El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo agradecieron en una carta enviada al primer ministro indio, Narendra Modi, esta “importante donación que hoy recibimos de vacunas del Instituto Serum de India para proteger a las familias nicaragüenses”.

Con este lote, el Ministerio de Salud ampliará en los próximos días el plan de vacunación que desarrolla desde el pasado 2 de marzo en pacientes con problemas de insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas.

En la primera fase se están “vacunando a personas con enfermedades renales, cardiópatas, cáncer y posteriormente se continuará con el resto de las personas que presentan enfermedades crónicas de base, como hipertensión, diabéticos” y al personal de salud, explicó la ministra de salud, Martha Reyes, a la web oficial 19digital.

Las autoridades planean inmunizar este año al 55% de la población.

Nicaragua, de 6,5 millones de habitantes, acumula 6,489 casos y 174 muertes por Covid-19, según cifras oficiales.

No obstante, el no gubernamental Observatorio Ciudadano, conformado por una red de médicos, contabiliza 13,209 casos sospechosos y 2,997 muertes.

Hasta el viernes, había 115 personas detenidas en relación con la crisis política que vive Nicaragua a raíz de las protestas masivas de abril de 2018, expuso el llamado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una iniciativa que coordina a familiares de reos, abogados y organismos de derechos humanos.

“El 61% de los reos fueron detenidos entre el 2020 y el corriente año; el restante 39% fueron capturadas durante 2018 y 2019, es decir, un amplio grupo de personas llevan entre dos y casi tres años en prisión”, refirió el organismo.

Otras 12 personas fueron detenidas en el último mes pero fueron liberadas en el transcurso de 24 horas, según una modalidad empleada por las autoridades contra opositores, señala la entidad.

Las causas penales que “con mayor frecuencia” les son imputadas a los detenidos son delitos comunes como robo con violencia o intimidación, tentativa de homicidio, posesión y tráfico de drogas y uso de armas restringidas, añade el reporte.

El informe es coincidente con un comunicado emitido el jueves en Washington por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre “la situación de los presos políticos” en Nicaragua, en la que instó a Managua a “su liberación inmediata”.

El organismo puntualizó que los detenidos “han sido presentados como presos comunes, sin juicios justos, violentando sus libertades fundamentales. Están encarcelados junto a delincuentes comunes, sufren agresiones, amenazas y ataque sistemático a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus carceleros”.

La OEA también llamó a que cese “el hostigamiento y persecución” de opositores en el país para asegurar “un proceso de elecciones libres, justas y transparentes”.

Nicaragua celebrara elecciones presidencial y legislativa en noviembre.

Las manifestaciones masivas en 2018, que demandaban la renuncia de Ortega, fueron reprimidas con fuerza y dejaron un saldo de 328 muertos y miles de exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La norma, aprobada la semana pasada por el Congreso, entró en vigencia este lunes tras su publicación en la gaceta oficial. También impone la misma pena al asesinato con agravantes como envenenamiento, asfixia, incendio, o si la víctima es una persona vulnerable.

La prisión perpetua “será aplicable únicamente a los delitos más graves en contra de la vida como el parricidio, asesinato agravado y feminicidio”, explicó a la AFP el experto en derecho penal, y exdiputado opositor José Pallais.

Con la reforma, la cadena perpetua fue incorporada al Código Penal, que antes tenía una pena máxima de 30 años de prisión, incluso para feminicidio, por lo que fue necesario cambiar además la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Según un informe de la organización no gubernamental “Católicas por el derecho a nacer”, publicado en la prensa local, en Nicaragua se produjeron 716 feminicidios entre 2010 y 2020, un número menor en comparación a sus vecinos.

La prisión perpetua también aplica a asesinatos motivados por el “odio”, la “intolerancia y discriminación” por razones ideológicas, económicas, sociales, religiosas, de género, color de piel, nacionalidad, discapacidad o profesión de la víctima.

El jurista Pallais estimó que la incorporación de la cadena perpetua a la legislación “es un retroceso enorme” en materia de derechos humanos porque las condiciones de las cárceles en el país son “infrahumanas”.

Pero en la reforma, los legisladores oficialistas subrayaron que la norma “no viola los derechos humanos” porque, según la nueva ley, se trata de una “cadena perpetua revisable”, con lo que el condenado podrá apelar a la libertad condicional después de 30 años de prisión.

La norma aprobada alejó temporalmente el temor expresado por la oposición, de que se aplique la cadena perpetua a los críticos del presidente de Daniel Ortega, que considera motivados por el “odio” los pedidos de sanción para su gobierno.

Tanto las oficinas donde funcionaban el diario digital Confidencial como la del canal 100% Noticias, ocupadas por la fuerza en diciembre de 2018, amanecieron con rótulos que anunciaban su próxima apertura como un centro de rehabilitación para drogadictos y una casa de maternidad, respectivamente, ambos dependientes del Ministerio de Salud.

“No he recibido ninguna notificación judicial, de ninguna autoridad de gobierno o del Poder Judicial” que justifique la incautación del local, dijo a la prensa el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias.

Ambos locales están bajo custodia policial, según reportes de prensa.

También se les dará uso estatal a locales donde funcionaban el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la fundación Popol Nah y el Centro de Información y Servicios en Asesoría en la Salud (Cisas).

En 2018 estas oenegés fueron declaradas ilegales por el Parlamento, dominado por el oficialismo. Fueron acusadas de desestabilización, en el contexto de las protestas opositoras de ese año, que para el gobierno fueron un intento de golpe de Estado.

Las oficinas de 100% Noticias fueron allanadas en diciembre de 2018 y Mora y su jefa de prensa Lucía Pineda fueron detenidos y liberados seis meses después.

El periodista Carlos Fernando Chamorro, dueño de Confidencial, acusó a Ortega de efectuar “una confiscación de facto, aunque “nunca podrá confiscar el periodismo, ni matar la verdad”.

Para la presidenta del Cenidh y jurista, Vilma Núñez, se trata de “un vulgar asalto y robo” de los bienes de estas entidades ocupadas manu-militari, sin ninguna resolución judicial como cabe en un acto confiscatorio.

En tanto, Cisas, cuya directora Ana Quiros fue expulsada del país, expresó en un comunicado sentir un “gran dolor y rabia” ante la “usurpación” de sus instalaciones.

El exlíder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, cuya gestión documentó los hechos de 2018, consideró que estas ocupaciones muestran que “nunca hubo discontinuidad de la represión en Nicaragua”.

La polémica ley, denominada de “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, fue publicada en el diario oficial, tras su aprobación el lunes.

El alto representante y vicepresidente de la Unión Europea, Josep Borrell, estimó que la medida “tiene por objetivo evitar las candidaturas de la oposición” y “es un paso más en la intimidación contra el pueblo nicaragüense, alejando al país del Estado de derecho”.

La norma, promovida por el propio presidente Ortega y aprobada por el Congreso de mayoría oficialista, plantea que “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua” no podrán optar a cargos de elección popular.

Además serán considerados como “traidores a la patria” y podrán ser procesados penalmente.

Esta ley se da a menos de un año de que se realicen elecciones generales en Nicaragua, donde la oposición no descarta que el sandinista Ortega, de 74 años, no se postule para un cuarto período consecutivo en la presidencia, a la que llegó en 2007.

Borrell llamó al gobierno a “alinear” su legislación de acuerdo con las obligaciones internacionales y planteó “un diálogo urgente e inclusivo” sobre reformas electorales con la oposición para restaurar la confianza.

Esta nueva norma se suma a otras que regulan los aportes extranjeros, consideran ciberdelitos las críticas al gobierno vía redes sociales o establecen cadena perpetua para los “crímenes de odio”, donde encuadran a las críticas opositoras.

En la víspera, la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que esta ley es contraria a la Carta Democrática y le niega a los nicaragüenses del derecho a elegir libremente a sus autoridades, transformando los comicios de noviembre de 2021 “en una imposición en lugar de una elección”.

El organismo hemisférico instó a Ortega a que “derogue” la ley y emprenda las reformas electorales que garanticen elecciones “libres, justas y transparentes”.

El subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, opinó que la ley de Ortega, “es otro intento burdo de mantenerse en el poder”.

“Las leyes injustas no son ley y no las vamos a obedecer”, dijo en una declaración pública el dirigente del bloque opositor de La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), Félix Maradiaga.

La iniciativa a la que se refiere el opositor es la denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que surge a once meses de que se celebren elecciones nacionales y legislativas en las que el socialista Ortega, de 74 años, podría buscar un cuarto mandato consecutivo.

El proyecto presentado a última hora del viernes podría ser debatido el lunes cuando el Parlamento, de mayoría oficialista, sesione de forma extraordinaria para aprobar una norma de regulación sobre el suministro de energía eléctrica.

En sus dos artículos plantea que los nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de Estado (...), fomenten o insten a actos terroristas(...), inciten a la injerencia extranjera, demanden, exalten o aplaudan la imposición de sanciones (...) no podrán optar a cargos de elección popular”.

Maradiaga consideró que ese proyecto “es una patraña que llevaría a inhibir a millones de personas en Nicaragua que al unísono hemos pedido y seguiremos pidiendo sanciones” contra funcionarios y allegados a Ortega señalados de violación de derechos humanos”.

El político, que en círculos opositores es visto como un potencial candidato a los comicios de 2021, sostuvo que “nada ni nadie nos va a detener” en la búsqueda de lograr un cambio en Nicaragua.

El exvicecanciller, José Pallais, en una declaración a la prensa, estimó que Ortega “sigue preparando un fraude sistémico” con distintas normas.

Entre ellas se encuentra también la denominada ley de agentes extranjeros, que obliga a organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos del exterior a registrarse ante el Poder Ejecutivo.

También está la ley de ciberdelitos, que puede sancionar a adversarios de Ortega que lo critican en redes sociales.

Las encuestas que hacemos en los países en los que tenemos presencia es que había 3.5 millones de personas en inseguridad alimentaria severa, y hoy día tenemos más de 17 millones, afirmó el director del PMA para América Latina y el Caribe, el peruano Miguel Barreto.

“Es una situación bastante crítica” si se tiene en cuenta que las cifras no incluyen a las personas en situación de inseguridad alimentaria moderada, o sea aquellas que pueden comer un día sí y otro no, señaló.

Explicó que estos 14 millones de personas más en la lista “no tienen alimentos”, no solo por el impacto de covid-19, sino por las medidas de aislamiento social que han impedido que la gente genere ingresos para sobrevivir.

Aunque no hay una medición constante, lo que podemos decir es que en América Latina tenemos un fenómeno de desnutrición crónica estandarizado superior al 16% que todavía sigue siendo muy alto, puntualizó.

Indicó que los países muy afectados en seguridad alimentaria severa en los últimos años han sido Perú y Colombia. Y 'si hablamos de desnutrición crónica, el país más afectado es Guatemala, seguido de Haití.

En América Latina, si no llegamos con la seguridad alimentaria adecuada, va a haber más criminalidad, más migración, más violencia, más levantamientos sociales’, agregó.

“Los andan alimentando de nuevo, andan buscando como unirlos (a los opositores) y les ofrecieron recursos para que en las próximas elecciones que tendremos en el año 2021, ellos puedan poner, porque eso es lo que aspiran siempre, a un presidente al servicio, arrodillado ante la política imperialista”, recriminó Ortega durante un acto de graduación de cadetes en Managua.

Según el mandatario, Estados Unidos “anda conspirando” en esa dirección para “reunir a todos los terroristas, a los golpistas”, dijo en referencia a la oposición.

Los estadounidenses “quieren imponer gobiernos y donde salen gobernantes que no fue puesto por ellos, ya no les gusta porque tienen una política expansionista”, recriminó.

“Eso es lo que buscan en todas partes del mundo, no solo en Nicaragua (..) y el mejor ejemplo lo tenemos en Bolivia”, donde la izquierda recuperó el poder en las elecciones, tras el “golpe” que sufrió el expresidente Evo Morales, agregó.

“Lógicamente ahí estaban los yanquis dirigiendo el plan”, dijo Ortega en su intervención, en la que repasó la historia de las intervenciones “yanquis” en Nicaragua.

Ortega mantiene tensas relaciones con Estados Unidos a raíz de las sanciones que Washington aplicó a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a tres de sus hijos y a varios funcionarios de su gobierno por corrupción y violación de los derechos humanos durante las protestas opositoras de 2018.

Las protestas estallaron en abril de 2018 contra de una reforma al seguro social, que luego devino en una demanda de salida del mandatario, debido a la violenta represión que el gobierno ejerció contra los manifestantes.

Ortega ha atribuido las manifestaciones a un intento de golpe de estado y calificado a los opositores a su gobierno de “terroristas”.

En medio de la crisis, la oposición intenta organizarse en torno a una Coalición Nacional para participar en los comicios de 2021, pero divisiones en sus filas han retrasado el proceso.

El gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) no descarta apoyar la reelección Ortega, en el poder desde 2007, pero aún no se ha oficializado su candidatura.

Flores, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyo líder es Alemán, fue destituida con 80 votos a favor y 3 en contra, lo que consideró un acto “meramente político” impulsado por miembros de su partido en alianza con diputados sandinistas que son mayoría.

La medida ocurre después de que Estados Unidos, como parte de las sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, familiares y allegados, impuso el 9 de noviembre una restricción migratoria a Flores y a Alemán.

En esta zona poblada por indígenas y afrodescendientes que se dedican a la pesca y la agricultura, se preguntan cómo lograrán retomar sus vidas tras el devastador paso de los ciclones que azotaron la misma zona en cuestión de dos semanas.

“Nosotros no trabajamos en ninguna institución, vivimos de la riqueza del mar. ¿Ahora cómo vamos a salir al mar? No podemos, porque las lanchas las dañó el huracán y hasta el muelle no está”, dijo Henry Washington, un pescador de Bilwi.

“Por eso pedimos que nos apoyen. Yo sé que de otros países mandan apoyo, pero aquí no viene”, agregó molesto.

“Solo quedamos con la ropa puesta, no sé qué va a pasar, yo quisiera que me consiguieran un colchón, una cobija. Mi casa se perdió y nos dieron albergue porque no tenemos dónde ir”, lamentó por su lado Diana Moore, de 52 años.

DESOLACIÓN

Tras el paso de Iota, que se disipó este miércoles sobre El Salvador, centenares de personas que quedaron a la intemperie en Bilwi se lanzaron como hormigas a buscar entre los escombros cualquier cosa que sirva para levantar “una champita” (ranchito) donde vivir.

Los damnificados, entre los que hay muchos niños, son presas del hambre y el frío, mientras las personas mayores que sufren de hipertensión, diabetes u otras enfermedades están muy vulnerables.

La Fundación San Lucas, una ONG que trabaja con en el Caribe en la prevención de enfermedades, teme un brote de malaria, que antes de las tormentas dejaba 400 afectados cada semana.

Iota impactó a Nicaragua el 17 de noviembre como huracán de categoría cinco, la máxima en la escala Saffir-Simpson, y dejó un panorama desolador de comunidades indígenas sin alimento, agua, ropa ni electricidad.

El ciclón fue peor que Eta, que el 3 de noviembre golpeó con sus potentes vientos de 240 km/h a las comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), la más extensa y menos poblada del país, con 500 mil habitantes de las etnias miskito, sumos, ramas, garífunas, creole y mestizo.

“La pandemia se suma a una recesión de dos años en Nicaragua. Con ingresos considerablemente más bajos y una severa restricción en el financiamiento, la crisis del Covid-19 ha agregado tensión a un panorama macroeconómico debilitado”, indicó el organismo en un comunicado.

La institución multilateral con sede en Washington otorgó los fondos mediante una partida de 61,77 millones de dólares entregada gracias a un mecanismo denominado Facilidad de Crédito Rápido (FCR) y otra de 123,55 millones transmitida a través del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR).

El director gerente adjunto, Mitsuhiro Furusawa, indicó que estos fondos de emergencia “ayudarán a atender las necesidades de la balanza de pagos así como para financiar un mayor gasto social y en salud”.

“Es apropiado ampliar el déficit presupuestario este año para preservar la salud pública y contener el impacto económico de la pandemia”, dijo Furusawa.

La semana pasada, Michael Kozak, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para Latinoamérica, criticó la posibilidad de que el Fondo diera financiamiento al gobierno de Daniel Ortega.

“¿El directorio del FMI va a decidir la próxima semana enviar más de 90 millones de dólares al régimen nicaragüense que le dispara a civiles en las calles”, dijo Kozak, que propuso en cambio entregar los fondos a varias ONG de confianza.

El peligro surge por las extensas áreas inundadas, alta humedad y descenso en las temperaturas tras el paso de los dos devastadores ciclones este mes, alertó la Oirsa.

La temperatura y humedad que prevalece en la región pueden incrementar la incidencia y severidad de la roya del café, en áreas productoras de Honduras y Nicaragua, advirtió el ente regional.

También anticipó problemas de marchitez en las plantaciones de banano y piña por la saturación de agua en el suelo, lo cual genera hongos y bacterias.

Enfermedades de animales como leptospirosis, encefalomielitis equina y pododermatitis son consideradas amenazas importantes en este momento, según OIRSA.

Tanto Eta como Iota han provocado daños en infraestructura del sector agropecuario en Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, indicó el organismo.

“Se reportan miles de familias con pérdidas materiales y de sus medios de vida, principalmente cultivos, animales domésticos (aves, cerdos, caprinos) y pérdidas de ganado bovino”, apuntó el director de organismo, Efraín Medina.

En la agroindustria, las pérdidas en cultivos extensivos como banano, plátano, caña de azúcar y palma africana “repercutirán, directa e indirectamente, en el acceso de recursos económicos de las comunidades“, explicó Oirsa.

Iota azotó el lunes el Caribe Norte de Nicaragua como un huracán de categoría cinco, la máxima potencia, dos semanas después de que el ciclón Eta golpeara la misma zona, dejando al menos 200 muertos y 2.5 millones de afectados.

Los balances iniciales dan cuenta de 44 muertos provocados por Iota: 21 de ellos en Nicaragua, 14 en Honduras, cinco en Guatemala, dos en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno en Panamá y otro en El Salvador.

Alrededor de 4.6 millones de personas se vieron afectadas en Centroamérica, incluyendo 1.8 millones de niños, según estimaciones iniciales del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

Bilwi, la principal ciudad del Caribe Norte de Nicaragua, permanecía aislada, sin agua ni luz, y los alimentos comenzaban a escasear, según un equipo de AFP en la zona.

Las unidades de rescate reanudaron este jueves la búsqueda de los cuerpos sepultados el martes tras un deslizamiento de tierra en el macizo de Peñas de Blanca, en el departamento nicaragüense de Matagalpa (norte), donde se contabilizan hasta el momento nueve muertos, entre ellos seis niños.

“Venir aquí y hallar muerta a mi hija y mi esposa... Era mi única niña, tanto que le pedí a Dios una niña y mire en qué terminó”, dijo llorando el padre de la menor, Orlando Navarrete, a un medio oficial.

Este jueves, el gobierno nicaragüense reportó un segundo derrumbe en Matagalpa que dejó tres muertos, todos miembros de una familia.

Según el gobierno, Iota dejó daños “catastróficos” en la infraestructura del país, uno de los más pobres de la región.

Unas 250 brigadas municipales se lanzaron este jueves a recoger escombros y árboles caídos en toda Nicaragua, con la ayuda de más de 450 equipos y maquinarias como camiones, retroexcavadoras y volquetes.

En Honduras, donde al menos 14 personas murieron por derrumbes en el departamento occidental de Lempira, las autoridades continuaron este jueves la búsqueda de otros posibles fallecidos, según la protección civil.

El norteño valle de Sula, la zona más productiva de Honduras, quedó inundado, pero este jueves comenzó a bajar el nivel del agua que cubrió casas y el aeropuerto de San Pedro Sula.

Los aguaceros provocaron el desbordamiento de los caudalosos ríos Ulúa y Chamelecón, que convirtieron el valle de Sula en una inmensa laguna.

En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei se reunió con su gabinete para evaluar la situación en el país, donde varias comunidades quedaron inundadas y las lluvias destruyeron puentes y carreteras.

Según la protección civil guatemalteca, Iota dejó cinco muertos, tres desaparecidos, 3,558 personas albergadas, 2,683 viviendas dañadas y numerosos puentes y carreteras afectados.

Incluso en El Salvador, poco golpeado por los dos ciclones, 15 comunidades quedaron sin electricidad y hubo daños en el servicio de agua de nueve comunidades. Los derrumbes bloquearon además siete carreteras, según la comisionada presidencial Carolina Recinos.

Los gobiernos centroamericanos pidieron esta semana ayuda internacional para enfrentar la devastación de los ciclones, y en respuesta, la Unión Europea anunció que destinará 10.7 millones de dólares a Nicaragua de un fondo fiduciario con múltiples donantes.

Igualmente, la agencia estadounidense de cooperación internacional anunció un apoyo de 17 millones de dólares para la región.

También Unicef hizo un llamado urgente para recaudar 42.6 millones de dólares para cubrir las necesidades humanitarias de la región.

Por su parte, la Cruz Roja anunció que este viernes comenzará a trasladar a Honduras un hospital de campaña, plantas potabilizadoras e insumos de higiene para atender a 50,000 personas.

El cambio climático produce un aumento de temperatura en las capas superficiales de los océanos, lo cual genera huracanes y tormentas más poderosos y con mayor cantidad de agua, que constituyen una amenaza más peligrosa para las comunidades costeras, según estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Tras tocar tierra el lunes en Nicaragua como huracán categoría 5 (la máxima en la escala Saffir-Simpson), ahora “Iota se degradó a tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 105 km/h”, en el norte de Nicaragua y avanzando rumbo a Honduras, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

Su paso deja hasta ahora dos muertos, uno de ellos reportado el lunes en la isla colombiana de Providencia, y otro este martes en la comunidad indígena panameña de Ngäbe Buglé.

