolas Iberia, Vueling y Level, y de la irlandesa Aer Lingus, también ha advertido de que los viajeros tendrán que pagar más, mientras que la británica Virgin Atlantic ha introducido recargos que van desde los US$68 en un billete de ida y vuelta en clase turista hasta los US$488 en una tarifa de clase business.

Sin embargo, en los vuelos de corta distancia dentro de Europa, el impacto en las tarifas ha sido hasta ahora mucho más moderado. De hecho, según el director ejecutivo de aerolínea de bajo costo húngara Wizz Air, József Váradi, los precios han ido bajando a medida que las aerolíneas han intentado convencer a los clientes potencialmente reticentes para que viajen.

“Simplemente, la gente no sabe qué va a pasar… así que hay cierto grado de indecisión”, declaró a los periodistas a finales de abril.

“Pero, para ser sinceros, ese nivel de indecisión se puede superar mediante incentivos en los precios. Por eso, a corto plazo, lo que se está viendo es que los precios están bajando”, dijo.

Según John Strickland, de JLS Consulting, el alza de los precios da ventaja a las aerolíneas de bajo coste bien cubiertas frente a sus rivales que no han comprado tanto combustible por adelantado.

“Intentarán presionar a otras compañías que no se encuentran en una posición tan sólida”, afirma.

¿Faltará combustible para volar?

Aunque los precios del combustible han sido claramente la principal preocupación de las aerolíneas desde el inicio del conflicto en Irán, hay otra preocupación inminente que afecta especialmente a Europa: el riesgo de que los suministros se agoten.

A mediados de abril, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que asesora a 32 gobiernos miembros sobre el suministro y la seguridad energética, advirtió de que a Europa le “quedaban quizá seis semanas de combustible para aviones”.

Un análisis detallado de la AIE señalaba que, aunque las importaciones procedentes de Estados Unidos se habían recuperado, era probable que el combustible adicional que llega a través del Atlántico solo sustituya a poco más de la mitad de los suministros perdidos de Medio Oriente.

Si esa tendencia continuaba, advertía, las reservas alcanzarían niveles críticos en junio. Esto significaría que “podrían producirse escasez en determinados aeropuertos, lo que provocará cancelaciones de vuelos y una caída de la demanda”.

Es importante señalar que, aunque Europa depende en gran medida de las fuentes de Medio Oriente, también obtiene combustible de otros lugares. Los cargamentos proceden de Asia Oriental, en particular de Corea del Sur y Taiwán, así como de EE.UU. y Nigeria.

Sin embargo, las refinerías de Asia Oriental dependen en gran medida de los suministros de crudo de Medio Oriente, que se han visto restringidos por la guerra, lo que ha reducido la cantidad de combustible de aviación disponible para la exportación.

Por su parte, las importaciones procedentes de EE.UU. aunque están creciendo, se han visto limitadas por el hecho de que el mercado de la aviación estadounidense utiliza un tipo de combustible diferente al de la mayor parte del resto del mundo.

En EE.UU. se utiliza Jet A, que tiene un punto de congelación más alto que el Jet A1 suministrado en Europa. No todas las refinerías estadounidenses que producen combustible para aviones son actualmente capaces de producir Jet A1, lo que limita el excedente que puede enviarse al otro lado del Atlántico.

Hasta el año pasado, India también era una importante fuente de combustible. Sin embargo, la prohibición de la Unión Europea (UE) de importar productos refinados elaborados a partir de crudo ruso tuvo un gran impacto en el suministro.

“En la práctica, lo que esto provocó fue la retirada masiva del combustible para aviones indio del mercado europeo. Simplemente se volvió demasiado complicado”, explica Amaar Khan, de Argus Media.

Como consecuencia, las reservas se han ido reduciendo. Las existencias en el importante centro logístico de Ámsterdam-Róterdam-Amberes (Países Bajos) se encuentran en su nivel más bajo de los últimos seis años, según la empresa de inteligencia de compras Beroe.

Caída de las reservas

Antes del conflicto, Europa en su conjunto contaba con reservas para unos 37 días. Ahora, es probable que esta cifra haya bajado a 30 días, según la empresa. 23 días es el punto crítico en el que la AIE cree que algunos aeropuertos se quedarían sin combustible.

El análisis de Beroe sugiere que existe un “alto riesgo de escasez si continúa el cierre de Ormuz”.

Khan está de acuerdo. “Creo que hay un riesgo enorme”, afirma, aunque señala que los efectos de cualquier escasez no se sentirían por igual. “Probablemente se dará prioridad a los grandes centros de demanda y a los grandes aeropuertos frente a los centros de demanda más pequeños”, explica.

El director ejecutivo de Wizz Air, József Váradi, se muestra optimista respecto a que se encontrarán suministros adicionales, ya que hay “mucho margen para la creatividad” cuando los precios son tan altos.

“No creo que nos vayamos a quedar sin combustible”, declaró a los periodistas en abril. Pero reconoció que la escasez no se notaría por igual en toda Europa.

“No va a ser como si todos y cada uno de los aeropuertos europeos fueran a verse afectados en el mismo minuto de la misma hora. Eso sería un caos”, explicó.

“Hay múltiples proveedores, y cada uno puede encontrarse en una situación diferente, por lo que puede que no consigas combustible de aviación con uno, pero sí con otro”, agregó.

“Pero la medida definitiva, obviamente, es que si realmente no hay combustible en ningún sitio, entonces habrá que cancelar (los vuelos)”, admitió.

¿Qué se puede hacer?

En público, la mayoría de las aerolíneas se muestran optimistas respecto a la situación del suministro de combustible. Pero entre bastidores, tanto en Londres como en Bruselas, se les está exigiendo que adopten medidas que mitiguen el impacto tanto de los altos precios como de la posible escasez.

En Reino Unido, el gobierno está preparando una serie de concesiones. Entre ellas se incluye permitir a las aerolíneas cancelar vuelos en aeropuertos muy transitados, como Heathrow, con suficiente antelación, sin el riesgo de perder valiosas franjas horarias de despegue y aterrizaje.

En circunstancias normales, si las aerolíneas no utilizan las franjas horarias el 80% del tiempo en una temporada determinada, pierden el derecho a utilizarlas al año siguiente. En la práctica, esto puede animar a las aerolíneas a volar con aviones medio vacíos para conservar sus franjas, que pueden valer decenas de millones de dólares.

El nuevo plan les facilitaría recortar sus vuelos con antelación, en lugar de verse obligadas a cancelarlos en el último momento. Por ejemplo, facilitaría que una aerolínea que tenga varios vuelos al mismo destino en un mismo día elimine uno o dos servicios sin ser penalizada.

También se ha pedido a las refinerías que maximicen el suministro de combustible para aviones, mientras que el gobierno está estudiando la posibilidad de permitir las importaciones de Jet A1 desde EE.UU., aunque eso dependerá de si tal medida sería viable con la infraestructura existente.

Las autoridades han dejado claro que las cancelaciones y los retrasos graves debidos a la escasez de combustible se considerarán “circunstancias excepcionales”. Según la normativa de la UE, esto permitirá a las compañías aéreas evitar el pago de indemnizaciones a los pasajeros, aunque estos seguirán teniendo derecho al reembolso o a un vuelo alternativo.

También es probable que se flexibilicen las normas que suelen restringir una práctica conocida como “tankering”.

Esta práctica consiste en que los aviones despegan con mucho más combustible del que necesitan para un vuelo desde aeropuertos donde es barato, con el fin de limitar la cantidad de repostaje necesaria en su destino, donde puede ser más caro. Esto puede suponer un ahorro para las aerolíneas, pero también implica un consumo adicional de combustible, ya que el avión es más pesado al despegar.

Todo esto, sin embargo, está diseñado para hacer frente a los síntomas de la escasez, no a las causas.

¿Y en la región?

La región vio cómo en febrero 39,4 millones de personas viajaron en avión, un 6% más que en el mismo mes del año anterior, según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente amenaza con frenar esta buena racha de la aviación civil comercial latinoamericana.

Ese mismo organismo advirtió, en un informe publicado en abril pasado, que la región se ha convertido en importadora neta de combustible de avión en la última década. ¿La razón? Las refinerías locales, en particular las de México y Venezuela, no han sido modernizadas ni ampliadas.

“Estamos pagando por el combustible de aviación el doble de lo que pagábamos hace un mes. Ese aumento de costo tiene que ser traspasado a precios”, declaró recientemente Roberto Alvo, CEO de la aerolínea Latam, dejando en claro que los pasajeros deberán pagar más por sus viajes de negocios o placer.

Y por si lo anterior no fuera suficiente, el directivo de la empresa chileno-brasileña también anunció que estaban estudiando el cierre de algunas de sus actuales rutas, reseñó el diario peruano El Comercio.

Pero Latam no es la única aerolínea latinoamericana que ha tomado medidas para adaptarse a las turbulencias del mercado energético.

“Sí, vamos a tener que aumentar los tiquetes (pasajes)”, declaró Gabriel Oliva, presidente de la colombiana Avianca, a principios de abril.

Un anuncio similar hicieron desde Aeroméxico, donde informaron que se ajustarían al alza para cubrir el aumento del 13% del precio del combustible. No obstante, Andrés Conesa, director de la empresa, aseguró que el incremento se centraría sobre todo en los vuelos internacionales, los cuales representan 70% de los ingresos de la firma, reportó el diario Proceso.

Sin embargo, estas medidas podrían no ser suficientes. “Con márgenes netos previstos del 4% en 2025, las aerolíneas no pueden absorber subidas de este nivel (de los combustibles)”, advirtió Peter Cerdá, vicepresidente regional de la IATA para las Américas, en un evento celebrado en Chile el mes pasado.

Y aunque la reciente quiebra de la estadounidense Spirit Airlines, la cual cubría una veintena de rutas entre EE.UU. y América Latina, podría interpretarse como una mala señal, las aerolíneas latinoamericanas lo están viendo como una oportunidad. Así, Avianca anunció este fin de semana que se hará con algunas de las rutas de la desaparecida competidora.

*Este artículo fue editado. Haz clic aquí para leer la versión original en inglés

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El recurso presentado por Kravcio está dirigido contra las actuaciones de la juez de garantías Hiroko Tinoco durante el acto de audiencia realizado el 24 de diciembre de 2025, al no acoger un recurso de nulidad contra la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

De acuerdo con el recurso, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada incurrió en una serie de violaciones del debido proceso, ya que no permitió al investigado ejercer acciones de legítima defensa en tiempo oportuno.

Según el documento, la fiscalía realizó varias diligencias de investigación sin admitir la querella contra Kravcio, lo que impidió a sus abogados estar presentes en dichas actuaciones. Además, el escrito detalla que los investigados en este caso no tuvieron ninguna oportunidad para ejercer acciones que aseguraran su derecho a la defensa, lo que produjo una clara violación de sus garantías fundamentales.

La presentación de los amparos impidió que se cumpliera con la fase intermedia del proceso, en la cual la fiscalía y la defensa debían desvelar las pruebas que serían usadas en la fase de juicio.

Por este caso, el médico Rolando Chin alcanzó un acuerdo de pena de 18 meses de prisión. Esta pena puede ser sustituida por el pago de una multa o trabajo comunitario.

Mientras que Kravcio, Javier Alvarado y Marianela Martínez de Alvarado (esposa de este último) gozan de medidas cautelares distintas a la detención provisional, lo que les permite seguir ejerciendo su profesión.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá sobre la presunta participación de profesionales de la medicina en un esquema de fraude en perjuicio de veteranos de guerra residentes en Panamá, quienes recibían atención de salud a través de un seguro.

Hasta agosto de 2023, la fiscalía había logrado cautelar la suma de $585,689 depositados en bancos locales, que se presume formaban parte del dinero pagado por el gobierno estadounidense para que sus veteranos recibieran atenciones médicas en Panamá.

En 2024, unos 36 proveedores médicos en Panamá fueron suspendidos del Programa Médico Extranjero del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos (VA, por sus siglas en inglés) tras una investigación por supuesto fraude en perjuicio de veteranos estadounidenses, a quienes presuntamente se les cobró por servicios médicos que no recibieron.

En aquella ocasión se informó que estas suspensiones eran parte de las medidas para proteger a los veteranos de posibles fraudes, abusos y despilfarro de recursos. Aunque la suspensión de estos proveedores fue una medida sin precedentes, se advirtió que podrían ser inhabilitados permanentemente, lo que protegería el interés público y evitaría futuros fraudes contra los programas del VA, los veteranos y el gobierno federal.

Fuentes ligadas a este caso explicaron que aún existen al menos 16 personas naturales y jurídicas que son objeto de investigación y que pueden ser imputadas en una carpeta separada, ya que todavía se están recabando evidencias sobre su vinculación con las irregularidades detectadas.

La Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado independiente de Vamos, Eduardo Gaitán, se instalará a las 9:00 a.m. A partir de ese momento se abrirá un compás para que diversos sectores participen y aporten recomendaciones técnicas al documento.

Gaitán estimó que el primer debate podría extenderse por unas dos semanas. Según sus cálculos, durante cuatro días se atenderá a gremios de abogados, economistas e independientes, quienes tendrán la oportunidad de manifestar su posición frente al proyecto.

El lunes, explicó, se iniciará con la lectura del documento y la sustentación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También participarán el resto de las entidades vinculadas al tema fiscal.

Los otros cuatro días estarán destinados a la discusión entre los nueve diputados que conforman esa instancia, quienes cuentan con un tiempo de intervención de 30 minutos. No obstante, también podrán participar otros diputados que no formen parte de la comisión.

La Comisión de Economía y Finanzas está integrada por los diputados Eduardo Gaitán y Luis Duke, de la coalición Vamos; Isaac Mosquera, del Molirena; Manuel Cohen y Nelson Jackson, de Cambio Democrático; Ariana Coba y Roberto Archibold, del Partido Panameñista; Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Ariel Vallarino, del partido Realizando Metas.

“Hay que recordar que este es un proyecto altamente técnico, que tiene como fin que Panamá salga de las listas grises internacionales de la Unión Europea”, dijo Gaitán.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, endurece los controles a grupos multinacionales para evitar que utilicen al país para eludir o reducir impuestos, con el fin de que la Unión Europea excluya a Panamá de la lista de paraísos fiscales.

Pleno en receso

Mientras la comisión realiza este trabajo, el pleno —que ayer al mediodía realizó la instalación en un breve acto protocolar— permanecerá en receso. Así lo explicó el presidente del Legislativo, Jorge Herrera.

Herrera indicó que hasta que la Comisión de Economía y Finanzas no apruebe el documento en primer debate, los diputados no volverán al hemiciclo.

La semana pasada el presidente José Raúl Mulino convocó a los diputados a sesiones extraordinarias para discutir única y exclusivamente este proyecto. Tendrán hasta el próximo 5 de junio para aprobarlo en los tres debates, antes de remitirlo al Ejecutivo para su respectiva sanción.

A eso de las 11:55 a.m. de este lunes 4 de mayo se instaló el período de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para la discusión del proyecto de ley que reforma el Código Fiscal.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/mlhofxqAFm

— La Prensa Panamá (@prensacom) May 4, 2026

El documento fue presentado el pasado jueves 30 de abril, último día del período ordinario de sesiones, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Ese día, Chapman explicó que los estándares globales exigen que los beneficios fiscales estén sustentados en actividad económica real. Además, recordó que la permanencia de Panamá, desde 2021, en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes refleja la situación actual.

Según el ministro, mantener esa condición conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la preservación y generación de empleo.

Chapman enfatizó que otros países de la región han logrado salir de dicha lista mediante reformas orientadas a fortalecer los requisitos de sustancia económica y modernizar sus marcos tributarios.

Recargo del 15%

La propuesta plantea cambios al Código Fiscal para evitar la “elusión fiscal”, es decir, que las empresas utilicen mecanismos para reducir o evitar el pago de impuestos tanto en Panamá como en sus países de origen. Se trata de una norma exigida desde hace años por la Unión Europea y otros foros internacionales para excluir a Panamá de la denominada lista gris.

El proyecto crea la figura de la “entidad no calificada”, aplicable a aquellas empresas que no acrediten o certifiquen sustancia económica, o que incumplan sus obligaciones de información. Estas entidades deberán pagar un impuesto del 15% sobre la renta bruta generada en Panamá.

Además, se creará un nuevo Capítulo I-A en el Código Fiscal, denominado “Reglas de Sustancia Económica para Rentas Pasivas”, que obliga a las empresas a demostrar presencia económica real en Panamá para mantener el tratamiento fiscal favorable de estas rentas.

SAN JOSÉ.– El pasado jueves, la respetada organización independiente Reporteros sin Fronteras reveló un nuevo retroceso en la libertad de expresión de Costa Rica. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 descendimos dos puestos, hasta el lugar 38.

En 2021 habíamos ocupado el quinto lugar, solo superados por Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Pero a partir del siguiente año iniciamos una vertiginosa caída. La razón es de sobra conocida: la ofensiva gubernamental a los periodistas y medios independientes.

Dos días después de ese anuncio, se hizo público un nuevo e inesperado golpe al periodismo independiente. Esta vez fue de naturaleza extraterritorial: el retiro de visas de ingreso a Estados Unidos a cinco de los siete miembros de la Junta Directiva de La Nación S.A., empresa editora de este periódico, La Teja y El Financiero.

Ante la ausencia de explicaciones sobre la decisión o de razones objetivas que la sustenten, solo es posible llegar a una conclusión: su propósito ha sido castigar la línea editorial de La Nación y, a la vez, tratar de doblegar nuestra autonomía periodística. De aquí que, aunque sea del resorte soberano de su gobierno, la consideremos un serio ataque a la libertad de expresión.

Aplicar tal medida a la casi totalidad del cuerpo colegiado de un órgano de prensa no tiene precedentes en nuestra historia. Incluso, no conocemos ningún caso similar en otros países democráticos. Su gravedad no puede menospreciarse.

El castigo ya se materializó, con perjuicio para cinco personas con hojas de vida intachables. El intento de que renunciemos a nuestra independencia y los principios que nos han guiado por casi ocho décadas no prosperará. Al contrario, nos da nuevos bríos para seguir adelante. Bien lo dijo nuestra Junta Directiva en un comunicado a raíz de la decisión:

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años”.

“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad”.

No pretendemos erigirnos en mártires o héroes por lo sucedido, sino denunciar sus posibles móviles y reiterar que, como equipo periodístico, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas éticas, profesionales y cívicas. Son esas las principales razones de nuestra existencia y arraigo en la sociedad.

Quizás el contenido que el retiro de las visas quiso penalizar sea aquel en que hemos cuestionado, con respeto, sustento y claridad, decisiones tomadas por el actual gobierno estadounidense. Si tal fuera el caso, muchos otros medios, en muchos otros países, tan o más severos en sus críticas, habrían experimentado lo mismo.

Que no haya sido así conduce a otra hipótesis, más factible y más perturbadora: que el propósito sea cobrarnos nuestra vigorosa independencia de criterio y crítica hacia el presidente Rodrigo Chaves y su gobierno.

Cuesta creerlo, porque implicaría que el gobierno de Estados Unidos decidió convertirse en instrumento de sus ímpetus autocráticos, pero, por desgracia, otros hechos dan aún más sustento al supuesto.

La decisión se divulgó en tres medios usualmente cercanos a la Presidencia, con detalles de nombres y fechas de vencimiento de las visas actuales de los afectados, antes de que estos fueran informados. Es casi imposible que hayan salido de la Embajada estadounidense. Además, este ha sido el mismo patrón observado, a partir de febrero de 2025, en los demás casos de costarricenses despojados de sus visas.

Sobre algunos de ellos era posible señalar, como eventual (aunque no legítima) razón, estrechas relaciones con la empresa china Huawei. En la mayoría, sin embargo, el elemento común ha sido la animadversión del presidente Chaves hacia las personas afectadas, casi todas de elección popular o en cargos de alta responsabilidad.

Entre ellas están los magistrados constitucionales Paul Rueda y Fernando Cruz; el expresidente y premio Nobel de la Paz Óscar Arias; el entonces presidente en funciones de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y los diputados Francisco Nicolás y Vanessa Castro.

En nuestro editorial del 2 de abril de 2025, a raíz del retiro de la visa a Óscar Arias, escribimos lo siguiente: “…si se opta por algo tan grave e injustificado contra un expresidente y diputados, ¿qué podría pasar con otras personas cuyas posiciones sean consideradas inaceptables por la Casa Blanca, o que, simplemente, generen enojo a sus más altos funcionarios?”.

Hoy tenemos razones muy sólidas para suponer que no se trata solo, ni tanto, de qué se piense en Washington; muchos elementos también apuntan hacia la Casa Presidencial de Costa Rica.

La convergencia de ambos torna alarmantes tanto el método como los propósitos que lo animan. No solo vulneran seriamente la libertad de expresión, sino la integridad de nuestra democracia.

Personal de la Fiscalía se reunió este lunes 4 de mayo con el director de la ATTT, Nicolás Brea, para conocer detalles sobre la decisión de incluir la frase, la cual ha generado debate en redes sociales.

Durante el encuentro, le recordaron al director que las normas electorales establecen los periodos de campaña y prohíben el uso de recursos del Estado con fines políticos.

Brea, por su parte, explicó que el diseño de las placas fue aprobado mediante resoluciones emitidas en 2025 y que actualmente se encuentra demandado ante la Corte Suprema de Justicia.

Fue la bancada Vamos la que presentó, el pasado 10 de abril, una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte, con el objetivo de frenar la inclusión del lema oficialista “Con paso firme” en las placas vehiculares que circularán en el país entre los años 2026 y 2030.

La acción legal va dirigida contra la Resolución No. 001-RUVM de enero de 2025, emitida por la ATTT.

Según la demanda, la institución habría incurrido en una extralimitación de funciones y desviación de poder al incorporar un mensaje de carácter político en un documento de identificación oficial.

La información fue confirmada por la CSS en un comunicado publicado en redes sociales.

“La Caja de Seguro Social (CSS) informa que ha recibido la renuncia del señor Ricardo Sotelo Guedes a sus cargos como presidente y miembro de la junta directiva, en representación del sector empleador”, se indica en un comunicado de la entidad.

La CSS no reveló las razones por las cuales Sotelo renunció, pero fuentes de la entidad adelantaron que se fue molesto con la dirección y por aparentes diferencias con miembros de la junta directiva.

No es la primera vez que los representantes del sector privado chocan con la dirección de la CSS. Lo mismo ocurrió cuando estaba como director Enrique Lau, a quien criticaron por no apresurar las reformas que urgían en la entidad.

En el comunicado, la institución resalta que los mecanismos de gobernanza contemplan las disposiciones para garantizar la continuidad de las funciones de la junta directiva, la designación del reemplazo del representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la elección de un nuevo presidente de la junta directiva.

#ComunicadosCSS | CSS comunica sobre renuncia de presidente de la Junta Directiva de la CSS. pic.twitter.com/3bt5DzLoxk

— CSSPanama (@CSSPanama) May 4, 2026

Cabe recordar que el 19 de diciembre de 2024, la junta directiva de la CSS escogió a Sotelo como presidente de esta directiva por un periodo de 20 meses. En esa ocasión fue seleccionado como vicepresidente Aniano Pinzón, representante del sector obrero.

También forman parte de la directiva como miembros principales: Emguelbert Estrada, representante de los servidores públicos; Amílcar Córdoba, representante de los empleadores; Rubén Batista, representante de los pensionados y jubilados; Julio Centella, representante de los trabajadores; Ricaurter Jurado, representante de los trabajadores; Marelissa Quintero, representante de los empleadores; y Rubén Chavarría, representante de los profesionales y técnicos de la salud.

En días recientes, el terreno donde se desarrollará el proyecto llamó la atención de quienes transitaban por la zona: un grupo de personas en movimiento, montando bicicletas y generando una dinámica poco habitual en el lugar. Fue una forma de anticipar el concepto detrás de APRÉS: una energía que nace del movimiento, del cuerpo y del bienestar.

Más que un edificio, APRÉS es una comunidad concebida para quienes buscan equilibrio, salud y calidad de vida en un entorno exclusivo. Inspirado en la premisa de que no hay mejor lujo que sentirse bien, el proyecto propone una forma de habitar en el centro de la ciudad más consciente, activa y conectada.

Diseñado por la reconocida firma ARANGO ARQUITECTOS, APRÉS integra un enfoque de wellness residencial donde el bienestar no es un complemento, sino la esencia del proyecto.

Entre sus principales atributos destaca un gimnasio, área de recuperación y salud con más de 700 m², concebido bajo estándares internacionales por el estudio de diseño de alto nivel PARAGON STUDIOS, basado en Inglaterra. Este espacio incorpora áreas especializadas de recovery y un completo centro de terapias para el cuidado integral del cuerpo y la mente.

El proyecto contará con un edificio completo dedicado a amenidades, incluyendo espacios de coworking diseñado por THE YARD, basado en N.Y., reconocidos por crear espacios de trabajo contemporáneos que combinan funcionalidad, estética sofisticada y una experiencia premium. Après también tendrá sala de cine y conferencias, cancha multiuso, pista de atletismo, arcade, parques infantiles, piscina infinity, jardines de meditación y una plaza central con un artisan coffee shop como punto de encuentro de esta gated community; todos los interiores cuidadosamente curados por la reconocida firma BETTIS TARAZI ARQUITECTOS.

APRÉS tendrá 50 niveles de apartamentos de 2 y 3 recámaras, con metrajes desde 64 hasta 95 m², diseñados para maximizar la luz natural, la ventilación y las vistas hacia el mar y la ciudad.

Inspirado en el concepto “The Calm After the Effort”, el proyecto propone un estilo de vida donde cada día fluye entre actividad y descanso, promoviendo un equilibrio integral.

Con este lanzamiento, EFC Group, con más de 25 años en el sector inmobiliario de Panamá y Miami, reafirma su compromiso con el desarrollo de proyectos que responden a una nueva forma de vivir, apostando por experiencias residenciales que van más allá del lujo tradicional.

La creciente demanda de servicio en un territorio con escasa planificación territorial y débil gobernanza han llevado las crisis a un punto en que los gobiernos ya no pueden o no deben ignorar las decisiones de fondo con respecto al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). El tema es recurrente en foros privados y públicos y los reclamos de los consumidores copan las redes sociales y las denuncias del 311.

Mientras tanto, el rezago en la toma de decisiones ha conllevado crisis periódicas que han tenido como “víctima oficial” al director de turno. Designaciones para cinco años han terminado en períodos de dos o tres, con un mínimo de dos directores ejecutivos por Administración, sin que eso signifique que el problema de fondo o la crisis del momento se resolvió. De hecho, en la crisis del presente período, además de la salida del director de la entidad, se reporta la de su segundo y la del presidente de la junta directiva, Manuel González Ruiz, quien habría renunciado la semana pasada, aunque no ha habido comunicación oficial.

El abogado y analista Rodrigo Noriega lo plantea de la siguiente manera: Es fundamental entender que para que el Idaan funcione hay que despolitizarlo, es decir, el administrador o administradora debe ser nombrado por un periodo mucho más largo para que pueda implementar políticas públicas de más larga duración. Segundo, aunque la ley permite que se aumente la tarifa, en la práctica los políticos no lo van a permitir porque eso significa impopularidad. Lo que resulta es que el Idaan queda sin recursos, añade, dependiendo de transferencias del gobierno central y esas transferencias son usualmente para construir nuevos acueductos y no para reparar lo que ya tienen.

