Los siete contagios ocurrieron en Piura (1.000 kilómetros al norte de Lima) y cuatro médicos que habían recibido ambas dosis de la vacuna permanecen en reposo en sus hogares, dijo el gerente de EsSalud en esa región, el doctor José Céspedes.

“Es importante decir que estos [tres] médicos que están en la unidad de cuidados intensivos habían recibido [solamente] la primera dosis y luego se infectaron. No llegaron a completar la segunda dosis”, indicó Céspedes en conferencia de prensa.

Los médicos han pagado un alto precio con la pandemia, que no da tregua al país, con 401 muertos, según el Colegio Médico del Perú. Además, otros 60 estaban hospitalizados en cuidados intensivos a fines de marzo, según el último reporte divulgado por el gremio.

“Los otros [cuatro médicos] que completaron la segunda dosis se contagiaron antes de los 15 días” de la segunda vacunación, indicó Céspedes.

El jefe regional de EsSalud atribuyó los contagios de sus siete colegas -quienes trabajan en diferentes hospitales- a que “a veces nos confiamos y pensamos que no nos va a dar” el covid-19.

“Como se dijo desde un principio, toda persona que sea inmunizada no está libre de infectarse del virus en algún momento, la efectividad se da en que la persona no llegará a estadios graves de la enfermedad”, explicó el médico.

Perú inició la vacunación el 9 de febrero con dosis chinas de Sinopharm y la primera etapa está dirigida al personal de salud, militares, bomberos y ancianos. La meta es inmunizar a 25 millones de los 33 millones de peruanos, pero la campaña avanza lentamente.

El país andino enfrenta desde diciembre la segunda ola de la pandemia y el jueves registró un récord diario de casi 13.000 contagios, por sobre el récord de 8.340 de la primera ola a mediados de agosto.

Perú acumula 1,5 millones de contagios y más de 52.000 muertos desde que irrumpió la pandemia, hace 13 meses.

Los 11 mil 260 contagios reportados por el Ministerio de Salud en su informe diario, superan los 10,143 del 16 de agosto pasado que era hasta la fecha la cifra más alta .

El promedio de los últimos siete días alcanza 8 mil 130 casos diarios, una cifra menor sin embargo a la reportada en la peor semana de la pandemia cuando el promedio marcó 8 mil 340 casos diarios en la tercera semana de agosto de 2020.

Las muertes en las últimas 24 horas sumaron 182, colocando en 162 decesos el promedio diario de la semana, menos que los 193 de la primera semana de marzo.

El alarmante incremento con la difusión de un reporte oficial donde se señala que la variante brasileña del coronavirus es la causante del 40% de casos registrados los últimos meses en Lima.

“Un estudio ha permitido identificar a través de un muestreo en todo Lima que la principal variante causante de la Covid-19, en un porcentaje de 40%, es la variante brasilera”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

Perú acumula un millón 492 mil 519 de casos de Covid-19 y 50 mil 656 muertos desde que se detectó el primer contagio a inicios de marzo pasado.

El país sudamericano llegó al millón de casos el 22 de diciembre y debe superar esta semana el millón y medio.

La segunda ola, que se desató en enero luego de la navidad y año nuevo, tiene a los hospitales al borde del colapso y sin camas libres en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Mientras, la vacunación contra el covid-19 avanza a paso lento desde que empezó el 9 de febrero, debido a la falta de dosis cuya adquisición negocia el gobierno.

Apenas 219 mil personas recibieron ambas dosis de la vacuna, según las autoridades sanitarias que esperan inmunizar a 25 millones de peruanos durante 2021, sobre una población de unos 32 millones.

Por el momento, la campaña de vacunación está limitada a personal de primera línea de salud, militares, policías y civiles mayores de 80 años.

El gobierno anunció un confinamiento nacional durante la Semana Santa para prevenir la propagación del virus, por lo que cerrarán los comercios y se suspenderá el transporte aéreo y terrestre.

El incremento de casos ha provocado nuevamente largas filas para comprar cilindros de oxígeno medicinal, tal como ocurrió en el peor momento de la pandemia en 2020.

Fujimori “retornó en una ambulancia sin novedad la tarde del sábado a prisión”, dijo a la AFP un vocero del INPE.

El expresidente de 82 años fue internado el viernes para ser sometido a pruebas que determinen si la causa de sus problemas respiratorios son por causa de la Covid-19, declaró su hija Keiko Fujimori.

“Se le está haciendo una serie de análisis para comprender por qué la baja saturación de oxígeno”, dijo el sábado Keiko a la radio RPP.

Según Keiko, su padre dio negativo a una prueba rápida de antígenos de covid-19 la noche del viernes, pero los médicos recomendaron esperar el resultado de un test PCR, de mayor fiabilidad, que se le practicó para descartar un eventual contagio del virus respiratorio.

“Los últimos días ha estado durmiendo (asistido) con oxígeno”, indicó la primogénita del clan, de 45 años, y actual candidata presidencial peruana.

Fujimori ingresó en la clínica Centenario Peruano Japonesa el viernes, cuando agentes penitenciarios lo llevaron a un chequeo desde la base policial al este de Lima, donde cumple una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

De origen japonés, Fujimori ha padecido recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión. Está preso desde 2007.

Un tribunal peruano había declarado infundado en mayo de 2020 un recurso de la familia que pedía la excarcelación de Fujimori ante el riesgo que supone para una persona de su edad y con sus condiciones de salud que se contagie.

La resolución resaltaba que Fujimori es el único recluso de la base policial por lo que no hay probabilidad de hacinamiento y contagio, como ocurre en otras prisiones del país sudamericano.

Perú acumula más de 50,000 fallecidos por covid-19, con 1.4 millones de casos confirmados.

“Se le está haciendo una serie de análisis para comprender por qué la baja saturación de oxígeno” que presenta estos días cuando respira, dijo Keiko a la radio RPP sobre la salud de su padre, internado tras un chequeo médico el viernes.

Sgún Keiko, su padre, de 82 años, dio negativo a una prueba rápida de antígenos de Covid-19 la noche del viernes, pero los médicos prefieren esperar el resultado de un test PCR, de mayor fiabilidad, que se le practicó para descartar un eventual contagio del virus respiratorio.

“Los últimos días ha estado durmiendo (asistido) con oxígeno”, indicó la primógenita del clan, de 45 años, y actual candidata presidencial peruana.

Fujimori está internado en la clínica Centenario Peruano Japonesa desde el viernes, cuando agentes penitenciarios lo llevaron a un chequeo desde la base policial al este de Lima, donde cumple una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

De origen japonés, Fujimori ha padecido recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión. Está preso desde 2007.

“Se resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía y se impone al procesado Martin Vizcarra medidas de comparecencia con restricciones”, dijo la jueza María de los Ángeles Álvarez al final de una audiencia por videoconferencia.

El fiscal Germán Juárez había solicitado detener a Vizcarra alegando que existe riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, mientras avanza la pesquisa. El caso se abrió en octubre de 2020.

La jueza justificó su fallo al descartar que exista riesgo de fuga y de abandono del país, como alertó la Fiscalía.

Entre las medidas impuestas figura el pago de una caución de 27,000 dólares, prohibición de salir de Lima sin permiso judicial, así como de declarar a la prensa sobre la investigación en curso.

“Quiero agradecer a los millones de peruanos que creen en mí y me han respaldado. Ahora regresaremos con mas fuerza a nuestra actividad política. Seguimos en campaña electoral”, dijo Vizcarra a periodistas tras conocer la decisión, en alusión a las elecciones generales del 11 de abril, en las que se postula como legislador.

La magistrada del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios ratificó una orden cautelar de impedimento de salida del país, hasta mayo de 2022.

El fiscal anunció que apelará, mientras que la defensa de Vizcarra señaló su conformidad.

La decisión se anunció al final de una audiencia que se extendió por dos días, realizada por videoconferencia debido a la pandemia.

Más temprano, el expresidente (2018-2020) había insistido en su inocencia frente a las acusaciones de corrupción y prometió que no abandonaría el país, durante su alegato final.

“Confío en que usted señora jueza resolverá con autonomía e independencia este caso, lejos de presiones políticas y avalanchas mediáticas”, dijo Vizcarra.

El exmandatario es señalado de recibir sobornos de empresas a cambio de otorgar dos obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), y el fiscal Juárez estimó que una eventual condena en un juicio “no bajaría de los 33 años” de cárcel. El expresidente niega los cargos.

Los montos de los supuestos sobornos alcanzarían 621,000 dólares, según medios locales.

Por este caso, el Congreso lo destituyó el 9 de noviembre en un juicio político relámpago, que desató violentas protestas con saldo de dos muertos y una crisis institucional en plena pandemia. En el lapso de 10 días, Perú tuvo tres presidentes.

El exmandatario negó afirmaciones de la Fiscalía acerca de una supuesta búsqueda de refugio en Bolivia, y alega ser víctima de un intento de sacarlo de carrera electoral, en momentos en que postula a un escaño en las legislativas del 11 de abril.

La Fiscalía abona la tesis de que Vizcarra planea fugarse a Bolivia porque conoce al presidente Luis Arce desde la época en que el peruano era gobernador en Moquegua y el dirigente boliviano era ministro de Evo Morales.

“Para una prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga. Si mis documentos están en poder de la Fiscalía, los pasaportes los tiene la Fiscalía, tengo arraigo. Qué mayor arraigo es que estoy postulando al Congreso”, respondió Vizcarra.

El exmandatario, muy popular en su gobierno por haber emprendido una cruzada contra la corrupción que aqueja a Perú, es el más reciente de los dirigentes políticos del país envuelto en problemas legales.

Su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, cumple prisión preventiva por 36 meses en su domicilio desde abril de 2019 tras ser salpicado por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

La fiscalía quiere detener a Vizcarra bajo la presunción de que existe riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia, en el marco de una investigación por corrupción cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.

El segundo día de debates empezará a media mañana y se estima que la jornada concluya con una breve intervención de Vizcarra, dijo a la AFP una fuente judicial.

Luego, la jueza María de los Ángeles Álvarez tiene un plazo de hasta cinco días para pronunciarse.

Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020, puede convertirse en el segundo exgobernante de su país en quedar detenido, siguiendo los pasos de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), de quien fue vicepresidente.

El destino de Vizcarra, de 57 años, está en manos de la misma jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios que le dictó en noviembre una orden cautelar de impedimento de salida del país hasta mayo de 2022.

Debido a la pandemia, la audiencia se realizó por videoconferencia. A ella asistieron, además de la jueza, el fiscal del caso, Germán Juárez, Vizcarra -desde su domicilio- y su abogado Fernando Ugaz.

La fiscalía solicitó la semana pasada cárcel preventiva por 18 meses, mientras avanza la investigación iniciada en octubre pasado.

Según la prensa local, el fiscal Juárez posee testimonios de hasta cinco personas que señalan haber intervenido en el pago de presuntas coimas a Vizcarra a cambio de obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014).

Los montos de los supuestos sobornos alcanzarían 621,000 dólares, según medios locales.

Por este caso, el Congreso lo destituyó el 9 de noviembre en un juicio político relámpago, que desató violentas protestas que dejaron dos muertos y una crisis institucional mayúscula en plena pandemia. En el lapso de 10 días, Perú tuvo tres presidentes.

“Hubo pagos indebidos a favor de Martín Vizcarra mediante José Hernández (un exministro) conforme este así lo ha reconocido en sus declaraciones a la fiscalía”, dijo el fiscal al sustentar una de las pruebas que presentó en el transcurso de su intervención de tres horas.

“La fiscalía no ha demostrado una sospecha fuerte para sustentar una prisión preventiva”, replicó el abogado Fernando Ugaz.

Mientras transcurría la sesión, un pequeño grupo de simpatizantes de Vizcarra estuvo a punto de trenzarse a golpes con detractores en las puertas del tribunal.

El exmandatario (2018-2020) ha negado dichos de la fiscalía de que busque refugiarse en Bolivia, alegando ser víctima de un intento de sacarlo de carrera electoral en momentos en que postula a un escaño en las legislativas del 11 de abril por el partido Somos Perú.

“No ejerceré ante su embajada, ni ante ninguna otra, el derecho de asilo político”, aseguró Vizcarra en una carta dirigida al embajador boliviano en Lima, Carlos Aparicio, difundida el martes.

“Para una prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga. Si mis documentos están en poder de la fiscalía, los pasaportes los tiene la fiscalía, tengo arraigo. Qué mayor arraigo es que estoy postulando al Congreso”, deslindó Vizcarra.

Vizcarra, muy popular en su gobierno por haber emprendido una cruzada contra la corrupción, uno de los males de Perú, es solo el más reciente de los dirigentes políticos del país envuelto en problemas legales.

Su antecesor, Kuczynski, de 82 años, cumple prisión preventiva por 36 meses en su domicilio desde abril de 2019 tras ser salpicado por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

La fiscalía investiga por el caso Odebrecht además a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011). Este último se suicidó en 2019.

Vizcarra está también en el ojo del “vacunagate” peruano, por haberse vacunado en secreto contra el covid-19 en octubre, meses antes del inicio de la campaña oficial de inmunización en el país.

Por ese caso el Congreso lo investiga junto a dos exministras del actual gobierno del presidente interino Francisco Sagasti, que también se vacunaron antes de tiempo.

Los parlamentarios desean aprobar antes de las elecciones de abril una inhabilitación a Vizcarra para ejercer cargos públicos en los próximos 10 años, pero la opinión pública está dividida.

Según un reciente sondeo de Ipsos, un 50% está en desacuerdo con que el Congreso lo deje fuera de carrera, contra un 45% que respalda la sanción mientras un 5% se mantiene al margen del debate.

“Ni yo ni mi abogado teníamos los documentos y estos ya estaban en la prensa”, se quejó en declaraciones ante periodistas en Lima.

La solicitud de prisión preventiva la presentó ante un juez el fiscal Germán Suárez, por considerar que existe riesgo de fuga de Vizcarra a quien investiga desde el año pasado.

Vizcarra, de 57 años, rechazó cualquier intento por evadir la justicia y aseguró que ha declarado ante el fiscal cinco veces, desde que se abrió el caso.

El juez deberá evaluar el pedido y tomar una decisión antes de fin de mes.

El exgobernante (2018-2020) dejó entrever un intento de sacarlo de carrera electoral, en momentos que postula a un escaño en las legislativas del 11 de abril.

Su candidatura “es la primera opción para el Congreso”, aseguró el aspirante del partido Somos Perú.

“El fiscal Juárez dejó de ser fiscal y se convirtió en un congresista más. En esta campaña de denuncias diarias del Congreso, tenemos un pedido de prisión (preventiva) por parte de la Fiscalía”, denunció el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz.

Según la prensa local, el fiscal Juárez posee testimonios de hasta cinco personas que señalan haber intervenido en el pago de presuntas coimas a Vizcarra a cambio de obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014).

El popular expresidente peruano está desde hace semanas en el ojo del “vacunagate”, por haberse vacunado en secreto contra el covid-19 en octubre, meses antes del inicio de la inmunización en el país.

El Congreso investiga a Vizcarra y dos exministras, que también se vacunaron, por este caso.

El cargamento de 117,500 dosis de la vacuna producidas por Pfizer/BioNTech llegó por la noche al aeropuerto de Lima, adonde acudió el presidente interino Francisco Sagasti.

“El Perú se convierte así en el segundo país en América Latina en recibir (vacunas) de Pfizer a través de Covax”, indicó el mandatario.

Antes de Perú, Colombia recibió un lote de 117,000 dosis el 1 de marzo.

El mecanismo Covax fue creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con la Alianza para las Vacunas (Gavi) y la Coalición para la Innovación en la Preparación ante las Epidemias (Cepi), para garantizar un acceso equitativo a las vacunas, y evitar que los países ricos acaparen las dosis aún insuficientes para satisfacer la demanda mundial.

El Salvador y Bolivia serán los próximos beneficiarios de Covax en la región, informó OMS.

Perú ha vacunado desde el 9 de febrero a más de 355,000 trabajadores de la salud con al menos una dosis del laboratorio chino Sinopharm. Del total, más de 84,000 personas recibieron ambas dosis, según datos oficiales.

Presidente @FSagasti: El Perú se convierte en el segundo país de América Latina en recibir vacunas de Pfizer, a través de Covax Facility. La llegada de este nuevo lote de dosis nos llena de alegría, esperanza y nos demuestra la solidaridad y la cooperación internacional. pic.twitter.com/MQ2Nmg8wtr

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 11, 2021

La meta es inmunizar a unos 25 millones de adultos a lo largo del año. El lunes empezó la vacunación de ancianos, policías y militares.

Con 33 millones de habitantes, Perú acumula más de 1.3 millones de contagios de Covid-19 y supera los 48,300 muertos.

“Se registró un descarrilamiento en el kilómetros 115 de la ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica, afortunadamente no hubo daños personales”, indicó un comunicado de Perú Rail, firma concesionaria del servicio de trenes en la ciudad andina de Cusco.

El accidente solo afectó a la locomotora y no a la decena de lugareños que transportaba.

Según PeruRail, el accidente se debió aparentemente a la ruptura de un riel debido a una caída de rocas provocada por las lluvias. Una investigación está en curso.

“Lamentamos los inconvenientes que este hecho pueda ocasionar a nuestros pasajeros; sin embargo, queremos destacar que se trata de una situación ajena a nuestra empresa”, añadió Perú Rail.

En el tren no viajaban turistas porque gran parte de Perú está saliendo de una cuarentena de un mes por la pandemia de coronavirus.

Tras una cuarentena de un mes por la segunda ola de la pandemia, la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo en Perú reabrió el 1 de marzo con aforo reducido.

Machu Picchu (Montaña Vieja en lengua quechua) es el cartón postal del país andino. Colocó a Perú en el mapa turístico mundial a mediados del siglo XX y fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1983.

Los uniformados peruanos les impiden cruzar el Puente de la Integración de Acre en virtud de que en Perú desde fines de enero está prohibida la entrada de viajeros provenientes de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica, países donde se detectaron nuevas cepas de la Covid-19 más agresivas.

La Iglesia católica peruana aboga por una solución para estos viajeros.

El puente binacional inaugurado en 2006, de 240 metros de longitud sobre el río Acre, se encuentra en la remota región selvática peruana de Madre de Dios, 1,000 km al este de Lima, en la zona de la triple frontera entre Brasil, Perú y Bolivia.

Los migrantes, entre ellos mujeres y niños, aseguran que solo necesitan permiso de tránsito en Perú, pues su destino es Ecuador, Estados Unidos o sus respectivos países. Por ahora duermen en carpas y escuelas en el poblado de Assis, en el lado brasileño de la frontera.