Más fuerte que su predecesor, Iota llegó a Nicaragua como huracán con vientos máximos de 260 km/h, según un informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), pero luego comenzó a perder fuerza.

Inundaciones repentinas y crecidas de ríos que amenazan la vida de los pobladores se continuarían registrando hasta el jueves próximo en partes de Centroamérica debido a las lluvias provocadas por Iota, advirtió la NHC.

Y en Honduras, Nicaragua y Guatemala esos fenómenos “podrían verse exacerbados por los efectos recientes del huracán Eta”, que tocó tierra el 3 de noviembre también en el Caribe nicaragüense y dejó al menos 200 muertos y 2,5 millones de afectados en Centroamérica.

#Nicaragua🇳🇮 | Debido al paso del huracán #Iota, varios sectores han resultado inundados. Las imágenes corresponden a la zona del puente La Zopilota, en el municipio de Tola, departamento de Rivas. #N4V pic.twitter.com/OaLolb49Js

— Noticias 4Visión (@noticias4vision) November 17, 2020

En Bilwi, principal ciudad del Caribe Norte de Nicaragua, hay “caída de árboles, de postes de luz del tendido eléctrico, de techos de casas que salieron por el aire y un hotel que perdió todo el techo”, dijo el director del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Guillermo González.

El funcionario añadió que de momento no hay reportes de pérdidas humanas.

SIN COMUNICACIÓN

Pero se desconoce la magnitud real de los daños causados por Iota en la zona debido a que la comunicación con Bilwi ha sido interrumpida.

La empresa de Telecomunicaciones (Telcor) informó en una nota de prensa que hay “serias afectaciones con los servicios de telecomunicaciones” en esa localidad.

“No hay energía en Bilwi y el triángulo minero (...) la zona está sin comunicación”, dijo a su vez en Twitter el dirigente empresarial José Aguerri.

El gobierno informó que 114,200 viviendas en todo el país quedaron sin energía eléctrica y 47.638 sin agua a causa de Iota.

Los fuertes vientos y los aguaceros inundaron los barrios bajos de Bilwi y dejaron sin electricidad a la ciudad costera incluso antes de la embestida de Iota, observaron periodistas de AFP en el lugar.

“El viento está demasiado fuerte, se llevó todo, el techo y las ventanas de madera de mi casa, que es de concreto”, relató allí Jessi Urbina, vecina del barrio El Muelle.

Habitantes de la zona aseguraron que el viento arrancaba techos de las casas “como si fueran de cartón”.

Sinapred alertó también de potenciales deslizamientos por las intensas lluvias en otras localidades de Nicaragua.

#Honduras🇭🇳 | San Pedro Sula ya está siendo afectada por la Tormenta Tropical #Iota. Las imágenes muestran un vehículo que ha quedado atrapado en una feroz corriente de agua. #N4V pic.twitter.com/HsInIYVrc6

— Noticias 4Visión (@noticias4vision) November 17, 2020

AMENAZA REGIONAL

Mientras Iota se acercaba a Honduras, militares y policías desalojaban a los pobladores de zonas de riesgo en la región del valle de Sula y de orillas de los ríos y barrios propensos a deslaves en Tegucigalpa.

En la comunidad miskita de Nueva Jerusalén, en el Caribe, los vientos destruyeron el techo del centro de salud y 38 viviendas, y arrancaron árboles frutales y maderables, según un informe del organismo de local protección civil (Copeco).

La institución adelantó que las mayores lluvias caerán este martes en los norteños departamentos de Atlántida, Cortés, Comayagua (centro) y Santa Bárbara (oeste).

#Honduras🇭🇳 ya se encuentra viviendo las catastróficas consecuencias del paso de la ahora Tormenta Tropical #Iota. Varios sectores de Tegucigalpa se han inundado y las personas están evacuando para salvaguardar sus vidas. #N4V pic.twitter.com/QODeKXdVVZ

— Noticias 4Visión (@noticias4vision) November 17, 2020

El lunes, al menos una persona murió en la isla colombiana Providencia donde Iota destruyó cerca del 98% de su infraestructura, según informó el presidente Iván Duque en Twitter.

En Guatemala, donde Eta dejó 46 muertos y 96 desaparecidos, las lluvias intermitentes del nuevo ciclón empezaron a sentirse el lunes por la noche aunque sin provocar incidentes.

El Instituto Meteorológico local prevé que los aguaceros aumentarán el miércoles y jueves en toda Guatemala, con riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y daños a las carreteras.

En Panamá, en tanto, protección civil reportó un muerto en la comarca indígena Ngäbe Buglé, mientras 2.005 personas fueron albergadas, aunque las lluvias disminuyeron en ese país.

Miles de personas han sido llevadas a albergues en toda América Central, mientras los gobernantes de la región acordaron formar un frente común para solicitar recursos internacionales que les ayuden a hacer frente a los daños causados por los dos huracanes.

La actual temporada de huracanes en el Atlántico ha batido récords. Iota es la decimotercera de las 30 tormentas con nombre registradas este año que alcanza la categoría de huracán.

Más fuerte que su predecesor, Iota llegó a tierra como huracán de categoría 5 con vientos máximos de 260 km/h hora, dijo en un informe el Centro Nacional de Huracanes (NHC), pero al tocar tierra comenzó a perder fuerza y de acuerdo con el último reporte bajó a categoría 1.

“El huracán Iota se debilita rápidamente sobre el noroeste de Nicaragua”, afirmó el NHC en su último parte, advirtiendo de todos modos que se espera que traiga “vientos catastróficos, una marejada ciclónica amenazante para la vida y lluvias torrenciales”.

Iota sigue la misma trayectoria que el huracán Eta, que dejó más de 200 muertos y desaparecidos en América Central. Unos 2.5 millones de personas resultaron afectadas por el paso de Eta, según estimaciones oficiales.

Los fuertes vientos y los aguaceros inundaron los barrios bajos de Bilwi, que quedó sin electricidad horas antes de la embestida de Iota, observaron periodistas de AFP en el lugar.

Miles de pobladores fueron trasladados a albergues, mientras otros quedaron en sus frágiles viviendas de madera.

“El viento está demasiado fuerte, se llevó todo, el techo y las ventanas de madera de mi casa, que es de concreto. Tuve que salir a otra casa vecina”, relató a la AFP Jessi Urbina, vecina del barrio El Muelle, en Bilwi.

Habitantes de la zona aseguraron que el viento arrancaba techos de las casas “como si fueran de cartón”.

MILES EVACUARON

Miles de personas fueron llevadas a albergues en América Central, mientras los gobernantes de la región acordaron formar un frente común para solicitar recursos internacionales que les ayuden a hacer frente a los daños causados por los dos huracanes.

Honduras, Nicaragua y Guatemala realizan evacuaciones desde la semana pasada, y el huracán afecta también a Panamá y a la isla colombiana de Providencia, que quedó incomunicada.

Al menos una persona murió en Providencia donde destruyó cerca del 98% de su infraestructura, informó el presidente colombiano Iván Duque en Twitter.

La temporada de huracanes en el Atlántico ha batido récords. Iota es la decimotercera de las 30 tormentas con nombre registradas este año que alcanza la categoría de huracán, lo que obligó a usar el alfabeto griego.

HONDURAS ESPERA LLUVIAS

Las lluvias provocadas por Iota también azotaron al Caribe hondureño, y se espera que el martes caigan aguaceros en Tegucigalpa, donde barriadas pobres en los cerros de la capital están en riesgo.

La Fuerza Aérea de Honduras anticipó fuertes lluvias en la capital y en la norteña San Pedro Sula, capital industrial del país fuertemente golpeada por Eta.

Tanto Honduras como Nicaragua sufrieron los peores impactos de los últimos huracanes en áreas aisladas y pobres.

El noreste de Nicaragua, una región extensa y poco poblada, con habitantes de las etnias miskito, sumos, garífunas, además de creole y mestizos, sufrió el impacto de Iota sin haber terminado de asimilar los efectos del huracán Eta.

En Honduras, Iota provocó rachas de vientos y fuertes lluvias en los departamentos orientales de Gracias a Dios -de población miskita-, Colón, norte de Olancho y parte de Atlántida, según la estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Según medios locales, más de 175.000 personas habían sido evacuadas desde el sábado, especialmente en zonas inundadas durante el azote de Eta en el Valle de Sula, cerca de San Pedro Sula.

Guatemala mantiene la vigilancia en las provincias de Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y Chiquimula, en las regiones norte, oeste y este, duramente golpeadas por Eta y aún con decenas de comunidades aisladas por derrumbes e inundaciones, según Yelson Samayoa, director del Instituto de Meteorología.

El Salvador y Panamá también declararon alerta roja en anticipo de los efectos de Iota.

Ante el doble embate de huracanes, los presidentes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica clamaron este lunes por ayuda de la comunidad internacional para reconstruir sus países, durante un encuentro virtual.

El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, presente en la cita, propuso reenfocar 2.500 millones de dólares del ente “para restablecer infraestructura, represas y construcción de vivienda social”

El lunes próximo estaremos tocando las puertas del BCIE en busca de recursos para atender los desastres naturales en la región, anunció Hernández en una rueda de prensa conjunta en Managua con su par Daniel Ortega.

Según Hernández, Centroamérica ha sido la región más afectada del mundo por los efectos del cambio climático en los últimos 25 años.

Eta, que impactó el 3 de noviembre la costa caribe de Nicaragua, afectó a 2.5 millones de personas en su paso por Centroamérica, y dejó más de 200 muertos de Guatemala a Panamá.

Antes de llegar a Managua, Hernández visitó Guatemala discutió la propuesta con el presidente Alejandro Giammattei, quien se comprometió a hablar con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele para concretar una propuesta conjunta ante el BCIE.

Ortega señaló que Centroamérica está clasificada, junto con las islas del Caribe, como las zonas más vulnerables del mundo a los desastres naturales.

“El lunes próximo estaremos tocando las puertas del BCIE” en busca de recursos para atender los desastres naturales en la región, anunció Hernández en una rueda de prensa conjunta en Managua con su par Daniel Ortega.

Según Hernández, Centroamérica ha sido la región más afectada del mundo por los efectos del cambio climático en los últimos 25 años.

Eta, que impactó el 3 de noviembre la costa caribe de Nicaragua, afectó a 2.5 millones de personas en su paso por Centroamérica, y dejó más de 200 muertos de Guatemala a Panamá.

Antes de llegar a Managua, Hernández visitó Guatemala discutió la propuesta con el presidente Alejandro Giammattei, quien se comprometió a hablar con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele para concretar una propuesta conjunta ante el BCIE.

Evaluaremos la iniciativa de Honduras de los Fondos Verdes para la constitución de créditos de seguro agrícola y de infraestructura estratégica, para no afrontar los daños por cambios climáticos con endeudamiento público.#GuatemalaNoSeDetiene#VisitaPresidenteHonduras pic.twitter.com/qcW8BuQTlt

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) November 13, 2020

Ortega señaló que “Centroamérica está clasificada, junto con las islas del Caribe, como las zonas más vulnerables del mundo” a los desastres naturales.

Llamó a “unir esfuerzos para que logremos promover la consecución de recursos alrededor de los proyectos” en función de “un verdadero plan de reconstrucción”.

El gobierno nicaragüense calcula que las pérdidas económicas del Eta ascienden a más de 172 millones de dólares.

Ortega y Hernández hablaron además del impacto de la pandemia del covid-19 en la región y la urgencia de reactivar, con el BCIE, el plan de desarrollo económico del Golfo de Fonseca, que Nicaragua, Honduras y El Salvador comparten en el Océano Pacífico.

La tormenta alcanzó la madrugada del miércoles el triángulo minero, una zona de extractores artesanales de oro en el nororiente de Nicaragua, con fuertes ráfagas de viento y lluvias, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

“El debilitamiento continuo ocurrirá mientras Eta se mueve por tierra durante los próximos días, y debe convertirse en una depresión tropical” en la noche de este miércoles en su avance hacia Honduras, según el reporte del NHC.

El fenómeno impactó el martes en Bilwi, en la costa nicaragüense como un huracán categoría 4, con vientos de 240 km/h, causando cortes de carreteras así como desbordes de ríos en poblados y aldeas situados sobre el litoral.

En Honduras una niña murió por el derrumbe de una vivienda en la norteña San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, según autoridades locales.

El huracán, que fue perdiendo fuerza a medida que se adentraba en tierra, arrancó numerosos techos de viviendas en la región, donde la población de origen indígena y afrodescendiente sufrió sus furiosos efectos desde la tarde del lunes.

“Bilwi está muy afectado, hay barrios aledaños y puentes inundados, muchas casas sin techo y la situación sigue porque el huracán sigue su paso hacia adentro del territorio con mucha lentitud”, dijo el voluntario de organismos comunitarios Kevin González.

“Fue una noche de terror”, contó por su parte a la AFP Joel Quin, un habitante de Bilwi de 35 años.

En Bilwi y las comunidades adyacentes del Caribe viven unas 100,000 personas, en su mayoría indígenas dispersos en poblados que han sido afectados por el huracán, como Tuapí, Krukira, Sandy Bay, Cabo Gracias a Dios, Prinzapolka, Wawabar, Karatá, Haulover, Wauhta, Kamwatla y Walpalsiksa.

En la comunidad costera de Prinzapolka, los vientos de Eta desprendieron las láminas de zinc de las casas de madera, que salieron volando, dijo a la AFP el maestro miskito Kevin Lacwood.

El gobierno había informado de la evacuación de 20,000 personas a casas seguras o refugios.

En Honduras, Eta provocó crecidas de ríos, inundaciones, miles de evacuados y destrucción de puentes y carreteras, entre pronósticos de más desastres.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) hondureña informó que Eta avanzaba a 13 km/h, y que antes de su llegada unas 3,000 personas debieron ser trasladadas a albergues.

Nueve carreteras fueron bloqueadas por derrumbes y al menos cinco puentes destruidos, mientras que el paso estaba interrumpido en decenas de comunidades por deslizamientos de tierra, incluyendo la principal carretera del país que comunica Tegucigalpa con San Pedro Sula, 130 km al norte de la capital.

En la ciudad de El Progreso, 180 km al norte de Tegucigalpa, las autoridades evacuaron a unos 700 presos de la cárcel al inundarse por la creciente de una quebrada y fueron trasladados a dos gimnasios.

En la vecina La Lima, cientos de familias huyeron de sus casas y se instalaron en covachas de plásticos y láminas en la mediana de la carretera entre San Pedro Sula y El Progreso.

Mientras, Guatemala se mantiene expectante ante el incremento de las lluvias que afectan regiones del norte y oriente del país, fronterizas con Honduras.

El presidente, Alejandro Giammattei, dijo en un mensaje televisado que al menos dos ríos importantes aumentaron fuertemente su caudal por los aguaceros y no descartó declarar un estado de emergencia de ser necesario.

Juan Aquino, vocero de la policía vial guatemalteca, informó de un derrumbe de rocas en la carretera que une la provincia caribeña de Izabal con el departamento norteño Petén, así como del colapso de árboles en diferentes caminos del este.

En Costa Rica, gran parte del país amaneció el miércoles con lluvias que provocaron inundaciones en comunidades del Pacífico norte y central, según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La entidad informó que 341 personas debieron ser trasladadas a los 14 albergues habilitados para atender la emergencia.

El Salvador, a su vez, se mantiene en alerta roja y habilitó albergues, luego de que los primeros impactos de Eta provocaron caídas de árboles en distintos puntos del país, según la protección civil.

De hecho, dicho organismo advirtió que los “efectos catastróficos” del fenómeno –categoría 4– podían provocar deslizamientos de tierra en otras regiones de Centroamérica.

Es probable que “el centro de Eta se mueva tierra adentro sobre el norte de Nicaragua hasta el miércoles en la mañana y luego se mueva a través de sectores del centro de Honduras el jueves en la mañana”, dijo el Centro ayer.

Hasta la hora de cierre de esta edición, las autoridades nicaragüenses reportaban inundaciones, cortes de carreteras y desborde de ríos en las empobrecidas ciudades y aldeas situadas en el Caribe Norte de ese país, donde el huracán impactó ayer, cerca de la frontera con Honduras.

Eta ingresó cerca de las costas de Bilwi, principal ciudad del Caribe Norte de Nicaragua, con vientos de 230 kilómetros por hora, afirmó el director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Marcio Baca.

Mientras, el ministro de Infraestructura, Oscar Mojica, confirmó “caída de bastantes árboles y una fuerte afectación de transitabilidad” en toda la región.

El caudaloso río Wawa, que une a Bilwi con el resto del país, se desbordó.

“Bilwi esta muy afectado. Hay barrios aledaños y puentes inundados, muchas casas sin techo y la situación sigue porque el huracán sigue su pasó hacia adentro del territorio con mucha lentitud”, detalló Kevin González, voluntario.

“Fue una noche de terror, porque las fuertes ráfagas de viento generaban un sonido como si fuera un tractor demoliendo todo a su paso”, contó Joel Quin, vecino de Bilwi. Giovany Nelson, 34 años, narró que permaneció junto a su familia “encerrado en un cuarto, escuchando como el viento desbarataba el techo”.

Por ahora, no se conoce de víctimas fatales en Nicaragua, dijeron las autoridades.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), por su parte, informó que “está proporcionando apoyo logístico y de telecomunicaciones, incluidos almacenes móviles, oficinas prefabricadas, sistemas de generación y radio y satélite para apoyar” la emergencia. “Una población de unos 520 mil habitantes se enfrenta a la peor parte del huracán”, dijo.

Nicaragua y Honduras decretaron alerta roja.

En Honduras, una niña murió en el derrumbe de una vivienda en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país.

Además, unas 500 personas fueron evacuadas en ciudades del Caribe por las inundaciones, y trasladadas a albergues.

Las lluvias azotaban ayer los puertos La Ceiba y Tela, donde las lluvias provocaron crecidas de una quebrada y de los ríos Lean y La Masica.

También golpeaban el departamento de Gracias a Dios, habitado por indígenas misquitos.

“Ahora son un montón de sobritas (..) Los cinco bollos decimos nosotros, que son esas monedas chiquititas que la gente dice no valen nada”, dijo la influyente esposa y portavoz del presidente Daniel Ortega, en su alocución diaria en medios oficialistas.

La Coalición Nacional (COA), que se formalizó en junio con siete movimientos y partidos políticos de oposición para intentar derrotar al oficialismo en las elecciones venideras, perdió el lunes a uno de sus integrantes por conflictos internos.

Se trata de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), creada durante las protestas antigubernamentales de 2018 con sectores de la empresa privada, estudiantes, organizaciones civiles y el movimiento campesino, que también perdió a varios de sus grupos integrantes en los últimos meses.

“Una a una se van cayendo esos castillos de naipes que levantan los cinco bollos (opositores)”, aplaudió Murillo, quien dedicó gran parte de su intervención a descalificar con indirectas a sus críticos y hablar de los proyectos del gobierno.

Son “las sobras (...) rostros desfigurados por el odio y la maldad” que se dedican a “difamar, mentir, engañar, pero las mentiras tienen patas cortas”, dijo, al tiempo que advirtió que los opositores “no podrán cambiar el rumbo” de la Nicaragua que dirige su esposo desde 2007.

En tanto, la Coalición Nacional, que se organiza en los territorios para los comicios de 2021, en los que Ortega no descarta buscar su tercera reelección sucesiva, anunció este miércoles que seguirá trabajando por la unidad de sus fuerzas “hasta lograr la salida del dictador”.

“Hacemos un llamado a no desanimarnos por los contratiempos y dificultades. Vamos a superarlos en unidad, seguiremos luchando porque esta unidad sea amplia, incluyente y responsable para sacar al régimen”, dijeron en una declaración.

Unos bailaron con euforia alrededor de un zopilote -un ave de rapiña que los lugareños vinculan a espíritus malignos- al que arrastraron por el suelo con una cuerda atada a su cuello mientras al mismo tiempo intentaban prenderle fuego, en medio gritos en la noche.

Otros danzaron al son de las bandas filarmónicas o desfilaron con sus trajes de espanto por las calles de esta ciudad ubicada a 30 km al sur de Managua, mientras otros observaron desde sus casas la algarabía.

La tradición, que se celebra días antes de la fiesta de Halloween, atrajo este año a más nicaragüenses que antes, a pesar de la pandemia.

El festival de “Los Agüizotes”, que en lengua náhuatl significa espanto, revive personajes de la mitología indígena como la Mocuana, la hija de un cacique que se volvió loca cuando supo que su enamorado, un conquistador español, había robado la fortuna de su madre.

O la Cegua, una bella mujer que se trasformó en una bestia tras ser maldecida por irrespetar a sus padres, entre otros personajes.

Los masayas, conocidos como un pueblo de artesanos rebeldes, hacen sus propias máscaras en talleres familiares. Para los masayas, esta fiesta es mejor que Hallowen porque recoge la cultura popular.

“Rechazamos este intento por quebrar” financieramente al diario La Prensa, dijeron en un comunicado el personal de redacción del rotativo.

Hugo Hollman, quien es miembro de la familia Chamorro -propietaria del diario-, y fue su gerente por más de 30 años hasta enero, recurrió en septiembre a los tribunales laborales por supuesta violación a sus derechos humanos y laborales, según la demanda.

Ni el querellante ni propietarios del diario han mencionado el monto reclamado, pero según medios locales, supera los 2,8 millones de dólares.

