La discusión sobre la ética en el MEDUCA suele contaminarse con exageraciones, generalizaciones y excusas que, lejos de aclarar el problema, lo distorsionan. Decir “todos son corruptos” es falso; afirmar “aquí no pasa nada” también lo es. La realidad es más incómoda: existe una convivencia tensa entre prácticas correctas e incorrectas, donde lo ético no siempre tiene respaldo y lo indebido no siempre recibe sanción. Ese desequilibrio, sostenido en el tiempo, es el verdadero problema.

Para evitar confusiones, conviene desmontar, desde el inicio, algunos errores de razonamiento frecuentes. Que una conducta se repita no la convierte en válida: la frecuencia no es legitimidad. Tampoco existe una causa única que explique la crisis; reducirla a “los de arriba” o “los de abajo” es simplificar un fenómeno que es estructural. Y, sobre todo, el “juega vivo” no es una forma de inteligencia práctica, sino una distorsión ética que erosiona la confianza. Nombrar estas ideas con precisión no es un detalle académico: es lo que permite entender el problema sin maquillarlo.

El respeto, que debería ser el punto de partida, se ha vuelto negociable. Hay directores que ejercen la autoridad sin una rendición de cuentas efectiva, donde la línea entre liderazgo y presión indebida se diluye peligrosamente. Cuando aparecen prácticas como el hostigamiento, las evaluaciones selectivas o las represalias, no estamos ante estilos distintos de gestión, sino ante fallas éticas verificables que afectan el clima laboral y el desempeño docente.

En paralelo, algunos padres de familia han asumido un rol que desarticula el proceso educativo. Defender a un hijo no implica desautorizar al docente ni convertir cada corrección en conflicto. Cuando eso ocurre, el mensaje que recibe el estudiante es claro: la norma depende de quién la cuestione. Sin coherencia entre hogar y escuela, la educación pierde fuerza.

Dentro del propio gremio, el problema tampoco desaparece. El irrespeto entre colegas, el rumor y el “juega vivo” funcionan como un desgaste constante. No son hechos aislados, sino prácticas que, al repetirse, generan un patrón. Y los patrones, en ética, importan más que los discursos. Una profesión que forma no puede sostenerse sobre conductas que contradicen lo que enseña.

A esto se suma una realidad que no admite matices: la persistencia de actitudes discriminatorias, incluida la homofobia. En un sistema educativo, cualquier forma de exclusión por identidad u orientación es incompatible con su propósito. La falta de respuestas claras frente a estos casos no es neutralidad; es permisividad.

Sin embargo, afirmar todo lo anterior no implica desconocer una verdad clave: dentro del MEDUCA hay docentes y administrativos éticos, consistentes, que cumplen y sostienen principios, incluso cuando eso les genera costos. No son una excepción irrelevante; son la evidencia de que la ética sí es posible en la práctica.

El problema es que, en muchos casos, no son protegidos con la firmeza que debería caracterizar a la institución. Cuando alguien actúa con rectitud en un entorno permisivo, se vuelve incómodo. Y esa incomodidad, en lugar de ser corregida desde la institución, a veces se traduce en presión, aislamiento o desgaste. No toda crítica es persecución, pero cuando las acciones se concentran de manera selectiva y reiterada, dejan de ser coincidencia y se convierten en un patrón preocupante.

Aquí entra un elemento que no puede omitirse: los representantes del sistema —autoridades y estructuras administrativas— no han logrado erradicar estas prácticas, no por falta de normas, sino por falta de aplicación consistente. Existen lineamientos, protocolos y discursos, pero su ejecución es irregular. El problema no es la ausencia de reglas, sino la debilidad para hacerlas cumplir de manera equitativa.

Y hay una arista aún más incómoda: un sistema fragmentado se controla mejor que uno cohesionado. La división interna —entre docentes, entre niveles y entre posturas— termina favoreciendo la inercia. “Divide y triunfarás” no es una teoría conspirativa; es una lógica conocida de gestión del conflicto. Lo verdaderamente contradictorio es que, siendo un gremio formado por profesionales del pensamiento crítico, no logremos articular respuestas colectivas capaces de establecer límites claros. No por falta de capacidad, sino por dispersión.

Aun así, sería incompleto ubicar toda la responsabilidad en la estructura. El sistema también se reproduce desde la base. Cada vez que se normaliza el incumplimiento, se acepta una ventaja indebida o se guarda silencio ante una injusticia evidente, se contribuye a sostener aquello que se critica. No es una cuestión de culpas individuales, sino de coherencia colectiva.

La solución, por tanto, exige precisión. En el plano institucional: procesos de denuncia que funcionen, protección real contra represalias, evaluaciones con criterios públicos y verificables y sanciones consistentes. En el plano profesional: cumplimiento, respeto, rechazo al “juega vivo” y compromiso con estándares éticos, incluso sin supervisión directa. No es idealismo; es una condición mínima de credibilidad.

La ética no es un ideal inalcanzable ni un acto heroico reservado a unos pocos. Es una práctica verificable. Mientras se siga tratando como discurso y no como norma aplicada, el problema persistirá. No por falta de diagnóstico, sino por falta de decisión.

Y aquí queda la pregunta que incomoda, pero que no se puede seguir evitando: ¿cómo vamos a cambiar el país si ni siquiera somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos?

La autora es profesora de filosofía.

Pero, ¿qué es el fenómeno de El Niño? De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Este calentamiento modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en muchas regiones del mundo.

¿Se aproxima un evento de El Niño? Según recientes pronósticos internacionales, se apunta a una creciente probabilidad de que el fenómeno se desarrolle durante la segunda mitad de 2026. Aunque se observan condiciones neutras en el Pacífico tropical, organismos como la NOAA de Estados Unidos señalan que El Niño podría emerger entre mayo y julio y mantenerse hasta finales del año, lo que debería activar las gestiones de institutos, autoridades y centros en materia de gestión hídrica, enfocados en los posibles efectos en Panamá.

¿Qué representa esto para los panameños? Aunque la temporada seca de 2026 ha sido irregular, con lluvias, caudales y niveles de embalses con niveles rebosantes, un evento de El Niño podría cambiar el escenario, con la posibilidad de reducciones de lluvias en zonas vulnerables, especialmente en territorios ya expuestos a estrés hídrico. La experiencia reciente ha mostrado que los eventos cálidos del Pacífico pueden agravar condiciones de sequía en buena parte de la región. La OMM reportó que durante 2023 el impacto combinado de El Niño y temperaturas elevadas contribuyó a sequías intensas en amplias zonas de América Latina, incluida gran parte de Centroamérica.

No olvidemos las memorias de los efectos de El Niño: década tras década, sus impactos son cada vez mayores. Por ejemplo, en 2023 se registró el octubre más seco desde 1950, de acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá, con aproximadamente 40% menos de lluvia de lo normal. Esto obligó a imponer restricciones operativas para proteger las reservas de agua que sostienen tanto el tránsito marítimo como el suministro para más de la mitad de la población del país. En conjunto, la evidencia muestra que en Panamá El Niño no solo intensifica la sequía en la vertiente del Pacífico y en el Arco Seco, sino que también genera impactos económicos, agrícolas, ambientales e hídricos a escala nacional: un fenómeno que modifica el día a día del panameño.

Los efectos de El Niño no solo se miden en los volúmenes de agua. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático señala que las sequías en el Corredor Seco de Centroamérica se proyectan más severas a lo largo del siglo XXI, mientras que la literatura regional reporta escenarios con reducciones importantes de lluvia en la región.

No obstante, ¿cómo debe responder Panamá a este fenómeno? El país debe hacerlo con una estrategia de anticipación, ahorro y adaptación, no solo con medidas reactivas cuando la sequía ya está instalada. Recordemos el escenario vivido en 2023: mientras la Autoridad del Canal de Panamá reducía el número de tránsitos diarios y cuantificaba el uso del agua dentro de sus operaciones, la ciudad de Panamá no enfrentó restricciones en el servicio de agua potable ni estuvo acompañada de una gestión hídrica visible por parte de las autoridades gubernamentales de ese momento.

En términos operativos, Panamá debe mejorar su vigilancia hidroclimática, gestionar la demanda de agua y proteger y recuperar las cuencas abastecedoras, asegurando su disponibilidad en cantidad y calidad. Además, se debe planificar por sectores, garantizando el buen funcionamiento de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales en zonas vulnerables.

Lo más importante es fortalecer una verdadera institucionalidad del agua y del clima que permita garantizar, de manera efectiva, la seguridad hídrica de la población, incluso en uno de los países más lluviosos del planeta, ante la presencia recurrente del fenómeno de El Niño. La mejor respuesta no es esperar a que falte el agua, sino reducir desde ahora la vulnerabilidad del país ante sequías más severas y recurrentes.

El autor es doctor en recursos hídricos y cambio climático.

En Ucrania se derrama sangre apuntando indiscriminadamente a las poblaciones para rendirlas por emaciación, como se hizo en Gaza un escudo de cadáveres y ruinas, como si hacerlos saltar al aire, hechos flecos humanos destrozados, fuera un argumento por la paz. Los odios y la codicia reinan y, mientras derraman sangre, les llenan sus manos. En Latinoamérica se asesinaron presidentes y estudiantes, se diezmó la juventud y los sueños por dignidad y libertad cuando salieron a las calles por las patrias mancilladas. Detrás y, no pocas veces visibles con propósitos de amedrentar, están los intereses económicos y las finanzas para la guerra del vecino de más al norte, mientras entierra en su país la ayuda higiénica y social de su población más abandonada.

“Las guerras que manchan el momento actual con sangre son el fruto de la idolatría al poder y al dinero”, ha dicho el Papa de los católicos, precisamente a “católicos” de cruz en el pecho y rosarios en las muñecas, talibanes del catolicismo de nombre, mientras, como ha dicho alguien más, “están a punto de lanzar su propia inquisición evangélica”. Usar el nombre de Jesús para justificar el atropello indigno a personas por el solo rastro en sus rostros, o pedir a los conciudadanos que doblen las rodillas y recen cada día para vencer en las guerras, solo cabe en el léxico profano de los extremistas, en los deseos y propósitos de dominación de quienes desconocen el catecismo católico y la vida de Jesús.

Mientras a la Luna se la observa desde órbitas insospechadas, hay algunos que le quieren hundir su bandera, como se la hunden a lejanos países por sus riquezas minerales o estratégicas y, no muy lejos, en nuestro continente. “Me basta con quedarme con el petróleo”, se puede decir cuando el propósito es hacerse más rico, lucir más oro y doblegar más mundo. “Cómo me gusta el Canal”, el chiste que usan para doblegar o para acariciar el espíritu de entre los nuestros, los que más riquezas quieren.

En la Sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, el holocausto judío resucitó para hacer de las cenizas de incineradoras, los hornos para los crímenes de la humanidad, como los bautizara Hersh Lauterpacht, y de los genocidios, el vocablo que Rafael Lemkin hiciera nacer entonces. No han pasado ni 80 años de aquel 1 de octubre de 1946, y ya los líderes de los países grandes y poderosos se han olvidado de que hoy existe el mecanismo para ser juzgados por un tribunal internacional.

Quizás encuentren otro Walther Rauff que les aconseje, como hizo con Augusto Pinochet, sobre cómo escapar de las autoridades, cuando se encontraron “en el número 38 de la calle Londres, en Santiago”. “No por tontos y diminutos, menos malos”, diría Irene Solá.

La muerte, que nos acecha internamente, también nos acecha externamente, recuerda el Papa León XIV: “la vemos presente en las injusticias, en los egoísmos partidistas, en la opresión de los pobres, en la escasa atención hacia los más frágiles, en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva en todas partes a causa de los abusos que aplastan a los más débiles, ante el hambre de lucro que saquea los recursos de la tierra, ante la violencia de la guerra que mata y destruye.”

El autor es médico.

La pregunta que resurge es inevitable: ¿por qué tanta gente en Panamá Oeste tiene que cruzar a diario hacia la capital para trabajar, consumir y acceder a oportunidades?

La respuesta es incómoda, pero clara: porque en Panamá Oeste se construyeron miles de viviendas, pero no se construyó ciudad.

Durante las últimas dos décadas, la región ha vivido una transformación acelerada. Lo que antes era en gran parte monte —y también una constelación de asentamientos informales con acceso limitado a servicios— hoy es un extenso tejido de urbanizaciones. Sin embargo, ese crecimiento ha sido profundamente incompleto.

Panamá Oeste ha absorbido a una clase media emergente que ha salido de barrios pobres e informales y que no encuentra una oportunidad céntrica para vivir el sueño panameño de la casa propia con patio, auto y garaje. Pero ese sueño vino con letra menuda: un territorio fragmentado, lleno de barriadas cerradas y desconectadas, donde incluso tareas básicas implican subirse al carro y salir a la carretera. Cuando la movilidad depende de unos pocos corredores, cualquier disrupción se convierte en crisis.

El problema de fondo no es la falta de gente ni de recursos. Es estructural: en Panamá Oeste la gente vive, pero su trabajo, su consumo y sus oportunidades siguen concentrados en la ciudad de Panamá. El Oeste funciona como dormitorio, no como ciudad.

¿Por qué ocurre esto? Porque la forma urbana lo impide.

Las barriadas tipo enclave —con una sola entrada y salida— reducen la interacción entre personas. Y sin interacción, no hay economía local vibrante. Menos conexiones implican menos flujo; menos flujo, menos clientes; y sin clientes suficientes, el comercio no prospera. A esto se suma la baja densidad y la separación estricta de usos, lo que debilita aún más la posibilidad de generar empleo cercano.

A esto se suma una pieza crítica: el transporte público. Sin un sistema eficiente de rutas troncales —de alta capacidad— conectado a redes alimentadoras que penetren los barrios, la movilidad queda atrapada en el automóvil. Sin transporte estructurado, no hay accesibilidad real ni condiciones para que surjan economías locales dinámicas.

Pero el problema no termina ahí. Incluso dentro de urbanizaciones formales, persisten carencias básicas: agua intermitente, alcantarillado incompleto o infraestructuras que nunca se entregan plenamente al Estado. No solo se urbaniza sin integrar, sino también sin consolidar.

Sin embargo, sería un error ignorar por qué este modelo resulta atractivo. La separación de usos y el diseño de barriadas cerradas responden a demandas legítimas: tranquilidad, seguridad, privacidad y, en muchos casos, preservación de estatus. Para muchas familias, estos entornos ofrecen orden frente a la incertidumbre de la ciudad tradicional.

El problema es que lo que funciona a escala del hogar falla a escala del territorio. Cuando este modelo se replica masivamente, genera costos colectivos: menos conectividad, menor interacción económica y mayor dependencia del automóvil.

El resultado es un territorio donde casi toda actividad relevante depende de desplazamientos largos. No es casualidad que, tras lo ocurrido en el Puente de las Américas, la conversación pública haya girado hacia el tranque y la falta de empleo local. Son el mismo problema.

Las ciudades que funcionan acercan oportunidades: empleo, educación, salud y ocio de calidad. Esa proximidad depende, en gran medida, de sistemas de transporte que reduzcan tiempos y amplíen la accesibilidad.

Pero hay un problema aún más profundo: los incentivos institucionales. Los municipios ordenan el territorio, pero no capturan plenamente los beneficios económicos de ese ordenamiento. La recaudación se concentra a nivel central, debilitando el incentivo para atraer empresas o densificar.

En este contexto, la discusión actual sobre reformas a la Ley de Descentralización en la Asamblea Nacional es una oportunidad clave. Incorporar mecanismos de captura de valor permitiría que municipios y juntas comunales se beneficien directamente del desarrollo en sus territorios, haciendo visible en los barrios el resultado de los impuestos que allí se generan.

Sin esa conexión, ordenar seguirá siendo políticamente costoso y fiscalmente irrelevante.

¿Qué se puede hacer?

Primero, hay que conectar barrios con calles completas: vías pensadas para la gente —aceras continuas, sombra, cruces seguros— y no solo para los carros.

Segundo, estructurar un sistema de transporte público integrado: corredores troncales de alta capacidad, complementados por rutas alimentadoras que conecten las barriadas con estaciones y centros urbanos.

Tercero, crear centralidades con densidad y mezcla de usos alrededor de esas estaciones.

Cuarto, alinear los incentivos fiscales para que los municipios se beneficien del desarrollo que promueven.

Pero incluso si todo esto avanza, hay que decirlo con claridad: podrán construir más puentes y ampliar corredores, pero nada de eso resolverá el tranque si no se corrige el modelo de fondo.

De hecho, parte de la solución también pasa por la ciudad de Panamá. Reducir la presión sobre sus accesos requiere desincentivar el uso del automóvil en el centro mediante herramientas como un impuesto por congestión y un sistema eficiente de cobro por estacionamiento. Pero esto solo será políticamente viable si esos recursos se reinvierten directamente en mejorar el transporte público metropolitano, fortaleciendo sistemas integrados que reduzcan la dependencia del automóvil en toda la región.

La oportunidad está abierta hoy, en la Asamblea y en la planificación de la ciudad.

Panamá Oeste ya logró atraer población. El reto ahora es convertirse en ciudad.

Porque, si una sola explosión puede paralizar toda una región, el problema no es el incidente: es el modelo.

El autor es arquitecto y urbanista.

El credo libertario descansa sobre este pilar central: ningún individuo ni grupo de hombres puede iniciar el uso o la amenaza de la violencia física contra la persona o la propiedad de nadie. De este axioma se deriva el derecho natural más elemental, que es el de la “propiedad de uno mismo”, es decir, el derecho absoluto a controlar nuestro propio cuerpo libre de interferencias coercitivas. Al reconocer esta soberanía individual, deslegitimamos de inmediato la tiranía del Estado, el cual actúa crónicamente como el agresor supremo y avasallador de nuestros derechos. Aunque algunos justifiquen las pseudosoluciones gubernamentales como un “mal menor” utilitarista, para el libertario coherente la realidad es innegable: la guerra equivale a un asesinato masivo, el servicio militar obligatorio es esclavitud y los impuestos no son más que un robo institucionalizado. Sin embargo, el hombre no es un espíritu flotante; para sobrevivir y prosperar, requiere transformar los recursos de la naturaleza mediante su esfuerzo y trabajo. Es así como la autopropiedad se extiende ineludiblemente a los bienes materiales, naciendo el derecho a poseer, regalar o intercambiar libremente estos títulos de propiedad con otros individuos. La economía de libre mercado no es otra cosa que esta inmensa red de intercambios voluntarios y mutuamente beneficiosos. Y aquí radica una máxima inquebrantable de nuestra ideología: donde entra el verdadero comercio libre de intervenciones estatales y la libre empresa, no entran las balas. Las personas, organizándose de forma voluntaria, siempre logran el mejor resultado para todos los involucrados. Asimismo, Rothbard nos advierte sobre la falacia de los socialdemócratas que intentan separar los “derechos humanos” de los “derechos de propiedad”. Ambos son indisolubles; los derechos de propiedad son absolutamente esenciales para salvaguardar los derechos humanos. No puede existir libertad de prensa, por ejemplo, si el gobierno es el dueño de todo el papel y de las imprentas. Incluso el manido argumento de que nadie tiene derecho a gritar falsamente “fuego” en un teatro lleno no justifica que el Estado restrinja la libertad de expresión en nombre del “interés público”; en realidad, quien comete ese acto es un criminal porque viola mediante el fraude los derechos de propiedad del dueño del teatro y sus clientes, alterando el contrato voluntario.

Los panameños debemos comprender que encomendar nuestra prosperidad al paternalismo estatal es una condena al fracaso. El verdadero desarrollo exige abolir la coacción institucional, defender la propiedad y confiar en el orden espontáneo del mercado libre. Solo respetando de forma absoluta la libertad económica alcanzaremos nuestro máximo potencial humano.

El autor es analista independiente.

Este año, la histórica Marcha por la Ciencia en Panamá cumple una década. Son diez años de investigadores locales haciendo magia pura con fondos muy limitados, migajas presupuestarias y un esfuerzo monumental. Aun así, salen a las calles para educarnos y exigir que el país avance con evidencia comprobable. El lema oficial es un golpe de realidad: “La ciencia como motor sostenible del país“. Pero ¿estamos alimentando ese motor o lo estamos dejando morir por pura ignorancia?

A los líderes políticos que aprueban leyes y prometen un supuesto progreso: su legado no se medirá por cuántas cintas corten, sino por cómo enfrentan la crisis climática, social e hídrica actual. Los discursos vacíos ya no engañan a nadie hoy. Si quieren gobernar el Panamá que viene, su lugar no es la comodidad del escritorio, sino en garantizar financiamiento real, concreto, y en marchar codo a codo con quienes descubren las verdaderas soluciones.

A los maestros y a los profesores: ustedes son los cimientos del país. En sus aulas conviven los próximos biólogos, ingenieros y pensadores críticos que salvarán nuestro ecosistema. Motiven a sus estudiantes, llévenlos a marchar. Enséñenles que la ciencia no es solo tragar textos de memoria; es alzar la voz, exigir los recursos justos, cuestionar la autoridad y tomar las riendas de su propio destino.

Cumplir diez años no es solo la celebración de un aniversario: es un ultimátum ciudadano innegociable. La apatía es el peor enemigo del progreso nacional. Por eso, este llamado urgente es para ti. La ciencia no es un privilegio intelectual; es el agua que bebes, la comida en tu mesa y el aire que respiras todos los días.

El futuro sostenible de Panamá no llegará por arte de magia ni por pura inercia. Nos toca defender el verdadero motor nacional, apoyando a nuestra gente. ¡Nos vemos este domingo 19 de abril en el Biomuseo!

El autor es médico epidemiólogo, investigador en salud pública e integrante de Ciencia en Panamá.

El problema mundial, al cual Panamá no escapa, es estructural. La economía moderna depende del petróleo como la bolsa de valores de Panamá depende del endeudamiento. Ambos son motores invisibles, pero difieren en que la deuda puede crearse de la nada y el petróleo no, y ahí reside la verdadera fragilidad del sistema actual.

Roma, España, Francia e Inglaterra nunca fueron invadidas durante su época de esplendor imperial, pero sus propias malas decisiones llevaron a la pérdida del poder y posterior caída. Históricamente, la presión fiscal y la inflación han sido factores más determinantes que las propias campañas militares directas en el fracaso de los imperios.

Cuando parecía que la inflación había sido controlada, el mundo vuelve a tropezar con la misma piedra. Después de haber aumentado un 10% a finales de 2022, impulsada por los costos del COVID-19, los subsidios y el incremento del costo energético derivado de la invasión rusa a Ucrania, la inflación de las “grandes economías endeudadas de primer mundo” cayó cerca de 2% este año. Los bancos centrales celebraron con anticipación y creyeron haber inmovilizado al depredador.

El costo de la vida ya estaba lo suficientemente elevado como para “mudarse de planeta”, para que la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán volviera a sacudir los mercados energéticos. Y su resultado inmediato y letal: el petróleo vuelve a subir y, con él, la asequibilidad de la canasta básica de alimentos.

Cuando la energía sube, todo aumenta, menos los salarios. El problema no es solo el precio del barril de petróleo, sino el efecto dominó. Existen estimaciones que pronostican que niveles sostenidos cercanos a 140 dólares por barril podrían empujar a varias economías hacia una recesión. En ese momento, las empresas pierden dinero, los consumidores recortan gastos y dejan de pagar impuestos, y al final la economía se enfría. Lo que realmente nos debe preocupar no es la recesión inmediata, sino el vertiginoso regreso de la inflación.

Los hidrocarburos tienen una relación directa y mecánica con los precios. Cada aumento sostenido se filtra lentamente en toda la economía. Hoy, las expectativas inflacionarias vuelven a subir y esta vez los gobiernos tienen menos margen para maniobrar. Ya la población panameña se encuentra irritada por la mala prestación de los servicios de educación y salud, debido a la consolidación fiscal del régimen proempresarial, como para aumentar los impuestos o usar el dinero del Canal de Panamá para exonerar a los amigos del poder del cobro del ITBMS. Panamá está en un punto de inflexión en su capacidad de pago de deuda.

Peor aún, las empresas han aprendido la lección de la última crisis inflacionaria. Saben que pueden traspasar al consumidor panameño los costos sin demasiada resistencia. En el régimen proempresarial, la inflación podría arraigarse con más facilidad que en gobiernos anteriores.

El problema no es teórico, es palpable en los precios de las gasolineras en Panamá. Indicadores alternativos en el mundo muestran que la inflación global está aumentando con rapidez.

En todo el mundo, cuando la inflación golpea, los gobiernos suelen intervenir con subsidios o alivios fiscales. Esas posibilidades no se encuentran disponibles en la mentalidad de la aristocracia panameña en su proyecto autoritario de rescate macroeconómico (RM) a paso firme, ya que su gestión no será puesta al escrutinio del pueblo panameño, ya sea por partido político o candidato electoral en el 2029, dejando el portón abierto para que los enemigos de la prudencia fiscal y los populistas lleguen fácilmente a la silla presidencial.

Las protestas internas o guerras no solo encarecen la energía. También deterioran las finanzas públicas de un país. Y ese daño, a diferencia del precio del petróleo, no se corrige en meses. Se arrastra durante años.

Durante años, la economía panameña ha vivido sostenida por una expansión artificial de la deuda que permitió mantener el consumo, financiar el clientelismo electoral, maquillar desequilibrios y hacer millonarias a las consultoras de gestión, generando una ilusión peligrosa: la de riqueza sin respaldo real. El actual gobierno, con sus políticas expropiadoras de un sistema «neopatrimonial», está viendo cómo se desvanece la ilusión macroeconómica frente a sus ojos, sin el respaldo del pueblo panameño y comprometiendo a la nación a mediano y largo plazo.

En el rescate macroeconómico del régimen proempresarial y su supuesta consolidación fiscal, en búsqueda del cambio de una economía colonial extractivista a una cleptocrática “pseudo laissez-faire”, se deja a los panameños a su suerte, provocando que dejen de estudiar y cuidar su salud, ampliando la brecha de desigualdad en Panamá, reduciendo la movilidad social e ignorando los efectos negativos de la destrucción creativa del paso firme —en particular, la pérdida del poco empleo que quedaba—.

Estados Unidos acumula una deuda superior a los 38 billones de dólares. El costo de los intereses ya supera el gasto militar. Los sistemas estadounidenses de seguridad social enfrentan insolvencia en el corto plazo, y aun así, Trump se involucró, sin el Senado, en un nuevo conflicto bélico que le cuesta miles de millones de dólares cada semana. Mulino hizo lo mismo en Panamá: a pesar de que el mercado nos quitó el grado de inversión por expropiaciones recurrentes, se lanzó sin aliados a una guerra comercial contra China Popular. El costo de los litigios de los puertos de Cristóbal y Balboa es al menos cinco veces más caro que la mina de cobre que tanto criticaba el régimen proempresarial.

La guerra destruye vida y riqueza. Y lo hace de dos maneras simultáneas: primero, consume recursos de la economía real —energía, trabajo y capital—. Todo lo que se usa en la guerra desaparece sin generar valor productivo. Segundo, se financia con deuda, es decir, con futuras promesas que comprometen aún más la estabilidad económica. Es una combinación letal.

El cierre del estrecho de Ormuz, pese a las negociaciones previas de Steven Witkoff y Massad Boulos con Irán y Hamás, sería el equivalente energético de los mercados a suspender totalmente el crédito en Panamá: empresas quebrando, pérdida de empleos y un crecimiento económico solo para los donantes de campaña.

Los imperios no caen repentinamente; se desgastan, se endeudan, se sobreextienden y finalmente colapsan cuando la economía real choca contra el espejismo de la economía financiarizada y las “macro señales” que ellos construyeron con la especulación. Algunos imperios caen por la espalda, los imperios de las consultoras de gestión caen por su lengua y otros caen por el peso de sus propias deudas.

Una combinación que rara vez termina bien es la guerra en un frente externo y el aumento de deuda en un frente interno.

Los imperios no son eternos y, cuando enfrentan simultáneamente el costo de la guerra y el peso de la deuda, su destino deja de ser una posibilidad y se convierte en una caída certera. Estamos viviendo los últimos días en que Panamá era llamada la Dubái de América Latina.

El es médico sub especialista.

Esta idea nos lleva a inferir que acción, jurisdicción y proceso son tres elementos indisolubles, por cuanto uno es consecuencia del otro y viceversa. Lo planteo en forma de preguntas: ¿quién?, ¿cómo y dónde? El quién alude a la acción, es decir, al derecho ciudadano a exigir una tutela judicial efectiva, y en lo penal, específicamente, proviene de la facultad constitucional del Estado de perseguir y castigar los delitos, aunque en algunos casos el particular tiene la facultad de dar inicio al proceso (querella).

El cómo hace referencia al proceso, esto es, la forma, la manera, las reglas en que se pretende resolver el conflicto o lograr la satisfacción de la comunidad reprimiendo una conducta socialmente inaceptable. El dónde involucra el lugar en que se llevará a cabo el proceso iniciado por alguien: los tribunales de justicia.

En consecuencia, este escenario contiene tres pilares: el que inicia el proceso, el cómo y el dónde en que se va a surtir. La ausencia de uno de estos tres elementos, evidentemente, viciaría el proceso. Sin acción, obviamente, no se daría inicio al proceso; faltaría la llave que pone en movimiento todo el engranaje de la justicia, lo cual solo es posible en una sociedad perfecta, pero, como es obvio, no hay sociedad sin conflictos ni delitos.

Sin proceso, no habría reglas para decidir la disputa y todo se resolvería de la forma menos deseable: haciendo justicia por la propia mano. Y sin jurisdicción, no existiría un tercero imparcial que decidiera en uno u otro sentido, dando a cada uno lo que le corresponde, la esencia de un Estado de derecho.

El autor es docente universitario.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Daniel Edmundo, de 46 años, y Maurice Facundo, de 40, dos de los siete hijos que la pareja presidencial nicaragüense, junto a cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas, y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización.

Según el Departamento del Tesoro, todas estas entidades e individuos “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” ligadas al sector aurífero.

Daniel Edmundo, el propagandista de sus padres

Daniel Edmundo, nacido el 30 de enero de 1980, es el hijo biológico mayor de la pareja presidencial. Es coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cargo que tuvo su madre antes de ser elegida vicepresidenta en 2017 y designada copresidenta por unas reformas constitucionales en febrero de 2025.

Controla los medios de comunicación estatales y sandinistas, y la narrativa oficial. Además es el encargado de firmar alianzas con medios de comunicación de China y Rusia.

“Es un obediente discípulo del discurso de odio de Rosario Murillo”, resumió el diario La Prensa de Nicaragua en un perfil sobre él, donde lo identifican como “una pieza importante en la estrategia que integra la formación de sus partidarios en los medios, las alianzas internacionales, el control narrativo y la instauración de la mentira en el discurso oficial”.

Entre los medios que coordina está el estatal Canal 6 y los medios privados manejados por sus hermanos o allegados a la familia presidencial: 2, 4, 8, 13 y 22.

Antes de coordinar los medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno sandinista, se desempeñó como director de Canal 4.

Es licenciado en Sociología de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), un centro de estudios cerrado y cuyas instalaciones fueron expropiadas por el Estado.

Está casado con Mara Vanessa Stotti, a quien sus suegros la nombraron codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) desde 2024.

Daniel Edmundo ha tildado de “mercenarios”, “delincuentes” y “traidores a la patria” a los periodistas críticos con el Gobierno, y ha defendido la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, consideradas “represivas” por el gremio de periodistas independientes.

El “zar” de los deportes

Maurice Facundo, el otro hijo de la pareja presidencial sancionado por EE.UU., es el encargado de los deportes.

En enero pasado recibió en Managua al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En agosto de 2025 hizo lo mismo con el legendario entrenador de las Grandes Ligas Dusty Baker, quien dirigió a la selección de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se realizó entre el 5 y el 17 de marzo pasado en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Está casado con Blanca Javiera Díaz Flores, hija del codirector de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, también sancionado por EE.UU.

Su cuñada, Nahima Janett Díaz Flores, es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), también sancionada por Washington.

Antes de ser delegado por sus padres como el encargado de los deportes, mantenía un perfil público discreto y hasta reservado.

Su nombre, según ha contado su padre, es en memoria de Maurice Bishop, el primer ministro de la isla caribeña de Granada, asesinado el 19 de octubre de 1983.

Estudió Comunicación Social, en la UCA, y Cine y Televisión, junto a su hermano Laureano Facundo, en la Universidad Veritas, de Costa Rica, entre 2007 y 2009. Dirige Canal 13, junto a su hermana Camila Ortega Murillo.