Los centenares de migrantes cruzaron ilegalmente el puente el martes, sobrepasando a los uniformados peruanos que lo custodiaban, pero fueron devueltos a territorio brasileño, dijo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas.

“Diez personas del grupo inmigrante permanecen en el Perú, debido a que cuando se les hicieron las pruebas respectivas, dieron positivo a la Covid-19”, por lo que fueron ingresados al consultorio local de salud, indicó el Comando militar en un comunicado.

En el lado peruano está el pueblo de Iñapari, de 1,500 habitantes, situado a 200 km al norte de Puerto Maldonado, la cabecera de la región de Madre de Dios, visitada por el papa Francisco en su visita a Perú en enero de 2018.

El puente es parte de una carretera binacional terminada en 2010.

El Vicariato Apostólico (equivalente a un obispado) de Puerto Maldonado pidió el lunes a las autoridades peruanas encontrar una solución que les permita “continuar su camino” y así evitar un “conflicto social grave”.

Si bien la mayoría de los migrantes son de Haití, también hay de Senegal, Burkina Faso, Pakistán, Bangladesh e India, y “necesitan ingresar a Perú para viajar hasta la región Tumbes, en la frontera con Ecuador, y desde allí llegar a sus respectivos destinos”, añadió el Vicariato.

Destacó que estos migrantes “no demandan, de nuestro país, asistencia social”, pues pueden pagar su transporte para llegar a la frontera de Ecuador.

El doctor Germán Málaga, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, declaró que el 1 de octubre Vizcarra le pidió ser vacunado, mientras los ensayos de la vacuna china de Sinopharm entre 12 mil voluntarios peruanos estaban en desarrollo. Afirmó que el mandatario sabía que se trataba de una “vacuna activa” y no de un placebo.

“Él [Vizcarra] se muestra interesado [en vacunarse]. Finalmente toma una decisión y me pide que al día siguiente le lleve. Me piden dos vacunas [supuestamente para el presidente y su esposa]”, dijo Málaga en una sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso, al ratificar que el gobernante y su esposa no eran “voluntarios” del ensayo.

El presidente peruano, Francisco Sagasti, reveló el lunes que 487 personas se vacunaron irregularmente en el país, entre ellas dos ministras y otros funcionarios de su gobierno, y prometió sanciones y despidos para ellos.

“Éstos son hechos muy graves y sin duda condenables”, dijo a la AFP Adriana Urrutia, directora de la Asociación Civil Transparencia.

“Se han vulnerado un conjunto de principios (...) que se encuentran en el Código de Ética de la función pública”, agregó.

Este escándalo de presunta corrupción en medio de la segunda ola de la pandemia surgió hace cinco días en medio de la campaña de las elecciones de abril. Inicialmente el “Vacunagate” salpicaba solo a Vizcarra (2018-2020), pero luego se extendió al actual gobierno.

Tras ser destituido por el Congreso en noviembre con altos índices de popularidad, Vizcarra está ahora en entredicho en plena campaña por un escaño legislativo.

El caso les ha costado sus cargos a la canciller Elizabeth Astete y la titular de Salud, Pilar Mazzetti, que estaba en su puesto desde los días de Vizcarra.

El exmandatario fue vacunado semanas antes de ser destituido y de que la vacuna china tuviera luz verde, el 31 de diciembre, mientras que Mazzetti y Astete se inmunizaron en enero.

La fiscalía abrió una investigación contra Vizcarra y los otros que “resulten responsables” de la vacunación irregular, mientras algunos legisladores quieren que el Congreso lo inhabilite para ocupar un escaño.

Sinopharm entregó a Perú 3 mil 200 dosis extras, aparte de las destinadas a los 12 mil voluntarios. Parte de ellas se utilizaron en las presuntas vacunaciones irregulares.

El país andino cuenta por ahora con un millón de dosis de la vacuna china, de las que han sido aplicadas 77 mil al personal sanitario. Todavía no hay fecha de inicio de la vacunación a la población.

El cargamento de vacunas llegará al aeropuerto Jorge Chávez del Callao por la noche en un vuelo procedente de Pekín que hizo parada en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle de Francia.

Por tierra y aire, más de 1,000 policías trasladarán el lote de vacunas a los depósitos del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) en el Callao donde ingresarán para su distribución.

A las 300,000 dosis que llegarán se sumarán otras 700,000 del laboratorio Sinopharm que están programadas para salir de China el 13 de febrero.

Este primer lote permitirá inmunizar a 150,000 personas del personal de salud “más expuesto” por los altos niveles de contagio de la Covid-19.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti informó que la inmunización empezará en Lima y El Callao (ciudad portuaria vecina a la capital) el martes 9 en la tarde, mientras que las vacunas transportadas al interior del país por las Fuerzas Armadas estarán disponibles desde el miércoles 10, siempre siguiendo los protocolos de seguridad.

El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, será la primera persona en ser vacunada.

“Quería vacunarse al final pero eso no es lógico, él es el símbolo, tiene que vacunarse primero que nosotros, y luego todo el personal de salud”, dijo Mazzetti.

El gobierno peruano, criticado por su demora en la compra de las vacunas mientras que países vecinos como Chile o Bolivia ya iniciaron la inmunización, anunció esta semana que recibirá 20 millones de dosis de la vacuna del grupo estadounidense Pfizer, cuyo primer lote de 250.000 unidades llegará en marzo.

El gobierno negocia además acuerdos con los laboratorios Moderna, Johnson & Johnson y Sinovac, según avanzó el gobierno hace unas semanas.

Perú compró, asimismo, 14 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, que deben llegar después de septiembre.

El país andino espera conseguir en total 52 millones de dosis para vacunar a 26 millones de personas, ya que cada una debe recibir dos inyecciones. La población peruana es de 33 millones.

Perú reportaba hasta el sábado 1.1 millones de casos confirmados y 42,121 fallecimientos por covid-19, con 13,086 personas hospitalizadas en un sistema de salud al borde del colapso, con serias carencias de oxígeno medicinal.

El país se encuentra ahora en una cuarentena focalizada que incluye a Lima y otras nueve regiones, debido a un fuerte aumento de los contagios, fallecimientos y hospitalizaciones.

“El presidente de la República tiene que ser la primera persona en vacunarse, como una demostración en primer lugar de que es una vacuna que nos ayudará a todos”, afirmó la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, durante una entrevista radial.

Las autoridades sanitarias confirmaron que este domingo debe arribar al país vía aérea el primer lote de 300 mil dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, que permitirá inmunizar a 150 mil personas del personal de salud “más expuesto” por los altos niveles de contagio de la Covid-19.

La ministra aseguró que el presidente Sagasti “quería vacunarse al final pero eso no es lógico, él es el símbolo, tiene que vacunarse primero que nosotros, y luego todo el personal de salud”.

Mazzetti informó también que la inmunización empezará en Lima y El Callao (ciudad portuaria vecina a la capital peruana) el martes 9 de febrero en la tarde, mientras que las vacunas transportadas al interior del país por las Fuerzas Armadas estarán disponibles desde el miércoles 10 de febrero, siempre siguiendo los protocolos de seguridad.

El gobierno peruano, criticado por su demora en la compra de las vacunas mientras que países vecinos como Chile o Bolivia ya iniciaron la inmunización, anunció esta semana que recibirá 20 millones de dosis de la vacuna del grupo estadounidense Pfizer, cuyo primer lote de 250 mil unidades llegará en marzo.

Lima negocia además acuerdos con los laboratorios Moderna, Johnson & Johnson y Sinovac, según avanzó el gobierno hace unas semanas.

Perú compro, asimismo, 14 millones de dosis AstraZeneca, que deben llegar después de septiembre.

El país andino espera conseguir en total 52 millones de dosis para vacunar a 26 millones de personas, ya que cada una debe recibir dos inyecciones. La población peruana es de 33 millones.

Hasta el viernes, Perú reportaba 1.1 millones de casos confirmados y 41 mil 933 fallecimientos por la Covid-19, con 13 mil 493 personas hospitalizadas en un sistema de salud al borde del colapso, con serias carencias de oxígeno medicinal.

El país se encuentra ahora en una cuarentena focalizada que incluye a Lima y otras nueve regiones, debido a un fuerte aumento de los contagios, fallecimientos y hospitalizaciones.

“Nadie esperaba una segunda ola como esta con un crecimiento tan rápido y agresivo. Esta pandemia ha rebasado todos los cálculos respecto a la primera ola”, valoró la ministra Mazzetti.

El confinamiento, que se extenderá hasta el 14 de febrero, abarca también a la ciudad portuaria del Callao, contigua a Lima, y a otras ocho regiones de la costa, la sierra andina y la selva amazónica que han sufrido, desde fines de diciembre, el mayor impacto de la segunda ola.

“Las medidas son duras (...), pero en este momento son necesarias. Necesitamos estos 15 días [de confinamiento}. Si cumplimos, podemos reducir el número de contagios”, dijo el sábado la número dos del gobierno peruano, Violeta Bermúdez, al canal RPP.

La cuarentena obliga a permanecer en sus hogares a la mitad de los 33 millones de peruanos, en un intento de contener los contagios de Covid-19, que aumentan sin pausa desde la última semana de diciembre tras haber descendido paulatinamente desde agosto.

Los nuevos contagios se triplicaron este mes, al pasar de 1.688 al día en promedio la última semana de diciembre a 5.668 esta semana, según las cifras oficiales.

“Sinopharm y DHL nos han informado el día de hoy que el primer millón de vacunas procedentes de Pekín sería embarcado en un vuelo de KLM el día 8 de febrero y llegaría a nuestro país el día 9”, informó en una rueda de prensa la jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez.

“Inmediatamente después de recibidas se iniciará la vacunación en Lima y serán enviadas simultáneamente a los establecimientos de salud en los departamentos (del interior) para la inmunización del personal de primera línea”, subrayó.

Aunado al primer lote de vacunas de Sinopharm, el gobierno peruano dijo que negocia acuerdos con los laboratorios Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnsonn y Sinovac, que en total significarían unas 44 millones de dosis.

El primer millón de vacunas de Sinopharm es parte de una compra total de 38 millones de dosis que Lima anunció el seis de enero. El resto de vacunas debe arribar antes del segundo semestre.

Además, el gobierno ha comprado a la británica AstraZeneca 14 millones de dosis que deben llegar después de septiembre.

Este total de 52 millones de dosis permitiría vacunar a unos 26 millones de personas, ya que cada una debe recibir doble dosis. La población peruana bordea los 33 millones de habitantes.

Las autoridades peruanas no han anunciado aun un cronograma de vacunación para toda la población.

Perú sufre una segunda ola de la pandemia que golpea sin pausa a varias zonas del país desde inicios de enero, por contagios derivados de reuiones realizadas por las fiestas navideñas y de fin de año, según las autoridades sanitarias.

Los contagios diarios pasaron de un millar a más de cinco mil, y las muertes se dispararon de un promedio de 40 diarias a más de 200.

En respuesta a esto el presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, anunció esta semana una cuarentena total para Lima y un tercio del país del 31 de enero al 14 de febrero, y prohibió los vuelos a Brasil y Europa, como medida para contener los contagios.

“Los sitios arqueológicos recibirán cero visitas” del 31 de enero al 14 de febrero, señaló un decreto publicado en la Gaceta Oficial sobre las restricciones que regirán en 17 regiones del país.

El confinamiento, que afectará a un tercio del país, será de cumplimiento obligatorio e inmovilizará a 16,4 millones de habitantes, la mitad de la población del país.

A raíz de la prohibición, la ciudadela inca, ubicada en la región de Cusco, al sureste del Perú, cerrará por segunda vez desde que irrumpió la pandemia en marzo.

El objetivo es evitar las aglomeraciones, consideradas uno de los principales focos de contagio, según las autoridades sanitarias peruanas.

“Es fuerte el impacto económico que vamos a tener en todo el distrito, las medidas son muy restrictivas”, dijo a la AFP el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca.

Machu Picchu había reabierto en noviembre, como una forma de generar ingresos en medio de la recesión aprovechando una reducción de contagios en Perú.

El alcalde de Machu Picchu, poblado cercano a la ciudadela, aseguró que unos 6.000 pobladores -que viven directamente del turismo- serán los más afectados económicamente por la medida dispuesta por el gobierno.

Además, descartó que haya muertes por Covid-19 en su comunidad.

El gobierno peruano declaró a la región Cusco en un ‘nivel muy alto’ de contagio y prorrogó el toque de queda así como la prohibición de reuniones sociales, entre otras medidas restrictivas.

Cusco reportó la muerte de 18 personas por covid-19 en 24 horas, lo que elevó a 550 los fallecidos en 10 meses de pandemia. Los contagios superan los 26.000 casos, según el ministerio de Salud.

La segunda ola golpea sin pausa a varias regiones peruanas desde inicios de enero, luego de las fiestas navideñas y fin de año.

Un sorprendente 48% de encuestados asegura que no se vacunaría si pudiese hacerlo ahora, frente a un 48% que sí se inmunizaría contra la Covid-19 indica el sondeo de Ipsos publicado el sábado por el diario El Comercio.

El crecimiento de los antivacunas poco más que duplica al 22% registrado en agosto pasado, cuando se difundió la primera encuesta sobre vacunación. En ese entonces un 75% estaba a favor.

En diciembre, el porcentaje se dividió entre 57% a favor y 40% en contra de la vacuna, según otro sondeo de Ipsos.

La principal razón que esgrime un 52% de los antivacunas es que “aún no se conocen todos los efectos secundarios que podría tener la vacuna en el organismo”.

“Las vacunas son un mecanismo conocido y práctico para todos nosotros. Es normal que la gente tenga dudas e incertidumbre”, dijo el sábado a la televisora estatal la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

“El sistema está pasando de rebrote a un crecimiento más acelerado. Estamos en una segunda ola”, dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti durante su participación en una reunión virtual con líderes empresariales.

“Estamos en una situación de incertidumbre, es duro, pero tenemos que tenerlo claro”, agregó.

Perú vive un repunte de casos y decesos confirmados de covid-19 desde mediados de diciembre.

Las hospitalizaciones, según las cifras oficiales, aumentaron notablemente las últimas cinco semanas pasando de unas 3.800 a 6.800. Entre ellas hay 1.400 pacientes en cuidados intensivos.

Igualmente los decesos en las últimas semanas volvieron a superar los 50 diarios, tras haber caído por debajo de esa cifra.

El país superó el millón de casos el 22 de diciembre en medio de severos reproches al gobierno por aún no haber podido concretar la compra de vacunas.

El gobierno prorrogó en noviembre por 90 días, hasta inicios de marzo de 2021, el estado de emergencia sanitario.

“Comisión de Economía aprobó el dictamen del proyecto de ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial”, indicó el Congreso de Perú.

Tras más de diez horas de debate, la Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley que ahora tiene que ser debatido y aprobado por segunda vez en una sesión plenaria del Congreso convocada para hoy lunes.

En el debate se acordó que, con la nueva legislación, los trabajadores obtengan una remuneración diaria de 15 dólares. “Quiero agradecerles a todos los congresistas por la responsabilidad que tenemos con nuestra nación”, dijo el presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, tras finalizar la sesión. Mientras el país aguardaba la llegada de una solución desde el Congreso, los manifestantes se mantenían a la expectativa bajo una tensa calma en las principales zonas agrícolas.

“Ya se está trabajando y hay bastantes visitantes” en el parque arqueológico, dijo a la AFP Oscar Valencia Aucca, representante del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu.

Indicó que la mayoría son turistas de Cusco y algunas otras regiones de Perú.

Los trenes están trabajando sin problemas y “con las frecuencias y tarifas de siempre”, agregó Valencia.

La reapertura de la ciudadela, la principal atracción turística del país suramericano, había sido anunciada este viernes por las autoridades locales tras la suspensión del bloqueo de las vías férreas de acceso al parque por parte de pobladores de las localidades de Machu Picchu y Ollantaytambo.

Los reclamos incluyen tarifas más económicas y una mayor frecuencia de trenes en la ruta entre Cusco y Machu Picchu por parte de las dos empresas que prestan el servicio, Inca Rail y Perú Rail, a fin de que aumente el turismo nacional ante la esperada caída de visitantes extranjeros por los efectos de la pandemia de covid-19.

El tren es el único medio de transporte para los turistas que visitan la ciudadela, pero también es muy utilizado por los habitantes de la zona.

Machu Picchu (Montaña Vieja, en lengua quechua) fue declarada en 1983 patrimonio de la humanidad por la Unesco y en 2007 fue elegida como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno en una encuesta mundial en internet.

“Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia” en Venezuela, dijo el Grupo en una declaración suscrita por 16 países y divulgada por la cancillería de Perú.

Declaración Conjunta sobre Venezuela
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— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 7, 2020

El bloque, formado en 2017 por iniciativa de Perú, afirmó que los comicios “fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recobró el control del Parlamento, cinco años después de perderlo, en unas elecciones boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69% y un fuerte rechazo internacional.

La declaración del Grupo de Lima fue suscrita por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, países que reconocen al líder opositor parlamentario Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

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El Grupo llamó a los políticos venezolanos a poner “los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición (...) para encontrar una salida pacífica y constitucional” a través de “elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles”.

Estados Unidos, que tachó de “farsa” estas elecciones, lidera la presión contra Maduro con sanciones económicas a Venezuela, incluido un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.

ESTADOS UNIDOS SEGUIRÁ RECONOCIENDO A GUAIDÓ

Estados Unidos “seguirá reconociendo” al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, a pesar de las cuestionadas elecciones legislativas que dieron al mandatario Nicolás Maduro control total de las instituciones nacionales, dijo el lunes el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo.

“La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”, advirtió Pompeo en un comunicado, reafirmando que los comicios del domingo, boicoteados por Guaidó, fueron una “farsa”.

Estados Unidos “seguirá reconociendo” al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, a pesar de las cuestionadas elecciones legislativas que dieron al mandatario Nicolás Maduro control total de las instituciones nacionales, dijo el lunes el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo.

“La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”, advirtió Pompeo en un comunicado, reafirmando que los comicios del domingo, boicoteados por Guaidó, fueron una “farsa”.

Tras cinco días de cortes carreteros, el Congreso aprobó por amplia mayoría la derogación de la Ley de Promoción Agrícola del año 2000. De inmediato se desataron celebraciones entre cientos de trabajadores que bloqueaban la ruta Panamericana en Ica, 250 km al sur de Lima.

“Sí se pudo”, comenzaron a corear los trabajadores rurales, mientras decenas de pasajeros de autobuses varados les pedían a gritos que “liberen la pista” (ruta).

En estos momentos estamos procediendo a limpiar la carretera porque los manifestantes levantaron su medida de fuerza para que los vehículos puedan trasladarse a su destino, indicó el coronel de la policía Marlon Anticona en el lugar.