“La exigencia monetaria de Hollman pone en riesgo la sostenibilidad financiera de La Prensa y por ende el sustento económico de decenas de familias, pero sobre todo la posibilidad de seguir denunciando las arbitrariedades” del gobierno, exponen los comunicadores.

Hollman negó tener “motivaciones políticas”, según dijo al portal digital 100% Noticias.

Durante una inspección a las instalaciones del periódico, una juez laboral explicó a periodistas que en caso de un fallo favorable a Hollman, la empresa deberá pagar o cabe el embargo de bienes para que responda.

La Prensa, con 94 años de existencia y único de circulación nacional, ha mantenido una posición crítica ante distintos gobiernos. En 1978 su director Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado en una calle de Managua, durante la dictadura de Anastasio Somoza.

Sus periodistas señalaron que en los últimos tres años el diario “ha sobrevivido a la asfixia económica” de parte del gobierno de Daniel Ortega, pero enfatizaron que la redacción se ha esforzado por continuar “el legado” de Chamorro.

Además señalaron que muchas de las supuestas violaciones laborales y derechos humanos que reclama Hollman fueron cometidas por él contra el personal de redacción “al punto que su presencia generaba temor y tensión en el ambiente laboral”.

En febrero, La Prensa superó un bloqueo de papel y material de impresión de parte del gobierno durante de 18 meses, lo que le obligó a reducir su número de páginas y despedir personal para evitar el cierre.

“Seguimos exigiendo la liberación total e incondicional de todos los presos y presas políticas antes del 15 de noviembre del 2020”, señala una declaración de seis grupos de familiares “pro-libertad de presos políticos”, leída en un hotel capitalino.

El texto pide asimismo a la OEA no dar “más tregua” al gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el cual “no existe legitimidad”, y que “reconozca que vivimos en dictadura”.

Los afectados expusieron “su desesperación” ante una huelga de hambre indefinida emprendida por 53 detenidos en los penales de Managua y Matagalpa (norte) el 30 de septiembre, para exigir su liberación, denunciar tratos crueles y condiciones precarias de encierro.

Los familiares contabilizan un total de 113 detenidos en distintas cárceles del país, y según denuncian, algunos están bajo cargos de delitos comunes, pero aseguran que sus parientes son perseguidos políticos.

Las organizaciones también rechazaron los proyectos de ley sobre ciberdelitos y sobre agentes extranjeros, este último aprobada este jueves, así como la intención de imponer la pena de cadena perpetua, lo que consideran es parte de “un endurecimiento de la represión”.

La declaración coincidió con un texto emitido este mismo jueves en Washington por la secretaría general de la OEA, encabezada por Luis Almagro, que alerta sobre “persistentes” violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

El comunicado de la OEA, emitido tras un encuentro con miembros de la sociedad civil nicaragüense, dice que de los testimonios recibidos “se infiere que persisten las violaciones a los derechos humanos, el ataque sistemático a las libertades públicas, así como malos tratos y torturas a los presos políticos”.

La periodista Verónica Chávez y el vocero de la opositora Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB), Josué Garay, resultaron con heridas en la cabeza y el cuello a causa de pedradas lanzadas por personas que identifican como seguidores del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El ataque a los opositores se produjo después de una reunión de la Coalición Nacional, integrada por grupos cívicos y partidos políticos opositores, en Masaya, 30 km al sureste de Managua, para organizar las estructuras departamentales con mira a las elecciones generales de noviembre de 2021.

“Nos agarraron a pedradas, reventaron vidrios de la camioneta de Félix Maradiaga [dirigente de la Coalición Nacional]. Me han herido el lado izquierdo del cuello (...) los policías no hicieron nada para evitarlo”, dijo Garay en las redes sociales del bloque opositor.

“Saliendo de Masaya nos agarraron a pedradas en las propias narices de la policía, la policía no se nos despega...más bien siendo cómplices de los vándalos que desbarataron los vidrios de la camionetas. Pero no nos van a detener”, dijo de su lado Maradiaga.

“Cómo es posible que habiendo gran cantidad de antimotines, permitieron que pincharan neumáticos de vehículos. A algunas personas los asaltaron, les quitaron sus mochilas, sus teléfonos (...) todo eso enfrente de la policía”, manifestó el líder campesino Medardo Mairena, otro de los afectados.

La policía no se había pronunciado sobre los incidentes en Masaya.

Desde tempranas horas patrullas de la policía y agentes antimotines habían sitiado el local de la reunión.

Maradiaga denunció también que él y otros miembros de la oposición fueron perseguidos y detenidos varias veces en la carretera por la policía cuando se dirigían de Managua a Masaya.

La agrupación denunció incidentes semejantes en León (oeste), donde se reunieron el sábado, y en otras ciudades.

Sus aliados en el Congreso presentaron un proyecto de ley que obligaría a quienes reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, otro sobre ciberdelitos y noticias falsas, y estudian reformar la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por delitos graves.

Las iniciativas generaron duros cuestionamientos de defensores de derechos humanos dentro y fuera del país, que los calificaron como represivos y contrarios a la libertad de prensa y expresión.

Analistas señalan que estos proyectos buscan crear condiciones favorables para una nueva reelección de Ortega, en el poder desde 2007, en los comicios de noviembre de 2021.

La situación del gobierno del presidente de 74 años “no es favorable para su permanencia en el poder y lo lleva a implementar leyes represivas en su desesperación de controlar al movimiento social, evitar una segunda ola de protestas”, dice a la AFP el sociólogo y analista Oscar René Vargas, exiliado en Costa Rica.

En 2018, una ola de protestas que pedía la renuncia de Ortega fue sofocada por la fuerza con saldo de 328 muertos, centenares de detenidos y millares de exiliados tras seis meses de manifestaciones.

Los adversarios de Ortega le acusan de corrupción, nepotismo y autoritarismo.

El mandatario se adelantó al Congreso y promulgó el martes por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad para controlar las redes sociales, una medida bautizada por la prensa local como “ley mordaza” o “bozal” porque la ven como una forma de censura.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo en Twitter que la estrategia de ciberseguridad criminaliza “las expresiones que disgustan” a Ortega. “Así no actúan los gobiernos democráticos”.

Vargas, un exsimpatizante y ahora férreo crítico del gobierno, considera que Ortega quiere llegar a las elecciones en una situación en que la oposición “se encuentre con la soga al cuello” y dispuesta a negociar bajo sus términos.

Kozak advirtió el jueves al gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, de un “aumento masivo de la presión de la comunidad internacional” si no garantizan elecciones libres, durante una videoconferencia.

Y el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, llamó en Twitter a los miembros del organismo a “preocuparse” por las acciones de Ortega contra opositores y criticó que éste “en vez de garantizar elecciones justas en el 2021 acelera el totalitarismo”.

Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2021. El actual mandato de Ortega vence en enero de 2022.

El exvicecanciller José Pallais opina que Ortega pretende “imponer el terror, el miedo y paralizar toda expresión de oposición”.

Desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas, Ortega “ha probado de todo, muertos, persecución, cárcel para acallar al movimiento social y a la oposición, pero sabe que no le ha funcionado”, dice Pallais.

“Es claro que Ortega continúa con su estrategia de represión e intolerancia frente a cualquier voz que exija el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas”, dice a la AFP la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara Rosas.

“La represión debe detenerse de una vez por todas, y la comunidad internacional debe condenar estas afrentas a los derechos humanos”, sostuvo Guevara Rosas.

La crisis política y la pandemia del coronavirus han impactado doblemente a la economía, que según economistas independientes tendrá su tercera contracción anual consecutiva, estimada en entre 6% y 8%.

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió el proyecto de ley de “agentes extranjeros” y descartó que el objetivo sea criminalizar a los ciudadanos que reciben fondos del exterior.

También negó que la norma se use para “perseguir o para reprimir supuestas actividades políticas”.

Los proyectos que promueven Ortega y el grupo parlamentario sandinista en el Congreso coinciden con crecientes denuncias de capturas, asedio a líderes opositores y demandas de reformas electorales.

El gobernante también enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que demandan elecciones libres y transparentes en Nicaragua, un país de 6.2 millones de habitantes.

“En el mejor escenario electoral, Ortega dará elecciones amañadas para poder ganar y está dispuesto a enfrentar sanciones internacionales y el clamor popular, como lo ha hecho [el presidente venezolano, Nicolás] Maduro desde el 2018”, según Vargas.

Pero ese “sería un mal cálculo” de Ortega, dice Vargas, argumentando que Nicaragua no es Venezuela, ni en recursos, poder militar ni soporte internacional de parte de Rusia y China.

El proyecto de ley promovido por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), recibió calificativos de “aberrante”, “ofensivo” e instrumento de “represión” de parte de diplomáticos, organismos de derechos humanos y periodistas de distintos países.

La legislación propone que entidades que reciben fondos del exterior deban registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación y no podrán inmiscuirse en asuntos internos.

Amnistía Internacional (AI) llamó “urgentemente” a la comunidad internacional para que se “activen todos los oficios a su alcance con el fin de evitar la aprobación de esta ley” que impondría “inaceptables” restricciones a libertad de asociación y sería un “instrumento de represión” contra personas y entidades que reciben cooperación externa.

La iniciativa, según sus oponentes, permitiría al gobierno de Daniel Ortega controlar el ingreso, trabajo y movimiento de organizaciones, medios de comunicación y periodistas que considere sus adversarios.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak dijo en Twitter que esa ley “es una ofensa” a la democracia.

“En vez de proteger la soberanía, esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos prodemocracia. Estamos con el pueblo nicaragüense que resiste este ataque contra la libertad”, añadió Kozak.

Diputados de la Unión Europea enviaron una carta pública a Ortega en la que lo llamaron a “recapacitar” y a no aprobar el proyecto de ley, que consideran una violación al derecho a la privacidad, al trabajo, información y de asociación de los nicaragüenses.

El diputado opositor José Ramón Bauza calificó el proyecto como una ley “a la rusa” al compararla con la ley de Agentes Extranjeros aprobado por Rusia en el 2012, contra periodistas y blogueros.

Esta ley sería “el fin de la oposición”, advirtió Bauza en Twitter.

En tanto, organizaciones de periodistas internacionales cierran filas en defensa de los comunicadores nicaragüenses.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncio “enérgicamente” el proyecto como “aberrante”, “inconstitucional” y diseñado para censurar e intimidar a los medios de comunicación independientes.

“Si este texto se vota en el parlamento, el gobierno de Daniel Ortega tendrá una nueva herramienta de represión para silenciar a las voces críticas a su administración”, advirtió RSF.

En términos semejantes se pronuncio el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.

“Etiquetar a periodistas y medios de comunicación como agentes extranjeros es parte del intento sistemático del gobierno de Nicaragua de restringir y controlar el trabajo de los medios de comunicación independientes”, dijo la Coordinadora de CPJ para Centro y Sur América, Natalie Southwick.

“Pedimos al congreso de Nicaragua que rechace esta escandalosa ley y permita que la prensa trabaje libremente sin enfrentar la intimidación ni la vigilancia”, expuso el CPJ.

La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, explicó a medios oficialistas que la propuesta busca aumentar “severamente” la condena de las personas que cometen “crímenes de odio, crueles, aberrantes inhumanos, humillantes y degradantes” por perturbaciones mentales o culturales.

“Nuestro comandante Daniel Ortega está proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a todo aquel que cometa estos delitos”, anunció Murillo.

José Pallais, abogado y exdiputado opositor, dijo a la AFP que Nicaragua contempla la pena máxima de 30 años de prisión desde hace más de un siglo y teme que la iniciativa se convierta en otro instrumento de “venganza política” del gobierno contra sus detractores.

Murillo argumentó, sin embargo, que la iniciativa responde a una solicitud de la ciudadanía, tras el asesinado atroz de dos niñas de 10 y 12 años ocurrido el pasado sábado en la comunidad Lisawe, en la región del Caribe norte.

La madre de las niñas dijo a la prensa que una de las niñas fue degollada y presentaba signos de violación, y que la otra fue asesinada de varios machetazos.

La policía arrestó el domingo al presunto autor del crimen.

Ese mismo día, en otra localidad campesina del Caribe norte, una banda delictiva asesinó a un matrimonio y luego le prendió fuego a la vivienda.

Según la policía, Nicaragua tiene una tasa baja de homicidios de ocho muertos por cada 100,000 habitantes, pero la sensación de inseguridad de la ciudadanía aumentó entre enero y julio de este año, según una encuesta de Cid-Gallup.

Unos 22,567 reos comunes fueron liberados en los últimos meses de las cárceles, bajo un flexible régimen de “convivencia familiar”, de acuerdo con datos del Ministerio de Gobernación.

Las excarcelaciones se realizaron por disposición del gobierno, en el marco en su mayoría de fechas festivas, sin que ofrecieran mayores explicaciones.

Según un comunicado del canal, el viernes “11 de septiembre se presentó a nuestra oficina y estudios centrales el juez Tercero de Ejecución del municipio de Managua Luden Quirós a realizar un embargo sobre los bienes de nuestra empresa Nicavision S.A por 21 millones de córdobas ($608 mil)”.

El embargo fue solicitado “por la Dirección General de Ingresos (DGI), representada por la procuradora auxiliar de finanzas, producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013”, precisó.

El juez también ordenó el embargo de “la totalidad de los bienes personales” del administrador del canal, Mariano Valle, “actuando de manera excesiva e ilegal”, reclamó la empresa, que continuaba el fin de semana con su transmisión normal.

Confiscaron “las antenas, instalaciones, vehículos, repetidora, trasmisor e incluso la vivienda de su dueño”, repudió el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en una nota en la que calificó la acción como “una nueva forma de presión” a medios independientes.

El canal 12 es propiedad de Nicavisión S.A, que opera desde 1993. Ha sido uno de los medios independientes que criticó y documentó la represión de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos y cientos de encarcelados, según grupos humanitarios.

En medio de la represión, ese año fueron confiscados el privado Canal 100% Noticias, las oficinas del programa televisivo de entrevistas Esta Semana, Esta Noche y la revista Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y encarcelados dos periodistas.

En 2019 fue cerrado el rotativo independiente Nuevo Diario, mientras que varios medios radiales sin orientación partidaria del interior del país como Radio Darío y la Costeñísima son objeto de asedios policiales.

Según el Cosep, el gobierno ha “ordenado el cierre y confiscación de al menos 20 medios de comunicación en todo el país desde 2014”.

“Están utilizando el sistema judicial para amenazar a medios y periodistas” independientes, condenó el disidente Movimiento de Renovación Sandinista en un comunicado, en el cual atribuyó el embargo de Canal 12 a una represalia del gobierno.

La disidencia sandinista considera que esto es parte de “una ofensiva” del gobierno contra sectores críticos.

En tanto, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos acusó a la administración de Ortega de hacer uso “de las políticas fiscales para reprimir y silenciar las voces independientes”.

Según un comunicado del canal, el viernes “11 de septiembre se presentó a nuestra oficina y estudios centrales el juez Tercero de Ejecución del municipio de Managua Luden Quirós a realizar un embargo sobre los bienes de nuestra empresa Nicavision S.A por 21 millones de córdobas (608.000 dólares)”.

El embargo fue solicitado "por la “Dirección General de Ingresos (DGI) representada por la procuradora auxiliar de finanzas, producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013”, indicó la televisora.

Quirós también ordenó el embargo de “la totalidad de los bienes personales” del administrador del canal, Mariano Valle, “actuando de manera excesiva e ilegal”, reclamó la empresa, que continuaba este sábado con su transmisión normal.

El canal 12 es propiedad de Nicavisión S. A, que opera desde 1993. Ha sido uno de los medios independientes que criticó y documentó la represión de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos y cientos de encarcelados, según grupos humanitarios.

En medio de la represión, ese año fueron confiscados el privado Canal 100% Noticias, las oficinas del programa televisivo de entrevistas Esta Semana, Esta Noche y la revista Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y encarcelados dos periodistas.

En 2019 fue cerrado el rotativo independiente Nuevo Diario, mientras que varios medios radiales sin orientación partidaria del interior del país como Radio Darío y la Costeñísima son objeto de asedios policiales.

Luego de negarles el ingreso, el gobierno de Nicaragua dispuso desde el miércoles la obligatoriedad de presentar una prueba negativa de covid-19 con un máximo de 72 horas de antelación a los que quieran ingresar al territorio, sean nacionales o extranjeros.

Pedir esa prueba “es arbitrario para un nacional, sobre todo porque debe hacerla con los privados y es cara. ¡Por Dios! si la gente se esta regresando por la palmazón (sin dinero), están desempleados y quieren estar con su familia”, dijo a la AFP Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más. 

Aunque se desconoce la cifra exacta, se estima que alrededor de 300 personas se encuentran varadas en el paso de Peñas Blancas.

Desde el inicio de la pandemia, otros cientos de nicaragüenses que estaban en otros países como Panamá, Guatemala, El Salvador, también atravesaron situaciones similares para ingresar al país.

"Cansados, con hambre, bajo el sol y lluvia los nicaragüenses fueron intimidados y arrinconados contra los muros por policías de su país, para dejar pasar a los camiones con mercadería", dijo Carrión.

En las últimas semanas cientos de ciudadanos nicaragüenses han salido desde Panamá, tras un acuerdo migratorio entre estas naciones y Nicaragua.

El activista manifestó que en la desesperación por ingresar al país algunas personas han optado por buscar pasos ilegales en la frontera, una acción que, según Carrión, los mismos policías “han estado alentando”.

Unos pocos han dado marcha atrás y han regresado a Costa Rica, por temor a represalias una vez estén en Nicaragua, añadió.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) abogó desde Managua que se permita el ingreso a los ciudadanos del país, y estimó que "es obligación como gobierno hacerles la prueba de covid-19, y según el resultado garantizarles la salud y no dejarlos en la frontera".

La vicepresidenta Rosario Murillo reiteró el viernes que aunque los nacionales tienen derecho a regresar a sus hogares, "es importantísimo (...) que cumplan con las medidas de protección para todas las familias". 

Costa Rica anunció el viernes que ante lo ocurrido en la frontera con Nicaragua también exigirá de forma temporal a nacionales y extranjeros que viajen al país vecino una prueba negativa de covid-19.

Desde que la pandemia alcanzó el país en marzo, Nicaragua se ha negado a establecer medidas de contención y por el contrario ha promovido actividades y aglomeraciones, a contramano de las recomendaciones de organismos internacionales de salud.

“Las condiciones de estas personas son de una crisis humanitaria. La primera impresión es de aglomeración de personas bajo sol y lluvia, hay un baño para mas de 500 personas”, denunció Yader Valdivia, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica.

Los migrantes son personas en su mayoría personas que habían viajado a Costa Rica por temor a represalias tras participar en las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega, dijeron algunos de los afectados a los activistas.

Varados en la frontera desde el pasado lunes, los migrantes nicaragüenses intentaron forzar su ingreso al país pero fueron repelidos por fuerzas antimotines que permanecen en la zona, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

El organismo calificó de "repudiable" que el gobierno niegue el ingreso a sus connacionales alegando que deben presentar pruebas negativas de covid-19 para ser admitidos.

"Es su obligación como gobierno hacerles la prueba de covid-19, y según el resultado garantizarles la salud y no dejarlos en la frontera", expuso el CENIDH en sus redes sociales.

El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, visitó la frontera para abogar por los migrantes pero las autoridades "no nos han permitido hablar", dijo a medios locales.

Carmona denunció que más que una medida sanitaria, "vemos un negocio" porque están cobrando 150 dólares para que las personas tengan acceso a las pruebas.

El gobierno no se pronunció sobre la situación en la frontera.

“Ya entraron todos. Eran más de 130 nicaragüenses (..) las autoridades migratorias tomaron la decisión de dejarlos pasar”, dijo Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a la AFP.

El grupo de nicaragüenses había sido retenido en el puesto migratorio de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica, adonde llegaron la noche del viernes a bordo de autobuses.

El gobierno nicaragüense no explicó el motivo por el cual cerró temporalmente el paso a estos ciudadanos, quienes decidieron salir por tierra de Panamá -hacia donde habían emigrado en busca de trabajo- debido a la pandemia.

Regresaron "porque ya no tenían cómo sostenerse económicamente en Panamá", indicó Aguerri.

Las autoridades nicaragüenses cedieron tras gestiones hechas por los países de la región, señaló.

A diferencia de los otros países centroamericanos, Nicaragua mantiene sus fronteras abiertas y no ha declarado cuarentena por la pandemia de covid-19.

Aguerri dijo que el incidente retrasó varias horas el tráfico en la frontera, y amenazó con causar una crisis similar a la que ocurrió durante varios días en mayo, en esa ocasión, por restricciones sanitarias adoptadas por Costa Rica, que luego fueron resueltas.

En abril, el gobierno de Managua impidió la entrada de un grupo de 90 nicaragüenses procedentes de El Salvador, que buscaban regresar a sus hogares por la pandemia.

Asimismo, ha prohibido el regreso de centenares de nicaragüenses que trabajan en Guatemala, los países del Caribe o en cruceros, precisó el líder empresarial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió días atrás a Nicaragua "asegurar el retorno de estas personas en el contexto de la pandemia del Covid-19".

El gobierno de Nicaragua afirma que el país registra 2.170 casos del nuevo coronavirus, con 74 muertos, mientras que el no gubernamental Observatorio Ciudadano reporta 6.775 contagios sospechosos y más de 1.800 muertos.

El bloque pide que se haga una reforma para mejorar el sistema electoral a fin de legalizar la coalición y contar con garantías de un proceso transparente.

"Los presentes estatutos dan por formada una coalición nacional" para "construir la nueva Nicaragua", indicó una de las dirigentes de la agrupación Anexa Alfred, durante una ceremonia en un hotel de la capital, que fue asediado por la policía.