La exdirectora ejecutiva del Idaan, la ingeniera Julia Guardia (2014-2017), agrega que tecnificar la institución puede ayudar grandemente, pero además se necesita gente capacitada, que “no te manden” a nombrar secretarias, sino nombrar técnicos, ya que “eso tiene un manejo y tiene su ciencia”.

El pacto nacional

Durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) se desarrolló lo que se denominó el Pacto del Bicentenario, un diálogo nacional moderado por Naciones Unidas cuyo objetivo fue consensuar soluciones a problemas estructurales del país con el aporte de todos los panameños. Como parte del trabajo realizado por las comisiones temáticas nacionales, base para la construcción del Pacto se establecieron 187 acuerdos, de los cuales 10 tienen relación con problemas y obstáculos identificados en el tema agua.

Para este momento, la Iniciativa Ciudadana Pro Rescate del Agua Potable, conformada en 2022 con especialistas, ex funcionarios y ex directores de los extintos Intel e IRHE, así como de la Autoridad del Canal de Panamá, ya estaba activa y logró incluir algunos de sus planteamientos en el diálogo.

De todo lo presentado, la Comisión Agua del Pacto del Bicentenario acordó proponer un cambio constitucional para asegurar el agua como patrimonio nacional, así como "crear una institucionalidad especializada para la gestión del recurso, implementar el marco legal existente y fomentar la gestión interinstitucional e integrada". Respecto de la infraestructura para el saneamiento, la comisión señaló que el “sistema de tratamiento de aguas residuales está colapsado y la institucionalidad no tiene recursos para mejorarlo”. Frente a esto se propone un plan maestro al 2052 para aumentar la cobertura del tratamiento y la revisión de los sistemas de precio del recurso y su tratamiento. En resumen, una serie de cambios enfocados en el modelo de institución y la gestión, aunque hasta ahora ninguna de las propuestas se ha materializado. Aunque esta iniciativa concluyó, el ejercicio “es una oportunidad para que los gobernantes –actuales y sucesivos—asuman el compromiso de tomar medidas y decisiones para avanzar, con estabilidad y asegurar la gobernanza. El Pacto y sus acuerdos es también una invitación a reconstruir instituciones, consecuentes con las expectativas de toda la población panameña”, señala el documento, que recibió 175,922 aportes provenientes de todo el país.

La propuesta del modelo ACP

Todo tiene que ver con la gobernanza y mejores prácticas, afirma Eric Martínez, y describe la aspiración de la Iniciativa Ciudadana Pro Rescate del Agua Potable: una institución autónoma de verdad, con una junta directiva de clase mundial que decida, que tenga independencia administrativa y financiera y que, como cualquier empresa, decida su tarifa. Pone el ejemplo de Empresas Públicas de Medellín, la cual, establece su tarifa, que cubre sus costos y le da una ganancia que se reinvierte; y el agua, añade, no es un problema para la gente, porque se trabaja como si fuera una empresa privada, aunque es estatal.

La propuesta de este grupo consiste en que el Idaan migre a una figura similar a la de la Autoridad del Canal, con independencia administrativa y financiera, que maneje todo el ciclo del agua: cruda (de los acuíferos), potable (potabilización y distribución) y el agua servida (tratamiento y alcantarillado). No puedes tener una empresa modelo de agua potable sin el inicio, donde está la materia prima, no puedo tener una planta de lujo tomando agua de un charco, por eso la empresa debe tener control de todos los aspectos. Todo tiene que coordinarse, todos los sistemas tienen que planificarse en la debida dimensión para que el ciclo de agua no se interrumpa y el sistema no se atasque. El círculo virtuoso sería posible con el Título Constitucional, a propósito de que no tenga la interferencia político partidista ni dependa de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Economía y Finanzas, que establezca sus proyectos de inversión y ejecute, agrega Martínez. Es adoptar lo que ya ha funcionado, indicó, no hay que inventar la rueda, es adoptar el modelo del Canal.

El grupo está consciente de que hablar de un Título Constitucional no será fácil ni rápido y dependerá de un debate que aún no comienza. Por ello, están apuntando a una primera fase que implicaría la corporatización del Idaan, es decir, crear una ley que convierta el instituto en una empresa estatal, aunque bajo las normas de gobierno corporativo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esa empresa incluiría al Idaan y el Programa de Saneamiento, dejando el tema del agua cruda y las cuencas para “cuando se discuta la reforma a la Carta Magna”.

Actualmente, en el país funcionan bajo un modelo de corporatización poco más de una docena de instituciones, entre ellas, Metro de Panamá, S.A., Tocumen S.A., Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa).

En 2016, el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá hizo una evaluación a cinco empresas estatales y una de ellas fue el Idaan. Tres años después hizo una revisión para verificar avances o mejoras. “La actualización mantiene las 19 recomendaciones del estudio original […]”, se lee en el reporte.

El estudio original se basó en una guía de la OCDE de las 100 mejores prácticas para empresas propiedad del Estado (en lo económico y lo social), que constituyen la única norma internacional existente sobre gobierno corporativo de empresas de propiedad estatal. El estudio evaluó cinco aspectos generales: Responsabilidades de la junta directiva, Transparencia y divulgación, Partes interesadas y Negocios responsables, El mercado y Papel del Estado como propietario.

Martínez destacó que 53 de las 100 mejores prácticas las explica la responsabilidad de la junta directiva y el Estado, y que las otras 47 se relacionan con aspectos internos. La nota más baja la sacó el Idaan (23/100).

La propuesta de la Iniciativa Ciudadana Pro Rescate del Agua encaja con las recomendaciones de este estudio. Una de ellas señala que “el Idaan debería ser corporeizado”. A pesar “de que la corporatización no traería cambios significativos en las prácticas de gobierno, dos beneficios inmediatos serían el requerimiento de preparar estados financieros según las NIIF y la realización de una auditoría externa independiente […]”, expresa el reporte de 2019. También se aconseja que “el proceso de nombramiento de la junta debe ser más transparente, con menos influencia política a fin de lograr una junta más profesional y estable. Esto tal vez requiera cambios en la ley de creación del Idaan o pudiera realizarse mediante corporatización”.

La opción empresa mixta o APP

Fernando Aramburú Porras es economista, exdirector del extinto IRHE y fue gerente de Petroterminal de Panamá. Considera que el Idaan debe reestructurarse de cero y dividirse, es decir, que no sea una sola institución la que maneje todo los sistemas (producción, distribución y saneamiento).

Él propone que se tenga una institución pública o mixta o una de alianza público-privada que produzca el agua y la potabilice y que se establezca una combinación de plantas potabilizadoras públicas y concesiones privadas, dependiendo de la zona y de las condiciones.

“Tratar de reestructurar el Idaan no es factible mientras esté la política metida y lo va a estar así lo conviertan en Autoridad o traten de transformarla, podrá funcionar por un tiempo, después se politiza, eso se ha demostrado una y otra vez en las empresas públicas”, aseguró Aramburú Porras.

Por ello, propone que el servicio siga siendo público y con tarifas reguladas (sector regulado) y fiscalización de la calidad del servicio que se ofrece por parte del Estado.

La parte que es distribución, mantenimiento de las líneas, construcción de nuevas líneas, abastecimiento de nuevas urbanizaciones, así como la medición, facturación y cobro se le traspasaría al sector privado que, según Aramburú Porras, lo hará de forma más eficiente. Las tarifas, añade, serían estructuradas en niveles o estratos, como lo hacen muchos países. “No podemos seguir con una tarifa que es menos de la mitad del costo”, añade, hay que restructurar la tarifa de tal manera que los de más alto ingreso paguen el costo bajo las reservas necesarias para mantenimiento e inversión, mientras que al resto de los niveles se les mantiene una tarifa subsidiada, tal como se hace en el sector eléctrico.

Reacciones a los modelos

El presidente de la SPIA es comedido a la hora de responder sobre el modelo y la opción que propone la Iniciativa Ciudadana. “La tendencia siempre ha sido tercerizar y eso no lo podemos aceptar”, dijo el arquitecto Tomás Correa. “Tenemos que sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo en qué modelo queremos establecer”, agregó. Y en cuanto a un eventual modelo tipo ACP, fue directo: “eso es muy delicado, aunque funcione”, “hacer otro país dentro del país, esa es la parte que nos preocupa”, apuntó.

La ingeniera Guardia también tiene acotaciones para estas propuestas. Destaca que el Idaan se concibió como una corporación y que originalmente trabajaba bien, pero que hoy es una institución muy complicada. Añadió que el Idaan no puede resolver sus problemas solo, que necesita la ayuda del Gobierno Central y el apoyo económico que recibe con transferencias del Ministerio de Salud.

Al principio, “se recibía lo que se cobraba, pero [hoy] ni el gobierno paga, a pesar de que tiene en su presupuesto de operación los servicios básicos”, dijo.

Aramburú Porras, por su parte, consideró que tratar de hacer el Idaan como el Canal no es factible porque la Autoridad del Canal de Panamá tiene un Título Constitucional que la separó “efectivamente” de la política, además de una tradición de 100 años de operar bajo ciertos estándares, que no son los del Idaan, una institución que es ineficaz y fallida.

En febrero pasado, la directora nacional de Comercialización del Idaan, Marvina Ábrego, anunció cortes por morosidad en el sector residencial y comercial e informó que en ese momento la deuda sumaba $98 millones de dólares, de los cuales $82 millones correspondían a residencias y $16 millones a comercios. $10.2 millones del total se concentran en la provincia de Panamá.

Guardia mencionó que en la estructura estatal hay una opción que dice que los servicios básicos se pueden descontar directo y en su momento ella solicitó que se hiciera esto con las instituciones, pero y la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas fue que eso era un lío. “Por eso digo, ahí tú ves que la política se va metiendo, porque hay decisiones que no puedes tomar como una corporación porque, al final, tu jefe es el presidente” de la República.

“El que vaya ahí no lo va a pasar bien, no es fácil y se requiere de alguien que tenga los pantalones bien puestos, que esté bien conectado políticamente, que sepa lo que está haciendo, porque el Idaan no es un ministerio y no es una oficina de proyectos”, remarcó.

El abogado y analista Rodrigo Noriega reafirma lo fundamental que es que el Idaan tenga más autonomía y la capacidad de funcionar a más largo plazo y, sobre todo, la posibilidad de obtener nuevas fuentes de ingreso. Alude al hecho de que la entidad no puede embotellar su agua para venderla y que, por ejemplo, no puede darle servicio a países de América Latina o Europa que tienen escasez de agua.

“El Idaan podría potabilizar agua y venderla a esos países y con eso financiar su red y apropiadamente subsidiar a los sectores más vulnerables. En la práctica ni subsidiamos bien a los sectores más vulnerables, porque no tienen agua, y permitimos que los sectores más acaudalados de la sociedad tengan agua excesivamente barata”, adujo.

La temporada de lluvias empezó a fines de abril, con la amenaza de que el fenómeno de El Niño traerá más crisis en los próximos meses. Sin embargo, desde el Ejecutivo, la noticia que llegó fue el segundo director de su Administración, más el anuncio de que se abrirán más pozos en Azuero mientras se concretan las soluciones mayores para esta región que tiene un año sin acceso a agua potable del grifo.

“Ahora mismo hay que tomar una decisión fuerte”, concluye Guardia.

Busque en la tercera entrega, una mirada en profundidad a los números del Idaan.

Eran las 3:15 de la madrugada cuando la ciudad entera se despertó de un golpe. No hubo aviso. Solo una detonación brutal, seguida de un estrépito que nadie supo explicar. Los vecinos saltaron de sus camas, los perros ladraron sin cesar y la Avenida Central se llenó de gente que corría sin saber hacia dónde. “¿Qué pasa?”, preguntaba todo el mundo. Nadie respondía.

Entonces alguien gritó: “¡El Polvorín!”. Y hacia allá fue todo el mundo.

El Polvorín era un edificio de mampostería ubicado en la Avenida Nacional, en lo que entonces eran las afueras de Panamá, cerca de donde hoy está el Hospital Santa Fe. La Policía Nacional y algunas empresas privadas lo usaban como depósito de material explosivo y municiones. Era, en esencia, una bomba esperando su momento.

Veinte minutos para una catástrofe

A las 2:55 de esa madrugada del 5 de mayo de 1914 se activó la primera alarma en la cajilla 54 de San Miguel. El Cuartel de Bomberos de Calidonia respondió primero por ser el más cercano. A las 3:10 llegaron al lugar, que ya ardía.

Conectaron las mangueras. El comandante Guizado daba las órdenes. El capitán Grimaldo dirigía las operaciones sobre el terreno y notó que el fuego había alcanzado también el techo. Cuando se disponía a ordenar que tomaran precauciones, ocurrió la explosión.

Guizado quedó tendido en el suelo. No supo más hasta que volvió en sí. A su alrededor, el caos: heridos que gemían, escombros por todas partes y el silencio pavoroso que solo se rompe cuando algo irreversible acaba de suceder. La crónica de La Estrella de Panamá, publicada al día siguiente bajo el sobrecogedor titular ¡Hecatombe!, lo describe así: “Acá un cuerpo tendido y quejumbroso, allá una masa informe que fue en vida un bombero, y más, el miembro desprendido del tronco, y por todas partes fragmentos de escombros”.

Del edificio no quedó ni un solo rastro. Solo un profundo boquete en la tierra y una nube de polvo donde antes había un muro.

Seis nombres que la ciudad casi olvidó

Murieron seis bomberos: Alonso Teleche, Juan Bautista Beltrán, Félix Antonio Álvarez, Luis de Bazac, Luis Buitrago y Faustino Rueda. Otros diez resultaron heridos, entre ellos el comandante Domingo Vásquez y el mayor Florencio Arosemena Icaza. También murieron el conserje de la plaza de toros adyacente y su esposa. La explosión fue tan violenta que el edificio de la plaza de toros, que colindaba con El Polvorín, quedó prácticamente destruido.

Lo que esos hombres impidieron con su intervención es difícil de calcular. En 1914, la mayoría de los edificios del barrio eran de madera. Si el fuego se hubiera propagado, el resultado habría sido incalculable. Murieron conteniendo lo que pudo haber sido el fin de Calidonia.

Nunca se estableció con certeza la causa del siniestro. Circularon tres teorías: el incendio de la maleza que rodeaba el edificio, una “mano criminal” y una hipótesis sobre inflamación espontánea de la pólvora que fue descartada de inmediato. La verdad se perdió entre los escombros.

Un terreno baldío convertido en memoria

El alcalde E. Adames declaró el 5 de mayo de 1914 día de luto nacional. Dos años después, el 5 de mayo de 1916, el presidente Belisario Porras inauguró un obelisco de mármol en honor a los caídos. El lugar elegido era un terreno baldío de forma triangular, entre la estación del ferrocarril, la Avenida Central, el Puente de Calidonia y la calle La Calzada. Ese triángulo vacío se convirtió en la Plaza 5 de Mayo.

Hoy esa plaza es uno de los puntos más concurridos de la ciudad. A su alrededor pasan miles de personas a diario, conectadas por la estación del metro, la peatonal de la Avenida Central y la sede de la Asamblea Nacional. En 2006 fue declarada monumento histórico nacional mediante la Ley 33, y en 2017 la Alcaldía la rehabilitó, repuso el mármol del primer escalón y la dotó de acceso universal.

Pocos de los que pasan a diario frente al obelisco saben lo que ocurrió aquí. Pocos conocen los nombres de Teleche, Beltrán, Álvarez, De Bazac, Buitrago y Rueda. Panamá les debe, al menos, recordarlos una vez al año.

La autora es periodista cultural y humanista digital.

Se alcanzaron hitos que hoy parecen sencillos, pero fueron revolucionarios, como la papeleta única para sepultar la compra de votos y el acto sublime del traspaso del mando de la Fuerza Pública —incluyendo a la Policía Nacional, el SENAN, el SENAFRONT y el SPI—, en el que el presidente Guillermo Endara Galimany, en un ejemplar desprendimiento, se separaba de su rol de comandante en jefe para entregar el mando operativo, en todo lo relativo a lo electoral, al Tribunal Electoral. El chaleco del delegado se convirtió así en el símbolo de una democracia que se ponía, por primera vez, por encima de los fusiles.

Hoy es imperativo reafirmar al CDE como la autoridad superior y brazo ejecutor de la voluntad de los magistrados en cada rincón de la República. En tiempos de elecciones, la jerarquía del país se transforma y la autoridad administrativa se subordina a la electoral; gobernadores, alcaldes y representantes dejan de ser actores políticos para ser sujetos vigilados. Amparados en el Código Electoral, los delegados son el freno contra el uso de recursos del Estado en el proselitismo, con la potestad de exigir el cumplimiento de la ley frente a cualquier autoridad que pretenda ignorarla. No es una colaboración opcional; es un mandato legal que garantiza que el poder político no incline la balanza.

Sin embargo, al no vivirse hoy las circunstancias extremas que crearon al CDE, se corre el riesgo de caer en la amnesia frente a los peligros de la “microdemocracia”. En las comunidades pequeñas, donde los clanes familiares pesan más que los partidos, la presión social puede asfixiar la libertad del voto. Es en esos escenarios donde el CDE debe ejercer una delegación profunda, utilizando el talento de los profesionales que integran sus filas —en fin, los ciudadanos— para aportar una visión técnica y humana que trascienda la logística.

Esta reingeniería necesaria debe apuntar a una veeduría jurisdiccional activa en los procesos judiciales de distrito, para evitar que la justicia local se contamine, asegurando que la imparcialidad no sea negociable en el nivel más básico del sistema.

Asimismo, la función pedagógica debe expandirse más allá de los cuarteles hacia el tejido vivo de la sociedad civil. Es fundamental que el CDE asuma un rol activo en la formación de ciudadanos, llevando su mística y el valor de su autoridad a escuelas, colegios, universidades y centrales obreras. Esta iniciativa de capacitación constante no solo educa al país sobre la importancia de custodiar el voto, sino que actúa como una poderosa herramienta de motivación y reclutamiento, asegurando que las nuevas generaciones vean en el chaleco una aspiración de servicio patriótico. El delegado no debe ser solo un vigilante del día de la elección, sino un instructor permanente que enseñe a la sociedad que la paz civil se construye con participación técnica y vigilancia ética.

Finalmente, el mando real sobre la Fuerza Pública debe ser absoluto durante los torneos, transformando el resto del periodo en una labor de formación donde el uniformado entienda, sin vacilaciones, que bajo la delegación del Tribunal Electoral su jefe inmediato es el civil del chaleco. A esto debe sumarse una auditoría de procesos que permita fiscalizar las etapas previas y posteriores a la votación, asegurando que la “calle llena de clavos” de la política criolla no pinche la legitimidad del sistema en ninguna de sus fases críticas.

Motivar para no retroceder es la única vía para preservar nuestra paz civil. Corresponde a los honorables magistrados fortalecer y dar nuevos bríos a esta reserva ciudadana, garantizando que el ejército de la paz siga siendo el guardián de nuestra soberanía frente a 2029.

El autor es presidente fundador del Cuerpo de Delegados Electorales.

Afortunadamente, grupos empresariales y de la sociedad civil recibimos con gran satisfacción la noticia de que el gobierno de Panamá explora la posibilidad de lograr su adhesión al selecto grupo de 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), siguiendo una política de Estado de elevar la vara en materia de transparencia, competitividad y política fiscal. El objetivo de este cambio estructural para las entidades del Estado es fortalecer la administración pública, reducir el clientelismo y aumentar la transparencia, a fin de atraer la tan añorada inversión extranjera directa, para que genere plazas de trabajo y mejore la calidad de vida de los panameños.

Bajo esta plataforma se comparten mejores prácticas, estándares internacionales y se analizan datos económicos, ambientales y sociales, con los que se diseñan políticas públicas que, luego de un largo proceso de 3 a 10 años, logran mejorar el bienestar de la población y reducir la desigualdad social y económica, en la que Panamá penosamente se distingue.

Como mencioné al inicio, resulta especialmente ilustrativa la “Evaluación de las Prácticas de Gobierno Corporativo a 5 Empresas de Propiedad Estatal (EPE)” realizada por el IGCP en 2016, con base en una guía de la OCDE, edición 2015, que evalúa 100 mejores prácticas agrupadas en cinco categorías. De las cinco empresas estatales evaluadas, el Idaan obtuvo la calificación más baja (23/100). El promedio del grupo fue 28/100 y la calificación más alta fue de apenas 36/100. En 2019 se revisaron los hallazgos, pero no hubo mejoras en los puntajes obtenidos.

Cabe destacar que los principales hallazgos que explican la baja evaluación del Idaan apuntan a dos categorías que concentran el 53% del puntaje total: papel del Estado como propietario y responsabilidades de la junta directiva. Entre las brechas más relevantes detalladas en el informe se pueden resumir así:

• La junta no es autónoma ni responsable última del desempeño del Idaan.

• Ciertas decisiones sobre contrataciones, así como financieras, están sujetas a la aprobación del Órgano Ejecutivo, mientras que el presupuesto lo aprueban el gabinete y la Asamblea Nacional.

• La mayoría de los miembros de la junta del Idaan son nombrados por grupos de interés, sujetos a la aprobación del Presidente de la República, en un proceso poco transparente y sin indicios de que el mérito sea el criterio esencial de selección. Este proceso hace que la junta esté obligada con los poderes políticos, al igual que sea vulnerable a cambios tras cada administración.

• Existe información limitada sobre los controles del Idaan y no hay indicios de que la junta supervise su implementación o asuma responsabilidad por su debido funcionamiento.

• La divulgación de información es deficiente. El Idaan no prepara informes financieros bajo las NIIF, por lo que no hay datos consolidados disponibles sobre transacciones entre partes relacionadas. No hay indicio de que la junta disponga de algún mecanismo para controlar conflictos de intereses potenciales.

El pobre resultado obtenido por el Idaan es, sin duda, un reflejo de la enorme brecha que existe cuando se compara contra las mejores prácticas de gobierno corporativo de empresas estatales, y muy posiblemente es la causa raíz por la cual han desfilado 12 directores ejecutivos en los últimos 24 años.

Si bien es cierto que la crisis de agua potable, alcantarillado sanitario y manejo de aguas servidas que el país enfrenta actualmente es producto de la desidia de varias administraciones, no es menos cierto que la “fiebre no está en la sábana”, ni en los ingenieros que en su momento dirigieron una entidad que, a todas luces, está plagada de malas prácticas de gobierno corporativo, intervención del Estado y manejo político-partidista, como deja ver el antedicho estudio.

Al igual que muchos panameños preocupados por la ineficacia de la gobernanza del subsector de agua potable y saneamiento, a causa de la debilidad y fragmentación de sus instituciones responsables, somos optimistas de que el Ejecutivo llevará adelante una real reestructuración del sector, iniciando con la transformación del Idaan en una nueva corporación estatal de agua y saneamiento, administrada bajo los principios éticos, de mérito y buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE.

Entre tanto, a pesar de condiciones adversas (burocracia, restricciones administrativas y presupuesto insuficiente), los ingenieros y el personal técnico sostienen “a duras penas” un servicio vital para cerca de 727,000 abonados en todo el país, de los cuales cerca del 94% es residencial, impactando directamente a hombres, mujeres y niños en el disfrute pleno de este y otros derechos humanos, como lo son la salud, el trabajo y la educación, lo que constituye una verdadera causa raíz de la mala distribución de la riqueza de este país.

El autor es ingeniero electromecánico y miembro de la Iniciativa Ciudadana Pro-Rescate del Agua.

Los pastos marinos cumplen funciones ecológicas fundamentales. Estos ecosistemas costeros sirven como hábitat y zonas de crianza para una gran diversidad de peces, caracoles y otros organismos marinos, que encuentran en ellos refugio y alimento durante sus etapas de vida. En la provincia de Colón, por ejemplo, se han registrado más de 100 especies de peces asociadas a estos ecosistemas. Muchas de estas especies tienen un alto valor comercial y forman parte de la pesca artesanal en Panamá. Por ello, la degradación de los pastos marinos no solo afecta al ambiente, sino también a la seguridad alimentaria y al sustento de las comunidades costeras del Caribe panameño.

Los pastos marinos son una fuente de alimento clave para especies emblemáticas como la tortuga verde (Chelonia mydas) y el manatí del Caribe (Trichechus manatus), este último en estado vulnerable de extinción. Estas especies no solo cumplen un papel ecológico fundamental, sino que también aportan valor al turismo, atrayendo visitantes interesados en la biodiversidad marina de Panamá, especialmente en provincias como Bocas del Toro y Colón. En consecuencia, la pérdida de estos ecosistemas podría alterar las cadenas alimentarias y afectar tanto la biodiversidad como las actividades económicas vinculadas al turismo.

Asimismo, los pastos marinos forman parte de los llamados ecosistemas de “carbono azul”, capaces de capturar y almacenar grandes cantidades de carbono, lo que los convierte en una solución natural altamente eficiente frente al cambio climático. Panamá ya participa en iniciativas internacionales de carbono azul y ha fortalecido su enfoque frente al cambio climático. Sin embargo, resulta contradictorio que, en paralelo, se planteen modificaciones legales que podrían debilitar la protección de ecosistemas esenciales para enfrentar el cambio climático. Esta incoherencia no es menor: cuando los pastos marinos se degradan, no solo pierden su capacidad de capturar carbono, sino que pueden liberar el carbono acumulado durante décadas. Reducir su protección, por tanto, compromete directamente la capacidad del país para cumplir sus objetivos climáticos.

Un aspecto clave que suele pasarse por alto es la conectividad ecológica entre manglares, pastos marinos y arrecifes de coral. Estos ecosistemas funcionan como una red interdependiente que sostiene la biodiversidad marina costera. Esta conexión se evidencia en provincias como Bocas del Toro y Colón, así como en la comarca Guna Yala, donde manglares, pastos marinos y arrecifes forman un sistema continuo que permite el desarrollo de numerosas especies a lo largo de su ciclo de vida. En este contexto, la alteración o pérdida de uno de estos ecosistemas podría comprometer el equilibrio de toda la red. En términos más claros: si se alteran los pastos marinos, se podría afectar la biodiversidad de los arrecifes de coral que, aunque seguirán protegidos según la ley, dependen en cierta medida de ellos para mantenerse saludables.

Es importante destacar que, aunque la restauración de pastos marinos es una herramienta valiosa para la salud de los ecosistemas costeros, no es una solución simple ni inmediata. La evidencia científica muestra que, una vez degradados, estos ecosistemas difícilmente se recuperan, especialmente si las condiciones ambientales han sido alteradas. Por ello, confiar en degradar hoy para restaurar mañana, o compensar en otras zonas, es una apuesta muy riesgosa. La mejor opción sigue siendo proteger lo que aún tenemos.

Subestimar el valor de los pastos marinos y verlos simplemente como “hierbas” sin valor nos pone en riesgo de perder un ecosistema clave para el bienestar del país. Debilitar su protección no solo implica comprometer la biodiversidad, sino también comprometer la seguridad alimentaria, la economía costera y la capacidad del país para enfrentar el cambio climático. Protegerlos hoy no es solo una decisión ambiental, sino una inversión estratégica en el futuro de Panamá.

El autor es biiólogo ambiental.

Se indicó que personal del Idaan y agentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá trabajan en la estabilización de la planta debido a una fuga de gas que se dio durante el proceso de cloración del agua cruda.

El Idaan reportó que la planta está fuera de servicio y que especialistas en manejo de sustancias peligrosas y del SUME 911 trasladaron al operador de la planta para una revisión integral.

Ante esta situación, se procedió al cierre de la vía Panamericana con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios de esta carretera.

Se informó que, una vez se hagan las evaluaciones correspondientes, se determinará cuándo es oportuno el reinicio de las operaciones de la planta.