“Todos los tramos de la Panamericana se están desbloqueando ahora”, añadió el oficial en alusión a los otros cortes en Ica y en la región de La Libertad, 490 km al norte de Lima, donde hubo dos muertos durante los bloqueos.

Además de un aumento salarial, los trabajadores rurales exigían la derogación de la ley de Promoción Agraria, de las últimas dictadas por el presidente Alberto Fujimori (1900-2000).

El nuevo gobierno del presidente Francisco Sagasti había enviado apresuradamente el proyecto de derogación de la ley al Congreso, que fue aprobado por 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Esta ley, que sirvió para potenciar al sector agroexportador peruano, que tiene ventas por 5 mil millones de dólares anuales, otorgaba beneficios tributarios a las empresas y su vigencia había sido prorrogada hace un año hasta 2031.

Con piedras, troncos y neumáticos encendidos los trabajadores mantienen por tercer día el bloqueo de esta vital ruta que atraviesa el país de norte a sur desde la frontera ecuatoriana a la chilena, lo que dejó varados a cientos de camiones con carga y autobuses de pasajeros, con niños y ancianos.

“Nos sentimos indignados porque hemos pedido que venga el ministro [de Agricultura, Federico Tenorio] y ha enviado a su representante. Al menos hemos hecho escuchar nuestra voz, pero nosotros queremos que el ministro venga aquí y hable con el pueblo“, dijo una trabajadora a los periodistas.

La situación de los pasajeros varados comienza a ser complicada, en medio de la pandemia del coronavirus.

Los trabajadores exigen mejoras salariales y la derogación de la ley de Promoción Agraria, que aducen que los priva de derechos y limita sus ingresos.

Las empresas agroexportadores producen en esta zona principalmente arándanos, espárragos y uvas, y ya es temporada de cosecha.

Según la ley, la remuneración diaria de los trabajadores agrarios es de 11 dólares, pero no especifica un horario máximo de trabajo, solo un mínimo de cuatro horas.

La justicia abrió una audiencia para resolver si acoge o no un pedido de la fiscalía de inhabilitar al partido Fuerza Popular durante dos años y medio, en el marco de la causa por supuestos aportes ilegales de Odebrecht.

La fiscalía busca con esta medida despejar el camino para seguir las investigaciones contra Keiko y su entorno por supuestamente recibir aportes ilegales de campaña de Odebrecht.

La dos veces candidata presidencial (2011 y 2016) —quien niega haber recibido dinero para sus campañas de 2011 y 2016— tildó de “arbitrario” el pedido de la fiscalía en un tuit minutos antes de la audiencia, en la que ella no participa y que se desarrolla en forma virtual.

El fiscal José Domingo Pérez dijo durante la audiencia que una organización criminal se constituyó dentro de Fuerza Popular para obtener poder político y recibir dinero ilícito. “Estamos solicitando esta suspensión porque quien ejerce actualmente al día de hoy la representación y presidencia del partido es Keiko Fujimori quien tenía conocimiento de la ilicitud del dinero que ingresaba”, agregó.

Según Pérez, el Tribunal Constitucional ya dictaminó que las organizaciones políticas pueden ser sancionadas penalmente por lavado de activos.

Pero el abogado de la dirigente, Christian Salas, negó que el partido sea una “organización criminal”. “El partido, según la propia fiscalía, había sido instrumentalizado. Eso es una hipótesis que aún está en parte de la investigación”, afirmó.

Después de “más de tres años de investigación, el fiscal debería presentar elementos de convicción suficientes” y no meras sospechas, añadió Salas, quien solicitó al juez que “declare improcedente este juicio”.

Luego de las exposiciones del fiscal y el defensor, el juez cerró el debate y dijo que emitirá su fallo “en un plazo prudente”, de acuerdo a su carga de trabajo.

Wayaw (sauce en quechua), como la llamaron los arqueólogos, tenía unos 20 años, medía 1.48 metros y al parecer murió por causa natural.

Era una hilandera, como miles de humildes trabajadoras peruanas de hoy, dijo a la AFP la arqueóloga Cecilia Camargo, encargada de la excavación.

“Es un descubrimiento para nosotros asombroso, nos conectó directamente con nuestro pasado”, agregó.

Aunque el hallazgo se realizó en 2018, recién fue anunciado esta semana tras finalizar los estudios arqueológicos, que incluyeron la reconstrucción digital del rostro y que se habían retrasado por la pandemia del coronavirus.

Wayaw fue bautizada como la ‘Dama del Sauce’ por los vecinos de San Juan de Lurigancho, el populoso distrito del noreste de Lima donde fue encontrada, y donde miles de precarias viviendas improvisadas se amontonan en medio de desérticos cerros.

Esta zona es habitada principalmente por familias de la sierra andina, que llegaron hace tres décadas a Lima huyendo de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

El cráneo de la mujer tiene una deformación, algo típico de ciertos pueblos del Antiguo Perú, que colocaban tablillas, paños y sogas en la cabeza de los niños como rasgo de identidad.

“Este personaje fue una artesana, no de élite, que se dedicaba a una labor tan noble como es el tejido, con técnicas que hasta hoy se preservan”, comentó Camargo, la arqueóloga jefa de la empresa de distribución de gas natural Cálidda.

“Ella era como muchas mujeres actuales que trabajan en tejidos en San Juan de Lurigancho”, destacó Camargo.

La ley de Perú obliga a las empresas que hacen excavaciones, como Cálidda, a contar con los servicios de arqueólogos, debido a que con frecuencia aparecen vestigios precolombinos en el subsuelo de la costa peruana.

Solo en Lima existen más de 400 sitios arqueológicos, incluidas decenas de huacas o sitios ceremoniales.

“El Sauce fue un centro poblado que se dedicaba a la agricultura, a la orfebrería y pastoreo [hace 600 años]. Era un espacio de control del Imperio Inca”, explicó a la AFP el arqueólogo independiente Julio Abanto, que trabaja en San Juan de Lurigancho.

El descubrimiento de los restos “es bastante emocionante porque es una pieza más que le devolvemos a las perdidas hojas de nuestra historia. Es un orgullo saber que vivimos en una tierra que tiene mucha historia”, agregó.

La mujer estaba en posición fetal y en su fardo fúnebre había textiles y objetos decorativos, como un prendedor de plata y brazaletes con conchas de mariscos, algo típico de los pueblos de la costa peruana que fueron conquistados por el imperio inca, que floreció en los siglos XV y XVI.

Los huesos de los hombros y cadera estaban desgastados, señal de que trabajaba como tejedora o hilandera.

La ‘Dama del Sauce’ tiene nariz aguileña, cara alargada y labios gruesos, según la imagen digital que hicieron los arqueólogos.

La estudiante universitaria Anely Martínez, que trabaja con Abanto, se vistió con un traje, manta y faja de lanas similares a las que usaba Wayaw hace 600 años, a modo de ilustración para los medios de comunicación.

“Wayaw nos representa en su totalidad, porque es una mujer trabajadora que ha salido adelante con su talento, que fue hilar”, dijo Martínez mientras recorría con el equipo de la AFP la calle donde los obreros hallaron el esqueleto, a solo 40 cm bajo el pavimento.

En tiempos prehispánicos, lo que ahora es San Juan de Lurigancho era gobernado por el Curaca o Señor de Ichma (Lima), con centro en Pachacámac, al sur de la ciudad.

El señorío se extendía desde el río Rímac, que cruza el centro de Lima, al valle del río Lurín, al sur de la capital.

El esqueleto de Wayaw y los utensilios serán entregados al Ministerio de Cultura, que determinará dónde serán expuestos.

“Lo que estamos negociando es que tengamos la posibilidad de vacunar, con la primera dosis, a 24.5 millones de adultos. En un escenario ideal, tendríamos esa cantidad de vacunas para el primer trimestre, antes de las elecciones de abril”, dijo a la prensa Mazzetti.

Indicó que a la fecha ya hay un acuerdo firmado con el laboratorio Pfizer para suministrar 9.5 millones de vacunas, de las cuales un millón y medio deben llegar en el primer trimestre de 2021, pero al mismo tiempo se viene negociando con otros laboratorios para completar las 24 millones y medio de dosis necesarias.

“Lo que estamos intentado es que tengamos la posibilidad de vacunar a todos los adultos en el primer trimestre del próximo año”, dijo la ministra.

“La llegada de la vacuna no depende solo de nosotros, las negociaciones también dependen de lo que ofrezcan los laboratorios y cómo avancen las investigaciones”, manifestó.

Mazzetti confirmó que en diciembre llegará al país un lote de 50,000 vacunas de Pfizer, que serán usadas para poner a prueba el sistema de almacenamiento y distribución de la vacuna de manera que en enero el sistema esté listo para operar.

Con 33 millones de habitantes, Perú registra unos 950,500 casos de coronavirus, con más de 35,600 muertos.

La nueva jefa del gabinete es la abogada Violeta Bermúdez, de 59 años, una experta en temas constitucionales y de género. Hay ocho mujeres en el nuevo gabinete, algunas de ellas reconocidas feministas en un país con tradición machista.

Sagasti asumió el poder el martes con el desafío de terminar la mayor crisis política en dos décadas en el país andino, marcada por el paso de tres presidentes en el lapso de ocho días.

En el ministerio de Economía y Finanzas fue nombrado Waldo Mendoza, un economista de izquierda que fue viceministro de Hacienda del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y celoso de la prudencia fiscal.

Como jefa de la diplomacia asumió Esther Astete, quien era embajadora en México, mientras que como ministro del Interior fue nombrado Rubén Vargas, quien había sido viceministro de seguridad durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y exjefe antidrogas de Vizcarra (2018-2020).

En Salud fue nombrada Pilar Mazzetti, una médica experta en salud pública que ocupaba el mismo cargo hasta hace nueve días con Vizcarra, por lo que desde hace meses estaba encargada de los esfuerzos por contener la pandemia de covid-19, que ha contagiado a más de 930 mil peruanos y matado a 35 mil.

En Cultura quedó Alejandro Neyra, abogado, escritor y diplomático que ocupaba también dicha cartera con Vizcarra y quien antes había tenido esa misma responsabilidad con Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

En Defensa fue designada por primera vez una mujer en Perú: Nuria Esparch, una abogada que fue viceministra de esta cartera en el segundo mandato de Alan García (2006-2011).

Entre 2014 y 2018 se desempeñó como gerente de relaciones institucionales de la constructora Graña y Montero, envuelta en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.

La jefa del gabinete y los ministros deberán comparecer ante el Congreso para recibir un voto de confianza para iniciar formalmente sus funciones.

Violeta Bermúdez había sido a mediados de la década de 1990 la abogada de la entonces primera dama Susana Higuchi, cuando denunció un secuestro y torturas de su esposo, el presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Siguiendo la tradición peruana, varios ministros juraron sus cargos “por Dios y estos Santos Evangelios” arrodillados ante un crucifijo y una Biblia, aunque algunos lo hicieron por “la Patria y la Constitución”.

La diferencia la marcó la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, quien juró “por Dios, por la Patria y por los hermanos que defendieron la democracia” en las manifestaciones contra Manuel Merino, que condujeron a su renuncia cinco días después de que asumió el poder tras la destitución de Vizcarra.

En total son 18 ministros, además del jefe de gabinete. Todavía no ha sido designado el nuevo titular de Energía y Minas, un cargo importante en un país minero como Perú.

“Juro por la patria y todos los peruanos que ejerceré el cargo de presidente”, declaró en una sesión plenaria del Congreso el ingeniero de 76 años, que debe gobernar hasta el 28 de julio de 2021.

A continuación pidió “perdón a nombre del Estado” a las familias de los dos manifestantes muertos el sábado, aparentemente a manos de la policía, en las protestas contra su antecesor, Manuel Merino.

“No podemos devolverles la vida a estos jóvenes”, dijo el nuevo presidente sobre Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Pintado, de 22, cuyos padres estaban presentes en la sesión del Congreso.

El flamante mandatario prometió que las elecciones generales del 11 de abril de 2021, de las que saldrá su sucesor, se realizarán “sin contratiempos” y serán “absolutamente limpias”.

Dijo, además, que hará lo posible “para reducir los contagios de la pandemia, pero sin afectar la economía”, que se encuentra en recesión tras un confinamiento nacional obligatorio de más de 100 días.

Sagasti fue elegido el lunes como nuevo jefe del Congreso, en una votación en que era el único candidato, lo que lo convirtió automáticamente en el nuevo presidente de Perú con el desafío de cerrar la crisis política.

Es el tercero en ocupar la presidencia en ocho días, un reflejo de la debilidad institucional del antiguo virreinato español.

“Es una muy buena elección la de Francisco Sagasti como presidente”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodrich. “Su elección ayuda a construir un momento de estabilidad política y económica, tiene buenas perspectivas”, agregó.

La crisis fue desatada el 9 de noviembre por el propio Congreso, cuando destituyó en un juicio político relámpago al popular mandatario Martín Vizcarra (centroderecha), bajo cargos de presunta corrupción cuando era gobernador en 2014.

La denuncia contra Vizcarra es investigada por la Fiscalía y la justicia le prohibió salir de Perú por 18 meses.

Al día siguiente tomó las riendas del país Merino, quien era jefe del Parlamento y también es de centroderecha, pero miles de indignados ciudadanos, principalmente jóvenes, salieron a las calles a protestar contra lo que tildaron de “golpe de Estado”.

Las protestas, que se prolongaron por cinco días, fueron violentamente reprimidas por la policía, con saldo de dos muertos y más de un centenar de heridos.

La bancada del centrista Partido Morado de Sagasti fue la única que votó en bloque contra la destitución de Vizcarra. Esto allanó su camino a la cabeza del nuevo gobierno de transición, que debe dirigir el país hasta el 28 de julio de 2021, día del bicentenario de la independencia de Perú.

Estados Unidos está listo para trabajar con Sagasti, “y apoyar a los peruanos en la preparación de la transición democrática” en los comicios de 2021, segúb el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

“Seguimos apoyando la gobernanza democrática, los derechos humanos, la transparencia y la prosperidad” de Perú, tuiteó Kozak.

En tanto, el canciller de Chile, Andrés Allamand, destacó que Sagasti tiene un “respaldo político contundente” para gobernar.

La llegada de Sagasti al poder fue recibida por alivio por miles de peruanos que habían protestado contra Merino.

“Él es una persona técnicamente preparada, cosa que no pasaba con el anterior usurpador. Me genera una tranquilidad, mas no estoy satisfecho aún porque todavía dentro del Parlamento existen diputados que deberían salir”, dijo a la AFP Walter Núñez, actor y clown de 30 años.

“Todos los jóvenes sentimos que hemos hecho un pequeño logro, pero no es suficiente. Este presidente tiene que hacer algo para mantener la democracia, pero a partir de abril, de las elecciones, depende de nosotros”, declaró por su parte Geraldine Aldave, diseñadora de modas de 22 años.

“Cuente con mi apoyo”, tuiteó Vizcarra, quien había denunciado la falta de “legalidad y legitimidad” de Merino.

Abandonado por el Congreso, Merino dimitió el domingo, cinco días después de haber asumido, acorralado por las multitudinarias protestas y las críticas a la represión.

Como jefa del Congreso peruano quedó la izquierdista Mirtha Vásquez, quien también votó contra la destitución de Vizcarra.

“Tener en el Congreso a una presidenta de izquierda mejorará la imagen”, dijo el analista Álvarez Rodrich.

Sin embargo, es difícil augurar qué hará un Congreso fragmentado y dominado por cuatro partidos populistas durante el gobierno de Sagasti, tras los frecuentes choques con Vizcarra y con su antecesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Merino el lunes por la muerte de los dos manifestantes, aparentemente a manos de la policía.

“No quedarán impunes” estos homicidios, prometió la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.

Sagasti, un ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial, fue elegido como nuevo presidente del Congreso y, según la Constitución, le corresponde asumir automáticamente la jefatura del Estado.

Su investidura tendrá lugar el martes por la tarde en una sesión plenaria, según anunció él mismo.

“¿Qué ofrecemos? lo que le falta a nuestro país en este momento, confianza. Confíen en nosotros, actuaremos de la manera que decimos”, declaró Sagasti en un discurso tras su elección como jefe del Congreso.

“Además de la confianza, la empatía para sentirnos cercanos a la ciudadanía”, agregó el nuevo mandatario, que lamentó la muerte de dos jóvenes el sábado en las masivas manifestaciones contra el anterior presidente, Manuel Merino.

“Hoy no es un día de celebración”, dijo. “Cuando un peruano muere, y más aún si es joven, todo el Perú está de duelo. Y si muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación”, añadió.

“Hay que tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder”, añadió Sagasti, quien vestía traje oscuro, mascarilla negra y corbata morada, el color de su partido.

Miembro del centrista Partido Morado, Sagasti debe completar el actual periodo de gobierno, que culmina el 28 de julio de 2021, tras la destitución del popular mandatario Martin Vizcarra hace una semana y la renuncia de Merino, el domingo.

El partido de este exacadémico y exfuncionario del Banco Mundial fue el único que votó en bloque contra la destitución de Vizcarra.

Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el 11 de abril de 2021.

Obtuvo 97 votos de los congresistas

Sagasti era el único candidato en liza y obtuvo el apoyo de 97 de los 123 parlamentarios presentes. Veintiséis se opusieron a su elección y ninguno se abstuvo.

Una primera votación para elegir al nuevo presidente había fracasado el domingo con la parlamentaria izquierdista Rocío Silva Santisteban como única candidata, quien apenas cosechó 42 sufragios.

Como nueva presidenta del Congreso fue elegida la izquierdista Mirtha Vásquez, lo que pone fin a la incertidumbre que existía en el país desde el domingo, al quedar sin titulares en los poderes ejecutivo y legislativo.

“Creo que Francisco Sagasti va a responder a las expectativas de la ciudadanía”, dijo a la prensa la nueva jefa del Congreso.

“Agradezco a la población por todo el esfuerzo. Lamentamos la muerte de dos ciudadanos”, dijo, recordando a los dos jóvenes que murieron el sábado durante protestas duramente reprimidas por la policía. “Esta generación de jóvenes nos han dado una lección para poder reconducir los destinos del Estado”, agregó Vásquez.

La elección de Sagasti fue saludada por cientos de manifestantes congregados afuera del edificio del Congreso y por transeúntes y automovilistas en diversas zonas de Lima, observaron periodistas de la AFP.

La crisis se cierra una semana después que el Congreso destituyera al popular Vizcarra por “incapacidad moral” y desatara la peor crisis política en dos décadas en el país, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y la recesión económica.

La elección de Sagasti es “el escenario ideal” para superar la crisis política porque fue “uno de los que votó en contra de la destitución de Vizcarra”, dijo a la AFP José Carlos Ugaz, expresidente de la ONG Transparencia Internacional.