Los estatutos fueron firmados por representantes de siete movimientos y organizaciones políticas opositoras, entre las que se destacan la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que agrupa a 90 grupos adversos al gobierno, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Ambos movimientos surgieron tras las protestas que estallaron en 2018 en contra de una reforma al seguro social, que luego devinieron en una demanda para que el mandatario dejara el poder, tras la severa represión contra los manifestantes, con un saldo de 328 muertos, según grupos humanitarios.

También figura el movimiento campesino que nació hace siete años en oposición al frustrado proyecto chino de construir un canal interoceánico; el partido indígena Yatama y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) con representación parlamentaria y que gobernó el país entre 1997-2002.

"Este es el momento de demostrar que estamos unidos por este pueblo sufrido que necesita salir de esta dictadura", dijo el dirigente campesino Medardo Mairena, quien pasó casi un año preso por apoyar las protestas del 2018.

La coalición será presidida por un Comité Nacional integrado por representantes de las siete organizaciones políticas, que elegirán mensualmente a un coordinador entre sus miembros, según el documento.

Trabajarán en la organización territorial, en la constitución de una alianza nacional para el 2021 y definirá los mecanismos para la selección de candidatos a elección popular, entre otras.

Con la firma de sus estatutos, los dirigentes de la coalición avanzaron en la unificación para intentar sacar del poder a Ortega, un exguerrillero de 74 años al que acusan de gobernar desde 2007 con autoritarismo y corrupción.

El dirigente opositor y economista Juan Sebastián Chamorro dijo a la AFP que también tienen entre sus prioridades la liberación de 86 disidentes del gobierno.

Pastora murió en horas de la madrugada a causa de “un infarto fulminante”, tras varios días de estar internado en el Hospital Militar de Managua, dijo a la AFP su nieto Álvaro Pastora.

"Mi viejito, no es un adiós, es un hasta pronto. Mientras tanto voy a extrañarlo mucho", escribió en su Facebook su hija Karla Pastora, la más cercana al exguerrillero sandinista.

El dirigente, cercano al presidente Daniel Ortega, había sido internado recientemente tras sufrir una recaída de una bronconeumonía que lo había aquejado, según dijo él mismo a la plataforma noticiosa Nicaragua Investiga, tras ser dado de alta.

Uno de sus hijos, Alvaro Pastora, dijo a la plataforma que su padre era tratado como si tuviera covid-19, aunque no se le realizó la prueba para determinar si tenía el nuevo coronavirus, que ha golpeado fuertemente a Nicaragua.

El legendario exguerrillero era el delegado de gobierno de Daniel Ortega para el desarrollo de la cuenca del Río San Juan, en la frontera con Costa Rica, que ha sido fuente de conflictos limítrofes entre ambos países.

La salud de Pastora era un misterio desde comienzo de junio, cuando en redes sociales se dijo que se había contagiado con la COVID-19, pero la familia atribuyó sus padecimientos a una bronconeumonía.

El gobierno de Ortega inicialmente no se pronunció sobre el deceso.

Después de una larga espera, uno de los vehículos ingresa al camposanto Jardines del Recuerdo donde, bajo una fuerte lluvia, viento y truenos, los trabajadores de la funeraria se desinfectan y luego entregan un ataúd sellado a cuatro sepultureros.

Tres de ellos bajan el cuerpo a una fosa, a la tenue luz de un foco, mientras otro les aplica desinfectante para evitar el virus.

A una distancia prudencial, tres familiares resguardados bajo un paraguas despiden tristes y resignados a su pariente, uno de los tantos nicaragüenses muertos en los últimos meses durante la pandemia.

Poco después ingresan otros ataúdes, uno de ellos escoltado por vehículos y patrullas de policía.

Son los llamados “entierros exprés”, que se realizan para personas que mueren con síntomas asociados a la covid-19, aunque en el hospital atribuyan su fallecimiento a “neumonías atípicas” u otras enfermedades, para minimizar la gravedad de la pandemia en Nicaragua, según denuncias médicas.

En las últimas semanas, se han realizado decenas de esos entierros aprovechando la discreción de la noche.

Cifras del Ministerio de Salud indican que Nicaragua ha registrado 1,464 contagios del nuevo coronavirus y 55 fallecidos, mientras el independiente Observatorio Ciudadano contabiliza más de 5,000 contagios y de 1,000 muertos desde marzo.

Más de 30 sociedades médicas y organismos de derechos humanos y civiles han acusado al gobierno de Daniel Ortega de ocultar la verdadera dimensión de la pandemia y de negarse a decretar una cuarentena y a practicar test masivos, exponiendo a la población a contagios.

"La falta de transparencia del régimen" que encabeza Ortega con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, "refleja una voluntad de esconder la realidad de las personas que han fallecido a causa del virus", denunció el pasado jueves la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), con sede en París.

El analista político y exdiputado opositor Eliseo Núñez dijo a AFP que “Ortega tiene una obsesión por mostrarse infalible, a tal grado que quiere ocultar la pandemia”.

La ministra de Salud, Martha Reyes, dio a conocer las nuevas cifras en su informe semanal sobre el coronavirus, con un marcado incremento desde una semana antes, cuando oficialmente se dieron a conocer 25 contagios y ocho muertos.

Nicaragua dio a conocer los nuevos datos el mismo día que la Organización Panamericana de la Salud criticó al país por incumplir su obligación de reportar los contagios y muertes por el nuevo coronavirus.

Las cifras del ministerio contrastan con los de organizaciones civiles, que dan cuenta de más de mil contagios y cientos de fallecidos, con hospitales colapsados por pacientes con males respiratorios, que oficialmente son atribuidos a enfermedades como "neumonía atípica".

La ONG Observatorio Ciudadano reportó que hasta el 16 de mayo se contabilizan 1,569 casos positivos de Covid-19 y 366 fallecidos, lejos de las cifras oficiales.

Familiares y organizaciones han revelado la práctica de los "entierros express", en los que las víctimas de males respiratorios son enterrados en cajones sellados, sin vela ni funeral, para evitar contagios.

Según la ministra, 199 personas se han recuperado de la Covid-19 y han sido atendidas con “seguimiento responsable y cuidados a 470”.

No obstante, especialistas temen una propagación rápida del virus en Nicaragua sin que las autoridades adopten medidas para su contención, como se ha hecho en casi todo el mundo.

Por el contrario, el gobierno de Daniel Ortega ha promovido concentraciones masivas y manifestaciones.

La ministra Reyes, sin mencionar las denuncias de muertes por Covid-19, reconoció que han ocurrido numerosas muertes por otras patologías, aunque sin dar una cifra.

“Se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas”, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado.

“Estamos entrando a una fase de propagación comunitaria rápida del virus. A medida que la curva exponencial siga aumentando y produciendo mas afectados, se va a poner una situación caótica”, advirtió a la AFP el epidemiólogo Álvaro Ramírez.

La emergencia sanitaria inquieta a los nicaragüenses, en medio de denuncias de hospitales colapsados por pacientes con males respiratorios, y muertos por “neumonía atípica”, según los registros, que son sepultados en cajones sellados, en “entierros express”, sin velatorios ni funerales multitudinarios.

Esta situación se ha hecho especialmente evidente en la ciudad de Chinandega (noroeste), considerada el epicentro del contagio.

Extraoficialmente se estima que el país cuenta con entre 5.000 y 6.000 camas hospitalarias y 160 ventiladores. No hay datos oficiales.

Policías y otros sin uniformes mantienen una guardia en los alrededores de hospitales y cementerios para alejar a periodistas que intentan tomar fotos, videos, o hablar con familiares de pacientes.

Como muchos otros aislados de sus seres queridos internados, los familiares del popular exjugador de softbol Alberto Mendoza, se vieron impedidos de acompañarlo en los 11 días que pasó hospitalizado hasta su muerte en un hospital de Chinandega.

Mendoza, de 74 años, había sido ingresado el 2 de mayo con "fiebre, tos y los pulmones sucios", contó a la AFP su esposa, Consuelo Mendoza.

Ese fue el último día que vio a su esposo. Tras el fallecimiento, tuvo tres horas para preparar el funeral y solo una hija pudo asistir, lamentó la mujer.

El acta de defunción dice que Mendoza murió de "insuficiencia respiratoria y neumonía atípica", pero su familia sospecha que lo mató el coronavirus.

La presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense, Gretel Solís, aseguró que el país está en una instancia de "transmisión comunitaria" de la Covid-19, es decir, que se propaga entre la población a nivel local.

El Observatorio Ciudadano, una iniciativa de la sociedad civil, contabilizó hasta el 13 de mayo 266 fallecidos y 1.270 casos sospechosos de coronavirus. Por el contrario, el Ministerio de Salud reconoce solo 8 muertos y 25 contagios en el país.

La Coalición Nacional, que agrupa a varias organizaciones opositoras, emitió un comunicado en el que denuncia el manejo de la información de la administración de Daniel Ortega: “Las familias de fallecidos por Covid-19 enfrentan a un gobierno que les miente, les entrega actas de defunción que no se corresponden con la verdad diagnóstica”.

"Más de una docena" de opositores presos "ha presentado síntomas que podrían estar relacionados con el virus, permaneciendo en condiciones de detención precarias, hacinadas y sin recibir atención médica adecuada", advirtió la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, en un comunicado.

Grupos opositores calculan que más de 80 personas están presas por razones políticas en Nicaragua, en el marco de la represión que persiste desde las protestas antigubernamentales de 2018.

Según AI, "algunas de las personas detenidas tienen serios padecimientos clínicos previos, por lo que son especialmente vulnerables frente al virus", causante de una pandemia mundial.

#SOSNicaragua Las personas privadas de libertad injutamente deben ser liberadas inmediatamente, y el gobierno de #Ortega debe garantizar condiciones dignas y de respeto de su derecho a la salud para la población carcelaria que enfrenta alto riesgo frente a la pandemia #COVIDー19 https://t.co/q3NQGqKgfz

— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) May 8, 2020

En tanto, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno de Ortega "a adoptar medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles" y liberar a los opositores.

Nicaragua ha registrado 16 contagios de covid-19, de los cuales cinco han muerto, desde que se reportó el primer caso el 18 de marzo.

Las autoridades sanitarias del país afirman que no hay contagio comunitario y en los últimos días dejaron de informar sobre el avance de la pandemia.

Las cifras oficiales son cuestionadas por el llamado Observatorio Ciudadano, que lleva un conteo independiente con el apoyo de organizaciones civiles, redes sociales y la ciudadanía.

Ese observatorio calcula que en Nicaragua podría haber más de 780 casos sospechosos de covid-19 que son tratados como neumonía.

Según este grupo, que no es reconocido por el gobierno, la mayoría de contagios estarían en el departamento de Managua.

La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, ha descalificado los informes independientes como “cerebros deformes, enfermos que inventan para calumniar o difamar” al gobierno.

Unos deportistas participan convencidos de que Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio, tiene la pandemia “bajo control”, con menos de una docena de casos reportados por las autoridades; otros por amor al deporte o por miedo a perder sus contratos por abandono laboral.

“Creo que uno corre peligro por las circunstancias que está pasando en todo el mundo”, pero “hay un contrato de trabajo que se tiene que respetar”, afirma a la AFP el futbolista del club Las Sabanas de primera división, José Martínez, al concluir sudoroso un duelo en Managua.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró el miércoles pasado, en su primera aparición pública tras un mes de ausencia, que el avance de la pandemia en el país es “lento” y rehusó declarar cuarentena, cerrar fronteras o exigir el distanciamiento social como hace el resto del mundo.

Y el deporte tampoco ha parado. Esta semana se realizaron dos rallys de ciclismo y este fin de semana volvieron las peleas de boxeo, que se realizan en campos abiertos, parques o gimnasios espaciosos para tratar de evitar los contagios.

También se reactivará el campeonato nacional de béisbol, el deporte favorito de los nicaragüenses, luego que la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior amenazó con sancionar a quien se niegue jugar por temor al virus.

La controversia también alcanza a la liga de fútbol, la única que se mantiene activa en América Latina en medio de la pandemia, luego que la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) aprobó continuar con los juegos debido a la ausencia de restricciones oficiales.

En Nicaragua “no tenemos ninguna alerta ni cuarentena. El Minsa (Ministerio de Salud) dice que todo está bajo control”, comentó el secretario general de la Fenifut, José Bermúdez.

Dirigentes del fútbol incluso valoraron transmitir sus juegos en Europa, donde los torneos fueron suspendidos por la pandemia que deja miles de muertos.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) también congeló el calendario hasta junio, pero ha respetado la decisión de la liga de Nicaragua de jugar “mientras la situación” lo permita, según Bermúdez.

Con la garantía de que todo está bien, los jugadores del Managua FC salieron animados a la cancha el pasado miércoles a enfrentar al Jalapa a puertas cerradas para evitar la aglomeración de aficionados en las gradas.

En Nicaragua “la situación está controlada” y se juega “tomando las precauciones necesarias al momento de salir al estadio”, afirmó uno de los goleadores del torneo, el delantero mexicano Carlos Félix, del Managua FC.

Mientras que el ariete español Pablo Gallego, quien llegó hace dos años de Grecia, asegura que ningún jugador nicaragüense ha presentado síntomas del virus.

Se lavan las manos antes del partido, usan alcohol con gel en las pausas y prescinden saludar con las manos a los árbitros y contrincantes.

Al terminar el juego, se colocan tapabocas y regresan a sus casas en buses, taxis o vehículos propios.

Pero no todos están conformes. Al defensa Nasser Valverde, del club Walter Ferreti, le preocupa contraer el virus y contagiar a su hijo y abuelos.

“Me siento un poco triste por la situación, todas las ligas están paradas y aquí seguimos. Gracias a Dios no se ha dicho que hay más casos, eso nos tiene un poco tranquilos”, confiesa Valverde.

Mientras que para el delantero Daniel Reyes “a veces es un poco preocupante por la situación que vive el mundo, pero confiamos en Dios que en nuestro país (la epidemia) sea menos grave”.

El epidemiólogo Leonel Argüello advirtió, sin embargo, que todos los deportes implican “una interacción humana de menos de un metro de distancia”, contrario a lo recomendado por la OMS y pidió al Minsa que al menos le realicen la prueba del virus a los jugadores.

A juicio del opositor Eliseo Núñez, el presidente Ortega “ha priorizado la economía en lugar de la salud, porque cree que si la pandemia pega duro en Nicaragua, la comunidad internacional suspenderá las sanciones” financieras que le impuso por violar los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2018.

Las protestas iniciadas en abril de ese año desataron una ola de represión que dejó al menos 328 muertos y forzó a más de 100 mil personas al exilio, según organismos humanitarios.

La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, informó a medios oficialistas que se trata de un hombre que viajó a Panamá el pasado viernes, regresó el domingo a Managua y que el martes 17 comenzó a presentar síntomas del fiebre, dolor de garganta y tos.

El afectado, que es atendido en un hospital de la capital, "es el primer caso diagnosticado con coronavirus en Nicaragua", dijo Murillo.

"Está en un estado bueno, estable y respirando por su cuenta", precisó.

Murillo aseguró que se le realizarán pruebas a todas las personas que tuvieron contacto con el paciente. Y que este, por el momento, no está conectado a ningún respirador.

La vicepresidenta no especificó en qué hospital está siendo atendido el hombre, y aclaró que este primer contagio se trata de un caso importado, es decir, que el contagio ocurrió fuera de las fronteras nicaragüenses.

Informó que el Ministerio de Salud a partir de este jueves 19 de marzo estará compareciendo por la mañana y por la tarde para informar “lo que vayamos encontrando” del Covid-19.

(Con información de La Prensa de Nicaragua)

El diario Hoy, de contenido popular, "suspende a partir de este lunes el funcionamiento de su portal web www.hoy.com.ni. La versión impresa mantiene su circulación diaria", informó el grupo en sus redes sociales.

"Se debe a una medida de ahorro para sobrevivir a los problemas económicos derivados del bloqueo que la Dirección General de Aduanas ha provocado a editorial La Prensa, al mantener retenido por 58 semanas papel y otros insumos" para la impresión, agrega la comunicación.

"Hubo dificultades económicas producto del embargo, no hay muchos recursos para sostener, actualizar y monetizar el sitio", dijo a la AFP un reportero del diario que prefirió no revelar su nombre.

Asimismo, el suplemento de sátira política El Azote, que se publicaba junto con la edición impresa dominical del diario La Prensa, suspendió "temporalmente" su publicación por los mismos problemas.

El Azote, surgido en 1995, seguirá siendo publicado en su versión digital, dijo el grupo editorial.

"El Azote como tal no puede seguir, pero mi trabajo y lucha siguen. Dios mediante, daremos más batalla en la edición digital del diario con nuevos proyectos audiovisuales", escribió en Twitter el caricaturista Manuel Guillen.

El periódico Hoy, con 16 años de existencia, "en un esfuerzo por sobrevivir al castigo que le ha impuesto el régimen de Daniel Ortega a los medios independientes", ha ajustado su tamaño y número de páginas, señaló el grupo editorial.

El rotativo permanecerá en las calles hasta agotar la existencia de insumos para su impresión, señaló.

El embargo de papel y tinta para la producción de los principales diarios en el país provocó a finales de septiembre el cierre de El Nuevo Diario, Metro y en diciembre Q’Hubo, un diario de corte popular.

“Sabemos que lo tenemos aquí enterrado, pero él ha quedado en nuestros corazones. En el archipiélago de Solentiname sentimos su presencia en nuestro arte”, expresó a la AFP la artesana Lidia Castillo, de 46 años, tras una misa celebrada en su memoria en la iglesia de la localidad.

Cardenal, figura de la literatura latinoamericana y revolucionario sandinista que se volvió crítico hacia el gobierno de Daniel Ortega, murió el 1 de marzo a los 95 años en un hospital de Managua a causa de un paro cardíaco tras una descompensación generalizada

Sus restos, ya cremados, fueron enterrados el viernes en secreto en la isla Mancarrón, la más grande de los más de 30 islotes que integran el archipiélago surgido millones de años atrás tras una erupción volcánica en el lago Cocibolca.

El sepelio se adelantó por temor a profanaciones del sandinismo, como ocurrió en la misa de cuerpo presente que se realizó el martes pasado en la Catedral de Managua, explicaron amigos y familiares.

Los nativos llegaron a pie y en bote a darle su último adiós con cantos, anécdotas, recital de poesías y reproduciendo videos de las misas campesinas que Cardenal celebró con los isleños y en las que abogaba por luchar contra las injusticias.

En Mancarrón, el poeta creó en 1966 una comunidad de la orden trapense para enseñar a los campesinos a leer, pintar y estudiar la biblia, al tiempo que gestionó ayudas para construir un colegio y casas para los pobres.

"Leíamos los salmos cancaneando", recordó una de sus discípulas, Esperanza Guevara, quien dijo que Cardenal hizo que Solentiname, de apenas mil habitantes, se convirtiera en un archipiélago famoso.

"Siento como que él está vivo", dijo por su parte Petrona Hernández, de 50 años, una cocinera del puerto naval de la isla que aún recuerda como Cardenal pasaba los días leyendo en una hamaca que tenía colgada en su cabaña de madera, a orillas del lago Cocibolca, el segundo más grande de la región.

El poeta atravesaba el turbulento lago en una pequeña lancha, aún durante su vejez.

Los lugareños despidieron al poeta con una misa en la pintoresca iglesia de Solentiname, adornada con dibujos y fotos que rememoran los años en que Cardenal trabajó con los campesinos de la zona y pasaba sus días escribiendo en una vieja máquina de escribir.

"Que la vida de Ernesto Cardenal motive a muchos a seguir adelante", instó el sacerdote Luis Zabala, quien afirmó que el poeta encontró en estas bellas islas "el lugar ideal para servir a Dios".

“Fue muy lindo el homenaje en Solentiname, es lo que a él le hubiera gustado”, comentó a la AFP el alemán Lutz Kliche, traductor de las obras del poeta, a quien conoció cuando llegó en los años 70.

Afirmó que al autor de Oración por Marylin Monroe y otros poemas y de Oráculo sobre Managua no le gustaban los "actos protocolarios y masivos".

La calidez de su último homenaje distó de los disturbios que partidarios del gobernante Frente Sandinista, del presidente Daniel Ortega, realizaron durante una misa de cuerpo de Cardenal en la catedral de Managua.

Cardenal fue ministro de Cultura durante la revolución sandinista (1979-1990) que encabezó Ortega, pero luego se convirtió en su acérrimo crítico por aferrarse al poder tras su retorno a la presidencia en 2007.

El alemán Kliche dijo que la comunidad intelectual que las obras de Cardenal se encargará de resguardar su legado literario, el que considera que deja un profundo mensaje de "amor".

Su literatura "es la unión de lo espiritual, lo físico, de misticismo basado en la ciencia", afirmó kliche, quien catalogó a "Cántico Cósmico" como la mejor obra del poeta.

Elogió ademas su libro “Vida en el amor”, que ofrece “una espiritualidad muy grande” y afirma que la creación es producto del “amor”.

“Fue enterrado aquí mismo debajo de la piedra donde están enterrados” otros siete exguerrilleros de la isla “que murieron en la guerra de lucha contra la dictadura somocista en los años 70”, confirmó a la AFP uno de los grandes amigos del escritor Bosco Centeno, quien dijo que el poeta lo “consideraba como un hijo”.

Fue sepultado en una ceremonia privada, antes de que llegara la prensa, para "evitar una profanación" por parte de partidarios del gobernante Frente Sandinista, como ocurrió en la misa de cuerpo presente que se realizó el martes en la Catedral de Managua, explicó.