En una audiencia celebrada hoy en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora (SPA), un juez de garantías acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción y decidió aplicarle la medida cautelar de impedimento de salida del país, el retiro de pasaportes y la notificación periódica los días lunes y viernes de cada semana.

La fiscalía atribuye a la comerciante haber hecho efectivos de manera irregular 144 cheques en comercios de Panamá Este que correspondían a pagos realizados a estudiantes beneficiados con becas del Ifarhu y 84 tarjetas correspondientes del Pase-U.

En este caso la fiscalía logró establecer la vinculación de 15 locales comerciales de Panamá Este que estarían relacionados con la captación de cheques del Iarhu y tarjetas del Pase-U.

La comerciante fue detenida ayer en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando llegaba en un vuelo procedente de China y de inmediato fue puesta a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción.

Las investigaciones señalan que los cheques fueron endosados a nombre de comerciantes para hacer efectivo su cobro, en un esquema que habría generado una afectación económica de $145,266.

Por este caso, tres personas han sido imputadas, entre ellas un exdirector de la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este y otro comerciante de origen chino.

La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu y la entrega de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se reflejaban irregularidades en la tramitación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social correspondientes a programas de becas del Ifarhu y del PASE-U manejados en la sede regional de Panamá Este.

En la investigación, la fiscalía logró establecer que, aunque algunos estudiantes ya habían culminado sus carreras, se continuaban emitiendo cheques a su nombre que luego eran cobrados por terceros.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que durante la revisión fueron ubicados 43 trabajadores extranjeros, de los cuales 37 se encontraban en condición migratoria irregular. “En una obra estratégica para el desarrollo nacional, esto no es un error: es una falta grave”, advirtió la funcionaria, al señalar que las empresas están obligadas a cumplir la legislación panameña.

La inspección al proyecto, a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), se realizó tras una denuncia presentada ante la Dirección de Inspección del Mitradel y contó con el apoyo de agentes del Servicio Nacional de Migración.

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Según lo constatado por las autoridades, también se detectaron diferencias en las condiciones brindadas a los trabajadores.

Precisamente, la titular de Trabajo se reunió con la empresa contratista y con los obreros para buscar mejoras en las condiciones laborales dentro del proyecto.

Una fuente indicó que los trabajadores asiáticos contaban con un comedor con aire acondicionado y sillones, mientras que los obreros panameños no tendrían siquiera sillas para alimentarse.

Ante esta situación, los trabajadores solicitaron al Mitradel reforzar la vigilancia durante las 24 horas para controlar la cantidad de extranjeros que ingresan por turno y verificar el cumplimiento de las normas laborales y migratorias. “En Panamá, la ley se respeta y no admite excepciones”, enfatizó Muñoz.

El Cuarto Puente sobre el Canal es una de las principales obras de infraestructura del país, llamada a mejorar la conectividad entre la capital y el interior. No obstante, las autoridades subrayaron que la importancia del proyecto no puede justificar violaciones a los derechos laborales ni trato desigual hacia los trabajadores.

En reiteradas ocasiones, la ministra de Trabajo ha hecho llamados de atención a la empresa encargada del proyecto, ya que en fiscalizaciones previas se ha detectado la presencia de trabajadores extranjeros por encima de lo permitido por la ley, particularmente de origen asiático.

La titular del Mitradel advirtió que no se seguirán otorgando excepciones para la contratación de mano de obra extranjera. “Ya hicimos un llamado de atención sobre la no renovación y el no otorgamiento de excepciones”, señaló, al recalcar que la prioridad es garantizar oportunidades laborales para los panameños.

El Código de Trabajo, en sus artículos 17, 18 y 19, establece los términos para la contratación de mano de obra extranjera, permitiendo a las empresas contratar hasta un 10% de personal extranjero ordinario (técnicos o mano de obra no especializada) y hasta un 15% de especialistas.

Ante esta situación, Muñoz explicó que, aunque la empresa ha solicitado permisos especiales para superar el límite legal del 10% de trabajadores extranjeros, estos casos están siendo regulados con mayor rigor.

La ministra enfatizó que en el país existe suficiente mano de obra calificada para integrarse a este tipo de proyectos. “Aquí hay mucha mano de obra buena, trabajadores panameños, para que se inserten en el Cuarto Puente en la medida en que sea necesario”, afirmó, destacando que el objetivo es fortalecer el empleo local.

Barroso reemplazará a Alfredo Juncá, quien también fue postulado para aspirar al puesto. El nuevo magistrado obtuvo 52 votos a favor.

Su elección contó con el respaldo de las bancadas de Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), el Partido Panameñista, el Partido Popular y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), además de diputados de la bancada independiente Vamos, entre ellos Jorge Bloise, Manuel Samaniego y Neftalí Zamora.

Juncá, por su parte, alcanzó 18 votos, principalmente provenientes de las bancadas Vamos y Seguimos.

Dentro del Legislativo, la figura del chiricano Barroso venía sonando con fuerza para el cargo incluso antes de que se abriera formalmente el proceso. Y no era un secreto dentro de los pasillos del Palacio Justo Arosemena: el 30 de junio de 2026, Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista —colectivo al que perteneció Barroso— dejará la presidencia de la Asamblea Nacional, en medio de incertidumbre sobre una eventual reelección el 1 de julio próximo.

En ese contexto, la rapidez con la que se activó el proceso —al punto de escoger un nuevo magistrado ocho meses antes de que venciera el periodo de Juncá— no fue casual. Con la convocatoria y posterior elección, Herrera se aseguró de que Barroso quedara designado antes de su salida de la jefatura del Legislativo, garantizando así una figura afín al panameñismo dentro del organismo árbitro de las elecciones generales de 2029.

Diputados de la bancada independiente Vamos ya habían adelantado que la elección respondía a una negociación entre los partidos políticos.

Según lo planteado, se habría concretado un acuerdo en el que el oficialista Realizando Metas (RM) y sus aliados tendrían la potestad de nombrar al Defensor del Pueblo, mientras que el Partido Panameñista retendría el cupo de magistrado del Tribunal Electoral.

El desenlace confirmó ese escenario: Ángela Russo fue electa como defensora del Pueblo.

Barroso fue alcalde de Arraiján (1999) y secretario general de la Alcaldía de Panamá durante la administración de Bosco Vallarino (2010). Antes de culminar su periodo, el expresidente Juan Carlos Varela lo nombró -en junio de 2019- como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas por el presidente Juan Carlos Varela.

Durante su carrera también ocupó varios cargos: fue asesor y director de Asesoría Legal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y asesor ad honoren de la Fiscalía General Electoral.

Magistrado suplente

El pleno de la Asamblea Nacional también eligió este jueves a Gilberto Estrada como magistrado suplente. Estrada, actual director de Cedulación del TE, recibió 66 votos.

Javier Ordinola, quien fue postulado por Ernesto Cedeño, diputado de Seguimos, recibió solo 4 votos.

Jaime Barroso fue elegido por mayoría como nuevo magistrado del Tribunal Electoral, al obtener 52 votos en el pleno de la Asamblea Nacional, frente a los 18 votos de Alfredo Juncá, quien aspiraba a la reelección.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/e170HrAGE1

— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Más temprano

A eso de las 11:40 a.m., cuando inició la sesión, se conoció que la Asamblea incluyó en la agenda de este jueves el proceso de elección del nuevo magistrado luego de que la Comisión de Credenciales concluyera el miércoles 15 de abril el proceso de entrevistas a los aspirantes, el cual estuvo marcado por coincidencias discursivas en torno a la modernización institucional y la necesidad de fortalecer el capital humano.

Se postularon 27 aspirantes al cargo de magistrado principal, pero dos declinaron y uno no cumplió con los requisitos. En total, 24 candidatos fueron remitidos al pleno.

En la sesión, el primer punto fue el proceso de elección. Jorge Herrera, presidente del legislativo, abrió periodo de postulación y comenzaron las apuestas.

Fue el vicepresidente de la Asamblea, Eliécer Castrellón, del Partido Popular, quien se encargó de llevar al pleno la postulación del abogado Barroso, exmagistrado del Tribunal de Cuentas.

A Juncá lo postuló la diputada de la bancada Seguimos, Grace Hernández.

En Playa Venao, Shakti Martínez se colgó la medalla de bronce en la modalidad de shortboard femenino, tras una reñida final en la que fue superada por la brasileña Luara Mandelli por marcador de 8.77 a 8.00.

Con apenas 13 años, Martínez firmó una actuación sobresaliente que le permitió aportar la octava medalla para Panamá en la competencia.

Por su parte, Ashley Cerrud también aseguró una medalla de bronce en la categoría de los 54 kilogramos del boxeo. La panameña disputó las semifinales ante la brasileña Sabrina Lima, combate que fue detenido en el segundo asalto por RSC, resultado que la ubicó en el podio de su división.

En el fútbol, la selección femenina Sub-17 de Panamá cayó 2-3 ante Paraguay en la tercera jornada de la fase de grupos. Los goles del equipo nacional fueron anotados por Vera Batista y Kelly Zapata.

Tras este resultado, Panamá disputará el partido por el tercer lugar frente a Colombia, programado para el sábado 18 de abril a las 9:00 a.m.

El FMI anunció este jueves en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con “las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial difundido por el organismo.

La decisión sucede durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán el sábado.

Además, la reanudación llega en un momento en el que Caracas ha retomado sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el visto bueno que Rodríguez recibió al aceptar las condiciones económicas y petroleras de Trump y que se han materializado en varias leyes aprobadas en Venezuela para permitir la inversión extranjera en petróleo y minería.

El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos “debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno”.

Venezuela atravesó una dura crisis política ese año, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, llevando a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, que fue reconocido por decenas de países alrededor del mundo.

Como parte de la implementación de esta política, el Departamento de Estado informó que ya se han impuesto restricciones de visa a 26 personas en distintos países del hemisferio, aunque no se detallaron sus identidades ni nacionalidades.

La medida se enmarca dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración del presidente Donald Trump, que establece como prioridad impedir que “potencias rivales controlen activos estratégicos o influyan en la seguridad y prosperidad de Estados Unidos en la región”.

De acuerdo con el comunicado oficial, la política ampliada permitirá negar el ingreso a territorio estadounidense a ciudadanos de países del hemisferio que, mientras operen en la región, participen de forma intencional en acciones vinculadas a gobiernos, empresas o agentes de países adversarios.

Entre las conductas señaladas se incluyen facilitar el control de recursos estratégicos por parte de estos países, afectar la seguridad regional, perjudicar intereses económicos de Estados Unidos o participar en operaciones de influencia que, según Washington, busquen debilitar la estabilidad y soberanía de los países de la región.

La disposición también alcanza a familiares directos de las personas sancionadas, quienes, por regla general, no podrán ingresar a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses indicaron que continuarán utilizando este tipo de medidas como parte de su “estrategia para proteger sus intereses de seguridad nacional y reforzar su presencia en la región”.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST”, escribió Trump en su red Truth Social.

President Trump on Truth Social: I just had excellent conversations with the Highly Respected President Joseph Aoun, of Lebanon, and Prime Minister Bibi Netanyahu, of Israel.

These two Leaders have agreed that in order to achieve PEACE between their Countries, they will… pic.twitter.com/NE15Bgyaf1

— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 16, 2026

El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo”, sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que “se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”.

“He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine”, para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera", indicó en Truth Social.

Según Trump, “ha sido un honor” el “haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20% del petróleo de todo el mundo.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2,196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7,185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

El evento reúne a promotores, entidades bancarias, empresas inmobiliarias y proveedores de bienes y servicios, en un contexto en el que la industria de la construcción y el mercado inmobiliario registran un desempeño moderado, influido por condiciones económicas y factores regulatorios.

Durante el acto inaugural, el presidente del Comité Organizador de Ferias, Arturo Sáenz, señaló que uno de los principales retos del sector es lograr que la oferta de viviendas llegue efectivamente a las familias, en un entorno donde el acceso al financiamiento, los niveles de ingreso y las condiciones del crédito inciden directamente en la demanda.

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Sáenz indicó que la organización de esta edición ha requerido esfuerzos adicionales para reunir en un mismo espacio a los distintos actores del mercado, con el objetivo de facilitar la interacción entre promotores, banca y potenciales compradores.

La feria cuenta con la participación de más de 100 promotores que presentan proyectos en distintas zonas del país. Según Capac, este tipo de eventos también contribuye a la reducción del déficit habitacional y al dinamismo del sector en su etapa de comercialización.

La presidenta de la Capac, Irene Orillac de Simone, no estuvo presente en el acto inaugural y envió sus palabras a través de un mensaje en video. En su intervención, señaló que Expo Vivienda trasciende el concepto de una vitrina comercial y se consolida como un espacio donde convergen quienes diseñan, financian, construyen y adquieren viviendas.

Orillac reconoció que el sector ha enfrentado un periodo complejo, marcado por la contracción del mercado, la reducción en el desarrollo de nuevos proyectos y factores como mayores cargas tributarias y ajustes en el régimen de interés preferencial. No obstante, destacó la resiliencia de la industria y su capacidad de adaptación.

También hizo referencia al contexto económico del país, señalando que el ordenamiento de las finanzas públicas, las inversiones en infraestructura y proyectos estratégicos en áreas como agua, logística y transporte podrían incidir en la reactivación del sector construcción y en la generación de empleo.

En tanto, el primer vicepresidente de Capac, Gabriel Diez Montilla, subrayó la relevancia de la feria como plataforma de encuentro entre los distintos actores del mercado inmobiliario.

El evento se realiza en un contexto marcado por la entrada en vigor de la ley de interés preferencial y la participación de la banca hipotecaria, factores que, según el gremio, podrían contribuir a dinamizar la actividad y facilitar el acceso a financiamiento.

Durante los días de feria, los asistentes podrán recibir asesoría directa de promotores y orientación financiera por parte de entidades bancarias, además de conocer distintas opciones de financiamiento disponibles.

De acuerdo con el Comité Organizador, el segmento de mayor demanda continúa concentrándose en viviendas de hasta $120,000.

Expo Vivienda Capac 2026 estará abierta al público hasta el domingo 19 de abril y proyecta recibir más de 10,000 visitantes, así como generar alrededor de $80 millones en transacciones hipotecarias.

Se trata de Raúl Gutiérrez, Javier Ordinola y Ceila Peñalba, quienes actualmente figuran como funcionarios de la Asamblea Nacional.

El cuestionamiento surge a partir de una disposición constitucional, artículo 142, que establece que los magistrados del Tribunal Electoral deben ser escogidos entre personas que no formen parte de la autoridad nominadora.

En este caso, la Asamblea —responsable de la designación— aparece simultáneamente como el origen institucional de los aspirantes, lo que abre un debate sobre la legalidad de su eventual nombramiento.

Aunque la norma no prohíbe de forma expresa la postulación de funcionarios públicos, sí plantea una restricción clara respecto a su pertenencia al órgano que realiza la designación. De ahí que algunos juristas sostengan que la incompatibilidad es inmediata, mientras otros consideran que podría subsanarse mediante la renuncia previa al cargo antes de la escogencia formal.

Este último criterio tiene un antecedente en la práctica reciente. El actual magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, renunció a su cargo en la Asamblea Nacional antes de ser designado, precisamente para evitar cuestionamientos sobre su elegibilidad frente a la prohibición constitucional.

En total, la Comisión de Credenciales entrevistó a 24 aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral y actualmente lleva a cabo el proceso de escogencia. Entre las figuras que destacan están el fiscal de Cuentas, Jaime Barroso; el propio Juncá, quien busca la reelección; y el director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Ramón Abadi.

“Asumo la responsabilidad de mi parte. Quiero disculparme con mi equipo y con todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre”, escribió en sus redes sociales.

Camavinga saltó al terreno de juego del Allianz Arena en el minuto 62 por Brahim Díaz cuando el Real Madrid ganaba 2-3 y tenía empatada la eliminatoria tras el 1-2 de la ida que consiguió el Bayern en el Santiago Bernabeú.

En el minuto 78 vio su primera cartulina amarilla y en el 86, la segunda tras cometer una falta sobre Harry Kane. A continuación, desplazó el balón con los pies antes de recogerlo con las manos y el árbitro Slavko Vincic volvió a amonestarlo.

Tres minutos después, con un hombre menos, el Real Madrid encajó el 3-3 con un tanto de Luis Díaz, que precedió al 4-3 definitivo, obra de Michael Olise en el minuto 94.

El proyecto, identificado como Moderna 360 Urban Living, a cargo de la sociedad The Panoramic Residences Corp., está ubicado en calle Los Jades, en Marbella. En redes sociales circuló un video en el que se observa una tubería descargando gran cantidad de agua con sedimentos —similares a mezcla de hormigón— directamente al río.

La promotora es representada legalmente por Nassly Argentina de la Concepción Ruiz Sequeira, quien figura como responsable del estudio de impacto ambiental (EIA), categoría I.

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La medida se produjo luego de una denuncia ciudadana atendida por el equipo técnico de la entidad. Durante la inspección, se comprobó la existencia de una conexión clandestina al sistema pluvial que vertía sedimentos y residuos sólidos al afluente.

La construcción se trataba de un edificio de 23 niveles, con 18 plantas destinadas a apartamentos, además de niveles para estacionamientos, lobby y áreas de azotea, en un entorno urbano de alta densidad.

De acuerdo con el estudio aprobado, una de las condiciones era explícita: no se podían verter aguas al río Matasnillo. También se establecía que las actividades debían ejecutarse sin afectar el caudal ni la calidad del agua, así como evitar el depósito de materiales o desechos en el área del cauce.

Estas disposiciones contrastan con los hallazgos de Miambiente, que identificó descargas contaminantes hacia el río.

Durante la inspección, los funcionarios también detectaron malas prácticas en el manejo de desechos y el uso de estructuras de contención inadecuadas, lo que agravaba el impacto ambiental en la zona.

Cuestionamientos previos

El proyecto ya había generado inquietudes entre residentes del área. El 31 de octubre de 2025, el representante de Bella Vista, César Kiamco, remitió una nota al Ministerio de Ambiente trasladando preocupaciones de vecinos cercanos, incluyendo residentes del PH Torre del Pacífico A.

En la comunicación se solicitaba evaluar aspectos como el uso de suelo, la densidad del proyecto, la disponibilidad de estacionamientos y la movilidad en la zona, así como las medidas de mitigación propuestas, en un entorno caracterizado por alta presión urbana.

Tras conocerse la contaminación, Kiamco reiteró la necesidad de determinar con precisión el alcance del impacto ambiental. Indicó que, aunque la presencia de sedimentos es común en obras de construcción, estos deben ser tratados adecuadamente antes de su disposición en el sistema pluvial.

Los tres respaldaron a Jaime Barroso, candidato impulsado por el oficialismo, mientras que el resto de los independientes votó -junto con la bandada Seguimos- a favor de la reelección de Alfredo Juncá.

Ninguno de sus colegas de la bancada Vamos se pronunció durante la votación. Sin embargo, la diputada Janine Prado lanzó un mensaje velado: “Desde que se asumió una oposición responsable al Gobierno, ya se sabía lo que iba a pasar en esta elección”.

‘No fue sorpresa’

Roberto Zúñiga, confirmó a La Prensa que la decisión de Bloise, Samaniego y Zamora no tomó por sorpresa al grupo.

“No fue sorpresa para nosotros”, aseguró, al tiempo que explicó que los diputados lo comunicaron entre martes y miércoles. Según explicó, la bancada intentó persuadirlos para mantener el voto en bloque, aunque evitó detallar las razones detrás de su postura.

¿Qué pasará con ellos? Zúñiga también adelantó que evaluarán la situación en los próximos días.

Sobre las fracturas internas que una decisión como esta deja en la bancada, dijo lo siguiente: “Puede ser, pero lo más importante es tratar de evitarlo… poder comunicarnos y entender las posturas”.

Las razones

Consultado sobre las razones del voto a Barroso, Neftalí Zamora informó esto: “Había más de 20 aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral y no entiendo por qué, pero solo llegaron dos al pleno: quien buscaba la reelección y otro candidato. Como independiente, preferí darle mi voto a una persona distinta a quien hoy ocupa el puesto” .

Mientras que Jorge Bloise planteó esta posición: “Luego de 1 año de estar todas las semanas en el Tribunal Electoral en la mesa de reformas electorales y mi experiencia, mi voto fue por una renovación en el Tribunal, a conciencia y con la confianza de que puedan haber cambios positivos por nuestra democracia”.

Mientras que Manuel Samaniego se pronunció en la red social X: “He decidido apoyar a Jaime Barroso para Magistrado del @tepanama. Creo firmemente en una renovación para esta institución tan importante para la democracia y el futuro del país. Al magistrado saliente agradecerle por su labor y al nuevo desearle el mejor éxito en retos venideros".

He decidido apoyar a Jaime Barroso para Magistrado del @tepanama. Creo firmemente en una renovación para esta institución tan importante para la democracia y el futuro del país. Al magistrado saliente agradecerle por su labor y al nuevo desearle el mejor éxito en retos venideros.

— Manuel Alberto Samaniego Rodríguez (@M_SamaniegoR) April 16, 2026

El 1 de julio de 2024, cuando Vamos debutó como bancada legislativa, contaba con 20 diputados, pues en ese momento incorporó a Betserai Richards, quien llegó al Palacio Justo Arosemena a través de la libre postulación.

Con el tiempo, esa cifra se redujo: Richards abandonó la agrupación el año pasado, Manuel Cheng lo imitó después y Carlos Saldaña fue expulsado en febrero pasado.

De acuerdo con De Obaldía, la paralización ha provocado poco movimiento comercial y un aumento en las cancelaciones de pedidos, mientras los restaurantes intentan operar con alternativas que, hasta el momento, no han sido efectivas. “Se ha intentado con otras plataformas, pero la comida llega tardísimo. Se ha tenido que cerrar el uso de la plataforma”, indicó.

El exdirigente gremial explicó que algunos negocios han tratado de implementar mecanismos para que los clientes retiren directamente sus órdenes, pero reconoció que estas opciones son limitadas.

“Se está tratando de buscar otras alternativas, como se ha visto, para que el cliente retire su pedido, pero todas esas dos o tres alternativas que están utilizando los restaurantes son totalmente insuficientes”, señaló.

De Obaldía también recordó que, aunque algunos restaurantes cuentan con motoristas propios para realizar entregas, esta posibilidad no está al alcance de todos.

Sostuvo que para asumir ese modelo se requiere una estructura más amplia, como varias sucursales, debido a la complejidad logística y los costos operativos que implica.

El cese temporal de labores inició el lunes 13 de abril, cuando los motorizados afiliados a PedidosYa anunciaron la suspensión de servicios en reclamo de mejoras en las tarifas y condiciones de trabajo, situación que ha afectado tanto a comercios como a usuarios del servicio de entregas a domicilio.

Actualmente, en la plataforma PedidosYa Panamá se encuentran afiliados unos 3,500 comercios y más de 4,100 motorizados.

Usuarios reportan que la aplicación continúa aceptando órdenes en algunos comercios y procesando pagos de forma inmediata; sin embargo, ante la falta de repartidores, los pedidos son cancelados posteriormente o presentan demoras prolongadas de más de 2 horas. En estos casos, la plataforma informa que el reembolso puede tardar hasta siete días hábiles.

“Pagas de una vez, pero luego el pedido se atrasa y lo cancelan porque no hay motorizados. Después te dicen que la devolución toma siete días”, relató un usuario afectado, en un comentario en la red social Instagram de la plataforma PedidosYa.

El usuario cuestionó la falta de garantías para el consumidor en medio de la crisis operativa.

Otros testimonios también colocados en redes sociales apuntan a situaciones de mayor tensión. En un caso registrado en Plaza Libertad, un cliente manifestó su molestia luego de que su pedido fuera retirado presuntamente por un motorizado, pero nunca fue entregado. El restaurante involucrado indicó que no podía asumir responsabilidad directa por lo ocurrido.

Se estima que 65 mil pedidos se han dejado de brindar por día desde que comenzó la paralización el pasado lunes 13 de abril lo que afecta a 3,500 comercios y más de 4,100 motorizados.

Este jueves los motorizados realizaron una caravana y concentración pacífica cerca de las oficinas de la empresa para exigir una revisión de las tarifas.

Motorizados de #PedidosYa realizan caravana en #Panamá para exigir el aumento del pago del servicio. Video Elysée Fernández https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/9vpE4VlhAI

— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Acodeco alerta que se incumple la ley

Ante estas situaciones, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que, según el artículo 36 de la Ley 45 de 2007, el proveedor está obligado a cumplir con la prestación del servicio en condiciones justas, informar adecuadamente sobre el estado del pedido y responder ante el consumidor en caso de incumplimiento.

La ley establece que cuando un pedido no es entregado, como ocurre en servicios de delivery, se configura un incumplimiento del servicio que obliga al proveedor a ofrecer una solución efectiva, ya sea la reposición o la devolución del dinero. Además, la normativa establece que la empresa no puede deslindarse de responsabilidad alegando fallas de terceros, ya que mantiene una relación directa con el consumidor.

En este contexto, la falta de cumplimiento en la entrega del servicio y los retrasos en los reembolsos podrían constituir una violación a la ley de protección al consumidor, lo que abre la puerta a posibles reclamaciones formales por parte de los afectados.

El conflicto con los motorizados, que ya suma cuatro días, continúa generando efectos en cadena dentro del ecosistema de delivery, afectando tanto la operación de los comercios como la experiencia y confianza de los usuarios. Los motorizados realizan la protesta en reclamo del nuevo sistema de pago por kilometraje que les estaría reduciendo sus ingresos entre 36% y 40%.

Hasta el día miércoles aparecían algunos restaurantes en PedidosYa con la opción de retirar en el local debido a que no se estába prestando el servicio de entregas. Este jueves la plataforma tiene un mensaje que no hay sugerencias de comercios para realizar alguna compra.

¿Qué piden los motorizados?

Los motorizados de PedidosYa exigen una revisión del esquema de pagos, al considerar que el nuevo modelo reduce significativamente sus ingresos. Actualmente, la plataforma opera en 13 ciudades del país con más de 4,100 repartidores independientes y 3,500 comercios afiliados, pero los conductores denuncian que la tarifa base pasó de $2.50 por entrega a un promedio cercano a $1.95, lo que implica una caída de ingresos de entre 36% y 40%. Esto representa una disminución mensual de aproximadamente $1,250 a $975, pese a mantener altos niveles de actividad.

Imágenes de caravana realizada por los repartidores de PedidosYa.

Video: Elysée Fernándezhttps://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/QbB4zZMo3k

— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Entre sus principales peticiones está elevar la tarifa base a $3.50 por pedido, lo que les permitiría alcanzar ingresos cercanos a $1,400 mensuales, aunque reconocen que esto implicaría jornadas de hasta 70 a 80 horas semanales. Los motorizados aseguran que, con el esquema actual, los ingresos no compensan los costos operativos que deben asumir, como combustible, mantenimiento, seguros y otros gastos asociados al uso de sus vehículos.

El diputado Betserai Richards alertó sobre las precarias condiciones de conductores de delivery y transporte, denunciando jornadas de hasta 16 horas por pagos mínimos, sin contrato ni seguro social. Exigió al Mitradel actuar y advirtió que “la esclavitud quedó en el pasado”.… pic.twitter.com/SRBMLGzqUf

— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Además del tema económico, los repartidores reclaman mejores condiciones laborales y mayor regulación. Denuncian que, aunque son considerados “trabajadores independientes”, en la práctica operan bajo condiciones similares a las de un empleado, sin acceso a beneficios como seguridad social o estabilidad laboral.

También cuestionan los controles de la plataforma, las largas jornadas —de hasta 12 a 16 horas diarias— y la falta de protección ante accidentes, lo que, aseguran, los deja en una situación de vulnerabilidad dentro del modelo de economía digital.

El tema transcendió este jueves hasta la Asamblea Nacional donde el diputado Betserai Richard, denunció las precarias condiciones de los conductores de la plataforma que no cuentan con seguro social y otros beneficios.

Las selecciones masculina y femenina, acostumbradas a competir con la élite mundial, ahora recibirán a los mejores equipos del cono sur con el objetivo de sumar preseas de oro para el país.

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La categoría masculina contará con la participación de cuatro selecciones: Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay. En la rama femenina competirán tres equipos: Brasil, Panamá y Venezuela.

La fase de grupos se disputará entre viernes y sábado en formato de todos contra todos. Cada equipo se enfrentará dos veces a sus rivales, lo que significa que las selecciones masculinas jugarán seis partidos cada una, mientras que las femeninas disputarán cuatro encuentros.

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El domingo se jugarán las finales. En la rama femenina, el segundo y tercer lugar disputarán una semifinal para enfrentar al líder en la final por el oro, mientras que el perdedor se quedará con el bronce.

En la rama masculina, el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero en semifinales. Los ganadores jugarán por el oro y los perdedores por la medalla de bronce.

Convocatoria masculina de Panamá

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• Diego Araúz – Defensive Back

• Samuel Arias – Defensive Back

• Diego Cedeño – Wide Receiver

• Alessandro Cedeño – Defensive Back

• Ethan Díaz – Wide Receiver

• Ismael Jaén – Center

• Nickolas Martínez – Wide Receiver

• Carlos Moses – Quarterback

• Kai Santiago – Rusher

• Juan Silvestre – Defensive Back

• Joseph Vásquez – Defensive Back

• Juan Vincensini – Wide Receiver

Convocatoria femenina de Panamá

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• Alejandra Albo – Defensive Back / Wide Receiver

• María Castillo – Center / Wide Receiver

• Isabel Maduro – Wide Receiver / Rusher

• Nohelys Martínez – Defensive Back / Wide Receiver

• Andrea Muñoz – Defensive Back

• Catalina Pazmiño – Defensive Back

• Alejandra Ramos – Quarterback / Defensive Back

• Valentina Rodrigues – Wide Receiver / Rusher

• Lucía Rodríguez – Quarterback

• Jeaneth Torres – Wide Receiver / Defensive Back

• Yoelkis Tuñón – Defensive Back / Wide Receiver

• Jade Vega – Defensive Back / Rusher

Calendario de partidos de Panamá

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Emilio Royo, sede del flag football en estos Juegos .

• Panamá vs. Brasil (M) – viernes 9:15 a.m.

• Panamá vs. Uruguay (M) – viernes 1:00 p.m.

• Panamá vs. Brasil (F) – viernes 2:15 p.m.

• Panamá vs. Argentina (M) – viernes 4:45 p.m.

• Panamá vs. Venezuela (F) – viernes 6:00 p.m.

• Panamá vs. Uruguay (M) – sábado 8:00 a.m.

• Panamá vs. Venezuela (F) – sábado 10:30 a.m.

• Panamá vs. Argentina (M) – sábado 1:00 p.m.

• Panamá vs. Brasil (M) – sábado 4:45 p.m.

• Panamá vs. Brasil (F) – sábado 6:00 p.m.

En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y EFE, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), impartirán el próximo jueves el seminario web ‘Migración sin cuentos: cómo comunicar sin desinformar’, que ofrece claves prácticas para tratar la migración con rigor, además de la oportunidad de adquirir destrezas en la detección de bulos que atacan a los migrantes.

“En un contexto en el que la desinformación sobre migración se propaga con mayor rapidez y sofisticación, especialmente con el uso creciente de la inteligencia artificial, este seminario es clave para fortalecer las capacidades de quienes comunican”, aseguró a EFE el director regional de la OIM para América Latina y el Caribe, Diego Beltrand.

Así, añadió, desde la OIM consideran que “promover la integridad informativa no solo mejora la calidad del debate público, sino que también contribuye a proteger a las personas migrantes de narrativas que distorsionan la realidad y alimentan la discriminación”.

El curso online será impartido por la OIM y EFE Verifica, el servicio de análisis de la desinformación de EFE, que cuenta, entre otras acreditaciones, con el aval de su pertenencia a la Red Internacional de Verificación (IFCN, en inglés), lo que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares éticos y profesionales.

Sergio Hernández, responsable de EFE Verifica, destacó que “los alumnos de este taller aprenderán a identificar patrones de manipulación y se familiarizarán con útiles herramientas tecnológicas, en un contexto de intoxicación desinformativa agravado por el creciente uso de la inteligencia artificial”.

“La relevancia de la propuesta está directamente relacionada con las graves consecuencias que tiene la desinformación dirigida contra los migrantes, utilizada para propagar estereotipos injustos y alimentar los discursos de odio. Esa visión deformada y estigmatizante deriva en ocasiones en actos violentos, como se ha podido ver en Latinoamérica y Europa en los últimos años”, explicó Hernández.