Merino renunció cinco días después de haber asumido, tras las multitudinarias protestas en su contra en las que, además de los dos fallecidos, hubo un centenar de heridos.

En muros del centro de Lima y en el parque de Miraflores se levantaron unas especies de altares en memoria de los dos muertos en las protestas del sábado: Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Pintado, de 22, a quienes los activistas peruanos llaman ahora “héroes”.

La Fiscalía abrió este lunes una investigación preliminar contra Merino por la muerte de ambos manifestantes aparentemente a manos de la policía, informó la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.

Esta causa por “abuso de autoridad y homicidio doloso” va dirigida también contra su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, dijo Ávalos, quien prometió que esos hechos “no quedarán impunes”.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el lunes estar “profundamente perturbado” por la represión policial de manifestantes en Perú.

La ONU anunció, además, el envío de una misión al país para investigar presuntas violaciones de los derechos humanos.

Este lunes se debe conocer un fallo del Tribunal Constitucional sobre un recurso solicitado por Vizcarra cuando aún era presidente y enfrentaba una primera moción de destitución, de la que salió airoso el 18 de septiembre.

En esa ocasión Vizcarra solicitó que la alta corte definiera los alcances de la “incapacidad moral” de un presidente, pues la carta magna peruana no los define.

Se desconocen las implicaciones que puede tener este fallo dos meses después de ser solicitado y cuando Vizcarra ya fue removido del poder por un caso de presunta corrupción.

Esta investigación preliminar por “abuso de autoridad y homicidio doloso” va dirigida contra Merino, su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la muerte de dos manifestantes el sábado aparentemente por perdigones disparados por la policía, dijo Ávalos, quien prometió que estos hechos “no quedarán impunes”.

La causa, abierta un día después de la renuncia de Merino, también puede abarcar a otros presuntos responsables y no solo por las muertes de Inti Sotelo (24 años) y Jack Pintado (22), sino también por las “lesiones graves” de decenas de otros manifestantes, dijo la fiscal.

Precisó que la investigación también abarca posibles casos de “desaparición forzada”, porque hay nueve manifestantes cuyo destino se desconoce desde el sábado. Inicialmente eran más de 40, pero los restantes aparecieron el domingo.

Perú está a la espera de que el Tribunal Constitucional dicte un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias. Mientras, el Congreso eligió ayer a un nuevo mandatario –Francisco Sagasti– quien, automáticamente, asume como presidente del país, en reemplazo de Merino, que renunció el domingo, una semana después de destituir a Vizcarra por “incapacidad moral” y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.

Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el 11 de abril de 2021.

Esta investigación preliminar por “abuso de autoridad y homicidio doloso” va dirigida contra Merino, su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la muerte de dos manifestantes el sábado aparentemente por perdigones disparados por la policía, dijo Ávalos, quien prometió que estos hechos “no quedarán impunes”.

La causa, abierta un día después de la renuncia de Merino, también puede abarcar a otros presuntos responsables y no solo por las muertes de Inti Sotelo (24 años) y Jack Pintado (22), sino también por las “lesiones graves” de decenas de otros manifestantes, dijo la fiscal.

Precisó que la investigación también abarca posibles casos de “desaparición forzada”, porque hay nueve manifestantes cuyo destino se desconoce desde el sábado. Inicialmente eran más de 40, pero los restantes aparecieron el domingo.

Perú se encuentra este lunes en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.

El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Merino, una semana después de destituir a Vizcarra por “incapacidad moral” y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.

“Quiero hacer reconocimiento a todo el país que presento mi renuncia”, declaró Merino en un mensaje al país por televisión, lo que desató una celebración en las calles de Lima, al día siguiente de la violenta represión de unas protestas que dejó dos muertos y un centenar de heridos.

El Congreso deberá ahora designar a un nuevo presidente que pacifique el país. El elegido será el tercer mandatario en menos de una semana, en una nación muy golpeada por la pandemia del coronavirus y la recesión económica, que se sumió en una crisis política cuando el Parlamento destituyó en un juicio relámpago al popular mandatario Martín Vizcarra el lunes.

Merino dijo que para que no haya “vacío de poder”, los 18 ministros que él juramentó el jueves seguirán en sus puestos temporalmente, aunque prácticamente todos habían renunciado luego de la represión a los manifestantes el sábado.

Apenas Merino hizo el anuncio, las calles de Lima se llenaron de manifestantes que golpearon cacerolas y gritaron consignas, en una bulliciosa celebración.

“Le pido al señor Merino que evalúe su inmediata renuncia”, dijo Valdez al canal N de televisión.

Además, Valdez convocó a los jefes de bancadas este domingo para discutir la sucesión de Merino.

“Hay que tomar una decisión mayor, mañana (domingo) elección de una nueva junta directiva para una sucesión constitucional”, agregó Valdez.

El ultimátum se produjo tras la muerte de manifestantes durante una marcha masiva y pacífica de rechazo a Merino en Lima, que fue violentamente reprimida por la policía con disparos de perdigones y gases lacrimógenos.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, del partido Acción Popular, el mismo de Merino, también exigió la renuncia del presidente.

“Me acabo de enterar del tercer muerto” en las protestas, dijo el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, al deplorar la represión policial en declaraciones a la televisora estatal.

La policía dijo que los muertos eran dos, mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indicó que investigaba si eran cuatro.

La Defensoría del Pueblo había anunciado que el primer fallecido, un joven de 25 años, murió por disparos de perdigón en la cabeza y la cara.

La actuación policial ha sido severamente cuestionada por la ONU y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, desde que empezaran las protestas el martes, el día que asumió Merino.

Diez de los 18 ministros de Merino renunciaron este sábado en la noche tras la represión policial, entre ellos el de Salud, Abel Salinas, según medios locales.

“Este gabinete tendrá que afrontar las consecuencias de este acto conspirativo”, dijo el expresidente Ollanta Humala al canal N de televisión.

La crisis política parecía encaminarse a la renuncia de Merino, cuyo paradero era desconocido en las primeras horas del domingo en medio de rumores de una supuesta fuga.

“Lo estoy llamando y no logro comunicarme, no tengo la más remota idea de si ha renunciado. No soy adivino”, dijo su primer ministro, Antero Flores Aráoz, a la radio RPP.

El aeropuerto internacional de Lima informó que permanecía cerrado por el toque de queda nocturno. “La fiscalía está atenta para cualquier situación que se pueda presentar”, dijo en Twitter.

Merino ha guardado silencio tras la fuerte represión del sábado y el pedido de renuncia que le hizo el jefe del Congreso.

“Se dicta impedimento de salida del país contra el investigado Martín Vizcarra. La medida tendrá una duración de 18 meses”, dijo la jueza María Álvarez, en una audiencia judicial.

La decisión se conoció cuatro días después que en un juicio político relámpago el Congreso, de mayoría opositora, destituyera a Vizcarra del cargo por “incapacidad moral”, al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses.

Este jueves, Vizcarra señaló que la legalidad de su destitución “está en cuestión y la legitimidad, que la da el pueblo, la estamos viendo en las calles” con las manifestaciones contra su sucesor, el parlamentario Manuel Merino.

El abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, dijo ayer que se acogía al pedido de la fiscalía.

“En los escritos que hemos presentado a la fiscalía desde el martes le hemos dicho nuestra disposición de permanecer en el país para participar en las investigaciones”, dijo en la audiencia.

Vizcarra ha negado los cargos señalando que no dejará el país, ni se asilará en una embajada ni se hospitalizará para evitar las investigaciones de la fiscalía.

Protestas en las calles

Tras asumir el poder el pasado martes, Merino ha tenido que enfrentar masivas protestas contra él y el Congreso en varias ciudades de Perú. Durante estas manifestaciones, especialmente la del jueves, hubo violentos choques con las fuerzas del orden.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su “preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial y las detenciones por el ejercicio del derecho a la protesta y cobertura periodística en el país”.

Por su parte, la organización Human Rights Watch pidió a la OEA convocar a “una sesión del Consejo Permanente urgentemente y vigilar de cerca la situación en el Perú”, según un comunicado difundido en su sede en Estados Unidos.

Las elecciones en Perú están programadas para abril del próximo año.

Vizcarra había llegado al poder en 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de dos mociones de vacancia hechas por el Congreso.

Por la vacancia de Vizcarra votaron 105 de los 130 congresistas.

Su destitución y la asunción al poder de Manuel Merino, el jefe parlamentario que asumió el martes, desataron masivas manifestaciones en Lima y otras ciudades, con saldo de una docena de heridos por la represión policial, condenada por organismos de derechos humanos.

La jueza María Álvarez dictó “impedimento de salida del país contra el investigado Martín Vizcarra” por “18 meses”, a pedido de la fiscalía que investiga las denuncias de que el exmandatario recibió 600 mil dólares en sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.

“He entregado mi pasaporte en un gesto de colaboración con la justicia. Yo aquí me quedo al lado del pueblo. Yo no me iré a una clínica, ni a una embajada, ni mucho menos me voy a autoeliminar. Aquí estoy”, dijo a periodistas Vizcarra, que niega los cargos y cuestiona la legitimidad del gobierno de Merino.

El Congreso destituyó a Vizcarra por “incapacidad moral” el lunes, al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses.

Desde el martes miles de personas han salido a las calles de Lima y otras ciudades en defensa de este político sin partido ni bancada en el Congreso pero muy popular, y para protestar contra el gobierno de Merino.

En medio de una nueva manifestación el jueves, un grupo de personas que intentó llegar al Congreso se enfrentó con piedras y palos a la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos y perdigones. Tras la movilización se reportaron ocho personas detenidas y una docena de heridas; dos por “armas de fuego”.

#Perú🇵🇪 La @CIDH y su @RELE_CIDH manifiestan preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes y periodistas en el cuarto día de protestas y llaman al Estado a abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones indiscriminadas. 1

— CIDH - IACHR (@CIDH) November 13, 2020

La indignación seguía latente la tarde del viernes cuando cientos de jóvenes marcharon desafiantes a la residencia del primer ministro, Antero Flores-Aráoz en Lima.

Al ritmo de cacerolazos avanzaron decenas de cuadras con sus mascarillas -de uso obligatorio por la pandemia- hasta los alrededores de la vivienda donde un cerco policial les impidió seguir.

“Merino no es mi presidente”, “¡Fuera ratas del Congreso!”, se leía en los carteles que llevaban los jóvenes, que superaron el millar en una sorpresiva marcha.

Horas antes, Flores-Aráoz, conservador de viejo cuño de 78 años, los retó a que vayan a su casa porque no entendía sus demandas.

La represión del jueves provocó que organismos de derechos humanos alzaran su voz.

La Defensoría del Pueblo exigió “cesar de forma inmediata uso de gas lacrimógeno y perdigones contra ciudadanas/os que ejercen su derecho a manifestarse”.

“Muy preocupantes los relatos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Perú. La policía debe garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse pacíficamente y de la prensa a informar”, indicó en Twitter José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.

La protesta en la céntrica plaza San Martín de Lima transcurrió de manera pacífica unas cuatro horas, hasta que una columna de manifestantes intentó acercarse al Congreso, símbolo de la ira de los peruanos por haber destituido a Vizcarra.

Dos veinteañeros fueron heridos “por armas de fuego”, dijo el médico Jorge Amorós, del hospital Almenara de Lima donde ambos están internados.

“Aparentemente es un perdigón”, dijo el ministro de Salud, Abel Salinas, sobre el proyectil que hirió a Percy Pérez Shapiama, de 27 años, quien recibió un impacto en el abdomen que perforó los intestinos y está grave.

Un fotógrafo de la AFP recibió impactos de perdigones en un brazo y una pierna en la marcha en la Plaza San Martín.

Las autoridades no han divulgado balances de lesionados ni detenidos, pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que además de los dos jóvenes, otros 12 sufrieron heridas, entre ellas una que recibió perdigones en el rostro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, había expresado el jueves su “preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial”.

También el representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, instó garantizar el derecho de la reunión, tras asegurar haber recibido “información inquietante” sobre el actuar de la policía.

La destitución de Vizcarra fue condenada también por el peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, quien señaló que “clarísimamente el flamante Congreso ha violado la Constitución con esta medida”, en declaraciones al diario El Comercio desde Madrid.

De cara al primer juicio político, del que salió airoso el 18 de septiembre, Vizcarra solicitó al Tribunal Constitucional que definiera los alcances de la “incapacidad moral”, porque la Constitución no lo precisa. El fallo se conocerá el 18 de noviembre.

“Se dicta impedimento de salida del país contra el investigado Martín Vizcarra, la medida tendrá una duración de 18 meses”, dijo la jueza María Álvarez en una audiencia judicial.

Algunos vestidos de emperadores incas, otros con camisetas blanquirrojas de la selección peruana de fútbol, los manifestantes coparon la céntrica plaza San Martín y el parque del distrito turístico de Miraflores, en el sur de la ciudad, para expresar su oposición al nuevo gobierno.

Un grupo que intentó llegar al Congreso fue dispersado por la policía con gases gases lacrimógenos y perdigones. Los manifestantes quemaron objetos y se enfrentaron con piedras y palos a los policías.

“Amo mi Perú me avergüenzan los que gobiernan”, “Merino no es presidente”, “El Congreso es pandemia que no termina”, “Ni el covid nos hizo tanto daño como Merino”, decían carteles desplegados en la plaza San Martín cercana al Congreso.

“No estamos de acuerdo con esto que hace el Congreso. ¿Qué necesidad de hacer esta barbaridad” de destituir al popular presidente Martín Vizcarra?, dijo a la AFP Irene Aguilar, quien marchó con su hija Brenda en el parque de Miraflores.

Muchas personas vestían de negro en señal de luto en el tercer día consecutivo de protestas contra el nuevo gobierno que asumió el martes, un día después de que el Congreso destituyera a Vizcarra en un juicio relámpago por denuncias de supuesta corrupción.

🚨 #URGENTE La PNP lanza gas pimienta desde helicópteros para reprimir a jóvenes que marchan pacíficamente en varias calles del centro de Lima.
El Gobierno de Merino atenta contra la vida de los peruanos. #MarchaNacional
Cc: @MininterPeru @PoliciaPeru pic.twitter.com/HVBbqHbbMJ

— Sergio Sanabria (@sergiosanabria4) November 13, 2020

“La gente está defendiendo la democracia contra el abuso de poder”, dijo el legislador centrista Gino Costa, del partido Morado, que votó contra la destitución.

Muchos manifestantes golpeaban cacerolas, una estruendosa protesta que pocas veces se había visto antes en Perú.

La policía acordonó con decenas de efectivos antidisturbios los alrededores del Congreso y del palacio de gobierno, mientras los manifestantes marchaban pacíficamente.

Marchas similares se desarrollaron al caer la noche en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cusco, Chimbote, Abancay, Tacna, Huancayo y Tumbes, entre otras, según medios locales.

“Queremos expresar indignación con la clase política que está haciendo del país cualquier cosa”, dijo una manifestante que golpeaba una olla con un cucharón.

En Miraflores, decenas de vehículos enarbolando banderas peruanas hacían sonar sus bocinas en señal de rechazo al nuevo gobierno. También había manifestantes en motos y bicicletas, además de los miles que marcharon a pie.

“No es por Vizcarra, es por nosotros”, decía una pancarta. “Este Congreso no me representa”, “El pueblo le dice no al Congreso de siempre”, indican otras.

Las marchas contribuyeron a aumentar los tradicionales embotellamientos de tránsito en la capital peruana, de 10 millones de habitantes.

En las manifestaciones había gente de todas las edades, incluidas ancianas con sus perros.

Merino hizo este jueves un llamado a la calma y organizaciones de derechos humanos han pedido a las nuevas autoridades peruanas que respeten el derecho a la protesta, y condenaron la represión de las manifestaciones del martes y miércoles.

Por su parte, tres días después de ser destituido en un juicio político relámpago, el expresidente peruano Martín Vizcarra cuestionó la legalidad y legitimidad del nuevo gobierno y llamó a sus compatriotas a protestar pacíficamente en las calles.

“La legalidad está en cuestión y la legitimidad, que la da el pueblo, la estamos viendo en las calles” con las manifestaciones contra Merino, dijo Vizcarra a periodistas al ingresar a la fiscalía a declarar sobre la causa de presunta corrupción que le valió su destitución.

El Congreso destituyó a Vizcarra el lunes por “incapacidad moral” al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014, cargos que él niega.

“Incluso la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional” sobre la legalidad de la destitución, acotó el popular expresidente.

#MarchaNacional #12Nov Continúan los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía en el Centro de Lima. (Fotos: Gian Masko) pic.twitter.com/6WxJsNejtb

— IDL-Reporteros (@IDL_R) November 13, 2020

La OEA confirmó este jueves que enviará una misión de observación electoral a Perú “en tiempo y forma” para la preparación de los comicios generales de abril, un día después de expresar “su profunda preocupación” por la crisis política en el país andino.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur expresaron su preocupación por la actuación de la policía peruana en estas protestas.

Las marchas pacíficas se realizaron en el centro histórico de Lima y en el distrito de Miraflores, al sur de la capital peruana, constató un periodista de la AFP.

Portando carteles donde se leía “Merino no nos representa” y “Merino no es mi presidente”, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, marcharon cantando al ritmo de tambores.

En general, los manifestantes llevaban mascarillas y mantenían una distancia física mayor a un metro para cumplir la norma de las autoridades y no dar pie a eventuales detenciones por la policía.

En Miraflores, la nutrida marcha recorrió la avenida principal del distrito y el parque central bajo fuerte resguardo policial.

En forma paralela, más de 3 mil manifestantes ocuparon la plaza San Martín, epicentro de las manifestaciones políticas en el centro de Lima, según imágenes de video difundidas por el portal IDL Reporteros.

Las marchas se extendieron también a otras zonas de la capital, como el distrito de San Miguel, según imágenes difundidas por las redes sociales.

Paralelamente, a las 20H00 locales resonaron cacerolazos desde las ventanas de edificios de varios barrios de la capital.

Las protestas se convocaron a través de las redes sociales Twitter, Tik Tok y Facebook.

La segunda jornada en contra de Merino sorprendió pues se había anunciado un día nacional de protestas para este jueves.

El nuevo gobierno que encabeza Merino aún no termina de conformarse a más de 35 horas de haber asumido el poder.

Merino designó en la mañana al conservador Antero Flores-Aráoz, un político duro de viejo cuño, como primer ministro.

El gabinete ministerial será nombrado recién este jueves porque no ha sido fácil encontrar candidatos para completar los 18 ministerios, según el flamante primer ministro.