El temor de nuevas agresiones a la memoria de Cardenal, crítico del gobierno de Daniel Ortega, surgió luego de que las autoridades anunciaran que enviarían a sus partidarios al sepelio en la isla.

El poeta murió el pasado 1° de marzo, a los 95 años, en un hospital de Managua a causa de una falla cardíaca derivada de una descompensación generalizada, y tras pedir que no fuese entubado si su respiración fallaba, confiaron personas que lo acompañaron hasta lo último.

El miércoles, sus restos fueron cremados en una funeraria de la capital y el viernes trasladado en silencio por Bosco a la isla Mancarrón.

El escritor se desempeñó como ministro de Cultura durante la revolución sandinista (1979-1990), que encabezó Ortega, pero luego se convirtió en su crítico y lo acusó de “dictador” por aferrarse al poder después de su retorno al gobierno en 2007.

Las agresiones comenzaron cuando hablaba el obispo Rolando Álvarez y se intensificaron al concluir la ceremonia. Al menos un joven opositor y cuatro periodistas recibieron golpes, y a algunos de los comunicadores les sustrajeron sus equipos.

“Me robaron todo, fue algo espantoso. Me gritaron todo tipo de vulgaridades”, relató Leonor Álvarez, periodista del diario La Prensa.

"Me dieron (golpearon) en las piernas, en la cara, pero no tengo nada grave. Se robaron la cámara de video y el micrófono inalámbrico", acusó por su parte Arnaldo Arita, camarógrafo de un medio internacional.

La poeta Gioconda Belli, quien era muy cercana al cardenal, dijo a la AFP que lo sucedido fue “muy triste y una señal de irrespeto absoluto al poeta”.

Los partidarios del gobierno ocuparon las bancas de la parte izquierda y los alrededores de la iglesia, desde donde gritaban consignas del gobierno e improperios a los familiares, amigos y opositores que asistieron a la ceremonia, que fue presidida por el nuncio Waldemar Stanislaw.

No son colectivos chavistas, ni esbirros castristas (aunque se le parecen), son sandinistas de Daniel Ortega golpeando a periodistas.

Así vapulean a los periodistas en #Nicaragua, los radicales de Ortega. pic.twitter.com/3S5jUQ4OZV

— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) March 4, 2020

Esto "no sirve a la memoria de este gran hombre, por favor se los pido", suplicó sin éxito el nuncio en un intento por calmar los ánimos de los asistentes.

Cardenal murió el domingo pasado a los 95 años en un hospital de Managua debido a una falla cardíaca provocada por una descompensación generalizada.

El escritor se desempeñó como ministro de Cultura durante la revolución sandinista (1979-1990), que encabezó el actual presidente Daniel Ortega, pero luego se convirtió en su acérrimo crítico y lo acusó de "dictador" por aferrarse al poder después de su retorno al gobierno en 2007.

"¡Golpistas, delincuentes, patria libre o morir, viva Sandino!", gritaron los partidarios sandinistas que portaban banderas y pañuelos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), cuando la familia del poeta intentaba sacar su ataúd de la catedral tras finalizar la misa.

“Esta es Nicaragua en manos de una tiranía. Mandan a la pobre gente a hacer un papel ridículo. Profanaron la iglesia”, dijo a la AFP el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, mientras intentaba abrirse paso entre la multitud y los gritos.

Policías que cuidaban las calles adyacentes no intervinieron en las trifulcas que se generaron al terminar la misa, en la que fanáticos del gobierno también persiguieron a periodistas de Artículo 66, un medio digital independiente.

En tanto, la escritora Belli fue asediada por periodistas de medios oficialistas al buscar con dificultad llegar a su vehículo en el estacionamiento de la Catedral.

Es "un abuso increíble del régimen que pretende ensuciar la memoria de Ernesto Cardenal, quien jamás hubiera aceptado este vulgareo", dijo el excomandante guerrillero y crítico del gobierno Luis Carrión.

"Siento mucha indignación por lo ocurrido hoy en Catedral de Managua en las exequias de Cardenal. Irrespeto total", reclamó desde el Vaticano el exobispo de Managua Silvio Báez en su cuenta de Twitter.

Siento mucha indignación por lo ocurrido hoy en la Catedral de Managua en las exequias de P. Ernesto Cardenal. Irrespeto total. De nuevo las turbas de la dictadura muestran su fanatismo y su violencia. Mi solidaridad con personas y periodistas agredidos. ¡Basta de irracionalidad!

— Silvio José Báez (@silviojbaez) March 3, 2020

Cardenal, considerado como una de las más grandes figuras de la literatura latinoamericana, recibió por su obra el Premio Reina Sofia 2012 y el Premio Pablo Neruda 2009. Gran parte de su obra, como "Hora Cero", "Oración por Marilyn Monroe y otros poemas" y "La Revolución perdida", fue traducida a más de 20 idiomas.

Su imagen dio vuelta al mundo en 1983 cuando, en su primera visita a Nicaragua, el fallecido papa Juan Pablo II lo amonestó en público por trabajar con el gobierno revolucionario y le impuso una "suspensión a divinis", que le prohibía ejercer el sacerdocio.

Durante la misa, el nuncio Stanislaw recordó la visita que le hizo a Cardenal hace un año al hospital, para informarle de la decisión del actual papa Francisco de revocar la suspensión.

El obispo Álvarez, quien dirigió la homilía, rememoró por su parte la decisión de Cardenal de entregarse a una vida religiosa “sin apego”, tras su ingreso a la orden trapense en 1956.

“Murió hoy, se nos fue en paz absoluta, no sufrió dolor”, confirmó a la AFP Luz Marina Acosta, asistente desde hace más de 40 años de Cardenal, reconocido representante de la teología de la liberación y protagonista de la revolución sandinista.

Cardenal había sido ingresado hace dos días al hospital con dificultades para respirar, y el sábado sus órganos comenzaron a fallar poco a poco, dijo su asistente.

El célebre escritor de obras como Hora Cero, El Evangelio de Solentiname y Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, había celebrado 95 años el 25 de enero, rodeado de su familia, con buena salud e inmerso en la creación de nuevas obras.

"Murió como un pajarito, se apagó poco a poco", comentó Acosta, quien confió que el poeta dijo estar "listo" a las personas que estuvieron junto a él el sábado, antes de quedar inconsciente.

Poco después de su fallecimiento, el gobierno de Daniel Ortega decretó tres días de duelo nacional y anunció que "se sumará a las ceremonias de gratitud y despedida de este hermano nicaragüense" que hizo grandes aportes a la cultura.

Fue un hombre "bendecido con dones y merecimientos que han puesto en alto el nombre de Nicaragua, y su propio nombre, desde sus aportes a la cultura universal y a la liberación" de Nicaragua, destacó el gobierno en una carta firmada por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Ortega y Cardenal fueron compañeros durante la lucha guerrillera del Frente Sandinista contra la dictadura somocista.

Luego, Cardenal se distanció del líder sandinista por diferencias sobre la conducción política.

La escritora y poetisa nicaragüense Gioconda Belli también lo despidió, con un mensaje en el que dijo que Cardenal se fue "después de una vida de entrega a la poesía y a la lucha por la libertad y la justicia".

Entre los últimos poemas de Cardenal están Con las puertas cerradas y Lo visible y lo invisible, que terminó de escribir la víspera de su cumpleaños.

El fallecimiento se produjo un año después de que el Papa Francisco le revocara la “suspensión a divinis” que le aplicó el fallecido Papa Juan Pablo II por su militancia política con la pasada revolución sandinista (1979-1990).

“Se metieron como cien policías al centro comercial de Metrocentro (de Managua), llegaron, golpearon y empujaron a todo el mundo,” contó el fotógrafo de AFP Inti Ocón, a quien le dañaron la pantalla y lente de su cámara y observó cómo al menos tres periodistas independientes fueron agredidos.

Policías antidisturbios tomaron varios puntos de la capital para evitar que la oposición se manifestara en las calles.

Varios militantes opositores desafiaron la vigilancia con protestas rápidas, denominadas "piquetes exprés", en la céntrica plaza comercial de Metrocentro.

La policía agredió también a manifestantes y periodistas que se concentraron en la iglesia Divina Misericordia, donde al reportero Willy Narváez, del Canal 10 de la TV privada, le robaron su teléfono celular y poncharon las llantas del vehículo en el que se movilizaba, denunció la televisora.

Cuando ocurrió el incidente "había patrullas repletas de antimotines y personas vestidas de civil que operan con el gobierno", dijo Narváez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “toma conocimiento de un operativo policial para impedir” las protestas “con vigilancia a casas de líderes de todo el país y toma de espacios públicos donde se desarrollan las protestas”, advirtió el organismo en Twitter.

"Estas siete organizaciones damos el paso inicial de la conformación de la Coalición Nacional" para reconstruir la democracia, anunciaron los opositores en una proclama leída por Yubrank Suazo, un dirigente político excarcelado.

La firma tuvo lugar en un ambiente festivo y combativo en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, en Managua, abarrotado por opositores que gritaban a todo pulmón consignas contra el gobierno, pese a la fuerte presencia de policías en los alrededores.

Esta alianza es posible "con la convicción de que solo unidos, sin exclusión, vamos a derrotar a la dictadura", afirmó el dirigente opositor y jurista Carlos Tünnermann.

"De que se van, se van y nunca volverán", coreaban los opositores en alusión al gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) de Ortega, un exguerrillero de 74 años que gobierna desde 2007.

La unidad fue sellada con motivo del 30 aniversario de la llegada al poder de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien venció al FSLN en las urnas al frente de un bloque opositor.

Julio César López, periodista de @OndaLocal narra que policías poncharon las llantas de los vehículos en el que se movilizaban ellos y un equipo de Canal 10. >> https://t.co/KzQ7NksY4u pic.twitter.com/9zyjcd0KoN

— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) February 25, 2020

Esta "coalición es una alternativa contra Ortega, reúne a muchos sectores históricamente marginados que buscan la democracia, la justicia y que anhelamos un cambio por la vía cívica y pacífica", declaró a la AFP el dirigente estudiantil Lesther Alemán.

Agentes antimotines sitiaron varios puntos de la capital por temor al surgimiento de nuevas protestas, mientras que las viviendas de más de una veintena de opositores fueron sitiadas por la policía.

La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo el lunes que los opositores tienen "apetitos inmorales, voracidad descompuesta, insolencia, maquinaciones criminales".

Integran la coalición la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), surgidas tras las protestas antigubernamentales del 2018.

Figura también el movimiento campesino que nació en la lucha contra un proyecto de canal interoceánico, así como el partido indígena Yatama (madre tierra en lengua miskito) que acusa al gobierno de "racista".

Se sumaron también los derechistas Partido Liberal Constitucionalista (PLC, con representación parlamentaria) y Partido Restauración Democrática (PRD).

Se integró además la Fuerza Democrática Nicaragüense, grupo de excombatientes del "Contra", que lucharon en los años 80 contra la Revolución Sandinista que encabezó Ortega de 1979 a 1990.

"Hoy es un día histórico porque hemos firmado el compromiso firme de unidad, es la partida de nacimiento de la Coalición Nacional", subrayó Tünnermann, quien dijo que "las puertas están abiertas" para los sectores que aún no se han sumado.

Los opositores señalaron que la coalición es fruto de la lucha iniciada con las protestas de 2018, que exigían la salida de Ortega, acusado por sus detractores de gobernar desde hace 13 años de manera "dictatorial".

"Fue una rebelión contra el colapso de la seguridad social, la corrupción, el abuso de poder (y) el nepotismo", recordaron en la declaración.

La represión a las manifestaciones del 2018 dejaron al menos 328 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"¡Ortega seguimos en la lucha!", exclamaron los opositores durante el acto.

#ÚltimoMinuto | Momento en que nuevamente son agredidos periodistas independientes. Esta vez ocurrió en el sector de la iglesia Divina Misericordia >> https://t.co/ljf48Okz5p pic.twitter.com/58xT76Nue0

— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) February 25, 2020

El gobierno ha atribuido las protestas a un fallido golpe de estado y acusa a la oposición de alterar la paz y fomentar el "odio".

Para la oposición, la alianza es el primer paso de un largo camino para constituirse como partido político para los comicios del 2021.

Sus dirigentes han dicho que las elecciones deben realizarse con transparencia y bajo observación internacional.

Demandan además renovar el tribunal electoral, en manos del oficialismo.

“A los dos minutos de haber iniciado el plantón (protesta) comenzaron a llegar al menos 20 patrullas de antimotines, quienes se bajaron y comenzaron a empujar y lanzarnos golpes”, relató a la AFP el vocero de la opositora Unidad Nacional Azul Blanco (Una), Josué Garay.

El asedio ocurrió frente a un supermercado de Plaza España, al oeste de la capital, donde los opositores pasaron más de dos horas rodeados por la policía, mientras gritaban: "Libertad para Nicaragua", "Libertad para los presos políticos".

"Ante el temor de que se llevaran (detenido) a alguien tuvimos que meternos en el supermercado", dijo Garay, quien agregó que al salir del lugar la policía retuvo un rato a tres activistas.

Los antimotines también rodearon el edificio Casa Pellas de Managua, donde los opositores tenían previsto inicialmente reunirse.

La protesta es unos de los "piquetes exprés" que la oposición realiza sin previo aviso para burlar la vigilancia de la policía, que les prohíbe marchar por temor a que se reactiven las protestas masivas que sacudieron al gobierno en 2018.

El asedio está "sobrepasando los niveles de represión", reclamó la UNAB en un comunicado, en el que advierte que no desistirán de su derecho a protestar.

La UNAB es parte de una coalición opositora que será lanzada oficialmente el próximo 25 de febrero con otros grupos disidentes que buscan unirse de cara a los comicios presidenciales del 2021.

El gobernante Frente Sandinista (FSLN izquierda) no descarta postular para un cuarto mandato sucesivo al presidente Ortega, en el gobierno desde 2007.

En otra avenida de la capital, cientos de partidarios del gobierno participaron este sábado en la marcha "Sandino sol de libertad", en conmemoración del 86 aniversario del asesinato del héroe nacional Augusto Cesar Sandino.

"El yankee se va a joder", "¡Muerte a Los Puchitos (opositores)!", vociferaron los sandinistas durante su manifestación.

Según grupos humanitarios, la represión a las protestas que estallaron en 2018 dejó al menos 328 muertos y centenares de detenidos, de los cuales 61 siguen presos.

El gobierno sostiene que las manifestaciones fueron un intento de golpe de estado apoyado por Estados Unidos, y ha descalificado a la oposición como “diabólicos” y “sembradores de odio”.

En efecto, el gobierno liberó los insumos que mantenía embargados desde hacía 18 meses tras negociaciones con el diario mediadas por la iglesia católica.

La medida “ha levantado una esperanza en la redacción, porque nosotros vivíamos esperando que en cualquier momento dejáramos de salir en la versión impresa”, afirmó el escritor Fabián Medina, jefe de información de La Prensa, que ha mantenido una posición crítica hacia el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007.

La crisis inició en septiembre del 2018, cuando en medio de la violenta represión gubernamental contra una ola de protestas opositoras, la Aduana bloqueó sin explicación la entrega de los materiales para la circulación impresa del periódico.

“La Prensa comenzó a reportar la represión, a criticar” y el gobierno en represalia bloqueó la papelería, contó la periodista Leonor Álvarez. Fueron 92 toneladas de papel periódico, tinta, planchas, gomas, revelador para rotativa, correas y repuestos que la Dirección General de Aduanas retuvo durante año y medio en sus bodegas, pese a que el diario había pagado los impuestos de importación.

La Prensa apeló la medida tres veces por la vía administrativa pero no logró desbloquear el material.

El embargo “fue parte de una ofensiva generalizada para tratar de golpear las voces que lo desnudaban; a todo el periodismo lo quisieron callar”, subrayó Medina, en alusión a las agresiones, cierres y confiscaciones que sufrieron los medios críticos del gobierno, como el canal 100% Noticias.

Trataron de “matar lentamente” a La Prensa, pero “sobrevivimos”, festejó.

Desde su fundación en 1926, La Prensa ha enfrentado muchas censuras y cierres temporales bajo la dinastía de la familia Somoza (1937-1979) y luego durante la revolución sandinista en los años 80.

El nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar, “inició gestiones para que dicho embargo aduanero sea levantado, ya que viola la libertad de expresión y el libre acceso a la información de todos los nicaragüenses”, anunció la directiva de Editorial La Prensa en un comunicado.

La Prensa, diario fundado en 1926, afirmó que los “gestiones del nuncio han abierto un canal de comunicación con la Dirección General de Aduana (DGA)” para liberar la materia retenida.

La autoridad aduanera les permitió ayer revisar el material almacenado en sus bodegas “para verificar si los insumos no han sufrido daños”.

El periódico informó que también negocia para que se elimine “la cuantiosa deuda por bodegaje que ha generado” el embargo aduanero.

Ese bloqueo aduanero provocó una grave escasez de papel, tinta y otros equipos que el periódico necesita para su circulación impresa, obligando a reducir drásticamente la cantidad de sus páginas y a despedir a más de la mitad de su personal.

La semana pasada, el diario denunció que “la asfixia económica” causada por el embargo amenaza con suspender la circulación impresa de La Prensa, debido a que tienen prohibido importar material.

El bloqueo gubernamental también afectó al Nuevo Diario, de línea independiente, que cerró en septiembre de 2019. El embargo aduanero se produjo luego que medios independientes denunciaron la violenta represión del gobierno contra las protestas que estallaron en abril de 2018.

El proceso comenzó en enero, con unificación de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), surgidas tras las protestas de 2018, y su llamado a todos los opositores a sumarse a sus filas.

“El reto es lograr que la coalición tenga la mayor pluralidad y representatividad posible”, declaró el joven dirigente opositor Guillermo Incer a la AFP.

Los organizadores esperan lanzar la coalición el próximo 25 de febrero, para recordar el 30 aniversario del inicio del gobierno de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-97), quien con una alianza de 14 partidos desplazó a Ortega de su primer gobierno (1979-1990).

Por primera vez desde el gobierno de Barrios, la oposición se coaliga para desplazar a Ortega, en el poder desde 2007, a quien acusan de encabezar una “dictadura” represiva y corrupta.

Nicaragua vive una grave crisis desde el estallido de las protestas en abril de 2018, que dejaron un país con la economía devastada y sometido a sanciones internacionales.

Según grupos humanitarios, la represión de las protestas dejó 328 muertos, cientos de encarcelados y 85 mil exiliados, así como una profunda recesión que deja un tendal de desempleados.

La coalaición opositora incluye al sector empresarial, afectado por la crisis y la ocupación de sus propiedades desde que rompió su alianza con el gobierno y respaldó las protestas.

También incluye a los estudiantes, que encabezaron las protestas, y al movimiento campesino surgido en 2013 en rechazo a un proyecto de canal interoceánico que amenazaba sus tierras.

La oposición se ha acercado además a grupos parlamentarios, como los derechistas Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido Liberal Constitucionalista, que podrían prestar sus banderas si la coalición no logra inscribirse este año.

Las empresas canadienses, consideradas líderes en tecnología energética, exploran el mercado nicaragüense para la colocación de sistemas y subestaciones portátiles en lugares remotos.

La oferta incluye, además, paneles solares, equipos de medición y transformadores inteligentes, servicios de ingeniería en proyectos eólicos y soluciones automatizadas para empresas eléctricas.

Nicaragua es el país con mayor rezago en la cobertura de energía en Centroamérica, donde Costa Rica, El Salvador, Panamá y Guatemala tienen más del 90% de los hogares conectados al sistema eléctrico.

González entrenará en el gimnasio Fight Club de Santa Ana, al oeste de San José, hasta el 16 de abril y luego viajará a Los Ángeles, Estados Unidos, indicó su entrenador, Arnulfo Obando.

“El objetivo es que esté concentrado” en su preparación, porque en Nicaragua se distrae mucho, además que “en Costa Rica hay mejores condiciones” para entrenar, explicó Obando.

Chocolatito, de 28 años, peleará en las 112 libras (50.8 kg), las que espera alcanzar con una intensa jornada de entrenamiento.

González (44-0, 38 nocauts) acostumbra hacer un entrenamiento cardiovascular por la mañana y actividades de guanteo, saltos, golpes al saco y ejercicios de velocidad por la tarde.

Obando planea que González complete 176 asaltos de guanteo en su preparación para que llegue bien adiestrado a su pelea con Arroyo (16-2, 14 nocauts).

La ampliación de la pista e instalaciones del Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua y la compra de aeronaves rusas están incluidos en un acuerdo que comprende un crédito de entre 250 y 300 millones de dólares, dijo al portal el asesor presidencial para las inversiones Laureano Ortega.

La AFP consultó a la cancillería, la presidencia y la vicepresidencia de Nicaragua para verificar la información, pero por el momento no obtuvo respuesta.

Nicaragua no cuenta con una aerolínea de bandera nacional desde la década de 1990, cuando Aeronica fue absorbida por un consorcio centroamericano.

El convenio también incluye la construcción de un complejo de silos y molinos para el almacenamiento y procesamiento de granos.

La escuela es uno de los 72 centros públicos beneficiados por el Programa de Apoyo a la Educación en Nicaragua (Prosen), que financia la Unión Europea (UE) con más de 34 millones de dólares y que ejecuta el gobierno sandinista.

“Con este proyecto estaremos mejorando la educación a 320 mil niños en Nicaragua”, afirmó el embajador de la UE en Nicaragua, Panamá y el Sistema de Integración Centroamericano, Kenny Bell, durante una visita a la comunidad, a la que se accede navegando en bote por el río San Juan.