Cuando escribimos “París no es San Miguelito”, no era una frase bonita para cerrar columna, era una advertencia con disfraz de comparación absurda. Porque aquí seguimos creyendo que adoptar estándares internacionales automáticamente nos convierte en economía desarrollada, como si la institucionalidad se importara en contenedor y no se construyera con realidad. Spoiler: no funciona así.

Panamá empezó a alinearse con la OCDE hace rato: intercambio de información, reglas contra evasión, transparencia fiscal… todo el combo. Y eso, en papel, suena impecable. El problema es que ese mismo proceso viene con una factura silenciosa: cada estándar que adoptas reduce tu margen de maniobra. Y Panamá, le guste a quien le guste, no compite por tamaño ni por industria pesada… compite por ser útil, ágil y, digámoslo sin pena, fiscalmente atractivo.

Entonces entramos en el clásico enredo panameño, versión económica: el Estado dice que necesita recaudar más, pero al mismo tiempo depende de incentivos, exoneraciones y regímenes especiales para atraer inversión. Es decir, queremos cobrar más… sin dejar de seducir. Sí, suena a relación complicada; imagínate ahora para política fiscal.

Y ahí aparece la OCDE, con su tono elegante y su manual bajo el brazo, diciendo: “hay que ordenar esto”. Que si distorsiones, que si competencia fiscal perjudicial, que si alineación internacional. Todo muy bonito… hasta que uno hace la pregunta incómoda: ¿alinearnos con qué realidad? Porque París puede jugar a la perfección normativa porque ya resolvió su base económica; pero San Miguelito —y todo lo que representa— todavía está viendo cómo sobrevive.

Aquí es donde el discurso oficial empieza a caminar raro. Nos venden la idea de que todo esto es reputación, de que ahora sí vamos a ser “país serio”. Y no, tampoco nos hagamos los locos: Panamá sí tiene un problema interno —corrupción, discrecionalidad, debilidad institucional— que no se arregla con comunicados ni con checklists internacionales. Pero reducirlo todo a un tema de imagen también es cómodo. Porque así parece que el problema es cómo nos ven, y no cómo operamos. Y, en ese intento de corregir la percepción, corremos el riesgo de maquillar el fondo… o, peor, de cambiar lo que sí funciona sin haber arreglado lo que claramente no.

Hoy Panamá está en esa posición incómoda que nadie quiere admitir: no es miembro de la OCDE, pero actúa como si lo fuera. Cumple, ajusta, reforma… pero no decide. O sea, estamos en la mesa, pero sin cuchillo ni tenedor. Y lo más interesante es que encima agradecemos la invitación.

El punto no es satanizar la OCDE —eso sería igual de ingenuo que idealizarla—. El punto es entender el juego. Porque, si vamos a adoptar estándares, que sea con intención estratégica, no por ansiedad reputacional. Si vamos a ceder margen, que sea porque ganamos algo a cambio, no porque queremos que nos den una palmadita internacional.

Al final, la lección sigue siendo la misma, solo que ahora con acento más caro: París no es San Miguelito. Y pretender que las mismas reglas producen los mismos resultados no es desarrollo… es fe.

La recomendación es simple, aunque no cómoda: Panamá tiene que dejar de comportarse como aspirante y empezar a negociar como jugador. Adoptar lo que conviene, resistir lo que afecta y, sobre todo, entender que la política fiscal no es un concurso de simpatía internacional. Porque, en este juego, el país que sobrevive no es el que mejor se porta… es el que mejor entiende para qué está jugando.

El autor es abogado y analista jurídico-social.

Cuando se busca el término en el Diccionario de la Real Academia o en el de americanismos, la palabra no se asocia a Panamá, tampoco a Venezuela. Parece una simple batalla de patio, un suspiro por lo que fuimos o creímos haber sido: no es más que un viejo sueño perdido. Panamá, en estas discusiones, es muy ignorado, como si fuésemos solo un escenario vacío, con el Canal de fondo y nada más. Si fuésemos capaces de exportar nuestra literatura, no tendríamos este problema: figuraríamos como usuarios de la palabra porque nos habrían leído.

Si van a un restaurante de comida panameña, pidan ropavieja, como siempre; y si van a uno venezolano, pidan carne mechada, y se acabó el problema. Defender Panamá en términos tan simples es no reconocer las dimensiones de lo poco que se sabe de nuestro país en el exterior, y eso es culpa de todos, que nos hemos creído la “divina garza” de puertas para dentro. En general, Panamá es el Canal, Durán, Blades y, ahora, los ignominiosos Papeles o Papers.

Urge dar a conocer nuestro país, nuestras historias, y eso solo lo consigue la literatura: novelas, cuentos, películas, poemas, obras de teatro, canciones. Llevamos treinta años de retraso en esto de la exportación literaria, y no es por falta de talento y esfuerzo de los escritores, sino por falta de criterio y de lectura en las instituciones culturales, que siguen sin saber a qué se dedican.

El autor es escritor.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasa con quienes sí deciden hacerlo? La respuesta no es romántica. Muchas veces quedan rezagados, son vistos como ingenuos o, peor aún, como débiles. En un sistema donde la astucia se confunde con la trampa, la integridad puede parecer una desventaja competitiva. Sin embargo, tampoco se trata de cruzar la línea y justificar lo injustificable. Porque si todos terminan jugando sucio, el sistema deja de ser imperfecto para convertirse en inviable.

En medio de ese panorama, ciertos procesos recientes —como las investigaciones promovidas desde la Contraloría— han empezado a generar una sensación incipiente de consecuencia. Más allá de simpatías o antipatías personales, lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo algunos sectores perciben que hay, al menos, intentos de justicia. Y eso cambia el tablero. No lo limpia por completo, pero introduce una variable nueva: el riesgo de ser descubierto.

Aquí es donde la reflexión se profundiza. La verdadera lección no es volverse corrupto para sobrevivir, sino dejar de ser ingenuo. Comprender cómo se mueve el poder, identificar las dinámicas reales —no las ideales— y aprender a protegerse sin traicionar los propios límites. Porque, al final, no siempre gana el más correcto, sino el que sabe moverse sin perderse del todo. Y ese matiz es clave.

Esta idea dialoga directamente con otra máxima clásica, atribuida a Sun Tzu: “conoce a tu enemigo”. Puede sonar a consigna de guerra, pero en realidad es una advertencia estratégica profundamente vigente. No se puede actuar con inteligencia sin entender a quién —o a qué— se tiene al frente.

Y aquí viene un punto esencial: el “enemigo” no siempre es una persona. En contextos como el nuestro, muchas veces es un sistema, una estructura, una cultura política arraigada. A veces es la normalización de la corrupción, la doble moral que juega a dos bandos o incluso nuestras propias debilidades: la ambición desmedida, el miedo a quedarse fuera, la necesidad de pertenecer.

Conocer al enemigo no es solo identificar sus acciones, sino comprender sus motivaciones. Saber qué lo mueve, qué lo asusta, qué está dispuesto a perder y, sobre todo, hasta dónde es capaz de llegar. Porque en política —como en la vida— todo tiene un precio. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo.

Y ahí es donde la reflexión se vuelve incómoda, pero necesaria. Porque conocer el juego también obliga a definirse dentro de él. No basta con entender la trampa; hay que decidir qué tipo de jugador se quiere ser. ¿Se adapta uno al sistema? ¿Lo confronta desde dentro? ¿O intenta, contra toda probabilidad, construir algo distinto?

No hay respuestas fáciles. Lo que sí es claro es que la ingenuidad, en estos entornos, se paga caro. Pero también se paga —y a veces más— la pérdida total de principios. Por eso, el verdadero reto no es elegir entre pureza e inteligencia, sino encontrar un equilibrio entre ambas: no ensuciarse, pero tampoco dejarse arrastrar.

En última instancia, la pregunta que queda flotando no es si hay reglas o no —porque sabemos que muchas veces no se respetan—, sino si estamos dispuestos a asumir el costo de nuestras decisiones. Porque en este juego, más allá del poder o el resultado, lo único verdaderamente irreversible es en quién nos convertimos mientras lo jugamos.

La autora es abogada.

Sin embargo, a pesar de este “frenazo” legislativo, la realidad jurídica es otra, ya que la Ley 42 de 2011, reformada por la Ley 355 de 2023, mantiene vigente el uso obligatorio de la mezcla de bioetanol anhidro en las gasolinas, y los marcados intereses particulares pretenden asirse de este engendro legal para lograr sus oscuros objetivos. Esta persistencia normativa crea una peligrosa desconexión democrática: mientras la mayoría de la población rechaza esta imposición, por falta de transparencia y manejo político, el Ejecutivo pretende usar esta normativa para forzar el uso de esta mezcla mediante resoluciones administrativas, ignorando el clamor ciudadano y técnico.

Es aquí donde el análisis debe trasladarse al terreno del derecho constitucional. En esta línea, el artículo 49 de nuestra Constitución Política no es una declaración de buenas intenciones; es el pilar de la protección al consumidor en Panamá. Al establecer que la ley garantizará la “libertad de elección”, la Carta Magna impone un límite infranqueable al Estado: este no puede suprimir la autonomía de la voluntad del ciudadano para beneficiar a un sector industrial específico o a los amigos y colegas de gobierno.

La obligatoriedad de uso del bioetanol representa una vulneración directa a este precepto. Al eliminar del mercado la opción de combustible fósil puro, el Estado anula la facultad de elección del consumidor. Esta “tiranía del surtidor”, aunada a la situación de aquel parque vehicular y demás equipos que no poseen la tecnología para soportar esta mezcla, agrava el problema.

Desde la óptica de la proporcionalidad, la medida es cuestionable. Si bien el Estado debe velar por un ambiente sano, existen mecanismos menos lesivos para los derechos individuales, como incentivos fiscales o la disponibilidad opcional en estaciones de servicio. Forzar la compra de un producto, especialmente cuando persisten denuncias sobre intereses económicos de funcionarios en su producción, desvirtúa la finalidad del bien común y encaja en lo que la doctrina administrativa denomina desviación de poder (vicio de los actos de gobierno cuando se usa la autoridad para fines distintos a los señalados en las normas).

En conclusión, la obligatoriedad del bioetanol en Panamá, amparada en una ley que sobrevive al rechazo social y legislativo, constituye un asalto al núcleo esencial de las garantías fundamentales. El derecho a elegir es la última línea de defensa del consumidor frente a un Estado que, bajo el velo de la sostenibilidad, parece más interesado en asegurar dividendos para un sector privilegiado que en respetar el mandato superior de nuestra Constitución Nacional.

El derecho de elección del consumidor no puede estar supeditado a actuaciones de los agentes económicos ni del Estado que lo minimicen, reduzcan o eliminen, como se pretende hacer al revivir el adefesio legislativo contenido en la Ley 42 de 2011, producto de malsanos intereses particulares, enquistados en el gobierno, que pugnan por su reactivación.

El autor es abogado.

En el contexto actual, la pregunta que todo directivo, emprendedor y académico debe hacerse no es solo “¿cuánto ganamos?”, sino “¿qué tan rápido podemos evolucionar?”. Tras analizar el comportamiento de los mercados en este primer semestre del año, pueden identificarse tres pilares críticos que definen si una empresa es, realmente, viable a largo plazo.

1. La inteligencia artificial como socio, no como herramienta

La viabilidad ya no se entiende sin la integración sistémica de la inteligencia artificial. En 2026, la brecha de productividad entre las empresas que utilizan IA para la toma de decisiones estratégicas y aquellas que la ven como un simple accesorio es abismal. La capacidad de procesar datos en tiempo real para predecir riesgos logísticos o cambios en el consumo es hoy el factor que separa a los líderes de los rezagados. La eficiencia operativa ha pasado de ser una meta a ser un requisito de entrada.

2. Sostenibilidad: el nuevo estándar de crédito

Hemos superado la etapa del “maquillaje verde”. Actualmente, la viabilidad financiera está intrínsecamente ligada al cumplimiento de los criterios ESG (ambiental, social y gobernanza). Los mercados de capitales y las instituciones financieras ya no otorgan líneas de crédito basadas únicamente en garantías físicas, sino en la trazabilidad y el impacto ambiental de la operación. Una empresa que no sea sostenible, sencillamente, dejará de ser financiable; y sin financiamiento, no hay futuro.

3. El factor humano y el upskilling

Irónicamente, en la era de la automatización extrema, el factor humano es más valioso que nunca. La viabilidad de una empresa depende de su capital intelectual. La formación continua, o upskilling, de los colaboradores para trabajar en simbiosis con la tecnología es lo que permite la innovación disruptiva. Las organizaciones que han descuidado el bienestar y la actualización de su talento están enfrentando crisis de operatividad que ninguna máquina puede resolver por sí sola.

La viabilidad empresarial en 2026 es, en esencia, una cuestión de agilidad estratégica. No sobrevive la empresa más grande, ni siquiera la que tiene más capital acumulado, sino aquella que posee la estructura más flexible para pivotar ante la incertidumbre. Como sociedad, debemos entender que el éxito empresarial hoy se escribe con tres tintas: ética operativa, innovación tecnológica y responsabilidad social. Aquellos que ignoren esta tríada estarán condenados a ser anécdotas en la historia económica de esta década.

La autora es economista y docente.

La construcción ha sido históricamente uno de los motores más importantes de la economía panameña. Su impacto no solo se refleja en grandes obras de infraestructura, sino también en la generación inmediata de empleos, la activación del comercio, el movimiento bancario y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Cuando la construcción se detiene, se resiente toda la economía.

Sin embargo, la discusión no debe limitarse únicamente a nuevos proyectos. Panamá tiene frente a sí una oportunidad urgente y estratégica: impulsar un programa nacional de reparación, modernización y mantenimiento de escuelas públicas con participación activa de la empresa privada.

Miles de estudiantes asisten diariamente a centros educativos con techos deteriorados, baños inservibles, sistemas eléctricos obsoletos, falta de agua potable, filtraciones y estructuras en mal estado. Esa realidad no solo afecta la calidad de la educación, sino también la dignidad de nuestros niños, jóvenes y docentes.

Presentar esta propuesta ante la mesa tripartita sería una decisión inteligente. La reparación de escuelas permitiría generar miles de plazas de empleo directas e indirectas para albañiles, electricistas, plomeros, ingenieros, arquitectos, proveedores de materiales y transportistas. Es decir, se trata de una política pública con doble impacto: educación y reactivación económica.

La participación del sector privado puede estructurarse mediante esquemas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), incentivos fiscales por inversión social, adopción de escuelas por regiones o alianzas público-privadas transparentes y fiscalizadas. Muchas empresas estarían dispuestas a contribuir si existe un marco claro, ordenado y confiable.

Además, invertir en escuelas no genera rechazo ciudadano; por el contrario, produce respaldo social inmediato. Cada aula reparada, cada baño funcional y cada techo nuevo representa esperanza para una comunidad entera.

La mesa técnica tripartita no debe convertirse en un espacio de diagnósticos interminables. Debe producir propuestas concretas, medibles y rápidas. Y pocas iniciativas reúnen tantos beneficios como un plan nacional de reparación escolar.

Panamá necesita mover la economía, pero también necesita sembrar futuro. Reparar escuelas es construir país.

El autor es abogado

La respuesta alude a un concepto fundamental de la microeconomía, conocido como la elasticidad de precios, que describe el grado en que la demanda responde ante variaciones en el costo. Durante años, muchas empresas han operado bajo la premisa de que el consumidor panameño presenta una baja sensibilidad al precio, lo que permitiría ajustes sin cambios significativos en el comportamiento de compra. Hoy, esa dinámica ya no responde a las mismas reglas.

Este cambio no es coincidencia. Está impulsado principalmente por el acceso a la información, lo que ha alterado el proceso de compra. Anteriormente, la selección de productos era inmediata. Hoy, el consumidor compara, investiga y valida antes de comprar, lo que redefine qué se compra y cómo se reacciona ante el precio. Bajo esta nueva dinámica, incrementos que antes podían pasar desapercibidos ahora son detectados y evaluados con mayor detenimiento, lo que los convierte en un factor determinante en la decisión de compra.

Asimismo, la lealtad a las marcas es otro factor que ha evolucionado de forma acelerada. Históricamente, la relación entre marca y consumidor se caracterizaba por su estabilidad y lealtad. Hoy, en cambio, se ha vuelto más dinámica, influida por una mayor diversidad de opciones, más competencia, mayor acceso a información y un entorno de consumo en constante cambio.

De acuerdo con análisis de McKinsey & Company, más del 40% de los consumidores en Estados Unidos, en un plazo de tres meses, han probado nuevas marcas, y una proporción significativa está dispuesta a abandonar aquellas que no cumplen con sus expectativas de valor. Aunque se trata de evidencia internacional, el caso panameño presenta condiciones que apuntan en la misma dirección, e incluso con mayor intensidad.

El sostenido aumento en el costo de vida, particularmente en alimentos, vivienda y transporte, ha reducido la capacidad de ajuste del consumidor, obligándolo a priorizar el precio en cada decisión de compra. En este entorno, la evaluación es más constante y la disposición a sustituir se vuelve más frecuente. Cuando el precio deja de corresponder con el valor percibido —que combina costo, calidad y experiencia—, el consumidor tiende a buscar alternativas que se ajusten mejor a sus expectativas, ya sea cambiando de marca, de establecimiento o de canal de compra.

Hay sectores donde la respuesta al precio es inmediata. En categorías como alimentos de consumo masivo, productos de cuidado personal, moda o comercio minorista, la amplitud de la oferta y la facilidad de comparación incrementan la disposición del consumidor a sustituir una marca por otra, lo que indica una alta elasticidad. Por ende, pequeñas variaciones en el precio o en la percepción de valor pueden reflejarse en cambios concretos en la decisión de compra. Este comportamiento se ha visto reforzado por la evolución del entorno comercial, considerando factores como la expansión del comercio digital, junto con una mayor disponibilidad de opciones y herramientas de comparación, que han ampliado la capacidad de elección del consumidor.

Sin embargo, no todas las decisiones de consumo responden de la misma manera al precio. La evidencia sugiere que la sensibilidad varía según la categoría. Un estudio de la Universidad de Panamá sobre la demanda de gasolina concluye que esta es considerablemente inelástica, lo que implica que el consumo reacciona de forma limitada ante cambios en el precio, según Pereira Sánchez (2023).

Este fenómeno no es exclusivo del sector energético. Por lo general, los bienes esenciales, es decir, aquellos para los que existen pocas alternativas o cuyo consumo no puede posponerse fácilmente, revelan una menor elasticidad. Esto se replica en sectores como combustibles, electricidad, ciertos servicios de salud o transporte, donde la capacidad de sustitución del consumidor es limitada. En estos mercados, el precio puede generar presión, pero rara vez se convierte en un cambio proporcional en la demanda.

En definitiva, el consumidor panameño ya no responde bajo reglas predecibles. Su comportamiento es más informado, más selectivo y, sobre todo, más exigente. Para las empresas, esto implica replantear cómo se define y se comunica el valor en cada punto de contacto con el consumidor. Ignorar esta realidad no solo implica perder ventas, sino también quedarse atrás en un mercado que ya cambió.

La autora es licenciada en Administración de Empresas y especializada en psicología.

La tercera muerte fue confirmada por la Fundación Hospitalaria del Estado de Minas Gerais (Fhemig) en un comunicado.

Otros dos ocupantes de la aeronave continúan ingresados en otro hospital y su estado de salud es considerado grave, informaron fuentes médicas.

La tercera víctima fue identificada como Leonardo Berganholi, un empresario de 50 años que estaba entre los pasajeros del monomotor y que no resistió a la gravedad de las heridas que sufrió en el accidente aéreo.

Su hijo, Arthur Schaper Berganholi, de 25 años, fue ingresado en el hospital Juan XXIII junto con el también empresario Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 años y que también viajaba en la avioneta.

Las primeras dos víctimas, que murieron en el momento del choque, fueron identificadas como Wellington Oliveira, de 34 anos y que pilotaba la aeronave, y Fernando Moreira Souto, de 36 años e hijo del alcalde de Jequitinhonha, una pequeña ciudad en el interior de Minas Gerais.

Los pasajeros de la aeronave estaban vinculados a la empresa Uaitag, que actúa en el sector de tecnología y tarjetas.

La avioneta, un monomotor de prefijo PT-EYT fabricado por la brasileña Embraer, había despegado de la ciudad de Teófilo Otoni con seis personas a bordo e hizo una escala en el aeropuerto de Pampulha, en Belo Horizonte, en donde dos de los pasajeros desembarcaron y otro, Almeida Souto, embarcó.

Poco después de haber despegado de Pampulha con destino a São Paulo, su destino final, la aeronave perdió potencia y comenzó a sobrevolar una región muy poblada y edificada de Belo Horizonte antes de estrellarse.

Según el Cuerpo de Bomberos, no hubo víctimas entre los residentes del inmueble, que fue evacuado de manera preventiva mientras los expertos analizan si su estructura fue comprometida.

La aeronave quedó incrustada en la zona de las escaleras de una edificación de tres pisos y no llegó a impactar directamente los apartamentos.

“La embarcación, proveniente de Montevideo, ingresó al puerto de Ushuaia el 16 de noviembre de 2025. Desde allí realizó diferentes viajes de cabotaje entre Ushuaia, el sector antártico e islas del Atlántico Sur y el 1 de abril de 2026 zarpó con destino a Georgias y Sándwich del Sur, Santa Elena y otros puntos del Atlántico Sur”, explicó el Ministerio de Salud de Argentina en un comunicado.

La cartera sanitaria informó además que “mantiene un intercambio técnico y epidemiológico con autoridades internacionales y provinciales para recabar información oficial sobre los casos confirmados en el crucero”, actualmente frente a las costas de Cabo Verde (noreste de África), mientras evalúa “los antecedentes epidemiológicos vinculados al itinerario de la embarcación”.

El Gobierno argentino, que en marzo pasado formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por decisión del presidente Javier Milei, subrayó que la provincia de Tierra del Fuego -cuya capital es Ushuaia- no registra casos de hantavirus, pero igualmente se mostró dispuesto a “adoptar las medidas que pudieran resultar necesarias para proteger la salud de la población”.

La región sur del país tiene una baja circulación del virus y solo diez casos notificados en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut durante la temporada 2025-2026, mientras que hace siete años no aparecen casos en Santa Cruz, la única provincia que linda con Tierra del Fuego.

La OMS confirmó este domingo que al menos seis personas —tres muertos y tres enfermos— se vieron afectadas por el posible brote detectado en el buque ‘MV Hondius’.

Según informó este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, un total de 149 personas —incluidos turistas y tripulación— siguen a bordo del buque, tras el desembarco de tres afectados, de los cuales dos han fallecido y un tercero permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica.

El grupo más numeroso dentro del barco son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que sucesos estén relacionados.

El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, informó el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en rueda de prensa.

Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.

El individuo fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud.

Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso, si bien su vida no corre peligro.

A raíz del incidente, los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios. EFE

er/gad

Donde antes predominaba el eco de los turistas y la gente del barrio —entre iglesias centenarias y fachadas restauradas— hoy, dicen los vecinos, irrumpen bajos estruendosos, micrófonos y música en vivo que se extienden hasta la madrugada.

La escena se repite, sobre todo los fines de semana. En el patio principal de la Casa de la Municipalidad —un espacio que la Alcaldía de Panamá alquila desde $500 por cinco horas para bodas, bautizos, cumpleaños o conferencias— el volumen sube y la noche se transforma en fiesta.

Los residentes de los PH Casa Garay, PH Benedetti, PH Casa Arango y PH La Merced aseguran que el problema no es nuevo, pero sí creciente: lleva al menos seis meses y, en los dos últimos, “se ha descontrolado”.

Cansados de convivir con lo que describen como una “contaminación auditiva constante”, algunos han optado por documentar la situación.

Videos, registros y hasta aplicaciones móviles para medir decibeles forman parte de su rutina los fines de semana. “Hemos llamado en múltiples ocasiones a las líneas de denuncia. Vivo con mi esposo y mis pequeñas hijas. El ruido sigue”, relata una vecina.

Fue esa frustración la que terminó por organizarlos.

Margaret García, residente del PH Casa Garay y vocera del grupo, habla de cómo su cotidianidad ha sido alterada. Vive desde hace 12 años en la Calle 10, diagonal a la Casa de la Municipalidad, y asegura que no había enfrentado una situación similar.

“Lo que está pasando es que no hay un filtro para las personas que están alquilando el espacio. Rompen las normas de ruido”, afirma García desde su balcón, a pocos metros de la municipalidad.

Describe bodas convertidas en conciertos, DJs con bocinas de alto alcance, animadores que elevan la voz por encima de la música.

En una de esas noches —recuerda— tuvo que refugiarse en la habitación más apartada de su vivienda. Aun así, podía escuchar con claridad al presentador detallando las características de un licor durante un evento temático. “El volumen era tan alto que no había forma de escapar”, dice.

Los residentes sostienen que los niveles de ruido alcanzan hasta los 100 decibeles, muy por encima de los límites establecidos. Como prueba muestran su celulares con la captura de pantalla del día en que la aplicación registró el ruido.

Según el Decreto Ejecutivo N.° 306 del 4 de septiembre de 2002, entre las 6:00 a.m. y 9:59 p.m. el sonido no debe superar los 55 decibeles, y de 10:00 p.m. a 5:59 a.m., los 50. Normas que, recuerdan, deben cumplirse tanto en espacios públicos como privados, incluidos locales de eventos.

“Pareciera que no se les exige cumplir con esas reglas”, cuestiona García.

El malestar tomó forma oficial el pasado 14 de abril, cuando enviaron una nota al alcalde Mayer Mizrachi. En el documento solicitaron su intervención “para corregir un problema que se torna recurrente” y resaltaron que el propio municipio debería ser ejemplo en el cumplimiento de las normas, especialmente en un área patrimonial como el Casco Antiguo.

También remitieron comunicaciones a la Oficina del Casco Antiguo, encargada de la conservación del conjunto monumental.

El 22 abril volvieron a enviar otra nota al Municipio, reiterándole la situación. Sin embargo, aseguran que las noches siguieron igual.

La respuesta del alcalde llegó el 24 de abril. En una nota oficial, Mizrachi indicó que, tras recibir las quejas, se ordenó la verificación de las actividades autorizadas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. Además, aseguró haber instruido a las dependencias competentes para reforzar los mecanismos de supervisión y control, particularmente en el uso de áreas externas.

“Creo que [en el Municipio] nos están empezando a tomar en cuenta, pero pienso que las normas de ruido son las normas y no se pueden ignorar cuando te conviene”, agrega García.

Tras el estallido, la mujer que se encontraba sola en el inmueble, recibió los primeros auxilios por parte del Sistema Único de Manejo de Emergencias de la República de Panamá (Sume 911). Posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia fue provocada por una fuga de gas localizada directamente en la estufa.

Las autoridades aclararon que, contrario a las sospechas iniciales de los vecinos, el cilindro de gas se encontraba intacto, situando la falla en el sistema de conexión o en el mismo artefacto de cocina.

Personal de seguridad y rescate, bajo la coordinación del teniente Gerardo Beca, logró controlar la situación con rapidez, evitando que el fuego se propagara a otros apartamentos del inmueble.

Luego de la inspección técnica, los bomberos reiteraron la importancia de realizar mantenimientos preventivos, evitar que se acumule grasa y revisar las mangueras y válvulas de las estufas para detectar fugas imperceptibles que puedan acumular gas en espacios cerrados.