El Congreso de tendencia populista que dirigía Merino destituyó al presidente Martín Vizcarra la noche del lunes en un juicio político relámpago de menos de ocho horas.

Los parlamentarios alegaron como causal de despido la “incapacidad moral” del presidente debido a que está siendo investigado por la fiscalía en un caso de presunta corrupción cuando fue gobernador de la región Moquegua, en 2014. Vizcarra niega los cargos y haber recibido sobornos.

“Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente” el cargo de presidente, declaró Merino, un ingeniero agrónomo de centroderecha, de 59 años, y casi desconocido.

Se convirtió así en el tercer presidente desde 2016, reflejo de la fragilidad institucional que afronta el país.

Mientras era juramentado, había protestas contra la destitución de Vizcarra en las calles vecinas a la sede del Congreso en Lima, con choques entre manifestantes y policías, así como cacerolazos en diversos barrios de la capital. Además, había protestas en otras ciudades, como Arequipa y Cusco.

“Nuestro primer compromiso (...) es respetar el proceso electoral en marcha. Nadie puede cambiar la fecha de las elecciones convocadas el 11 de abril del año 2021”, dijo luego Merino, con la banda presidencial bicolor en el pecho, en su primer discurso ante el Congreso, en el que prometió “imparcialidad en todos los procesos electorales”.

Merino negó haber “comprado” votos para destituir a Vizcarra, hizo un llamado a la “unidad” nacional y prometió que dejará el mando el 28 de julio de 2021, día en que finaliza el actual periodo de gobierno.

Además, criticó el manejo de la pandemia por parte del anterior mandatario, diciendo que éste es “el país con peor manejo del covid-19”.

Con casi 33 millones de habitantes, Perú acumula 923 mil contagios y unos 35 mil muertos, pero es la segunda nación con mayor tasa de mortalidad del mundo por Covid-19 en relación a su población (105.9 por cada 100 mil habitantes), según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, centro de referencia.

Luego de su discurso, Merino se dirigió en automóvil al palacio de gobierno, a pocas cuadras del Congreso, donde recibió honores de un batallón de caballería del Ejército.

Merino ha militado toda su vida en Acción Popular, el partido que fundó el dos veces presidente Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985).

Vizcarra, sin partido ni bancada legislativa, descartó resistir con recursos judiciales su destitución y se marchó el lunes en la noche del palacio de gobierno a su residencia particular.

El Congreso destituyó a Vizcarra la noche del lunes por “incapacidad moral” al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014, cargos que él niega; y se comprometió a colaborar con las investigaciones.

“Salgo del palacio de gobierno como entré hace dos años, ocho meses: con la frente en alto”, declaró ante la prensa, rodeado de sus ministros, en el patio de la casa de gobierno.

“Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, agregó Vizcarra, quien gozó de niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno.

La moción de destitución fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios.

Tras la toma de posesión de Merino, Vizcarra se pronunció: “Tengo preocupación, como la tienen muchos peruanos, porque una autoridad para poder ejercer su autoridad necesita dos principios y condiciones básicas: legalidad y legitimidad”.

“La legalidad está en tela de juicio porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó; y la legitimidad la da el pueblo”, declaró a los periodistas.

El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver en diciembre una demanda para definir los alcances de la “incapacidad moral” que había presentado Vizcarra en septiembre, cuando Merino echó a andar una primera moción de destitución en su contra, que no prosperó.

La destitución del popular mandatario fue aprobada por 105 votos, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios, al cierre de una maratónica sesión plenaria de casi ocho horas.

“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República”, declaró tras la votación el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien tomará las riendas del país hasta completar el mandato actual, que finaliza el 28 de julio de 2021.

Vizcarra declaró que dejaba el poder “con la frente en alto” y descartó entablar acciones legales para resistir la decisión del Congreso.

“Salgo del palacio de gobierno como entré hace dos años ocho meses: con la frente en alto”, dijo Vizcarra, rodeado de sus ministros, en el patio de la casa de gobierno, anunciando que se marcharía de inmediato a su vivienda particular.

“Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, agregó Vizcarra, quien gozó de niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno, lo que se reflejó con marchas y cacerolazos en su apoyo en Lima y otras ciudades luego de ser destituido.

Este juicio político fue una suerte de “remake” -pero con final diferente- de otro proceso de destitución del que Vizcarra había salido airoso el 18 de septiembre.

Vizcarra tuvo un destino similar al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), quien no pudo completar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del parlamento.

“Perú sale más debilitado institucionalmente. Merino será un presidente débil, ese es el escenario en un contexto de elecciones generales (en abril de 2021) con pandemia”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodrich.

En la mañana, al inicio del juicio, Vizcarra presentó personalmente sus descargos ante el plenario del Congreso y negó haber recibido sobornos en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua.

“Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones”, “no he cobrado soborno alguno”, dijo Vizcarra.

Merino, quien será juramentado como presidente de Perú por el Congreso el martes en la tarde, es un político de bajo perfil, casi desconocido para los peruanos, tal como Vizcarra cuando asumió el poder hace dos años y medio.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, afirmó que al Congreso le faltó “sentido de la proporción” al remover a Vizcarra, lo que es “algo muy grave”.

En el juicio anterior, Vizcarra era acusado de instar a mentir a dos funcionarias del palacio de gobierno sobre un cuestionado contrato a un cantante, pero sus adversarios solo consiguieron 32 votos, lejos de los 87 necesarios para removerlo.

Las acusaciones de corrupción no han mellado el alto apoyo ciudadano que tiene este ingeniero provinciano de 57 años, sin partido ni bancada legislativa, que había asumido el poder tras la renuncia de Kuczynski, de quien era vicepresidente, el 23 de marzo de 2018.

Vizcarra destacó en sus descargos que una vacancia (destitución) “es una medida extrema”, que no debía ser aplicada por el Congreso “cada mes y medio”.

Tras la destitución, Merino se convertirá en el tercer presidente de Perú desde 2016, reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al antiguo virreinato español desde su independencia en 1821.

El Congreso destituyó a Vizcarra a cinco meses de los comicios presidenciales y legislativos.

Como en el juicio anterior, no hubo asuntos ideológicos en esta disputa, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centroderecha.

Tampoco estaba en discusión el manejo de los grandes problemas de Perú, como la recesión económica, la devastadora pandemia del coronavirus o un foco de difteria que forzó a una vacunación de emergencia.

Vizcarra, quien alzó durante todo su mandato la bandera de la lucha contra la corrupción, destacó en sus descargos que hay 68 parlamentarios con procesos en curso, sin que por eso fuesen destituidos.

Hace un mes, la Fiscalía anunció que investigaría las denuncias contra Vizcarra cuando culminara su mandato en 2021, pues ahora posee inmunidad, pero sus adversarios en el Congreso no quisieron esperar.

Vizcarra acusó a los parlamentarios rivales de querer sacarlo para retrasar las elecciones de 2021 y, de ese modo, prolongar su mandato en el Congreso.

Los gremios empresariales habían pedido evitar la destitución y focalizarse en la reactivación económica y la emergencia sanitaria, mientras que el exmandatario Ollanta Humala (2011-2016) dijo que la destitución “desestabiliza al país”

La pandemia ha contagiado a 920 mil peruanos y matado a 35 mil personas.

Merino tomó el mando en una sesión parlamentaria para convertirse en el tercer presidente de Perú desde 2016, reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al antiguo virreinato español desde su independencia en 1821.

“Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente” el cargo de presidente, declaró Merino, un ingeniero agrónomo de centroderecha, de 59 años y casi desconocido para los peruanos.

El Congreso destituyó a Vizcarra la noche del lunes por “incapacidad moral” al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014, cargos que él niega.

Lea aquí: El Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra

Vizcarra descartó entablar acciones legales para resistir la decisión del Congreso y dijo que se marchaba de inmediato del Palacio de gobierno a su vivienda particular.

“Salgo del Palacio de gobierno como entré hace dos años, ocho meses: con la frente en alto”, declaró ante la prensa, rodeado de sus ministros, en el patio de la casa de gobierno.

“Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, agregó Vizcarra, quien gozó de niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno, lo que se reflejó con marchas y cacerolazos en su apoyo en Lima y otras ciudades tras ser destituido.

La moción de destitución fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios.

“Que todo va a estar bien es la idea que quiere transmitir el local”, explica Eder Alva Chávez, dueño de esta pizzería de la calle Herrajes, cerca de la plaza de armas de Cusco, donde todas las calles son de adoquines.

Con el 70% de su población dedicada al negocio del turismo, Cusco sufrió un duro golpe en marzo con la irrupción de la pandemia del nuevo coronavirus, que condujo a un confinamiento nacional obligatorio de más de 100 días.

La cuarentena paralizó casi todas las actividades económicas de una ciudad que era muy próspera, aunque sus días de mayor esplendor habían terminado hace cinco siglos, cuando fue sometida por los conquistadores españoles.

Con medio millón de habitantes e invaluables tesoros arqueológicos prehispánicos y monumentales templos católicos coloniales, esta ciudad situada a 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar es paso obligado para visitar la ciudadela inca de Machu Picchu.

La reapertura de la famosa ciudadela de piedra ha devuelto las esperanzas de tiempos mejores para los cusqueños, aunque la mayoría de los hoteles, restaurantes y comercios siguen cerrados.

“Durante estos meses, gran parte de los ciudadanos cusqueños estábamos en nuestras casas y muchos de ellos prácticamente trabajando en otros rubros”, dijo Carlos Hispituca, dueño de una tienda de artesanía.

Ha sido “bastante complicado para todos los que estamos trabajando en el área de turismo, básicamente la ciudad vive de eso, y ha sido un golpe muy fuerte, muchos locales siguen cerrados, mucha gente perdió el trabajo”, destacó Alva Chávez.

Marcosi, una madre de 10 hijos que camina por las angostas calles de la antigua ciudad imperial ofreciendo artesanía, indicó que la falta de turistas provocó muchas penurias.

Lo vivido desde marzo ha sido “superterrible porque no había turistas“, dijo María Santos, quien vende artesanía en un local frente a la célebre Piedra de los doce ángulos, en la calle peatonal Hatun Rumiyoq.

Esta piedra, que pesa seis toneladas y en cuyos bordes es imposible meter una aguja porque sus contornos calzan milimétricamente con las rocas que la rodean, es parte del muro del Palacio Arzobispal, erigido sobre la residencia de un soberano indígena.

Algunos de los hoteles más emblemáticos de Cusco ocupan antiguos conventos que, a su vez, fueron levantados sobre edificaciones reales incas. Es el caso del Palacio Nazarenas (de 55 habitaciones), que ya reabrió, y del Monasterio (de 122), que sigue cerrado.

“Siempre hemos salido bien de las crisis”, señaló Wilfredo Quispe, quien se gana la vida transportando turistas en un vehículo todoterreno desde Cusco hacia el Valle Sagrado de los Incas, donde se encuentra Machu Picchu.

Contó que a muchas familias cusqueñas les ayudó a paliar la crisis económica la ancestral costumbre de “almacenar granos“, como maíz y habas.

La reapertura de Machu Picchu también devolvió la vida al exclusivo hotel Belmond Sanctuary Lodge, el único situado en la misma montaña de la ciudadela.

Antes de la pandemia, este hotel pasaba repleto de turistas, pero desde marzo hasta el domingo pasado sus únicos moradores eran una decena de empleados.

“Creo que esta pandemia nos ha enseñado a todos la convivencia”, dijo su gerente, Michael Leitao, y relató que en los meses de cuarentena él cocinaba los fines de semana, con ayuda de otros empleados, para darle un descanso al chef del hostal.

En una especie de “remake” de un juicio político del que salió airoso el 18 de septiembre, Vizcarra debe ahora defenderse de las acusaciones de haber supuestamente recibido coimas por contratos de obras públicas mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua, en 2014.

Esta nueva moción de destitución, que requiere 87 votos de 130 para ser aprobada en el parlamento, amenaza con “sumir al país en una situación de inestabilidad”, advirtió Vizcarra, quien ha mantenido niveles récord de popularidad en sus dos años y medio de mandato.

Las acusaciones de corrupción no han mellado el apoyo ciudadano a este ingeniero provinciano de 57 años ajeno a la clase política, que carece de partido y bancada legislativa, y quien asumió el poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, en marzo de 2018.

“Hasta el momento la investigación y control nos permite decir que no se ha identificado ningún caso adicional al brote familiar”, dijo el viceministro de Salud, Luis Ognio, en una conferencia de prensa.

Sólo se conocen oficialmente cinco casos, dos de ellos mortales, según información pública.

Las alertas sobre la difteria se encendieron el 27 de octubre, cuando se detectó en Lima el primer caso de difteria en 20 años en medio de la devastadora pandemia del nuevo coronavirus.

Se trataba de una niña de 5 años, sin dosis de vacuna completa, que falleció días después por una complicación cardíaca derivada del tratamiento de la difteria.

El Ministerio de Salud vacunó entonces a 7,000 personas contra esa enfermedad en la zona donde vivía la menor.

“Esperamos que con la vacunación de las 7,000 personas, se contenga el foco aparecido en La Victoria”, el distrito de Lima donde vivía la víctima, añadió el viceministro.

Respecto al segundo caso mortal el miércoles, también en Lima, una mujer de 69 años, las autoridades sanitarias lo matizaron e instaron a la población a la calma descartando contagios y señalando que no producía toxinas.

“No hay ninguna razón para generar una alarma nacional ni es necesario hacer una jornada de vacunación específica para difteria en estos momentos”, agregó Suárez.

El viceministro de Salud dijo que la alerta epidemiológica vigente “significa que todos los servicios de salud del país deben estar atentos y hasta el momento no se han identificado nuevos casos”.

Perú tiene previsto este fin de semana una doble jornada de vacunación contra cinco enfermedades, para retomar las campañas suspendidas por la pandemia. Entre las vacunas a inocularse figuran las de la difteria y la influenza.

Hace casi tres meses la Organización Panamericana de la Salud (OPS) había advertido que la pandemia de covid-19 causaba un “impacto devastador” en la atención sanitaria en América Latina y el Caribe, y que había un brote de sarampión en Brasil y casos de difteria en Haití y Venezuela.

La difteria afecta principalmente la faringe y puede ser mortal en el 10% de los pacientes. Es una enfermedad aguda que, como el coronavirus, se transmite principalmente por secreciones de personas infectadas. Es causada por el bacilo de Klebs-Löffler (Corynebacterium diphtheriae).

“La señora de 69 años falleció con un cuadro respiratorio y difteria en el hospital Cayetano Heredia”, dijo a la prensa el viceministro de Salud, Luis Suárez.

Según las autoridades sanitarias, la víctima vivía en el populoso distrito de San Martín de Porres, al norte de la capital peruana.

Para frenar los casos potenciales, el viceministro anunció una campaña de vacunación a 80 mil personas entre este jueves y viernes en Lima.

La vacunación se realizará en el distrito de La Victoria, al este de Lima, en una zona aledaña a la que vivía la primera víctima de la enfermedad.

Perú anunció el 27 de octubre el primer caso de difteria en 20 años. Se trataba de una niña de 5 años que falleció días después por una complicación cardíaca derivada del tratamiento a la difteria.

La niña había sido vacunada contra la difteria al nacer, pero no recibió las siguientes inoculaciones a causa de la pandemia del coronavirus, según dijo la madre.

“Hasta el momento no se ha podido identificar la fuente de infección del primer caso, es por ello que se extiende el área de vacunación”, indicó Suárez.

Ese caso provocó que se decretara una alerta epidemiológica nacional y se anunciara una campaña de vacunación de adultos y niños que no tuvieran las dosis de inoculación recomendadas.

Hace casi tres meses la Organización Panamericana de la Salud (OPS) había advertido que la pandemia de Covid-19 causaba un “impacto devastador” en la atención sanitaria en América Latina y el Caribe, y que había un brote de sarampión en Brasil y casos de difteria en Haití y Venezuela.

La difteria afecta principalmente la faringe y puede ser mortal en el 10% de los pacientes. Es una enfermedad aguda que, como el coronavirus, se transmite principalmente por secreciones de personas infectadas. Es causada por el bacilo de Klebs-Löffler (Corynebacterium diphtheriae).

“Estaremos presentes en el Congreso y estaremos como siempre, llevando en la mano los argumentos de la verdad, y esperemos que las fuerzas democráticas sean las que primen y que se piense primero en el Perú”, dijo Vizcarra a periodistas durante una gira en la región Lambayeque al norte del país.

“Tendré que ir al Congreso para justificar mis actos y (demostrar) la carencia de argumentos (de la acusación)”, acotó Vizcarra alegando que el juicio “por incapacidad moral” paraliza al país y siembra más incertidumbre en medio de la pandemia.

Vizcarra pidió acudir al Congreso antes del nueve de noviembre, pero la fecha parecía inamovible según el Legislativo.

El nuevo pedido de vacancia (destitución) es el segundo contra el presidente desde que el 18 de septiembre salió airoso de otra acusación por obstruir una investigación parlamentaria y fiscal en curso sobre presunto tráfico de influencias.

Ahora el Congreso aprobó el lunes enjuiciar a Vizcarra, de 57 años, por supuesta “incapacidad moral” por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Doce congresistas de los 130 estaban ausentes o con licencia.

La moción la presentó el minoritario partido populista Unión por el Perú (UPP), en base a declaraciones de dos empresarios que aseguraron ante la fiscalía haber pagado dos coimas a Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas cuando el presidente era gobernador de Moquegua, en 2014.

Los montos de las supuestas coimas ascienden a 2,3 millones de soles (unos 623.000 dólares).

El Congreso necesita 87 votos para destituir a Vizcarra. En la nueva vacancia seis de los nueve partidos presentes en el parlamento apoyaron la moción.

Vizcarra carece de partido y bancada en el Congreso, lo que lo hace políticamente débil.

Sin embargo, el mandatario cuenta con un fuerte respaldo en los sondeos, donde más de siete de 10 peruanos están en contra de su destitución.

“El pueblo está en contra de este pedido”, acotó en alusión a los sondeos que lo favorecen.

El presidente también ha criticado que se promueva un nuevo juicio político cuando hay una investigación fiscal abierta y al hecho que Perú celebrará elecciones en cinco meses.

“Me parece que sería irresponsable que a cinco meses de las elecciones estemos al filo de la navaja jugando con la democracia y eso no es admisible”, resaltó el martes.

Perú celebrará elecciones presidenciales y legislativas conjuntas el 11 de abril de 2021. Vizcarra termina su mandato el 28 de julio de ese año.

Bajo la niebla, los responsables de la ciudadela, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco desde 1983, hacían este domingo los últimos ajustes para la ceremonia de reapertura, prevista al anochecer.