El proyecto europeo busca mejorar las condiciones físicas de las escuelas y la calidad de la enseñanza en zonas pobres de Nicaragua. La escuela de Santa Rosa acoge a 211 alumnos que antes estudiaban en un maltrecho y pequeño colegio que se anegaba cuando llovía, así como en las casas de algunos aldeanos que cedían un espacio para impartir clases.

Ahora los estudiantes se sienten mejor, cuenta la maestra de lengua y literatura Keiling Velázquez, de 24 años. El centro cuenta con un salón preescolar, cuatro grandes aulas de clase para primaria y secundaria, una cocina, una oficina para maestros, la dirección, un amplio patio, un pequeño parque con juegos para los niños y un panel solar de energía.

Botes cargados de cemento, bloques, piedras y herramientas pasaron meses trasladando los materiales de construcción hasta la comunidad, ubicada a más de 300 km al sureste de Managua, donde tener una escuela nueva era como un sueño para los nativos. A nivel nacional la cooperación europea ha permitido mejorar 72 escuelas nicaragüenses.

La obra “pone en alto riesgo la calidad de las aguas de la laguna de Asososca y el abastecimiento de 60 mil 330 personas”, indicó.

Las autoridades capitalinas construyeron entre 2010 y 2015 una obra de drenaje pluvial que descarga agua en un depósito ubicado a 200 metros de Asososca.

Los estudios encontraron filtraciones de agroquímicos y residuos hacia la laguna, subrayó el director del Centro Humboldt, Víctor Campos.

Asososca se usa desde 1934 para abastecer de agua potable a más de 10% de los capitalinos.

Los botes zarpan por la noche al mando de algún cazador nativo de reptiles, como Mauricio Reyes, de 22 años, experto en atrapar caimanes en el San Juan, que nace en el lago Cocibolca y desemboca en el mar Caribe, bordeando la frontera costarricense.

“Salimos tres o cuatro veces a la semana por la noche y normalmente siempre atrapamos uno o dos lagartos o caimanes”, cuenta Reyes, quien no teme a estas peligrosas hazañas con las que distrae a los turistas y gana dinero.

Un poco más de 20 personas abordan la lancha que se abre camino lentamente en medio de la oscuridad sobre las cálidas aguas del río, en cuyas márgenes crece una espesa vegetación.

El verde de las riberas se ilumina cuando uno de los excursionistas enciende su linterna para tratar de divisar a los caimanes que se ocultan en pantanos o bajo las tupidas ramas de los árboles.

“Cuando estoy cerca, lo alumbro con la lámpara” y luego “le caigo [encima]”, dice el joven, que esa noche, sin embargo, no logró capturar ninguna de estas especies de cocodrilos que abundan en los trópicos de América.

Lo que pasa es que se mantienen en lugares “donde uno no los pueda atrapar”, argumenta frustrado el cazador, mientras los turistas aceptan resignados regresar a un puerto seguro tras pasar más de hora y media navegando por el río.

Durante el camino de regreso, un pez sábalo real salta del agua haciendo un fuerte ruido cerca del bote, asustando a algunos pasajeros, mientras otros aseguran haber visto el lomo de un lagarto.

El río San Juan, reconocido por la Unesco como una reserva de la biosfera, abarca 7 mil 600 km2 en el sureste de Nicaragua y cobija varias áreas protegidas, como la reserva biológica de Indio Maíz, en cuyos bosques viven animales en peligro de extinción como el jaguar, el delfín y el águila arpía.

En torno al río, de 200 km de largo, prospera una selva con especies de árboles como cedro macho, caoba y cedro real, que los campesinos usan para construir sus rústicas chozas, así como la frondosa teca de la India -la reina de las maderas- que ya se reproduce en la selva nicaragüense.

Nicaragua ha dejado de exportar a Honduras, desde 2010, entre 4 mil y 5 mil toneladas de carne bovina anuales, valoradas en 25 millones de dólares.

Centroamérica es uno de los mercados tradicionales de la carne bovina nicaragüense, que compra 30% de sus ventas totales, pero han surgido restricciones en Costa Rica, Guatemala y Panamá, además de Honduras, según los gremialistas.

En Panamá la exportación está sujeta a una cuota, según un convenio antes del ingreso de ese país al Sistema de Integración Centroamericano.

“Nos preocupa como sector esta alerta, porque Estados Unidos es el principal mercado turístico del país”, dijo a la AFP la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti. EU alertó a sus ciudadanos la existencia de un mayor escrutinio gubernamental de las actividades de los extranjeros en Nicaragua debido a las elecciones presidenciales de noviembre.

Mensajes de este tipo pueden tener un impacto en la imagen de Nicaragua, sobre todo ahora que Cuba entró a competir en el mercado turístico como resultado del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos , dijo Valenti. El turismo generó el año pasado 528 millones de dólares, 19% más que en 2014, superando los principales rubros de exportación de Nicaragua.

Eletrobras dijo en un comunicado que las acciones fueron vendidas por un valor de 44.2 millones de dólares a la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y a la privada Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte).

Disnorte es propiedad de una empresa española en la que el Estado nicaragüense detenta 16% de las acciones, de acuerdo con informes publicados en 2013.

Eletrobras poseía 45% de las acciones de CHN, mientras otro 45% es de la brasileña Queiroz Galvão y 10% de Enel, dueña de la concesión de Tumarín, un proyecto valorado en mil 100 millones de dólares.

Las autoridades nicaragüenses no quisieron confirmar la compra de las acciones de Tumarín.

“Si se dio [la venta] es dentro del marco de lo que la ley permite [en cuanto a] que se pueden vender las acciones entre privados”, dijo el presidente del regulador Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo.

“Tumarín no ha muerto, ahí está y va a seguir”, agregó Castillo durante una rueda de prensa sobre la reducción de la tarifa eléctrica.

En tanto, el portavoz de CHN dijo que la empresa por “el momento no tiene ningún comentario a esa información”.

La represa Tumarín, uno de los mayores proyectos energéticos del Gobierno nicaragüense, sería construida sobre el río Grande, en el Caribe nicaragüense, y tendría una capacidad instalada de 253 megavatios.

El proyecto fue aplazado varias veces, siendo su última programación de inicio de 2014, con planes a concluirlo en 2019.

“En los últimos 10 años se han registrado casi 700 millones de dólares en proyectos de inversión en el sector minero, lo cual es sumamente positivo” para el país, afirmó el director de la estatal agencia de inversiones ProNicaragua, Javier Chamorro, durante el II Congreso Internacional de Minería en Managua.

“En el sector metálico los principales inversionistas son de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, Australia, México y en los no metálicos tenemos empresas mexicanas, suizas y españolas trabajando en productos para la construcción”, precisó.

Nicaragua tiene disponibles 71 mil km2 para el desarrollo de proyectos mineros, de los cuales 10 mil km2 ya están siendo explotados, mientras que mil 500 km2 son explorados por compañías nicaragüenses y extranjeras, puntualizó.

La producción de oro, que comenzó a levantar cabeza en 2007, ha generado entre 300 millones y 400 millones de dólares al año, convirtiéndose en el tercer rubro de exportación. Los yacimientos de oro y plata son manejados principalmente por la empresa Hemco, de capital colombiano y la canadiense B2Gold.

El sector minero genera además 5 mil empleos directos -el doble de hace 10 años- con salarios de 600 dólares promedio, cuatro veces el salario mínimo, destaca por su lado una encuesta de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

La investigación, presentada por el director de Funides, Juan Chamorro, revela que la situación económica de las familias de trabajadores mineros es mucho mejor que la de los hogares de otros sectores que dependen de la agricultura y del pequeño comercio.

Los hogares mineros “están definitivamente arriba del nivel de pobreza”, dijo el director de Funides.

Ante el auge de la minería, el Gobierno propuso en junio pasado al congreso crear mediante una iniciativa de ley, la estatal Empresa Nicaragüense de Minas.

El proyecto permitirá a la empresa estatal tener una participación accionaria mínima del 10% en todas las compañías mineras que operan en el país.

Los proyectos están dirigidos a mejorar la infraestructura productiva y social, facilitar el comercio y ampliar las redes de generación y distribución de energía eléctrica, acotó el Gobierno.

De acuerdo con el informe, el Estado ya tiene asegurado un financiamiento de mil 384 millones de dólares para 10 proyectos y gestiona 882 millones de dólares más para otros tres programas que serían ejecutados en el período 2017-2021. Entre las obras se encuentra la ampliación y modernización del aeropuerto internacional de Managua y la creación de una línea aérea nacional con préstamos de 133 millones y 49 millones de dólares, respectivamente, aprobados por Rusia.

Nicaragua también prevé mejorar el acceso a internet con un programa de banda ancha, mediante un crédito de 107 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y Corea del Sur.

En su misión oficial en España, Arce mantuvo encuentros con funcionarios de gobierno y de la empresa privada, según un comunicado de la Presidencia.

Arce tuvo un “intercambio informativo sobre la situación política y económica” del país con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y de la Cámara Baja del Parlamento José Bono, indica la nota.

También se encontrará con el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz. La visita de Arce se produce en momentos en que congresistas de Estados Unidos promueven una ley que condiciona el acceso de Nicaragua a créditos de organismos financieros internacionales a que el país celebre elecciones transparentes y observadas el 6 de noviembre.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) demandó ayer a Nicaragua desechar el proyecto de canal interoceánico por los “graves” daños que causaría a más de 100 mil campesinos, a bosques y al mayor lago de Centroamérica.

El organismo exhortó a Nicaragua a “renunciar al proyecto del canal interoceánico” y a obras anexas previstas en la concesión, en un informe presentado en Managua sobre “el grave impacto en los derechos humanos” que provocaría la vía trasatlántica.

El Gobierno de Nicaragua concedió a la empresa china HKND el derecho de construir un canal interoceánico de 270 kilómetros de extensión por el sur del país, con un valor de al menos 50 mil millones de dólares.

La iniciativa despertó consternación entre ambientalistas por la destrucción de bosques y la posible destrucción del lago Cocibolca, conocido también como el Gran Lago de Nicaragua, además del desplazamiento de pobladores a lo largo de su ruta.

La FIDH, que tiene sede en París y representa a 180 organizaciones de derechos humanos del mundo, recomendó a Managua derogar la Ley 840 para el desarrollo del canal, aprobada el 13 de junio de 2013 sin contar con estudios de factibilidad.

Llamó la atención sobre la represión policial contra los campesinos que han protestado contra el canal los últimos dos años y urgió a “cesar la militarización” en las comunidades afectadas por el proyecto.

La AFP intentó obtener una reacción de las autoridades nicaragüenses al informe, pero no obtuvo respuesta.

El informe de 60 páginas denuncia además la persecución, amenazas y allanamientos de propiedades de líderes de las protestas, quienes han sido tildados por el Gobierno como “enemigos del desarrollo”.

El informe fue elaborado por la FIDH con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que forma parte de la federación, con base en un análisis jurídico de la concesión y el testimonio de 131 campesinos radicados en la proyectada ruta canalera.

AFECTACIONES

El documento expone “las numerosas violaciones de derechos humanos que podrían resultar” de la polémica licencia que el presidente Daniel Ortega entregó en 2013 al consorcio Hong Kong Nicaragua Development Investment (HKND) del inversionista chino Wang Jin por un plazo de 50 años, renovable por otros 50.

El proyecto, que buscaría competir con el Canal de Panamá, pasaría por el lago Cocibolca, que abastece de agua a 80 mil nicaragüenses del sur del país.

Las obras arrasarían con 193 mil hectáreas de bosques y al menos siete reservas, entre ellas la biósfera de Ometepe, la isla lacustre más grande del mundo, indica el documento.

De acuerdo con el informe, el régimen jurídico del canal vulnera cuatro tratados internacionales, ocho leyes nicaragüenses y “deroga toda norma que se le oponga, adoptando indebidamente un rango supraconstitucional”, advirtió la FIDH.

Esta concesión “es un cheque en blanco para el inversionista” chino, porque “le permite desarrollar o negociar con una amplia gama de proyectos en condiciones excepcionalmente favorables”, agregó.

Tendrá asimismo “derechos exclusivos y transferibles” para ocupar propiedades y acceder a todas las fuentes hídricas que necesite para ejecutar las obras, sin pagar contraprestación al Estado, según la FIDH.

“Se han encontrado graves deficiencias” en la concesión para “facilitar un mega acaparamiento” de 2 mil 900 kilómetros de tierra que serían expropiadas a precios irrisorios, dejando en “grave indefensión” a miles de campesinos e indígenas, alertó el organismo.

Calculó que unas 119 mil personas serían desalojadas de sus tierras por el canal, muy por encima de las 27 mil apuntadas por HKND.

La FIDH recriminó la indiferencia oficial ante las numerosas acciones legales que fueron presentadas por las comunidades afectadas para suspender la concesión, entre ellas la presentación de 28 mil firmas ciudadanas al Congreso.

Para la FIDH también es necesario “dilucidar si China estaría detrás del inversionista” Wang, puesto que “las entidades que han intervenido en la preparación para la construcción del canal son empresas chinas estatales”.

China debería “abstenerse de contribuir a través de sus empresas estatales a una concesión tan lesiva para los intereses de Nicaragua y el medio ambiente”, estimó la FIDH.

El informe recoge un estudio de la consultora nicaragüense Mónica López, que demuestra “la existencia de una red de más de 15 sociedades mercantiles” vinculadas al proyecto registradas en Nicaragua , Islas Caimán, Holanda, Hong Kong y Pekín.

Estos estudios todavía están en curso, pero HKND tiene la intención de proveer al público la información adicional sobre los resultados de estas actividades y estudios poquito a poco, según una nota de la firma enviada a la prensa.

El anuncio de la concesionaria HK Nicaragua Development Invesment (HKND) responde a una declaración de Estados Unidos en la que expresó preocupación por la falta de transparencia e información sobre los estudios ambientales, de factibilidad y social del proyecto.

Grupos de ambientalistas y la sociedad civil han advertido de la falta de estos estudios y de los riesgos para el país, pero según HKND estarían finalizados en marzo o abril de este año.

HKND mencionó que ha hecho esfuerzos para informar al público a medida que avanzan los planes del megacanal, tales como la descripción del proyecto, el mapa de la ruta a seguir y el informe sobre las carreteras de acceso temporal, anunciadas el 22 de diciembre.

La concesionaria también declaró su compromiso de promover procesos de ofertas competitivas y compatibles con las practicas internacionales para cada fase de trabajo e incluir mano de obra calificada nicaragüense, así como firmas regionales e internacionales.

La empresa explicó que en las obras preparatorias para la construcción del canal participan compañías chinas y nicaragüenses, pero las obras sustanciales del proyecto serán ofertadas a empresas regionales e internacionales mediante un proceso “imparcial”.

“Está la plata, no es que se va a quedar a medio palo (empezar sin terminar). Es un flujo (de fondos) que se va (a desembolsar) en cinco años” a medida que avance el proyecto, declaró el portavoz de la Comisión Nacional del Canal Interoceánico, Telémaco Talavera.

La construcción de la vía interoceánica, de 278 km de longitud y hasta 500 metros de ancho -tres veces más grande que la de Panamá- se prolongará hasta 2019 y constará de subproyectos como un aeropuerto, dos puertos, una zona franca y complejos turísticos y habitacionales.

Talavera explicó que hay dos tipos de inversión, la de las obras propias del canal y la de instalación de empresas proveedoras de material -como fábricas de cemento o acero- o prestadoras de servicios.

Las obras preparatorias del megaproyecto -carreteras de acceso- fueron inauguradas el 22 de diciembre por el presidente Daniel Ortega y el empresario chino Wang Jing, dueño de HK Nicaragua Development Invesment (HKND), a la que el Gobierno otorgó en 2013 la concesión para construirlo y operarlo por 50 años, prorrogable por otro período igual.

La cifra de 50 mil millones de dólares que cuesta el canal -cinco veces el PIB del país- “es bastante plata para Nicaragua, pero no para el mundo”, que tiene interés en una obra de esta magnitud, sostuvo.

“Hay un desborde de empresarios” de países europeos, de Estados Unidos y de Asia que están interesados y están llegando a Nicaragua para recibir información de las autoridades, apuntó Talavera.

Los aspectos financieros del proyecto son manejados con discreción tanto por el Gobierno como por Wang. El magnate ha dicho que “es normal en cualquier negociación comercial” no revelar el nombre de los socios.

Los panameños, que inicialmente no daban crédito a la vía por Nicaragua, ahora “están convencidos de que el canal va para adelante”, subrayó Talavera, quien señaló que las obras de construcción de la vía arrancarán en 2016.

Pero además, añadió, “están claros que será complementario y que va a dinamizar el comercio”, porque permitirá el paso de buques de hasta 23 mil contenedores, en tanto que con la ampliación del Canal de Panamá se prevé que podrán pasar a partir de 2016 embarcaciones de hasta 14 mil contenedores.

En contraste con lo que dice Talavera, la postura de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha sido concentrarse en su ampliación.

“Con 100 años de operaciones, el Canal de Panamá ofrece ventajas competitivas que se apoyan en un servicio eficiente y otras actividades conexas que brinda la ruta por Panamá y las cuales le añaden valor. Esas ventajas serán consolidadas con la ampliación que aumentará la capacidad del Canal para atender la demanda del comercio marítimo mundial”.

Además, no han faltado las voces que extraoficialmente señalen de la poca viabilidad del proyecto nicaragüense desde el punto de vista económico

Talavera, sin embargo, precisa que el proyecto “está avanzando con la construcción de los caminos para el acceso de la maquinaria pesada; está finalizando el diseño de la obra y los ajustes dentro de la propia ruta y completando el estudio ambiental y social para luego pasar a las licitaciones”.

Organismos ambientalistas nicaragüenses han advertido que el proyecto no es viable ambientalmente y que es un riesgo para la conservación de la biodiversidad y recursos naturales como el lago Cocibolca, segunda fuente de agua dulce de América Latina después del Titicaca. Pero Talavera comentó que el estudio ambiental de la obra se encuentra en la etapa final de procesamiento y estará terminado en abril.

“Son cientos de miles de datos de suelos, agua, aire, ruido, biodiversidad. Si el estudio de impacto ambiental indica que (el canal) no es viable, (entonces) no hay canal”, aseguró.

El proyecto enfrenta también la oposición de algunas comunidades de campesinos e indígenas que serán afectadas por la construcción del mismo.

Unas 28 mil personas que viven en puntos de la ruta serán desarraigadas de sus comunidades. “Hay que hacer una negociación en cada caso sobre la propiedad ya sea por pago o permuta. Comprendo la situación de las protestas, es un derecho que tiene la gente (...) sería raro que no hubiera incertidumbre”, comentó el funcionario.

Con información de La Prensa

La nueva ley establece el matrimonio o unión de hecho estable solo “entre un hombre y una mujer” de la que se derivan otros derechos conexos con relación a la familia, tales como la adopción o tutela de menores.

La norma es explícita al señalar que la adopción de niños solo es permitida a parejas nacionales o extranjeras formadas por un hombre y una mujer.

El Código de la Familia, aprobado por el parlamento en junio de 2014, reúne en una sola ley todas las normas relativas a la mujer, la niñez, personas de la tercera edad y juventud que en los últimos años se han dictado.

La comunidad de homosexuales reaccionó en contra de la nueva normativa. “Sentimos que somos excluidos de las leyes” como “familias diversas”, dijo el dirigente del Movimiento de la Diversidad Sexual, Marvin Mayorga. La nueva legislación incluye la violencia doméstica en todas sus manifestaciones como delito perseguible penalmente.

Según un informe de cooperación externa del Banco Central de Nicaragua (BCN), la ayuda petrolera bajó de 559 a 435 millones de dólares entre el 2013 y el 2014. La caída fue en gran parte por los menores volúmenes de hidrocarburos internados procedentes de Venezuela, así como por la reducción en los precios del petróleo contratado.

De los 435 millones de dólares que Nicaragua recibió el año pasado en préstamos de Petróleos de Venezuela S.A (PVDSA), el 62% fue invertido en el sector energético, comercial, industrial y productivo y el resto a obras sociales, indica el informe.

Los fondos de cooperación son manejados por el gobierno fuera de presupuesto a través de una empresa de capital nicaragüense y venezolano llamada Albanisa que se creó hace ocho años para canalizar la importación de petróleo de Venezuela.

Nicaragua acordó en 2007 comprar cerca de 10 millones de barriles de petróleo al año a Venezuela, 50% de los cuales son pagados en los 90 días posteriores a la importación, mientras que el resto es financiado por PVDSA para que sea cancelado en 25 años, a un interés de 2% anual. La concesión permite a Nicaragua invertir 50% de las ganancias que obtiene de la venta interna del petróleo venezolano en programas contra la pobreza que afecta a 45% de la población.

“Hasta este momento se han contabilizado siete explosiones y un sismo cerca del volcán de magnitud 2.2” grados Richter, indicó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) en un comunicado.

Según el informe, el volcán, de mil 061 metros de altura, inició el jueves “una nueva fase de actividad consistiendo en explosiones leves y moderadas de gases y cenizas” que cayeron en las comunidades de Quebrachal, La Polvareda, La Joyas y Telica.

“Aunque la actividad sísmica sea baja actualmente en el volcán Telica, es probable que las explosiones continúen”, advirtió el Ineter, que vigila de cerca al coloso situado a 112 km al noroeste de Managua.

El Telica es uno de los volcanes más activos de la cordillera de los Maribios, y aproximadamente cada cinco años arroja nubes de arena y cenizas de poca intensidad.

Nicaragua es conocida como la tierra de lagos y volcanes. Los volcanes son considerados como una alternativa turística para sus visitantes. Todos los años son visitados por miles de turistas extranjeros.