Tras el suceso, los peritos permanecieron en el sitio para evaluar el suceso y determinaron que la situación estaba controlada. Reiteraron que ante sospechas de fuga de gas se debe llamar al 103.

Según el Meduca, la iniciativa se llevará a cabo de forma presencial del 12 al 15 de mayo en centros educativos de todo el país, como parte de las estrategias para promover el acompañamiento familiar en la educación.

Para facilitar la asistencia, cada centro educativo organizará sesiones de dos horas en dos turnos: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

La entidad aclaró que la jornada está abierta a todos los centros educativos del país, tanto oficiales como particulares, y forma parte de las acciones para reforzar el vínculo entre la familia y la escuela.

De acuerdo con el Meduca, las jornadas se iniciarán el próximo 12 de mayo en las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá este, Panamá norte y San Miguelito.

El 13 de mayo se desarrollarán en las regiones educativas de Coclé, Herrera, Los Santos, Colón y Darién; mientras que el 15 de mayo se realizarán en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan y Guna Yala.

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Facilidades para acudientes

Como parte de las medidas para incentivar la participación, los centros educativos entregarán constancias de asistencia que podrán ser utilizadas por los padres o acudientes como justificación laboral.

En caso de que el acudiente principal no pueda asistir, se permitirá la participación de un segundo acudiente registrado o de un familiar cercano, siempre que presente una nota de autorización y copia de la cédula correspondiente.

Además, los padres con hijos en distintos planteles solo deberán asistir a una de las jornadas, ya que los contenidos serán uniformes a nivel nacional.

Este tipo de actividades forma parte de los mecanismos de corresponsabilidad entre la familia y la escuela, y su cumplimiento se toma en cuenta dentro de los procesos vinculados a programas de apoyo estudiantil, como el beneficio económico del Pase-U (Programa de Asistencia Social Educativa Universal).

Con esta jornada, el Meduca busca fomentar una participación más activa de los padres en la educación de sus hijos y fortalecer el acompañamiento integral del estudiante dentro y fuera del aula.

En su reporte, el Imhpa destaca que continúa el flujo de viento con alto contenido de humedad que se suma a diversos sistemas atmosféricos, lo que generará escenarios con lluvias significativas.

“Algunas áreas del territorio presentarán eventos lluviosos desde tempranas horas del día; otras tendrán escenarios variados, con mañanas cálidas y algo soleadas, cambiando por la tarde a lluvias y tormentas que podrían extenderse en algunas zonas, hasta horas de la noche”, se indica en el aviso de vigilancia emitido por la entidad.

Asimismo, se advierte sobre posibles crecidas repentinas de ríos, descargas eléctricas y ráfagas de viento, que pueden causar el desprendimiento de objetos. Se recomienda a las personas tomar medidas de prevención y seguir las recomendaciones emitidas por los estamentos de seguridad.

El nuevo aviso de vigilancia entró en vigencia a las 2:00 p.m. de este lunes 4 de mayo y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del jueves 7.

Panamá está en la fase de transición de la temporada seca a la lluviosa.

La querella busca que se investigue la supuesta utilización de recursos de la Alcaldía para exaltar la figura de la alcaldesa en momentos en que rige una veda electoral, informó Abdiel González, del Movimiento Proyecto Arraiján.

“Es un hecho público y notorio lo que salió en diferentes medios de comunicación, donde abiertamente se demostró a través de videos que el rotulado que mencionan incluía su imagen [la de la alcaldesa] junto a la de otros estudiantes, y luego ella la borró antes de que llegara la Fiscalía Electoral”, explicó.

La denuncia de González, excandidato a diputado, surge luego de que la Fiscalía General Electoral realizara una serie de inspecciones, tras conocerse que los buses tipo coaster utilizados por el municipio estaban rotulados con el nombre y la fotografía de Peñalba.

En uno de los costados de los vehículos se observaba la imagen de la alcaldesa acompañada de dos estudiantes, mientras que en la puerta del conductor aparecía la leyenda: “Alcaldesa Stefany Peñalba”.

Personal de la Fiscalía Electoral acudió el viernes 24 de abril, pero no fue atendido por Peñalba. El lunes 27 de abril, realizaron una segunda visita y observaron que el rostro de la alcaldesa había sido cubierto con un emoji.

Se comunicó con Peñalba así como con el equipo de la alcaldesa para conocer su versión, pero hasta el momento no ha respondido.

Senniaf inspecciona el Municipio

Además, este lunes la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) realizó una inspección tras la difusión de imágenes de menores sin autorización y que fueron colocadas en los buses, según confirmó su jefe de asesoría legal, Alexander Castrellón.

El funcionario explicó que el equipo levantará un acta con los hallazgos, pese a que el material ya fue retirado durante el fin de semana.

No obstante, advirtió que el uso de estas imágenes ocurrió durante un periodo de tiempo y que, de acuerdo con lo manifestado por autoridades municipales, no se contaba con los permisos correspondientes.

Castrellón recordó que toda institución o persona que utilice imágenes de menores debe contar con la autorización de sus padres o tutores legales.

(Con información de Yasser Yánez)

La Prensa fue parte de este programa concebido para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de los medios de Latinoamérica y el Caribe, integrando la IA como un habilitador transversal del ciclo de vida de productos y flujos de trabajo.

“El AI Product Lab refleja el enorme potencial de la innovación cuando se combina con talento, compromiso y una visión clara de futuro. Hemos visto un entusiasmo extraordinario por parte de los medios participantes, que han pasado de explorar la inteligencia artificial a integrarla de manera concreta en sus operaciones. En un momento de transformación profunda para el periodismo, este programa demuestra que es posible fortalecer la sostenibilidad, la calidad y el impacto del trabajo periodístico. Agradecemos especialmente a Google por su apoyo estratégico para hacer posible esta iniciativa”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

“En Google, nos entusiasma ver cómo los medios en América Latina están incorporando el uso de la IA para mejorar procesos. Más allá de la tecnología, lo que realmente nos inspira es observar cómo están integrando la IA para redefinir el periodismo, haciéndolo no solo más eficiente, sino más sostenible. Nos alegra ser parte de este camino, viendo cómo la innovación regional está marcando un nuevo estándar para la industria,” compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

La metodología fue la clave del éxito. El programa se estructuró en tres etapas: primero, una fase formativa de 12 sesiones grupales con expertos internacionales que brindaron el conocimiento base; segundo, talleres de prototipado intensivos (workshops 1:1) diseñados para traducir ideas abstractas en prototipos viables; y, finalmente, el acceso a fondos de implementación junto con acompañamiento técnico personalizado durante tres meses, para asegurar el despliegue de las soluciones.

“La diferencia fundamental de este programa radica en la incorporación de los talleres de prototipado. No nos quedamos en la teoría; la metodología obligó a los medios a pensar en términos de ‘producto’, validando la viabilidad técnica y el impacto financiero de cada idea antes de escribir la primera línea de código”, consideró Ezequiel Arbusti, directivo de Marktube Group.

Los workshops para diseñar los prototipos funcionaron como una aceleradora interna. Durante estas sesiones, los mentores trabajaron con equipos interdisciplinarios de cada medio. Se utilizaron herramientas de diseño de producto para definir el producto mínimo viable (MVP), mapear los flujos de datos y establecer objetivos y resultados clave medibles, garantizando que la inversión de tiempo y dinero tuviera un retorno operativo claro.

El impacto ha sido tangible. Los medios participantes desarrollaron soluciones que mejoran la eficiencia operativa, fortalecen la toma de decisiones basada en datos y abren nuevas oportunidades de negocio.

“Vimos una evolución impresionante. Pasamos de medios que tenían miedo o curiosidad por la IA, a equipos técnicos que hoy son capaces de diseñar arquitecturas RAG o agentes inteligentes que interactúan directamente con sus bases de datos para generar valor informativo real”, afirmó Rolando Castañón, jefe de las mentorías técnicas del programa.

Los medios que recibieron fondos y acompañamiento para ejecutar sus proyectos fueron: ABC (Paraguay), Agencia Ocote (Guatemala), Búsqueda (Uruguay), Confidencial (Nicaragua), CR Hoy (Costa Rica), Diario El Heraldo (Honduras), Divergentes (Nicaragua), El Nacional (Venezuela), El País (Uruguay), El Regional del Zulia (Venezuela), La Hora (Ecuador), La Nación (Costa Rica), La Prensa (Nicaragua), La Prensa (Panamá), La Prensa Gráfica (El Salvador), Listín Diario (República Dominicana), Montevideo Portal (Uruguay), Prensa Libre (Guatemala), Redacción Regional (El Salvador), Revista Nómadas (Bolivia) y Televisora de Costa Rica - Teletica (Costa Rica).

En las cartas, que fueron filtradas a través de la creadora de contenido “La Parce Justin”, Herrera explica por qué le disparó a su nuera.

“No quise hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar… pero por Dios que se disparó sola”, se lee en uno de los fragmentos difundidos, en el que también admite haber estado presente durante el hecho.

Carolina Flores fue víctima de al menos seis disparos en su anatomía.

Herrera, de 63 años, quien fue capturada en Venezuela tras una huida relámpago que incluyó una conexión por Panamá, habría redactado estos mensajes dirigidos a su hijo, Alejandro Sánchez.

En los escritos, la detenida intenta minimizar el acto, calificándolo de “castigo” y alegando que el arma se accionó de manera accidental durante una confrontación en el departamento de la modelo.

Revelaciones

Tras la incautación de dos teléfonos y una tablet, las autoridades y medios como Univisión, El Heraldo de México y Reporte Índigo han difundido extractos de los presuntos mensajes que muestran la mentalidad de la agresora:

Justificación de la violencia: “No quise hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar, era como darle cinturonazos, pero por Dios que se disparó sola”, detalla una de las notas.

Motivación del conflicto: La suegra admitió resentimiento porque Carolina supuestamente la alejaba de su hijo y de su nieto de 8 meses, limitando incluso las videollamadas.

Obsesión familiar: “Sentía que había perdido todo, porque antes de ella éramos felices”, escribió Herrera, refiriéndose a la modelo como una presencia que rompió el vínculo con su hijo.

El engaño y la huida

La investigación sugiere que Erika Herrera escapó de la escena en menos de 30 minutos el pasado 15 de abril.

Según datos atribuidos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la mujer ingresó al inmueble a las 10:55 a.m., disparó a la víctima alrededor de las 11:24 a.m. y huyó poco después con maletas.

Un día más tarde, abandonó México en un vuelo que hizo escala en Panamá con destino final en Venezuela, donde fue detenida el 29 de abril por autoridades locales, en coordinación con Interpol.

Según las cartas infiltradas, su hijo intentó ganar tiempo diciéndole que Carolina se recuperaba en un hospital, lo que era falso, a lo que ella respondió con reclamos al verse expuesta en los medios como la “suegra asesina”.

“Que soy la suegra asesina. ¿Psicópata? No, no, no. Ella me llevó a eso, sus malos modos, berrinches... Siempre me hacía caras”, se lee en los mensajes donde culpa a la víctima de su propia muerte.

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Podría ser una estrategia

Aunque los textos han circulado ampliamente a través de la creadora de contenido “La Parce Justin”, las autoridades venezolanas aún trabajan en la certificación oficial de los documentos.

La influencer sugiere que estas cartas podrían ser una estrategia de Herrera para “lavar la cara” de su hijo y evitar que sea vinculado como cómplice, asumiendo ella toda la responsabilidad desde una narrativa de “accidente”.

“¿Estas cartas serán una señal donde intenta lavarle la cara a su hijo por si intentan incriminarlo? Recuerden que esta señora es bastante inteligente y fue con un arma al apartamento de su hijo”, dijo la influencer.

Por lo pronto, Erika María Herrera permanece aún bajo custodia en Venezuela, mientras se tramitan los procesos legales para su vinculación formal por el feminicidio de la joven mexicana y su extradición.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos ayudará a “guiar” a los buques que han quedado varados en el estrecho de Ormuz debido a la guerra con Irán.

El paso marítimo ha permanecido prácticamente bloqueado desde que EE.UU. e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán, que respondió cerrando el estrecho crucial por el que solía pasar el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Es una angosta ruta en la región del golfo Pérsico, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Limita al norte con Irán y al sur con Omán y Emiratos Árabes Unidos (EAU), conectando la región del Golfo con el mar Arábigo.

Sus aguas tienen suficiente profundidad para los petroleros de crudo más grandes del mundo y es utilizado por los principales productores de petróleo y gas de Medio Oriente, así como por sus clientes.

Trump llamó a su iniciativa de protección de buques Proyecto Libertad, pero los expertos consideran que, como está planteado, podría conducir a una reanudación de las hostilidades con Irán.

¿Qué dijo Trump?

El presidente afirmó que países “de todo el mundo” le pidieron a Estados Unidos que ayude a liberar sus buques, que se encuentran “atrapados en el estrecho de Ormuz” y son “¡meros espectadores neutrales e inocentes!”.

Por lo tanto, en respuesta, dijo que EE.UU. “guiará a sus buques de forma segura fuera de estas vías navegables restringidas”.

“El movimiento de los buques tiene como único objetivo liberar a personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo; son víctimas de las circunstancias”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Añadió que se trata de “un gesto humanitario en nombre de Estados Unidos, de los países de Medio Oriente, pero, en particular, del país de Irán”, ya que muchos de estos buques se están quedando “sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas”.

¿Cuál es la respuesta de Irán?

El anuncio de Trump parece moderado en comparación con declaraciones anteriores contra Irán.

Incluso da a entender que Irán es parte de la operación: el presidente llegó incluso a decir que el Proyecto Libertad se emprende también en nombre de Irán.

Pero en Teherán no ven la operación de esa manera.

Una declaración del jefe del mando central de Irán afirmó que atacaría a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar en el estrecho, “especialmente al agresivo ejército estadounidense”.

El general de división Ali Abdollahi dijo que Irán ha declarado “repetidamente” que el estrecho de Ormuz “está bajo el control” de las fuerzas armadas iraníes, además de que el paso seguro por él debe coordinarse con ellos “en todas las circunstancias”.

¿Ya está en marcha el plan?

Se estima que unos 20.000 marineros y 2.000 buques han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde el inicio de la guerra con Irán, según la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU que regula el transporte marítimo.

Existe una creciente preocupación por la disminución de los suministros y los efectos sobre la salud física y mental de los marineros.

Pero Trump no dijo cómo podrían avanzar. Solo amenazó con usar la fuerza “si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario”.

Horas más tarde, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) anunció que se utilizarían “destructores lanzamisiles, más de 100 aeronaves con bases terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 miembros del personal militar” para apoyar la operación.

La declaración no especifica cómo el conjunto de medios y personal prestaría apoyo a los buques.

Si la protección de EE.UU. pretende ser una oferta de información y asesoramiento a los buques y sus tripulaciones, eso podría ser de poca ayuda dadas las ominosas amenazas de Irán de atacarlos.

Si, por el contrario, EE.UU. intentara proporcionar a los buques afectados una escolta militar, eso podría volver a situarlos en una confrontación militar directa con Irán.

Horas después de que supuestamente comenzara la operación estadounidense, el ejército iraní declaró: “Gracias a una advertencia firme y rápida de la Armada de la República Islámica se ha impedido la entrada de destructores enemigos estadounidenses y sionistas en el estrecho de Ormuz”.

Poco después, el Centcom desmintió las afirmaciones iraníes de que uno de sus buques de guerra fue alcanzado por dos misiles.

Emiratos Árabes Unidos -un aliado de EE.UU. en el Golfo, que ha sido atacado con frecuencia por Irán durante la guerra- aseguró que un petrolero afiliado a Adnoc, su empresa petrolera estatal, fue blanco de dos drones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

Nadie resultó herido, según informó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

No está claro si los movimientos del petrolero fueron permitidos por EE.UU. como parte del Proyecto Libertad.

Este lunes, el Centcom afirmó que destructores lanzamisiles de la Armada de EE.UU. operaban en el golfo Pérsico “tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad”.

Añadió que las fuerzas estadounidenses están “colaborando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito del transporte marítimo comercial”, pero no dio más detalles.

“Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía en condiciones de seguridad”, afirmó también el Centcom.

Una vez más, no se dieron a conocer detalles sobre la identidad de los buques mercantes.

Irán ha restringido drásticamente el tráfico por el estrecho desde que comenzó la guerra, permitiendo el paso solo a un puñado de buques, principalmente de países aliados de Teherán.

• Por qué el estrecho de Ormuz es el arma más potente de Irán en la guerra contra EE.UU.

¿Qué está ocurriendo en el estrecho?

Actualmente está en vigor un alto el fuego destinado a permitir que las partes alcancen un acuerdo para poner fin a las hostilidades, pero se han registrado pocos avances.

Irán se ha opuesto enérgicamente a que Estados Unidos imponga un bloqueo naval a los puertos iraníes.

La BBC habló el domingo con el capitán del petrolero Ramoon Kapoor, uno de los que se encuentran atrapados, quien aseguró haber visto “varios ataques, varios misiles, explosiones” y afirmó que la situación era “bastante tensa”.

También señaló que su tripulación sufre un estrés y una ansiedad considerables.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha advertido a los buques que intenten transitar por el estrecho de Ormuz de que se enfrentan a amenazas de seguridad “críticas” debido a las “operaciones militares regionales en curso”, así como a “la proximidad y los peligros de cualquier mina o amenaza de la que se haya informado a lo largo de las rutas de tránsito previstas”.

Los anuncios de Trump durante el conflicto actual han influido a menudo en los mercados, en particular en el precio del petróleo.

Sin embargo, su anuncio del Proyecto Libertad no provocó ninguna reacción inmediata.

Se produjo un rápido repunte tras la afirmación de Irán de haber alcanzado un buque de guerra estadounidense y la posterior negación de Estados Unidos, pero, en general, el precio del barril de crudo Brent se ha mantenido muy por encima de los US$100, más de un 50% por encima de su nivel anterior a la guerra.

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• “Irán nunca cederá el control del estrecho de Ormuz”: la BBC entrevista en Teherán al excomandante de la Guardia Revolucionaria
• Del estrecho de Ormuz al de Malaca: las 5 angostas vías navegables de las que depende el comercio mundial

La jornada abrió con la victoria de los Dolphins del International School of Panama sobre los Gators del Colegio St. Mary. Rodrigo Yagüe firmó un triplete, mientras que Giorgios Tzortzakis y Alexander Dakker aportaron un gol cada uno para ISP. Por los Gators, anotaron Milán Vieto e Ian Aguilar.

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El segundo partido fue triunfo del Colegio San Agustín (4-2) sobre los Lions del Colegio Real. Ian Rojas destacó con un triplete, mientras que Noah Lee sumó otro tanto. Para los Lions, Alessio Villalaz marcó un gol y el otro fue un autogol.

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El tercer duelo fue un empate 2-2 entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Knights del Oxford International School. Matías López y Gabriel Castillero anotaron para los Eagles, mientras que Daniel Hagedorn y Daniel Adames lo hicieron para los Knights.

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En el cuarto encuentro, los Green Panthers del Instituto Panamericano vencieron 2-1 a los Jaguars del Metropolitan School. Isaac Guevara firmó un doblete, mientras que David Jaramillo descontó para el MET.

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El penúltimo enfrentamiento dejó una contundente goleada 10-0 de los Fighting Owls de la Academia Interamericanasobre las Águilas del Colegio Javier. Ricardo Díaz anotó un triplete, mientras que Ignacio Villanueva, Alejandro González y Fernando Sánchez aportaron dobletes, y Oliver Bermúdez sumó un gol.

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El cierre de la jornada fue un empate 3-3 entre los Brader Raiders y el Colegio Episcopal. Ignacio Gutiérrez (doblete) y Mateo Cohen marcaron para el Brader, mientras que Mateo Vallarino, Mathew Brewer e Iker Ureña anotaron para el Episcopal.

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Calendario del próximo domingo

La quinta jornada de la Liga123 Sub-10 se disputará este domingo en el Geely Field de Yappy Park, bajo el siguiente itinerario:

• El Colegio de Panamá vs Colegio St. Mary – 8:00 a.m.
• Colegio Real vs Colegio La Salle – 9:00 a.m.
• International School vs Oxford – 10:00 a.m.
• Academia Interamericana vs Metropolitan School – 11:00 a.m.
• Colegio Javier vs Panamerican School – 12:00 p.m.
• Instituto Panamericano vs Colegio Episcopal – 1:00 p.m.

El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) expresaron su respaldo a la creación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, una iniciativa que plantea un espacio de diálogo tripartito —entre sector público, privado y trabajadores— orientado a identificar barreras, proponer medidas concretas y reactivar una actividad clave para la economía y el empleo en el país.

Para Convivienda, la aprobación unánime de esta instancia “envía un mensaje positivo” sobre la disposición de los actores para atender la situación del sector. No obstante, el gremio advirtió que uno de los temas prioritarios a discutir será el impacto del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% sobre viviendas nuevas.

En este contexto, quienes estén tramitando la compra de una vivienda nueva por primera vez deberán presupuestar ahora un costo adicional correspondiente a este impuesto, que durante más de 50 años estuvo exonerado y solo se aplicaba a propiedades del mercado secundario.

La exoneración se sustentaba en la Ley 106 de 1974, que excluía del ITBI la primera venta de viviendas nuevas. Sin embargo, con la Ley 468 de 2025 y su posterior modificación mediante la Ley 481, este beneficio fue eliminado. Desde enero de 2026, el impuesto comenzó a cobrarse también en viviendas nuevas, elevando su precio final.

Norberto Delgado, presidente de Convivienda, señaló que este cambio ha generado preocupación, especialmente en un contexto donde el acceso a la primera vivienda enfrenta crecientes restricciones.

De acuerdo con el gremio, el ITBI introduce una barrera directa al aumentar el monto inicial que deben pagar los compradores, un costo que no suele ser financiado por la banca. Esto afecta principalmente a familias de ingresos medios y bajos, limitando su capacidad de calificar para créditos hipotecarios.

Para dimensionar el impacto, una vivienda promedio de $75,000 implica una letra mensual cercana a $300, lo que requiere ingresos familiares de al menos $1,000 mensuales. A esto se suma una inicial aproximada de $3,000 más unos $1,500 adicionales por concepto de ITBI.

En el caso de viviendas de hasta $120,000, el ingreso necesario asciende a unos $1,500 mensuales, niveles que, según el sector, quedan fuera del alcance de una parte importante de la población ocupada.

Cifras del sector reflejan el panorama: más del 87% de las familias panameñas dependen del régimen de interés preferencial para adquirir vivienda, mientras que más del 70% de la población no califica actualmente para acceder a una vivienda formal. A esto se suma una caída del 33% en los desembolsos de crédito hipotecario entre enero y febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Convivienda advierte que, aunque el ITBI podría aumentar la recaudación en el corto plazo, su efecto agregado sería contractivo, al reducir el crédito, la actividad económica y la generación de empleo en la construcción.

“El objetivo de fortalecer la recaudación es legítimo, pero hay espacio para ajustar esta política sin convertirla en una barrera para el acceso a la vivienda”, indicó Delgado.

Por su parte, la Capac valoró positivamente la creación de la mesa técnica y destacó su inclusión en este espacio como un reconocimiento al aporte del sector.

Aseguraron que la construcción representa aproximadamente el 10.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 206 mil empleos directos, además de su efecto multiplicador en áreas como comercio, manufactura, transporte y servicios financieros.

Capac valora la creación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, como una oportunidad para impulsar la reactivación del sector.
🗣️ “La reactivación de la construcción requiere coordinación, compromiso y acciones concretas”,Irene Orillac de Simone pic.twitter.com/zly208jy2Y

— Capac Panama (@CapacPanama) May 4, 2026

Sin embargo, la industria ha enfrentado una desaceleración sostenida, marcada por la caída de la inversión, el aumento de costos, restricciones crediticias y la paralización de proyectos.

En este contexto, la Capac adelantó que impulsará propuestas enfocadas en la agilización de permisos, la reactivación de la inversión pública y privada, el acceso al financiamiento y la simplificación regulatoria.

Cabe resaltar que Panamá enfrenta un déficit habitacional estimado en 180 mil viviendas.

El primer duelo de la fecha fue un empate cardíaco 1-1 entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Tigers del Smart Academy. Los Tigers se adelantaron con un gol de penal de George Campbell al minuto 58. Sin embargo, cuando todo parecía definido, Fiorentino Tizzoni apareció dos minutos después para igualar el marcador sobre el final.

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El segundo partido fue otro empate 1-1, esta vez entre el Instituto Enrico Fermi y los Brader Raiders. Benjamín Chu abrió el marcador para el Fermi, pero Aníbal Ortega emparejó las acciones.

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El tercer encuentro marcó el tercer empate consecutivo 1-1 de la jornada, en el duelo entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Jaguars del Metropolitan School. Ignacio Guardiola anotó para la AIP, mientras que Ali Farhat lo hizo para los Jaguars.

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El cuarto enfrentamiento rompió la seguidilla de empates, con la victoria 2-1 de los Spartans del Colegio La Salle sobre los Thunders del Instituto Atenea. Andrés Vásquez firmó un doblete, mientras que Leonardo Pedersen descontó.

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En el penúltimo partido, los Dolphins del International School of Panama y los Lions del Colegio Real empataron 0-0, en otro duelo de alta intensidad defensiva.

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El cierre de la jornada trajo la victoria 2-1 de los Mustangs del Panamerican School sobre los Potros del Thomas Jefferson School. Roberto Irwin y Eric Broce marcaron para los Mustangs, mientras que Juan Felipe Moreno anotó para los Potros.

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Calendario del fin de semana

La quinta fecha de la Liga10 Sub-18 se disputará este sábado en la cancha principal del Yappy Park, bajo el siguiente cronograma:

• Instituto Enrico Fermi vs El Colegio de Panamá – 1:00 p.m.
• Smart Academy vs Academia Interamericana – 2:30 p.m.
• Colegio Brader vs Colegio Javier – 4:00 p.m.
• Colegio La Salle vs International School of Panama – 5:30 p.m.
• Panamerican School vs Instituto Atenea – 7:00 p.m.
• Thomas Jefferson School vs Instituto Panamericano – 8:30 p.m.

Detenme si ya has escuchado esto antes: una empresa tecnológica afirma haber desarrollado una nueva inteligencia artificial (IA) tan poderosa que resulta aterradora.

Al parecer, es demasiado peligrosa para ser lanzada al mundo; las consecuencias serían catastróficas.

Por suerte para nosotros, la mantendrán bajo llave por el momento. Solo querían que lo supieras.

Eso es exactamente lo que la empresa de IA Anthropic nos está diciendo sobre su último modelo: Claude Mythos.

La compañía asegura que la capacidad de Mythos para detectar fallos de ciberseguridad supera con creces la de los expertos humanos, y que esta tecnología podría tener consecuencias capaces de alterar el orden mundial si cayera en las manos equivocadas.

"Las repercusiones —para las economías, la seguridad pública y la seguridad nacional— podrían ser graves", declaró Anthropic en una entrada de blog publicada a principios de abril.

Algunos, con exagerado tono de alarma, advirtieron que Mythos pronto nos obligará a reemplazar cada dispositivo tecnológico de nuestra vida —incluso el microondas con conexión wifi— para protegernos de esta locura digital.

Ciertos expertos en seguridad ponen en duda estas afirmaciones, pero dejemos eso de lado por el momento. Esto no es nada nuevo.

Los ejecutivos de los principales proveedores de IA emiten advertencias con regularidad sobre cómo los productos de su propia industria podrían acabar con la humanidad.

¿Para qué les tengamos miedo?