El primer tren con turistas -y con un equipo de la AFP- llegó hacia las 7:00 a.m. hora local (12:00 GMT) a Machu Picchu Pueblo, la aldea más próxima a la mítica ciudadela, tras un viaje de una hora y media bordeando el río Urubamba desde la antigua aldea inca de Ollantaytambo.

Escondida entre los montes de los Andes, la majestuosa ciudadela de piedra recibirá el lunes a sus primeros visitantes, algunos de los cuales ya se encuentran en el cercano pueblo, tras permanecer cerrada desde el 16 de marzo por la pandemia.

“Poder abrir Machu Picchu al mundo, poder abrir nuestra maravilla, implica que los peruanos somos resilientes”, dijo a la AFP en la ciudadela la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, quien encabezará la ceremonia de reapertura.

Con la reapertura renacen las esperanzas en Cusco, la antigua capital del imperio inca, y en los pueblos del Valle Sagrado de los Incas, que son paso obligado hacia Machu Picchu y enfrentan una aguda crisis económica como secuela de la pandemia, pues el 70% de su gente vivía del turismo.

Tras un confinamiento obligatorio de más de 100 días, levantado el 1 de julio, muchos hoteles, restaurantes y otros negocios de la zona se fueron a la quiebra y miles de trabajadores quedaron sin empleo.

“Antes de que llegara la pandemia había 80 hoteles y hotelitos en Ollantaytambo, pero han quebrado por lo menos la mitad de ellos”, dijo a la AFP Joaquín Randall, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de este pueblo, situado a 32 km de la ciudadela.

“Los hoteles formales, que pagan impuestos y que están al día con el estado, han podido acceder a créditos” del gobierno, pero no los numerosos alojamientos informales, agregó Randall, dueño del hotel El Albergue (tres estrellas) y del restaurante El Chuncho.

La niña de 5 años de edad sufrió un paro cardíaco cerca de la medianoche del viernes, tras 11 días de manifestar síntomas de la enfermedad, causada por una miocarditis diftérica, de acuerdo con diversos medios limeños.

La menor había sido ingresada en el Hospital 2 de Mayo el pasado lunes y pertenecía a una familia de la Amazonía afincada en Lima hace un año. Había sido vacunada contra la difteria al nacer, pero no recibió las siguientes inoculaciones a causa de la pandemia del coronavirus, según dijo la madre.

Este caso de difteria, el primero registrado en Perú en 20 años, provocó que se lanzara una alerta epidemiológica nacional el miércoles y que se desplegara un operativo con médicos y enfermeras en 130 cuadras en la zona central de Lima, donde residía la menor, a fin de tratar de detectar otros posibles casos.

También se emprendió una campaña de vacunación de adultos y niños que no tuvieran las dosis de inoculación recomendadas.

Hace casi tres meses la Organización Panamericana de la Salud (OPS) había advertido que la pandemia de covid-19 causaba un “impacto devastador” en la atención sanitaria en América Latina y el Caribe, y que había un brote de sarampión en Brasil y casos de difteria en Haití y Venezuela.

En esa ocasión, la OPS destacó que, debido al nuevo coronavirus, se habían suspendido campañas de vacunación de rutina, había problemas para la atención de embarazos y enfermedades no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes, así como escasez de medicamentos para tratar el VIH y la tuberculosis.

Este fallecimiento por difteria ocurre cuando Perú supera los 900,000 casos y 34,000 muertos por Covid-19, en medio de una lenta pero constante reducción de nuevos contagios y decesos desde hace poco más de dos meses.

“Los cormoranes presentaron una cifra récord, de acuerdo a los datos históricos que datan desde 1977, mientras que los pingüinos mostraron su mayor número desde 2006”, señaló el PNG en un comunicado, sin precisar las cifras de la población de entonces.

La población de pingüinos de Galápagos, los únicos que habitan sobre la línea ecuatorial, pasó de 1,451 en 2019 a 1,940 en 2020; y la de los cormoranes no voladores subió de 1,914 a 2,220.

El pingüino de Galápagos es una de las especies más pequeñas de pingüino del mundo; llega a medir hasta 35 centímetros de altura. El cormorán, en tanto, es el único de este tipo que perdió su habilidad de volar, pero desarrolló dotes para buceo.

El estudio realizado por el PNG y la Fundación Charles Darwin se efectuó en septiembre pasado en las principales colonias.

Para Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua, los resultados del censo revelan el “buen estado de salud de la población” de aves. Y Gustavo Jiménez, investigador de aves marinas de la Fundación, destacó que el 86% de aves censadas eran ejemplares adultos, lo que indica que hay una población con capacidad reproductiva.

El PNG dijo que la presencia del fenómeno de La Niña, que ayuda a que haya más alimento para estas aves, incidió en el aumento de las poblaciones, así como la ausencia de perturbaciones en las zonas de anidación por el cese de actividades turísticas debido a la pandemia.

El gobierno dictó un decreto que prohíbe bañarse en las playas de Lima, así como acostarse o sentarse en la arena, “los días viernes, sábados y domingos”, aunque sigue permitida “la realización de deportes acuáticos sin contacto”, como surf, vela o remo.

La policía y los servicios municipales de seguridad “velarán por el cumplimiento de lo dispuesto”, dice el decreto, publicado el viernes 23 de octubre de 2020 en el diario oficial El Peruano.

La medida busca evitar aglomeraciones que conviertan a las playas en focos de contagio de la Covid-19 en los meses de la primavera y verano australes, en momentos en que los nuevos contagios y decesos disminuyen gradualmente en el país.

De lunes a jueves, los limeños podrán ir a la playa y bañarse en el mar, según el decreto, pero la mayoría solo puede acudir los fines de semana, pues los otros días debe trabajar o estudiar.

La caída del Producto Interno Bruto (PIB) “de 9.82% en agosto está asociada a la implementación de la tercera fase de reactivación económica a partir de julio”, dijo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El PIB disminuyó 15.66% de enero a agosto de 2020 sobre igual período del año anterior, y 9.63% en los últimos 12 meses, de septiembre 2019 a agosto 2020.

La contracción de agosto es la más leve desde que en marzo el país declaró la emergencia sanitaria.

El INEI explicó que la caída de agosto se debió a la menor producción de la mayoría de los sectores, como alojamiento y restaurantes, manufactura, minería e hidrocarburos, transporte y comercio.

El sector minero, uno de los motores de la economía peruana, sigue de capa caída y cayó 11.18%, mientras que el agropecuario se redujo 6.58% y la pesca 6.46%.

La actividad manufacturera sigue también sin despegar a los niveles previos a la pandemia y se contrajo en 12.09%.

El transporte sigue a niveles deficitarios (-27.18%) y el comercio bajó 8.12%, señal de que el consumo es una de las víctimas de la pandemia que ha dejado sin empleo formal a más de 2.5 millones de peruanos.

La construcción disminuyó 6.50%, pese a que es una de las actividades que se reactivó paulatinamente a partir de julio, cuando Perú empezó a desconfinar a la población.

El sector alojamientos y restaurantes acumula aún ingentes pérdidas con una caída de 60.95%.

“El 10 de noviembre será la reapertura de las Líneas de Nasca”, dijo Neyra en una videoconferencia con corresponsales extranjeros.

Las famosas Líneas de Nasca, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, son geoglifos de más de 2,000 años de antigüedad con figuras geométricas y de animales, que sólo pueden ser apreciadas desde el cielo.

Están situadas en el desierto a unos 350 km al sur de Lima y su real significado es un enigma: algunos investigadores las consideran un observatorio astronómico, otros un calendario.

En aeródromos de la zona, se ofrecen servicios de avionetas para observar las líneas.

Además, Neyra dijo que las autoridades peruanas planean decidir el martes la fecha en que reabrirán la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo peruano.

“En Machu Picchu tenemos todos los protocolos (de bioseguridad) necesarios para la reapertura”, dijo Neyra, quien había indicado la semana pasada que posiblemente la ciudadela de piedra del siglo XV reabriría en noviembre.

Este domingo, el turista japonés Jesse Takayama, de 26 años, se convirtió en el primer visitante en siete meses que ingresa a Machu Picchu, al obtener un permiso especial de las autoridades, tras haber quedado varado en un pueblo cercano en marzo cuando se decretó la emergencia sanitaria.

En tanto, una veintena de sitios arqueológicos y museos de sitio reabrirán este jueves, en Lima, Cusco (sureste) y Lambayeque (norte), entre ellos Chan Chan, la mayor ciudadela precolombina de adobe de América.

Las visitas a estos lugares “van a ser con todo el cuidado necesario y de manera gratuita” inicialmente, destacó Neyra.

Indicó que durante el prolongado cierre “ha habido una serie de alertas” por denuncias de “afectación al patrimonio”, por intentos de saqueo o invasiones de sitios arqueológicos.

Cuna de la civilización inca, Perú tiene más de medio centenar de sitios arqueológicos de diferentes pueblos precolombinos que maneja el Ministerio de Cultura. También hay varios museos de sitio privados.

El sector de turismo ha sido duramente afectado en Perú por una cuarentena nacional de más de 100 días, levantada el 30 de junio. El país reabrió sus fronteras hace una semana, con vuelos desde siete países latinoamericanos.

Antes de la pandemia, unos cuatro millones de turistas visitaban Perú cada año atraídos por el patrimonio arqueológico y por su famosa gastronomía.

“Niego absoluta y categóricamente” haber recibido pagos ilegales, dijo Vizcarra, luego de que el diario local El Comercio revelara que un testigo declaró ante fiscales que empresas “hicieron un pago ilícito de un millón de soles (casi 300 mil dólares) al hoy presidente Martín Vizcarra”.

Esta es la segunda denuncia sobre presunta corrupción que enfrenta el mandatario peruano, quien superó en septiembre una moción de destitución en el Congreso, acusado de instar a mentir a dos asesoras en una investigación sobre contratos a un cantante.

Por este caso, que salió a la luz tras la filtración de unos audios, la fiscalía anunció el viernes que abrirá una investigación a Vizcarra cuando deje el poder en julio de 2021, pues ahora tiene inmunidad.

Vizcarra afirmó que es “bastante original y no es casualidad” que se difunda la versión sobre supuestos pagos ilegales el día después en que reclamó saber “qué pasaba con las investigaciones” sobre Odebrecht, que parecen paralizadas desde que irrumpió la pandemia en el país en marzo.

El diario limeño afirmó que un implicado que aspira a ser colaborador eficaz para reducir una eventual condena, declaró al fiscal Germán Juárez que “la empresa Obrainsa y su socia Astaldi, de capital italiano”, hicieron el supuesto pago ilegal en 2014.

El desembolso se habría hecho a cambio del visto bueno para una obra en Moquegua, 1.100 km al sur de Lima, cuando Vizcarra era gobernador en esa región.

El mandatario defendió su gestión: “Desde el primer día de mi gobierno hemos combatido la corrupción y hemos afectado grandes intereses. ¿No es extraño que cuando toco Odebrecht viene este tipo de titular?, ¿quieren callarme?”.

En reacción a la versión del diario, el legislador opositor José Vega, de Unión por el Perú, dijo a una radio local que su bancada comenzará a recoger firmas el lunes para presentar una nueva moción de destitución contra el mandatario.

“Nosotros vemos este tema como algo gravísimo, hay colaboradores que han hablado. Acá hay evidencias claras de que hay coimas, de que hay corrupción. Esto debe generar una vacancia por incapacidad moral permanente”, dijo Vega.

Vizcarra había pedido el sábado a la fiscalía que adelante la investigación sobre los cuestionados contratos por 50.000 dólares con el cantante Richard Cisneros, en lugar de esperar hasta el fin de su mandato.

La corrupción es uno de los grandes males de Perú, donde cuatro presidentes han sido salpicados por el escándalo de sobornos y aportes ilegales de campaña de Odebrecht

“Yo no me corro, aquí estoy. No espero a 28 de julio del próximo año, quiero ir ahora para aclarar porque todo es absolutamente transparente y se ajusta a ley”, dijo Vizcarra.

El viernes, la fiscalía anunció que abrirá una investigación a Vizcarra cuando termine su mandato en julio de 2021 por contratos con un cantante.

El mandatario manifestó que insistirá a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, para que tome su declaración respecto a la contratación de Richard Cisneros por parte del ministerio de Cultura.

“Insistiré con la fiscal de la nación para que en tiempo que crea conveniente ir a dar todas las explicaciones que demuestren que no hay ningún delito y ninguna irregularidad en este procedimiento”, declaró el mandatario.

Según dijo, el caso es un montaje para ocultar pagos ilícitos y causas de corrupción que involucran a la empresa brasileña Odebrecht, en proyectos como el Gasoducto Sur Peruano y el proyecto de irrigación Olmos, entre otros.

“Tengan la seguridad que pronto se va a descubrir, se va a concluir de manera objetiva, que esto no ha sido más que una pretendida cortina de humo, precisamente para que no se hable de temas de corrupción tan importantes”, agregó.

Vizcarra, quien se salvó el 18 de septiembre de ser destituido por el Congreso acusado de instigar a mentir a dos asesoras sobre el caso del cantante, se une así a sus cuatro predecesores en la presidencia de Perú, que quedaron bajo la lupa de la fiscalía por otras causas de presunta corrupción.

Cisneros, un cantante poco conocido que se hace llamar “Richard Swing”, saltó a la palestra en mayo cuando la prensa descubrió que, en plena pandemia, el Ministerio de Cultura lo había contratado como conferencista.

El Congreso abrió entonces una investigación sobre los contratos por los que Cisneros recibió unos 50,000 dólares entre 2018 y 2020.

Hace un mes, en el Parlamento se difundieron unos audios en que Vizcarra les pedía a sus asistentes Karem Roca y Mirian Morales que mintieran sobre el número de veces que el cantante había acudido al Palacio de Gobierno.

La divulgación de los audios condujo a un juicio de destitución el 18 de septiembre, que Vizcarra pudo superar al no reunir el Congreso los suficientes votos para sacarlo del poder.

La corrupción es uno de los grandes males de Perú, donde cuatro presidentes han sido salpicados por el escándalo de sobornos y aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht.

Ayer harían un recorrido por los sitios para ver las condiciones en que se encuentran, incluido Machu Picchu. “Los protocolos de bioseguridad están aprobados, los aforos de los sitios van a ser al 50%”, dijo el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, citado por la agencia estatal Andina.

Neyra indicó que previamente a la reapertura se verificará la implementación de los protocolos de bioseguridad para garantizar la protección de los turistas.

“Aún no hay una fecha exacta, estamos reuniéndonos con los ministros y la próxima semana [... se] anunciará la reanudación de actividades turísticas con destinos seguros”, agregó.

La ciudadela de piedra permanece vacía desde el 16 de marzo y aunque las autoridades esperaban reabrirla en julio, desistieron porque los contagios continuaron en alza en la región del Cusco, donde está Machu Picchu.

Según los nuevos protocolos, solo podrán ingresar 675 turistas por día a la ciudadela, el 30% del total autorizado en temporada normal. Deberán entrar en grupos de ocho, con un guía, y mantener una distancia de 1.5 a 2 metros entre cada persona.

Antes de la pandemia, ingresaban a la ciudadela entre 2 mil y 3 mil personas por día, y en temporada alta, hasta 5 mil. El gobierno también busca limitar el acceso de turistas por recomendación de la Unesco para evitar el deterioro del sitio arqueológico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983.

El Ministerio Público anunció en Twitter “la detención preliminar de 10 investigados por presuntos delitos de corrupción cometidos en la contratación del proveedor [el cantante] Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura, entre el 2018 y 2020”.

Añadió que la medida, que durará siete días, forma parte de “la investigación por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible”, que incluye a Mirian Morales, Óscar Vásquez y Karem Roca Luque, exasesores del entorno más cercano de Vizcarra, quien los despidió .

Al respecto, Vizcarra expresó que respeta “las decisiones del sistema de justicia, pero no necesariamente las compartimos”. La detención preliminar, consideró, debe proceder “en casos excepcionales, cuando alguien vaya a fugarse, o en un delito grave. Sin embargo, en el caso de esta investigación no encontramos la proporcionalidad para la decisión que se ha tomado. Pero igual la respetamos”.

Roca y Morales fueron conducidas, esposadas, desde sus respectivos hogares hacia la Prefectura de Lima para cumplir el arresto. El cantante Cisneros, tras varias horas de presencia policial en su domicilio, fue llevado a un centro de detención.

“Estoy tranquilo, confío en Dios. Soy inocente y lo voy a probar”, declaró al salir de su casa escoltado.

La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori proclamó el viernes su “retorno 100% activo” a la lucha política, en medio de líos judiciales por el caso de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht y después de que su partido perdiera la hegemonía en el Congreso peruano.

“El fujimorismo está en un mal momento, está dividido, todavía el papá está en la cárcel. Keiko está judicializada (...), tiene una menor bancada en el Congreso, no está fuerte”, dice a la AFP el analista político Luis Benavente, director de la consultora Vox Pópuli.

Días antes de su retorno, Keiko rompió un silencio de nueve meses para apoyar sorpresivamente a su gran adversario, el mandatario peruano Martín Vizcarra, ante una moción de destitución en el Congreso que no prosperó.

“El apoyo de Keiko a Vizcarra lo vi como un intento desesperado de portarse bonito para ver si podía beneficiarse con algo bonito”, indica Benavente.

El analista Fernando Vivas destaca que así como el partido fujimorista Fuerza Popular (derecha populista) no se sumó al intento de cesar a Vizcarra, “a pesar de la inquina que le tienen”, tampoco apoyó otros recientes “excesos” de la oposición en el Congreso.

“Hay pues, ya un diseño de campaña, que por lo menos, busca destacar la responsabilidad y la mirada de largo plazo, que no abunda en las otras bancadas del Congreso”, dice Vivas en una columna en el diario El Comercio.

Los vuelos internacionales quedarán autorizados, a partir del 5 de octubre, entre países de la región, dijo Vizcarra. Precisó que la autorización se dará en función de protocolos específicos que fijarán el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Salud.

Desde ya en la primera semana de octubre. Se va exigir prueba molecular de Covid-19 con una vigencia de 48 horas, manifestó.

Estos vuelos serán a destinos seguros desde el punto de vista sanitario, agregó.

El ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, había dicho el 2 de septiembre que Estados Unidos, México, España y Chile formarían parte del primer grupo de países desde los cuales se autorizarán los vuelos a Perú.

El gobierno peruano había indicado el 17 de agosto que reanudaría los vuelos internacionales cuando bajaran los casos del nuevo coronavirus, lo que sucede de manera paulatina desde la última semana de agosto.

Por otro lado, el mandatario anunció que el estado de emergencia nacional por la pandemia se prolongará hasta fines de octubre.

Tras un debate parlamentario de 10 horas, en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio, apenas 32 legisladores votaron a favor de la destitución, 78 en contra y 15 se abstuvieron.