Criminalización y ataques a migrantes

La criminalización de los migrantes venezolanos en países de su entorno, los ataques a una mezquita en la localidad británica de Southport o las llamadas a perseguir a ciudadanos norteafricanos en el pueblo español de Torre Pacheco son ejemplos de cómo las calumnias contra este colectivo se convierten en un catalizador de las agresiones discriminatorias, acentuando la necesidad de seminarios como este.

La AECID recuerda que “el aporte de las personas migrantes en las sociedades de acogida es significativo y, sin embargo, en la actualidad está siendo invisibilizado por narrativas de odio y discursos antiderechos que se imponen en el espacio mediático”, un “ruido que dificulta percibir la realidad de la mayoría de las personas migrantes, que viven, trabajan y se integran en sus comunidades, contribuyendo activamente a ellas”.

“La desinformación debe combatirse con información veraz”, remarca la AECID -que trabaja tanto en el abordaje de las causas de la migración como en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas-, por lo que celebra esta alianza con la OIM y EFE para “mejorar la comunicación” sobre los migrantes, empujados muchas veces a abandonar sus hogares debido a conflictos armados o crisis económicas.

Los interesados en participar en este seminario web gratuito pueden registrarse en el siguiente enlace: https://iom-int.zoom.us/webinar/register/WN_F7dF59_qTFCA0rCOvjPsMQ#/registration

La clave radica en una facultad del Legislativo: la minoría de una comisión, en este caso, cuatro diputados, puede presentar un informe o posición ante el pleno (71 diputados) para intentar revertir una decisión.

Ese mecanismo abrió la puerta para reintroducir los nombres descartados.

El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), sustentó esa postura. Su bancada, junto con diputados del Partido Panameñista, Cambio Democrático (CD) y otros aliados, la respaldó.

Así, la lista completa de 33 aspirantes a la Defensoría del Pueblo, que la comisión había dejado sin efecto, revivió en el pleno.

Con ese escenario, la bancada oficialista y sus aliados impulsaron la candidatura de Russo, pese a que no figuraba entre los siete nombres recomendados por la comisión.

La mayoría legislativa marcó el rumbo del proceso y aseguró los votos necesarios para la elección.

Fue así como la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia obtuvo 37 votos, frente a los 31 que consiguió Rodrigo García, respaldado por la coalición Vamos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Seguimos.

La decisión ha generado múltiples críticas en la misma Asamblea y de parte de la sociedad civil. Se cuestiona el giro frente al trabajo previo de la Comisión de Gobierno y se alerta sobre posibles efectos en la independencia de los poderes del Estado.

El bloque de diputados que se opuso a Russo desde el inicio la bautizó como “la ungida”. Voces como la de Roberto Zúñiga, de Vamos, sostienen que la orden de respaldarla salió directamente del Palacio de las Garzas, lo que alimenta las dudas sobre la autonomía del proceso.

El ala oficialista que la empujó, en cambio, defiende la actuación del pleno y alega que este ejerció sus facultades constitucionales.

En términos simples: la comisión recomendó siete candidatos, pero el pleno optó por votar a partir de la lista completa de 33. La mayoría parlamentaria inclinó la balanza.

Alianzas sobre la mesa

La votación también dejó al descubierto acuerdos políticos poco habituales. Por un lado, Vamos coincidió con el PRD y el grupo Seguimos para respaldar a Rodrigo García.

Por otro, Realizando Metas articuló apoyos con Cambio Democráticoy el Partido Panameñista, agrupación que preside el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

La pregunta ahora es si estas alianzas coyunturales resistirán hasta el 1 de julio, cuando el pleno escoja una nueva junta directiva.

Según el gremio, que preside Maritza Cedeño, estas acciones no solo carecen de sustento jurídico, sino que comprometen la validez de las pruebas, vulneran el debido proceso y ponen en riesgo la integridad de investigaciones en curso.

El comunicado advierte además que este tipo de actuaciones erosiona la separación de poderes, debilita la institucionalidad democrática y crea un precedente peligroso de interferencia indebida en la administración de justicia.

El gremio exige el cese inmediato de estas prácticas, el respeto irrestricto a la autonomía del Ministerio Público y recuerda que la defensa del orden constitucional no es opcional, sino una obligación ineludible de todos los servidores públicos.

Los hechos

La reacción del CNA surge luego de que la Procuraduría General de la Nación informara informara durante la noche del jueves 9 de abril que inició una investigación penal, a raíz de que presuntamente funcionarios de la Contraloría interrumpieron una diligencia de entrevistas a auditores, en el caso que se le sigue al exvicepresidente de la República,José Gabriel Carrizo.

En una nota de prensa la entidad narró que la denuncia fue presentada por una fiscal superior Anticorrupción, quien informó “sobre funcionarios de la Contraloría General de la República que irrumpen en medio de un acto de investigación que involucraba auditores de dicha institución, impidiendo con ello la culminación del mismo”.

“Los citados auditores, al ser requeridos por autoridad competente, se encontraban rindiendo entrevista dentro de una causa que se adelanta en dicho despacho por el delito de enriquecimiento injustificado, en contra de un exvicepresidente de la República”, se lee en el boletín de prensa.

‘Estaban siendo interrogados’

Durante la tarde del jueves, el periodista Alvaro Alvarado compartió un video en su cuenta de X en el que se observa al contralor Anel Flores junto a un grupo de personas entrando a una oficina.

“Imágenes de la llegada del Contralor Anel Flores a una de las Fiscalías Anticorrupción. Al parecer tuvo que ir a buscar a sus auditores forenses ya que estaban siendo interrogados como si fueran ellos los investigados. Noticia en desarrollo”, escribió.

Imágenes de la llegada del Contralor Anel Flores a una de las Fiscalías Anticorrupción. Al parecer tuvo que ir a buscar a sus auditores forenses ya que estaban siendo interrogados como si fueran ellos los investigados. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/XYsZ4cIxT2

— Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) April 9, 2026

Luego de la denuncia de la Procuraduría, la Contraloría no se ha pronunciado.

La Prensa le socilitó una reacción al contralor Flores sobre el tema, pero aún no se tiene respuesta.

Con una extensión de 48.8 hectáreas El Chorrillo se ha convertido en una de las áreas más peligrosas e inseguras de todo el país.

Ese domingo Espinosa se encontraba de turno en El Chorrillo junto a su compañero Gerardo Sánchez, cuando recibieron la alerta de una residente que vio a cinco jóvenes corriendo con armas de fuego en las inmediaciones de la cancha de fútbol conocida como PRD.

Ambos se dirigieron hacia el lugar para revisar la alerta y conocer los detalles de lo que sucedía en el lugar. Sin embargo, cuando se acercaron una lluvia de balas lo recibió.

Espinosa y Sánchez se refugiaron en un caserón de madera cercano a la cancha, pero una de las balas impactó en el pecho a Sánchez que se desplomó en el lugar.

El informe de necropsia reveló que la víctima recibió un impacto de bala en la tetilla izquierda que le provocó un sangrado masivo que le provocó la muerte a pesar de los primeros auxilios recibidos.

La vida marcada por las balas

Residentes de El Chorrillo, quienes pidieron reserva de sus identidad, revelaron que las balaceras en el barrio son algo cotidiano a pesar de la constante presencia policial.

Explicaron que cuando la ronda se mueve enseguida aparece un grupo de tres cuatro jóvenes que le disparan a grupo rivales.

Durante las noches, el sonido de pasos apresurados y detonaciones recorre las veredas, acompañado de gritos y amenazas que rompen el silencio. Al amanecer, los patios quedan marcados por la violencia: niños pequeños encuentran y recogen casquillos de bala dispersos en el suelo.

Aquí hay pandillas que las divide una calle y se la pasan tirándose bala de una vereda a la otra, explicó un hombre que tiene 30 años de vivir en El Chorrillo y que recuerda la época en que podía salir de noche sin temor.

Tal es el caso de la pandilla Vietnam que mantiene presencia en calle 25 y mantiene diferencias que opera en una barraca ubicada a pocos metros de la cancha PRD.

Según las autoridades los dos detenidos por el homicidio del sargento Espinosa están ligados a esta organización criminal que se dedica al microtráfico y están tras la pista de otros tres de sus miembros.

En El Chorrillo conviven varias de las pandillas más peligrosas que operan en todo el país, algunas de las cuales ya son consideradas por los estamentos de seguridad como grupos asociados a redes del narcotráfico internacional.

Este fenómeno no es aislado: en Panamá operan al menos 180 pandillas y grupos delictivos, cuya principal actividad gira en torno al microtráfico, los homicidios y la disputa territorial por la droga.

De acuerdo con los informes de los estamentos de seguridad la más poderosa y conocida sería Bagdad, pandilla que fuera liderada por Rubén Camargo Clarke.

Camargo Clarke fue detenido en Costa Rica y luego extraditado a los Estados Unidos en donde un jurado federal lo declaró culpable por el delito de conspiración para traficar drogas.

Gran parte de su organización enfrenta también un juicio por delitos de narcotráfico. Este grupo, en el que se encuentran varios de sus familiares, fue detenido en la denominada operación Neptuno.

Bagdad mantiene presencia en las calles 21, 22, 23, 24 y 25 de El Chorrillo, este grupo en ocasiones alcanza acuerdos temporales con otras bandas para realizar golpes y ajustes de cuentas.

En el área también mantiene operación la pandilla Calor Calor, también considerada como una de las pandillas más poderosas del país y que mantiene células en Panamá Oeste y San Miguelito.

A miembros de Calor Calor se les atribuye una masacre registrada el 1 de diciembre de 2019 en la cárcel La Joya que dejó un saldo de 15 muertos y 13 heridos.

A estos grupos se suma la presencia de pandillas como la 15 Pisos que opera en el Multifamiliar 24 de Diciembre En 2024 nueve de sus integrantes fueron condenados por el delito de pandillerismo.

Otra de los grupos criminales que opera en El Chorrillo es la pandilla conocida como Patio Sucio, cuyo centro de operación son seis multifamiliares que llevan el mismo nombre.

Mientras que la pandilla de El Pentágono mantiene sus actividades en las calles 15,16, 17 y 18 del corregimiento de Santa Ana, que colinda con El Chorrillo, área en la que este grupo realiza incursiones ocasionales por disputas territoriales.

Sin embargo, áreas como Calidonia, San Miguel, Juan Díaz, San Pedro, Tocumen, Pacora, San Miguelito y la provincia de Colón no escapan al creciente avance de las pandillas.

En la capital, al menos 51 pandillas están activas en sectores como San Miguelito, el centro y el este de la ciudad, mientras que en Colón comunidades como Altos de Los Lagos, Río Alejandro y Sabanitas concentran una fuerte presencia criminal.

La evolución

Un informe de InSight Crime revela que pandillas locales como Calor Calor y Bagdad han evolucionado hasta convertirse en grupos operativos para el tráfico de drogas, que se especializan en la introducción cargamentos dentro de contenedores que paran en los puestos del Atlántico y del Pacífico.

Precisa que ahora su prioridad es controlar los corredores del tráfico de cocaína que conectan a Panamá con los mercados internacionales. Buscan dominar áreas estratégicas a lo largo de las principales rutas de contrabando y en los puertos marítimos, especialmente en las zonas costeras cercanas a Ciudad de Panamá y Colón.

Estos grupos han construido amplias redes de colaboradores para acceder a rutas transatlánticas. Estas redes suelen comenzar en comunidades costeras, donde habitantes y pescadores recogen y almacenan cargamentos de cocaína que llegan desde Suramérica. Luego, los grupos dependen de contactos dentro de navieras para identificar contenedores susceptibles de contaminación.

Operativos policiales

El 10 de octubre de 2024 el presidente José Raúl Mulino puso en marcha la operación Panamá 3.0, una estrategia policial encaminada a devolverle la seguridad a los panameños y erradicar las pandillas delincuenciales. En aquella ocasión el mandatario aseguró en un acto en la sede de la Policía Nacional que “este plan tiene la finalidad de liberar a Panamá de las pandillas. A partir de hoy iremos casa por casa, finca por finca o por donde se escondan los pandilleros a meterlos donde deben estar: la cárcel”.

Las autoridades atribuyen el repunte reciente de la violencia a la presión ejercida mediante operativos y decomisos, lo que ha debilitado las finanzas de estos grupos y provocado divisiones internas que derivan en enfrentamientos por el control territorial.

El pasado martes se anunció el despliegue de 900 agentes de la policía, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) contra la escalada de violencia. Este despliegue aseguraron busca reforzar la seguridad ciudadana, con un enfoque en el patrullaje activo y la prevención del delito en zonas críticas en todo el país.

#Detención| La @PGN_PANAMA a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, logró la detención provisional para 2 hombres, por homicidio doloso agravado de un agente de la @policiadepanama y asociación ilícita, ocurrido el domingo, en El Chorrillo. pic.twitter.com/eyye1vAl7m

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 15, 2026

El ministro de seguridad Frank Ábrego puntualizó que de los 158 homicidios registrados en 2026 el 76% de esos casos guarda relación con el narcotráfico.

Detalló que se han aprehendido 166 personas por pandillerismo, 117 por homicidio y 18,733 por diversos delitos, además de mantenerse activa la búsqueda de 136 personas requeridas por homicidio.

Entre enero y abril, la Policía Nacional ha ejecutado ocho operaciones antipandillas y mantiene al menos diez más programadas, en medio de conflictos activos entre grupos criminales en zonas como Colón y San Miguelito.

En ese mismo periodo, se han decomisado 661 armas de fuego y más de 5,600 paquetes de droga, lo que refleja la magnitud de la presión operativa sobre estas estructuras.

Las inspecciones recientes evidencian el ingreso constante de objetos y residuos que no pertenecen a la red de alcantarillado, provocando obstrucciones, daños en equipos y desbordamientos en distintos puntos de la ciudad.

A continuación, el listado de los 10 hallazgos más insólitos, ordenados de mayor a menor impacto:

• Colchones: El problema más crítico. Bloquean completamente el flujo del sistema y paralizan su operación.
• Cigüeñal de motor: Una pieza metálica pesada introducida en una estación de bombeo, propia de entornos mecánicos y no sanitarios.
• Bicicletas y carricoches: Objetos voluminosos que obstruyen colectoras y generan desbordamientos de aguas residuales.
• Palmeras: Troncos y raíces completos dentro del sistema, capaces de dañar bombas y tuberías.
• Capa de hidrocarburo: Mezcla espesa de aceite, combustible y residuos industriales que flota sobre el agua, altamente contaminante.

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• Postes de luz o telefonía: Estructuras completas de infraestructura urbana halladas dentro del sistema sanitario.
• Animales vivos; Ratas, peces e incluso lagartos dentro de las alcantarillas, reflejando el deterioro del entorno.
• Materiales de construcción: Bloques, cemento, concreto y madera de gran tamaño, como si provinieran de vertidos de obras.
• Residuos hospitalarios: Desechos médicos peligrosos, totalmente incompatibles con el sistema de alcantarillado.
• Grasas compactadas: Acumulaciones solidificadas de aceite y restos de comida que terminan endureciéndose en las tuberías.

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El Programa de Saneamiento reiteró el llamado a la población a hacer un uso responsable del sistema sanitario, recordando que su función es exclusivamente el manejo de aguas residuales domésticas y no la disposición de desechos sólidos o peligrosos.

Este proyecto de saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá ha requerido una inversión integral superior a los $2,000 millones desde que iniciaron las obras en 2007.

La funcionaria asegura que cumplirán con los plazos que se han trazado, por lo que en algunos días, antes de que finalice el mes, se anunciará la activación de la plataforma donde los beneficiarios se deberán registrar. La institución aspira a que en mayo estén en el proceso de imprimir los certificados, para empezar las entregas en junio, como se ha anunciado.

De acuerdo con el MEF, se están esforzando en que esta nueva plataforma para el ingreso de solicitudes de reclamo del Cepanim sea amigable, ágil, segura y transparente.

El Cepanim corresponde a la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, más los intereses generados durante 34 años.

Requisitos según el perfil del solicitante

La funcionaria detalló los documentos que cada grupo deberá cargar al sistema para validar su solicitud:

Beneficiarios vivos:

Cédula de identidad personal.

Cónyuges (de beneficiario fallecido):

Cédula del solicitante.

Certificado de defunción.

Certificado de matrimonio.

Convivientes o Unión de Hecho (Segunda prioridad):

Cédula.

Certificado de defunción.

Resolución de Juez de Paz que acredite la unión.

Hijos (Tercer grado de prelación):

Certificado de defunción del padre/madre.

Certificado de nacimiento que acredite el parentesco.

Importante: Si hay varios hijos, deben designar a uno para el registro. De no haber acuerdo, todos los registrados deberán presentarse juntos tanto para el retiro como para el canje en comercios o en el Banco Nacional.

Para garantizar que nadie quede fuera del proceso por falta de acceso a tecnología o habilidades digitales, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que se contempla la habilitación de quioscos de registro. Estos puntos físicos servirán de apoyo para que los adultos mayores o familiares puedan completar el trámite con asistencia técnica.

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En ese contexto, el seleccionador Thomas Christiansen ofreció dos entrevistas —al costarricense Yashín Quesada y al argentino Andrés Cantor— en las que dejó mensajes contundentes sobre el presente del equipo y, especialmente, sobre algunos nombres propios.

El señalamiento más directo fue hacia el defensor Fidel Escobar, quien recientemente volvió a la actividad tras superar molestias lumbares que lo mantuvieron más de tres meses fuera de las canchas. Christiansen fue claro sobre su situación actual dentro del grupo.

“Si tengo que dar la lista hoy, no entraría”, afirmó sin rodeos. “Ahora mismo nos tiene que demostrar mucho más para asegurarse”, agregó, dejando abierta la puerta, pero condicionada al rendimiento inmediato.

El técnico enfatizó que el regreso a la convocatoria no depende del historial, sino del nivel competitivo. “Ahora lo que sí que necesitamos es que se ponga las pilas, que juegue, que suma minutos y sobre todo que compita al nivel y el ritmo exigido para nuestra selección”, subrayó.

En cuanto a la conformación de la lista, explicó que el cuerpo técnico trabaja con un grupo ampliado, dentro del cual hay una representación limitada del fútbol costarricense.

“Ahora mismo lo que estamos enfocados son en nuestra lista grande y ahí de Costa Rica sólo tenemos a Tomás (Rodríguez) y a Fidel”, detalló.

Christiansen también valoró lo que significó la segunda clasificación mundialista para Panamá, destacando que es motivo de satisfacción por el proceso recorrido. “Hombre, yo creo que era para estar contentos después de lo cosechado”, comentó.

Sin embargo, dejó claro que el enfoque para el torneo no será conformista.

“Siempre a competir. Participar es relajado, es estar por estar, pero bueno, nosotros queremos competir, nosotros queremos hacer un buen papel, dejar bien en alto lo que es Panamá y su país”, afirmó.

Uno de los puntos en los que más insistió fue en la evolución futbolística del grupo. Según explicó, el equipo ha ganado claridad táctica y profundidad en su plantilla.

“Ya jugamos a algo. Ahora, cada jugador cuando entra sobre el terreno del juego sabe su posición, cuáles son sus obligaciones ofensivas, defensivas, cuáles son las variantes que podemos tener”, señaló.

Además, destacó el crecimiento en la base de jugadores disponibles.

“Quizás antes había 14-15 jugadores, ahora ya tenemos 30 jugadores que dices: con cualquiera de ellos pongo la mano en el fuego y va a entrar y lo va a hacer bien”, dijo. A esto sumó un cambio en la mentalidad colectiva. “Ahora es más un equipo ganador que confía en sus posibilidades”.

El seleccionador también abordó la realidad del futbolista panameño y la necesidad de emigrar para desarrollarse profesionalmente.

“Si tú quieres vivir del fútbol, ser profesional, en Panamá tienes que salir y eso tiene su sacrificio y tienes que asumirlo”, expresó.

En esa misma línea, hizo un llamado a fortalecer la liga local, señalando que su crecimiento depende tanto del respaldo del público como de la inversión estructural.

“Necesitamos también que la liga propia crezca y crece si hay más aficionados que van a los estadios, si tenemos mejores estadios para poder jugar mejor”, apuntó. También mencionó la importancia del apoyo institucional y privado para mejorar instalaciones, alimentación y formación integral de los jugadores.

Christiansen, que acumula 86 partidos al frente de la selección, recordó las condiciones que encontró a su llegada en 2020, evidenciando carencias en el uso de herramientas tecnológicas. Relató que había equipos GPS disponibles, pero sin uso ni análisis, lo que reflejaba una falta de metodología en la preparación.

Finalmente, se refirió al componente espiritual del grupo, visible en las oraciones que realizan tras los partidos en el círculo central.

“Todo está en nuestras mentes en hacerlo lo mejor posible pero la fe mueve montañas”, expresó. Y sobre la fe concluyó que “muchas veces te da el un 10 por ciento un 20 por ciento más y que puede ser diferencial”.

Según cifras oficiales, en ese mismo período fueron verificadas 57,775 personas dentro de las instalaciones del sistema de transporte masivo, lo que permitió detectar a ciudadanos requeridos por diversos procesos judiciales y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

Las estadísticas revelan que la mayoría de las capturas corresponde a casos relacionados con delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, patrimonio económico, seguridad colectiva, vida e integridad personal, así como delitos contra la libertad e integridad sexual, entre otros.

La presencia de personas buscadas por la justicia dentro del Metro también pone en relieve la importancia de reforzar la vigilancia en espacios públicos de alta concurrencia.

Ante este panorama, la Unidad Policial del Metro reiteró el llamado a la ciudadanía para aplicar medidas de autoprotección y prevención al ingresar a las estaciones, además de colaborar con las autoridades reportando cualquier situación sospechosa.

Las cifras mantienen la tendencia registrada en 2025. Durante julio del año pasado, la Unidad Policial del Metro reportó la verificación de 76,390 personas y la captura de 308 ciudadanos con oficios vigentes en las estaciones de las líneas 1 y 2. Además, en ese mes se tramitaron tres extranjeros y se atendieron 28 casos de alteración a la convivencia pacífica.

El titular de Salud explicó que este viernes 17 de abril se desarrollará una reunión entre autoridades panameñas, personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y especialistas estadounidenses para evaluar la situación de los ríos La Villa y Estibaná, así como el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de la zona.

“Les damos una noticia: aprovechando la presencia del U.S. Corps of Engineers, tendremos una reunión para que nos puedan orientar, realizar un análisis y un diagnóstico profundo del problema, y elaborar un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo”, señaló Boyd.

El ministro reconoció que la problemática en Azuero arrastra décadas sin una solución definitiva. “Es un tema de hace muchísimas décadas, pero todavía siento que no hay un control o un diagnóstico muy preciso de lo que hay que desarrollar”, afirmó.

En la actualidad, el agua en la región de Azuero no es apta para el consumo humano y debe hervirse antes de utilizarse.

“No es apta para humanos. Hay que hervirla para poder utilizarla. Se puede usar para bañarse o limpiar las áreas, pero todavía no podemos dar el visto bueno de que pueda ser utilizada como agua potable”, manifestó el ministro.

El titular de Salud añadió que las autoridades deben actuar con cautela mientras avanzan los análisis técnicos y se define el plan de acción que recomendarán los especialistas internacionales.

Población de Azuero sigue padeciendo

Según los moradores, la falta de agua potable en la región de Azuero ha sido un problema recurrente durante décadas; sin embargo, señalan que la situación se ha agravado en los últimos 10 meses, luego de que el 27 de mayo de 2025 se detectara un aumento de materia orgánica en el río La Villa, lo que provocó que el Gobierno declarara un estado de emergencia mediante la Resolución de Gabinete N.° 56 del 10 de junio de 2025.

Esta crisis, provocada por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, obligó a las autoridades del Idaan a realizar una desinfección de la red hídrica. Hasta la fecha, varias comunidades de estas dos provincias continúan sin poder consumir agua potable directamente del grifo.

En marzo, diversas comunidades salieron a protestar para exigir una solución inmediata al Gobierno.

Más de 60 pozos perforados

Mientras se define una estrategia técnica, el Gobierno mantiene medidas de contingencia para abastecer a las comunidades afectadas. Boyd indicó que ya se han perforado más de 60 pozos en la región y que continuarán estos trabajos para garantizar el suministro.

Añadió que el año pasado se ejecutaron 122 pozos a nivel nacional y que para este año se contemplan otros 180, lo que elevaría la cifra a cerca de 400 pozos en todo el país.

Durante la conferencia de prensa habitual de los jueves, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que el programa de rehabilitación y perforación de pozos forma parte de las acciones para enfrentar la crisis de agua potable, principalmente en la región de Azuero.

Según explicó, hasta la fecha se han rehabilitado cerca de 30 pozos que se encontraban fuera de servicio y se han habilitado otros nuevos, lo que ha permitido reforzar la red de distribución en sectores como Chitré, Las Tablas, Pedasí y otras comunidades de la península. “Esto ha fortalecido considerablemente la red”, afirmó Orillac.

📍Herrera: ¡Seguimos trabajando!

💦 9 pozos habilitados🚰💧que ya refuerzan el caudal de la red de distribución.

🏫8 centros escolares han sido equipados con tanques de reserva y demás implementos. pic.twitter.com/w2UVz0s8Td

— IDAAN (@IDAANinforma) April 16, 2026

El funcionario detalló que esta estrategia no se limita a Azuero, sino que se ejecuta a nivel nacional mediante un mapeo de pozos que puedan ser recuperados de forma rápida como medida inmediata. Paralelamente, avanza la modernización y rehabilitación de plantas potabilizadoras, especialmente en los sistemas de captación de agua cruda y procesos de tratamiento.

El ministro adelantó además que luego serán inaugurados los dos anillos hidráulicos en la ciudad de Panamá, obras que permitirán llevar agua potable a unas 600 mil personas en Panamá Norte y Panamá Este, que actualmente enfrentan deficiencias en el servicio.

El partido también contó con la participación de Fidel Escobar, quien abrió el marcador al minuto 45 para el 0-1 parcial.

Rodríguez llegó a la final tras días de presión y críticas, especialmente por un penal fallado días antes.

“Han sido muy duros, muy duros. Estaba muy decaído, muy hundido”, dijo Rodríguez al terminar el encuentro.

“A veces cuando las cosas me van mal, yo llego a la casa y no puedo dormir… mi familia lo sabe. Me meto en una cápsula y no puedo levantarme”, y sobre el penal fallado, dijo: “Nadie quiere fallar un penal… uno a veces se llena de presión”.

El respaldo de su capitán, Mariano Torres, fue clave en esta recuperación emocional. “Mariano es un gran capitán… él trató de darme el penal para que yo pudiera anotar porque sabía que venía de una sequía de goles”, explicó Rodríguez, destacando la importancia del apoyo colectivo en momentos decisivos.

En el cierre del partido, Rodríguez se reivindicó en el campo y selló la victoria con un gol que también simboliza un logro personal.

“Es una gran ilusión… es mi primer título, lo soñaba cuando llegué aquí. Le doy gracias a Dios por brindarme ese gol”, expresó con la emoción a flor de piel.

“El domingo pasado la gente estaba muy molesta conmigo… hoy está contenta. Es el fútbol”.

Sobre su futuro con la selección de Panamá y el Mundial 2026, el delantero mencionó: “Claro, ¿por qué no ilusionarme? Si el profe me toma en cuenta sería un sueño. Voy a seguir trabajando para dar mucho más de mí”.

Rodríguez cierra con una reflexión sobre su compromiso y humanidad: “Cometo muchos errores… soy un ser humano. Nunca quiero fallar con esta institución. Siempre quiero dar lo mejor de mí”.

La resolución que establece el procedimiento para la escogencia del nuevo magistrado y su suplente fue aprobada por el pleno legislativo con 32 votos a favor y 22 en contra. Ahora, la Secretaría General deberá publicar la convocatoria durante dos días hábiles.

Las personas interesadas deberán presentar su documentación ante la Secretaría General en un término de cinco días, una vez culmine el período de convocatoria, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Los aspirantes deberán indicar si postulan al cargo de magistrado principal o suplente.

Juncá, exmiembro del Partido Panameñista y exfuncionario de la Asamblea Nacional hasta septiembre de 2016, fue electo el 3 de enero de 2017 como magistrado de TE en reemplazo de Erasmo Pinilla, a quien se le venció su periodo de 10 años en diciembre.

En su momento, Juncá recibió 40 votos de diputados de las bancadas del oficialista Panameñista y del opositor Cambio Democrático (CD). Juncá necesitaba 36 votos para ganar. En tanto, Gilberto Estrada fue electo entonces magistrado suplente del TE, con 36 votos.

A la Asamblea Nacional le corresponde, por mandato constitucional, nombrar a uno de los tres magistrados que conforman el Tribunal Electoral; el Órgano Ejecutivo designa a otro y el Órgano Judicial al tercero.

Durante la discusión de la resolución, la diputada de Vamos, Janine Prado, manifestó su oposición. Señaló que no entiende la premura del proceso, cuando aún faltan varios meses para que Alfredo Juncá concluya su período.

“¿Por qué nos adelantamos al tiempo? ¿Cuál es el interés, el apuro?”, se preguntó la diputada.

Además, indicó que actualmente el Legislativo se encuentra en el proceso de elegir al nuevo defensor del pueblo.

Y hoy deciden introducir en el Orden del Día la Resolución que APRUEBA el procedimiento para la elección del Magistrado del Tribunal Electoral y su Suplente.

¿ Por qué hacerlo en este momento cuando ese cargo finaliza a fin de año?

¿ Por qué en medio del proceso de escogencia…

— Janine Prado (@janineprado06) March 31, 2026

A la Asamblea Nacional le corresponde, por mandato constitucional, nombrar a uno de los tres magistrados que conforman el Tribunal Electoral; el Órgano Ejecutivo designa a otro y el Órgano Judicial, al tercero.

Este año se le vence el período de 10 años al magistrado Alfredo Juncá, exmiembro del Partido Panameñista y exfuncionario de la Asamblea Nacional hasta septiembre de 2016. Fue electo el 3 de enero de 2017 como magistrado del TE en reemplazo de Erasmo Pinilla.

La fase de presentación de candidaturas para escoger al magistrado, en la Secretaría General de la Asamblea, se llevó a cabo entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril.

Antes de culminar el tiempo para entregar la documentación, se conoció de una lista preliminar de aspirantes, entre los que están, además de Juncá, Ramón Abadi Balid, Dilia Estela Cornejo Meneses, Garrit Hermando Genetau Real, Roberto Neyrot Ruíz Díaz, Gilberto Enrique Estrada De Icaza, Edwin Alberto Medina Domínguez.

También figuran Jaime Miguel Barroso Pinto, Raúl Horacio Gutiérrez Flores, Cristina María Torres Ubillús, Javier Humberto Ordinola Bernal, Jacob Carrera Spooner, Maritza Cedeño Vásquez y Ceila Ivet Peñalba Ordóñez.

Cabe resaltar que aspiran al puesto Roberto Ruiz Díaz, quien fue electo como vicealcalde de la ciudad de Panamá (actualmente en licencia), y Jaime Barroso Pinto, quien según fuentes del legislativo, llega con la etiqueta de favorito para ser electo.

Asimismo está Gilberto Enrique Estrada, quien actualmente es el suplente de Juncá; Javier Ordinola y Ceila Ivet Peñalba, ambos funcionarios de la Asamblea.

De igual manera, Maritza Cedeño Vásquez, actual presidenta del Colegio de Abogados de Panamá, presentó su candidatura.

De acuerdo con lo aprobado por el pleno de la Asamblea para esta convocatoria, el día hábil siguiente al vencimiento del plazo de inscripción, la Secretaría General pondrá a disposición de los diputados la lista oficial de los aspirantes al cargo de magistrado principal y suplente.

Asimismo, remitirá la documentación correspondiente a la Comisión de Credenciales.

Es probable que el periodo de entrevistas en la Comisión de Credenciales empiece la próxima semana.

Jaime Barroso ejerció hasta hace poco como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas, designado en el gobierno de Juan Carlos Varela, a través del Decreto Ejecutivo No 185 del 26 de junio de 2019.

Su nombre en la gestión pública ha estado vinculado al Partido Panameñista, cuyos diputados en la Asamblea Nacional han votado a favor de diputados de Realizando Metas (RM), el partido oficialista, creando así la alianza RM-PRD-CD-Partido Panameñista.

Sin embargo, en entrevista con La Prensa, Barroso niega que su vinculación esté vinculada a alguna negociación entre el Legislativo y el Ejecutivo.

“Puedo decir que dentro del sistema de justicia patrimonial tengo cinco años de ser magistrado suplente, cuatro años de ser consejero jurídico del Tribunal y no he sido objeto de ningún tipo de negociación de nada. Tengo más de cinco años de haber renunciado al Partido Panameñista”, aseguró.