Es una forma extraña de referirse a su propio trabajo por parte de cualquier empresa.

No es habitual escuchar a McDonald's anunciar que ha creado una hamburguesa tan aterradoramente deliciosa que resultaría poco ético cocinarla para el público.

Estrategia del miedo

He aquí una teoría.

Según algunos analistas, a las empresas de IA les conviene mantenernos obsesionados con la idea del apocalipsis, ya que esto desvía la atención del daño muy real que ya están causando en el mundo.

Los líderes tecnológicos sostienen que simplemente nos están advirtiendo sobre un futuro inevitable y que la seguridad es una prioridad absoluta, ya sea ahora o más adelante.

Sin embargo, otros argumentan que lo que realmente estamos presenciando es una estrategia de infundir miedo, que exagera el potencial de la tecnología y sirve para impulsar el precio de las acciones.

Además, fomenta la narrativa de que los organismos reguladores deben mantenerse al margen, bajo el pretexto de que estas empresas de IA son las únicas capaces de detener a los "malos" y de desarrollar esta tecnología de manera responsable.

"Si se presentan estas tecnologías como algo casi sobrenatural en cuanto a su peligrosidad, nos hace sentir impotentes, como si estuviéramos superados", afirma Shannon Vallor, profesora de ética de datos e inteligencia artificial en la Universidad de Edimburgo.

"Como si las únicas personas a las que pudiéramos recurrir fueran las propias empresas", añade.

Que alguien me detenga

Un portavoz de Anthropic me comentó que la empresa ha sido clara con respecto a estas cuestiones.

Compartieron entradas de blog de otras organizaciones que respaldaban las capacidades cibernéticas de Mythos, pero no dijeron nada para abordar los puntos planteados en este artículo, salvo un comentario que incluiré más adelante.

Esta no es la primera vez que el director de Anthropic, Dario Amodei, trabaja en una herramienta que la propia empresa de la que es parte declaró demasiado peligrosa para el público.

En 2019, cuando Amodei era ejecutivo en OpenAI, la compañía anunció GPT-2.

Él y otros líderes de la empresa afirmaron que simplemente no podían lanzar GPT-2 debido a "preocupaciones sobre las aplicaciones malintencionadas de la tecnología".

Se trataba de una herramienta mucho menos sofisticada que ChatGPT.

Y, meses después, la lanzaron de todos modos (el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, publicó una entrada de blog en la que afirmó que la empresa asume la incertidumbre, aunque dijo que los temores en torno a GPT-2 estaban "fuera de lugar").

Altman criticó el "marketing basado en el miedo" de Anthropic en una reciente entrevista en un podcast. Sin embargo, su propia estrategia de "he creado un monstruo" se remonta a años atrás.

"Es muy probable que la IA conduzca al fin del mundo, pero, mientras tanto, surgirán grandes empresas", dijo Altman en 2015.

Años más tarde, Altman sostuvo que pierde el sueño preguntándose si "ha hecho algo realmente malo al lanzar ChatGPT".

Si tan solo alguien le hubiera advertido.

"Riesgo de extinción"

Cientos de líderes tecnológicos —entre ellos Altman, Amodei, Bill Gates y Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind— respaldaron en 2023 una breve declaración que decía: "Mitigar el riesgo de extinción derivado de la IA debería ser una prioridad global, junto con otros riesgos a escala social, tales como las pandemias y la guerra nuclear".

Ese mismo año, magnates como Elon Musk firmaron una carta en la que solicitaban una pausa de seis meses en el desarrollo de IA avanzada.

Menos de seis meses después, Musk anunció su nueva empresa de inteligencia artificial: xAI.

"Esto es, sencillamente, parte de un patrón de afirmaciones infundadas sobre el poder", sostiene Emily M. Bender, profesora de lingüística computacional y procesamiento del lenguaje natural en la Universidad de Washington, y coautora del libro "La estafa de la IA".

Según Bender, esta actitud no se limita a OpenAI y Anthropic; constituye la postura habitual de toda la industria de la IA.

"Vienen a decir: 'Miren hacia aquí; no presten atención a la destrucción medioambiental, a la explotación laboral ni a todos esos sistemas sociales que estamos desmantelando'. Lo único que debe preocuparnos, según ellos, es asegurarnos de que esta tecnología no se convierta en esa entidad malévola que acabe destruyendo a la humanidad", explica.

Consulté a OpenAI sobre todos estos aspectos.

Un portavoz compartió una reciente entrada de blog de Altman, en la que escribía que OpenAI "se opondría a la posibilidad de que esta tecnología consolide el poder en manos de unos pocos", y añadía que "las decisiones clave sobre la IA deben tomarse mediante procesos democráticos y principios igualitarios, y no ser adoptadas exclusivamente por los laboratorios de IA".

¿Es Mythos realmente tan perjudicial?

Anthropic asegura que su nuevo modelo ya ha detectado miles de vulnerabilidades de "alta gravedad" en todo el panorama tecnológico, alcanzando un nivel de eficacia que supera al de los expertos humanos.

Asimismo, anunció una nueva alianza con más de 40 empresas y colectivos en un "intento urgente" por subsanar dichas vulnerabilidades antes de que los hackers tengan oportunidad de explotarlas.

Un portavoz de la empresa señaló que Anthropic ha buscado de forma intencional alianzas con organizaciones para reparar los sistemas informáticos básicos que concentran la mayor parte del problema.

No obstante, existen serias dudas en torno a dichas afirmaciones. Heidy Khlaaf, científica jefe de IA en el Instituto AI Now, dice que esto no le sorprende.

Khlaaf ha dedicado toda su carrera profesional a desarrollar y auditar, precisamente, el tipo de herramientas de análisis de código que Anthropic asegura haber superado.

Además, ha trabajado en el ámbito de la seguridad digital en instalaciones nucleares.

Khlaaf afirma que la mayor señal de alarma fue la ausencia de datos sobre las tasas de falsos positivos: una métrica estándar en la industria que indica con qué frecuencia una herramienta de seguridad señala algo que no constituye un problema real.

"No se trata de una métrica desconocida", dice Khlaaf.

"Es, en cierto modo, el indicador más importante de la utilidad de una herramienta".

Anthropic no hizo mención alguna de ello y eludió la pregunta cuando solicité sus comentarios al respecto.

Tampoco comparó Anthropic el rendimiento de Mythos con el de las herramientas existentes en las que los ingenieros de seguridad han confiado durante décadas.

Asimismo, han surgido algunas especulaciones que sugieren que Anthropic podría haber postergado el lanzamiento masivo de Mythos debido a que no disponía de la capacidad de cómputo necesaria.

Anthropic tampoco respondió cuando le consulté sobre este asunto.

Nada de esto implica que la amenaza sea imaginaria.

"Es posible que Mythos sea una herramienta competente", señala Khlaaf.

Las herramientas de IA son, en efecto, idóneas para analizar bases de código masivas, y la detección automática de vulnerabilidades de seguridad representa un peligro real y apremiante.

No obstante, Khlaaf se muestra escéptica ante las afirmaciones de Anthropic, dado que carecen de pruebas que las comprueben.

"Creo que existen numerosas fisuras en esa narrativa que presenta a Mythos como una herramienta todopoderosa que, por ello, no se puede lanzar al público", indica.

¿Por qué tan grave?

Evitar el fin del mundo es, según afirman, la razón misma de la existencia de OpenAI y Anthropic.

OpenAI se fundó como una organización sin fines de lucro, con la promesa de desarrollar la IA de manera segura antes de que gigantes tecnológicos supuestamente menos responsables —como Google y Meta— se les adelantaran.

Más tarde, un grupo disidente abandonó OpenAI para fundar Anthropic y alegó que su antiguo empleador no estaba lo suficientemente comprometido con la seguridad.

Ahora, ambas organizaciones trabajan para convertirse en empresas de capital abierto y vender acciones en el mercado bursátil.

"Si quieres entender cómo se comportará una organización —y, en particular, una corporación—, fíjate en cuáles son sus incentivos", señala Vallor.

Google eliminó sus "líneas rojas" respecto al desarrollo de armas basadas en IA.

OpenAI libró una batalla legal para desprenderse de su estatus de organización sin fines de lucro.

Anthropic abandonó su política insignia, que consistía en no entrenar jamás un modelo de IA si la empresa no podía garantizar medidas de seguridad adecuadas.

"Yo no contaría con que [ninguna de estas empresas] renuncie a la oportunidad de dominar el mercado con tal de seguir siendo 'los buenos'", dice Vallor.

Mientras tanto, existe un fuerte impulso para implementar la IA en el sector sanitario, a pesar de las serias preocupaciones que suscita la posibilidad de diagnósticos erróneos.

Los centros de datos alimentados por gas podrían emitir más gases de efecto invernadero que países enteros.

La IA presuntamente está llevando a masas de personas vulnerables al borde de la psicosis e incluso al suicidio.

Un creciente número de investigaciones sugiere un posible vínculo entre la IA y el deterioro cognitivo.

Los deepfakes han cruzado el punto de no retorno: ni siquiera pude convencer a mi propia tía de que yo no soy un robot.

Las empresas de IA aseguran tomarse estos problemas muy en serio.

OpenAI me envió enlaces a sus posicionamientos sobre salud mental, precisión de la IA, fraudes y estafas. Por su parte, Altman sostiene que la empresa está comprometida a abordar estos problemas en cada una de las etapas del desarrollo de la IA.

Pero existe una razón por la que estas compañías solo hacen sonar la alarma ante la posibilidad de un apocalipsis, asegura Vallor.

Si la IA pudiera destruir la sociedad, todos esos otros problemas parecerían mucho menos significativos.

"La estrategia ha funcionado", dice.

"Hablar de sus productos como si pudieran acabar con el mundo no ha perjudicado a estas empresas; no ha limitado su poder. Si acaso, hace que la gente sienta que las únicas entidades a las que pueden recurrir en busca de protección son las propias empresas", agrega.

Demonios o mesías

Casi que al mismo tiempo, algunas de las personas que advierten sobre la destrucción también prometen la salvación.

En un ensayo de 2024, Altman proyecta que "triunfos asombrosos —como reparar el clima, establecer una colonia espacial y el descubrimiento de toda la física— acabarán convirtiéndose en algo cotidiano".

Amodei prometió "un país de genios dentro de un centro de datos".

La utopía y el apocalipsis son solo las dos caras de la misma moneda, según Vallor.

"En cualquiera de los dos casos, la escala es demasiado grandiosa y mítica como para que elementos como la regulación, la gobernanza o el derecho parezcan herramientas con las que se pueda ejercer un control efectivo", afirma.

"Esto lleva a la gente a creer que lo único que pueden hacer es sentarse a esperar para averiguar si estas tecnologías resultan ser demonios que acaban con la civilización o mesías que nos regalan una utopía", añade.

Incluso el nombre "Mythos" parece diseñado para inspirar un asombro de carácter casi religioso.

Pero no se trata de dioses; son productos creados por empresas con fines de lucro, indica Vallor.

Y hemos regulado cosas mucho más amenazantes que los chatbots.

"Con cualquier otra tecnología —salvo con esta; incluso con la energía nuclear o las armas biológicas—, en ningún otro caso hemos permitido que estas narrativas nos hagan creer que estamos ante fuerzas que escapan al control humano", dice.

"Nada en ellas es ingobernable. A menos que decidamos no gobernarlas", continúa.

Seamos claros: es teóricamente posible que la IA acabe dominando el mundo.

No soy adivino, pero pregúntate a ti mismo: ¿te suena esta idea parecida a otras historias que has escuchado provenir de Silicon Valley en el pasado?

¿Acaso no se suponía que a estas alturas todos estaríamos viviendo en el Metaverso de Mark Zuckerberg?

¿No iba Bitcoin a sustituir a todas las monedas del mundo?

¿Recuerdas la década de 2010, cuando oíamos hablar de cómo las redes sociales salvarían la democracia?

Todas estas cosas aún podrían suceder. O tal vez no.

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Bueno, como tú dices, Panamá es el centro del universo. Puente del mundo, corazón del universo.

Una de las primeras curiosidades que la gente tiene es acerca de las cancelaciones de visa. Se le cancela la visa a alguien e inmediatamente la gente empieza a especular. Eso es como una caja negra. ¿Cómo funciona lo de cancelar o incluso otorgar la visa a alguien?

La visa es un privilegio. Las personas que entran a nuestro país, nosotros queremos asegurar que estén dentro de las normas de la seguridad nacional de nuestro país. Y si es que estás fuera de esas normas, no vas a ser invitado a nuestro país. A las personas les digo lo mismo: porque te la aprueben no quiere decir que no te la pueden quitar. Y si te la niegan, quizá un día te la puedan aprobar.

¿No lo hacen también con base en cómo uno se expresa acerca de Estados Unidos? Pregunto porque cuando hubo la discusión acerca del memorándum de entendimiento, personas se pronunciaron y después dijeron que les habían quitado la visa. Entonces yo acá preguntándome si hago la pregunta equivocada en esta entrevista, si me van a meter en la Lista Clinton.

Nosotros no publicamos listas, no decimos quién sí y quién no. Pero si estás en contra de la seguridad nacional de nuestro país, de nuestros intereses, no vas a ser invitado. Si a uno no le gusta Estados Unidos, si está trabajando en contra de Estados Unidos, ¿para qué quiere ir a visitar Estados Unidos? Visite otro país, que vaya a China, que vaya a Rusia, no sé, pero que no venga a Estados Unidos.

¿Hay algún político prominente panameño, tal vez algún expresidente, que haya perdido su visa y la haya recuperado?

Que te revoquen la visa, que te la quiten, no es permanente. Es algo que en el futuro pudiera cambiar. Cada vez que uno aplica, puede recibir una decisión diferente. Así que, a las personas que en el pasado la hayan perdido, quizá la puedan recuperar. Y a las que la tienen, quizá la puedan perder.

Está el discurso de inauguración del presidente Trump, en donde menciona Panamá. ¿Tú sabías que esto venía? ¿Te agarró de sorpresa?

El presidente Trump y yo tuvimos una discusión, creo que fue el 23 de diciembre [de 2024]. Y él anuncia el nombramiento el 25 de diciembre. Que fue, diría yo, un buen regalo para mí el día de Navidad. Yo sabía cuál era su agenda, qué es lo que él quería hacer y cuáles eran sus opiniones. Y mi trabajo es ser su representante en Panamá y asegurar que su agenda todos los días sea nuestro enfoque.

Pero no te explotó el WhatsApp el día del...

Bueno, puede ser que me haya explotado el WhatsApp igual. Aunque yo lo haya sabido o no, no hace una diferencia si las personas me van a contactar por WhatsApp o no.

Me gustaría concentrarme en algo que tiene que ver con diplomacia y la importancia del lenguaje: el comunicado compartido entre Panamá y Estados Unidos, y en particular la palabra “soberanía”. ¿Qué pasó con la diferencia entre el comunicado en español y el comunicado en inglés?

Cuando yo miré el memorándum que se firmó, tanto en inglés como en español, era lo mismo. Sí, había una diferencia que fue un error en un comunicado de prensa, pero un comunicado no rige un acuerdo; los acuerdos son los que rigen esa relación. Cuando miras los acuerdos que se firmaron, hablan de soberanía en ambos, en inglés y en español.

Antes de la reversión del Canal, la congresista Helen Chenoweth intentó anular los tratados Torrijos-Carter, argumentando precisamente que los textos en inglés y en español no coincidían. No llegó a nada, pero ahí está: el lenguaje en las relaciones internacionales pesa, incluso en el tratado mismo, no solo en un comunicado de prensa.

Yo entiendo. Si hubiera un comunicado de prensa, quizá pensaría lo mismo, pero por eso fue que en nuestra primera conferencia de prensa hablamos de eso y destacamos que no había ninguna diferencia, que hablaba de soberanía en ambos. Y en estos momentos, en todas las relaciones hay altos y bajos, pero en este momento, como estamos hoy sentados, estamos quizá en el mejor momento de la relación entre ambos países en los últimos 120 años.

¿Puede Panamá tener relaciones tanto con Estados Unidos como con China?

Esa es una decisión soberana de Panamá. No es una decisión mía qué hacer. Así que es una decisión y una pregunta para el gobierno de Panamá, no para mí.

En las últimas semanas ha habido algunas noticias acerca de ciberataques en las instituciones panameñas. ¿Estados Unidos y Panamá tienen colaboración en temas de ciberseguridad?

Siempre estamos dispuestos a ayudar, sea en el tema de ciberseguridad, sea en el tema del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Si nuestros amigos, socios, aliados de Panamá nos piden ayuda, siempre vamos a estar presentes.

Y en ese contexto de ciberseguridad, hay una preocupación sobre la tecnología china.

Yo diría que no es tecnología confiable. Y si fuera confiable, ellos firmarían convenios como el de Budapest, lo cual los convierte en uno de los pocos países que no han sido firmantes de ese convenio porque no quieren adherirse a las diferentes categorías de transparencia y de seguridad para los usuarios que estuvieran usando esta tecnología. Así que compañías como Huawei y de ese tipo no son confiables. Nosotros sugeriríamos que usaran tecnologías de países que son firmantes del convenio de Budapest, como Estados Unidos, muchos europeos, Japón, Corea y otros.

¿Es Panamá un país en donde las empresas estadounidenses pueden hacer negocio? En la última administración de Trump decían que no, por la corrupción.

Una gran parte de lo que hacemos es invitar a compañías que vengan a Panamá, que inviertan en Panamá y que hagan inversiones duraderas. Tan solo la semana pasada tuvimos 90 personas que vinieron de Colorado buscando diferentes inversiones que pudieran hacer aquí. Así que no es algo que estamos haciendo; es algo que vamos a seguir haciendo.

¿Y los aranceles? Ahorita mismo la política de aranceles en Estados Unidos puede ser un poquito agresiva, diría yo.

Lo miraría como una oportunidad. En este momento, en Panamá es el base level, el nivel más bajo, y lo ves como una oportunidad en comparación con otras partes del mundo, como Asia, donde están en 80%, 50%, 60%. Es una oportunidad para que esas compañías muevan sus sedes acá, abran sus fábricas acá, además de que están mucho más cerca del consumidor final, que es Estados Unidos.

Hace poco entrevisté a Ana Karina Smith Cain, nieta de una de las víctimas del vuelo de Alas Chiricanas. Recientemente se encontró al presunto autor intelectual del hecho, extraditado de Venezuela a Panamá. ¿Qué puedes decir acerca de esa gestión?

Trabajando con Venezuela, hemos logrado extraditar a este sospechoso para enfrentar la justicia y quizá esto le pueda traer paz a las familias. Durante 30 años, el FBI trabajó con los diferentes estamentos de seguridad en Panamá para asegurar que tengan el mejor caso posible. En este momento, no hemos pedido la extradición a Estados Unidos; es algo que reservamos, nuestro derecho de hacerlo, pero pensamos que el mejor caso es en Panamá porque fue donde ocurrió la tragedia.

En el tiempo que lleva aquí, ¿qué es lo que no entiende todavía acerca de Panamá?

Sé que esto va a ser un poco controversial. El geisha, yo sé que a todo el mundo le encanta, que es muy bueno el café, que lo sabe, pero...

Cuidado, te estás metiendo en terreno…

Yo sé que estas son aguas turbulentas en las que estoy entrando, pero quisiera buscar la manera de hacer un café cubano con espumita, tú sabes, como lo hacen en el Versalles y La Carreta. Eso es algo que todavía no he entendido y no he podido lograr hacer.

La estación de desmagnetización en Lauterbach de la Armada del Ejército Popular Nacional (NVA) -las Fuerzas Armadas de la RDA- fue construida artificialmente alrededor de 1954 sobre unos 600 pilotes de madera a una profundidad de unos 10 metros.

Cuenta con una superficie terrestre y acuática de unos 710 metros cuadrados y una superficie útil de aproximadamente 250 metros cuadrados.

En tiempos de la RDA, los soldados neutralizaban allí los campos magnéticos de los barcos para protegerlos de las minas magnéticas.

En la plataforma había un edificio con viviendas y una sala de máquinas “espartanas, pero funcionales”, señala el correspondiente documento de la sociedad anónima Subastas Inmobiliarias del Norte de Alemania (NGDA), que agrega que “la extravagante isla está construida sobre una plataforma de hormigón con encofrado de placas de hierro y revestimiento de tablones de madera”.

“Presenta un estado deteriorado debido a la acción de la naturaleza, excrementos de aves y vandalismo. Grietas por asentamiento. Piezas de acero oxidadas. Ventanas destrozadas. Las algas crecen por las paredes”, precisa la oferta.

Precisamente “debido al estado de deterioro, no son posibles visitas”, advierte la NGDA, que agrega que “no se requiere certificado de eficiencia energética”.

La antigua estación de desmagnetización Isla Ostervilm está situada cerca de la isla de Rügen, entre la península de Reddevitz y unos tres kilómetros al este de la isla de Vilm, en la costa sur de Báltico occidental, en plena laguna de Greifswald, dentro de la reserva de la biosfera, y solo se puede acceder a ella por vía marítima.

En la isla se encuentra asimismo una escultura de Gerhard Benz, una campana de cerámica de unas 1.3 toneladas, creada en 1995 para el festival River Art de Belgrado, que también puede ser adquirida.

Eric Martínez, de la Iniciativa Ciudadana Pro Rescate del Agua Potable, un grupo de especialistas que aglutina, entre otros, a exdirectores del Idaan, funcionarios de los antiguos IRHE e INTEL y de la Autoridad del Canal de Panamá—, lo explica de forma detallada. Habla de una estructura desgastada, una composición de la junta directiva que no responde a su función y necesidades, de un modelo burocrático tipo ministerio que, además, aplica el mismo sistema de compras y contrataciones que se utiliza para el resto de las instituciones del Estado, sin importar que en el caso del Idaan se requiere dar respuesta de forma inmediata porque se trata del derecho al agua, un tema de salud pública.

Y no es todo lo que la Iniciativa Ciudadana advierte en materia de gobernanza. Detallan que en el país hay al menos 15 instituciones con grados de responsabilidad diversa y directa en los tres sistemas que son competencia del Idaan: agua cruda, agua potable y aguas servidas; que existen concesiones privadas otorgadas por la Autoridad de los Servicios Públicos para agua potable y saneamiento; y que existe el Programa de Saneamiento, así como comités de cuenca y juntas administradoras de acueductos rurales.

Por si fuera poco tener tantos actores, en todo ese ecosistema coexisten alrededor de 34 leyes que norman de una forma u otra los tres sistemas.

Lo anterior implica, según Martínez, que hay vacíos, redundancias y que no existe coordinación. Todo ello, agrega, “es caldo de cultivo para el desastre”. Martínez, quien es ingeniero electromecánico de profesión, reconoce que atribuir toda la responsabilidad de la crisis al Idaan es injusto y que es necesaria una reestructuración total de esa institución.

El Idaan fue creado mediante la Ley 98 de 1961, “como entidad autónoma, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interior” y fue “reorganizada y modernizada” mediante la Ley 77 de diciembre de 2001. Sin embargo, su jerarquía dentro del aparato estatal sigue siendo la más baja en comparación con los ministerios, porque no forma parte del Gabinete —su director no se sienta en esa esa mesa—, aunque depende del Estado, y rinde cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas. De hecho, su categoría de instituto es el remanente de las estructuras de servicios públicos del Siglo XX, que fueron privatizadas en los años 1990, y la sola mención de cambiar su modelo ha generado airadas reacciones en contra por considerar que lo que se busca es pasar el servicio a manos privadas y, con ello, elevar sus costos, como sucedió con la telefonía y la electricidad.

Y aunque no puede atribuirse al Idaan toda la responsabilidad de una decisión que no puede postergarse más, es una realidad que a lo largo de las últimas décadas sus directores no han sido beligerantes en exigir —al menos públicamente— poner sobre la mesa la discusión de hacia dónde debe ir el modelo, sin que eso signifique privatizarla. Mientras, desde afuera no faltan las voces que aluden a una estructura minada por la política y el clientelismo —el director es nombrado por el Ejecutivo de una terna y siempre hay cuotas para nombramiento de personal—, y un sector privado que se beneficia de las deficiencias en el servicio de distribución de agua potable —contratos para distribución de agua mediante cisternas o embotellada—. A eso se suma, una junta directiva en la que el peso de lo que se decide se encuentra en el Ejecutivo.

De hecho, la exdirectora del Idaan entre septiembre de 2014 y septiembre de 2017, Julia Guardia, no duda en afirmar que lo que impide que esta institución sea eficiente es “la política”, y con ello se refiere a los costos políticos que todos los gobiernos han evitado sufrir al no tomar la decisión de revisar la estructura tarifaria vigente desde hace 40 años. “Seguimos pagando lo mismo y eso ha ido haciendo que no haya dinero para hacer muchas cosas; la tarifa tampoco incentiva el ahorro”, remarcó.

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) forma parte de la junta directiva del Idaan en representación de la sociedad civil. Tomás Correa, su presidente, coincide con Martínez en que la estructura de la institución está desgastada, y que los cambios que requiere se han visto afectados por intereses ajenos a su labor, como el desbalance entre personal administrativo y técnico y los negocios alrededor del agua. Sin embargo, advierte que a ellos solo les compete atender decisiones en términos de gestión administrativa (revisión de presupuesto) y técnica, que las decisiones de naturaleza operativa no les corresponden a sus representantes ante la junta.

No obstante, asegura que desde su posición y en diferentes gobiernos sus representantes han planteado la necesidad de cambiar el modelo. “Yo planteé que era un tema de gestión, y los representantes han hablado que el modelo de gestión del Idaan está agotado. Ese modelo que nos resultó en la década de 1970 ya tiene que pasar de Instituto de acueducto a una entidad de otro nivel, de otro orden, donde puedan tomarse otras decisiones. La planta de Chilibre llegó a suplir las demandas y necesidades que se dieron en la década de los 1970, 1980 y 1990, pero ya cumplió su tiempo”, manifestó. Y no debe olvidarse, dijo, que el trabajo del Idaan no se circunscribe a la Ciudad de Panamá, que tiene que atender a la población de todo el país.

El tema es tan profundo que tiene que ver también con la expansión territorial y el cumplimiento de los planes de ordenamiento de cada región, así como con el cuidado de las cuencas hidrográficas, muchas de ellas contaminadas actualmente.

En la década de 1960, cuando el Idaan fue creado el país tenía 1,075,541 pobladores y de ese total, en la Ciudad de Panamá vivían 372,393. Tres décadas después, en 1990, se había doblado la población y para el año 2000 ya éramos 2,839,177 habitantes, con 1,388,357 presionando la infraestructura pública en la Ciudad de Panamá y el resto del país. De acuerdo con el Censo de Población (2023-2024) más reciente hoy somos 4,064,780 habitantes, con 2,093,240 entre Panamá y Panamá Oeste y los residentes del West —la llamada ciudad dormitorio que creció sin tomar en cuenta las fuentes de agua y la ausencia de redes de distribución para agua potable—, sufren a diario la falta de planificación urbana y, con ello, la falta de agua para el consumo.

Estas cifras contrastan con la cantidad de clientes que tiene la institución y, aún más, con cuántos de ellos pagan efectivamente por su consumo de agua. Además, como se dijo, las tarifas, establecidas mediante Decreto Ejecutivo, en 1982, no han tenido ajustes y gran parte del consumo es subsidiado con una estructura de cargos fijos o promediados. A eso hay que sumar todas las conexiones ilegales que existen y la morosidad en el pago de las cuotas que, incluso, alcanza a las entidades públicas.

En la Autoridad de los Servicios Públicos puede consultar la estructura tarifaria del Idaan.