Los adversarios de Vizcarra necesitaban 87 votos para cesarlo 10 meses antes de que culminara su mandato, el 28 de julio de 2021.

“No ha sido aprobado el pedido de vacancia. En consecuencia, pasa al archivo”, declaró el jefe del Congreso, el opositor Manuel Merino, quien habría asumido el poder si hubiese prosperado el juicio, que él promovió.

“Quiero, agradecer a todos los señores congresistas, porque han sobrepuesto su espíritu democrático y han apostado por la estabilidad y el pueblo”, declaró el jefe del gabinete ministerial, Walter Martos, a la radio RPP.

“Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad. Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos”, tuiteó Vizcarra, en su primera reacción a la decisión.

Mencionó entre estos temas “la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción”.

Vizcarra acudió al Congreso –aunque no estaba obligado por ley– junto a su abogado para dar sus descargos.

“No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora”, dijo ante el plenario Vizcarra, un ingeniero provinciano de 57 años de edad, sin lazos con la élite política y económica limeña.

Luego se marchó a una gira de trabajo a la ciudad norteña de Trujillo y dejó a su abogado hacer su alegato en una sesión plenaria seguida por la mayoría de los parlamentarios por videoconferencia debido a la pandemia.

“Es evidente que esta moción adolece de una mínima elemental tipificación de los hechos”, afirmó el abogado en el plenario.

Sin embargo, la legisladora María Teresa Céspedes dijo que apoyaba la destitución, porque “el presidente ha mentido a la población”.

Durante el debate previo a la votación, más de 70 congresistas hablaron en contra y a favor de la destitución. Al mandatario se le acusaba de instar a dos asesoras a mentir en una investigación sobre los contratos de un cantante, según unos audios filtrados la semana pasada.

La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia “impuso detención domiciliaria a Nadine Heredia Alarcón en el proceso seguido por colusión agravada y otro en agravio del Estado”, dijo el tribunal en su cuenta de Twitter.

De ese modo, la Sala Penal revocó la libertad condicional que otro tribunal le había concedido a Heredia hace poco más de un mes, y que había sido apelada por la fiscal Geovana Mori.

La fiscalía solicitó para Heredia y dos exministros de Humala, Luis Castilla y Eleodoro Mayorga, 36 meses de prisión preventiva por presuntos delitos en un contrato de construcción de un gasoducto y de asociación ilícita.

La Sala Penal confirmó además la libertad condicional para Castilla y Mayorga.

Según la fiscalía, Heredia ejercía un poder de facto dentro del aparato estatal durante el mandato de Humala (2011-2016).

El expresidente y su esposa están acusados de haber recibido tres millones de dólares para la campaña electoral que llevó al militar retirado al poder.

La situación de la exprimera dama, de 44 años, parece haberse complicado luego de que el exjefe de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, declarara hace un tiempo ante fiscales peruanos que le entregó personalmente el dinero.

Heredia y Humala estuvieron durante nueve meses en prisión preventiva por este caso entre 2017 y 2018.

El escándalo de Odebrecht, cuyos directivos ahora cooperan con la justicia, salpica a cuatro expresidentes peruanos, entre ellos Humala, y a la líder opositora Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimor i (1990-2000).

Uno de los exmandatarios bajo sospecha de corrupción, Alan García, se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido por el poder judicial para averiguaciones.

Tras un debate parlamentario de 10 horas, en el que mandatario presentó sus descargos al inicio, apenas 32 legisladores votaron a favor de la destitución, 78 en contra y 15 se abstuvieron.

Los adversarios de Vizcarra necesitaban 87 votos para cesarlo 10 meses antes de que culminara su mandato, el 28 de julio de 2021.

“No ha sido aprobado el pedido de vacancia, en consecuencia pasa al archivo”, declaró el jefe del Congreso, el opositor Manuel Merino, quien habría asumido el poder si hubiese prosperado el juicio contra Vizcarra, que él promovió.

El resultado de la votación no fue tan sorpresivo, porque los medios peruanos habían anticipado que los opositores radicales no contaban con los votos necesarios para echar del poder al popular gobernante, quien carece de partido y de bancada legislativa.

“Quiero, agradecer a todos los señores congresistas, porque han sobrepuesto su espíritu democrático y han apostado por la estabilidad y el pueblo”, declaró el jefe del gabinete ministerial, Walter Martos, a la radio RPP.

Vizcarra acudió al Congreso (aunque no estaba obligado por ley) junto a su abogado, Roberto Pereira, para presentar sus descargos.

“No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora”, dijo ante el plenario Vizcarra, un ingeniero provinciano de 57 años, sin lazos con la élite política y económica limeña.

Luego se marchó para dejar a su abogado hacer su alegato en una sesión plenaria seguida por la mayoría de los parlamentarios por videoconferencia debido a la pandemia.

“Es evidente que esta moción adolece de una mínima elemental tipificación de los hechos”, sostuvo Pereira en su alegato.

Sin embargo, la legisladora conservadora María Teresa Céspedes dijo que apoyaba la destitución porque “el presidente ha mentido a la población”.

Durante el debate previo a la votación, más de 70 congresistas hablaron en contra y a favor de la destitución.

De haber sido cesado, habría tenido un destino parecido al de su predecesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien no pudo culminar su periodo al verse forzado a dimitir por presiones del Parlamento. Vizcarra, quien era su vicepresidente, le sustituyó en marzo de 2018.

El actual mandatario fue acusado de instar a dos asesoras a mentir en una investigación sobre los contratos de un cantante, según unos audios filtrados la semana pasada. Esto llevó al Congreso a abrirle un juicio de destitución.

Mientras el proceso que condujo a la destitución de la mandataria brasileña Dilma Rousseff en 2016 demoró ocho meses, en Perú la causa contra Vizcarra tomó apenas ocho días.

“La rapidez con la que se ha hecho este proceso refleja una crisis de las instituciones, que desprestigia más ante la gente el sistema democrático”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodrich.

El Tribunal Constitucional había rechazado el jueves paralizar el juicio, pero accedió a clarificar -en unas diez semanas- los requisitos para que el Congreso declare la “incapacidad moral” de un presidente, pues la carta magna no los precisa.

El Congreso había decidido hace una semana sentar en el banquillo a Vizcarra por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, al día siguiente de que se difundieran los audios.

En esta pugna no había diferencias ideológicas, ya que tanto el mandatario como la mayoría de bancadas son de centroderecha, y tampoco estaba en discusión el manejo de los grandes problemas de Perú: la pandemia y la recesión.

Todo parecía ser una mera lucha por el poder en la que el contrato del cantante es un pretexto, según analistas y ciudadanos de a pie.

“El grueso de la población básicamente quisiera pasar la página de este incidente”, declaró a la AFP el analista político José Carlos Requena.

Tras hacer sus descargos, Vizcarra emprendió una gira de trabajo a la ciudad norteña de Trujillo mientras los parlamentarios decidían su destino.

En Trujillo instó a los parlamentarios a que “piensen en las deficiencias de su región y trabajemos juntos para forjar el desarrollo”.

A pesar de los comprometedores audios, ocho de cada diez peruanos quieren que Vizcarra continúe y, aunque el 41% considera “incorrecta” su conducta, no estima que sea “grave”, según una encuesta de la firma Ipsos.

“Acá no gana nadie, pierde el Ejecutivo y el Congreso, porque la gente percibe que hay dos poderes del Estado en una pugna política mientras hay una pandemia matando peruanos y un desempleo espantoso, que recién se recuperará en cinco años”, expresó Álvarez Rodrich.

La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia “impuso detención domiciliaria a Nadine Heredia Alarcón en el proceso seguido por colusión agravada y otro en agravio del Estado”, dijo el tribunal en su cuenta de Twitter.

De ese modo, la Sala Penal revocó la libertad condicional que otro tribunal le había concedido a Heredia hace poco más de un mes, y que había sido apelada por la fiscal Geovana Mori.

La fiscalía solicitó para Heredia y dos exministros de Humala, Luis Castilla y Eleodoro Mayorga, 36 meses de prisión preventiva por presuntos delitos en un contrato de construcción de un gasoducto y de asociación ilícita.

La Sala Penal confirmó además la libertad condicional para Castilla y Mayorga.

Según la fiscalía, Heredia ejercía un poder de facto dentro del aparato estatal durante el mandato de Humala (2011-2016).

El expresidente y su esposa están acusados de haber recibido tres millones de dólares para la campaña electoral que llevó al militar retirado al poder.

La situación de la exprimera dama, de 44 años, parece haberse complicado luego de que el exjefe de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, declarara hace un tiempo ante fiscales peruanos que le entregó personalmente el dinero.

Heredia y Humala estuvieron durante nueve meses en prisión preventiva por este caso entre 2017 y 2018.

El escándalo de Odebrecht, cuyos directivos ahora cooperan con la justicia, salpica a cuatro expresidentes peruanos, entre ellos Humala, y a la líder opositora Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Uno de los exmandatarios bajo sospecha de corrupción, Alan García, se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido por el poder judicial para averiguaciones.

El popular mandatario corre el riesgo de ser cesado por el Congreso, a 10 meses del fin de su periodo, y tener un destino parecido al de su predecesor Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), quien tampoco pudo culminar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del Parlamento.

Vizcarra quedó contra las cuerdas al ser acusado de instar a dos asesoras a mentir en una investigación sobre los contratos de un cantante, según unos audios filtrados. Esto llevó al Congreso a abrirle un juicio de destitución por “incapacidad moral”.

“La rapidez con la que se ha hecho este proceso refleja una crisis de las instituciones, que desprestigia más ante la gente el sistema democrático”, dijo a la AFP el analista político Augusto Alvarez Rodrich.

Si es cesado, tomará las riendas del país el jefe del Congreso, Manuel Merino, un político de bajo perfil casi desconocido para los peruanos, tal como Vizcarra cuando juró como presidente el 23 de marzo de 2018, en medio de otra crisis política.

DEBATE Y VOTACIÓN

El presidente no ha confirmado si acudirá al Congreso a defenderse personalmente, pero designó al abogado Roberto Pereira como defensor.

La sesión plenaria que decidirá su futuro fue citada para horas de la mañana, una semana después de que el Parlamento aprobara sentarlo en el banquillo por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.

Tras los descargos, los legisladores sostendrán un debate antes de votar si sacan o no de la presidencia a este ingeniero provinciano de 57 años, sin lazos con la élite política y económica limeña.

Aunque los medios afirman que sus enemigos no cuentan con los 87 votos necesarios para destituirlo, nadie puede anticipar el resultado del juicio político, pues prácticamente ningún partido votará en bloque.

En esta pugna no hay diferencias ideológicas, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centroderecha, y tampoco está en discusión el manejo de los grandes problemas de Perú: la pandemia y la recesión.

Todo parece ser una mera lucha por el poder en la que el contrato del cantante es un pretexto, según analistas y ciudadanos de a pie.

“El grueso de la población básicamente quisiera pasar la página de este incidente”, declaró a la AFP el analista político José Carlos Requena.

El Tribunal Constitucional rechazó el jueves paralizar el juicio, pero accedió a clarificar -en unas diez semanas- los requisitos para que el Congreso declare la “incapacidad moral” de un presidente.

Vizcarra, quien carece de partido y de bancada, dijo el jueves que seguía “trabajando” a pesar de la incertidumbre sobre su futuro, porque “Perú no puede detenerse así tenga cuestiones políticas”.

El mandatario afirmó que existe un “complot contra la democracia” y que se metió en este embrollo por la “traición de alguien” de su “entorno cercano”, en alusión a la asistente que lo grabó subrepticiamente en su despacho.

A pesar de los comprometedores audios, ocho de cada diez peruanos quieren que Vizcarra continúe y, aunque el 41% considera “incorrecta” su conducta, no estima que sea “grave”, según una encuesta de la firma Ipsos.

“Los políticos deberían abocarse a otras cosas mucho más importantes, que es la situación económica y pandémica que se vive en la nación”, dijo a la AFP David González, trabajador independiente de 53 años.

“Es una estupidez lo que están haciendo ahorita” los políticos, indicó Cristián Zapata, comerciante de 29 años.

El Tribunal, por cinco votos contra dos, “ha decidido rechazar la medida cautelar planteada por el Ejecutivo”, lo que allana el camino al juicio político que decidirá si es o no destituido, dijo la presidenta de la alta corte, Marianella Ledesma.

Ledesma señaló que los siete magistrados de la corte, cuyos fallos son inapelables, no concedieron la medida cautelar, porque “a la luz de las declaraciones de líderes políticos, el riesgo de que suceda la vacancia [de Vizcarra] se ha debilitado y no hay una urgencia manifiesta”.

Agregó, además, que el tribunal ha decidido admitir a trámite la demanda presentada el lunes por el gobierno para detallar los requisitos para que el Congreso declare la “incapacidad moral” de un presidente. Aclaró que decidir este punto tomará “semanas”.

Vizcarra debe sentarse en el banquillo ante un Congreso controlado por la oposición, que la semana pasada aprobó una moción para llevarlo a juicio de destitución por supuestamente instigar a dos asesoras a mentir en una investigación sobre un cuestionado contrato a un cantante, según audios divulgados hace una semana.

“Se ha procedido a presentar la demanda competencial del Poder Ejecutivo contra el Congreso (...). Existe un uso indebido del Congreso” de la facultad para declarar la “incapacidad moral” del Presidente, dijo el procurador de temas constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Alberto Huerta.

El Congreso votará la destitución de Vizcarra tras abrir un proceso la semana pasada acusando al mandatario de haber supuestamente instado a mentir a dos asesoras investigadas en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante, según unos audios difundidos el jueves.

Vizcarra debe comparecer ante el plenario este viernes para ofrecer sus descargos, tras lo cual los 130 legisladores debatirán y procederán a votar. Se necesitan 87 votos para destituirlo.

Sin embargo, la votación del parlamento podría ser suspendida por el Tribunal Constitucional, aunque no se pronuncie sobre el fondo del recurso del gobierno, dijo Eloy Espinosa-Saldaña, uno de los siete magistrados de esa corte, cuyos fallos son inapelables.

“Nosotros tenemos el poder de paralizar el trámite del proceso de vacancia si consideramos que hay elementos, indicios, de violación de competencias” por el Congreso, dijo el magistrado a América Televisión.

“Se ha procedido a presentar la demanda competencial del Poder Ejecutivo contra el Congreso (...). Existe un uso indebido del Congreso” de la facultad para declarar la “incapacidad moral” del presidente, dijo a la prensa el procurador de temas constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Alberto Huerta.

El Congreso votará la destitución de Vizcarra tras abrir un proceso la semana pasada acusando al mandatario de haber supuestamente instado a mentir a dos asesoras investigadas en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante, según unos audios difundidos el jueves.

Vizcarra, que carece de partido y bancada, debe comparecer ante el plenario este viernes para ofrecer sus descargos, tras lo cual los 130 legisladores debatirán y procederán a votar. Se necesitan 87 votos para destituirlo.

Sin embargo, la votación del parlamento podría ser suspendida por orden del Tribunal Constitucional, aunque no se pronuncie sobre el fondo del recurso del gobierno, según Eloy Espinosa-Saldaña, uno de los siete magistrados de esa corte, cuyos fallos son inapelables.

“Nosotros lo que tenemos es el poder de paralizar el trámite del proceso de vacancia si consideramos que hay elementos, indicios, de violación de competencias” por parte del Congreso, dijo el magistrado al canal América Televisión.

“Eso significa que el día 18 estaba programada una sesión para vacar al presidente y si hay una [medida] cautelar dada por nosotros, esa sesión no podría darse”, aclaró.

EMPRESARIOS PIDEN UNIDAD

En medio de la crisis institucional que levanta nubarrones sobre la economía, la organización de la cúpula empresarial peruana, la Confiep, pidió este lunes a los poderes del Estado “unidad para enfrentar la delicada emergencia económica y sanitaria”.

Si Vizcarra es destituido, el poder lo asumiría el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien también quedó en el ojo del huracán por haber buscado apoyo de los jefes militares para impulsar la moción contra el presidente.

El actual mandato culmina el 28 de julio de 2021, y las elecciones presidenciales y legislativas están convocadas para abril del próximo año.

Entre tanto, las dos asesoras de Vizcarra que hablan con él en los polémicos audios dejaron sus cargos.

Mirian Morales, mano derecha de Vizcarra, renunció a su puesto de secretaria general de Palacio de Gobierno, mientras que la asistente del presidente, Karem Roca, fue despedida, dijeron las autoridades.

Las casas de ambas fueron allanadas el sábado por la fiscalía en busca de documentación, lo mismo que las viviendas de cinco funcionarios del Ministerio de Cultura investigados por los contratos al cantante Richard Cisneros, que desataron esta crisis. La casa del artista también fue allanada.

CENSURA A MINISTRA

En medio de esta crisis política surgida en medio de la pandemia del coronavirus, el Congreso peruano vota este lunes una moción de censura a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, que de ser aprobada implica la salida del cargo de la funcionaria.

Economista de 35 años muy cercana a Vizcarra, la ministra dirige las finanzas peruanas desde hace casi un año, pero quedó en la mira de parlamentarios opositores por el manejo económico durante la pandemia.

Los opositores critican su plan de reactivación, que busca sacar al país de la recesión en que se sumió Perú tras una larga cuarentena nacional por la pandemia. El PIB peruano se desplomó 30% en el segundo trimestre y el Banco Central prevé una caída de 12,5% en el año.

La cruzada contra la ministra comenzó antes de que estallara la crisis política que mantiene en vilo al país y que puede conducir a la remoción de Vizcarra a 10 meses del fin de su mandato.

El proceso contra el presidente ha tenido efectos nocivos para la economía en uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, con casi 730.000 contagios y más de 30.000 muertos. El dólar ha subido y cayeron la bolsa y los bonos peruanos en el exterior.

Para censurar a la ministra, quien respondió más de 80 preguntas al ser interpelada la semana pasada, se necesitan 66 votos.

Aunque en 2017 y 2018 hubo dos intentos del Congreso para destituir al presidente de Perú (Pedro Pablo Kuczynski, quien finalmente renunció), no es usual que un ministro de Finanzas sea censurado en este país.

La última vez ocurrió en 1879, según el diario El Comercio.

“Hasta hoy no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar al presidente”, dijo Fujimori en un video publicado en redes sociales.

El Congreso votará el viernes la destitución de Vizcarra, tras iniciarle un proceso por haber supuestamente instado a mentir a dos asesoras investigadas en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante, según unos audios difundidos el jueves.

Fujimori, jefa del opositor partido Fuerza Popular, dijo que destituir a un mandatario es una medida extrema que se adopta luego de haber agotado todos las otras vías.