Añadió que renunció al Partido Panameñista en el 2019 cuando fue designado como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas.

“Nadie que entre al sistema judicial puede estar inscrito en partido político. Y desde entonces he estado desvinculado de todo lo que tenga que ver con el partido”, argumentó.

Como se recordará, las autoridades cubanas detuvieron a diez ciudadanos panameños en La Habana el 28 de febrero de 2026, acusados de realizar “propaganda contra el orden constitucional” mediante pintadas críticas contra el Gobierno. El Ministerio del Interior de Cuba alegó que los implicados, recluidos en Villa Marista, buscaban crear letreros subversivos y enfrentarían penas de hasta ocho años de prisión.

Los juristas asumieron la representación formal de los ciudadanos, con el mandato de participar en todas las fases del proceso, desde la instrucción hasta su eventual conclusión dentro del sistema penal cubano.

📍Comunicado pic.twitter.com/LlkzRHhgeW

— Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) March 3, 2026

La misión

Según fuentes vinculadas al proceso, los abogados designados tienen la tarea de velar por los derechos de los detenidos y asegurar el cumplimiento de las garantías procesales establecidas en la legislación cubana.

El 4 de marzo, el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, realizó su primera visita al grupo en el Centro de Detención para Delitos contra la Seguridad Nacional, conocido como Villa Marista, en La Habana. Durante el encuentro, el diplomático entregó productos de aseo personal y medicamentos, en un gesto orientado a atender necesidades básicas mientras avanzan las diligencias judiciales.

Posteriormente, el 25 de marzo, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, viajó a La Habana y sostuvo un encuentro directo con los diez ciudadanos detenidos. Tras la visita, el ministro aseguró haber constatado que las autoridades cubanas les han proporcionado un trato humanitario en medio del proceso que enfrentan.

En el marco de su agenda oficial, el canciller también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y con el presidente Miguel Díaz-Canel. De acuerdo con información oficial, las conversaciones se desarrollaron en un tono respetuoso y estuvieron centradas en la búsqueda de una salida que combine consideraciones humanitarias con el respeto al ordenamiento jurídico cubano.

Familiares podrían viajar

Como parte de las gestiones diplomáticas, Panamá solicitó al Gobierno cubano autorizar el viaje de familiares de los detenidos para que puedan visitarlos en la isla. La petición se enmarca en los esfuerzos por aliviar el impacto emocional de la detención y mantener el contacto entre los ciudadanos y sus allegados mientras se define su situación legal.

Entre los detenidos están José Luis Aguirre, Patrochiny Joseph, Omar Urriola, Víctor Manuel Cedeño Pinzón, Anthony Jules y Evelyn Castro, quienes permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

A este grupo se suman Cinthia del Carmen Camarena, Abigail Stephany Gudiño Castro, Adalberto Antonio Navarro Asprilla y Maykol Jesús Almendra Pérez. Todos continúan detenidos en medio de un caso que ha escalado a nivel diplomático, lo que ha motivado la intervención de la Cancillería panameña, la contratación de abogados locales y gestiones orientadas a garantizar el respeto de sus derechos y una salida que combine criterios legales con consideraciones humanitarias.

El 2 de marzo, el Ministerio del Interior de Cuba confirmó que los ciudadanos panameños fueron arrestados el sábado 28 de febrero en La Habana, acusados de realizar acciones de propaganda contra el orden constitucional.

Según el comunicado oficial de esa entidad, los implicados están siendo investigados por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano, que sanciona este tipo de conductas.

Este martes 31 de marzo, el Legislativo publicó la convocatoria para elegir al magistrado que reemplazará a Alfredo Juncá en el Tribunal Electoral (TE). El proceso luce rutinario sobre el papel, pero detrás tiene una cuenta regresiva: el 30 de junio de 2026, Jorge Herrera deja la presidencia de la Asamblea, y no hay certeza de si se reelegirá.

Lea aquí: Asamblea abre proceso para elegir a nuevo magistrado que reemplazará a Alfredo Juncá en el TE

Herrera, diputado coclesano y presidente del Partido Panameñista, fue elegido el 1 de julio de 2025 como presidente de la junta directiva para el período legislativo 2025-2026.

Su reelección como presidente de la Asamblea para un nuevo período no está garantizada, y esa incertidumbre es precisamente el motor de la prisa.

El favorito: Jaime Barroso

El nombre que circula con fuerza en los pasillos del Palacio Justo Arosemena para ocupar el cargo en el TE es el del actual fiscal de Cuentas, Jaime Barroso. Su trayectoria en la gestión pública ha estado vinculada al Partido Panameñista, donde militó hasta 2019.

En el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), fue designado como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas. En julio de 2024, el presidente José Raúl Mulino lo nombró fiscal de Cuentas en reemplazo de Waleska Hormechea.

La convocatoria

El itinerario que fijó la Asamblea deja poco margen. Luego de la aprobación de la Resolución No. 48 del 30 de marzo de 2026 en el pleno legislativo, los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de magistrado principal y suplente del TE pueden presentar su postulación a partir del lunes 6 de abril, y dicho período culmina el viernes 10 de abril.

Los aspirantes deben acudir personalmente a la Secretaría General de la Asamblea, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con los requisitos, entre ellos una declaración jurada de no tener antecedentes penales, copia de idoneidad como abogado y certificaciones de estudios.

Cumpliendo con la Resolución No. 48 del 30 de marzo del 2026 aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional le comunicamos a los ciudadanos interesados en Ocupar el Cargo de Magistrado del Tribunal Electoral y su Suplente. pic.twitter.com/YJLWDDWc70

— Asamblea Nacional (@asambleapa) March 31, 2026

Los pactos

La velocidad del proceso no es casual. Al activar el procedimiento ahora, Herrera se asegura de conducir la elección desde la presidencia de la Asamblea, una posición de influencia que podría perder el 1 de julio, cuando las bancadas reorganizan la junta directiva y los equilibrios políticos pueden cambiar.

Dejar instalado a Barroso en el TE antes de esa fecha sería consolidar, a través de un cargo de 10 años de duración, una presencia afín al panameñismo en el organismo árbitro de las elecciones de 2029.

No obstante, desde adentro de la Asamblea recordaron que hace 10 años el nombramiento quedó en el aire y tuvo que esperar al nuevo período.

Fue el 31 de octubre de 2016 cuando finalizó la primera legislatura y los diputados no se pusieron de acuerdo. No fue hasta el 3 de enero de 2017 que se eligió, y al día siguiente Alfredo Juncá tomó posesión. Advirtieron que, si no se adelantaba ahora, se corría el riesgo de repetir la historia: que el período de Juncá venciera en diciembre con la Asamblea en receso y la elección se pospusiera para enero de 2027.

Le puede interesar: Alfredo Juncá es electo magistrado del TE con votos panameñista y de Cambio Democrático

El reparto de las instituciones

Sin embargo, entre los propios diputados se habla de una negociación que no se circunscribe exclusivamente al TE. Se habría negociado un acuerdo político más amplio en el que el partido oficialista Realizando Metas (RM) y sus aliados tendrían la potestad de nombrar al Defensor del Pueblo, mientras que el Partido Panameñista retendría el cupo de magistrado del Tribunal Electoral.

Ambos procesos corren en paralelo: la Comisión de Gobierno, que preside el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, desde el lunes 30 de marzo entrevista a los 35 candidatos para la Defensoría.

Entre los aspirantes que, según fuentes legislativas, contarían con apoyo, destacan la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo y Gina Correa, directora de Documentación de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, también se menciona la posible reelección de Eduardo Leblanc en la institución.

Pero, si se nombra a Barroso en el TE, el puesto de la Fiscalía de Cuentas quedaría vacante. El Ejecutivo tendría que nombrar su reemplazo.

Lo que se perfila, es un reparto institucional entre fuerzas que requieren votos para maniobrar en el hemiciclo: los oficialistas, con su necesidad de mayorías para cuotas de poder en entidades, y el panameñismo, con su apuesta por asegurar influencia de largo plazo en el árbitro del sistema electoral, justamente cuando los partidos enfrentan el reto de construir una candidatura competitiva para 2029.

El Tribunal Electoral, además de organizar las elecciones, define reglas, resuelve disputas y proclama ganadores.

Críticas

La noche del pasado lunes, cuando se aprobó la resolución que le abrió la puerta a la convocatoria, se desataron críticas al mecanismo. La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, cuestionó el proceso.

¿Por qué, al cierre de marzo de este año, se está apresurando un proceso que, a mi juicio, no corresponde a este período legislativo, sino que debería abordarse a partir del 1 de julio, independientemente de quién presida la Asamblea Nacional?, cuestionó la diputada.

También criticó que los dos procesos se ejecuten en paralelo: la elección del defensor del pueblo y la del magistrado del TE.

¿Cuál es la prisa?

“Hablamos de institucionalidad, de defender la Asamblea, de hacer lo correcto, pero, a la hora de la verdad, tomamos decisiones que dejan más preguntas que respuestas. El cargo de magistrado del Tribunal Electoral concluye a finales de año. ¿Por qué nos estamos adelantando tanto? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es el interés?”, cuestionó.

Pero Francisco Brea, diputado del Partido Panameñista, defendió el proceso. Recordó que la Constitución le da potestad al Legislativo para hacer la designación. Argumentó que la resolución que da paso a la convocatoria para los interesados en el puesto se puso a consideración de la junta directiva ampliada (en la que participan los jefes de bancada) y que, por mayoría, se votó a favor.

“Es un proceso que no está normado”, dijo. Citó el artículo 246 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, que le da potestad al pleno para suplir los vacíos legales que no establece el reglamento.

Las preguntas de Prado quedaron sin respuesta oficial. Pero el calendario habla por sí solo.

El contrato asciende a $4.5 millones y tendrá una duración de cinco años, hasta el 19 de enero de 2031.

Como parte del acuerdo, ENSA se encargará de incluir la tasa de aseo en las facturas de electricidad, así como de la distribución de los recibos, la recaudación y la gestión de la cartera vencida de clientes residenciales y comerciales del distrito.

La decisión se da a pesar de que el pasado 26 de marzo, la Procuraduría de la Administración le dio la razón a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al considerar ilegal la decisión de la AAUD de asumir el servicio y el cobro de la tasa de aseo en ese distrito.

Hernández reaccionó a la decisión en redes sociales, donde aseguró que dicha contratación se dio sin la aprobación del Consejo Municipal de San Miguelito.

Cabe resaltar que la aprobación por parte del Gabinete se dio el pasado 31 de marzo de 2026, según figura en la Resolución de Gabinete n° 21.

El origen de dicha decisión, surgió tras la finalización de la concesión con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (REVISALUD), el pasado 18 de enero, periodo durante el cual se registraron incumplimientos reiterados que derivaron en la acumulación de desechos y la proliferación de vertederos, afectando la salud pública de los residentes de San Miguelito.

Ante esta situación, la AAUD asumió de forma directa la gestión operativa del servicio por orden del Gobierno.

La más reciente operación se efectuó hoy en una embarcación en las inmediaciones de la isla San Miguel, en la que se ubicaron 992 kilos de cocaína dentro de varios bultos que tenían como destino tierra firme.

La embarcación fue detectada por una patrullera del Senan que −al realizar una revisión en el interior de la lancha que era tripulada por dos personas− ubicaron varios bultos que resultaron ser cocaína.

Mientras que ayer miércoles fueron decomisados 1,897 kilos de drogas que estaban ocultos dentro de dos contenedores que se encontraban en fondeadero en Bahía Limón, en la provincia de Colón.

Ambos contenedores que procedían de Ecuador tenían como destino la ciudad portuaria de Antwerp, Bélgica.

Por este caso, la Fiscalía de Drogas investiga si la droga fue introducida en los contenedores cuando se encontraban en tránsito por Panamá o si llegaron con la carga desde Ecuador.

En la provincia de Colón operan varias pandillas con nexos con redes del narcotráfico que contaminan contenedores con drogas a cambio de fuertes sumas de dinero.

Los narcotraficantes utilizan la contaminación de contenedores con droga para enviar grandes cargamentos hacia Europa y Estados Unidos, ya que debido al gran volumen de tráfico de contenedores resulta difícil hacer una revisión de cada carga.

En lo que va del año 2026 el Senan ha decomisado un total de 24.5 toneladas de cocaína en 30 operaciones realizadas en todo el país.

Un informe del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Control del Narcotráfico Marítimo de julio de 2025 de la Armada Colombiana y que busca establecer alternativas frente al fenómeno.

El documento revela que el Archipiélago de las Perlas se ha consolidado como un enclave estratégico dentro de las dinámicas del narcotráfico marítimo en Panamá.

“No puede amenazar a otros países constantemente con la guerra. Tenemos que poner orden en este mundo, que va camino de convertirse en un único escenario bélico”, afirmó Lula, que el próximo domingo inaugurará con el canciller alemán Friedrich Merz la Feria industrial de Hannover, con Brasil como país invitado.

El presidente brasileño lamentó que los cerca de 2.7 billones de dólares gastados el año pasado en defensa a nivel global no se hayan utilizado para luchar contra el hambre y el analfabetismo y que Trump no esté dispuesto a abordar el fin de la guerra en Oriente Medio en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Es como si fuésemos a la deriva por alta mar, en un barco sin capitán”, dijo.

Lula tampoco escatimó críticas a la política latinoamericana de Trump y condenó el bloqueo económico contra Cuba y la actuación de Washington en Venezuela.

“La autodeterminación de los pueblos, su integridad territorial y su soberanía no se pueden tocar. Igual que (el presidente ruso Vladímir) Putin no tenía derecho a invadir Ucrania, Trump no tiene derecho a intervenir en Venezuela o a amenazar a Cuba”, declaró.

En cuanto a la sucesora del depuesto Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que debe encontrar la forma de “pacificar Venezuela e impulsar la democratización”, y subrayó que en su lugar hubiera convocado elecciones en un plazo de seis meses tras asumir el cargo.

Con respecto a Cuba, justificó que Brasil no intente enviar petróleo a la isla con que las acciones de la petrolera Petrobras cotizan en la bolsa de Wall Street, pero se demostró dispuesto a ayudar a la isla con medicinas y alimentos.

“Nuestras relaciones con Cuba son tan buenas que los cubanos han señalizado: que Lula no emprenda nada que pueda perjudicar a Brasil”, aseguró y añadió: “Tenemos que ayudar a Cuba a volverse independiente del petróleo”.

De acuerdo con las investigaciones, González era seguido por dos vehículos, uno de ellos lo colisionó por atrás y provocó que el auto de la víctima se estrellara con un poste del tendido eléctrico, mientras que del otro vehículo bajaron cuatro hombres que vestían chalecos y gorras similares a los usados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y le dispararon en múltiples ocasiones.

El vehículo de la víctima, un Kia Sportage color gris, recibió más de 30 impactos de bala, por lo que se presume que sus atacantes usaron armas automáticas. Los vecinos del lugar reportaron una gran cantidad de detonaciones.

Las pesquisas revelan que González tenía varios años de residir en Panamá y mantenía actividades de asesoría financiera y sus oficinas estaban en la Torre Financial Park, ubicada en el sector de Costa del Este.

Las autoridades revisaban desde ayer las cámaras de vigilancia para intentar identificar a sus atacantes, pero hasta el momento no se tienen indicios de los autores del crimen ni del móvil del ataque.

González no es el primer banquero suizo muerto o desaparecido en Panamá. En agosto de 1,998, Hans Jorg Boch desapareció sin dejar rastro. Durante varios años, las autoridades buscaron pistas en diferentes puntos del país. En 2001 se localizaron los restos de una persona que inicialmente fue identificada como Boch, pero una segunda prueba de ADN, realizada por autoridades suizas, descartó que ese fuera su cuerpo.

Ambas comunicadoras señalaron que el mandatario, quien se describe como un “hombre que cree en el Estado de derecho”, debería asumir una postura más contundente frente a una situación que, a su juicio, ha generado la percepción ciudadana de que el contralor Flores estaría “por encima de la ley”.

Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino explicó que sostuvo conversaciones por separado con Flores y Gómez Rudy, quienes le expusieron sus respectivas versiones de los hechos. Tras estos encuentros, el presidente instó a ambos a superar sus diferencias para garantizar la continuidad del trabajo institucional.

No obstante, Palm y Bacal sostuvieron que este enfoque reduce la situación a un conflicto interpersonal, cuando —según afirmaron— se trata de un tema que podría tener implicaciones más profundas para la institucionalidad del país.

Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitirá una nueva resolución para establecer que el tope semanal del subsidio se calcule exclusivamente en montos económicos y no en litros.

Con este esquema, los transportistas seguirán recibiendo un subsidio fijo semanal de $53.49 para taxis y $86.00 para buses, independientemente del precio del combustible en cada estación.

Un cambio necesario por la variación de precios

La decisión surge tras una reunión entre el administrador de la AIG, el ministro del MEF, Felipe Chapman, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. Hasta ahora, el cálculo basado en litros generaba distorsiones, ya que el monto subsidiado variaba dependiendo del precio de venta en cada estación de combustible (por ejemplo, si el litro costaba $1.15 frente a $1.18).

“Esa situación la vamos a contrarrestar. Nos vamos a basar únicamente en monto para evitar complicaciones en el consumo del tope de subsidio”, explicó Fábrega.

Nuevos sectores se suman al beneficio

Tras completar la validación técnica, además de taxis, colegiales y buses, este viernes se habilitará la plataforma para agregar dos sectores clave como la pesca artesanal y el transporte de carga de alimentos.

Fábrega explicó que la integración de estos dos grupos tomó más tiempo debido a la complejidad de su validación, ya que, a diferencia de los taxis o buses, estos sectores no cuentan con certificados de operación registrados ante la ATTT ni placas vehiculares estándar para el proceso automatizado.

Director de la AIG, Adolfo Fábrega, informó que ya se han realizado más de 33 mil despachos de combustible subsidiado y más de 33 mil vehículos han sido aprobados en la plataforma Panamá Conecta.https://t.co/msWH1jdGnz pic.twitter.com/RKy6waW2Bb

— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Balance de la plataforma

A pesar de los ajustes, el administrador calificó el proceso como un “rotundo éxito”. Las cifras actuales reflejan una adopción masiva del sistema:

• 33,815 despachos de combustible subsidiado realizados a nivel nacional.
• 33,289 vehículos aprobados tras completar su registro en panamaconecta.gob.pa.
• Más del 90% de las solicitudes de registro están siendo aprobadas.

Guía rápida para el registro y uso

1. Registro: Se realiza en el portal oficial. El sistema valida automáticamente que el vehículo esté en paz y salvo con la ATTT y cuente con placa vigente.
2. Conductores múltiples: Un solo vehículo (como un bus o taxi) puede tener registrados a varios conductores o “palancas”, quienes podrán acceder al subsidio, siempre bajo el tope semanal asignado al auto.
3. En la estación: El usuario solo debe presentar su cédula y número de placa. El pistero valida la habilitación en el sistema, procede con el despacho y listo.

El concesionario es Scientific Games LLC, sociedad que desde 2013 había pactado un contrato con la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

La Sala Tercera de la CSJ, a través de un fallo adoptado el 13 de abril pasado, decidió que es nula por ilegal la adenda 5 del Contrato 2013(9)08 de 13 de marzo de 2013, la cual había extendido la vigencia de la concesión por 10 años.

Pese a la decisión de la Corte, la empresa está promoviendo la celebración de un sorteo el próximo sábado 18 de abril.

Pedro Meilán, el abogado que presentó la demanda de nulidad, alegó que la Lotería debía haber convocado a un nuevo acto público, en lugar de prorrogar el contrato a Scientific de forma automática. Este argumento fue respaldado en 2024 por el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González.

El contrato fue adjudicado originalmente por 10 años al consorcio Panama Lottery Technology Services, integrado por Scientific Games International Inc. y Panama Scientific Gaming, S.A., el 13 de marzo de 2013, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014), administración en la que el presidente José Raúl Mulino sirvió como ministro de Seguridad Pública.

Cambios a favor de la empresa

En principio, el contrato era para la comercialización exclusiva de la lotería instantánea (raspe y gane). Muy pronto se hicieron modificaciones para ampliar su alcance.

El 24 de septiembre de 2013 se firmó la primera adenda, para permitir la lotería electrónica o en línea. En otra adenda se decidió que la LNB asumiría los gastos de publicidad y mercadeo. En total, hubo cinco adendas. La última es la que acaba de ser declarada ilegal por la CSJ.

Con la quinta adenda, formalizada el 24 de febrero de 2023, se extendió la vigencia del contrato por 10 años más y se permitió la venta de la Lotto a través de los billeteros. A cambio, la LNB debía entregar a la empresa el 15% de las ventas brutas.

No solo hubo cambios profundos en la concesión, sino también en el núcleo contratista.

El consorcio Panama Lottery Technology Services se desintegró y fue reemplazado por Scientific Games LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Delaware, Estados Unidos, aunque su base de operaciones está en Alpharetta, Georgia. En Panamá, supuestamente brindan el servicio a través de una “sucursal”.

En el Registro Público aparece inscrita desde el 23 de marzo de 2022. En los documentos aportados consta que Patrick McHugh ocupa todos los cargos directivos: presidente, secretario y tesorero. Su agente residente en Panamá es la firma Arosemena, Noriega & Contreras y como “representante” figura Javier Martínez.

Negociados y burlas

Cuando Mulino tomó posesión, en julio de 2024, no tardó en mostrar su desagrado.

“Esto es negocio para alguien, pero no para el Estado”, dijo el 25 de julio de 2024. De paso, comunicó que había dado instrucciones para retirar el contrato al concesionario.

Sin embargo, Scientific Games LLC encontró la manera de burlar la orden de Mulino: presentó una demanda de nulidad contra las acciones emprendidas por la entonces directora de la Lotería, Saquina Jaramillo. Esa maniobra legal le permitió continuar celebrando tres sorteos por semana (los martes, jueves y sábados).

Millones a costa del Estado

El presidente Mulino calculó que la lotería electrónica generaba una venta bruta semanal de $900,000, dinero que no queda en las arcas de la LNB.

Los gastos de publicidad y mercadeo de este negocio (casi $12,000 por semana), aunque privado, eran asumidos por la LNB, que también debía costear el diseño e impresión de los boletos.

La decisión de la Sala Tercera fue adoptada de forma unánime por los magistrados Gisela Agurto (ponente), María Cristina Chen Stanziola y Carlos Vásquez Reyes.

Mulino aseguró que se trata de un tema que “se ha estado resolviendo” y evitó emitir un juicio de valor, pese a reconocer su formación jurídica.

“Sí, en efecto, soy abogado, pero también soy el presidente de la República, y no voy a emitir un juicio de valor sobre esos temas”, declaró en su conferencia semanal, que esta vez tuvo como escenario la Ciudad de Las Artes, en Los Llanos de Curundu.

El mandatario panameño explicó que conversó por separado con ambos funcionarios, quienes —según dijo— le presentaron sus respectivas versiones de los hechos. Tras esas conversaciones, pidió que se superen las diferencias para garantizar la continuidad del trabajo institucional.

“Les he pedido que allanen las diferencias que haya que allanar y sigan trabajando. Los dos son importantes en la administración pública, en favor de los beneficios del Estado, la investigación de delitos”, expresó.

Mulino también manifestó “sorpresa” por la situación, al señalar que el incidente lo tomó desprevenido. “Hasta allí, no me voy a meter en un problema que verdaderamente me sorprendió igual que ustedes”, afirmó.

El presidente José Raúl Mulino afirmó que respeta la independencia de poderes ante la controversia entre el procurador y el contralor, defendió las auditorías realizadas y pidió investigaciones sin impunidad ni selectividad.https://t.co/msWH1jdGnz pic.twitter.com/XySDe44gCG

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Las diferentes entre Flores y Gómez Rudy se da en medio de una relación marcada por tensiones previas. El último episodio lo conoció casi todo el país: Flores llegó -sin avisar y sin invitación- a las oficinas de la Fiscalía Superior Anticorrupción, ubicadas en el edificio Central Park, en la vía Transístmica, acompañado del subcontralor Omar Castillo y otros funcionarios. Fue a ese lugar, según un comunicado de la Contraloría, para “conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados”.

La entrevista con las auditoras es parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción contra el exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado. El Ministerio Público informó que el contralor irrumpió en la diligencia.

El presidente José Raúl Mulino dijo que no emitirá juicios sobre el incidente entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público durante una diligencia del caso contra el exvicepresidente Gabriel Carrizo.https://t.co/msWH1jdGnz pic.twitter.com/82LEi558aC

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Distintas voces de la sociedad civil y sectores políticos del país han manifestado que la separación de poderes está en juego, que el Estado de derecho queda en jaque, y hay un “autoritarismo, extralimitación de funciones”.

“Este resultado representa un hito para el país, considerando que Panamá se mantenía bajo restricciones desde el año 2000, acumulando 26 años sin acceso al mercado para este producto bajo este régimen”, indicó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

El reconocimiento, requisito exigido por la legislación estadounidense, permite la importación de atún aleta amarilla capturado en el Pacífico Oriental Tropical por buques cerqueros de gran escala. Sin esta certificación, el producto se mantiene bajo embargo dentro del esquema regulatorio de ese país.

La decisión implica que Panamá cumple con los estándares del Marine Mammal Protection Act (MMPA) y con compromisos internacionales en materia de protección de delfines, incluyendo su participación en la Comisión Interamericana del Atún Tropical y el Programa Internacional de Conservación de Delfines.

Con esta habilitación, el país podrá reactivar exportaciones hacia el mercado estadounidense, fortalecer la competitividad del sector pesquero y mejorar su integración en cadenas internacionales de suministro. El impacto se reflejará especialmente en la flota panameña que opera en aguas internacionales con destino final en Estados Unidos.

El avance responde a los esfuerzos en control, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales, y marca un paso relevante en la reinserción de Panamá en el comercio pesquero global.

El Minerva Gloria está atracado en un muelle en la bahía Mississippi Sound, no muy lejos de las vastas reservas petroleras de Estados Unidos en el Golfo de México.

El buque —de 250 metros de longitud y pintado en colores azul marino y burdeos— transporta una preciada carga procedente de Venezuela que, hace apenas seis meses, habría sido imposible de traer a Estados Unidos: 400.000 barriles de petróleo crudo.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Bajo el mandato de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo habían caído significativamente debido a la falta de inversión.

Posteriormente, llegaron las sanciones estadounidenses contra cualquier importación proveniente del país latinoamericano.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump prometió aprovechar esas reservas después de que las fuerzas militares de EE.UU. capturaran a Maduro en una incursión nocturna sorpresa el pasado mes de enero.

Ahora el petróleo vuelve a fluir en Venezuela. En marzo, las exportaciones mensuales de crudo del país superaron el millón de barriles diarios; la primera vez que esto ocurre desde septiembre.

Mientras el mundo se tambalea ante el impacto en los precios globales de la energía provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, grandes compañías petroleras y gasíferas, como Chevron, están importando crudo venezolano en grandes cargamentos.

“Es un acontecimiento de gran importancia, no solo para Chevron, sino para toda la región del Golfo”, afirma Tim Potter.

Él es el director de la refinería de petróleo de Chevron en Pascagoula, Misisipi, la operación más grande de la compañía en EE.UU. Es, además, la única gran petrolera estadounidense que opera actualmente en Venezuela.

En conjunto, esto significa que Chevron puede extraer su propio petróleo venezolano, procesarlo por sí misma y hacerlo llegar directamente al consumidor estadounidense.

“Supone un incentivo bastante grande para que lo procesemos”, comenta Potter. “La refinería fue diseñada —y realizamos inversiones en ella— precisamente para procesar crudos pesados, como los provenientes de Venezuela”.

Esta misma semana, Chevron firmó dos acuerdos con el gobierno venezolano que le permitirán la expansión de sus operaciones de crudo extrapesado en un área de la Faja Petrolífera del Orinoco.

“Crudo agrio”

El petróleo crudo venezolano es relativamente barato de adquirir debido a que su procesamiento resulta mucho más complejo. Es muy pesado, denso, oscuro y tiene un alto contenido de azufre, razón por la cual a menudo se le denomina “crudo agrio”.

Se utiliza para la producción de diésel, gasolina, combustible para aviones y otros productos derivados.

Actualmente, Chevron importa el equivalente a 250.000 barriles diarios de crudo venezolano, en promedio, según afirma Andy Walz, presidente de las divisiones de refinación, transporte y productos químicos de Chevron.

“Creemos que podemos incrementar esa cifra en otro 50%, es decir, alcanzar un volumen de entre 350.000 y 400.000 barriles diarios, considerando únicamente la cuota que corresponde a Chevron dentro de nuestra posición en Venezuela”.

Lo que Walz entiende por la “posición” de Estados Unidos en Venezuela es que, si bien Chevron es la única compañía estadounidense con capacidades de extracción en el país, existen otras empresas que adquieren petróleo venezolano directamente de los productores locales.

Asimismo, Chevron no es el único actor relevante en el ámbito de la refinación de petróleo en Estados Unidos. El país cuenta con 132 refinerías que operan procesando una mezcla de distintos tipos de crudo. De hecho, cerca del 70% de la capacidad de refinación estadounidense alcanza su máxima eficiencia operativa al procesar crudos más pesados.

Estados Unidos importa un volumen muy reducido de petróleo procedente de Oriente Medio —aproximadamente un 8% en el año 2025—. El incremento en las importaciones provenientes de Venezuela implica una mayor disponibilidad de crudo, lo cual debería traducirse en precios de la gasolina más asequibles para los conductores estadounidenses.

“Estados Unidos prácticamente no importa petróleo a través del estrecho de Ormuz, ni lo hará en el futuro; simplemente no lo necesitamos”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, durante el discurso televisado que pronunció en hace unas semanas,

Precios en aumento

Sin embargo, muy cerca de la refinería de Chevron —en una gasolinera de la misma compañía— los precios en los surtidores siguen aumentando.

“Lo detesto”, dice David McQueen, un veterano jubilado de la guerra de Vietnam que depende de la Seguridad Social para su sustento. “El precio tiene que bajar, porque yo me estoy hundiendo con él”.

Cuando se le pregunta por qué sigue pagando tanto para llenar el tanque de su coche, a pesar de estar rodeado por las vastas reservas de petróleo de EE.UU., McQueen opina que el gobierno las está reteniendo “para mantener los precios altos”. Y añade: “Tenemos gasolina de sobra”.

En el surtidor de al lado, Donna llena su tanque con combustible por US$30. “Estoy conduciendo menos y gastando menos en otras cosas”. Sus nietos viven a unas pocas horas de distancia, pero ella no los ve con tanta frecuencia porque el viaje se ha vuelto demasiado costoso. “Hay que hacer lo que hay que hacer”.

El precio promedio de un galón de gasolina en esta parte de Misisipi sigue siendo más barato que el promedio nacional, según la Asociación Automovilística Estadounidense. Antes de la guerra en Irán, la gasolina costaba casi un dólar menos.

En ese mismo discurso televisado, el presidente Trump ensalzó la capacidad de producción petrolera de Estados Unidos. “Somos el principal productor de petróleo y gas del planeta, por no mencionar los millones de barriles que estamos obteniendo de Venezuela”.

Sin embargo, el acceso a esas vastas reservas petroleras aún no se ha traducido en precios más bajos para los estadounidenses. Esto se debe a que EE.UU. es tan susceptible a las fluctuaciones del mercado petrolero mundial como cualquier otro país.

“Si bien seguimos logrando que el crudo llegue a esta refinería gracias a nuestra fuente de suministro relativamente local, el precio general de ese crudo ha aumentado, ya que se rige por los mercados mundiales”, afirma Potter.

No obstante, Chevron confía en que su apuesta por el crudo venezolano acabará beneficiando a los consumidores. El conflicto con Irán simplemente está ocultando esos beneficios en este momento.

“Cuando la situación vuelva a la normalidad, ese suministro adicional proveniente de Venezuela se traducirá, de hecho, en precios más bajos para los estadounidenses. Así que sucederá en el futuro, aunque no esté surtiendo efecto ahora mismo”, señala Walz.

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• Qué se sabe sobre cómo EE.UU. vende el petróleo de Venezuela y le envía el dinero al gobierno de Delcy Rodríguez
• En qué estado se encuentra la industria petrolera venezolana y cuánto podría costar recuperarla
• Qué tiene de especial la geografía de Venezuela que hace que tenga las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo

Eduardo Fortuny, director de Fortuny y Asociados, exvicepresidente de BNH Casa de Bolsa y especialista en gestión de portafolios de alto rendimiento, en su conferencia expuso el panorama sociopolítico y económico en el que se encuentra el país luego del 3 de enero tras la salida de Nicolás Maduro, y el inicio del tutelaje del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la administración “transitoria” de Delcy Rodríguez.