Berjeaut tenía previsto llegar a Managua el lunes procedente de Costa Rica para participar el III foro Centroamérica Cuenta, inaugurado el martes con un homenaje al semanario francés, que en enero fue víctima de un mortal atentado en París. “No entendemos, estamos sorprendidos y por supuesto rechazamos este tipo de medidas contra un caricaturista de gran prestigio mundial que venía a enriquecer Centroamérica Cuenta con su participación”, lamentó Ramírez, premio Alfaguara 1998 por su novela Margarita, está linda la mar.

El escritor dijo que la Embajada de Francia en Nicaragua intentó sin éxito revertir la medida para que Jul pudiera asistir al encuentro, que reúne a 70 escritores de América y Europa. “Lamento la autorización del Gobierno para no dejarlo entrar a Nicaragua”, expresó el embajador francés en Managua, Antoine Joly, el martes durante el foro.

El presidente Daniel Ortega concretó el acuerdo con la empresa noruega en un encuentro la noche del jueves, indicó el portal oficial 19 de julio.

Los contratos fueron firmados por la estatal Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic), los representantes de la empresa noruega y aprobados por el mandatario. Los acuerdos facultan a la empresa noruega a explorar y explotar hidrocarburos en el Pacífico de Nicaragua en cuatro áreas con superficies de 3 mil 980, 3 mil 986, 3 mil 991 y 3 mil 998 kilómetros cuadrados. Statoil operará en alianza con Petronic, de conformidad con la ley de hidrocarburos.

El presidente Daniel Ortega concretó el acuerdo con la empresa noruega en un encuentro la noche del pasado jueves, indicó el portal oficial 19 de julio.

Los contratos fueron firmados por la estatal Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic), los representantes de la empresa noruega y aprobados por el mandatario.

Los acuerdos facultan a la empresa noruega a explorar y explotar hidrocarburos en el Pacífico de Nicaragua en cuatro áreas con superficies de 3 mil 980, 3 mil 986, 3 mil 991 y 3 mil 998 kilómetros cuadrados.

Statoil operará en alianza con Petronic, de conformidad con la ley de hidrocarburos que establece que el Estado de Nicaragua participará en las actividades petroleras que se realicen en su territorio a través de esa entidad.

“Es una concesión asociativa donde Statoil viene a ser el dueño del 85% y Nicaragua el 15%. Somos socios por primera vez en la historia de Nicaragua” de una empresa petrolera, declaró a medios oficiales el presidente de Petronic, Francisco López.

Por su parte, el representante legal de la compañía noruega, Nicholas Maden, precisó que la fase de exploración se realizará en tres etapas que durarán seis años a partir de 2015.

“Solo para la primera fase tenemos una inversión de alrededor de 20 millones de dólares”, dijo Maden a medios oficiales.

El Gobierno no precisó el período de explotación concedido, el cual, según la ley en la materia, puede extenderse por 30 años.

Statoil opera en más de 30 países del mundo, entre ellos Venezuela y Brasil, informó el Gobierno nicaragüense en su sitio web.

En el lago habrá dos áreas donde se crearán dos grandes islas con paredes de roca y el material extraído del fondo del lago será depositado en esos sitios, reveló el asesor principal de HKND, el australiano Bill Wild.

Según el asesor, en el lago usarán un sistema de succión con tubos gigantes que absorben la sedimentación como aspiradora para que el material extraído no se suelte dentro del lago.

Los trabajos de excavación del canal se iniciarán a finales de este año, según los planes anunciados por la firma en diciembre pasado. Wild informó que no se puede decir todavía si el proyecto tendrá un impacto adverso en el río San Juan, que conecta con el Cocibolca, al este de la frontera con Costa Rica (CR).

“¿Qué va a pasar si en la ruta hay que hacer expropiaciones y cómo van a hacerlas? Porque tenemos estadounidenses que tienen propiedades alrededor de la ruta”, dijo Powers en una entrevista publicada ayer lunes en la revista Confidencial.

Powers no precisó cuántos estadounidenses viven en la zona del proyecto, en la que, según estimaciones de la concesionaria china HKND, se expropiarán a unas 7 mil familias nicaragüenses (unas 30 mil personas).

Nicaragua concedió en junio de 2013 al grupo HK Nicaragua Development Invesment (HKND), con sede en Hong Kong, los derechos para construir y operar un canal por un período de 50 años prorrogables por un plazo similar, con una inversión de 50 mil millones de dólares.

La embajadora dijo que para su gobierno es difícil opinar sobre este proyecto sin conocer los estudios de factibilidad, de impacto social y ambiental. “Es difícil opinar sobre la realidad de un canal. Un proyecto de infraestructura de este tamaño podría ser bueno para el país, pero sin saber todo eso no podemos opinar, porque no tenemos toda la información”, subrayó.

La diplomática restó importancia a versiones de prensa que apuntan a una posible participación del Gobierno de China en el megaproyecto nicaragüense.

“La competencia en el comercio es algo bueno y no tenemos preocupación sobre quién está interesado y quién no, o quiénes están participando, porque así es el libre comercio”, aseguró.

La iniciativa persigue superar los obstáculos al comercio que existen en los puestos aduaneros y reducir los trámites que estén de más, en consenso con los Gobiernos de la región, dijo el presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE), el nicaragüense José Aguerri.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, prevé además capacitar a 250 funcionarios de los sectores público y privado en técnicas de mejoramiento y agilización de los trámites fronterizos.

La idea es facilitar el tránsito de mercaderías en los puestos fronterizos para que Centroamérica sea una región más competitiva, explicó el representante de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Chamorro, quien participa en el proyecto. Dijo que en los puestos aduaneros de la región existen atrasos en algunos casos de hasta 12 horas, a excepción de Guatemala y Honduras, que recientemente implementaron un acuerdo de unión aduanera que ha contribuido a agilizar el comercio.

HKND está totalmente consciente de las problemáticas del lago y de la preocupación de la gente pero cree que se pueden manejar con éxito todos los riesgos, indica un resumen del estudio de impacto ambiental que HKND distribuyó.

El estudio, elaborado por la consultora británica Environmental Resources Management (ERM), fue divulgado esta semana, tres meses después que HKND lo entregara al Gobierno nicaragüense.

Desde el punto de vista técnico el estudio establece que el proyecto es factible, afirmó el asesor principal del proyecto del Canal, el australiano Bill Wild.

Ambientalistas han alertado sobre la posibilidad de un desastre ambiental si se usa el lago para un canal pero no habían reaccionado aún al informe de la ERM.

La china HK Nicaragua Development Investment (HKND) obtuvo en 2013 derechos exclusivos para construir y operar un canal de 278 kilómetros de largo en Nicaragua por 50 años, prorrogables por igual lapso.

El estudio modifica levemente la ruta original del canal que unirá al Pacífico y Atlántico de Nicaragua pasando por el Cocibolca, un espejo de agua de 8,264 km2 que alberga un archipiélago, 2 islas y 400 islotes.

Se trata de un trabajo “que comprende el componente de Lidar (detección y medición de distancias por luz) del estudio aéreo sobre la ruta propuesta del Gran Canal de Nicaragua”, indicó HK Nicaragua Development Invesment (HKND) en un comunicado.

“El sondeo Lidar usará una aeronave especializada que volará a 3 mil pies de altura sobre la tierra”, precisó HKND, que en 2013 obtuvo la concesión para construir una ruta transatlántica en Nicaragua, tres veces más larga que la de Panamá.

El sondeo fue aprobado por el Gobierno de Nicaragua y será dirigido por “una de las empresas contratadas por la consultora CSA Global”, dijo la compañía china, sin precisar el nombre de la firma ni la fecha de inicio de los trabajos. HKND informó que los estudios geológicos y sísmicos que la consultora CSA Global de Australia realizaba desde mediados de septiembre sobre el proyecto fueron suspendidos debido a que el avión que conducía la investigación se derrumbó el 2 de octubre, causando la muerte del piloto canadiense Grant Atkinson.

La consultora británica Environmental Resources Management (ERM), contratada por HKND para realizar los análisis de impacto social y ambiental del canal nicaragüense, determinó que el proyecto tendrá severas consecuencias sobre el medio ambiente, pero que si se desarrolla adecuadamente podría ser positivo para el país. “Si las medidas de mitigación no se implementan es probable que los impactos sean significativamente peores”, advirtió la firma británica.

ERM señaló que antes de iniciar la excavación del canal es necesario hacer estudios adicionales geotécnicos y sísmicos detallados, debido a la vulnerabilidad sísmica del Pacífico sur de Nicaragua, por donde pasará la ruta, según el documento divulgado por HKND.

ERM sugirió, además, profundizar los estudios de prospección tipográfica, hídricos y de sedimentos del lago Cocibolca, la mayor fuente de agua dulce de la región.

“Este proyecto en su desarrollo depende de que se concluyan” esos análisis, porque “mientras un estudio ambiental no esté concluido sencillamente no se puede iniciar una obra”, agregó el mandatario.

inicio parcial

HKND inició la construcción de las vías accesorias al canal en diciembre pasado en el Pacífico sur de Nicaragua, y planeaba comenzar los trabajos de excavación en los primeros meses del 2016.

La consultora británica Environmental Resources Management (ERM) que realizó los estudios de impacto social y ambiental para HKND determinó que el proyecto tendrá serias consecuencias sobre el medio ambiente, pero que si se desarrolla adecuadamente podría ser positivo para el país.

La firma recomendó hacer estudios adicionales geotécnicos, sísmicos, hídricos en la zona del proyecto antes de iniciar la excavación del canal, que HKND anunció estaría listo en 2020.

El estudio “tiene que dar la seguridad que esa gran obra trae inmensos beneficios para todo el país”, dijo Ortega.

El Gobierno de Nicaragua otorgó en 2013 a HK Nicaragua Development Invesment (HKND) la concesión para construir un canal en Nicaragua tres veces más largo que el de Panamá, con una inversión de 50 mil millones de dólares. HKND planea abrir el canal interoceánico a través del lago Cocibolca, la mayor fuente de agua dulce de la región.

Según el informe, $3,396 millones corresponden a préstamos otorgados por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a Nicaragua; $775 son inversiones dirigidas a proyectos de desarrollo, principalmente de energía, mientras que el resto son donaciones. Son “créditos concesionales a 25 años de plazo, incluyendo 2 años de gracia y una tasa de interés del 2% anual” que son pagados por el sector privado de Nicaragua, señala un informe sobre cooperación oficial externa del primer semestre del 2015 publicado por el Banco Central.

Venezuela es el principal cooperante del sector público y privado de Nicaragua, seguido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, entre otros, destacó la entidad. Los fondos de la cooperación venezolana son manejados por una empresa privada llamada Albanisa que se creó hace ocho años para canalizar la importación de petróleo de Venezuela.

Nos preocupa el efecto que (el anuncio) pueda tener en los mercados internacionales, declaró a la prensa el presidente de la Federación Nicaragüense de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), Salvador Castillo.

No obstante, descartó que la declaración de la OMS perjudique el comercio interno del producto debido a que el consumo per cápita de carne bovina es de apenas siete kilos por año, debido a los bajos ingresos de los nicaragüenses.

Mientras haya carne la vamos a seguir consumiendo, pero sí hay que tener cuidado con los embutidos porque este producto lleva muchos aditivos, como preservantes, dijo Castillo.

Nicaragua exportó el año pasado 456 millones de dólares en carne bovina, superando al café, que ha encabezado siempre sus ventas al exterior, según datos oficiales.

“Necesitamos un nuevo Consejo Supremo Electoral para poder llevar a cabo” los comicios, exigió en rueda de prensa Xiomara Paniagua, presidenta del organismo.

EyT propone efectuar las reformas electorales como parte de un proyecto que el parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista (FSLN), pretende aprobar este año.

El proyecto no ha sido presentado al legislativo y se desconocen las reformas que pretende hacer el oficialismo, aunque EyT pidió ser tomado en cuenta en el proceso de consultas.

EyT, que ha supervisado 10 elecciones nicaragüenses desde 1996, dijo que podría ayudar a realizar un “proceso electoral libre, justo y correcto” en 2021.

El CSE está integrado por 10 magistrados afines al partido de Ortega, un exguerrillero que retornó al gobierno en 2007 y se reeligió en 2011 y 2016 en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.

El director de EyT, Roberto Courtney, dijo que las reformas deben incluir la despartidización del CSE, el aseguramiento de observación y el acceso a la información para que el proceso sea transparente.

“El Ejército, en las operaciones que realizó en octubre (contra narcotraficantes), no ha instalado minas en ese sector, sí puede haber explosivos ahí (...) dejados por elementos del crimen organizado”, aseguró el jefe de las fuerzas armadas, el general Julio César Avilés.

Avilés hizo la declaración al término de un acto oficial, después de que Costa Rica anunciara que enviará zapadores a la zona para verificar si Nicaragua ha instalado minas.

“No hemos minado nada. Ellos (Costa Rica) deben estar claros de eso”, enfatizó Avilés tras recordar que Nicaragua concluyó el año pasado su programa nacional de desminado humanitario.

“Quiero alertar a Costa Rica que cuando hicimos la operación del 1 al 5 de octubre ahí encontramos armas, municiones, granadas, explosivos, medios de comunicación, medios satelitales, cinco lanchas. Y desmantelamos ahí (una red del narcotráfico), además de la captura de (seis) hondureños”, mencionó el jefe militar.

Después de esa operación, en los patrullajes que siguieron “seguíamos encontrando municiones y explosivos en esa zona”, añadió Avilés, quien responsabilizó de esto a supuestos cabecillas del narcotráfico a los que identificó con los apellidos Reyes-Reyes y Aragón Reyes, que huyeron a Costa Rica.

“Esos sí pudieron haber dejado explosivos ahí, entonces, en todo caso sí hay que tener cuidado”, sostuvo el militar.

Avilés también afirmó que “no tenemos presencia” de soldados en Harbour Head, que Costa Rica llama isla Portillo, y que eso le fue informado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) durante las audiencias efectuadas antes que dictara la resolución el pasado 8 de marzo.

La CIJ ordenó el miércoles a ambos países retirar todo el personal militar, policial o civil que pudieran tener en la zona.

“El Ejército, en las operaciones que realizó en octubre (contra narcotraficantes), no ha instalado minas en ese sector, sí puede haber explosivos ahí (...) dejados por elementos del crimen organizado”, aseguró el jefe de las fuerzas armadas, el general Julio César Avilés.

Avilés hizo la declaración al término de un acto oficial, después de que Costa Rica anunciara que enviará zapadores a la zona para verificar si Nicaragua ha instalado minas.

“No hemos minado nada. Ellos (Costa Rica) deben estar claros de eso”, enfatizó Avilés tras recordar que Nicaragua concluyó el año pasado su programa nacional de desminado humanitario.

“Quiero alertar a Costa Rica que cuando hicimos la operación del 1 al 5 de octubre ahí encontramos armas, municiones, granadas, explosivos, medios de comunicación, medios satelitales, cinco lanchas. Y desmantelamos ahí (una red del narcotráfico), además de la captura de (seis) hondureños”, mencionó el jefe militar.

Después de esa operación, en los patrullajes que siguieron “seguíamos encontrando municiones y explosivos en esa zona”, añadió Avilés, quien responsabilizó de esto a supuestos cabecillas del narcotráfico a los que identificó con los apellidos Reyes-Reyes y Aragón Reyes, que huyeron a Costa Rica.

“Esos sí pudieron haber dejado explosivos ahí, entonces, en todo caso sí hay que tener cuidado”, sostuvo el militar.

Avilés también afirmó que “no tenemos presencia” de soldados en Harbour Head, que Costa Rica llama isla Portillo, y que eso le fue informado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) durante las audiencias efectuadas antes que dictara la resolución el pasado 8 de marzo.

La CIJ ordenó el miércoles a ambos países retirar todo el personal militar, policial o civil que pudieran tener en la zona.

Los choques ocurrieron cuando cientos de opositores que protestaban contra Ortega rompieron el cerco de seguridad que la policía colocó sobre la carretera a Masaya, en el sur de la capital, para impedirles que marcharan al centro de Managua, donde se desarrollaba una manifestación oficialista.

“De aquí no van a pasar”, advirtió el subdirector de la policía, Horacio Rocha, a los manifestantes de la oposición que trataron de abrirse paso desde la rotonda de la Centroamérica hacia la plaza de las Victorias, donde tenían previsto concentrarse para marchar hasta el tribunal electoral.

Los manifestantes desafiaron la orden policial y avanzaron tras romper dos vallas de seguridad, en las que una docena de opositores fueron golpeados, arrastrados por el piso y esposados por los policías, observaron periodistas de la AFP.

Cuatro agentes resultaron heridos con pedradas, según la policía. “Ortega nos tiene miedo”; “Democracia sí, dictadura no”, “El pueblo unido jamás será vencido”, “Todos contra la reelección y el fraude”; “Nicaragua es tiempo de cambio”, gritaban los opositores frente a unos 200 policías.

En tanto, a menos de un kilómetro del lugar, miles de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Nicaragua marchaban sin incidentes hasta el centro para respaldar a Ortega.

“Daniel presidente 2011”, decía una de las pancartas que llevaban los partidarios del gobierno que participaron en la denominada “Caminata y festival Nicaragua amor, paz y vida”, que culminó en la céntrica plaza de las Victorias con un masivo acto proselitista y cultural.

El oficialismo convocó a sus seguidores para disuadir a los opositores, que llevan dos años con temor a manifestarse debido a las agresiones que han sufrido por parte de los grupos de choque sandinistas.

La policía había exigido a los grupos cívicos contrarios a Ortega que cambiaran la ruta de su protesta, para no alterar la actividad de los sandinistas, argumentando que éstos habían solicitado permiso antes que la oposición, algo que esta última niega.

Representantes de la Iglesia, empresarios y grupos de derechos humanos intentaron, sin éxito, convencer a Ortega para que cambiase el lugar de su concentración para evitar actos de violencia. Ortega, quien lidera las encuestas frente a una oposición dividida, buscará un nuevo mandato en las elecciones.

REELECCIÓN. Sindicatos afines al gobernante Frente Sandinista de Nicaragua celebrarán el Día del Trabajador el próximo viernes, con una marcha en apoyo al presidente Daniel Ortega y a su proyecto de reelección en los comicios generales del próximo 6 de noviembre.

La marcha, que llevará como lema “Con el Frente, con Daniel tenemos trabajo y paz, viva el Primero de Mayo”, es organizada por el izquierdista Frente Nacional de los Trabajadores, que aglutina a las organizaciones laborales y gremiales del partido de gobierno.

Los opositores respaldarán “los esfuerzos para lograr una reforma electoral amplia, plural y de consenso nacional que permita la salida democrática a la crisis que vive Nicaragua”, señala una declaración, leída en rueda de prensa por la dirigente Violeta Granera.

Tales acciones incluyen una campaña para explicar la importancia de contar con un sistema electoral creíble para hacer cambios democráticos y resolver los problemas del país, dijo el líder opositor Félix Maradiaga.

La campaña es promovida por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que la semana pasada formaron una coalición para enfrentar al gobernante Frente Sandinista.

El actual sistema electoral de Nicaragua es controlado por aliados del presidente Daniel Ortega, según denuncias de la oposición y organismos internacionales.

Los cambios deben asegurar “la transparencia y garantías electorales que permitan una competencia en igualdad de condiciones”, dijo la coalición. También plantea prohibir la reelección presidencial para evitar que Ortega, en el poder desde 2007, se postule a un cuarto período sucesivo.

El representante empresarial Michael Levy dijo que la propuesta cuenta con el respaldo de ese sector.

El diputado sandinista Gustavo Porras, presidente del Parlamento, adelantó el pasado 9 de enero que este año se votará una reforma electoral para determinar quiénes pueden participar en los comicios. Afirmó que tal reforma tomará en cuenta las propuestas de los partidos constituidos legalmente, descartando debatir las propuestas de la coalición opositora.

“Nos estamos adaptando al cambio climático”, asegura a la AFP el apicultor Santos Flores en una finca en Estelí, en el norte. “Si trabajamos mejor a la abeja vamos a obtener mejores promedios de producción, aún con poca precipitación”.

La variabilidad del clima ha sido desfavorable este año para la producción de miel en Nicaragua, según productores, porque las pocas lluvias han incidido en la floración de las plantas -café, laurel, jobo, roble-, de donde las abejas extraen el néctar para la miel, según productores de este rubro.

Para enfrentar el fenómeno y obtener mejores beneficios a pesar de las circunstancias ambientales, Flores, de 31 años, decidió tecnificar sus conocimientos y poner en marcha una iniciativa de crianza de abejas reina.

El objetivo es acelerar el proceso productivo de la miel, que en 2019 dejó ingresos por 1.34 millones de dólares, 40% menos que en 2018 (2.69 millones de dólares), debido a una caída en el precio internacional de un 27% y a una merma en el volumen de ventas de un 19% en relación con el año anterior, según cifras del presidente de la Asociación de Productores y Exportadores (APEN), Guillermo Jacoby.

“Tenemos unas copas (celdas) especiales para criar a las abejas reinas; hacemos un traslarve, con una aguja especial, sacamos del panal una larva que debe tener entre 12 a 24 horas de haber eclosionado del huevo, que es la edad óptima” para la crianza, explica Flores.

“Nos estamos adaptando al cambio climático”, asegura a la AFP el apicultor Santos Flores en una finca en Estelí, en el norte. “Si trabajamos mejor a la abeja vamos a obtener mejores promedios de producción, aún con poca precipitación”.

La variabilidad del clima ha sido desfavorable este año para la producción de miel en Nicaragua, según productores, porque las pocas lluvias han incidido en la floración de las plantas -café, laurel, jobo, roble-, de donde las abejas extraen el néctar para la miel, según productores de este rubro.