Las estadísticas oficiales del Idaan permiten ver las brechas. El acumulado de clientes para 2024 fue de 725,317, de los cuales solo 320 mil tienen medidores. Para enero de 2026 los clientes aumentaron a 734,192 pero los que tienen medidor se redujeron a 314,082. Todos estos clientes demandaron en 2024, al menos 70.5 millones de galones de agua potable.

Aquí, el presidente de la SPIA hace una reflexión. Asegura que, sin pensar en castigar al consumidor, el modelo ha sido incapaz de hacerlo responsable para que al tener una tarifa baja no malgaste el agua. Y es que, afirma, teóricamente una persona debe consumir 150 litros (unos 40 galones) de agua por día y la realidad es que esa cifra ronda los 600 litros, por tanto, una casa promedio, de cinco habitantes, podría estar malutilizando 3 mil litros de agua potable por día.

Correa también planteó que es necesario hacer el esfuerzo de entender lo que ocurre en el resto de las provincias, ya que hay una gran cantidad de acueductos rurales y juntas administradoras de agua operando en poblaciones que siguen creciendo, y todos esos sistemas tienen una fecha de expiración.

En septiembre de 2024, el entonces director designado del Idaan, Rutilio Villarreal, dijo ante la Asamblea Nacional que era necesario hacer una revisión de la tarifa, ya que, producir cada mil galones le costaba al Idaan $1.90 y que se facturaba a $0.80. Dijo que había que “sincerarse y mostrarle a la faz del país lo que cuesta producir el agua”. Asimismo, el Idaan reconoce al menos un 40% de pérdida en la producción de agua por una infraestructura deficiente.

“El gobierno dice que subsidia al Idaan porque el Ministerio de Salud le hace transferencias pero, en realidad, a quienes está subsidiando es a los clientes y con una tarifa que ya es muy cómoda. Y como la figura [la tarifa] promueve el desperdicio, hay que producir más agua, lo que requiere más energía, más químicos [...] Lo que el Idaan cobra no alcanza para el gasto”, explica la ex directora Julia Guardia.

Guardia también menciona que no se puede comparar al Idaan con el Programa de Saneamiento ni con Conades, porque sus operaciones son diferentes. “Ellos son oficinas de proyectos que reciben sus fondos de la banca multilateral, se debería pagar por tarifa pero el Idaan no soporta esa operación, porque no da”, afirmó.

La ingeniera dio el ejemplo de Bogotá, donde el servicio lo da una empresa estatal. Si se compara su tarifa con la de Panamá es como el 18% de la tarifa de Bogotá, precisó. Entonces, concluyó, el agua con una tarifa fuerte alcanza, así que el principal problema es que tenemos que ajustar las tarifas.

Para entender un poco cómo funciona en Colombia, para los servicios públicos las ciudades están segmentadas por estratos. Los estratos de población con menos ingresos son el 1 y 2, la clase media se centra en 3 y 4, y la clase alta, en 5 y 6; y las facturas hacen diferencias entre el costo para consumo humano y el costo para aguas residuales, que pagan el mantenimiento del alcantarillado. Además, las tarifas incluyen un cargo fijo diferenciado por estrato más un cargo por consumo (básico o no básico), en donde el consumo no básico es el que excede lo normado.

Pero aquí no termina el problema. La ingeniera Guardia advierte sobre la complejidad del análisis. Por ejemplo, dice que hay zonas (de lomas, entre otras) donde el agua solía llegar y, de repente, no llega. Al investigar, detalla, son tantas las conexiones ilegales hechas antes de llegar a la zona que presenta el problema, que esa es la razón por la cual se produce la deficiencia de suministro.

Entonces, dice, hay que tener control de la conducta, hay que tener medición, hay que comprar válvulas, hay que tener medidores telemétricos (se monitorean desde la computadora) y hay que tener telecontrol para poder cerrar válvulas sin tener que enviar personal hasta el lugar. “Y eso cuesta, y si no tienes plata, ¿qué haces?“, preguntó de forma retórica Guardia.

La crisis actual no tiene parangón. Desde hace casi un año, la región de Azuero no dispone de agua potable, luego que las fuentes de agua de las que se abastecen las potabilizadoras registraran niveles elevados de contaminación por diversos componentes. Un proceso fallido de descontaminación del sistema de distribución mantiene a la población abasteciéndose de pozos, carros cisterna contratados por el Idaan y la compra de agua embotellada.

Busque en la segunda entrega, las opciones para una entidad desgastada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus -tres muertos y tres enfermos-, detectado en el buque ‘MV Hondius’, que zarpó con 150 turistas a bordo el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con destino al archipiélago español de Canarias.

El grupo más numeroso dentro del barco son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

La embarcación se encuentra en este momento frente a Praia, la capital de Cabo Verde, cuyas autoridades han denegado la entrada por motivos de “seguridad pública nacional”, según informó la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions.

“Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos”, explica Sanidad.

El hantavirus se contrae generalmente por inhalación, es decir, al respirar en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados desprenden el virus contaminando el ambiente.

También es posible el contagio por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o bien sus heces u orina, y menos frecuente, a través de la mordedura o rasguño.

Los países que han reportado casos durante el 2025 son: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Uruguay. El total de casos fue de 229 y 59 defunciones.

El periodo de incubación es de una a tres semanas, y aunque hay casos que cursa sin enfermedad o de forma leve, los síntomas son similares a un proceso gripal, con fiebre, dolores de cabeza, musculares, náuseas, vómitos e incluso dolor abdominal y diarrea.

No existe un tratamiento específico, aunque en algunos casos, pasados unos días, puede desencadenarse dificultad respiratoria, que de agravarse deriva en el conocido “síndrome cardiopulmonar por hantavirus”, poco frecuente pero que debe ser tratado porque puede provocar la muerte.En esos pacientes es precisa la atención hospitalaria, preferiblemente con asistencia respiratoria mecánica, recuerda el Ministerio de Sanidad.

El Cuerpo de Bomberos Militares del estado confirmó al medio el fallecimiento del piloto y el copiloto, y el traslado en grave estado del restante de los ocupantes que iban a bordo de la avioneta a un centro asistencial de la zona.

🇧🇷 | URGENTE: AVIONETA CON 4 OCUPANTES SE ESTRELLA CONTRA EDIFICIO EN BELO HORIZONTE, BRASIL. pic.twitter.com/yC66DOmjWO

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

El accidente ocurrió poco después del mediodía cuando la aeronave impactó contra un predio de cuatro pisos, específicamente contra el área de las escaleras en el sector ubicado entre el tercer y cuarto piso, y los primeros análisis del siniestro revelan que no impactó dentro de ningún apartamento.

Equipos de rescate y peritos de la Policía Civil se encuentran en el lugar de los hechos para asegurar la zona y realizar las primeras investigaciones sobre las causas del hecho.

El edificio está siendo evacuado de manera preventiva mientras se evalúa si la estructura de la construcción quedó comprometida a causa del accidente.

Musk sugirió el pasado 25 de abril que ambas partes retiraran sus alegatos para evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo, según un documento presentado por los abogados de OpenAI publicado este lunes por CNN.

Al no llegar a un acuerdo de diálogo Musk replicó: “Para finales de esta semana, usted y Sam serán los hombres más odiados de Estados Unidos. Si insiste, así será”, indicó el documento.

El juicio, que comenzó la semana pasada en Oakland, continúa este lunes con el testimonio de Brockman, después de que Musk compareciera por tres días.

Durante su intervención, el fundador de Tesla dijo que fue “un tonto” al entregar a la empresa emergente 38 millones de dólares en financiación “esencialmente gratuita” para crear lo que se convertiría en una compañía de 800,000 millones de dólares.

Musk acusa a la tecnológica y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

Por su parte, OpenAI calificó la demanda como un intento infundado y motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.

El abogado de la tecnológica presentó en el juicio varios correos electrónicos de los asesores de Musk en los que se discutían los posibles porcentajes de participación accionaria del magnate si la empresa dejara de ser sin fines de lucro.

OpenAi fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores que buscaban avances en la inteligencia artificial (IA).

Musk aportó cerca de 45 millones de dólares pero en 2017 su relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos retrasos de lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

En 2019, OpenAI pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado.

El presidente lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst.

“Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes”, avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es “una de las mayores maniobras militares jamás realizadas”.

El presidente también aseguró que la República Islámica se ha vuelto “mucho más maleable” a lo largo de las negociaciones de paz.

Trump anunció el domingo el lanzamiento de una operación para escoltar a navíos a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes en el estrecho y que ha destruido seis lanchas rápidas iraníes que intentaron evitarlo.

El pasado 7 de abril, Trump amenazó con que “toda una civilización” iba a morir si Irán no alcanzaba un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, horas antes de que Washington aceptara un alto el fuego de dos semanas en la ofensiva.

Las acciones surgen tras la irrupción ocurrida el pasado 9 de abril en la Fiscalía Anticorrupción, cuando un grupo de auditores rendía entrevista, así como por el envío de licencia sin sueldo a 43 funcionarios de la Asamblea Nacional.

Las denuncias, interpuestas por el abogado Guillermo Cochez, buscan que el Ministerio Público abra una investigación por la supuesta comisión de este delito. Según el documento presentado, Flores carecía de competencia para interrumpir una diligencia judicial y retener cheques de funcionarios de la Asamblea Nacional en funciones.

Abogado Guillermo Cochez denuncia al contralor Anel Flores.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/pRfvdHvq8m

— La Prensa Panamá (@prensacom) May 4, 2026

De acuerdo con la denuncia, la irrupción del contralor Flores y del subcontralor Omar Castillo en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de suspender una diligencia judicial, podría enmarcarse dentro del delito de abuso de autoridad, ya que ninguno tendría facultades legales para hacerlo.

Cochez sostiene que ambos funcionarios habrían infringido el artículo 360 del Código Penal, el cual establece sanciones de dos a cinco años de prisión para quien, mediante violencia o intimidación, impida u obstaculice el ejercicio legítimo de las funciones de un servidor público.

La segunda denuncia presentada este lunes está relacionada con la suspensión unilateral de 43 funcionarios de la Asamblea Nacional, en su mayoría vinculados a la bancada Vamos. Según el documento, el contralor no tendría competencia para ordenar dichas licencias, ya que esta facultad correspondería al presidente del Legislativo.

En la actualidad, el Ministerio Público adelanta una investigación de oficio contra Flores por la irrupción en la Fiscalía Anticorrupción. Además, diputados de la coalición Vamos presentaron una denuncia por estos hechos la semana pasada.

Sub-8: Blanqueadas, goleadas y triunfos ajustados

La división Sub-8 abrió su actividad con la victoria 1-0 de los Eagles de El Colegio de Panamá sobre los Dolphins del International School of Panama, con gol de Juan Iribarren.

En el segundo duelo, el Instituto Justo Arosemena venció 2-0 a los Lions del Colegio Real, con tantos de Carlos Rivero y José Escobar.

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El tercer partido fue una goleada 6-1 de los Hawks del Magen David Academy sobre los Jaguars del Metropolitan School, impulsados por un triplete de Gadi Udler y goles de Jonathan Berger, Joseph Benasayag y Adam Blitz. El único tanto rival fue un autogol.

En el cuarto encuentro, los Spartans del Colegio La Salle derrotaron 3-0 a los Mustangs del Panamerican School, con triplete de Félix Piñango.

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El penúltimo partido fue triunfo de los Fighting Owls de la Academia Interamericana (4-1) sobre los Brader Raiders, con goles de Gabriel Díaz, Massimiliano Limone, Mateo Romagosa y Federico García, mientras que Juan Pablo Maltez había adelantado a Brader.

La jornada cerró con la victoria 2-0 del Colegio San Agustín sobre los Legends de la Academia Hebrea, con goles de Eduardo Chacín y Juan David Crespo.

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Sub-12 femenina: Variedad de resultados en una jornada completa

El primer partido fue triunfo de las Hawks del Magen David Academy (2-0) sobre las Titans del Instituto Alberto Einstein, con doblete de Sophia Zeitoune.

Luego, las Legends de la Academia Hebrea vencieron por la mínima a las Spartans del Colegio La Salle, con gol de Raaya Chagal.

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El tercer duelo fue una goleada 6-0 de las Dolphins del ISP sobre las Eagles de El Colegio de Panamá, con anotaciones de Elena Uribe, Isabella Bazo, Julieta Ramírez, Paulina Obando y un doblete de Pilar Falasca.

Las Brader Raiders derrotaron 2-1 a las Fighting Owls, con goles de Ana Laura Pinilla y Lucía Villar, mientras que Amanda Real descontó.

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Las Águilas del Colegio Javier vencieron 4-2 al Colegio San Agustín, con doblete de Zoe Salinas y tantos de Liz Matthews y María Montilla. Stacy Zúñiga y María Clara Olaya marcaron para San Agustín.

El último partido terminó 1-1 entre las Lions del Colegio Real y las Mustangs del Panamerican School, con goles de Ivana Quirós y Emma Castro.

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Sub-12 masculina: Goles, goles y más goles

Los Eagles de El Colegio de Panamá abrieron la jornada derrotando por 16-0 al Colegio Bilingüe de Panamá.

Los Grizzlies del United School of Panama vencieron 1-0 a las Águilas del Colegio Javier, con gol de Constantino Reyes.

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El partido más emocionante fue el triunfo 4-3 de los Mustangs del Panamerican School sobre los Hawks del Magen David Academy, con dobletes de Ricardo Guerrero y Luis Chacón.

Los Gators del Colegio St. Mary derrotaron 5-1 a los Lions del Colegio Real, con triplete de Ricardo De la Guardia.

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Los Brader Raiders derrotaron 6-0 al Oxford International School, con goles de Tomás Valderrama (2), Joaquín Dutari, Moisés Cohen, Matías Green y Roberto Calvo.

El cierre fue victoria 2-1 de los Potros del Thomas Jefferson School sobre los Balboa Dragons, con goles de Emanuel Chica y Camilo Ruiz.

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Sub-16 femenina: Goleadas y partidos abiertos

El Instituto Rubiano venció 3-0 a las Spartans del Colegio La Salle, con doblete de Stacy Apolayo y gol de Sonia Rodríguez.

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Las Lions del Colegio Real golearon 10-0 a las Thunders del Instituto Atenea, con destacadas actuaciones de Analía Velásquez y Daniela Castillo (dos goles cada una).

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Las Eagles de El Colegio de Panamá también firmaron un 10-0 sobre el Instituto Fermín Naudeau, con cuatro goles de Daniella Mouynes.

Las Fighting Owls vencieron 4-1 a las Legends, con triplete de Elaine Brin.

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El duelo entre Mustangs y Enrico Fermi terminó 1-1, mientras que Dolphins y Jaguars empataron 0-0.

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Sub-16 masculina: Menos partidos, misma intensidad

El Instituto José Dolores Moscote venció 1-0 a los Dolphins del ISP, con gol de Jesser Martínez.

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Las Águilas del Colegio Javier derrotaron 4-1 a los Mustangs, con anotaciones de Alec Navarro, Roy Ligues, Carlos De Ycaza y Carlos Gómez.

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El cierre fue victoria de los Green Panthers del Instituto Panamericano (3-0) sobre el Colegio Bilingüe de Panamá, con doblete de Hans Niño.

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Una reflexión necesaria sobre el fair play

Más allá de los resultados, la jornada dejó espacio para una reflexión importante sobre el ‘fair play’ en el fútbol infantil.

El 16-0 registrado en la categoría Sub-12 reabre un debate que no es nuevo. Este tipo de marcadores, aunque posibles, no deberían ser habituales en edades formativas, donde el desarrollo integral del jugador debe estar por encima del resultado.

En categorías mayores, estas diferencias pueden responder a preparación o nivel competitivo. Sin embargo, en categorías infantiles, especialmente en formatos con canchas y arcos adaptados, se vuelve necesario evaluar medidas que eviten brechas tan amplias.

El reto no recae en los niños, sino en los adultos: cuerpos técnicos, organizadores y directivos. Si bien es entendible que factores como la diferencia de gol o estadísticas individuales influyan, en estas edades deberían pesar más valores como la empatía, la compasión y la formación deportiva.

Porque al final, más allá del marcador, el fútbol también educa.

“Será un punto de inflexión para las condiciones laborales en Samsung Electronics”, dijo a EFE Kim Yong-jin, profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad Sogang, en referencia a la mayor movilización sindical en la historia de la firma surcoreana realizada la semana pasada.

Entre 34,000 y 39,000 trabajadores, según la Policía y los organizadores, exigieron el pasado jueves mayores bonificaciones y amenazaron con un paro de 18 días si fracasan las negociaciones. El núcleo del conflicto es la comparación con SK Hynix.

Los sindicatos de Samsung exigen eliminar el límite actual de incentivos, fijado en hasta el 50% del salario anual individual, y sustituirlo por un sistema que reserve el 15% del beneficio operativo para bonos.

La presión aumentó después de que SK Hynix pactara el año pasado con su principal sindicato una subida salarial del 6%, eliminara el tope previo a las primas y acordara destinar el 10% del beneficio operativo anual a incentivos.

SK Hynix logró en 2025 un beneficio operativo récord de 47.2 billones de wones (31,707 millones de dólares), consolidando su ascenso en el sector de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) para uso en inteligencia artificial y superando por primera vez a Samsung Electronics, que registró 43.6 billones de wones (30,533 millones de dólares).

En la manifestación también se mencionó el flujo de talento de Samsung Electronics, durante décadas sinónimo de empleo estable, prestigio social y ascenso económico, hacia SK Hynix.

En el sondeo más reciente de Saramin, uno de los principales sitios de búsqueda de trabajo en Corea del Sur, SK Hynix apareció por primera vez a la cabeza con el 20% de preferencias, por delante del 18.9% de Samsung.

Si el sindicato y Samsung Electronics no resuelven sus negociaciones, los empleados iniciarán un paro de 18 días que comenzaría el 21 de mayo, produciendo pérdidas multimillonarias, que rondan los 20-30 billones de wones (13,400-20,100 millones de dólares), según estimaciones sindicales declaradas en la huelga.

El profesor Kim, sin embargo, advirtió que estos cambios en las condiciones laborales no necesariamente tendrán un efecto de derrame en todos los sectores.

“El desempeño empresarial es bastante desigual según la industria. Quiero decir que las empresas de la mayoría de los sectores, excepto semiconductores, defensa y construcción naval, están sufriendo bajos resultados”, dijo Kim.

También consideró que pese a los conflictos en Samsung, la jerarquía dentro de la industria no cambiará “por ahora”. Samsung Electronics es la principal empresa en cuanto a capitalización en la Bolsa surcoreana, seguida de SK Hynix.

La Resolución No. DM-0173-2026 formaliza un marco normativo integral para el uso público del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap). A partir de la entrada en vigencia de esta normativa, el acceso a los parques nacionales y reservas naturales estará sujeto a nuevas disposiciones de seguridad y conservación.

Mediante la Resolución No. DM-0173-2026, publicada en Gaceta Oficial, el Ministerio de Ambiente aprueba el Reglamento de Visitantes a las Áreas Protegidas y el Descargo de Responsabilidad aplicable al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 📝

— Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) May 4, 2026

Ahora, todo visitante deberá firmar un documento obligatorio de descargo de responsabilidades antes de iniciar cualquier actividad. En este documento, los visitantes declaran conocer los riesgos naturales y se hacen responsables de su propia seguridad y de los daños que puedan causar al entorno.

Asimismo, la normativa establece la prohibición del ingreso de plásticos de un solo uso, el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas y el uso de drones sin la licencia o el registro vigente correspondiente. También se prohíbe alimentar, acosar o interferir con las especies silvestres en sus procesos naturales.

En cuanto a la gestión de desechos, los visitantes tienen la obligación de recolectar y retirar todos los residuos sólidos que generen durante su estancia, aplicando el principio de sostenibilidad. Además, es obligatorio registrarse en los puntos de control y realizar el pago de las tarifas vigentes, las cuales podrán gestionarse en línea según los mecanismos habilitados.

El personal guardaparque y los inspectores ambientales están autorizados para expulsar del área protegida a cualquier persona que incumpla estas normas. Además, el incumplimiento de las reglas sobre extracción de recursos o daños al patrimonio puede derivar en investigaciones penales ante las autoridades competentes.

La normativa otorga facultades inmediatas al personal de Miambiente para aplicar medidas de control, tales como la amonestación verbal, el retiro del visitante del área y la retención de productos ilícitos, sin perjuicio de los procesos administrativos o penales que correspondan.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está conformado por 123 zonas de conservación que abarcan cerca del 35% del territorio terrestre y el 54% de las áreas marinas del país. Desde su creación en 1992, su misión ha sido proteger la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales a través de figuras como parques nacionales, reservas forestales y refugios de vida silvestre.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

Los diputados, que se encuentran en receso durante los meses de mayo y junio, fueron convocados a sesiones extraordinarias por el presidente José Raúl Mulino para discutir única y exclusivamente este proyecto. Tendrán hasta el próximo 5 de junio para aprobarlo en los tres debates, antes de remitirlo al Ejecutivo para su respectiva sanción.

Una vez fueron instaladas las sesiones extraordinarias y tras el canto del Himno Nacional, el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, decretó un receso hasta que la Comisión de Economía y Finanzas apruebe el documento en primer debate. Es decir, el pleno volverá a reunirse luego de que los diputados de la comisión realicen las consultas y discusiones correspondientes sobre el proyecto.

A eso de las 11:55 a.m. de este lunes 4 de mayo se instaló el período de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para la discusión del proyecto de ley que reforma el Código Fiscal.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/mlhofxqAFm

— La Prensa Panamá (@prensacom) May 4, 2026

El documento fue presentado el pasado jueves 30 de abril, último día del período ordinario de sesiones, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Ese día, Chapman explicó que los estándares globales exigen que los beneficios fiscales estén sustentados en actividad económica real. Además, recordó que la permanencia de Panamá, desde 2021, en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes evidencia la situación actual.

Según el ministro, mantener esta situación conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la preservación y generación de empleo.

Hizo énfasis en que países de la región han logrado la exclusión de dicha lista mediante reformas orientadas a fortalecer los requisitos de sustancia económica y modernizar sus marcos tributarios.

Habilitan suplentes

Durante la breve sesión, la Secretaría General de la Asamblea informó que al menos 15 diputados habilitaron a sus suplentes para determinados días, incluyendo este lunes.

Entre los diputados que habilitaron a sus suplentes figuran algunos de los que viajaron el fin de semana a China, entre ellos las diputadas Patsy Lee, del Partido Popular, y Flor Brenes, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El 23 de abril, Guzmán, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada este lunes por el tribunal del Distrito Este de Nueva York que está “luchando por una extradición a México”.

“Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal”, escribió.

En otra carta datada de este lunes, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el Gobierno de Estados Unidos en su caso, ya que, según él, “no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn”.

Del mismo modo, solicitó su expediente judicial “para comprobar cómo el jurado llegó a una decisión errónea que vulneró el proceso de deliberación del tribunal”.

“El veredicto de mi juicio no fue justo con mi política exterior, ya que no se me dio la oportunidad de desestimar mi caso al no presentarse pruebas contundentes para mi puesta en libertad”, subrayó.

Además, recalcó que lleva más de tres años “luchando” para que la corte acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso.

En 2019, ‘El Chapo’ fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en EE.UU.

En concreto, el jurado consideró culpable al narcotraficante de los delitos de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continua, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos.

En otra carta publicada el 17 de abril, Guzmán, que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, ya pidió al tribunal “una cláusula de extradición” para regresar a México, y acusó al juez del caso, Brian Cogan, “de abusar de la política judicial” y basarse en pruebas “inexactas”.

“Las autoridades del emirato de Fuyaira confirmaron un gran incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah (FOIZ), provocado por un ataque con dron procedente de Irán”, informó la Oficina de Medios de Fuyaira en un comunicado, en el que afirmó que los equipos de emergencia “respondieron de inmediato”.

La Defensa Civil de Fuyaira “continúa trabajando para controlar el incendio”, agregó la nota, sin aportar más detalles sobre los daños provocados ni posibles víctimas mortales.

Esto tiene lugar poco después de que el Ministerio de Defensa emiratí afirmara haber interceptado sobre sus aguas territoriales tres misiles crucero “procedentes de Irán”, en la primera operación de derribo de proyectiles desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y Teherán hace casi un mes.

“Se detectaron cuatro misiles de crucero procedentes de Irán que se aproximaban al país. Tres fueron interceptados con éxito sobre aguas territoriales emiratíes, mientras que el cuarto cayó al mar”, dijo el departamento en un comunicado, en el que confirmó que los estruendos que se escucharon “fueron resultado de los exitosos derribos”.

Asimismo, afirmó que “el sistema de defensa aérea de EAU está combatiendo activamente las amenazas de misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV)”, sin aportar más información.

Esta es la primera vez que Emiratos anuncia que está respondiendo a un ataque desde la entrada en vigor de la tregua entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril, un pacto que puso fin a los ataques iraníes de represalia por la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero contra la República Islámica.

Tras la aplicación del pacto, varios países del golfo Pérsico han denunciado unos pocos lanzamientos de ataques contra sus territorios, si bien estos han sido atribuidos a milicias proiraníes de Irak y a otros grupos armados aliados de Teherán.

Las acciones de este lunes contra Emiratos tienen lugar en el mismo día en el que Abu Dabi denunció un ataque “terrorista iraní” con dos drones contra un buque cisterna perteneciente a la compañía estatal de petróleo emiratí, ADNOC.

Posteriormente, el asesor diplomático del presidente de Emiratos, Anwar Gargash, advirtió de que “la amenaza iraní” en Oriente Medio “no puede ignorarse”, al tiempo que denunció “los actos de piratería marítima de Irán” tras el ataque contra el buque de ADNOC y en un momento en el que Abu Dabi está endureciendo su discurso contra Teherán.

Se trata del avión Gulfstream C-20A, utilizado como laboratorio volador en el marco de la campaña AVUELO (Experimento Unificado de Validación Aerotransportada: Tierra a Océano), una iniciativa que se realiza en colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que la visita forma parte de los esfuerzos por promover la innovación y la educación en ciencia y tecnología, al tiempo que refuerza la relación bilateral entre ambos países

De acuerdo al informe, la misión combina tecnología de radar aerotransportado de última generación con mediciones de campo en ecosistemas terrestres y costeros, permitiendo recopilar datos inéditos sobre entornos que van desde los doseles forestales hasta los humedales.

“La NASA representa lo mejor del ingenio y la excelencia estadounidense. Al traer esta misión de clase mundial a Panamá, estamos mostrando con orgullo la tecnología estadounidense e inspiramos a la próxima generación de ambos países a soñar en grande, seguir carreras STEM y contribuir a descubrimientos que darán forma a nuestro futuro”, afirmó Cabrera.

Durante la estadía, estudiantes, docentes e investigadores panameños tendrán la oportunidad de interactuar con los científicos de la NASA mediante recorridos por la aeronave, conferencias académicas y espacios de intercambio técnico.

Estas actividades buscan incentivar vocaciones en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y abrir nuevas oportunidades de formación e investigación.

La iniciativa también se enmarca en el programa Freedom 250, impulsado por la embajada estadounidense para conmemorar los 250 años de independencia de ese país, destacando su liderazgo en innovación y cooperación internacional.

El radar de la aeronave permite observar detalles que los satélites convencionales no logran captar, facilitando la creación de nuevos métodos para el monitoreo ambiental,

Estos estudios buscan mejorar la comprensión científica de la biodiversidad en regiones tropicales como Panamá, destaca el informe.