Para comenzar a contestar todas las interrogantes, Fortuny primero deja claro: “somos un país tutelado [Venezuela] en este momento. Nuestras reservas internacionales están controladas por la Reserva Federal de Estados Unidos. Toda la exportación petrolera, minera, va a cuentas controladas por la Reserva Federal. El oro del Banco Central está controlado por sanciones y por el Banco de Inglaterra”.

El especialista en análisis de entorno y estrategia de mercado, Eduardo Fortuny, durante el conversatorio de Venezuela sobre los retos, oportunidades y perspectivas de inversión, mencionó que: “Somos ahora un país tutelado por Washington… nuestras reservas internacionales y… pic.twitter.com/zHt49dvUQe

— La Prensa Panamá (@prensacom) April 15, 2026

Menciona que si algún agente económico, es decir empresas, emprendedores o una persona, desea hacer un negocio en Venezuela que involucra el movimiento de divisas, debe conseguir antes, una autorización específica de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En ese contexto, Fortuny advierte que el atractivo de Venezuela como destino de inversión no puede analizarse bajo los parámetros tradicionales. “Si tú necesitas seguridad jurídica perfecta para invertir en Venezuela, probablemente cuando llegue esa seguridad, ya no habrá oportunidad”, señaló, al explicar que el actual escenario combina alto riesgo con potenciales retornos significativos por lo que recomienda aprovechar la conyuntura para ganar parte del mercado.

El analista subrayó que el país atraviesa una transformación estructural impulsada por factores externos y decisiones económicas que redefinen su modelo productivo.

“Esto es una economía que se reconstruye desde el sector privado, con inversión masiva de capital”, afirmó, al tiempo que destacó que sectores estratégicos están migrando hacia esquemas de participación privada.

“El tema estratégico no es el petróleo de hoy, es el acceso a las reservas”, indicó, al recordar que Venezuela posee una de las mayores reservas del mundo, lo que la posiciona nuevamente en el tablero energético internacional.

Incluso, aseguró que “Venezuela sola, con una fracción de su petróleo, puede cubrir la demanda insatisfecha del mundo en los próximos años”.

A nivel interno, el especialista describió un cambio en la percepción del país por parte de su propia población y del mercado. “Venezuela pasó de compartir problemas a compartir la esperanza”, sostuvo, al referirse a las expectativas de recuperación económica, impulsadas por una eventual apertura y mayor flujo de inversión extranjera en la que hay un optimismo muy alto.

Sin embargo, también advirtió que el proceso no estará exento de dificultades. “Si a usted no le gusta la carrera de obstáculos, no mire para Venezuela”, dijo, al recalcar que el entorno seguirá marcado por desafíos operativos, regulatorios y políticos. En ese sentido, resumió el escenario con una frase clave: “el problema para unos es la oportunidad para otros”.

Además, indicó que aunque muchos esperaban un cambio en la administración gubernamental, la realidad es que según el plan de Trump para Venezuela, la prioridad es arreglar primero la economía y en algún momento se dará esa transición política deseada.

“La reconstrucción de Venezuela la harán los venezolanos”, indica al señalar que mucho talento que está aún en ese país y los que están en el exterior llegarán con este nuevo panorama.

Fortuny enumeró lo que a sus juicios son los ocho sectores claves para aprovechar a invertir en Venezuela:

1. Petróleo y gas: el eje de la recuperación

El sector energético lidera las oportunidades de inversión, impulsado por la apertura a capital privado y la necesidad de aumentar la producción. Venezuela cuenta con una de las mayores reservas del mundo, lo que la convierte en un actor clave en el nuevo mapa energético global.

“Esto apunta a convertirse a Venezuela en una economía petrolera de intensa inversión de capital. Esto puede derivar en 10 años de crecimiento económico sostenido por arriba de dos dígitos, vista la magnitud de la inversión que aquí se tiene que hacer”, expresó Fortuny. Hay cálculos de alrededor de no menos de $20 mil millones en necesidades de inversión en la próxima década solo en el sector petrolero.

2. Servicios petroleros e industria auxiliar

Más allá de la extracción, existe un amplio espacio para empresas de soporte: mantenimiento, repuestos, logística, transporte, catering y hasta servicios básicos. La reactivación del sector demandará una red completa de proveedores.

3. Sector financiero y banca

El sistema financiero venezolano presenta un rezago importante, lo que abre oportunidades para crecimiento acelerado. Se espera una expansión del crédito, servicios bancarios y financiamiento corporativo en una economía basada en inversión privada. “El sector financiero va a crecer 20 o 40 veces porque está muy por debajo de su tamaño natural”, recalcó.

4. Logística, puertos y transporte

El aumento del comercio y la inversión requerirá modernizar puertos, aeropuertos y cadenas logísticas. La ubicación estratégica del país también abre espacio para integrarse nuevamente a rutas regionales. “Los puertos y aeropuertos se van a trancar; habrá que rehacer sus capacidades para volver a la normalidad”, precisó.

5. Comercio y consumo masivo

Con una eventual mejora del poder adquisitivo y el retorno de migrantes, el consumo interno podría experimentar un repunte. Sectores como alimentos, salud y productos básicos ya muestran señales de recuperación.

6. Infraestructura y servicios públicos

La necesidad de rehabilitar sistemas eléctricos, agua, telecomunicaciones y transporte representa una de las mayores oportunidades de inversión, especialmente bajo esquemas de participación privada.

7. Bienes raíces e inmobiliario

El mercado inmobiliario enfrenta una sobreoferta tras la salida de millones de venezolanos, pero también abre oportunidades en alquiler, reconversión de espacios y nuevos desarrollos adaptados a una demanda distinta.

8. Turismo y servicios asociados

El eventual retorno de la diáspora con más de 7 millones de venezolanos en el extranjero y la reactivación económica podrían dinamizar el turismo, tanto interno como internacional, generando oportunidades en hotelería, transporte y experiencias.

Fortuny lanzó una advertencia clara a quienes aún dudan si apostar por el mercado venezolano: no participar también implica un riesgo. “Si tú no participas en la recuperación del consumo en Venezuela y pierdes ese market share en la región, puedes terminar fortaleciendo a tu competencia y poniendo en riesgo otros mercados”, señaló.

En ese sentido, precisa que más allá de la decisión individual de invertir o no, será la dinámica competitiva la que obligará a muchas empresas a asumir el riesgo y entrar en Venezuela para no quedarse fuera de una eventual recuperación económica.

Siga aquí la transmisión en vivo.

“Y la tercera y no menos importante es que legislan sin saber si hay plato o presupuesto para financiar lo que sea que quieran crear. No puedo existir ley que cree instituciones, que generen gasto al erario público cuando no tenga sustento presupuestario”.

Sobre las leyes aprobadas por insistencia en la Asamblea, luego que fueron vetadas, el mandatario que siempre se hacen las consultas con los sectores afectados. “En algunos casos la inmensa mayoría adolecen de problemas constitucionales y de choque legislativo, con legislaciones sobre la misma materia ya existían con anterioridad”.

Sobre el informe de las afectaciones que sufrió el puente de las Américas tras una explosión en un terreno de la parte de abajo del puente, el presidente Mulino dijo que la información que tiene es la misma que divulgó el Ministerio de Obras Públicas, de que la estructura está salva y que se mantendrán las restricciones de peso.

Mulino explicó que con este proyecto de ley se busca salir de la listas discriminatorias de la Unión Europea.

El presidente José Raúl Mulino anunció que convocará a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para discutir el proyecto de ley sobre sustancia económica. El 30 de abril finaliza la sesión ordinaria

La iniciativa busca exigir que las entidades con rentas pasivas de fuente extranjera demuestren una presencia empresarial real y verificable en el país.

El presidente José Raúl Mulino informó que se reunió por separado con el procurador Luis Carlos Gómez; y el contralor, Anel Flores, tras las tensiones generadas luego de que Flores irrumpiera en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, donde auditores rendían declaración dentro de una investigación judicial. “Conozco sus versiones y les he pedido que allanen sus diferencias. Ambos son importantes para la administración pública”, afirmó.

El presidente José Raúl Mulino dijo que no emitirá juicios sobre el incidente entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público durante una diligencia del caso contra el exvicepresidente Gabriel Carrizo.https://t.co/msWH1jdGnz pic.twitter.com/82LEi558aC

— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Mulino retomó la palabra y aseguró que hay abastecimiento de arroz hasta octubre. “No voy a permitir la importación de arroz mientras haya inventario”.

El presidente José Raúl Mulino aseguró que el país tiene reservas de arroz hasta octubre y reiteró que no permitirá importaciones mientras existan inventarios locales, en defensa de los productores nacionales. El director del IMA confirmó las cifras tras los inventarios… pic.twitter.com/gm6a5RJPVD

— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Orillac explicó que se realiza un mapeo de las plantas potabilizadoras que deben entrar al sistema. Subrayó que unas 600 mil personas en los sectores norte y este de Panamá aún no cuentan con acceso regular a agua potable, lo que convierte la situación en una de las prioridades de la administración.

Ante la creciente crisis de agua, el presidente José Raúl Mulino cedió la palabra al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, para detallar las acciones del Gobierno.

“Ni Ángela Russo ni Jaime Barroso son mis amigos”, afirmó, tras ser consultado sobre un supuesto ungido del Ejecutivo para el cargo.

El presidente José Raúl Mulino rechazó tener un candidato preferido para la elección del defensor del Pueblo y marcó distancia de los nombres que han circulado.

Mulino subrayó que ambos funcionarios son “necesarios para el país” y recordó que sus competencias están claramente delimitadas en la Constitución. “Su trabajo es importante en la búsqueda de la verdad, a través de los procesos, y en la fiscalización del uso de los recursos públicos, en el caso del contralor”, afirmó. Añadió que más adelante podría referirse nuevamente al tema. Intento mostrarse neutral.

El presidente José Raúl Mulino negó tener injerencia en la elección de la nueva defensora, de la magistratura del Tribunal Electoral o en la posible designación de Jaime Barroso, y afirmó que ni él ni el Ejecutivo impulsan candidaturas, incluyendo la de Ángela Russo. Dijo que… pic.twitter.com/PDsvb3bTZV

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El presidente José Raúl Mulino inició su conferencia de prensa refiriéndose a los choques entre el contralor general y el procurador, en una intervención preparada antes de abrir el espacio a preguntas.

El presidente José Raúl Mulino afirmó que respeta la independencia de poderes ante la controversia entre el procurador y el contralor, defendió las auditorías realizadas y pidió investigaciones sin impunidad ni selectividad.https://t.co/msWH1jdGnz pic.twitter.com/XySDe44gCG

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La discusión vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en las políticas públicas de la región: la apuesta por la digitalización como atajo para resolver problemas estructurales que, según expertos, están mucho más arraigados.

Para Javier González, director y cofundador del Laboratorio de Investigación e Innovación para América Latina y el Caribe, Summa, y presidente de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile, la respuesta no está en la compra de equipos ni en la expansión tecnológica acelerada, sino en un factor menos visible, pero decisivo: las prácticas pedagógicas dentro del aula.

Así lo planteó en una entrevista concebida por La Prensa, en la que analizó el alcance de la inversión tecnológica, las debilidades del sistema educativo panameño y la evidencia internacional sobre qué funciona realmente para mejorar el aprendizaje.

Más allá del gasto: qué se logra en educación

La pregunta que atraviesa el debate es directa: ¿puede una inversión de esta magnitud en tecnología educativa mejorar la calidad del sistema educativo?

González responde desde una perspectiva de prudencia en el uso de los recursos públicos y basada en la evidencia disponible. Señala que el dinero destinado a la educación es limitado, por lo que su impacto no depende tanto de la cantidad que se invierte, sino de cómo se utiliza y en qué se prioriza.

En el caso de Panamá, recuerda que los datos internacionales muestran que el país aún no cumple con metas clave de inversión educativa, tanto en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) como con la proporción del gasto público destinado al sector. Esa brecha, sostiene, obliga a elevar el estándar de evaluación antes de comprometer inversiones de gran escala.

La evidencia: tecnología con impacto limitado

El siguiente punto del análisis se centra en la evidencia internacional. Según González, la literatura académica —incluidos estudios comparados y revisiones sistemáticas— no respalda la idea de que la tecnología educativa, por sí sola, tenga un impacto consistente en los aprendizajes.

En ese contexto, cita el Global Education Monitoring Report de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), uno de los documentos más influyentes en política educativa global, que ha advertido sobre los resultados limitados de la digitalización cuando no está acompañada de cambios pedagógicos profundos.

“La relación entre tecnología y aprendizaje es, en el mejor de los casos, débil”, resume el investigador.

Y en algunos contextos, añade, es directamente inexistente.

Más allá del impacto, González advierte sobre un problema menos visible: la sostenibilidad financiera.

La tecnología —explica— suele presentarse como una inversión única, cuando en realidad implica costos permanentes. Mantenimiento, licencias, actualización de software, reposición de equipos y soporte técnico forman parte de un gasto continuo.

En países con restricciones fiscales como Panamá, advierte, este factor puede convertirse en una carga estructural si no se planifica con realismo.

Experiencias en la región: resultados dispares

El análisis se apoya también en experiencias regionales. En algunos países, como Perú, inversiones masivas en tecnología educativa no lograron mejoras significativas en matemáticas o lenguaje.

En contraste, menciona el caso del programa Ceibal en Uruguay, que permitió avances importantes en acceso y conectividad, aunque con resultados más limitados en el impacto directo sobre los aprendizajes.

El punto, insiste, no es que la tecnología sea negativa, sino que no puede convertirse en el eje central de la política educativa.

“Lo que explica las mejoras sostenidas no es la tecnología, sino lo que ocurre dentro del aula”, afirma.

El núcleo del problema: la enseñanza

Ese es el eje central de su análisis. Según la evidencia que maneja Summa, los sistemas educativos que logran mejoras sostenidas lo hacen a partir del fortalecimiento del llamado núcleo pedagógico: la relación entre docente, estudiante y contenido.

Dentro de ese espacio identifica cuatro prácticas con impacto comprobado: retroalimentación formativa, metacognición (aprender a aprender), aprendizaje colaborativo y desarrollo socioemocional.

Estas prácticas, señala, muestran resultados consistentes en distintos países y contextos. En cambio, la tecnología, cuando se implementa sin cambios pedagógicos profundos, tiende a generar efectos marginales.

El diagnóstico para Panamá apunta a una desconexión estructural. Estudios realizados junto a actores locales indican que el acompañamiento pedagógico en las aulas es limitado, poco frecuente y poco articulado con la formación docente continua.

En muchos casos, las escuelas reciben supervisión apenas unas pocas veces al año, una frecuencia insuficiente para transformar prácticas de enseñanza consolidadas.

Para ilustrarlo, González cita modelos como el de Sobral en Brasil, donde la mejora educativa se ha basado en un acompañamiento intensivo y semanal dentro del aula.

Allí, la supervisión permite observar, corregir y ajustar la enseñanza de forma constante. Esa frecuencia, sostiene, es una de las claves del progreso sostenido.

Inteligencia artificial: promesa y riesgo

La entrevista incorpora además uno de los debates emergentes en educación: la inteligencia artificial.

González reconoce su potencial, pero advierte sobre riesgos que aún no están suficientemente incorporados en la discusión pública.

Uno de ellos es el “cognitive offloading”: la tendencia de los estudiantes a delegar procesos cognitivos en sistemas de inteligencia artificial en lugar de desarrollarlos por sí mismos.

A ello se suman preocupaciones socioemocionales: menor capacidad de atención sostenida, aumento de la ansiedad y reducción de la tolerancia a la frustración. Incluso, menciona estudios que alertan sobre posibles efectos en la formación ética de los estudiantes cuando los sistemas refuerzan decisiones sin suficiente cuestionamiento crítico.

Para González, el desafío no es rechazar la tecnología, sino definir su lugar dentro del sistema educativo.

Debe estar —insiste— subordinada a un modelo pedagógico claro, con docentes preparados y objetivos de aprendizaje definidos.

El problema de fondo, sin embargo, es más amplio.

Brechas territoriales, desigualdad de acceso, limitaciones en zonas rurales e indígenas y problemas de alimentación escolar siguen afectando directamente el aprendizaje.

“Un niño que no está bien alimentado o que no asiste con regularidad a clases difícilmente puede aprovechar cualquier herramienta educativa”, advierte.

Evaluar para decidir

El último componente del análisis apunta a la evaluación. González insiste en la necesidad de sistemas robustos y sostenidos de medición del aprendizaje.

Menciona pruebas internacionales como PISA de la OECD, junto con evaluaciones regionales y pruebas formativas que permitan tomar decisiones basadas en evidencia.

Sin esos instrumentos, advierte, la política educativa opera a ciegas.

Hacia el final de la entrevista, González sintetiza su visión en una idea central: los sistemas educativos no mejoran por acumulación de tecnología, sino por la transformación sostenida de lo que ocurre dentro del aula.

Esa transformación requiere tiempo, acompañamiento, evaluación y continuidad.

En ese marco, la inversión de $273 millones no es descartada, pero sí relativizada.

Puede ser un componente, afirma, pero no el eje del sistema.

La advertencia final no apunta contra la tecnología, sino contra la ilusión de que pueda sustituir reformas estructurales pendientes. El desafío, concluye, no es digitalizar la educación, sino lograr que enseñar y aprender cambien —de forma real, medible y sostenida— dentro del aula.

Durante la conversación, cuestionaron la falta de claridad sobre la agenda del presidente de la República, José Raúl Mulino, para la reunión que sostendrá en Miami con el mandatario estadounidense Donald Trump y otros líderes de América Latina. Las periodistas plantearon interrogantes sobre los objetivos concretos del encuentro y los posibles temas que podrían abordarse en esa cita.

Asimismo, examinaron las declaraciones del mandatario sobre las empresas que operan en las terminales de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal, en medio del escenario generado tras la salida de Panama Ports Company.

En otro momento del segmento, las periodistas también analizaron las declaraciones ofrecidas por Mulino durante su conferencia semanal sobre la situación del agua potable en el país y las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar esta problemática.

Respecto a las auditorías contra Panama Ports Company, el presidente evitó responder y aseguró que ese es un tema que le compete al contralor de la República. Sin embargo, aclaró que lo que ha visto, “es preocupante”.

El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, aseguró que están evaluando la situación de los tanques de combustible cerca al puente de las Américas, pues fueron construidos hace más de 50 años y no cumplen con los estándares actuales.

Respecto a los tanques de combustible que estan cerca al puente de las Américas, el presidente Mulino aseguró que por el momento no se ha tomado una decisión sobre si reubicar los mismos o cancelar la concesión de la empresa.

Aseguró ademas que 4 ingenieros estadounidenses evaluarán la condición del puente luego del incendio sucedido el pasado lunes 6 de abril.

Francisco Antonio Castro Rodríguez, subdirector general de la Policía Nacional, aseguró que se ha reducido en un 6% los casos de homicidio en el país.

“La estretegia de seguridad cambia todos los días, porque todos los días hay nuevas formas de delinquir”, aseguró.

El puerto de Margarita, en Colón, no entrará en la futura licitación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Además, el presidente aclaró que espera que en un futuro, dicho puerto tenga un patio de contenedores a la par de lo que Panamá pueda operar.

Respecto a la detención en China de buques con bandera panameña, el presidente aspira que la situación “desescale y se vuelva al entendimiento”.

Aseguró que “lo que está en juego es el comercio mundial”.

“Como Estado soberano, tomamos una decisión”.

Mulino asegura que no se ha “alineado” con nadie respecto al fin de la concesión de los puertos con PPC. Según dijo, la medida de una concesión transitoria, se basó en la decisión de declarar inconstitucional el contrato con PPC.

El cuarto puente sobre el Canal de Panamá avanzó un 30% durante la administración del presidente Mulino.

Respecto al arbitraje de PPC contra el Estado panameño, el presidente aseguró que preparan el caso, pero evitan “hacer comentarios” que puedan afectar el proceso legal.

El mandatario asegura que vendrán dos concesiones para el puerto de Balboa y Cristóbal que sean beneficiosa para el país.

El presidente Mulino asegura que se reunió con los sindicatos de los trabajadores del puerto de Balboa para que el mismo siga operando luego de la salida del antiguo operador, Panama Ports Company (PPC).

La Rojita fabricó su primera anotación a los 6 minutos, cuando Thiago Chalmers definió con eficacia un centro dentro del área.

Cinco minutos más tarde, Chalmers volvería a gritar gol y ampliaría el marcador para el conjunto de Felipe Baloy. El artillero aprovechó un rebote y sorprendió al guardameta rival con remate colocado.

A pesar de estar abajo en el marcador, el conjunto andino no renunció a buscar el marco istmeño. Lo encontraría a los 45+2, cuando apareció para anotar y recortar distancia.

Ya en la segunda parte, precisamente a los 67 minutos, Chalmers se iría expulsado del encuentro al hacer una dura entrada a Frank Suárez.

Con mayoría en el campo y gran parte del segundo tiempo, los bolivianos tomaron la decisión de salir al ataque y tratar de encerrar a La Rojita en su área. Sin embargo, la defensa panameña se portó a la altura y mantuvo el resultado.

Ya en el tiempo adicional volvería a aparecer la cartulina roja, en esta ocasión para el cuadro boliviano. El árbitro expulsó a Bruno Sánchez.

Estos son los tres primeros puntos del elenco istmeño, luego de caer en su debut 1-3 ante Paraguay, en el Centro de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada.

Panamá, ubicada en la posición 33 del ranking FIFA, aseguró su clasificación como primera del grupo A con 12 puntos en una dura batalla librada con la sorpresiva Surinam.

Posteriormente, en el sorteo realizado el 5 de diciembre, conoció a sus rivales de la fase de grupos: Ghana (74), Inglaterra (4) y Croacia (11).

Tras el sorteo, el equipo inició la búsqueda de rivales para estructurar su calendario de preparación. El primer bloque se desarrolló en enero, fuera de fecha FIFA, con dos compromisos: empate ante Bolivia y derrota frente a México, ambos disputados con plantel alternativo, que incluyó el debut de Kadir Barría.

En marzo, Panamá afrontó su primera gira internacional dentro de fecha FIFA, con dos encuentros ante Sudáfrica. El primero terminó en empate en Durban, mientras que el segundo fue victoria panameña en Ciudad del Cabo.

Semanas atrás se confirmó el primero de los tres amistosos finales: el 31 de mayo ante Brasil en el estadio Maracaná. El encuentro formará parte del partido de despedida de la selección sudamericana antes de su participación en el Mundial, donde enfrentará a Haití en fase de grupos.

Esta es la segunda ocasión que la ‘Canarinha’ jugará un amistoso contra Panamá en la víspera de la Copa Mundial. En 2014 ambas selecciones se midieron en Goiás y el encuentro acabó 4-0 con goles de Neymar, Dani Alves, Hulk y Willian. Aquel fue el segundo partido para Hernán Darío Gómez como seleccionador de Panamá.

A esperar el anuncio de RD y BH

En días recientes, Panamá habría definido un segundo compromiso en condición de local. El rival sería República Dominicana (143), selección que quedó eliminada en la penúltima fase de las eliminatorias de Concacaf, tras competir en un grupo junto a Jamaica y Guatemala. En la Copa Oro dio batalla contra las selecciones de México y Costa Rica.

Este encuentro se disputaría en los primeros días de junio en el estadio Rommel Fernández. La última visita dominicana a tierras panameñas fue al estadio Rod Carew en las eliminatorias mundialistas Catar 2022.

El tercer y último fogueo previo al Mundial se jugaría en Estados Unidos frente a Bosnia y Herzegovina (65). Así lo adelantó el exseleccionado Blas Pérez en TVMax. El conjunto europeo comparte grupo con Canadá y llega tras haber dejado a Italia en la repesca de la UEFA.

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Aunque no fueron confirmados, Panamá también sostuvo negociaciones con otras selecciones como Venezuela, Italia y España, en la búsqueda de rivales para completar su calendario internacional en 2026.

Con estos compromisos, el equipo cerraría su preparación antes del inicio del torneo. Panamá debutará el 17 de junio en Toronto frente a Ghana. Seis días después volverá a jugar en esa misma sede ante Croacia, y finalizará su participación en la fase de grupos el 27 de junio en Nueva York contra Inglaterra.

El conflicto en el Medio Oriente que ha disparado el precio de los combustibles y añade incertidumbre sobre el comportamiento de la economía mundial y presiona al alza la inflación con el precio de los bienes y servicios, hace menos posible que la Reserva Federal de Estados Unidos, recorte de nuevo las tasas de interés, indicador que sirven de referencia para el mercado panameño.

Los banqueros indican que si bien no se vislumbra un aumento del costo del dinero, se estima que las tasas se mantendrán a los niveles actuales, sin nuevas reducciones en el mediano y corto plazo.

“Yo no apostaría a la baja en las tasas de interés en el futuro cercano. Esa expectativa que teníamos cambió con la guerra que existe actualmente en Medio Oriente y el corte del flujo del petróleo en esa zona, lo que ha disparado los precios del combustible y por ende la inflación”, advirtió Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá.

Sostuvo que la evolución del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán marcará el ritmo del comportamiento de la economía. “Si el conflicto termina en dos semanas podría haber un respiro en la economía global, pero si continúa la incertidumbre se mantendrá con las consecuencias que pueda tener para países como Panamá”.

Ante este escenario, Berguido, indica que los consumidores en Panamá, tienen que analizar que estamos a las puertas de una época difícil en la que es fundamental controlar los gastos, tener un presupuesto que priorice las necesidades reales y ahorrar lo que más se pueda.

“Se deben eliminar los gastos superfluos, o reducirlos. Concentrarse en los gastos necesarios como recreación, viajes y otros”, recalcó.

Berguido indicó que el sistema bancario panameño se mantiene sólido no hay ninguna señal de alarma por el conflicto, pero si considera que las expectativas de reducción de las tasas de interés se han diluido por las tensiones geopolíticas.

Actualmente, el nivel de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos se ubican en un rango de 3.50% a 3.75%.

¿En cuánto están las tasas de interés en Panamá?

La tasa de las tarjetas de crédito en promedio se ubican en 22.07% al cierre de diciembre según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, aunque hay bancos que cobran 24% y hasta 28% según el tipo de producto y plazos.

En el caso del interés promedio que se paga por los préstamos personales, la tasa cerró en 8.92% el año pasado, para los autos en 7.93% y la tasa referencial hipotecaria no subsidiada, está en 6.24%.

En el caso de los créditos empresariales, los datos del regulador bancario ubican la tasa de interés comercial entre 7.51% (negocios al por mayor) y 8.03% al por menor.

Para las industrias la tasa promedio es de 7.74%, para la construcción en 7.41%, para el sector agrícola 6.81% y para la ganadería 6.64%.

A febrero de este año, el saldo de los créditos de consumo alcanzó los $15,120.7 millones, el hipotecario creció 1.69% (de $21,173.3 millones a $21,531.8 millones) y comercio aumentó 2.85% (de $13,212.2 millones a $13,589.3 millones).

En el segmento de consumo personal, el crecimiento fue liderado por préstamos de auto (+11.38%) y tarjetas de crédito (+8.14%), mientras que el préstamo personal, que representa el 66.2% del segmento, creció a un ritmo más moderado (+3.44%).

Bancos rechazan controlar las tasas

La Asociación Bancaria de Panamá también alertó sobre la inconveniencia de que prosperen proyectos de leyes como el 552 que está en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional que pretende fijar un tope para las tasas de interés y controlarlas.

“Implementar una ley como esa limitaría el tema de oferta y los créditos a personas que tienen acceso actualmente a distintos financimiento”, alertó Ernesto Antonio Boyd García de Paredes, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.

Boyd García, precisó que imponer un tope ha sido nefasto para muchas economía, recordó el caso de Costa Rica cuando se colocaron medidas de control de las tasas de interés y se eliminaron más de 700 mil tarjetas de crédito porque no había manera de soportar esos financiamientos.

Los banqueros solicitan los diputados reconsiderar ese proyecto y analizar el efecto negativo que tendría sobre la dinámica de financiamiento del país, que reporta una cartera de crédito con un saldo de $64,164.2 millones en el sistema bancario nacional y un flujo de depósitos que alcanza en el Centro Bancario Internacional, es decir, sumando bancos con licencia general e internacional unos $118,203.9 millones, 7.27% de crecimiento, impulsados por depósitos externos por $48,096.7 millones.

Se cree que Estados Unidos está discutiendo con Irán una segunda ronda de conversaciones para un alto el fuego coincidiendo con la llegada de una delegación pakistaní a Teherán.

De momento sigue vigente un alto el fuego de dos semanas después de que más de veinte horas de conversaciones entre EE. UU. e Irán -organizadas por Pakistán- concluyeran el domingo sin lograr avances significativos.

Apenas un día después de esas discusiones inconclusas, el presidente Donald Trump anunció lo que describió como su nueva estrategia hacia Irán que incluye un bloqueo de los puertos iraníes.

¿Cómo debemos interpretar este fracaso inicial para llegar a un acuerdo y la perspectiva de futuras conversaciones? ¿Se dirigen Irán y Estados Unidos hacia una escalada controlada o hacia una deriva inevitable a una guerra de mayor envergadura?

Presentamos cuatro escenarios posibles sobre lo que podría ocurrir a continuación.

1. Un alto el fuego frágil como “pausa táctica”

Tras semanas de combates, el alto el fuego entre EE.UU. e Irán pareció indicar una voluntad de contener la crisis. Sin embargo, desde el principio ha estado rodeado de ambigüedades.

Las diferencias en la interpretación de los términos -incluyendo su alcance geográfico, los tipos de objetivos abarcados e incluso la definición de una “violación del alto el fuego”- han llevado a algunos observadores a considerar el acuerdo más como una pausa táctica que como un marco sostenible.

“Las probabilidades de llegar a un acuerdo eran cercanas a cero desde el principio, una vez que comenzó el conflicto”, afirma Behnam Ben Taleblu, investigador en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank con sede en Washington.

“Se trata de un conjunto de principios, posturas y políticas sobre los cuales Estados Unidos y la República Islámica han discrepado durante años y, a corto plazo, la guerra no solo no ha logrado reducir estas diferencias, sino que las ha intensificado”, indicó a BBC News Persian.

Mientras tanto, las declaraciones contradictorias de funcionarios de ambos bandos han acentuado la fragilidad de la situación.

Mientras los funcionarios de la República Islámica hablan de reiteradas violaciones del alto el fuego, Estados Unidos e Israel interpretan sus propios compromisos de forma más acotada.

Esta divergencia en las narrativas ha profundizado, en la práctica, la desconfianza y ha sembrado dudas sobre la perdurabilidad del armisticio.

Si los esfuerzos por regresar a la mesa de negociaciones no logran dar resultados, es probable que el alto el fuego sea poco más que un medio para ganar tiempo, permitiendo a las partes hacer una pausa, recuperarse, reagruparse, reevaluar sus posiciones y prepararse para la siguiente fase.

Este escenario se vuelve más plausible si una de las partes concluye que está obteniendo escasos beneficios de la situación actual y que se requiere un aumento significativo de la presión.

Estados Unidos, por ejemplo, podría considerar como una opción viable atacar infraestructuras críticas: centrales eléctricas, puentes o instalaciones energéticas.

Si bien tales ataques podrían generar una presión considerable a corto plazo, conllevarían amplias consecuencias humanitarias y económicas, y podrían provocar una respuesta más contundente por parte de Irán.

Al mismo tiempo, es probable que Israel, escéptico respecto a las negociaciones, se convierta en una figura influyente.

“Israel podría recurrir a acciones tales como el asesinato de individuos y figuras iraníes, incluidos aquellos involucrados en las negociaciones”, afirmó Hamidreza Azizi, investigador en relaciones internacionales.

“La política declarada de Donald Trump de bloquear el estrecho de Ormuz aumenta el riesgo de confrontación, incluso sin que las partes tengan necesariamente la intención de provocarla”, añadió.

Si bien no puede descartarse la posibilidad de una escalada, sus costos potencialmente elevados -como el desencadenamiento de un conflicto regional más amplio y la presión económica a nivel global- podrían hacer que este escenario resulte menos probable, al menos a corto plazo.

2. Una “guerra en la sombra”

Un escenario -quizás uno de los más probables- es el retorno a una forma de confrontación que podría describirse como una “escalada controlada”.

Esto implicaría que el conflicto no alcance el nivel de una guerra a gran escala, pero que tampoco las partes se abstengan por completo de recurrir a la acción militar.

Esto podría conllevar la continuación de ataques limitados contra infraestructuras, objetivos militares o incluso líneas de suministro.