Para enfrentar el fenómeno y obtener mejores beneficios a pesar de las circunstancias ambientales, Flores, de 31 años, decidió tecnificar sus conocimientos y poner en marcha una iniciativa de crianza de abejas reina.

El objetivo es acelerar el proceso productivo de la miel, que en 2019 dejó ingresos por 1.34 millones de dólares, 40% menos que en 2018 (2.69 millones), debido a una caída en el precio internacional de un 27% y a una merma en el volumen de ventas de un 19% en relación con el año anterior, según cifras dadas a la AFP por el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores (APEN), Guillermo Jacoby.

"Tenemos unas copas (celdas) especiales para criar a las abejas reinas; hacemos un traslarve, con una aguja especial, sacamos del panal una larva que debe tener entre 12 a 24 horas de haber eclosionado del huevo, que es la edad óptima" para la crianza, explica Flores.

Después de eso, el período de crianza toma 14 días y luego son introducidas en colmenas que han quedado sin reinas, donde "abejas nodrizas" las cuidarán y acompañarán en una celda especial por tres días más para completar su desarrollo hasta que hagan su "vuelo nupcial" -de apareamiento- y retornen a la colmena a poner huevos.

Si fuera el proceso natural, la colmena huérfana quedaría sin abeja reina unos 24 días, que es lo que tarda su desarrollo.

El proceso se acelera por tanto en alrededor de una semana, lo que puede ser bastante considerando que una abeja reina puede poner hasta 3,000 huevos en un día, de donde se reproducen las abejas recolectoras de la miel.

Con esta técnica la producción de miel "no se va a detener e implica que voy a incrementar mi producción en 40 kilos anuales" por colmena en un año, 10 kilos más que por métodos naturales, asegura Flores.

La Comisión Nacional Apícola de Nicaragua reporta entre 1,300 y 1,450 apicultores en el país y seis empresas exportadoras. El 85% son pequeños productores de miel.

Pero no todos los apicultores se dedican a la cría de abejas reina sino que "se van por el proceso natural", debido a que se requiere de tecnificación y financiamiento para hacerlo, agregó Flores.

La exportación de miel nicaragüense tiene como destino principal a Alemania, Estados Unidos y Taiwán.

Nicaragua exportó en 2018, según Cetrex, 546.8 toneladas de miel natural. Además de en Estelí, su producción está concentrada en los departamentos de Managua, León (oeste), Boaco (centro), Matagalpa y Jinotega (norte).

"HKND está estudiando modificaciones en el diseño del canal", indicó el vicepresidente de la empresa china, Kwok Wai Pang, en una entrevista publicada este lunes por el Nuevo Diario.Consultado por AFP, el portavoz de la gubernamental Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, dijo que "no puedo dar declaraciones ni opiniones (sobre las alteraciones) porque aún no me he reunido con ellos (HKND)".

Según Kwok, los ajustes buscan "evitar afectar el pueblo de El Tule", ubicado a orillas del río del mismo nombre por donde pasaría la ruta, en el sureño departamento de San Juan de Nicaragua, en respuesta a "las preocupaciones legítimas" de sus habitantes.

Dijo que también planean modificar la entrada del canal en la desembocadura del río Brito, en el Pacífico sur, para evitar daños en áreas ambientales sensibles.

Kwok indicó que los ajustes serán anunciados después que gobierno del presidente Daniel Ortega apruebe los estudios de impacto ambiental que la empresa china le entregó el pasado 1 de junio.

"Necesitamos esperar la aprobación del estudio de impacto ambiental y social y acordar en conjunto con el gobierno las medidas de mitigación antes de que proceder con el diseño final del canal", explicó.

Kwok no precisó si la nueva ruta evitará entrar al Lago Cocibolca, la fuente de agua dulce más grande de Centroamérica, cuya afectación ha sido muy críticada en Nicaragua.La empresa HK Nicaragua Development Invesment (HKND) obtuvo en 2013 una concesión para construir y operar el canal de 278 km de largo por un período de 50 años, prorrogable por un período similar.

Kwok ratificó que las obras costarán alrededor de 50 mil millones de dólares, pero mantuvo la negativa de identificar a los inversionistas porque aún no han firmado contrato.Informó además que cuando el gobierno lo autorice, comenzarán a negociar las expropiaciones con los campesinos que serán reasentados, a los que ofrecerán una casa y la oportunidad de trabajar en el proyecto, que empleará a 25 mil  nicaragüenses y 25 mil extranjeros.

HKND inauguró en diciembre pasado las obras del canal con la apertura de carreteras accesoras a la vía, cuya excavación comenzará a finales de este año, según los planes.HKND prometió concluir el canal para el 2020, como ruta complementaría al de Panamá

El Gobierno de Nicaragua excarceló ayer bajo un régimen de casa por cárcel a 91 opositores que se encontraban detenidos, entre ellos la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens, con la voluntad de trabajar por la “reconciliación” nacional.

“Hoy 30 de diciembre se han reintegrado a sus hogares bajo un régimen especial de convivencia familiar” de prisión domiciliaria 91 opositores nicaragüenses, anunció el Ministerio de Gobernación, que controla los penales, en un comunicado.

Las liberaciones fueron posibles gracias a las gestiones del papa Francisco, el nuncio apostólico en el país, Waldemar Stanislaw, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la estatal Procuraduría de Derechos Humanos, señala la nota.

Con esta medida, el gobierno del presidente Daniel Ortega busca “contribuir a la reconciliación”, subrayó la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, a medios oficiales, sin descalificar por primera vez en mucho tiempo a la oposición.

Esto “muestra el compromiso de este gobierno de avanzar alrededor de la convivencia”, agregó.

Entre los excarcelados están Coppens y otros 12 opositores que fueron detenidos el pasado 14 de noviembre por intentar auxiliar con agua a un grupo de mujeres que realizaba una huelga de hambre para exigir la liberación de todos los “presos políticos” en Nicaragua.

“Siento una mezcla de alegría de ver a mi familia y de rabia por ver cómo (mis dos hermanos) fueron agredidos hace unos días” por grupos armados durante una protesta pacífica, dijo Coppens, poco después de llegar a su ciudad natal de Estelí.

La joven calificó además de “infundados” los cargos de tráfico ilegal de armas que le imputó la Fiscalía junto a otros opositores por solidarizarse con las mujeres en ayuno.

Coppens, de 25 años, dijo que va a seguir exigiendo de manera cívica “libertad, justicia y democracia para Nicaragua”, pese a que ha sido encarcelada dos veces en los últimos dos años y grupos progubernamentales vigilan su casa de cerca.

La joven fue detenida por primera vez en septiembre de 2018 por participar en las protestas que estallaron en abril de ese año contra el gobierno de Ortega, en el poder desde hace casi 13 años y acusado de corrupción por parte de la oposición.

Según Coppens, quien en su segunda estadía pasó 46 días detenida en la temida cárcel policial El Chipote de Managua, en las prisiones hay “casos de torturas y maltrato” de opositores.

La oposición impulsa con fuerza desde hace varias semanas una campaña en favor de una “Navidad sin presos políticos”.

Hasta el 27 de diciembre había en las cárceles nicaragüenses 148 opositores detenidos, de acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

“Aún quedan hermanos en las celdas, el régimen debe liberar a todos los presos políticos”, demandó la opositora ACJD en un comunicado.

El director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, celebró en Twitter como “buenas noticias la liberación” de los presos políticos.

“Hoy celebramos mi salida de la cárcel, donde nunca debí haber estado por estar luchado por algo que es justo. ¡Viva Nicaragua libre!”, expresó a su vez la opositora María Ruiz.

“Se trata de un paso positivo para restituir la libertad plena de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas”, elogió la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Twitter.

OACNUDH alentó a Nicaragua “a seguir el camino del diálogo” para resolver la crisis y “colaborar” con ese esfuerzo.

“Hoy 30 de diciembre se han reintegrado a sus hogares bajo un régimen especial de convivencia familiar” de prisión domiciliaria 91 opositores nicaragüenses, anunció el Ministerio de Gobernación, que controla los penales, en un comunicado.

Las liberaciones fueron posibles gracias a las gestiones del papa Francisco, el nuncio apostólico en el país, Waldemar Stanislaw, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la estatal Procuraduría de Derechos Humanos, señala la nota.

Con esta medida, el gobierno del presidente Daniel Ortega busca “contribuir a la reconciliación”, subrayó la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, a medios oficiales, sin descalificar por primera vez en mucho tiempo a la oposición.

Esto “muestra el compromiso de este gobierno de avanzar alrededor de la convivencia”, agregó.

Entre los excarcelados están Coppens y otros 12 opositores que fueron detenidos el pasado 14 de noviembre por intentar auxiliar con agua a un grupo de mujeres que realizaba una huelga de hambre para exigir la liberación de todos los “presos políticos” en Nicaragua.

“Siento una mezcla de alegría de ver a mi familia y de rabia por ver cómo (mis dos hermanos) fueron agredidos hace unos días” por grupos armados durante una protesta pacífica, dijo Coppens, poco después de llegar a su ciudad natal de Estelí.

La joven calificó además de “infundados” los cargos de tráfico ilegal de armas que le imputó la Fiscalía junto a otros opositores por solidarizarse con las mujeres en ayuno.

Coppens, de 25 años, dijo que va a seguir exigiendo de manera cívica “libertad, justicia y democracia para Nicaragua”, pese a que ha sido encarcelada dos veces en los últimos dos años y grupos progubernamentales vigilan su casa de cerca.

La joven fue detenida por primera vez en septiembre de 2018 por participar en las protestas que estallaron en abril de ese año contra el gobierno de Ortega, en el poder desde hace casi 13 años y acusado de corrupción por parte de la oposición.

Según Coppens, quien en su segunda estadía pasó 46 días detenida en la temida cárcel policial El Chipote de Managua, en las prisiones hay “casos de torturas y maltrato” de opositores.

La oposición impulsa con fuerza desde hace varias semanas una campaña en favor de una “Navidad sin presos políticos”.

Hasta el 27 de diciembre había en las cárceles nicaragüenses 148 opositores detenidos, de acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

“Aún quedan hermanos en las celdas, el régimen debe liberar a todos los presos políticos”, demandó la opositora ACJD en un comunicado.

El director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, celebró en Twitter como “buenas noticias la liberación” de los presos políticos.

“Hoy celebramos mi salida de la cárcel, donde nunca debí haber estado por estar luchado por algo que es justo. ¡Viva Nicaragua libre!”, expresó a su vez la opositora María Ruiz.

“Se trata de un paso positivo para restituir la libertad plena de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas”, elogió la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Twitter.

OACNUDH alentó a Nicaragua “a seguir el camino del diálogo” para resolver la crisis y “colaborar” con ese esfuerzo.

"Hoy 30 de diciembre se han reintegrado a sus hogares bajo un régimen especial de convivencia familiar" de prisión domiciliaria 91 opositores nicaragüenses, anunció el Ministerio de Gobernación, que controla los penales, en un comunicado.

Las liberaciones fueron posibles gracias a las gestiones del papa Francisco, el nuncio apostólico en el país, Waldemar Stanislaw, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la estatal Procuraduría de Derechos Humanos, señala la nota.

Con esta medida, el gobierno del presidente Daniel Ortega busca "contribuir a la reconciliación", subrayó por su parte la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, a medios oficiales, sin descalificar por primera vez en mucho tiempo a la oposición.

Esto "muestra el compromiso de este gobierno de avanzar alrededor de la convivencia", agregó.

Entre los excarcelados están Coppens y otros 12 opositores que fueron detenidos el pasado 14 de noviembre por intentar auxiliar con agua a un grupo de mujeres que realizaba una huelga de hambre para exigir la liberación de todos los "presos políticos" en Nicaragua.

"Siento una mezcla de alegría de ver a mi familia y de rabia por ver cómo (mis dos hermanos) fueron agredidos hace unos días" por grupos armados durante una protesta pacífica, dijo Coppens a la AFP, poco después de llegar a su ciudad natal de Estelí (norte).

La joven calificó además de "infundados" los cargos de tráfico ilegal de armas que le imputó la Fiscalía junto a otros opositores por solidarizarse con las mujeres en ayuno.

Coppens, de 25 años, dijo que va a seguir exigiendo de manera cívica "libertad, justicia y democracia para Nicaragua", pese a que ha sido encarcelada dos veces en los últimos dos años y grupos progubernamentales vigilan su casa de cerca.

La joven fue detenida por primera vez en septiembre de 2018 por participar en las protestas que estallaron en abril de ese año contra el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde hace casi 13 años y bajo acusaciones de corrupción por parte de la oposición.

Según Coppens, quien en su segunda estadía pasó 46 días detenida en la temida cárcel policial El Chipote de Managua, en las prisiones hay "casos de torturas y maltrato" de opositores.

La oposición impulsa con fuerza desde hace varias semanas una campaña en favor de una "Navidad sin presos políticos".

Hasta el 27 de diciembre había en las cárceles nicaragüenses 148 opositores detenidos, de acuerdo a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

"Aún quedan hermanos en las celdas, el régimen debe liberar a todos los presos políticos", demandó la opositora ACJD en un comunicado.

El director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, celebró en la red social Twitter como "buenas noticias la liberación de presos políticos hoy en Nicaragua".

"Hoy celebramos mi salida de la cárcel, donde nunca debí haber estado por estar luchado por algo que es justo. ¡Viva Nicaragua libre!", expresó a su vez la opositora María Ruiz.

La empresa privada, la oposición y grupos humanitarios también festejaron las excarcelaciones de cara al nuevo año.

"Se trata de un paso positivo para restituir la libertad plena de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas", elogió la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Twitter.

OACNUDH alentó a Nicaragua "a seguir el camino del diálogo" para resolver la crisis y "colaborar" con ese esfuerzo.

Según la CIDH, ente autónomo de la OEA, los choques entre manifestantes, policía y grupos progubernamentales iniciados a mediados de 2018 dejaron al menos 328 muertos, centenares de detenidos y 88.000 exiliados.

La crisis ha provocado además una profunda recesión económica en Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio, dejando en el desempleo a más de 150 mil personas, de acuerdo al gobierno, y a más de 400 mil, según el sector privado.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua convocó este viernes a elecciones presidenciales y legislativas para el 6 de noviembre próximo, informó una fuente oficial.

La convocatoria fue hecha desde un hotel capitalino por el presidente del CSE, Roberto Rivas, quien llamó a los 17 partidos políticos legalmente inscritos a presentar sus candidaturas.

En los comicios se elegirá presidente y vicepresidente, diputados nacionales y representantes ante el Parlamento Centroamericano para un período de cinco años a partir de enero de 2017.

El CSE se declaró "en sesión permanente" a partir de este viernes y pidió a los partidos políticos presentar, a más tardar el lunes, sus observaciones al calendario electoral ya aprobado por ese tribunal.

Rivas también anunció que el CSE está realizando el proceso de cedulación en lugares recónditos del país para que "todos los ciudadanos estén habilitados" para sufragar.

Durante la ceremonia Rivas anunció los nombres de 20 invitados de países de América Latina que participarán como observadores del proceso, pero no aclaró si invitarán a organismos internacionales que han acompañado estos procesos desde 1990, como exige la oposición.

Entre los invitados están el ex viceministro de Defensa de Argentina, Raúl Alconada; el vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, Wlfredo Penco, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Oscar Hassenteuffel.

La observación nacional estará a cargo del presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Telémaco Talavera, quien también es el vocero del gobierno en la comisión nacional para la construcción del Canal Interoceánico.

El llamado del tribunal se hace en medio de un ambiente apático, tanto por parte de la ciudadanía como de los partidos políticos que aún no definen candidaturas ni eventuales alianzas.

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tampoco ha hecho oficial quien será su candidato, pero voceros sindicales y diputados han adelantado que el presidente Daniel Ortega se postulará para un tercer periodo consecutivo.

La víspera de la convocatoria, un grupo de 27 intelectuales, académicos y políticos, entre ellos los escritores Ernesto Cardenal y Gioconda Belli, emitieron un manifiesto en el que expresaron su preocupación y dudas sobre la credibilidad del juez electoral para dirigir el proceso.

La Coalición Nacional por la Democracia, que integran varios partidos de oposición, denunció que el calendario electoral entregado por el CSE tiene "graves vacíos" que violan la ley electoral.

Entre las anomalías señalan que el CSE no manda a publicar desde el inicio las reglas que regirán el proceso, tampoco deja claro la divulgación del padrón electoral en un sitio web, ni los resultados provisionales con detalle de las mesas de votación.

Además calificó de "cortina de humo" la presentación de un grupo de expertos internacionales a los que calificó de "invitados o contratados" por el CSE y alegan que ello "no sustituye la observación electoral como manda la ley".

"Memoria y libertad son los signos que nos unen en esta jornada. Sin ellas no hay invención literaria", comentó el novelista Sergio Ramírez, presidente del comité organizador, en el sitio web del encuentro.

Bajo el lema "Memoria que nos une", el encuentro literario Centroamérica Cuenta acogerá del 23 al 28 de mayo a 70 escritores de América, Europa y Asia, que también rendirá homenaje al centenario de la muerte del poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), y el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (1547-1616).

Para Ramírez, "la memoria no es sólo fuente de creación literaria, sino imprescindible para la historia y para la vida social".

Desde esta perspectiva el encuentro tendrá ponencias como Las grietas de la memoria: marcas del trauma en los flujos del presente y Un pasado que no pasa. Ausencia y presencia de los desaparecidos en la narrativa centroamericana actual.

”La literatura es un lienzo sobre el que se trazan las historias, historias que se hacen memoria, la memoria de los pueblos", señala el programa de actividades que se desarrollarán.

Durante el encuentro se impartirán talleres sobre literatura, periodismo, así como mesas redondas sobre novela histórica, negra, cómics, literatura y erotismo y cine hecho literatura.

Entre los escritores que asistirán al foro están los colombianos Laura Restrepo y Jorge Franco, el cubano Elíseo Alberto, el español Juan Cruz, el francés Stéphane Chaumet y el brasileño Afonso Borges.

La organización integrada por ocho partidos, entre ellos el disidente Movimiento de Renovación Sandinista y el derechista Partido Liberal Independiente (PLI), exhortó al secretario general de OEA, Luis Almagro, a que “haga uso de sus facultades” para garantizar “un sistema electoral imparcial y transparente” y “el voto libre del pueblo nicaragüense”.

Nicaragua renovará en noviembre presidente, vicepresidente y diputados nacionales y regionales para un período de cinco años.

La coalición opositora expuso al secretario de OEA que “no hay voluntad” del gobierno del presidente Daniel Ortega de invitar a observadores nacionales y extranjeros para cumplir con esas garantías.

La vigilancia de los comicios por organismos tradicionales como la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, es una de las principales demandas de la oposición.

La coalición estima que “la libertad de movilización y de expresión” están limitadas por el Gobierno y sus fuerzas de choque que ejercen violencia “y no pocas veces incluyen elementos armados” contra la oposición.

El PLI y Partido Acción Ciudadana, miembros de la CND, “están bajo asedio” por procesos administrativos y judiciales que amenazan con despojarlos de su personalidad jurídica, apuntó el documento.

El ruido exterior y los miedos de la realidad latinoamericana dominan la narrativa del siglo XXI, pero es ciega para explorar el interior de sus personajes, según escritores invitados al IV Encuentro Centroamérica Cuenta, que culmina este sábado en Managua.

"Una de las grandes dificultades a lo largo de este siglo es la dificultad nuestra para abordar la intimidad (...) la exploración interior" de los seres humanos en la creación literaria, según la colombiana y Premio Alfaguara de Novela, Laura Restrepo.

"Ese material que ha enriquecido a otras literaturas no ha sido nuestro filón", comentó Restrepo durante una mesa redonda junto a sus colegas Sergio Ramírez de Nicaragua, Santiago Roncagliolo de Perú y el también colombiano Jorge Franco, todos Premio Alfaguara de Novela.

Ramírez dijo que Delirio (premio Alfaguara) es una novela que pretende entrar en la intimidad del personaje, pero esta hecho de machetazos, patadas, porrazos de bombas, "es como si no pudiéramos evitar que ese estruendo del mundo exterior irrumpiera en nuestra intimidad", planteó.

El periodismo es probablemente la fuente creadora de la narrativa latinoamericana, manifestó la también periodista quien aseguró que ha usado todas las herramientas del oficio en libros como Pecado, una colección de cuentos.

Es por esa "visión demasiado inmediata de las cosas, o (por) la virulencia de las situaciones que tenemos que vivir hace que seamos unos literatos de los ruidos (...) unos contadores de historias, pero (con) una especie de ceguera para la intimidad que yo hecho de menos", sostuvo.

Hay sus excepciones mencionó la escritora al señalar que "ese tono interior que tanto nos cuesta" se advierte en la novela Sara (2014), de Sergio Ramírez, en la que explora ese territorio medio lírico y fantástico.

La obra es un tema bíblico visto a través de los ojos de una mujer: Sara. "Los celos la intriga, la maternidad, la menstruación; hay algo sensorial íntimo, algo que le da privacidad tan ajena en nuestra novela", añadió.

En tanto, la creación del peruano Santiago Roncagliolo, Premio Alfaguara 2006, por Abril Rojo comentó que en su creación utiliza sus propios miedos como el vivido siendo aún niño tras el retorno de su familia del exilio en México, a mediados de la década de 1980, a Perú agobiado por la violencia de Sendero Luminoso.

El encuentro literario bajo el lema "Memoria que nos une" exaltó al poeta Rubén Darío (1867-1916) y Miguel de Cervantes (1547-1616) en el centenario de muertes.

Durante el encuentro se realizaron talleres sobre literatura, periodismo y mesas redondas sobre novela histórica, negra, literatura y erotismo y cine hecho literatura, entre otros.