Los datos apuntan a que la mayoría de las sanciones está vinculada a descargas ilegales, manejo inadecuado de residuos y fallas en sistemas de tratamiento de aguas.

Los montos varían según la gravedad del daño ambiental, la reincidencia y el tipo de actividad involucrada, aunque una parte significativa de los procesos tramitados a nivel regional se mantiene dentro del límite de hasta $10,000, establecido en el Decreto Ejecutivo 43 de julio de 2004.

En los casos que exceden ese monto, los expedientes son remitidos a la sede central de Miambiente para su evaluación y sanción. La normativa vigente permite imponer multas que pueden superar los $600,000.

Aunque se han abierto decenas de expedientes, la institución reconoce que no cuenta con un listado público consolidado de empresas infractoras. En parte, esto se debe a que muchos expedientes permanecen en trámite dentro de procesos administrativos, lo que limita la divulgación completa sobre los responsables de las afectaciones ambientales.

Casos recientes y denuncias ciudadanas

Uno de los casos más recientes se registró en Marbella, en la ciudad de Panamá, donde una inspección confirmó la descarga ilegal de aguas con sedimentos hacia el río Matasnillo. La infracción fue atribuida al proyecto residencial Moderna 360 Urban Living, desarrollado por la sociedad The Panoramic Residences Corp.

La actuación de la entidad se originó tras la circulación en redes sociales de un video en el que se observaba una tubería vertiendo un líquido con apariencia de cemento directamente al afluente. A partir de la denuncia, el equipo técnico realizó una inspección en sitio y confirmó la existencia de una conexión clandestina al sistema pluvial, que descargaba sedimentos y residuos sólidos al río.

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Como medida inmediata, Miambiente ordenó la paralización de la obra e impuso una multa de $10,000, además de exigir la ejecución de acciones correctivas para detener la descarga y mitigar el impacto ambiental.

El proyecto, que contemplaba la construcción de un edificio de 23 niveles en una zona de alta densidad urbana, contaba con un estudio de impacto ambiental que prohibía expresamente cualquier vertido al río, así como la alteración de su caudal o su calidad.

Un problema extendido en las cuencas

Más allá de los casos puntuales, la información recopilada por la entidad revela una problemática de mayor alcance. A través del Proyecto de Identificación y Mitigación de Puntos Críticos de Contaminación, se han identificado más de 868 focos de contaminación en diversas cuencas del país.

Entre las principales irregularidades detectadas figuran fracturas en tuberías, plantas de tratamiento con deficiencias operativas, tanques sépticos desbordados y conexiones ilegales que descargan residuos directamente en ríos y quebradas. Estas condiciones no solo deterioran la calidad del agua, sino que también representan riesgos para la salud pública y los ecosistemas.

De los puntos identificados, al menos 130 han sido corregidos o eliminados, lo que ha implicado intervenciones técnicas, adecuaciones de infraestructura y la eliminación de vertidos ilegales. Sin embargo, la magnitud de los hallazgos confirma que el problema persiste en múltiples regiones del país.

Las denuncias ciudadanas se han convertido en una de las principales vías de detección, al permitir orientar las inspecciones y priorizar las áreas más afectadas. Para las autoridades de Miambiente, esta participación comunitaria es un componente clave del monitoreo ambiental.

Como parte de estas acciones, el personal técnico de la entidad ha recorrido aproximadamente 768 kilómetros de ríos en todo el país. Las evaluaciones incluyen cuencas como Pacora, La Villa, Santa María, Antón, Caimito y Chame, así como ríos urbanos como Juan Díaz, Tocumen, Matasnillo y Curundú. También se han realizado inspecciones en provincias como Chiriquí, Los Santos, Darién y Bocas del Toro, donde se han identificado distintos niveles de presión ambiental sobre los recursos hídricos.

Frente a la magnitud de los problemas identificados, Miambiente informó que aprobó en 2025 un decreto que reglamenta la gestión integral de los pasivos ambientales. Este instrumento está orientado a atender la contaminación acumulada en infraestructuras abandonadas o sistemas en mal estado que continúan generando impactos negativos en el ambiente.

El decreto establece mecanismos para la identificación de los responsables, la exigencia de rehabilitación de los sistemas afectados y la supervisión de su operación y mantenimiento. El objetivo es evitar que estos focos de contaminación sigan afectando las fuentes hídricas y las comunidades cercanas, especialmente en zonas donde los problemas se han prolongado por años.

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Sanciones que tardan años en ejecutarse

Uno de los casos que refleja los desafíos en la ejecución de sanciones es el de la empresa Campos de Pesé S.A., sancionada en 2014 por la contaminación con vinaza del río La Villa. La multa original fue fijada en $608,930, tras comprobarse la afectación al recurso hídrico.

No obstante, el pago no se concretó sino hasta febrero de 2026, luego de más de una década de recursos legales y procesos administrativos. El caso avanzó cuando fue remitido a cobro coactivo en diciembre de 2025, lo que permitió a la institución aplicar medidas como la retención de cuentas bancarias y el secuestro de 69 vehículos pertenecientes a la empresa.

Estas acciones facilitaron la recuperación del monto adeudado, que ascendió a $669,823 tras su actualización. El cierre del proceso dejó en evidencia tanto la capacidad del Estado para ejecutar sanciones como las demoras estructurales que persisten en este tipo de procedimientos.

La crisis en La Villa y el Estibaná

En paralelo, la cuenca del río La Villa y su afluente, el río Estibaná, ha concentrado múltiples sanciones recientes por contaminación. La Dirección Regional de Miambiente ha procesado al menos ocho casos, además de mantener expedientes en trámite por presuntas infracciones ambientales.

Las sanciones han alcanzado los $9,999.99 por infractor —el máximo permitido en este nivel— y han sido aplicadas a diversas actividades, incluyendo fincas porcinas, lecherías y desarrollos urbanísticos. Entre las irregularidades detectadas figuran descargas ilegales de aguas residuales, ausencia de instrumentos de gestión ambiental y manejo inadecuado de desechos.

Estas prácticas han impactado directamente las plantas potabilizadoras que abastecen a comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos, donde el agua producida ha sido catalogada como no apta para el consumo humano en determinados momentos.

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Las autoridades de ambiente sostienen que las acciones de fiscalización continuarán, en un escenario en el que las denuncias ciudadanas y los hallazgos técnicos siguen evidenciando una presión sostenida sobre los ecosistemas acuáticos del país.

En este contexto, los recorridos y las inspecciones continúan identificando nuevos focos de contaminación. Los registros de Miambiente reflejan un escenario en el que, pese a las sanciones impuestas y las medidas correctivas ordenadas, la presión sobre las fuentes hídricas no cede y los procesos administrativos siguen acumulándose en diversas cuencas del país.

“Tras una evaluación técnica y epidemiológica, las autoridades sanitarias nacionales decidieron no autorizar el atraque del buque en el Puerto de Praia, en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de proteger la salud pública nacional”, informó el Ministerio caboverdiano de Salud en un comunicado.

El Ministerio aseguró que ha estado “monitoreando” la situación del buque, que ingresó en aguas de Cabo Verde la víspera, tras “la notificación por parte de organismos sanitarios internacionales de un brote de enfermedad respiratoria”.

Desde entonces, subrayó, el barco “permanece en alta mar bajo vigilancia constante por parte de las autoridades sanitarias”.

Jake Rosmarin, un pasajero del crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado la muerte de tres personas, ha hecho un llamamiento este lunes en redes sociales en el que ha expresado que "todo lo que queremos ahora mismo es sentirnos seguros,… pic.twitter.com/Bk68Bt16Wa

— La Prensa Panamá (@prensacom) May 4, 2026

“La asistencia médica necesaria la proporciona un equipo especializado, compuesto por médicos especialistas, enfermeros y técnicos de laboratorio. Asimismo, se han preparado medidas de respuesta hospitalaria para cualquier necesidad de atención especializada en el Hospital Dr. Agostinho Neto” en Praia, el mayor de Cabo Verde.

El departamento de Salud del país insular africano detalló que “el buque transporta 147 personas, entre pasajeros y tripulación”, de los que “tres personas presentan síntomas, han sido debidamente evaluadas y asistidas por un equipo sanitario y actualmente se encuentran clínicamente estables”.

Tres enfermos a bordo del barco

Esto elevaría de dos a tres el número de afectados vivos que transporta el barco, después de que la empresa operadora, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, lamentara anoche en un comunicado que Cabo Verde no está permitiendo desembarcar a dos miembros de su tripulación enfermos que “requieren atención médica urgente”.

La compañía también confirmó que el barco transporta el cuerpo de uno de los fallecidos por el posible brote de hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo que al menos seis afectados −tres muertos y tres enfermos− habían sido registrados hasta entonces.

Entre las víctimas se encuentran una pareja neerlandesa −un hombre de 70 años y una mujer de 69 años− que murieron, respectivamente, en la isla británica de Santa Elena y en Johannesburgo (norte de Sudáfrica), lugares en los que permanecen sus cuerpos, según detalló el Departamento de Salud de Sudáfrica.

Pretoria confirmó también que otro paciente, un británico, que enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Elena a la isla de Ascensión (también británica), se encuentra en “estado crítico de aislamiento” mientras recibe “tratamiento médico adicional” en Johannesburgo.

Este es el único caso en el que la presencia del virus ha sido confirmada en el laboratorio hasta el momento.

El buque MV Hondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo y, según las autoridades sudafricanas, viajaba en dirección a las islas Canarias (España), en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

La posibilidad de este partido venía tomando fuerza desde que la selección europea, con Edin Džeko como su principal referente, eliminó a Italia en la repesca europea a finales de marzo. En un inicio, el rumor sobre el último amistoso de los dirigidos por Thomas Christiansen, a disputarse en suelo norteamericano, apuntaba a que el rival sería Italia, tetracampeona del mundo.

Esa opción quedó descartada tras el nuevo fracaso italiano, que extendió su ausencia mundialista a al menos 16 años. En su lugar, los canaleros enfrentarán a una Bosnia y Herzegovina ordenada, técnica y competitiva, que representará un último gran examen antes del debut mundialista el 17 de junio ante Ghana.

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Se trata de un amistoso que beneficia a ambos equipos. Panamá se medirá en el Grupo L ante potencias europeas como Inglaterra y Croacia, mientras que Bosnia y Herzegovina integrará el Grupo B, encabezado por Canadá, selección de la Concacaf.

Antes de este compromiso, los dirigidos por Christiansen disputarán otros dos amistosos. El 31 de mayo visitarán a Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en lo que será el partido de despedida del pentacampeón del mundo, y el 3 de junio recibirán a República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández, en la despedida de la Marea Roja.

Tres personas murieron tras un presunto brote de hantavirus en un crucero que navegaba entre Argentina y Cabo Verde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se ha confirmado un caso de hantavirus y se están investigando otros cinco casos sospechosos.

La OMS declaró a la BBC que las investigaciones sobre los presuntos casos de hantavirus continúan, y se están realizando pruebas de laboratorio adicionales.

El brote se registró a bordo del crucero MV Hondius, que partió de la ciudad argentina de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

Se trata de un crucero polar -gestionado por la empresa turística Oceanwide Expeditions, con sede en los Países Bajos- de 107,6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 camarotes, además de 57 tripulantes, 13 guías y un médico.

Esto es lo que sabemos sobre el hantavirus:

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una cepa de virus transmitida por roedores.

Los humanos se contagian, principalmente, por inhalación de partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales.

Las infecciones suelen producirse cuando el virus se transmite por el aire a través de la orina, los excrementos o la saliva de un roedor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Aunque es poco frecuente, también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores.

El virus puede causar dos enfermedades graves.

La primera, el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), suele comenzar con fatiga, fiebre y dolores musculares, seguidos de dolor de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales.

Si se desarrollan síntomas respiratorios, la tasa de mortalidad es de aproximadamente el 38%, según los CDC.

La segunda enfermedad, la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), es más grave y afecta principalmente a los riñones.

Los síntomas posteriores pueden incluir hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda.

¿Cuántos casos de hantavirus se registran a nivel mundial?

Se estima que hay 150.000 casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal en todo el mundo cada año, principalmente en Europa y Asia, según un informe de los Institutos Nacionales de la Salud.

Más de la mitad de los casos suelen producirse en China.

Los datos más recientes de Estados Unidos muestran que, entre 1993, cuando comenzó la vigilancia del hantavirus, y 2023, se registraron 890 casos en el país.

Sin embargo, el virus de Seúl, una de las principales cepas de hantavirus transmitida por ratas noruegas (también conocidas como ratas pardas), se encuentra en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos.

¿Cómo se trata?

No existe un tratamiento específico para las infecciones por hantavirus.

Los CDC recomiendan cuidados de apoyo para tratar los síntomas, que pueden incluir oxigenoterapia, ventilación mecánica, medicamentos antivirales e incluso diálisis.

Los pacientes con síntomas graves pueden necesitar ser ingresados ​​en unidades de cuidados intensivos. En casos graves, algunos pueden necesitar ser intubados.

Los CDC recomiendan evitar el contacto con roedores en hogares o lugares de trabajo para reducir la exposición al virus.

La agencia también recomienda sellar los puntos de entrada en sótanos o áticos por donde los roedores puedan entrar a las viviendas.

Se sugiere usar equipo de protección al limpiar excrementos de roedores para evitar inhalar aire contaminado.

¿Cuán común es el hantavirus en Argentina?

En Argentina circulan dos especies del virus hanta, Andes y Laguna Negra, con una decena de variantes.

En el sur del país predomina la cepa Andes, que posee una característica única y preocupante a diferencia de otras variantes del virus: la capacidad de transmisión de persona a persona.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional argentino, entre mediados de 2025 y comienzos de 2026 se habían registrado más de 50 casos.

La mayor proporción de casos se encuentra en la región central del país, con el 62% de los casos, seguida por el nororeste , que concentra el 29%, y la región Sur, con el 8%.

El año pasado, el Ministerio de Salud emitió una alerta por el aumento del 17% en los casos registrados en Argentina con respecto a períodos anteriores.

Lo que más preocupó a las autoridades sanitarias del país sudamericno fue la mayor letalidad del virus. Mientras que, a partir del año 2019, la mortalidad asociada al hantavirus no superaba el 17% anual, en 2025 trepó al 33,6%, con 28 muertes.

Este lunes, el diario argentino “La Nación” informó que el hecho de que el crucero haya iniciado su itinerario en Ushuaia “pone el foco de la investigación epidemiológica en la región patagónica, donde el hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por el roedor colilargo (Oligoryzomys longicaudatus)“.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego indicaron que no existen casos de hantavirus identificados en la provincia desde que hay registros de esta enfermedad y remarcaron que la zona endémica del virus en el sur argentino se ubica principalmente en áreas cordilleranas de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Tierra del Fuego no forma parte de los territorios donde habitualmente circula el virus.

¿Ha habido casos recientes de hantavirus?

En febrero de 2025, Betsy Arakawa, esposa del actor ganador del Oscar Gene Hackman, falleció a causa de una enfermedad respiratoria relacionada con el hantavirus.

Los investigadores médicos creen que Arakawa contrajo el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), la cepa más común en Estados Unidos.

Se encontraron nidos y algunos roedores muertos en las dependencias anexas a la casa donde fue hallada.

Los registros policiales indicaron que Arakawa buscó información en internet sobre los síntomas de la gripe y la COVID-19 en los días previos a su muerte.

*Con información de Yang Tian Tinshui Yeung.

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• 3 muertos en un posible brote de hantavirus dentro un crucero que zarpó de Argentina

Los ejecutivos que fueron recibidos por las autoridades de la terminal aérea, Aeronáutica Civil, Cancillería de Panamá y la aerolínea Copa Airlines.

Durante la visita, los representantes de ANA, junto a técnicos de Boeing, inspeccionaron la capacidad operativa de Tocumen, incluyendo las pistas y la infraestructura necesaria para recibir aeronaves de largo alcance, como los Boeing 777-300ER, conocidos popularmente como triple 7.

El director general de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas Chiari, presentó los avances en las negociaciones bilaterales para establecer los derechos de tráfico aéreo que permitan concretar la conexión directa entre Panamá y Japón, además del funcionamiento del sistema One Stop Security (OSS), con el cual se vigila la seguridad aeroportuaria y se agilizan las conexiones internacionales desde Tocumen.

La visita de ANA también abre la puerta a una eventual operación conjunta con Copa Airlines, aprovechando la posición geográfica de Panamá como centro de conexiones regionales. Actualmente, Tocumen conecta a más de 80 destinos en el continente americano a través de la red de Copa Airlines.

Las autoridades panameñas señalaron que continuarán trabajando junto a las aerolíneas y los gobiernos involucrados para hacer realidad la esperada conexión aérea entre Panamá y Japón.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los ocupados mayores de 55 años sumaban a cierre del primer trimestre de este año 4.93 millones y representan el 22% del total, lo que supone 242,500 más que en el mismo periodo del año pasado en un mercado laboral en récord.

Tras esta mayor presencia de profesionales sénior están varios factores como el envejecimiento de la población, la prolongación de las carreras laborales y el menor recurso a las prejubilaciones, explica a EFE el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

Mesonero también recuerda que cada vez más personas compatibilizan trabajo y pensión o retrasan la jubilación tras las medidas incluidas en la última reforma.

El año pasado, se produjeron 40,952 altas en jubilación demorada (el 10.9 % del total, frente al 4.8 % de 2019), al tiempo que actualmente hay 13,000 personas en jubilación activa, la modalidad que permite compatibilizar trabajo y pensión y que entró en vigor hace un año.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en los 65.2 años, casi un año más que en 2019.

Barreras de entrada y de salida

Pero la otra cara de la moneda está en las cifras de desempleo y en la dificultad para reengancharse cuando ven interrumpida su carrera laboral, así como en la falta de formación o la mayor brecha digital algo en lo que, coinciden algunos expertos, podría ayudar la IA.

“El talento mayor de 45 años afronta una doble barrera: de salida (despidos desproporcionados) y de entrada (contratación reducida), lo que genera un embolsamiento de desempleo de larga duración que afecta a más de un millón de personas mayores de 52 años”, resumen en informe al que ha tenido acceso EFE la Fundación Más Sénior.

Según datos de esta fundación, en marzo de 2026, los menores de 25 años lograron casi el mismo volumen de contratos (308,094) que todo el colectivo mayor de 45 (367,204), a pesar de que estos últimos suponen la mitad de la población activa.

Además, 755,500 personas mayores de 50 años están en paro (1 de cada 3 parados en España) y de ellos el 53 % son parados de larga duración ,

Una penalización que es aún mayor en las mujeres que representan el 57 % del desempleo sénior, “enfrentándose al edadismo sumado al sexismo estructural”, denuncia la Fundacion Más Senior.

Más formación e incentivos y menos prejuicios

Esta realidad choca con unas perspectivas de un mercado laboral que afronta un futuro demográfico complicado.

Según un reciente informe de la OCDE, la población en edad de trabajar se habrá reducido en un 30 % en España en 2060 “siendo el país que experimentará el mayor descenso de la tasa de empleo con respecto a la población entre los países de la OCDE”.

Este cambio demográfico tendrá importantes consecuencias para el crecimiento económico de España si no se toman medidas entre las que el organismo prioriza contar más con los trabajadores senior.

“Es urgente evolucionar del modelo actual, en el que solo un tercio de las personas de entre 55 y 65 años participan en actividades de formación, a otro en el que las personas se formen a lo largo de toda su vida laboral”, recomienda la OCDE que también señala al papel de la IA en este sentido.

La IA puede mejorar la productividad y apoyar en tareas complejas pero, incide la OCDE, no es un sustituto ni una “solución milagrosa” ante la falta de trabajadores humanos.

“El drama es el desempleo de alguien de 55 años (...) no nos lo podemos permitir y ahí deben hacer mucho las políticas activas de empleo con formación upskilling (perfección de habilidades) o de reskilling (nuevas habilidades para cambiar de puesto)”, dijo Mesonero. El gran reto de las empresas, resume, es la gestión del talento sénior. Y para avanzar, el informe de Fundación Mas Sénior reclama, entre otras medidas, más incentivos a la contratación de mayores y, sobre todo, acabar con los prejuicios.

El fenómeno responde a un cambio demográfico acelerado en la región, donde se estima que, para 2050, más de 280 millones de personas —alrededor del 40 % de la población en Latinoamérica y el Caribe— tendrá más de 50 años, lo que abre una oportunidad para la economía silver, también conocida como plateada, conjunto de actividades económicas, bienes y servicios dirigidos a las personas mayores de esta edad.

“La economía silver ya no es un concepto de nicho. Se está convirtiendo en uno de los motores de crecimiento más poderosos para la economía de nuestra región”, afirmó la directora regional de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Sanaa Abouzaid, durante la inauguración del Silver Economy Congress 2026 en Ciudad de México.

El encuentro, organizado por el Grupo Banco Mundial y el Gobierno de España, reúne a líderes del sector financiero, organismos públicos y expertos internacionales para analizar el impacto del envejecimiento poblacional en los mercados y el desarrollo de nuevos productos financieros.

Un mercado en expansión con impacto económico

El crecimiento de la población mayor no solo representa un cambio social, sino también una transformación económica de gran escala. En países como España, la economía silver ya representa el 26% del PIB y cerca del 60% del consumo.

“Estamos hablando de un área que no es futuro, que es presente y que nos afecta cada vez a más personas”, señaló la consejera económica y comercial de la Embajada de España en México, María Peña.

Durante la jornada, especialistas coincidieron en que el sector financiero juega un papel clave para atender este segmento, mediante el desarrollo de productos y servicios adaptados a sus necesidades, desde ahorro y pensiones hasta soluciones digitales y de inclusión.

Una oportunidad con brechas persistentes

Sin embargo, este crecimiento también expone desigualdades estructurales, especialmente en el caso de las mujeres, quienes representan una proporción creciente dentro del segmento silver debido a su mayor esperanza de vida.

“La brecha que vemos a los 50 años es el resultado acumulado de todas las barreras que las mujeres han enfrentado a lo largo de su vida”, explicó a EFE la especialista en inclusión financiera, educación y género, Karina Villanueva.

Estas barreras están vinculadas, entre otros factores, a trayectorias laborales intermitentes, mayor participación en el sector informal y responsabilidades de cuidado, lo que impacta directamente en su acceso a servicios financieros y en la acumulación de ahorro para el retiro.

De acuerdo con Villanueva, incluso cuando las mujeres presentan menores niveles de morosidad, continúan enfrentando condiciones menos favorables, como tasas de interés más altas o menor acceso a productos financieros adecuados.

De la inclusión a la oportunidad de negocio

“Este segmento no solo está creciendo en tamaño, sino también en relevancia económica. Las instituciones que logren entender estas dinámicas van a capturar relaciones de largo plazo basadas en la confianza”, afirmó a EFE la segunda vicepresidenta de estrategia de negocios para la mujer en el Banco BHD, Elizabeth Rojas.

Rojas destacó que atender a este segmento requiere ir más allá de la oferta tradicional de productos financieros y avanzar hacia propuestas integrales.

“No se trata de crear más productos, sino de diseñar experiencias que respondan a sus necesidades reales”, señaló.

El congreso continúa este jueves, donde mantiene una agenda centrada en temas como empleo, salud, infraestructura y longevidad, en un esfuerzo por consolidar a la economía silver como un eje estratégico para el desarrollo económico de la región. EFE

El balance detalla que 115 de los retenidos son adultos y 10 menores de edad, algunos entre los 13 y 18 años.

Los operativos se concentraron en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, zonas donde se estima residen más de 70 mil personas y operan más de un centenar de presuntos pandilleros, señaló el subcomisionado Javier Batista en TVN Noticias.

Captura por tentativa de homicidio y decomiso de arma

Durante las acciones policiales se logró la aprehensión de un sujeto vinculado a una tentativa de homicidio contra un agente policial, en un hecho ocurrido en el sector conocido como “La H”, donde funcionaba un parking clandestino. En el lugar, las autoridades decomisaron un arma de fuego con dos municiones.

Según el reporte, la mayoría de los ciudadanos acató el decreto alcaldicio, por lo que las calles permanecieron en gran medida despejadas durante el horario restringido. No obstante, quienes fueron sorprendidos en la vía pública sin justificación fueron conducidos ante las autoridades correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que continuará con patrullajes intensivos y advirtió que el incumplimiento del toque de queda conlleva aprehensiones inmediatas y sanciones por parte de jueces de paz.

Los infractores deberán enfrentar multas entre los $50 y $500, dependiendo aspectos como la reincidencia o si hay agravantes como portar armas o cometer otro delito.

Presencia de pandillas y menores preocupa a autoridades

El panorama de seguridad en el distrito continúa siendo complejo. Batista indicó que al menos tres pandillas han sido identificadas y judicializadas en el área, y advirtió sobre la detección de grupos delictivos que incluso integran menores desde los 9 años de edad.

Los operativos han permitido ubicar a individuos portando armas y sustancias ilícitas durante patrullajes en veredas y sectores considerados de riesgo.

Medida bajo evaluación

El toque de queda, establecido mediante el Decreto Alcaldicio 06, se aplica en horario nocturno de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. los fines de semana, con el objetivo de recuperar la convivencia ciudadana y reducir los índices de violencia.

Las autoridades informaron que la medida se mantendrá, al menos, hasta el 11 de mayo, mientras se evalúa su efectividad para determinar si será extendida.

“La decisión responde a una incidencia delictiva marcada, especialmente en homicidios, por lo que correspondía accionar para minimizar estas situaciones”, explicó Batista.

La decisión quedó establecida en la Resolución No. 262 del 27 de abril de 2026, correspondiente a un acto público que contemplaba dos componentes dentro de la estrategia de digitalización educativa: la adquisición de licencias Microsoft M365 A3 y la compra de laptops.

El proceso concluyó de manera parcial. El Meduca adjudicó el renglón No. 1, relacionado con las licencias, a la empresa GBM de Panamá, S.A., por un monto de $4,445,700.00, tras determinar que su propuesta cumplía con los requisitos técnicos, legales y económicos establecidos en el pliego de cargos.

En contraste, el renglón No. 2, destinado a la adquisición de computadoras portátiles, fue declarado desierto, luego de que ninguna propuesta superara la evaluación.

De acuerdo con la documentación del acto público, el componente de equipos formaba parte del proyecto junto con las licencias, como parte de las iniciativas para incorporar tecnología en el sistema educativo oficial.

Durante el acto participaron varias empresas interesadas en el suministro de laptops, entre ellas IS Group, S.A., Cable & Wireless Panamá, S.A. y el Consorcio IA para Todos.

Compra de equipos queda desierta

En la etapa de apertura, dos propuestas fueron rechazadas de plano: una por no presentar la fianza exigida en el pliego de cargos y otra por incumplir con la vigencia mínima del documento. Ambos requisitos forman parte de las condiciones obligatorias en los procesos de contratación pública.

La única oferta que avanzó a la fase de evaluación fue la de Cable & Wireless Panamá, S.A.; sin embargo, tampoco superó el análisis técnico y económico.

Según el informe de la Comisión Verificadora, la propuesta fue descalificada por exceder el margen de onerosidad permitido, al superar en más de un 10% el precio de referencia fijado por la entidad contratante.

El margen de onerosidad es un criterio utilizado en los procesos de contratación pública para determinar si una oferta se ajusta a los parámetros económicos definidos por la entidad. Cuando una propuesta supera ese límite, puede ser descartada por no cumplir con las condiciones establecidas en el pliego de cargos.