El papel de los actores interpuestos (o proxies) adquiriría entonces una mayor relevancia.

Una intensificación de la actividad por parte de grupos alineados con Irán -ya sea en Irak o en el mar Rojo- sumada a una mayor presión estadounidense sobre dichas redes podría ampliar el alcance geográfico del conflicto sin incrementar directamente su intensidad.

Algunos analistas describen este escenario como una “guerra en la sombra”.

“Ambas partes desean utilizar sus opciones y mecanismos de presión para influir en la otra sin llegar a entrar en una guerra a gran escala”, declaró Hamidreza Azizi a BBC News Persian.

“Si se viola el alto el fuego, se estima que es alta la probabilidad de que Irán emprenda nuevas acciones a través de sus fuerzas aliadas, particularmente en Yemen”, añadió.

Sin embargo, este escenario no está exento de riesgos.

A medida que aumentan las tensiones, también se incrementa el peligro de un error de cálculo y, aunque ninguna de las partes tenga la intención de escalar el conflicto, un solo juicio erróneo podría llevarlo a un nivel incontrolable.

3. Continúa la diplomacia discreta

A pesar del fracaso de las conversaciones en Pakistán, todavía no es posible concluir que la diplomacia haya agotado su recorrido o que las negociaciones hayan quedado descartadas.

Es probable que Pakistán, en su calidad de anfitrión de estas conversaciones, continúe sus esfuerzos en los próximos días para alentar a Teherán y a Washington a llegar a un acuerdo, sirviendo de intermediario para transmitir mensajes entre ambas partes.

Al mismo tiempo, algunos mediadores tradicionales -como Qatar, Omán e incluso Arabia Saudita y Egipto- podrían entrar en acción ante la preocupación de que el conflicto se salga de control, actuando como canales de comunicación y buscando evitar una escalada repentina de la crisis.

Sin embargo, el punto clave es que cualquier avance en este camino depende de reducir las brechas importantes que separan a ambas partes.

La propuesta de 15 puntos de Estados Unidos y la contrapropuesta de 10 puntos de Irán sugieren que ambas partes siguen actuando desde posiciones que priorizan la imposición de sus propios marcos de referencia, en lugar de buscar un punto medio.

Así, aunque es posible que se celebre una nueva ronda de conversaciones, esperar un acuerdo rápido e integral parece poco realista, al menos a corto plazo.

4. Bloqueo naval sostenido

El presidente de Estados Unidos ha anunciado que la Armada del país tiene la intención de imponer un bloqueo marítimo a Irán, impidiendo que cualquier buque o petrolero transite por el estrecho de Ormuz.

También ha amenazado con interceptar en aguas internacionales a cualquier embarcación que pague tasas de tránsito a Irán para cruzar el estrecho, una estrategia que parece orientada a privar a Irán de sus ingresos petroleros, asfixiar su economía y, al mismo tiempo, golpear al rival más importante de Estados Unidos, China, como principal comprador de petróleo iraní.

“Un bloqueo marítimo de los puertos de la República Islámica podría resultar sumamente eficaz si se asignan suficientes recursos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, afirmó Behnam Ben Taleblu, incidiendo en la extensa línea costera de Irán.

“El resultado práctico de una medida de este tipo sería privar al gobierno de su capacidad para exportar su principal producto básico”, agregó.

No obstante, otros analistas señalaron los considerables costos que dicha política podría acarrear para Estados Unidos, al acercar sus fuerzas militares a Irán y exponerlas a una mayor vulnerabilidad frente a posibles ataques.

Además, para que el plan resulte eficaz, las fuerzas navales tendrían que permanecer desplegadas cerca de las fronteras de Irán durante un periodo prolongado, lo que generaría costos sustanciales.

Mantener tal política también podría desencadenar un aumento en los precios mundiales del petróleo y la energía, al tiempo que incrementa la probabilidad de una intervención por parte de los hutíes para perturbar el estrecho de Bab al-Mandab, lo cual podría elevar aún más los precios del petróleo.

Inestabilidad estructural: ¿el nuevo orden en la región?

En última instancia, lo que se desprende de estos escenarios es que la región ha entrado en una fase en la que la línea que separa la guerra y la paz se encuentra más difuminada que nunca.

El fracaso de las conversaciones en Pakistán no supone el fin de la diplomacia ni marca el inicio definitivo de una guerra de mayor envergadura. Más bien, apunta a la persistencia de una situación de “zona gris”.

“Aunque a ambas partes les gustaría que este conflicto llegara a su fin, esto no parece probable a corto plazo”, afirma Hamidreza Azizi.

En el entorno actual las decisiones tácticas, las cuestiones de seguridad e incluso los acontecimientos menores sobre el terreno pueden tener efectos desproporcionados en la trayectoria general de la crisis.

Esto ha llevado a muchos analistas a hablar de una “inestabilidad estructural” en la región, una condición en la que las reglas del juego no están plenamente definidas y cuyo desenlace resulta impredecible.

En tales circunstancias, quizá la descripción más precisa sea que Irán y Estados Unidos han entrado en una fase en la que la guerra y las negociaciones se desarrollan de manera simultánea.

Ambas partes continúan recurriendo a herramientas militares, al tiempo que mantienen parcialmente abiertos los canales diplomáticos.

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La detención se produjo la noche del 15 de abril en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que la sospechosa arribara al país procedente de China, con escala en Estambul.

De acuerdo con las autoridades, el caso está relacionado con la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas clave social correspondientes a programas de becas y al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), manejados por la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este.

#Aprehendida| La @PGN_PANAMA a través de la Fiscalía Anticorrupción con unidades de la DIJ de la @policiadepanama aprehendieron a una comerciante asiática, requerida por el delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado agravado, en perjuicio del IFARHU. pic.twitter.com/LbWaJtlYuq

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 16, 2026

Las investigaciones señalan que los cheques eran endosados a nombre de comerciantes para hacer efectivo su cobro, en un esquema que habría generado una afectación económica de 145 mil 266 dólares.

Por este caso, tres personas han sido imputadas, entre ellas un exdirector de la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este.

La misma imputación fue aplicada a un comerciante, por el presunto manejo irregular de $145 mil de fondos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

Durante una audiencia celebrada este viernes en las oficinas judiciales de Plaza Ágora, la jueza Jaén también dictó arresto domiciliario al exfuncionario del Ifarhu. Además, le impuso impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a las dependencias de la entidad.

Al empresario, en tanto, se le aplicó la medida cautelar de notificación periódica los lunes y jueves de cada semana. También se le ordenó la entrega del pasaporte y la prohibición de mantener contacto con funcionarios del Ifarhu.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción apeló las medidas cautelares impuestas a ambos procesados, al considerar que los delitos atribuidos son graves y que los dos habrían tenido una participación activa en el hecho investigado.

Como parte de las pesquisas, los investigadores ubicaron una multiplicidad de cheques que presuntamente fueron endosados a terceras personas que no eran estudiantes y hechos efectivos en comercios del área este de la ciudad de Panamá.

La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu y la entrega de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se reflejaban irregularidades en la tramitación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social correspondientes a programas de becas del Ifarhu y del PASE-U manejados en la sede regional de Panamá Este.

En la investigación, la fiscalía logró establecer que, aunque algunos estudiantes ya habían culminado sus carreras, se continuaban emitiendo cheques a su nombre que luego eran cobrados por terceros.

De acuerdo con las pesquisas, los cheques eran endosados a nombre de comerciantes propietarios de establecimientos y no de los beneficiarios de las becas.

Antecedentes

En febrero de 2025, la fiscalía logró la condena de cinco personas a penas de 48 y 60 meses de prisión por su participación en la creación de perfiles y el cambio de número PIN de beneficiarios del PASE-U. Posteriormente, esos fondos eran canjeados de manera ilícita en comercios locales.

En ese caso, el Ministerio Público estableció la existencia de un patrón para vulnerar el PIN de seguridad al que está sujeta la transferencia digital, lo que permitió el uso indebido de fondos asignados por el Ifarhu a estudiantes para compras en comercios y minisúpers.

Más adelante, en abril de ese mismo año, se logró la imputación de otras 16 personas, también presuntamente vinculadas a un esquema para la sustracción de fondos entregados por el Ifarhu a través del PASE-U.

El Ministerio Público explicó entonces que una de las funcionarias bajo investigación pudo haber alterado hasta 7 mil PINes del PASE-U, cuyos fondos habrían sido desviados a terceros. terceros.

La directora del torneo, Amélie Mauresmo, afirmó que han querido incrementar sobre todo la dotación de las primeras rondas, que subirá un 11.11 %, y los cuadros paralelos, como el torneo en silla de ruedas, que pogresará un 14.55 %, para que sirva de apoyo para que esos tenistas puedan impulsar sus carreras.

Así, alcanzar el cuadro final reportará a cada participante 87,000 euros, 24,000 euros más que en la última edición, mientras que superar una ronda elevará el premio hasta 130,000 euros y una más colocará la ganancia en los 187,000 euros.

The Roland-Garros tournament will offer a total prize purse of €61,723,000 (USD 190,556,593.67) this year, an increase of 9.53% compared to last year 💰

The prize money pool for the main draw in singles sees an increase of 10.1% compared to 2025 📈

Prize money breakdown of… pic.twitter.com/CpJBR8LHeD

— FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) April 16, 2026

Los octavos irán acompañados de 285,000 euros, los cuartos de 470,000 y alcanzar la semifinal supondrá embolsarse 750,000 euros, cifra que se multiplica por dos para los finalistas.

Con esta subida, Roland Garros supera en dotación del ganador al Abierto de Australia, que premia con 2.5 millones de euros a sus dos vencedores individuales, pero se queda por detrás de Wimbledon, que otorga 3.4 millones de euros y el Abierto de Estados Unidos, 4.3 millones.

La detención se produjo cuando el individuo intentaba abordar un vuelo con destino a El Salvador, como parte de un operativo coordinado que permitió ubicarlo antes de que abandonara el país, se informó en un comunicado oficial.

Durante el control migratorio, se confirmó que esta persona mantenía una orden de arresto vigente, emitida en febrero de 2026 por un tribunal de Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación internacional, el aprehendido, de 44 años de edad, estaría vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica y otros mercados ilícitos.

El SNM detecta en @tocumenaero a ciudadano hondureño  con orden de arresto en EE.UU. por narcotráfico. El extranjero fue remitido por las unidades migratorias a Interpol, al ser requerido por la justicia de EE.UU.

Acción oportuna que fortalece la seguridad.#PlanFirmeza pic.twitter.com/R7Hh2C9nlH

— Migración Panamá (@migracionpanama) April 16, 2026

Las autoridades indicaron que esta estructura operaba mediante un esquema transnacional, utilizando rutas marítimas estratégicas y realizando escalas en distintos países para reabastecimiento, trasbordo y cambios de itinerario, con el fin de dificultar la trazabilidad de los cargamentos.

En ese contexto, Panamá figuraba como uno de los puntos logísticos dentro de la dinámica regional empleada por la organización para movilizar la droga.

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para “implementar un bloqueo férreo” en el estrecho de Ormuz y asegurar una “posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo”.

“Esto es precisamente lo que instamos esta mañana. Esperamos que este nuevo régimen iraní elija sabiamente” y se alcance un pacto, agregó el secretario, quien calificó el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes como “la opción más diplomática” de ejercer presión sobre la República Islámica.

Hegseth advirtió a la jefatura militar iraní que “los están observando” y que saben “qué recursos militares están moviendo y adónde los están moviendo”.

LIVE: @SecWar, Chairman Caine hold a press briefing on Operation Epic Fury. https://t.co/iQ5lcSvo9j

— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 16, 2026

Insistió en que la Armada de Estados Unidos “controla el tráfico que entra y sale del estrecho (de Ormuz)” porque tienen “recursos y capacidades reales”, por lo que están preparados para mantener esta operación “el tiempo que sea necesario”.

“Pero si Irán toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y energético”, amenazó.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, coincidió en que el mando norteamericano “permanece preparado y listo para reanudar operaciones de combate importantes en cualquier momento”.

Por su parte, el jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, explicó que las tropas están aprovechando el tiempo durante el cese el fuego.

“Nos estamos rearmando, estamos renovando nuestro equipamiento y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos”, dijo a la prensa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho en las últimas horas que la guerra “está a punto de terminarse” y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad (Pakistán).

El próximo miércoles se cumple la segunda semana del acuerdo de alto el fuego, supeditado a la apertura de durante del estrecho de Ormuz, una vía estratégica de hidrocarburos interrumpida por Irán como represalia a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

“¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!”, lamentó el pontífice en el encuentro celebrado en la Catedral de San José en Bamenda.

León XIV llegó el miércoles a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, ha querido visitar hoy esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 entre los separatistas anglófonos que se sienten despreciados por el Gobierno y que ha dejado cerca de 6,500 muertos y más de 500,000 desplazados.

Según la ONU, 1.8 de los 4 millones de habitantes de las regiones anglófonas necesitan ayuda humanitaria, mientras que unos 250,000 niños se ven afectados por el cierre de escuelas debido al conflicto.

El pontífice estadounidense elogió que musulmanes y cristianos hayan creado en Bamenda un movimiento por la Paz y exclamó: “¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!”.

Expresó su gratitud a todas aquellas personas, en particular a las mujeres, laicas y religiosas, que atienden a las personas traumatizadas por la violencia en esta región.

Y en este sentido añadió: “Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar”.

Además, el papa cargó contra “quienes saquean los recursos de la tierra” y " que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin".

Y criticó que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos y se mantiene en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios”.

A pesar de que Camerún es rico en recursos como petróleo, gas o minerales, el 26,7 % de la población se encuentra en la pobreza, según el Banco Mundial (BM).

“Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar”, añadió León XIV.

El papa se encuentra de viaje por el continente africano cuya primera etapa ha sido Argelia y que, después de Camerún, le llevará también a Angola y Guinea Ecuatorial.

El inicio del viaje ha estado marcado por los ataques verbales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa al que llamó “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”, por sus llamamientos en favor de la paz. Robert Prevost le respondió que no le teme y que seguirá levantando su voz para construir la paz.

Hoy mismo reiteró este mensaje a los religiosos y fieles que llenaron la catedral de San José: “¡Trabajemos juntos por la paz!.

Con este destino la aerolínea sumará cinco ciudades activas en el país al mes de junio, junto con Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto que comenzará el 4 de mayo.

La ruta será operada con tres vuelos semanales —martes, jueves y sábado— desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, hacia el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui.

El vuelo CM100 partirá de Panamá a las 9:35 a.m. y llegará a Barcelona a la 1:18 p.m., mientras que el vuelo de retorno, CM492, saldrá a las 2:28 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:20 p.m.

La reactivación de esta ruta restablece la conectividad internacional del oriente venezolano, permitiendo a los pasajeros acceder a más de 85 destinos en 32 países del continente americano, incluyendo 17 ciudades en Estados Unidos, cinco en México y más de 20 en el Caribe, a través del centro de conexiones de Tocumen.

“Barcelona forma parte esencial de la historia de Copa Airlines en Venezuela. Retomar esta operación nos llena de satisfacción y refuerza nuestro compromiso de seguir conectando al país con las Américas”, afirmó Roberto Pulido, gerente general de la aerolínea en Venezuela.

Pulido añadió que este reinicio representa “el paso final” en el proceso de recuperación de las operaciones que la compañía mantenía en el país hasta 2024. En ese contexto, adelantó que para finales de junio la aerolínea incrementará sus frecuencias hasta alcanzar 41 vuelos semanales entre Venezuela y Panamá.

La aerolínea también destacó que los pasajeros podrán realizar conexiones sin pasar por procesos de migración o aduana en Panamá, con el equipaje documentado hasta el destino final, además de aprovechar el programa Panamá Stopover, que permite hacer una parada en la ciudad por hasta 15 noches sin costo adicional en la tarifa.

La entidad también detalló el procedimiento para obtener este documento, el cual debe ser presentado durante la fase de entrega de requisitos.

Para descargar la declaración jurada socioeconómica, los estudiantes deben ingresar al portal oficial del concurso y seguir estos pasos:

• Acceder a la página web del Ifarhu
• Dirigirse a la sección “Concurso General de Becas”.
• Seleccionar la opción “declaración jurada socioeconómica”.
• Descargar el documento e imprimirlo de forma gratuita.

El Ifarhu reiteró que este formulario es indispensable para continuar con el trámite de la beca, por lo que instó a los estudiantes y acudientes a completar el proceso con anticipación.

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En cuanto a la entrega de documentos, la institución informó que la primera fase presencial iniciará el lunes 20 de abril en las provincias de Herrera y Los Santos, en la región de Azuero, así como en Coclé, específicamente en los distritos de Aguadulce y Penonomé.

El proceso está dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios. Los beneficiarios deben verificar la fecha y el lugar que les corresponde según su centro educativo a través de los canales oficiales del Ifarhu.

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Tanto Kadir Barría, con el Botafogo en el fútbol brasileño, como José “Chema” Caballero, con los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas, fueron determinantes en triunfos clave para sus equipos.

Más temprano, Barría ingresó al partido de Copa Sudamericana ante Racing Club de Avellaneda en el tercer minuto de reposición. Segundos después de entrar, y con la primera pelota que tocó, asistió a su compañero Danilo, quien anotó el decisivo tercer gol para sellar una victoria histórica del Botafogo en el Estadio Juan Domingo Perón en Argentina.

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En el otro extremo del continente y pocas horas después, otro panameño tomó protagonismo. Fue el turno de José “Chema” Caballero en las Grandes Ligas.

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Con un out en la pizarra en la baja de la novena entrada y los Yankees perdiendo 4-3 ante los Angelinos de Los Ángeles, Caballero conectó un imparable al jardín central, bueno para doble, que impulsó las dos carreras de la victoria en un cierre agónico y muy necesitado para su equipo. Más temprano, el panameño también había anotado una carrera.

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El 15 de abril de 2026 quedará marcado como una noche épica para el deporte panameño, con dos de sus representantes brillando en escenarios internacionales y dejando al país en alto en polos opuestos del continente.

“Joseph Aoun recibió una llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que le agradeció los esfuerzos que está realizando Washington para lograr un alto el fuego y su apoyo a todos los niveles”, indicó la Presidencia del Líbano en un breve comunicado.

Durante la conversación, Rubio reafirmó al jefe de Estado libanés su compromiso con seguir trabajando para alcanzar un cese de hostilidades con Israel, lo que representaría un “paso previo” a la paz y estabilidad en el país mediterráneo, de acuerdo con la nota emitida por el órgano presidencial.

El secretario de Estado estuvo presente el martes en la reunión celebrada en Washington entre el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, la primera en un proceso que busca poner fin a la actual guerra en el Líbano.

Beirut busca un alto el fuego antes de continuar con conversaciones más detalladas, contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado para este jueves una conversación entre “los líderes” de Israel y Líbano.

“Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

La llamada, que se esperaba incluyera a Netanyahu, habría sido rechazada por Aoun, de acuerdo con medios locales, aunque la Presidencia del Líbano no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

El hecho registrado en Llano Bonito, se dio alrededor de la 1:00 p.m., cuando la víctima se desplazaba en su vehículo y fue interceptada por varios sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el conductor, gravemente herido, intentó maniobrar el automóvil, pero terminó estrellándose contra un poste del tendido eléctrico.

Personas que se encontraban en el área auxiliaron a la víctima, quien fue trasladado a un centro médico cercano. No obstante, falleció debido a la gravedad de las heridas.

En la escena, ubicada en la vía que conecta Llano Bonito con la entrada del Corredor Sur, las autoridades contabilizaron más de 15 indicios balísticos, entre ellos casquillos de bala.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernandez, indicó que, con base en los primeros elementos recabados, se trataría de un hecho de sicariato. Señaló que ya cuentan con información obtenida a través de cámaras y labores de inteligencia que permitirían avanzar en la identificación de los implicados.

Las autoridades no han confirmado si este hecho guarda relación con otros casos recientes, aunque indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

En un caso distinto, el Servicio Nacional Aeronaval informó que atendió una llamada ciudadana en el corregimiento de Piña, en Costa Abajo de Colón, donde se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida.

En coordinación con la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público, las autoridades realizaron un allanamiento en el marco de la investigación en el área, donde ubicaron un paquete con presunta sustancia ilícita.

Venta de comida en Amador es ilegal y operativos continúan

El pronunciamiento se produce en medio de la persistencia de esta práctica, pese a los operativos, advertencias y reuniones sostenidas por las autoridades durante los últimos dos años. De acuerdo con la entidad, la normativa prohíbe las actividades comerciales en espacios no concesionados dentro del Proyecto Turístico Amador.

La UABR indicó que esta situación también afecta a los comercios formales que operan en el área, los cuales cumplen con pagos al Estado, regulaciones sanitarias y la generación de empleo.

La institución aclaró que la venta de artesanías por parte de buhoneros panameños está permitida bajo condiciones específicas. No obstante, precisó que la comercialización de alimentos, bebidas u otros productos en espacios públicos no autorizados continúa siendo ilegal.

Asimismo, advirtió sobre denuncias relacionadas con personas que estarían cobrando a vendedores informales bajo promesas de permisos o representación. La entidad enfatizó que no existen autorizaciones para este tipo de ventas en Amador.

Según la UABR, se han planteado alternativas para la formalización de algunos comerciantes en áreas permitidas, pero estas no han sido aceptadas. También señaló que se ha detectado la operación de vendedores en múltiples puntos de venta, tanto en Amador como en otras zonas de la ciudad.

La entidad informó que los operativos de control continuarán en la zona.

El proyecto, con 55 votos a favor, unánime, recibió este tercer debate en el pleno legislativo luego de que en marzo el Órgano Ejecutivo lo objetara por falta de sustento financiero y vacíos normativos por lo que fue devuelto al Legislativo, sin sancionar.

Entre las principales observaciones, el Ejecutivo advirtió que la propuesta carecía de un análisis de impacto económico y que su implementación implicaría la contratación de más personal, incluyendo médicos, enfermeras, personal de limpieza y conductores.

Asimismo, cuestionó que el documento no definiera con claridad el concepto de “horarios extendidos” ni estableciera diferencias entre los distintos niveles de atención. El informe también señaló deficiencias técnicas, ausencia de estudios de impacto fiscal y posibles conflictos con normativas vigentes.

En ese momento, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado de prensa emitido el 11 de marzo, respaldó la decisión del Ejecutivo de objetar en su conjunto el proyecto de Ley 19, que proponía ampliar los horarios de atención en los centros de salud del país.

Actualmente, 119 instalaciones funcionan con horario extendido después de las 3:00 p. m., garantizando el acceso oportuno a los servicios médicos básicos.

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Alcance

De acuerdo con el contenido del proyecto, se busca garantizar la atención primaria a los ciudadanos que acuden a los centros de salud, al tiempo que se incentiva al Minsa a desarrollar políticas públicas que fortalezcan la prestación de los servicios médicos en el país.

La iniciativa tiene como objetivo principal cumplir con una de las funciones esenciales del Estado: velar por la salud de la población en todo el territorio nacional, incluidas las comarcas. En ese sentido, se plantea asegurar el derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud de los usuarios.

El documento establece que los centros de salud, subcentros, policentros, Minsa-Capsi y otras instalaciones similares operarán bajo los horarios que determine el Minsa, tomando en cuenta factores como las necesidades de la población, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región.

Para la vigencia fiscal de 2026, el Minsa dispone de un presupuesto de 3,400 millones de dólares. En ese contexto, el Órgano Legislativo consideró que estos recursos deben ser utilizados para garantizar la implementación segura de horarios extendidos en la atención primaria, con el fin de facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud para la población panameña.

Con esta aprobación por insistencia, el proyecto avanza como una de las iniciativas clave en materia de salud pública, en medio del debate sobre su viabilidad financiera y operativa.

PedidosYa opera en 13 ciudades del país, entre ellas Ciudad de Panamá, David, Santiago, Colón, Chitré y Las Tablas, con un ecosistema que incluye 3,500 comercios afiliados y más de 4,100 repartidores independientes.

El conflicto se intensificó tras un cese temporal de labores registrado el lunes 13 de abril. Los motorizados alegan que el nuevo modelo de pago representa una reducción significativa en sus ingresos. Explican que la tarifa base actual por entrega es de $2.50, lo que permitiría generar alrededor de $1,250 mensuales si se completan 500 pedidos. Monto que no cubre los costos que tienen de combustible, seguro y mantenimiento entre otros.

Sin embargo, con el nuevo esquema —que incluye $1.50 de base, $0.10 adicional según evaluación, $0.20 por kilómetro hacia el comercio y $0.15 por kilómetro hasta el cliente— estiman que el pago promedio baja a unos $1.95 por entrega, lo que reduciría sus ingresos a cerca de $975 mensuales. “Este modelo reduce los ingresos entre 36% y 40%”, sostienen.

Los repartidores proponen que la tarifa base aumente a $3.50 por pedido, con la que podrían alcanzar ingresos de hasta $1,400 mensuales, aunque advierten que esto implica jornadas de hasta 80 horas semanales, además de asumir costos como combustible, mantenimiento, seguros y otros gastos operativos.

Este es el pliego de peticiones:

“Trabajamos como asalariados, pero sin derechos”

Un motorizado entrevistado, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, aseguró que el modelo actual aplicado por la empresa PedidosYa los deja en una situación de vulnerabilidad laboral.

“Nosotros somos una figura de contratados como servicio independiente, pero en la práctica trabajamos como asalariados. Cumplimos horarios, recibimos órdenes y si no hacemos lo que nos exigen, nos sancionan y suspenden de la plataforma”, explicó.

El repartidor detalló que, aunque el contrato los define como “microempresas”, en la operación diaria están sujetos a controles estrictos. “Ellos imponen todas las reglas. No hay un acuerdo mutuo, todo está inclinado a favor de la empresa”, afirmó.

Según su testimonio, las jornadas pueden extenderse entre 12 y 16 horas diarias, lo que equivale a entre 70 y 80 horas semanales y hasta 90. A pesar de ello, los ingresos no son proporcionales. “La semana pasada trabajé 58 horas y gané 230 dólares. No es como la gente piensa, que más horas significan más dinero”, relató.

También denunció que el sistema de evaluación penaliza pausas básicas durante la jornada. “No podemos detenernos ni para ir al baño o comer porque eso afecta la evaluación y luego no podemos acceder a más horas de trabajo”, indicó.

El motorizado agregó que existe temor entre los repartidores de expresar sus reclamos públicamente. “Apenas das la cara o levantas la voz, te bloquean. Te quedas sin trabajo sin ninguna explicación”, aseguró.

Vacíos legales y falta de regulación

El entrevistado también cuestionó el marco legal actual bajo el que operan estas plataformas. “Hay muchos vacíos en el contrato. Estamos a merced de las reglas que ellos imponen”, afirmó, al tiempo que señaló que en otros países de la región ya existen leyes que regulan este tipo de trabajo.

Añadió que, aunque deben cumplir con requisitos como permiso migratorio en caso de ser extranjeros, documentación vehicular, licencia y registros fiscales como pagar impuestos en calidad de microempresarios, no cuentan con una relación laboral formal ni con garantías como seguridad social o estabilidad.

La ausencia de cobertura de la Caja de Seguro Social es otro de los puntos que preocupa a los motorizados. Al estar registrados como trabajadores independientes, no cuentan con seguro social, atención médica ni protección ante accidentes laborales, pese a tratarse de una actividad de alto riesgo en la vía pública. Esta situación, advierten, los deja expuestos tanto en términos de salud como de estabilidad económica, especialmente ante cualquier incidente que les impida seguir trabajando.

Postura del Gobierno

Se consultó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien cuestionó la forma en que se ha manejado la protesta. “La primera reivindicación que nosotros pedimos a la empresa, es que se respete el porcentaje de trabajadores panameños”, afirmó.

Muñoz indicó que la empresa debe cumplir con la legislación laboral panameña que exige la contratación de 90% de mano de obra nacional y solo 10% extranjera.

Situación que no aplica PedidosYa, que alega que no tiene empleados motorizados, sino un contrato por servicio.

La funcionaria señaló que los motorizados no han presentado formalmente su situación ante Mitradel y calificó como “irresponsable” el anuncio de paralización sin un pliego de peticiones.

“Nos podemos sentar, pero primero la mano de obra debe ser panameña”, enfatizó la ministra.

Muñoz también advirtió que existe incertidumbre sobre la naturaleza de los contratos en la empresa de reparto de productos. “Se desconoce cuáles son sus contratos. No tengo un sustento de la empresa siquiera”, indicó, al tiempo que adelantó que se pueden realizar inspecciones laborales, aunque reconoció las dificultades de fiscalizar un modelo basado en trabajadores independientes.

Empresa mantiene operaciones

PedidosYa informó que su servicio en Panamá se mantiene operativo, aunque reconoció retrasos en algunas zonas debido a manifestaciones de “algunos repartidores independientes”.

La Prensa le envió preguntas a la empresa PedidosYa sobre el estatus de la relación laboral con los motorizados, sin embargo, indicaron que no emitirán ningún pronunciamiento al respecto. “Por el momento, la compañía no dará declaraciones sobre este tema”, indicó la empresa de relaciones públicas de PedidosYa.

Los motorizados, por su parte, reiteraron su llamado a la empresa para abrir un proceso de negociación que permita revisar el esquema de pagos, en medio de un conflicto que vuelve a poner sobre la mesa las condiciones laborales dentro de las plataformas digitales en el país, mientras la población que se ha acostumbrado al servicio de delivery espera hora y horas por su pedido o debe cancelarlo y los comercios siguen pediendo entregas y dinero.

En una audiencia realizada este miércoles, el fiscal de homicidio y femicidio, Víctor Barría, aseguró que los imputados fueron identificados por dos testigos como las personas que, la noche del domingo, fueron vistas con armas en las inmediaciones de una vereda cercana a una cancha de fútbol conocida como “PRD”, sitio donde fue atacado el sargento.

Barría añadió que un testigo protegido, cercano al lugar de los hechos, indicó que ambos portaban armas y que, junto a otros tres sujetos, realizaban detonaciones.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados estarían vinculados a la pandilla “Vietnam”, que opera en el área de calle 25 de El Chorrillo, y que mantiene conflictos con otros grupos del sector.

En la audiencia se conoció que el sargento Elvis Espinosa y su compañero Gerardo Sánchez acudieron a las inmediaciones de la cancha, luego que una residente del lugar les informó haber visto a un grupo de cinco jóvenes con armas, pero al llegar fueron recibidos con una lluvia de balas.

Ambos agentes policiales debieron ocultarse en una edificación de madera, pero una bala impactó a Espinosa en el área del pecho, a pesar de mantener su chaleco policial.

En la escena la fiscalía logró recuperar 19 casquillos de bala que se presume corresponden a las armas usadas por los pandilleros. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han localizado las pistolas usadas para el ataque.

La juez Vergara estimó que la medida de detención provisional es la más adecuada en este caso, ya que se trata de un delito grave y que ambos investigados constituyen un peligro para la comunidad y existe el riesgo de fuga.

Habla la defensa

Los abogados defensores de los imputados apelaron la medida cautelar aplicada a sus clientes, por lo que se fijó para el próximo viernes 24 una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Karen Alveó y Carlos Castillo, defensores de los procesados, alegaron que la fiscalía no ha tiene evidencias que sus clientes fueron quienes dispararon contra el sargento Espinosa.

Además de en la provincia de Toledo, en la que está ubicado ese municipio, la operación, de la que se informó este jueves, también se ha desarrollado en Madrid, Vizcaya, La Rioja y Málaga.

En la intervención en el macrolaboratorio de extracción y procesamiento de la cocaína fueron incautadas unas ocho toneladas de harina de maíz donde venía impregnada la droga y 3,500 kilos de precursores, los elementos químicos que se utilizan para extraerla, y ya tenían preparados nueve kilos de cocaína para salir al mercado.

En la nave de Gerindote fueron detenidas tres personas que eran los ‘cocineros’ de la droga y que se habían desplazado desde Colombia.

Los detenidos trabajaban 24 horas y los siete días de la semana en el macrolaboratorio, en el que se realizaban todos los procesos, desde la extracción al filtrado, prensado y empaquetado. “No salían absolutamente para nada”, dijo el coronel de la Guardia Civil de la comunidad de Castilla-La Mancha, José María Gil Armario.

En la operación también se incautaron 170,000 euros (unos 200,250 dólares), cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición de distintos calibres, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas, una máquina de contar dinero, móviles, documentación de interés y vehículos de alta gama.

En la investigación de blanqueo, la Unidad de Vigilancia Aduanera adoptó medidas cautelares contra siete inmuebles, 17 vehículos y 11 cuentas bancarias de este grupo criminal.

De igual forma, se incautaron cantidades menores de otras sustancias como cocaína rosa, MDMA, poppers, marihuana, 90 comprimidos para la disfunción eréctil y bolsas de paprika exactamente iguales a las que contenía el contenedor incautado en el puerto de Cartagena (Colombia), con casi una tonelada de cocaína, durante la primera fase de la operación.

La intervención en Gerindote tuvo lugar el 11 de febrero. La operación, denominada ‘Sircan’, se dio por concluida a principios de este mes de abril y de los 13 detenidos, de distintas nacionalidades, seis −cinco hombres y una mujer− han ingresado en prisión, entre ellos el principal cabecilla.

En un comunicado, la administración de los almacenes informó que el incidente fue detectado el pasado 11 de abril de 2026.

Se informó que el hackeo comprometió la confidencialidad de cierta información, como nombre, cédula de identidad, correo electrónico y número de teléfono celular.

La empresa informó que procedió a tomar acciones de seguridad con la contratación de especialistas para realizar el análisis forense y tomar los correctivos, reforzando las medidas de seguridad tecnológica para mitigar cualquier impacto.

Recomendaciones de la empresa

“Dado que se ha visto comprometida su cédula de identidad, le sugerimos estar atento a cualquier solicitud de crédito, contrato o servicio que usted no haya autorizado.

Asimismo, le recomendamos mantenerse alerta ante comunicaciones sospechosas (phishing) y no compartir sus contraseñas con terceros.

Para cualquier consulta adicional relacionada con el tratamiento de sus datos personales o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, puede contactarnos a través del correo institucional: protecciondatos@titan.com.pa.

De igual forma, le informamos que puede dirigirse a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), autoridad competente en materia de protección de datos personales en la República de Panamá“.

En los últimos meses, se ha reportado el hackeo o intento de ingreso no autorizado a diferentes comercios e instituciones del Estado.

En marzo de este año, la Caja de Seguro Social informó que tuvo que realizar una verificación exhaustiva del estado de la plataforma tecnológica y de la integridad de los sistemas ante la detección de una intrusión no autorizada.

Además, en septiembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud reportaron intentos de ciberataques o el acceso no autorizado a su base de datos.

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En esta campaña, la primera en años disputada en el Mariano Bula, el regreso a casa le ha sentado bien al equipo de la costa atlántica. Tras un inicio con dos derrotas frente a Chiriquí (5-4) y Bocas del Toro (7-2), Colón encadenó cinco victorias consecutivas en su estadio ante Chiriquí Occidente (7-2), Panamá Metro (12-2), Coclé (4-3), Panamá Este (4-0) y Darién (8-7), antes de cerrar la temporada regular con una derrota por la mínima ante Panamá Oeste.

Esa racha fue clave para terminar en la cuarta posición del béisbol mayor. En la serie de ocho, Colón superó a Herrera 3-1, tras perder el primer partido en casa, y ahora busca que el Mariano Bula vuelva a ser un fortín para evitar regresar al Estadio Calvin Byron.

La semifinal ante Bocas del Toro ha sido cardíaca. Luego de que el primer juego, programado para el domingo, se suspendiera por lluvia, el duelo del lunes se decidió en la última entrada. Bocas ganaba 1-0 y estaba a dos outs del triunfo, pero dos triples impulsaron la remontada colonense para el 3-1 final.

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El segundo partido, aunque el marcador luce más amplio, fue igual de intenso. Colón tomó ventaja de 2-0 hasta la baja del sexto, cuando un rally de cuatro carreras le dio la vuelta al juego a favor del campeón defensor. Bocas sentenció el triunfo con tres anotaciones más en el octavo, respaldado por una ofensiva de 12 imparables.

Ganar como visitante en postemporada siempre es clave, pero para hacer valer ese primer golpe, Colón necesita responder en casa. El objetivo mínimo es ganar dos partidos para regresar en ventaja a Bocas, pero el escenario ideal es barrer la serie en el Mariano Bula y sellar el pase a la final en su propio patio.

Raquel será parte del triatlón, disciplina en la que acumula cerca de ocho años de experiencia. Sus hermanos, en cambio, incursionaron recientemente en el tiro con arco, luego de iniciarse en el deporte desde la escuela, cuando los tres decidieron probar suerte en unos tryouts. Desde entonces, la actividad física ha sido una constante en sus vidas.

La dinámica entre ellos combina competencia, apoyo y cercanía. Aunque reconocen que las diferencias entre hermanos existen, coinciden en que al momento de competir predomina la concentración y el enfoque en los resultados. Cada uno observa en el otro cualidades que refuerzan ese crecimiento, como la exigencia personal y la disciplina.

La participación en estos Juegos tiene un valor especial, no solo por el nivel del evento, sino por la oportunidad de compartirlo juntos.

El día a día de los trillizos Sucre está marcado por la exigencia y la disciplina. Raquel inicia sus jornadas a las 4:00 a.m. para entrenar natación, complementando luego con ciclismo o carrera. Sus hermanos combinan la clases con sesiones de tiro con arco y entrenamientos físicos adicionales. La rutina evidencia el compromiso que han asumido desde temprana edad.

En lo emocional, los nervios están presentes, pero la motivación pesa más. Raquel asegura que la emoción por competir supera cualquier presión, mientras que Nicolás califica la sensación de representar a Panamá como algo indescriptible. Santiago, por su parte, valora el impacto de que el país sea sede de un evento de esta magnitud, resaltando la oportunidad que brinda a más atletas de medirse a nivel internacional.

Entre bromas y desafíos internos, como quién tiene más disciplina o quién motiva más al otro, los trillizos mantienen una relación que equilibra la competencia con el compañerismo. En el fondo, los tres comparten una misma meta: dar lo mejor de sí y aprovechar al máximo una experiencia que difícilmente olvidarán.

La iniciativa, presentada por la diputada Janine Prado, de Vamos, contó con el respaldo de seis diputados de distintas fracciones políticas, incluido el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM).

El proyecto establece penas de entre seis y ocho años de cárcel para la persona que acepte un nombramiento en un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designada.

La pena se agravará de ocho a diez años de prisión si la lesión patrimonial supera los $50 mil.

Inicialmente, la propuesta incluía sanciones para quienes realizaran estos nombramientos; sin embargo, ese artículo fue retirado durante el primer debate.

Camacho impulsó el retiro de este artículo tras un amplio discurso.

La diputada Prado, por su parte, recordó que la propuesta no solo abarca la Asamblea, sino también a las distintas instituciones y ministerios del aparato estatal.

“Necesitamos fortalecer la legislación en esta materia”, añadió.

El objetivo del proyecto, recordó, es fortalecer la lucha contra la corrupción y optimizar la eficiencia del aparato gubernamental.

Otro de los diputados que tomó la palabra fue Osman Gómez, miembro de la bancada mixta, quien llegó al Legislativo postulado por el partido Alianza.

Mencionó que, cuando se menciona la palabra “botella”, automáticamente se apunta a la Asamblea.

“No todas las veces es cierto que existen botellas en este órgano del Estado”, planteó.

Advirtió que es importante definir qué se considera una “botella” y, como ejemplo, contó que hay diputados que cuentan con funcionarios que trabajan sábado y domingo en el interior del país. “Y trabajan más de ocho horas”, agregó.

El visto bueno del Ministerio Público

En el debate también participó la fiscal Tania Saavedra, del Ministerio Público.

Saavedra recordó que, en octubre de 2025, la entidad emitió concepto favorable sobre la propuesta. En cuanto a las modificaciones introducidas, indicó que no hay cambios sustanciales respecto al texto original, por lo que no tienen objeciones.

Además, valoró la intención de actualizar la legislación panameña a estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción.

Lo próximo: el segundo debate en el pleno legislativo, donde interactúan los 71 diputados. Llegará al hemiciclo legislativo en la recta final de las sesiones ordinarias de la Asamblea.

Vieja práctica

El fenómeno de las “botellas” se mantiene como una de las prácticas más persistentes dentro de la administración pública. La Asamblea Nacional figura de forma recurrente entre las instituciones señaladas por inflar planillas millonarias, en las que una parte del personal percibe salario sin cumplir funciones efectivas.

De hecho, en la exposición de motivos del proyecto, la diputada Prado recordó que las “botellas” constituyen una de las expresiones más evidentes del clientelismo político y la corrupción estructural.

Anotó que el país tiene una de las tasas más altas de empleados públicos en la región: 15.6% de su fuerza laboral, por encima del promedio latinoamericano, que es del 10 %.

“El Estado no puede seguir financiando una planilla inflada que no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos”, advirtió.

El partido se definió en episodios extras, luego de un cerrado duelo de pitcheo que mantuvo el marcador en blanco durante gran parte del encuentro.

Fue Chiriquí quien logró romper el cero en la parte alta del octavo inning, cuando Carlos Xavier Quiroz negoció un boleto con bases llenas para impulsar la primera carrera del juego en los pies de Jorge Rodríguez.

Los Vaqueros respondieron en el noveno episodio apelando a la misma fórmula. Con la casa llena, Mauricio Pierre recibió base por bolas y Benjamín Bailey empató el encuentro 1-1 y con ello se forzó la entrada adicional. Oeste desaprovechó las bases llenas tras un fallido intento de squeeze play en la que agarraron a Arod McKenzie despegado de la antesala.

Ya en el décimo capítulo, Panamá Oeste volvió a mostrar paciencia en el plato. Con corredores en circulación, McKenzie negoció boleto con las bases llenas, Gerald Chin anotó y con ello dejaron en el terreno a Chiriquí y desató la celebración en La Chorrera.

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El pitcheo fue protagonista por ambos lados. Jeison Calvo abrió por Oeste y trabajó cuatro entradas y dos tercios sin permitir carreras, mientras que el relevo conformado por Rafael García, Miguel Gómez y Davis Romero se encargó de silenciar a la ofensiva chiricana en los episodios finales.

Por Chiriquí, Bryan Cáceres lanzó siete sólidas entradas en blanco, permitiendo apenas dos imparables, aunque se fue sin decisión.

A la ofensiva, Gerald Chin y Jean Rodríguez lideraron a Panamá Oeste con dos hits cada uno. Johan Camargo también destacó al negociar tres boletos y se sacrificó para avanzar a Chin en el décimo episodio. Por Chiriquí, Jeffer Patiño e Iraj Serrano conectaron dos imparables cada uno.

Chiriquí se mantiene al frente de la serie 2-1, que continuará este jueves con el cuarto juego en el estadio Mariano Rivera, mientras que Bocas del Toro y Colón reanudarán su semifinal en el estadio Roberto Mariano Bula.

“Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios”, aseveró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

El portavoz dijo que es muy probable que hoy llegue a Teherán una delegación pakistaní para abordar el tema, a seis días de que expire el alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos.

Bagaei indicó que las negociaciones en Islamabad, que duraron 21 horas, estuvieron orientadas al “cese total de la guerra” y a la reivindicación de los derechos de Irán, entre ellos, el levantamiento de las sanciones y la compensación por los daños causados al país durante el conflicto por Estados Unidos e Israel.

El diplomático reiteró además el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos conforme al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Sin embargo, indicó que Teherán está dispuesto a dialogar sobre “el nivel y el tipo de enriquecimiento” y aseguró una vez más que la República Islámica nunca ha buscado fabricar armas nucleares.

Bagaei señaló que, en paralelo a los procesos diplomáticos, las Fuerzas Armadas de Irán “vigilan de cerca los acontecimientos con plena atención y están preparadas para responder a cualquier aventura”.

Mientras, Pakistán continúa sus esfuerzos para acordar con Teherán y Washington otra ronda de negociaciones esta semana.

El informe, basado en inspecciones especializadas, análisis acústicos e imágenes térmicas, se centró en tres áreas clave a las que el equipo tuvo acceso: la pila de concreto cercana al siniestro, la superestructura metálica y la losa de rodadura.

Entre los principales hallazgos, los especialistas determinaron que no se identificaron deficiencias estructurales críticas que representen un riesgo inmediato para la seguridad del puente. No obstante, el director nacional de Estudio y Diseño del MOP, Edwin Lewis, explicó que, pese a los resultados favorables, se recomienda mantener las restricciones vigentes para el tránsito de vehículos pesados.

En ese sentido, se confirmó que continúa la limitación de 10 toneladas por vehículo, una medida establecida desde 2009, y que será reforzada en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

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Lewis aclaró que esta limitación no responde al incidente ocurrido el pasado 6 de abril, donde tres cisternas explotaron en la parte inferior del puente y donde una persona falleció, sino a una disposición establecida tras evaluaciones previas que determinaron el deterioro progresivo de la estructura debido al paso del tiempo.

“El objetivo es evitar un mayor desgaste del puente y garantizar su vida útil”, indicó, al tiempo que subrayó que actualmente el tránsito se mantiene con normalidad, salvo para vehículos pesados que superen el límite establecido.

Principales hallazgos de la inspección

Según el informe presentado por Lewis,-en conferencia de prensa en el Consejo de Gabinete- en la pila de concreto 10 no se detectaron grietas relevantes ni daños significativos; solo una laminación menor y localizada, sin impacto estructural.

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En la superestructura metálica, los especialistas estadounidenses no observaron deformaciones, fallas en conexiones ni remaches sueltos.

Lewis señaló que los daños detectados en la estructura metálica son principalmente superficiales, limitados a la pintura exterior e interior. Con respecto a la losa de rodadura —reforzada con fibra de carbono—, no se evidenciaron fallas en la adherencia ni en su integridad.

Las autoridades destacaron que estos resultados coinciden plenamente con evaluaciones previas realizadas por equipos técnicos panameños.

Recomendaciones del estudio

El estudio también establece una serie de acciones y recomendaciones para el MOP, con el fin de garantizar el mantenimiento y monitoreo del puente.

Entre ellas, se destaca la realización de un escaneo estructural de las pilas de concreto, tanto en el área afectada como en el resto de las columnas. En el caso de la pila 10, que estuvo expuesta al fuego, se recomienda realizarlo a corto plazo, mientras que en el resto de las pilas se sugiere hacerlo a largo plazo.

Asimismo, se recomendó, en la superestructura de acero, la reparación y el repintado de las zonas impactadas por el fuego, así como la instalación de extensómetros en 28 puntos del puente para monitorear posibles deformaciones.

También se deberán realizar pruebas de laboratorio en la losa de rodadura y una evaluación de la fibra de carbono, con miras a su posible reemplazo en el mediano plazo.

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Plan de mantenimiento en marcha

El MOP informó que, desde finales del año pasado, se desarrolla una evaluación técnica conjunta con la Universidad de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá, con el objetivo de establecer un programa de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo.

Entre las acciones más inmediatas se contempla la limpieza y el repintado de las áreas afectadas por el incendio, mientras se define el mecanismo de contratación para ejecutar estos trabajos.

En cuanto a la inversión requerida, Lewis indicó que aún no se ha determinado el monto, ya que primero deben concluir los estudios técnicos que definirán el alcance de las intervenciones necesarias.

Pese a las preocupaciones ciudadanas sobre el estado del puente, el MOP reiteró que “no existe ningún hallazgo crítico que comprometa su funcionamiento”, aunque insistió en la necesidad de mantener las restricciones y avanzar en su mantenimiento preventivo.

Por su parte, Karen Caballero, subdirectora de Estudios y Diseños de la institución, destacó que el informe fue elaborado con la participación de un equipo multidisciplinario que incluyó instituciones como la Universidad Tecnológica de Panamá, en conjunto con entidades de seguridad y respuesta.

Las autoridades reiteraron que, aunque no se detectaron riesgos inmediatos, las medidas recomendadas buscan preservar la integridad de esta infraestructura clave para la conectividad del país y garantizar la seguridad de los usuarios a largo plazo.

Según el informe, la gasolina de 95 octanos registrará una baja de 3 centavos por litro, pasando de $1.26 a $1.23.

En tanto, la gasolina de 91 octanos mantendrá su precio sin variación, permaneciendo en $1.17 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un leve incremento de un centavo, subiendo de $1.36 a $1.37 por litro.

Las nuevas tarifas estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 1 de mayo, cuando se realizará una nueva actualización de precios.

La Secretaría de Energía recordó que los incrementos de los combustibles en los últimos meses responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

“Esto ha generado una presión al alza en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente en la estructura de costos local”, añadió, al tiempo que explicó que Panamá importa el 100% del combustible que utiliza, por lo que los precios en las estaciones dependen de lo que ocurra en el mercado internacional.

El sector de transporte también se ha visto duramente afectado. Por ello el gobierno estableció un programa de subsidio temporal, el cual arrancó este miércoles.

El subsidio establece precios tope de $0.88 por litro para la gasolina de 91 octanos, $0.90 para el diésel y $1.00 para la gasolina de 95 octanos.

Castigar al funcionario que acepta un pago por un trabajo que no realizó es apenas una parte del problema. El fenómeno no nace en el eslabón más débil, sino en las decisiones políticas que inflan planillas, reparten favores y consolidan lealtades. Quien nombra sabe perfectamente que está creando una “botella”.

No es la primera vez que una iniciativa destinada a combatir la corrupción se queda a mitad de camino. Como hemos advertido en más de una ocasión, todo proyecto en esta dirección termina chocando con la misma piedra: el presidente de la Comisión de Gobierno.

Así las cosas, la decisión impulsada por el diputado oficialista de retirar las sanciones para quienes hacen estos nombramientos abona —una vez más— a la impunidad. Sin sanciones para quienes nombran, financian y capitalizan políticamente estas prácticas, la ley corre el riesgo de quedarse corta. La Asamblea aún puede corregir el rumbo.

“Deseo dejar claro que mientras exista arroz en inventario no se permitirá importación. No se va a desproteger a productores”, señaló el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X.

La declaración surge luego de que la Asociación Nacional de Molineros de Arroz planteara analizar la importación de aproximadamente 1.8 millones de quintales para octubre, más un mes de seguridad alimentaria, que es lo que aseguran debería el Gobierno siempre mantener en el país para evitar la fluctuación de precios, como una medida preventiva ante el incremento en los costos de producción, impulsados principalmente por el alza del combustible.

Deseo dejar claro que mientras exista arroz en inventario no se permitirá importación. No se va a desproteger a productores @MIDAPma

— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 15, 2026

Sin embargo, la propuesta encontró una fuerte oposición por parte de los productores, representados por la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Otros Granos de Panamá, quienes sostienen que el país cuenta con suficiente arroz para abastecer la demanda nacional.

Según cifras del gremio, para el 20 de mayo de 2026 el inventario alcanzará los 4.8 millones de quintales, superando en 1.3 millones los niveles registrados en el mismo periodo del año anterior. Este volumen, aseguran, incluye arroz que ya ingresó al sistema durante 2025, por lo que descartan cualquier riesgo de escasez.

A la par del debate sobre importaciones, los productores han puesto sobre la mesa el impacto del aumento en los costos de producción, que ya ronda el 20% debido principalmente al encarecimiento del combustible. Este escenario, advierten, podría traducirse en un incremento en el precio al consumidor entre junio y julio si no se adoptan medidas de apoyo.

Ante ello, el sector solicita al Gobierno la implementación de subsidios, especialmente en combustible y fertilizantes, similares a los otorgados a los transportistas, con el objetivo de aliviar la carga económica y evitar un traslado directo de los costos al mercado.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, confirmó que el Ejecutivo evalúa mecanismos para apoyar a los productores. Explicó que, a diferencia del transporte, donde los beneficiarios están identificados a través de registros en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el sector agrícola enfrenta el reto de no contar con un sistema formal para maquinaria como tractores y cosechadoras, porque no portan placas.

En ese sentido, adelantó que se trabaja en la creación de un banco de información en el ministerio, donde los productores deberán registrar sus equipos para poder acceder a un eventual subsidio, el cual sería previamente verificado por las autoridades.

Por su parte, la Asociación Nacional de Molineros de Arroz insistió en un comunicado sobre la volatilidad del mercado internacional y la necesidad de tomar decisiones técnicas para garantizar la estabilidad del suministro, reiterando que la seguridad alimentaria debe ser el eje central.

El cruce de posturas evidencia un momento clave para la cadena agroalimentaria del arroz, donde convergen la defensa de la producción nacional, la presión por los costos y la necesidad de evitar impactos en el bolsillo de los consumidores.

Ari Hodara, ingeniero y aficionado al arte, se enteró de que era el ganador el martes al responder a una videollamada de la casa de subastas Christie’s en París.

“¿Cómo sé que no es una broma?”, preguntó el hombre de 58 años al enterarse de que era el nuevo propietario de una obra que el maestro español creó en 1941.

Los organizadores informaron que se vendieron más de 120.000 boletos para el sorteo por apenas 100 euros (US$118) cada uno, y recaudaron alrededor de 11 millones de euros (US$13 millones) para la investigación del alzhéimer.

El sorteo fue la tercera edición de la rifa benéfica “Un Picasso por 100 euros”, que se realizó por primera vez en 2013.

El premio de este año fue “Cabeza de mujer”, un retrato al gouache sobre papel realizado al estilo característico de Picasso. Representa a su pareja y musa, la artista surrealista francesa Dora Maar.

“Me sorprendió, eso es todo”, dijo Hodara durante una llamada telefónica con los subastadores después del sorteo. “Cuando apuestas a esto, no esperas ganar (...) Pero estoy muy contento porque me interesa mucho la pintura, y es una gran noticia para mí”, agregó.

El boleto de Hodara era el número 94.715. Dijo que lo compró el fin de semana tras enterarse del concurso por casualidad.

La periodista francesa Peri Cochin organizó la rifa con el apoyo de la familia y la fundación de Picasso. Aseguró que era una gran noticia que el ganador viviera en París, a pesar de que los boletos se vendieron en decenas de países de todo el mundo.

“Nos será muy fácil entregar el cuadro, así que estamos muy contentos”, añadió.

La ciudad es también donde Picasso vivió y trabajó gran parte de su vida, y miles de sus pinturas, grabados y esculturas se exhiben en sus museos.

Del dinero recaudado, un millón de euros se destinará a la Galería de la Ópera, propietaria del cuadro, y el resto se donará a la Fundación Francesa para la Investigación del alzhéimer.

“Esta iniciativa de Picasso es un paso más para que algún día el alzhéimer no sea más que un mal recuerdo”, declaró el director de la fundación, Olivier de Ladoucette, informó la agencia de noticias AFP.

La primera edición de la rifa la ganó un estadounidense de 25 años de Pensilvania en 2013, y los fondos recaudados se destinaron a la conservación de la ciudad libanesa de Tiro, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Una contadora italiana de 58 años ganó la segunda edición, en 2020, después de que su hijo le regalara un boleto por Navidad. Los fondos recaudados se donaron a proyectos de saneamiento en escuelas y aldeas de Camerún, Madagascar y Marruecos.

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TIRRIA 1. Realizando Metas (RM) no esconde su animosidad hacia el procurador Gómez Rudy, a quien acusa de mantener intacta la “estructura corrupta” que, según ese colectivo, operaba en el Ministerio Público durante los gobiernos anteriores. Después de todo, que a RM no le guste el procurador es hasta una buena señal.

TIRRIA 2. Por cierto, RM comunicó que, aunque todavía no ha tirado la línea, ya sabe a quién no quiere en el TE: a Ian Bailey, a quien identifica como “ficha” del exmagistrado Eduardo Valdés y de Rómulo Roux. Pero sucede que entre los candidatos, no hay nadie con ese nombre. O querían desquitarse con Bailey o están tan despistados que no se han dado cuenta de que no está en la lista.

LENTOS. Las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional fueron aprobadas hace una semana, en la Comisión de Credenciales, pero todavía el proyecto no ha sido incluido en la agenda del pleno legislativo. Ojalá no estén esperando a que termine el periodo de sesiones ordinarias. Tanto Jorge Herrera como Dana Castañeda se habían comprometido públicamente a reformar el reglamento. Ojalá este no sea otro ejemplo de la palabra empeñada que queda en nada.

SEÑALAMIENTO. La Sala Cuarta de la Corte Suprema certificó que Jaime Alberto Castillo Martínez no está registrado como idóneo para ejercer la abogacía en la República de Panamá. Castillo se presenta como “asesor” del Meduca, aunque en la planilla aparece con el cargo de “secretaria 1”, con un salario mensual de $5,000. Ojalá esto se aclare pronto. El ejercicio ilegal de una profesión es un delito.

Esa escena, que podría parecer sacada de otra época, ocurre hoy. En 2026. Y no por casualidad: ocurre porque un municipio decidió que proteger a sus niños es responsabilidad de todos, no solo de sus padres.

La iniciativa se llama Comercio Amigo y forma parte de un proyecto más amplio llamado Boadilla es Familia. Más de cincuenta comercios del municipio se identifican con un sticker visible en su puerta. La señal es simple: aquí puede entrar cualquier menor que necesite hacer una llamada de urgencia a su familia. El comerciante no asume ninguna custodia ni responsabilidad legal sobre el niño. Solo presta un teléfono. Solo dice que sí.

Pero ese gesto, multiplicado por cincuenta locales y respaldado por toda la infraestructura municipal, crea algo que ninguna app de control parental puede reemplazar: una red humana de seguridad alrededor de la infancia.

El objetivo declarado de la iniciativa es claro y valiente: retrasar el momento en que los niños tienen su primer celular. No eliminarlo. No demonizar la tecnología. Simplemente darles tiempo. Tiempo para crecer sin una pantalla permanente en el bolsillo. Tiempo para aburrirse, para inventar, para pedir ayuda mirando a los ojos.

Y si algo nos han enseñado años de investigación en salud infantil es que ese tiempo importa enormemente. Cada mes que un niño crece sin acceso irrestricto a redes sociales y plataformas de contenido ilimitado es un mes en que su cerebro se desarrolla con menos interferencia, en que sus vínculos se construyen en el mundo real, en que aprende a tolerar la frustración sin un estímulo digital que la distraiga de inmediato.

¿Podríamos hacer algo así en Panamá?

La respuesta corta es sí. Pero requiere que dejemos de ver este problema como un asunto privado de cada familia y empecemos a tratarlo como lo que es: un asunto de salud pública y de política social.

Los padres somos la primera línea. Somos quienes establecemos las reglas en casa, quienes decidimos a qué edad entregamos un dispositivo, quienes modelamos con nuestro propio comportamiento la relación que nuestros hijos tendrán con las pantallas. Pero los padres no podemos hacerlo solos. No en un mundo donde la presión social sobre los niños para estar conectados es enorme, donde no tener celular puede significar quedar fuera del grupo, donde el entorno completo empuja en una sola dirección.

Por eso la comunidad tiene un rol que todavía no hemos asumido del todo. Los comerciantes, los vecinos, los maestros, los adultos que rodean a nuestros hijos fuera del hogar. Una farmacia que presta su teléfono. Un local de comida rápida con un sticker en la puerta que le dice a un niño: aquí estás seguro, aquí puedes pedir ayuda. Gestos pequeños que construyen algo grande: la certeza de que un niño no necesita un celular propio para estar protegido.

Y luego está el Estado. Porque sin políticas públicas claras, todo lo demás son esfuerzos individuales que nadan contra la corriente. Necesitamos que el Ministerio de Educación ponga este tema sobre la mesa con urgencia. Que la Asamblea Nacional legisle con evidencia científica y no con presiones de mercado. Que los municipios y alcaldías encuentren en iniciativas como la de Boadilla una inspiración concreta y replicable, adaptada a nuestra realidad.

No hace falta un presupuesto millonario para empezar. Hace falta voluntad. Hace falta que quienes tienen el poder de tomar decisiones decidan que la infancia panameña merece ser protegida con la misma urgencia con que se atienden otras crisis de salud pública. Porque esto también es una crisis. Silenciosa, pero real.

Como pediatra, llevo años viendo en consulta las consecuencias de una infancia hiperconectada: ansiedad, insomnio, dificultades de atención, aislamiento social disfrazado de vida digital. Y como madre, entiendo la presión que sienten los padres cuando intentan nadar contra la corriente solos.

Por eso hoy no solo escribo para que reflexionemos. Escribo para que actuemos. Si en Panamá existe o surge una iniciativa como Comercio Amigo —impulsada por un municipio, una asociación de comerciantes, una escuela o cualquier organización que quiera construir una red de protección real alrededor de nuestros niños—, cuenten con mi voz, con mi tiempo y con mi compromiso para apoyarla.

Nuestros hijos no necesitan que seamos perfectos. Necesitan que nos ocupemos de esto juntos.

La autora es pediatra.

La décima edición de Cartier Privé — Les Opus se presenta como una declaración de principios: reinterpretar lo icónico sin perder su esencia. El Tank Normale, el Tortue y el Crash resurgen como esculturas contemporáneas, piezas que desafían el tiempo no solo por su mecánica, sino por su capacidad de permanecer relevantes a través de generaciones. En ellas, la Maison reafirma su dominio del savoir-faire, donde cada línea, cada volumen y cada acabado responden a una intención estética precisa.

Pero es en el misterio donde Cartier encuentra una de sus expresiones más fascinantes. El Myst de Cartier propone una nueva lectura del objeto reloj, una creación que parece flotar sobre la piel y que diluye los límites entre joyería y relojería. Su presencia no se impone: se revela lentamente, invitando a una experiencia íntima y contemplativa.

El legado continúa con el Baignoire, cuya silueta ovalada se reinventa a través de superficies texturizadas que capturan y reflejan la luz con una sensualidad casi arquitectónica. A su lado, el Roadster introduce una narrativa distinta, inspirada en el mundo mecánico, donde la precisión y la potencia se traducen en líneas aerodinámicas y detalles técnicos que evocan velocidad y modernidad.

Por su parte, el Santos-Dumont reafirma su lugar en la historia como símbolo de innovación. Nacido como el primer reloj de pulsera moderno, hoy se reinterpreta con materiales nobles y un refinamiento que eleva su elegancia atemporal sin renunciar a su espíritu pionero.

En Cartier, el tiempo no avanza: se transforma, se expresa y, sobre todo, se convierte en arte.

Boutique Cartier Panamá - Multiplaza Mall - +507 214-3155

La llegada de actores globales como IFZA responde a esta evolución, respaldada por condiciones concretas como la conectividad, la estabilidad y una proyección clara hacia mercados internacionales.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen conecta a Panamá con más de 90 destinos; y, a su vez, el país mantiene una ventaja marítima regional relevante, dos elementos que consolidan su posicionamiento logístico. A esto se suma el crecimiento sostenido de la inversión extranjera y la presencia de multinacionales que ya operan desde el país.

Panamá ofrece hoy condiciones determinantes para la inversión: acceso a mercados, estabilidad y un entorno estructurado para hacer negocios. En este escenario, IFZA actúa como un facilitador que permite transformar el interés en operaciones concretas.

El gerente general de IFZA Panamá, Markus Raiser explica que “Panamá representa una plataforma para conectar empresas con mercados globales. Muchas empresas hoy buscan estabilidad para crecer, y Panamá les da ese punto de partida”.

Con base en Dubái, IFZA ha construido una trayectoria consolidada, tras incorporar más de 60 mil empresas a nivel global. Su llegada a Panamá responde a la solidez del país en atracción de inversión extranjera y a una economía que ha demostrado capacidad de adaptación.

A través de procesos estructurados y acompañamiento legal y operativo, IFZA agiliza la entrada al mercado, guiando el proceso de establecimiento de compañías internacionales para que comiencen a operar en menor tiempo. Su modelo basado en zona franca aporta legitimidad, substancia económica, y ventajas fiscales posicionándola como una de las opciones más confiables, que a su vez facilita la interacción con bancos, socios y otros aliados.

El contexto internacional también impulsa estas decisiones. Cada vez más empresas ajustan su presencia global en busca de ubicaciones que ofrezcan acceso, estabilidad y oportunidades de crecimiento. Panamá forma parte de ese mapa, e IFZA canaliza ese interés hacia proyectos concretos.

Raiser añade que “la clave del desarrollo está en la colaboración. Cuando sector público y privado trabajan alineados, es cuando realmente se generan resultados. Panamá es un lugar donde ese tipo de articulación debe mantenerse para facilitar el crecimiento económico del país”.

Panamá continúa consolidando su posicionamiento en la región. La llegada de actores como IFZA contribuye a estructurar ese crecimiento y facilita que más empresas se establezcan, operen y se expandan desde el país.

Tratándose, además, de un recorrido hacia el sur, donde tendría varias paradas en América del Sur, tanto en el lado Pacífico como Atlántico, hasta llegar a la costa este de Estados Unidos, por lo que no debía haber ningún tipo de preocupación.