Como resultado de la evaluación, la Comisión Verificadora recomendó adjudicar únicamente el renglón correspondiente a las licencias de software y declarar desierto el renglón de computadoras portátiles.

El informe fue publicado el 21 de abril de 2026 en el portal PanamaCompra, plataforma oficial para la gestión de contrataciones públicas en el país. El Meduca acogió la recomendación sin que se registraran observaciones ni reclamos dentro del plazo establecido en el procedimiento.

La resolución también indica que contra esta decisión cabe recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación.

Las licencias Microsoft M365 A3 incluyen aplicaciones de ofimática, plataformas de colaboración en línea y servicios de almacenamiento en la nube, diseñadas para su uso en entornos educativos. Estas herramientas permiten la creación y edición de documentos, el trabajo en equipo en tiempo real y el acceso remoto a contenidos académicos.

Estas plataformas forman parte de iniciativas del Meduca orientadas a fortalecer el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza dentro del sistema educativo oficial.

La disponibilidad de estas herramientas digitales depende, entre otros factores, del acceso a dispositivos compatibles, como computadoras portátiles o de escritorio, así como de la conectividad a internet en los centros educativos.

El proceso de adquisición de computadoras portátiles ha sido gestionado en varias ocasiones por el Meduca en los últimos años, en el marco de iniciativas vinculadas a la incorporación de tecnología en la educación pública.

De acuerdo con registros de contrataciones previas, estos procesos han tenido distintos resultados, incluyendo ajustes en los pliegos de cargos, evaluaciones técnicas y revisiones de propuestas por parte de las comisiones correspondientes.

La licitación vinculada a este acto público forma parte de esas gestiones orientadas a dotar a los estudiantes del sistema oficial de herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades académicas.

El resultado del proceso establece que, por el momento, se contará con el componente de software adjudicado, mientras que la adquisición de computadoras portátiles no se concretó en este acto.

FEPAFUT inició su comunicado reiterando que “reitera, de manera categórica, su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales de nuestro deporte”.

Además, recordó su participación en la Operación Garra, una investigación en conjunto con el Ministerio Público, mediante la cual se juzgó y condenó a distintas personas involucradas en el amaño de partidos en el fútbol nacional. En esa ocasión, el proceso fue liderado por la Fiscalía Primera Superior.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/boIIIFONOp

— FEPAFUT (@fepafut) May 4, 2026

También en el comunicado, la Federación se comprometió a actuar con la misma firmeza, en colaboración con las autoridades pertinentes, para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de posibles nuevos casos. Asimismo, invitó a todos los actores del fútbol nacional a reportar cualquier sospecha de amaño de partidos, ya sea de forma anónima o directa a través de sus canales oficiales.

La FEPAFUT cerró su comunicado señalando que, de manera mensual, capacita a equipos de la LPF, Liga Prom, Liga de Fútbol Nacional y Liga de Fútbol Femenino, abordando temas como el amaño de partidos y la detección de conductas de riesgo. Estas acciones forman parte de sus protocolos avalados por la FIFA contra la manipulación de partidos y las apuestas ilegales.

El incidente que desató la polémica

El comunicado surge tras el incidente ocurrido en el minuto 90 del partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito. En ese momento, con el marcador empatado 2-2, un jugador del Alianza lanzó un centro aparentemente controlable para el arquero del Sporting, José Calderón, sin presión ofensiva cercana.

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Sin embargo, Calderón no logró controlar el balón, que terminó ingresando en su portería para darle la victoria 3-2 al Alianza. La jugada fue decretada como autogol, lo que generó el disgusto de su compañero Gustavo Herrera, quien abandonó el campo sin que se anunciara un cambio.

Tras el partido, el técnico Julio Dely Valdés encendió las alarmas al referirse a situaciones sospechosas, mientras que la LPF también emitió un comunicado solicitando una investigación formal.

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Reacciones tras el partido

El domingo, en medio de la controversia, José Calderón publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que ofreció disculpas a sus compañeros, cuerpo técnico y afición, calificando la jugada como un “error estrictamente deportivo y de carácter involuntario”.

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Por su parte, en historias de Instagram —posteriormente eliminadas—, Gustavo Herrera reaccionó con dureza al hecho, acusando directamente a Calderón y refiriéndose al tema del amaño de partidos en el fútbol nacional. “Tavitin” fue contundente, señalando que “el amor al fútbol se lleva en el corazón, pero a muchos ya se les ha perdido”.

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Herrera también expresó su frustración y tristeza, asegurando que este tipo de situaciones empañan el esfuerzo de jugadores que buscan hacer las cosas bien y representar al fútbol panameño en el extranjero.

Esa realidad fue el eje de una decisión legislativa que ya dio un paso clave. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 392, en su último día de sesiones, una iniciativa que ahora queda en manos del Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.

Lea el proyecto de ley completo aquí:

El proyecto introduce cambios al Código Penal mediante la creación de los artículos 229-A y 229-B, con los que se busca sancionar la obstrucción, cierre o restricción de caminos de uso público, así como el acceso a espacios naturales considerados de interés colectivo, entre ellos playas, ríos, lagunas, parques nacionales y áreas protegidas.

El diputado panameñista Edwin Vergara, del circuito 13-3 (Chame y San Carlos), proponente de la iniciativa, sostiene que el problema no es aislado ni reciente. En su circuito, afirma, en un radio cercano a tres kilómetros se han identificado al menos nueve caminos que antes eran de libre tránsito y que hoy permanecen cerrados, afectando el paso hacia potreros, fincas y zonas de recreación utilizadas por residentes.

Vergara advierte que esta situación se repite en otras provincias, donde comunidades denuncian el cierre progresivo de servidumbres históricas e incluso el cobro por acceder a lugares que tradicionalmente han sido de uso común. Un fenómeno que, según plantea, ha ido escalando sin una respuesta legal suficiente.

La iniciativa establece penas de tres a siete años de prisión para quienes, sin justificación, obstruyan o restrinjan caminos o accesos públicos mediante cercas, portones, zanjas u otros mecanismos físicos.

También incorpora agravantes cuando, mediante engaño o falsedad, se logre la adjudicación de terrenos del Estado —incluyendo parques nacionales, zonas arqueológicas, monumentos naturales o áreas protegidas—, con sanciones que pueden ir de cinco a diez años de prisión.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto pasa ahora al despacho del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien tendrá la última palabra sobre su sanción.

Mientras tanto, el debate queda abierto: entre el derecho a la propiedad, el ordenamiento territorial y el acceso a espacios que por años han sido parte del uso cotidiano de muchas comunidades en el país.

En un comunicado, la liga fue enfática al señalar que “ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido (…) que podría comprometer la integridad de la competencia”, dejando claro que el caso será tratado bajo los protocolos establecidos.

Como parte de este proceso, informó que se ha solicitado a la Unidad de Integridad “citar a las partes involucradas para que rindan las explicaciones correspondientes”, mientras se activan todos los mecanismos institucionales.

“La Liga reconoce que en el fútbol pueden existir errores propios del juego. Sin embargo, también es claro que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional”, indicó el organismo.

COMUNICADO OFICIAL https://t.co/CfzFZulplJ#NuestroFútbol #LPFTigo

— LPF TIGO (@LPFpanama) May 3, 2026

En paralelo, el ente rector del torneo adelantó que remitirá el caso a la Federación Panameña de Fútbol (FPF), específicamente a su Comisión de Disciplina, con el objetivo de que se determinen posibles sanciones. Además, reiteró su postura institucional al asegurar que, “sin perjuicio de la presunción de inocencia, esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias”.

Por su parte, el Sporting San Miguelito manifestó su preocupación a través de un comunicado oficial, en el que advirtió sobre “indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del fútbol”.

El club confirmó que presentó denuncias formales tanto ante la LPF como ante la FPF, solicitando investigaciones “inmediatas, exhaustivas e imparciales”.

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Asimismo, la institución capitalina fijó su posición frente a este tipo de situaciones al señalar que “bajo prácticas irregulares o manipuladas, no es posible competir en igualdad de condiciones”, al tiempo que rechazó “categóricamente cualquier forma de corrupción” y reafirmó su compromiso con un fútbol limpio.

El club también hizo un llamado al resto de las organizaciones del balompié nacional a unirse “en defensa de la integridad del fútbol panameño”, además de exhortar a las autoridades a garantizar investigaciones independientes y aplicar sanciones ejemplares en caso de comprobarse irregularidades.

En el primer partido, las Lions del Colegio Real mantuvieron su buen momento al vencer 5-2 a las Balboa Dragons. Gabriela Rodríguez firmó un doblete, mientras que Alana Gamboa, Jimena Chue y Sophia Hurtado anotaron un gol cada una. Por las Dragons, marcaron Gabriela Ríos y Julia Olmos.

En el segundo encuentro, las Dolphins del International School of Panama lograron su tercera valla invicta consecutiva al golear 5-0 a las Green Panthers del Instituto Panamericano. Emily Hoffman destacó con un doblete, acompañada por goles de Sofía Falasca, Sofía Alfaro y otra anotación que completó la cuenta.

En el tercer duelo, las Fighting Owls de la Academia Interamericana consiguieron su primera victoria del torneo al imponerse 3-1 sobre el Colegio San Agustín. Alexandra Moscoso, Sofía Gamecho y Elaine Brin anotaron para la AIP, mientras que Sara Palacios descontó.

El cierre de la jornada dejó el segundo triunfo consecutivo y la tercera valla invicta para las Mustangs del Panamerican School, que vencieron 4-0 a las Águilas del Colegio Javier. Maryfer De Gracia brilló con un triplete, mientras que Andrea Alvarado añadió un gol.

Inicia la recta final

Este próximo sábado se disputará la quinta fecha de la LigaW, marcando el inicio de la recta final rumbo a los cuartos de final, con otra jornada de cuatro partidos en el Yappy Park de Paseo del Norte.

El calendario será el siguiente:

• El Colegio de Panamá vs Metropolitan School – 8:30 a.m.
• Academia Interamericana vs Colegio Javier – 9:30 a.m.
• International School vs Balboa Academy – 10:30 a.m.
• Colegio Brader vs Colegio La Salle – 11:30 a.m.

André Mendoza, vicepresidente de Mantenimiento del aeropuerto, confirmó la decisión y explicó que las empresas participantes no cumplieron con lo establecido en el pliego de cargos.

En su informe oficial, la comisión evaluadora encargada de revisar las propuestas determinó que los ofertantes no completaron en su totalidad los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego, como detalles de personal, equipos especializados, desglose de precios y certificación de insumos a utilizar, como bolsas de basura biodegradables.

En el acto participaron el Consorcio Millenium Cleaning Manuquinsa (conformado por Millenium Security Service, S.A., Millenium Cleaning Services, S.A., Lucymar Corporation, S.A. y H&H Manufacturas Químicas y Servicios, S.A.), que presentó una oferta de $18,623,438; Trebol Services, Inc., ofertó $16,821,156; el Consorcio Hub Smart Clean (representado por Sicarelle Holdings Inc., JPM Enterprises, S.A. e Ingeniería R.E.C.), presentó una oferta de $17,807,998; y el Consorcio Pro Eiger Tocumen (constituido por Professional Cleaners, S.A. y Eiger Business, S.A.), que ofertó $20,424,000.

También propusieron el Consorcio Pro Aitsa (conformado por Hombres de Blanco Corp. y Constructora Prolosa, S.A.), con un monto de $15,303,000; el Consorcio Tocumen AI 2026 (en los que se agruparon Airkem de Panamá, S.A. e Interaseo S.A.S. E.S.P.), cuyos servicios cotizo en $18,351,026.04; y el Consorcio Eudisa Panamá (representado por Eulen Panamá de Servicios, S.A. y Disaroca Group, S.A.), que ofreció un costo de $27,054,671.

Mendoza anunció que se prepara una nueva convocatoria y, mientras tanto, el servicio de limpieza “se mantiene en operación con normalidad y sin interrupciones”.

Consultado sobre quién presta actualmente el servicio, el vicepresidente indicó que la empresa Hombres de Blanco continúa a cargo de la limpieza, a pesar de que, a principios de esta Administración, la empresa y el Aeropuerto llegaron a un acuerdo para terminar con el contrato de limpieza vigente meses antes de que éste concluyera, tras el hallazgo de numerosas irregularidades e incumplimientos.

Rubén Daniel Arguelles Sánchez, representante legal de Hombres de Blanco Corp., aseguró que la empresa brinda el servicio las 24 horas del día.

Sobre las quejas presentadas en el pasado por la falta de limpieza en las dos terminales del aeropuerto —baños sucios, malos olores, falta de jabón y de papel higiénico—, Arguelles Sánchez afirmó que mantienen el aseo tal como establece el contrato, pero que en ocasiones las deficiencias se pueden confundir con “falta de mantenimiento” de la infraestructura.

Explicó que su empresa tiene la responsabilidad de limpiar, pero no de reparar puertas, pisos o paredes, “por lo que la gente se puede confundir y pensar que no se hace el trabajo de limpieza”, sostuvo.

Detalló que la licitación en la que habían participado contemplaba no solo el servicio de limpieza, sino también mantenimiento. Por ello se aliaron con Constructora Prolosa, S.A., que no se descarta participar cuando se haga la nueva convocatoria.

El nuevo contrato

De acuerdo con Tocumen, S.A., el contrato que será nuevamente licitado busca ampliar la cobertura para las dos terminales (1 y 2), el edificio conector, el recinto de carga, edificios anexos, estacionamientos, rampas de acceso, calles de servicio y áreas aledañas del complejo aeroportuario.

El nuevo modelo de contratación no se limitará únicamente a la limpieza general de las instalaciones, pues incluye servicios de mantenimiento de baños y sistemas sanitarios, incluyendo plomería, electricidad, carpintería, dispensadores, divisiones y luminarias.

Asimismo, se contempla la implementación de un software de monitoreo en tiempo real, que permitirá dar seguimiento constante a los indicadores de calidad y desempeño de la empresa que resulte ganadora. El sistema estará acompañado de auditorías periódicas y reportes mensuales.

Los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe empiezan a tener un efecto visible, pero no necesariamente el deseado.

Aunque pareciera que está saliendo menos droga directamente desde Venezuela, expertos advierten que el negocio no se está reduciendo: simplemente está ocurriendo a través otras rutas y métodos más difíciles de detectar.

Durante décadas, Venezuela ha sido uno de los principales puntos de salida de cocaína en Sudamérica, debido a su posición geográfica estratégica, y a su cercanía tanto a países productores como Colombia y Perú, como a grandes mercados de consumo en EE.UU. y Europa.

Sin embargo, la reciente intensificación de las operaciones de EE.UU. en el Caribe, con interceptaciones e incluso ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, ha elevado significativamente el riesgo de operar desde sus costas.

Este cambio está empujando el tráfico hacia otros países de la región, según expertos.

En septiembre de 2025, Washington reforzó su presencia naval en el Caribe, bajo el pretexto de lanzar una nueva campaña contra el narcotráfico liderada por el Comando Sur de EE.UU.

Desde entonces, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques contra embarcaciones sospechosas tanto en el Caribe como en el Pacífico, con alrededor de 45 operaciones registradas hasta marzo de 2026 que han dejado más de 150 muertos.

Aunque los funcionarios estadounidenses presentan estas acciones como parte de la lucha antidrogas, algunos analistas señalan que también tenían un objetivo político.

Las operaciones militares coincidieron con una escalada de tensiones con el gobierno de Venezuela que culminó en la captura en enero de 2026 del depuesto presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Expertos legales y organismos internacionales han cuestionado la legalidad de estas operaciones, señalando que podrían violar normas del derecho internacional y constituir un uso extrajudicial de la fuerza.

Pese a la agresiva campaña, Adam Isacson, director del programa de supervisión de defensa en la Oficina de Washington para América Latina, afirma que el flujo de drogas hacia EE.UU. no se ha detenido.

De hecho, asegura que los datos suministrados por las autoridades fronterizas de EE.UU. muestran que en los siete meses desde que comenzaron los ataques a lanchas, se ha detectado ligeramente más cocaína que en los siete meses anteriores.

“Eso quiere decir que la cocaína está llegando a Estados Unidos independientemente de esos ataques”, le dice a BBC Mundo.

“El hecho de que el Comando Sur haya destruido varias embarcaciones en los últimos meses parece indicar que siguen viendo casi el mismo nivel de tráfico por esa vía que antes”, añade.

“No estamos viendo una disminución real, sino probablemente menos visibilidad debido a cambios en las tácticas”.

Otras rutas

Alex Papadovassilakis, investigador y periodista de InSight Crime, asegura que, por ahora, no hay evidencia de que el flujo de cocaína en el Caribe haya disminuido.

“No hemos visto ninguna prueba de una disminución sostenida de la cocaína que se mueve a través de la región en general”, le dice a BBC Mundo.

Su equipo en InSight Crime consultó fuentes en países clave de tránsito como Venezuela, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y varias islas del Caribe, para analizar el impacto de las operaciones estadounidenses.

A partir de ese trabajo, iniciado tras el primer ataque estadounidense a principios de septiembre, concluyeron que el impacto existe, pero es limitado y muy localizado.

Los ataques se han centrado principalmente en lanchas rápidas que operan en el corredor marítimo entre Venezuela y las islas cercanas, y la posibilidad de un ataque letal representa sin duda un nuevo factor disuasorio para los traficantes, elevando el riesgo de usar ese método en esa ruta específica.

Pero Papadovassilakis advierte que el narcotráfico no depende de una sola vía y asegura que hay indicios que apuntan más a un desplazamiento que a una interrupción del tráfico.

“Una de las cosas que hemos visto desde que comenzaron los ataques es que ha habido un aumento de vuelos no registrados que se dirigen hacia el este a través del espacio aéreo de Guyana”, señala.

“Esto podría indicar un incremento de vuelos con droga que salen de Venezuela y se dirigen hacia Guyana, Surinam o Brasil, que es una ruta de salida común para los cargamentos de cocaína con destino a Europa”, añade.

Papadovassilakis señala que otro foco donde se ha observado un aumento del tráfico es la Amazonía entre Colombia y Venezuela. Se trata de una región con una extensa red de ríos y una densa vegetación selvática, lo que la convierte en un corredor ideal para mover droga de forma discreta.

“Si solo se ataca una forma de transporte en una ruta específica, se puede cerrar una puerta”, afirma. “Pero quedan muchas otras abiertas que las redes criminales pueden explotar simplemente desviando los envíos por otros caminos”.

El investigador también subraya que, incluso antes de que comenzaran los ataques de EE.UU. en el Caribe, la mayor parte de la droga que llegaba a ese país ya transitaba por el Pacífico, no por el Caribe, y gran parte de ese tráfico se mueve en contenedores dentro de buques comerciales, un método que no ha sido afectado por las operaciones estadounidenses.

Diversificación de tácticas

Pero el cambio no es sólo geográfico. Las tácticas también han tenido que ser diversificadas.

Adam Isacson, de la Oficina de Washington para América Latina, afirma que posiblemente los narcotraficantes estén usando un mayor número de pequeñas embarcaciones haciendo paradas a lo largo de la costa en países centroamericanos como Costa Rica.

“También podrían haber recurrido a un mayor uso de contenedores de carga, como los que utilizan para transportar droga hacia Europa, así como a rutas terrestres. Podrían estar empleando más narcosubmarinos semisumergibles, torpedos operados por drones y hasta aeronaves”, añade.

Los narcosubmarinos son vehículos semisumergibles que apenas sobresalen del agua y que permiten transportar toneladas de droga a largas distancias con menor riesgo de ser interceptados.

Este tipo de embarcaciones suelen ser utilizadas para intentar transportar cocaína a través del Atlántico desde Sudamérica, consolidándose como una alternativa a las lanchas rápidas.

Sin embargo, aclara que el método más común sigue siendo el conocido como rip-on/rip-off , en el que la cocaína se monta en los contenedores después de haber pasado los controles de seguridad en los puertos y se saca poco antes de que llegue al destino.

Esto permite que las redes criminales eviten que se detecte la droga sin tener que recurrir a técnicas más complejas.

Aun así, añade, los grupos criminales están experimentando cada vez más con métodos químicos avanzados, como cocaína camuflada en cargamentos legales, disuelta en líquidos o mezclada con cemento o metales, que son más difíciles de detectar.

Geoff Ramsey, analista del Atlantic Council, afirma que uno de los principales problemas para evaluar el impacto de las operaciones de EE.UU. en el Caribe es la falta de datos sólidos, pero coincide en que el grueso del narcotráfico sigue moviéndose a través de cargamentos más grandes y menos visibles.

“Es difícil tener una imagen completa del impacto de estas operaciones sin entender cuánto de la cocaína se está moviendo fuera de estas pequeñas embarcaciones, especialmente en el comercio marítimo tradicional”.

‘Aplica fricción, pero no es la solución’

Los expertos coinciden en que las operaciones en el Caribe no están golpeando el núcleo del narcotráfico.

“En última instancia, se trata más de enviar un mensaje que de detener por completo el flujo de drogas”, señala Ramsey.

Isacson va más allá y las describe como “una molestia menor” para las redes criminales, que cuentan con márgenes suficientes para adaptarse, asumir mayores costos y redirigir sus envíos.

El énfasis en el Caribe podría también estar ignorando rutas más relevantes. Antes incluso del inicio de la campaña, solo alrededor del 20% de la cocaína con destino a EE.UU. transitaba por esta región, mientras que la mayor parte lo hacía por el Pacífico.

“Esto aplica fricción, pero no es la solución”, resume Isacson, citando a autoridades militares estadounidenses.

A largo plazo, ambos coinciden en que el problema es estructural y requiere otro tipo de respuesta.

Ramsey apunta a la necesidad de reforzar los controles sobre el comercio marítimo y la cooperación internacional, mientras que Isacson sitúa el foco en la corrupción.

“El narcotráfico prospera gracias a la complicidad no investigada ni castigada entre funcionarios y redes criminales”, asegura.

Precisa que en países como Venezuela existen puntos clave, como carreteras, ríos y zonas de tránsito, que podrían ser controlados, pero donde la conspiración entre funcionarios y redes criminales facilita el paso de la droga.

Sin abordar esos factores, concluyen, las rutas podrán cambiar, pero el flujo difícilmente se detendrá.

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Los cambios apuntan a evitar la “elusión fiscal”, es decir, que las empresas usen mecanismos para lograr la reducción de impuestos o evitar el pago de los mismos tanto en Panamá como en sus países de origen, una norma que se ha pedido por años la Unión Europea y otros foros para sacar a Panamá de la lista de paraísos fiscales, además de otros temas.

La reforma planteada por el MEF creará un nuevo Capítulo I-A en el Código Fiscal, denominado “Reglas de Sustancia Económica para Rentas Pasivas”, que obliga a las empresas a demostrar presencia económica real en Panamá para mantener el tratamiento fiscal favorable de estas rentas.

El proyecto también introduce la definición de rentas pasivas gravadas de manera excepcional, incluyendo dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias, cuando las entidades no cumplan con los requisitos establecidos.

La medida incorpora reglas más estrictas de control y tributación e incluso aplicará el cobro de un impuesto para quienes incumplan.

“La renta pasiva está referida a los ingresos que no requieren una actividad operativa intensa para generarse. Por ejemplo: dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital o rentas inmobiliarias. A diferencia de actividades como comercio, manufactura o servicios, cuyas rentas pueden estructurarse con relativa facilidad sin necesidad de una presencia física relevante”, explicó el experto en fiscalidad internacional, Luis Ocando, quien es director de Deloitte Panamá.

Asimismo, el proyecto de reforma del Código Fiscal del MEF, crea la figura de la “entidad no calificada”, que aplicará a aquellas empresas que no acrediten o certifiquen una sustancia económica o incumplan sus obligaciones de información. Estas entidades deberán pagar un impuesto del 15% sobre la renta bruta generada en Panamá.

José Luis Galíndez, experto tributarista internacional y presidente de IFA Panamá, señala la incorporación del artículo 707-D al Código Fiscal, el cual estipula una tarifa del 15% sobre la renta obtenida, es una decisión correcta para la transparencia fiscal del país.

Explica que esta tasa guarda sintonía con el Impuesto Mínimo Global propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a las empresas multinacionales, al incorporar una regla de inclusión de ingresos sobre las rentas pasivas.

Luis Ocando, socio director de Deloitte en Panamá, agregó que ese 15% se aplica precisamente en aquellos casos donde existe una desconexión entre la renta y la actividad económica real que ejercen en el país.

“Cuando una entidad en Panamá recibe estas rentas pasivas de fuente extranjera pero no cuenta con sustancia económica suficiente en el país para justificar ese tratamiento fiscal. En ese escenario, la ley introduce este impuesto como mecanismo correctivo”, resaltó Ocando.

Aclaró que esta tasa o impuesto no es una medida general para todas las empresas, sino que está dirigida principalmente a entidades que forman parte de grupos multinacionales y que obtienen este tipo de rentas pasivas desde Panamá.

“Sería deseable confirmar expresamente que dicho gravamen constituye el impuesto definitivo aplicable, sin generar cargas adicionales como el impuesto de dividendos”, dijo Ocando sobre la reforma que ahora entrará en debate en la Asamblea Nacional.

El director de Deloitte considera relevante que el proyecto tenga ciertos ajustes —principalmente a nivel reglamentario— que ayuden a garantizar claridad, proporcionalidad y seguridad jurídica en su aplicación.

Ocando considera que debe aclararse que aquellos regímenes especiales que ya cumplen con requisitos de sustancia y reportan a sus respectivos entes reguladores mantengan ese canal de supervisión, evitando duplicidades innecesarias.

José Luis Galíndez, por su parte, indica que el proyecto introduce la obligación de presentar una declaración de renta para los grupos multinacionales constituidos o domiciliados en Panamá. “Desde mi perspectiva, este proyecto presenta mejoras sustanciales respecto al texto inicial y constituye el punto de partida indispensable para que el país pueda salir de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea en octubre”, sostuvo Galíndez.

Requisitos de sustancia económica

Para ser consideradas “entidades calificadas”, las compañías deberán demostrar en territorio panameño:

• Personal calificado y adecuadamente remunerado.
• Instalaciones físicas apropiadas.
• Toma de decisiones estratégicas dentro del país.
• Costos y gastos operativos vinculados a la generación de la renta.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que la reforma al Código Fiscal reafirma el principio de territorialidad, pero introduce un cambio clave: los beneficios de no gravar rentas de fuente extranjera estarán condicionados a que exista actividad económica real en Panamá.

Según la exposición de motivos, la medida busca evitar el uso de estructuras sin sustancia que aprovechan el sistema fiscal sin generar valor en el país, alineando así el modelo panameño con estándares internacionales y protegiendo su reputación como jurisdicción transparente.

El proyecto permite la tercerización de actividades, siempre que estas se realicen completamente en Panamá y bajo supervisión de la entidad correspondiente.

Más fiscalizaciones

El proyecto establece nuevas obligaciones de reporte, incluyendo la presentación anual de información detallada sobre rentas pasivas y sustancia económica.

Finalmente, se propone una modificación del concepto de establecimiento permanente, ampliando los criterios para determinar cuándo una empresa extranjera opera en Panamá y debe tributar en el país.

El MEF plantea que la propuesta busca fortalecer el sistema tributario, mejorar la transparencia y responder a exigencias internacionales, con la intención de proteger la reputación del país y facilitar la salida de listas de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal como la llamada lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.

El país debe demostrar al bloque de países europeos que la ley fue reformada, con junio como fecha clave, para que entre en vigencia, y que se evalúe su aplicación para poder ser excluidos de la lista de paraísos fiscales en octubre de este año.