Al no ser Panamá un Estado jurídicamente neutral y como la supernave no cruzó el Canal de Panamá por su excesivo tamaño, entonces no ha pasado nada ni se ha violentado nada legalmente. De hecho, tampoco nada impide que hubiese podido pasar por el Canal, si hubiese cabido en la ampliación realizada. Pero, dada la coyuntura de una vía navegable tan importante y amparada por un tratado de neutralidad permanente, y la circunstancia geopolítica que hoy juega un papel peligroso desde el punto de vista militar y que enfrenta bandos, Panamá debe tomar en cuenta otras variables.

En primer lugar, está la posibilidad de que se pueda pensar que, con esta situación, nuestra república pudiese estar tomando partido frente a un conflicto en el Medio Oriente que enfrenta a Israel y a Estados Unidos contra Irán. Peor aún cuando funcionarios panameños, como el alcalde capitalino, diputados, ministros, entre otros, hacen un alarde público de alegría, emoción, júbilo o regocijo, al punto de aplaudir la llegada del Nimitz y de transmitir autobombo, encomio y adulación por haber estado presentes, nada más y nada menos, que dentro de este enorme buque de guerra.

No olvidemos tampoco la acusación de Washington a Pekín de retener barcos bajo bandera panameña en sus puertos, y la respuesta china de que se trata de una invención de Estados Unidos para reclamar hegemonía sobre el Canal de Panamá. Punto este, por cierto, que muestra el contraste entre el apoyo a Panamá por un bloque de países bajo el escudo americano ante la presión de China sobre el comercio global contra naves que usan bandera panameña; mientras que, frente a la amenaza del otro de tomarse el Canal por la mentira sostenida de haberlo comprado por un dólar, el escudo de las Américas reía como si se tratara de un chiste.

Entonces me pregunto: ¿Cuál es la visión estratégica de Panamá ante la llegada del Nimitz y la inadmisible algarabía de sus autoridades? En Panamá se nos vendió la idea de que esta estadía en puerto se relacionaba con la cooperación hemisférica destinada a enfrentar el crimen organizado. Lo que implicaría una mayor coordinación regional en inteligencia, vigilancia marítima y acciones conjuntas contra redes criminales ante una preocupación legítima de seguridad hemisférica.

Pero la estadística panameña, por lo menos en el tema de los homicidios, no acompaña esta suposición. En 2025, por ejemplo, y con el actual gobierno plenamente instalado, hubo un registro de 593 asesinatos, lo que representa más del 2% que en 2024 y un índice de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, el más alto desde 2015 a la fecha. Las propias autoridades reconocen que el 70% de esas muertes se relacionan con el crimen organizado, pandillas y tráfico de drogas.

Y aunque tampoco es excusa lo que dejan entrever, en el sentido de que no es tan malo que los pandilleros se maten entre ellos, resulta que también estarían creciendo los heridos y muertos inocentes, ya que a los sicarios no les importa siempre que cumplan su cometido.

Entonces, no solo no existe, o no parece existir, ninguna relación entre la parada de estas enormes naves de guerra en puertos panameños y la intensificación de la lucha contra el narcotráfico, el combate a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales o contra las redes que combinan tráfico de drogas y lavado de dinero.

Peor aún cuando acompañó al Nimitz en aguas panameñas el destructor Gridley, que tiene radares y misiles de alta tecnología. Y si a esto le sumas el emotivo bullicio de funcionarios panameños dentro de estas naves, jugando a los soldaditos de plomo y vestidos de Capitán América, en medio del conflicto militar en el golfo Pérsico, no hay peor cuadro para debilitar la neutralidad del Canal de Panamá.

No se trata de criticar simplemente la parada momentánea del portaaviones en puerto panameño, sino el contexto que lo rodea: el jolgorio, la adulación y el enardecimiento excesivo. Y que, además, su propulsión nuclear no mejora, o no ha mejorado un ápice —o así parece—, la lucha contra el narcotráfico utilizada como excusa en Panamá para justificarlo todo.

El autor es abogado.

Hace poco, en una de nuestras giras, conocí a una abuela que cuida sola a tres nietos. No me habló de estadísticas ni de indicadores; me habló de comida, de escuela, de futuro. Y en esa conversación sencilla está resumido el mayor desafío que tenemos, que es que la política social deje de ser abstracta y se convierta en respuestas concretas que lleguen a tiempo y bien.

En el Ministerio de Desarrollo Social asumimos ese compromiso. No estamos aquí solo para administrar programas; estamos para ordenar, articular y transformar. Somos rectores de la política social, sí, pero sobre todo seguimos trabajando para que las cosas pasen.

Y decir eso también implica reconocer lo que no ha funcionado. Durante años, la respuesta social en Panamá estuvo fragmentada. Varias instituciones atendiendo a las mismas personas sin coordinarse, mientras otras quedaban fuera del sistema. Eso no solo es ineficiente, es injusto.

Por eso hemos insistido en algo que parece obvio, pero que no siempre se hace**:** trabajar como un solo Estado. Integrar información, alinear acciones y asegurar que cada intervención tenga sentido dentro de un esfuerzo común.

Otro punto en el que hemos trabajado desde que llegamos al cargo es lograr que los recursos del Estado lleguen a quienes en verdad lo necesitan. Hemos ordenado y seguimos cruzando datos para depurar, porque proteger los fondos públicos también es proteger a quienes verdaderamente los necesitan.

Pero hay algo aún más importante. No podemos conformarnos con asistir. La ayuda es necesaria, pero no suficiente. Nuestro objetivo tiene que ser que las personas puedan salir de la vulnerabilidad, no quedarse en ella. Eso implica formación, oportunidades, acceso a servicios de calidad y, sobre todo, dignidad. Es pasar de la dependencia a la autonomía.

En el caso de la niñez, no hay margen para la indiferencia. Cada niño que crece sin protección es una oportunidad que el país pierde. Y eso no lo podemos normalizar. Fortalecer los sistemas de cuidado, mejorar la calidad de la atención y garantizar entornos seguros no es un tema administrativo; es una decisión de país.

Ahora bien, también hay que decirlo con claridad. La protección de los más vulnerables no es una tarea exclusiva del gobierno. Necesitamos al sector privado, a las organizaciones sociales, a las comunidades y a las familias. Necesitamos que esto deje de ser “un tema social” y se convierta en una causa nacional.

Yo creo en una política social que tenga dirección, que mida resultados y que sea la guía en la toma de decisiones difíciles. Y creo, sobre todo, en un Panamá que no le dé la espalda a su gente.

Proteger a los más vulnerables no es un discurso. Es una forma de gobernar. Es una forma de entender el país. Y es, sin duda, la base de todo lo que queremos construir.

La autora es ministra de Desarrollo Social.

Para entender hacia dónde vamos, hay que recordar de dónde venimos. El periodo entre 1984 y 1989 representó el colapso de la ética pública: el Tribunal Electoral no fue un árbitro, sino un brazo ejecutor del régimen, culminando con el fraude de 1984 y la traumática anulación de 1989. Tras la invasión, la institución requirió un “lavado de cara” profundo. Se rescató la operatividad del Registro Civil y la Cedulación, alejándolos del control de seguridad para evitar que la identidad fuera usada como arma política. Pero el diseño del mando superior permaneció intacto: un triunvirato de tres magistrados nombrados por los tres órganos del Estado. Este modelo 1-1-1, que brindó estabilidad inicial, hoy muestra agotamiento y se ha convertido en una cuota de poder político.

La aspiración panameña es clara: el ciudadano vota, escruta y proclama. Por ello, la Junta Nacional de Escrutinio es sagrada y debe mantenerse como el ente civil externo que proclama al vencedor. Es el muro que evita que los magistrados sean “juez y parte”. Para blindar esta transparencia, propongo reformar el Título IX de la Constitución: pasar de tres a cinco magistrados. Este cambio no es a capricho; los dos nuevos magistrados deben provenir de la sociedad civil y de ciudadanos no inscritos, mediante un proceso de méritos ajeno al “dedazo” político.

Un tribunal de cinco permitiría romper el monopolio de las cúpulas, diversificar decisiones y auditar desde adentro el manejo de planillas y la justicia electoral seccional, que hoy responden, por los motivos que fueran, más a intereses particulares y/o partidistas que al bienestar nacional.

Estamos ante un cambio de paradigma. El padrón electoral descansa hoy en jóvenes de 18 a 35 años, una generación que no conoció el calvario del 89 y que empieza a dudar de la eficacia democrática. Si el sistema sigue siendo una “calle llena de clavos” para la libre postulación mientras se legisla para las aplanadoras partidistas, la legitimidad se perderá.

Ante el anuncio de una reforma constitucional, es el momento de elevar estas propuestas a rango fundamental. Debemos evitar que la Asamblea, en sus acostumbradas comisiones, desvirtúe el clamor ciudadano para legislar en beneficio de su propia reelección.

Revisar lo que yace bajo el velo del pasado nos obliga a ver la democracia como un compromiso que se renueva. Abrir el Tribunal Electoral a la sociedad civil no es violentar nuestro ideal nacional; es la única forma de honrar el sacrificio de quienes nos precedieron. Es hora de que el sistema electoral deje de ser un feudo de tres para convertirse en la casa de todos.

El autor es expresidente de la Junta Nacional de Escrutinio.

El llamado Plan Firmeza, impulsado desde el Ministerio de Seguridad Pública, aparece como una estrategia orientada a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad. Su enfoque contempla acciones de control territorial, mayor coordinación entre los estamentos de seguridad y el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia para combatir estructuras delictivas.

No obstante, la experiencia internacional demuestra que ningún plan de seguridad puede limitarse únicamente al despliegue policial o a los operativos. La seguridad sostenible se construye cuando el Estado logra equilibrar tres pilares fundamentales: control del delito, prevención social y un sistema de justicia efectivo.

Las estrategias de prevención son particularmente relevantes. En muchas comunidades, los factores que favorecen la delincuencia están vinculados a la exclusión social, la falta de oportunidades y la debilidad del tejido comunitario. Por ello, la prevención debe incluir programas dirigidos a la juventud, acceso a la educación, actividades deportivas, espacios culturales y oportunidades de formación laboral.

Cuando un joven encuentra alternativas reales para su desarrollo, disminuye significativamente el riesgo de que sea captado por redes delictivas. Invertir en prevención no solo es una política social, sino también una estrategia de seguridad a largo plazo.

Asimismo, resulta fundamental recuperar y fortalecer los espacios comunitarios. Parques activos, barrios iluminados, centros culturales y programas comunitarios permanentes ayudan a generar entornos más seguros. La presencia del Estado no debe limitarse a la reacción frente al delito; también debe manifestarse en acciones que fortalezcan la convivencia y la cohesión social.

Otro componente clave es el sistema de justicia. La ciudadanía espera que quienes cometen delitos enfrenten consecuencias claras. La impunidad debilita la confianza en las instituciones y genera la percepción de que la ley no se aplica con la firmeza necesaria. Fortalecer las capacidades de investigación, mejorar la coordinación entre autoridades y garantizar procesos judiciales eficaces es parte esencial de cualquier política de seguridad.

Sin embargo, una visión moderna de la justicia también reconoce la importancia de la resocialización. Las cárceles no pueden convertirse únicamente en espacios de castigo. Si el sistema penitenciario no ofrece oportunidades de rehabilitación, la reincidencia se convierte en un problema permanente.

La educación dentro de los centros penitenciarios, la capacitación laboral y los programas de reinserción social son herramientas que permiten transformar vidas y reducir la repetición del delito. La resocialización no implica debilidad frente al crimen; por el contrario, representa una estrategia inteligente para fortalecer la seguridad en el largo plazo.

La seguridad ciudadana exige, por tanto, un equilibrio entre firmeza y visión social. Castigar el delito cuando corresponde es necesario, pero también lo es trabajar en las causas que lo generan y ofrecer caminos de reintegración para quienes buscan rehacer su vida.

Panamá ha sido históricamente un país de convivencia relativamente pacífica. Preservar esa condición implica adoptar políticas públicas que combinen autoridad, prevención y justicia efectiva. Ninguna estrategia aislada podrá resolver por sí sola un problema complejo que involucra factores sociales, económicos e institucionales.

El reto está en construir una política de seguridad que inspire confianza en la ciudadanía y que, al mismo tiempo, contribuya a recuperar el sosiego en las comunidades. La paz social no se logra únicamente con operativos; se construye con instituciones sólidas, comunidades activas y oportunidades para todos.

Solo así será posible avanzar hacia un país donde la seguridad no sea una preocupación constante, sino una condición natural para la convivencia y el desarrollo.

El autor es educador y promotor social.

José Mujica, vida austera; Tabaré Vázquez, patrimonio estable; Bernardo Arévalo, agenda anticorrupción. Los tres han sido reconocidos por no utilizar el poder para el beneficio personal. Mujica y Vázquez consolidaron una cultura política transparente en Uruguay, mientras que Arévalo busca liberar la democracia en Guatemala de las élites político-criminales.

“Pepe” Mujica gobernó Uruguay entre 2010 y 2015. Declaró ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, al dejar el cargo, un patrimonio neto de aproximadamente trescientos mil dólares: tres inmuebles, su residencia principal en Rincón del Cerro, y dos junto a su esposa, con un valor de ciento sesenta y cuatro mil dólares; cuentas bancarias con saldo de ciento diecinueve mil dólares; dos autos Volkswagen de 1987 y tractores para trabajar la agricultura. Durante su mandato, donó más de doscientos mil dólares de su salario al Plan Juntos, dedicado a construir viviendas para personas de bajos recursos.

Tabaré Vázquez ejerció la presidencia de la República Oriental del Uruguay en dos mandatos no consecutivos: el primero entre 2005-2010 y el segundo entre 2015-2020. La Constitución no permite la reelección inmediata; miembros de la coalición gobernante le propusieron modificar la norma constitucional para permitirle la reelección en 2009; sin embargo, el Dr. Vázquez rechazó postularse.

Médico oncólogo que murió de cáncer de pulmón en diciembre de 2020, a los 80 años. Es recordado como un político que mejoró los servicios sociales del país, y sus gestiones presidenciales fueron percibidas sin escándalos de corrupción. Su gobierno impulsó una política de centroizquierda, que aumentó el salario mínimo y redujo el porcentaje de pobreza de 30,9% al 12,7%, llegando a contar con un índice de aprobación del 62%.

Logró la instalación de los megaproyectos UPM y UPM 2, plantas de celulosa de la empresa finlandesa UPM, fundamentales para la economía del país. UPM Fray Bentos (operativa desde 2007) y UPM 2 (inaugurada en 2023 en Pueblo Centenario) posicionan al país como un exportador líder mundial de celulosa, representando la mayor inversión privada en la historia del país.

Creó un Plan Nacional de Agroecología, que considera de interés general la promoción de sistemas de producción, distribución y consumo de productos agroecológicos, aplicando una visión ecológica al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles.

Mediante ley estableció y reconoció el derecho a la asistencia médica de emergencia y urgencia para todo residente de Uruguay, la cual debe ser proporcionada por cualquier proveedor de atención médica del país, garantizando así la atención médica fuera del lugar de residencia del paciente.

Creó el Plan Ibirapitá, que entregó 400,000 tabletas a jubilados con pensiones bajas, con el fin de abordar la denominada brecha digital en este sector de la población.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala desde enero de 2024, tras pasar a la segunda vuelta contra todo pronóstico. Los principales temas de su campaña presidencial se enfocaron en el combate a la corrupción e inseguridad, la generación de empleos y la promoción de políticas para combatir el cambio climático. Doctor en filosofía y antropología social, diplomático, exdiputado del Congreso entre 2020 y 2024, e hijo del expresidente Juan José Arévalo, quien gobernó el país entre 1945 y 1951.

Al cumplir seis meses en el cargo, en julio de 2024, hizo pública su declaración patrimonial, reportando activos, cuentas bancarias, prendas, libros y equipo de oficina por aproximadamente noventa y cuatro mil dólares y deudas en bancos por poco más de nueve mil dólares, evidenciando una gestión transparente de sus finanzas personales. Es el primer presidente de Guatemala en hacer pública su declaración de bienes, cumpliendo con las promesas de transparencia y lucha contra la corrupción que planteó durante su campaña electoral, además de recortarse su salario en 25%.

En una polémica con relación a declaraciones de la vicepresidenta Karin Herrera, quien ocultó durante nueve meses que no se había reducido su salario como se había anunciado públicamente, salario que era superior al del presidente en más de dos mil quinientos dólares, el presidente Arévalo declaró que desconocía los detalles del salario de la vicepresidenta, que no veía planillas. El presidente tomó la decisión de rebajarle el salario a partir de que tuvo conocimiento de la situación.

En América Latina, donde la política suele confundirse con privilegio, la austeridad emerge como un acto de ruptura. Mujica la convirtió en evidencia visible; Tabaré, en disciplina institucional; y Arévalo, en expectativa bajo presión. Tres estilos, tres contextos, una misma tensión: el poder frente a la tentación. La historia no absolverá discursos, sino conductas sostenidas. Porque, en el fondo, la verdadera ética pública no se proclama: se practica, se verifica y, con el tiempo, se expone sin defensa posible.

El autor es auditor forense y examinador de fraude autorizad y exviceministro de la Presidencia.

“Tenemos la capacidad de bloquearlos indefinidamente si Irán escoge el camino incorrecto”, afirmó Miller al ser consultado sobre las medidas tomadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en Oriente Medio en una entrevista con Fox News.

Miller detalló que este embargo a los puertos iraníes está generando “una crisis y caos económico”, que a su criterio no podrán sostener por mucho tiempo.

Las declaraciones de Miller llegaron 24 horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmara haber bloqueado por completo los puertos de Irán, una medida que había sido adelantada por el mandatario luego de las negociaciones fallidas en Islamabad el fin de semana.

El Pentágono enviará a unos 4,200 efectivos del Ejército a Oriente Medio en los próximos días mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y el presidente Trump asegura que la guerra “está a punto de terminarse”.

De acuerdo con el diario The Washington Post, los miles de soldados extra pertenecen al Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa de la 11 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, que llegará a la zona a finales de mes.

Trump aseguró este miércoles en una entrevista en Fox Business que la guerra en Irán podría terminar “muy pronto” y que esperaba que los precios de la gasolina volvieran a los niveles previos al conflicto en los próximos meses para las elecciones de medio mandato en noviembre.

Las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán como represalia a la guerra que empezó el pasado 28 de febrero continúan y marcan el desarrollo del conflicto.

En un intento por presionar económicamente a Teherán, Trump anunció este domingo un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, con el objetivo de reabrir el estrecho, un paso vital por el que circula el 20% del petróleo mundial.

Tal parece ser el caso de la reciente actuación del contralor general de la República, Anel Flores, cuando en días pasados irrumpió en una diligencia del Ministerio Público, sin que hasta la fecha el funcionario haya querido dar alguna explicación que justifique lo que, a primera vista, es una conducta más propia de un vaquero del lejano oeste que del ganado bravo chiricano (por si acaso).

Si bien, por fortuna para los panameños, en términos generales y hasta la fecha, el accionar del contralor Flores dista mucho de parecerse a la aberrante conducta gánsteril que exhibió su antecesor Gerardo Solís; no obstante, resulta muy preocupante el hecho de que, durante su incipiente gestión, continúe acumulando puntos como cliente frecuente de graves desaciertos. Recordemos, a manera de ejemplo, la inexplicable presencia del contralor Flores en la Asamblea Nacional, en medio de las elecciones de este órgano del Estado, haciendo lobby a favor de Shirley Castañeda. Más recientemente, ante el conflicto de la basura en San Miguelito, admitió haber llamado a la alcaldesa Irma Hernández para “facilitarle un contacto” con un representante de Revisalud, empresa con intereses contractuales altamente cuestionada por su paupérrimo desempeño en el servicio de recolección de basura en este distrito durante el pasado gobierno.

Además, resulta de ingrata recordación su entusiasta participación dentro de la comitiva del presidente Mulino en el viaje a Brasil, así como sus ulteriores declaraciones a los medios acerca de la conveniencia de que nuestro país se embarque en el negocio del etanol, lo cual evidentemente contrasta o deja ver claras señales de un conflicto de intereses, toda vez que el contralor Flores es propietario de un ingenio azucarero en Chiriquí.

De igual forma, y al mejor estilo del condenado expresidente prófugo y actual turista en Colombia, Flores, al sentirse molesto por algunos cuestionamientos recibidos por sus actuaciones, ha mencionado en tono amenazante que él también tiene “dossiers”. Desafortunada alusión que nos trae a la memoria la sombra de la intromisión y los excesos en el ejercicio del poder en épocas de un pasado reciente.

Regresando al tema más grave y de actual vigencia, como lo es la presencia intempestiva del contralor Flores en el momento en que dos auditoras de la Contraloría rendían declaración ante la fiscal anticorrupción Adela Cedeño del Ministerio Público, sobre las auditorías que sustentan la investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, procesado por presunto enriquecimiento injustificado, impidiendo de paso el contralor que estas funcionarias firmaran sus respectivas declaraciones. Este insólito hecho debió producir una explicación inmediata por parte del contralor, la cual, en caso de producirse ahora, ya resulta tardía y hasta suspicaz.

Pese a ello, si llegamos a enterarnos finalmente de que el desafortunado incidente se reduce a una simple y humana “metida de pata”, esto resultará más alentador que tener que aceptar que se trató de una abierta y consciente interferencia por parte del contralor Flores en un caso emblemático de corrupción que intenta esclarecer la justicia panameña y que, por añadidura, involucra a un miembro de su propio partido (PRD). De ser este el caso —ojalá que no—, al menos podríamos ahora entender el porqué de la abierta oposición del contralor Flores cuando, en su momento, el procurador Luis Carlos Gómez intentó introducir un proyecto de ley que suministra más herramientas para la lucha anticorrupción. Como recordaremos, dicho proyecto de ley fue planchado por la Asamblea Nacional, con el abierto beneplácito del contralor Flores.

Definitivamente, en este episodio puntual al que hacemos referencia, lo que está en juego es la aparente intención de normalizar los excesos por parte de un funcionario llamado, en efecto, a fiscalizar dentro del marco de referencia legal e institucional que le permite ciertamente operar en armónica colaboración con los demás órganos e instituciones del Estado, como lo contempla la Constitución y la ley, pero sin intromisiones, abusos ni interferencias de ningún tipo.

El autor es escritor y pintor.

Ahora bien, a raíz de esta situación, se han alzado muchas voces que advierten que estos fallos constituyen un mal antecedente, en vista de que la imagen de la seguridad jurídica en Panamá se ve afectada. Se sostiene que esto podría incidir en la inversión extranjera, ya que los inversionistas podrían percibir la existencia de un “riesgo país”, al entender que el Estado panameño puede dejar en el aire inversiones bajo la tesis de que violan la Constitución. Pareciera tener sentido tal planteamiento; no obstante, es una posición finalista, que deja por fuera las causas de estas decisiones jurisdiccionales.

Creo que, si queremos ser honestos, debemos revisar las causas que provocan que se declaren inconstitucionales contratos como el de PPC o el de Cobre Panamá, S.A. Al analizar la etiología de estos contratos, salta a la vista, sin mucho esfuerzo, un componente de orden ético y moral que marca su origen, pues la inconstitucionalidad no se encuentra enquistada de manera imperceptible, sino que se trata de violaciones perceptibles, múltiples y groseras.

Estos contratos fueron elaborados con la evidente intención de violentar la Constitución. Estas violaciones no han sido producto de errores o de ignorancia al redactarse y aprobarse, sino actos conscientes y premeditados, con la intención de afectar los intereses y bienes del pueblo panameño, con el concurso de diferentes estamentos estatales. Se configura así una cadena de decisiones orientadas a un fin específico.

Veamos: estos contratos son elaborados o negociados por abogados de las partes, tanto del concesionario como del Estado. Su contenido es revisado por el equipo legal del ministerio correspondiente, por lo que, dada la evidencia de elementos inconstitucionales en esta primera instancia, debieron ser rechazados. No obstante, pasan al Consejo de Gabinete, que a su vez cuenta con una serie de asesores jurídicos que debieron advertir los vicios, pero el contrato continúa su curso hacia la comisión legislativa correspondiente, donde también existe un equipo de abogados que debió detectar estos elementos.

Sin embargo, el contrato sigue adelante hasta el pleno de la Asamblea, donde los diputados, de manera independiente, cuentan con asesores que igualmente ignoraron la notoria inconstitucionalidad. Una vez aprobado, pasa a la Presidencia, donde el mandatario dispone de asesores, en especial en materia constitucional. Es derecho y deber del Presidente objetar el proyecto por inexequible, es decir, advertir sus defectos constitucionales y devolverlo a la Asamblea. Pero ello no ocurrió, y la ley fue sancionada, convirtiéndose en ley de la República.

Esto demuestra que no existe tal inseguridad jurídica. Lo que existe es un comportamiento inmoral y antiético por parte de quienes debieron corregir los defectos constitucionales de estos contratos. Se trata, en última instancia, de una estructura de decisiones que permite otorgar beneficios con una complicidad institucional evidente.

Lo que se requiere son gobiernos honestos, transparentes y responsables, no organismos que operen como redes de intereses para beneficiarse o favorecer a terceros mediante el ejercicio del poder público. No es solo una cuestión de constitucionalidad; es, sobre todo, una cuestión de ética y moral.

El autor es exprofesor de Ciencia Política y Teoría del Estado/Miembro de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional (Apadec).

Camavinga fue expulsado en el minuto 86 tras ver una cartulina amarilla por retener el balón después de cometer una falta. Después, en declaraciones a Movistar Plus, Arbeloa criticó la decisión del colegiado.

“No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto”, declaró.

Se va expulsado por segunda amarilla Camavinga de Real Madrid, retarda la reanudación de juego al Bayern. pic.twitter.com/tBOcCGpQbf

— El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 15, 2026

“Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos... Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo... Se han dejado el alma”, agregó.

Además, indicó que el Real Madrid tuvo alguna ocasión en la segunda parte por cerrar el partido y declaró que justo antes del gol de Luis Díaz, el 3-3, hizo dos cambios que no fueron efectivos porque el tanto del colombiano acabó con todo.

“Ahora a seguir. Esto es el Real Madrid. La Liga está muy complicada. Pero tenemos que seguir peleando hasta la última jornada... Tenemos un escudo que defender”, finalizó.

Nuestra Constitución Política, en sus artículos 19 y 113, establece el deber del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades y los medios de subsistencia, abarcando a toda persona con discapacidad. Sin embargo, para el individuo con autismo, la “integración” ha sido históricamente sinónimo de una “normalización” forzada. El nuevo paradigma constitucional, reforzado por el Bloque de Constitucionalidad, exige que el Estado panameño respete la neurodiversidad, entendiendo que las diferencias en el funcionamiento cerebral son variaciones naturales y no déficits que deban “curarse”.

Esto implica que el derecho a la igualdad no debe buscar que la persona con autismo se adapte a un entorno hostil, sino que el entorno (físico, comunicacional y jurídico) se adapte a su forma de procesar la realidad.

Un avance técnico de primer orden lo encontramos en el nuevo Código Procesal Civil (Ley 402 de 2023). Esta norma es revolucionaria para la comunidad con autismo porque introduce formalmente los ajustes razonables para garantizar el acceso a la justicia. En el ámbito judicial, esto significa que una persona con TEA tiene derecho a que el proceso se despoje de formalismos técnicos incomprensibles y se utilicen sistemas de comunicación aumentativa o lenguaje sencillo.

Para que la inclusión sea real y no un mero eslogan, debemos elevar al rango de tutela efectiva aspectos fundamentales como:

Derecho a la comunicación adaptada: El Estado y los servicios públicos deben garantizar el uso de pictogramas y señalética universal. La falta de accesibilidad cognitiva es una forma de discriminación que impide el pleno ejercicio de la libertad de movimiento.

Protección frente a terapias supresoras: Es necesario tutelar el derecho a la integridad personal, garantizando que los tratamientos respeten la autonomía del individuo y no busquen “suprimir” rasgos naturales de la neurodivergencia bajo métodos coercitivos.

Garantía de inclusión laboral específica: No basta con cuotas generales. Se requiere una normativa que promueva el “empleo con apoyo”, donde el entorno laboral se ajuste para aprovechar las capacidades únicas de estas personas, evitando el subempleo y fortaleciendo sus fueros laborales.

Educación con ajustes curriculares reales: El derecho a la educación no se agota con la permanencia en el aula; exige que el currículo sea flexible y existan figuras de apoyo o tutores especializados financiados, total o parcialmente, por el sistema público.

La dignidad humana, eje de nuestro ordenamiento jurídico, exige reconocer que no existe una única forma “correcta” de percibir el mundo. Al fortalecer las garantías para las personas con autismo, Panamá no solo cumple con tratados internacionales, sino que se humaniza a sí misma. Como bien señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones... con el fin de garantizar que las limitaciones sean desmanteladas” (Caso Aguirre Magaña vs. El Salvador).

Cierro esta opinión con la siguiente frase: “La inclusión no es llevar a las personas a lo que ya existe; es crear nuevos y mejores espacios para todos” (George Dei).

El autor es abogado.

Plaza 5 de Mayo: nodo histórico y puerta de entrada al Casco Antiguo

La Plaza 5 de Mayo representa un espacio simbólico y estratégico. Su revitalización puede corregir décadas de fragmentación urbana generada por el tráfico vehicular, la falta de áreas peatonales y la degradación del espacio público. La experiencia de Medellín con el Paseo Bolívar o la recuperación del Centro Histórico de Quito demuestra que intervenir plazas centrales puede reactivar economías locales, atraer turismo y mejorar la percepción de seguridad.

Ventajas potenciales:

• Reintegración del espacio público con el Casco Antiguo y la Cinta Costera.

• Mejora de la movilidad peatonal y del transporte público.

• Potencial para activar comercio cultural y gastronómico.

Riesgos:

• Gentrificación del entorno si no se protege a residentes y comercios tradicionales.

• Intervenciones estéticas sin resolver problemas estructurales como informalidad o congestión.

Avenida 3 de Noviembre: un corredor cívico con vocación paisajística

La avenida 3 de Noviembre posee una localización privilegiada frente al mar y un valor histórico asociado a edificios institucionales. Su revitalización puede convertirla en un corredor cívico similar al Paseo de la Reforma en Ciudad de México o al Malecón 2000 en Guayaquil, donde la combinación de espacio público, arte urbano y movilidad no motorizada generó un nuevo atractivo urbano.

Ventajas potenciales:

• Creación de un eje verde que conecte áreas residenciales, institucionales y turísticas.

• Potencial para ciclovías, mobiliario urbano y espacios de permanencia.

• Revalorización del paisaje costero y del patrimonio arquitectónico.

Riesgos:• Falta de continuidad si no se articula con proyectos de movilidad metropolitana.• Posible desplazamiento de actividades informales sin alternativas claras.

Calle Estudiante: revitalización barrial y movilidad peatonal

La calle Estudiante, ubicada en un entorno educativo y cultural, tiene el potencial de convertirse en un laboratorio de urbanismo táctico y movilidad segura. Experiencias como la “Calle Compartida” de Buenos Aires o los “Corredores Escolares Seguros” de Bogotá muestran que intervenciones de pequeña escala pueden tener impactos significativos en seguridad vial, convivencia y apropiación comunitaria.

Ventajas potenciales:

• Reducción de conflictos entre peatones, transporte público y vehículos privados.

• Activación de comercio local y vida barrial.

• Espacios más seguros para estudiantes y residentes.

Riesgos:

• Falta de mantenimiento posterior a la obra.

• Intervenciones aisladas sin un plan de movilidad integral para el área.

Los casos exitosos en la región comparten tres elementos clave:

Gobernanza interinstitucional: Medellín, Curitiba y Santiago han demostrado que la coordinación entre municipio, transporte público y entidades de planificación es esencial para evitar duplicidades y garantizar continuidad.

Participación ciudadana vinculante: En Bogotá, los proyectos de revitalización del centro histórico incorporaron mesas de trabajo con comerciantes, residentes y transportistas, lo que redujo conflictos y aumentó la apropiación social.

Mantenimiento y sostenibilidad financiera: Guayaquil y Ciudad de México crearon modelos de gestión del espacio público que incluyen alianzas público-privadas, fondos de mantenimiento y programación cultural permanente.

Revitalizar para unir: lecciones latinoamericanas para los nuevos espacios públicos de Panamá

Los tres proyectos representan una oportunidad para que la ciudad de Panamá avance hacia un modelo urbano más equitativo, sostenible y humano. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad institucional para integrar movilidad, patrimonio, comercio, seguridad y participación ciudadana en un solo marco estratégico.

Vamos por el camino correcto, pero es necesario replicar estas iniciativas en otros sitios con potencial urbano similar. La revitalización no debe ser solo una obra física, sino un proceso continuo de gestión urbana.

El autor es exministro de Vivienda.