“Si en el camino aparecen otros elementos adicionales que nos demuestren que esta medida es indispensable, no dudaremos en apoyarla. Hasta que ello suceda, debemos agotar otras posibilidades”, resaltó.

Dos veces candidata presidencial y quien pasó más de un año en prisión preventiva como parte de la investigación a Odebrecht, Fujimori dijo que Perú enfrenta momentos difíciles con la pandemia y la recesión económica, por lo que el Congreso debe actuar con “prudencia”.

La difusión de los audios llevó a seis de los nueve partidos representados en el Congreso a exigir la remoción de Vizcarra, quien asumió el poder en marzo de 2018 tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente.

Vizcarra, que carece de partido y bancada, comparecerá el viernes ante el plenario a ofrecer sus descargos, tras lo cual los 130 legisladores debatirán y procederán a votar si lo destituyen o no por “incapacidad moral”.

“Hasta hoy no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar (destituir) al presidente”, dijo Fujimori en un video publicado en redes sociales.

El Congreso inició el viernes un proceso de destitución a Vizcarra, que se votará el 18 de septiembre, por haber supuestamente instado a mentir a dos asesoras investigadas en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y jefa del opositor partido Fuerza Popular (derecha populista) señaló que destituir a un mandatario es una medida extrema que se adopta luego de haber agotado todos las otras vías.

“Si en el camino aparecen otros elementos adicionales que nos demuestren que esta media es indispensable, no dudaremos en apoyarla. Hasta que ello suceda, debemos agotar otras posibilidades”, resaltó Keiko.

La líder opositora manifestó que Perú enfrenta momentos difíciles con la crisis sanitaria por el coronavirus y la recesión económica derivada de una prolongada cuarentena nacional, por lo que el Congreso debe actuar con “prudencia”.

Fuerza Popular no retrocederá en su decisión de actuar con responsabilidad y enfrentando al populismo. (VIDEO) pic.twitter.com/qiLgpEyg7r

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 13, 2020

Expresó asimismo que su partido “no retrocederá en su decisión de actuar con responsabilidad” en esta crisis política.

La difusión de unos audios llevó el jueves a seis de los nueve partidos representados en el Congreso a exigir la remoción de Vizcarra, quien asumió el poder en marzo de 2018 tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente.

Vizcarra, que carece de partido y bancada, comparecerá ante el plenario el viernes a ofrecer sus descargos, tras lo cual los 130 legisladores debatirán y procederán a votar si lo destituyen o no por “incapacidad moral”.

Para declarar la vacancia presidencial se requieren 87 votos.

Con 15 legisladores, Fuerza Popular es la cuarta bancada en el fragmentado Congreso peruano, tras haber perdido hace un año la hegemonía ganada en 2016, cuando Vizcarra disolvió constitucionalmente el parlamento en medio de choques con el fujimorismo.

El partido de Keiko promovió dos mociones de destitución contra Kuczynski, que condujeron a su renuncia a la presidencia en marzo de 2018.

Keiko, dos veces candidata presidencial, pasó más de un año en prisión preventiva en el marco de la investigación por supuestos aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, que también salpica a cuatro exmandatarios peruanos.

Los registros se llevaron a cabo en “ocho inmuebles de investigados y testigos en el caso de las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros Carballido, como proveedor del Ministerio de Cultura”, dijo el Ministerio Público en un comunicado.

El Congreso aprobó el viernes someter a un juicio de destitución por “incapacidad moral” a Vizcarra, acusado de instigar a sus colaboradores a mentir sobre la contratación del cantante.

Una de las casas registradas es la de la secretaria general de la Presidencia peruana y asistente personal de Vizcarra, Miriam Morales, la funcionaria más cercana al mandatario, investigada por este caso. También fue allanado el domicilio de una asistente del despacho presidencial, Karem Roca.

Tanto Morales como Roca son figuras clave en unos controvertidos audios grabados a escondidas en los que se escucha a Vizcarra hablando sobre el escándalo e incitándolas a mentir.

Dichos audios son la base de la acusación por la que el Congreso inició un proceso que podría desembocar en la destitución de Vizcarra el 18 de septiembre, cuando voten los 130 legisladores.

La fiscal provincial Janny Sánchez Porturas está a cargo de las investigaciones, que involucran a 14 personas. Todos ellas son investigadas por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado, según la Fiscalía.

También fue registrado en busca de documentos el domicilio del protagonista del escándalo, Richard Cisneros, así como las casas de cinco funcionarios del Ministerio de Cultura, que contrató al cantante entre 2018 y 2020 por un monto de 175 mil 400 soles (unos 50 mil dólares).

Vizcarra ha negado haber intervenido en las contrataciones del cantante, a quien dijo que conoció durante la campaña electoral de 2016, en la que él era candidato a vicepresidente como compañero de Pedro Pablo Kuczynski, que ganó los comicios y renunció en marzo de 2018.

El mandatario, quien sustituyó a Kuczynski, ha pedido que se investigue el caso, pero ha denunciado que el Congreso utiliza el escándalo como parte de un “complot político” para sacarlo del poder.

El Congreso investiga el caso desde hace unos tres meses, cuando la prensa reveló los contratos.

Aunque los adversarios de Vizcarra lograron llevarlo al banquillo, en el Congreso, este viernes, no consiguieron los 104 votos necesarios, de un total de 130, para destituirlo el mismo día.

La moción fue aprobada por 65 votos, 36 en contra y 24 abstenciones. Se requerían 52 votos para aceptarla. Para destituir al presidente, quien carece de partido y de bancada, se requieren 87 votos. Luego que el viernes próximo Vizcarra comparezca en el Congreso para defenderse, el plenario debatirá y votará.

Vizcarra recibió una estruendosa muestra de apoyo con un #CacerolazoPorElPerú, convocado por ciudadanos en las redes el viernes, y que se hizo oír por largos minutos en algunos distritos de Lima, como Miraflores, Barranco, Magdalena del Mar y Jesús María.

Ante el plenario, el legislador opositor José Vega dijo que esos audios “corroboran” las presuntas irregularidades que el Congreso investigaba desde hace meses.

Pero la parlamentaria izquierdista Mirtha Vásquez criticó que sus colegas estuvieran “impulsando una vacancia sobre una investigación que no ha terminado”.

“La destitución es muy peligrosa en estas circunstancias, faltando siete meses para las elecciones generales de abril”, dijo el analista político Fernando Rospigliosi.

“Cambiar de gobierno a estas alturas por un gobierno conformado por el Congreso sería muy peligroso”, por su nivel de improvisación en medio de una crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia, agregó.

Los registros se llevaron a cabo en “ocho inmuebles de investigados y testigos en el caso de las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros Carballido, como proveedor del Ministerio de Cultura”, dijo el Ministerio Público en un comunicado.

El Congreso aprobó el viernes someter a un juicio de destitución por “incapacidad moral” a Vizcarra, acusado de instigar a sus colaboradores a mentir sobre la contratación del cantante.

Una de las casas registradas es la de la secretaria general de la presidencia peruana y asistente personal de Vizcarra, Miriam Morales, la funcionaria más cercana al mandatario investigada por este caso.

También fue allanado el domicilio de una asistente del despacho presidencial, Karem Roca.

#Ahora | La 1.ª Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro allana ocho inmuebles de investigados y testigos en el caso de las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros Carballido, como proveedor del Ministerio de Cultura. pic.twitter.com/HAHMjBlIAH

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 12, 2020

Tanto Morales como Roca son figuras claves en unos controvertidos audios grabados a escondidas en los que se escucha a Vizcarra hablando sobre el escándalo e incitándolas a mentir.

Dichos audios son la base de la acusación por la que el Congreso inició un proceso que podría desembocar en la destitución de Vizcarra el 18 de septiembre, cuando voten los 130 legisladores.

La fiscal provincial Janny Sánchez Porturas está a cargo de las investigaciones, que involucran a 14 personas.

Todos ellas son investigadas por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado, según la Fiscalía.

También fue registrado en busca de documentos el domicilio del protagonista del escándalo, Richard Cisneros, así como las casas de cinco funcionarios del Ministerio de Cultura, que contrató al cantante entre 2018 y 2020 por un monto de 175 mil 400 soles (unos 50 mil dólares).

Vizcarra ha negado haber intervenido en las contrataciones del cantante, a quien dijo que conoció durante la campaña electoral de 2016, en la que él era candidato a vicepresidente como compañero de Pedro Pablo Kuczynski, que ganó los comicios y renunció en marzo de 2018.

El mandatario, quien sustituyó a Kuczynski, ha pedido que se investigue el caso, pero ha denunciado que el Congreso utiliza el escándalo como parte de “complot político” para sacarlo del poder.

El Congreso investiga el caso desde hace unos tres meses, cuando la prensa reveló los contratos al cantante.

“Ha sido aprobada la moción de vacancia del señor presidente de la república”, dijo el jefe del Congreso, Manuel Merino, tras la votación.

El juicio, pedido tras la difusión de unos comprometedores audios el jueves, fue aprobado por 65 votos, 36 en contra y 24 abstenciones.

Desde tempranas horas, el Congreso abordó la moción para destituir Vizcarra.

Vizcarra, quien asumió el poder en marzo de 2018 tras la dimisión del presidente Pedro Pabo Kuczynski, de quien era vicepresidente, quedó el jueves contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato con un cantante, de acuerdo con la difusión de unos audios.

El Ministerio de Cultura contrató al cantante Richard Cisneros como conferencista y animador, quien alardeaba en medios de haber sido asesor del gobierno.

El caso estalló en mayo cuando la prensa descubrió que se habían ofrecido en plena pandemia contratos presuntamente irregulares por 10,000 dólares a Cisneros, un artista poco conocido del medio local.

“No voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo Vizcarra el jueves en la noche en un mensaje por televisión, negando cualquier acto ilegal.

Pero poco después, seis de los nueve partidos con representación en el Congreso anunciaron la presentación de la moción para declarar la “vacancia” de la presidencia.

“Estamos ante un complot contra la democracia”, impulsado por grupos que buscan evitar que se apruebe una reforma que saca de carrera a candidatos que tengan sentencias judiciales, aseguró Vizcarra, quien ha conseguido un alto apoyo popular por su cruzada contra la corrupción.

La moción recordó dos iniciativas similares presentadas contra Kuczynski en diciembre de 2017 y marzo de 2018, que llevaron finalmente a la renuncia del exbanquero a la presidencia de Perú.

Si es destituido, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumiría el poder por el resto del mandato, que culmina el 28 de julio de 2021.

El primer ministro, Walter Martos, denunció este viernes un “golpe de estado” parlamentario en curso.

“Lo que está haciendo en estos momentos el Congreso es dar un golpe de Estado, porque está haciendo una interpretación arbitraria de la Constitución”, dijo Martos, un general retirado del Ejército y número dos del gobierno, a la radio RPP.

“El llamado de Merino a las fuerzas armadas es porque sabe que está rompiendo el orden constitucional”, agregó Martos.

Al convocar la sesión parlamentaria, Merino dijo: “Que las Fuerzas Armadas, que la ciudadanía, tenga la seguridad que actuaremos en estricto cumplimiento del orden constitucional”.

“Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir”, dice Vizcarra en la grabación a dos de sus colaboradoras, a quienes pide supuestamente mentir ante el Congreso sobre el número de veces que acudió al Palacio de Gobierno el cantante investigado.

Las asesoras que intervienen en el diálogo son Miriam Morales y Karem Roca, quienes le mencionan a Vizcarra hasta cinco ingresos al palacio del polémico Richard Cisneros.

“Hay que decir que entró dos veces” en lugar de cinco, les pide Vizcarra. “Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados”, agrega el presidente.

La difusión de los audios se produce en el marco de constantes choques entre el Congreso y el Ejecutivo por aprobar una reforma que impulsa el gobierno y que dejaría fuera de carrera a candidatos condenados por la justicia.

En septiembre de 2019 el mandatario disolvió constitucionalmente el parlamento y convocó a nuevos comicios legislativos para superar otra crisis.

Las grabaciones de Vizcarra fueron entregadas por el legislador Edgar Alarcón, presidente de la comisión que investiga el caso del cantante.

“Se nota que hay una falta moral, el presidente no puede mentir”, dijo a la prensa Alarcón, de la centroizquierdista Unión Por el Perú.

El total de casos confirmados subió a 691.575 y los decesos a 29.976, con 138 fallecidos en las últimas 24 horas, según el balance diario del ministerio.

Los 1.598 nuevos casos anunciados este lunes son una cuarta parte del promedio diario de 6.116 contagios de la semana pasada, según las cifras oficiales.

Una cifra tan baja de nuevos contagios diarios no se registraba en el país andino desde el 11 de mayo (1.515). En agosto, el promedio diario de nuevos casos era de 7.655, según los datos oficiales.

Los contagios repuntaron a mediados de julio, cuando se levantó la cuarentena nacional obligatoria, pero comenzaron a caer de nuevo a mediados de agosto.

Además, Perú superó el sábado el medio millón de ciudadanos que vencieron el coronavirus. Hasta ahora, los pacientes recuperados suman 522.251 (+7.212 en la última jornada).

Perú tiene la mayor tasa de mortalidad por coronavirus en el mundo (92,8 decesos por cada 100.000 habitantes), según el ranking que publica la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

Con 33 millones de habitantes, Perú es tercero en América Latina en decesos por la pandemia después de Brasil y México, y segundo en contagios detrás del gigante sudamericano.

En los hospitales peruanos hay 11.242 pacientes con coronavirus, casi 3.000 menos que a mediados de agosto.

“El ministro del Interior, con el nuevo conocimiento de la información que le han dado, está disponiendo las acciones a través de Inspectoría de la Policía Nacional”, declaró a la prensa el ministro de Defensa, Jorge Chávez.

“Ahora, ante la luz de los hechos, se tienen que tomar otro tipo de medidas”, agregó.

Imágenes grabadas por una cámara de seguridad de la discoteca Thomas RestoBar y difundidas en medios locales muestran que un policía cerró la puerta del local momentos antes de la estampida fatal, todo lo contrario a lo expuesto en la versión oficial.

El escuadrón policial que intervino la noche del 22 de agosto para detener esa fiesta, prohibida en función de las restricciones vigentes por la pandemia, había asegurado que la puerta se cerró por la estampida de un centenar de asistentes que querían huir. El gobierno utilizó esa versión como oficial.

“Si el jefe del operativo no dijo la verdad, eso no puede ser aceptado” dijo el primer ministro, Walter Martos, a periodistas.

Este anuncio se concretó en la víspera de la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Montoya, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar los detalles del incidente.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, había pedido hace una semana una “rigurosa investigación”.

Por el momento, la justicia impuso 18 meses de prisión preventiva contra Job Luque, supuesto organizador del evento en esa discoteca, situada en el populoso distrito de Los Olivos (norte de Lima).

La policía irrumpió para poner fin a la fiesta con 120 personas, lo cual violaba la prohibición de realizar fiestas, eventos o reuniones grupales debido al estado de emergencia sanitaria impuesto ante la pandemia.

De las 13 víctimas 12 son mujeres. Todos murieron por asfixia al ser aplastados por asistentes que huían para no ser detenidos, según la policía.

El Ministerio del Interior había anunciado hace una semana una investigación para verificar si se cumplieron los procedimientos previstos en las intervenciones a locales públicos. La policía negó irregularidades.

La pandemia ha contagiado en Perú a casi 650 mil personas y mató a 28 mil 788, según cifras oficiales.

Con 86 decesos por cada 100 mil habitantes, Perú desplazó esta semana a Bélgica (85.5%) en el ranking global de mortalidad por coronavirus, luego de que el país europeo corrigiera a la baja su cifra de decesos.

El gobierno peruano indicó que la razón principal para ocupar el primer lugar obedece a que divulga las cifras con “transparencia” y a que cuenta con un sistema de registro de defunciones de “los mejores” de América Latina.

“Nosotros registramos (decesos incluso) desde los celulares de los médicos en los lugares más alejados”, dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Perú está primero “porque estamos saliendo de la subestimación de muertes” pero también hay otras razones, indicó Farid Matuk, experto estadístico que asesoró al gobierno al inicio de la pandemia.

La falta de infraestructura, la ausencia de Estado, la falta de orden social en Perú ayudan a elevar la tasa, señaló Matuk, agregando que países vecinos como Chile y Colombia están por debajo de Perú porque destinan más recursos a salud.

Con más de 621 mil casos confirmados y 28 mil 277 muertos, Perú es tercero en América Latina en decesos por la pandemia después de Brasil y México, y segundo en contagios detrás del gigante sudamericano.

Pero en proporción a su población de 33 millones de habitantes, es ahora el país más enlutado del mundo, a pesar de una cuarentena de más de 100 días.

Lamentablemente tenemos un sistema de salud bastante precario, donde carecemos de recursos humanos, nos faltan 16 mil especialistas a nivel nacional, dijo el presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera.

Nos faltan hospitales, nos faltan centros de salud, nos faltan medicamentos, no tenemos laboratorios. Muchos se mueren en sus domicilios por temor de ir al hospital o por no encontrar camas o respiradores, explicó.

“Es una suma de cosas para que tengamos una alta mortalidad. La principal es la falta de atención en salud, que no es de este gobierno sino que viene crónicamente de otros”, añadió.

En los últimos 40 años hemos tenido un sistema de salud precario, dijo el doctor Vidmar Mengoa, jefe del Colegio de Médico en la región andina de Puno.

No hemos tenido la capacidad de infraestructura para atender a los pacientes, esto ha ayudado para que se incremente la mortalidad. No teníamos adecuadas camas UCI (unidad de cuidados intensivos) y no teníamos ventiladores, expresó.

Carlos Calampa, jefe del servicio de Salud en la región amazónica de Loreto dijo que los hospitales han enfrentado la pandemia sin planta de oxígeno, sin equipos adecuados, sin médicos capacitados que puedan intervenir.

Eso ha llevado a que la mortalidad sea alta. Se repite la historia región por región, expresó.

En tanto, el exministro de Salud Víctor Zamora afirmó que el sistema de salud peruano es pequeño para el tamaño del problema que estamos enfrentando.

A pesar del crecimiento económico de la última década, un quinto de la población peruana vive en la pobreza y millones de habitantes carecen de agua potable. Además, hay gran hacinamiento en los hogares y una informalidad laboral de 70%, según cifras oficiales.

La informalidad del poblador peruano hace que salga a la calle ante la carencia de un medio sostenible de subsistencia para trabajar, declaró el médico infectólogo Guillermo Contreras.

“Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una rigurosa investigación y las sanciones que correspondan a los responsables”, dijo Vizcarra sobre el trágico desenlace de la fiesta desarrollada el sábado en la noche en la discoteca violando las restricciones vigentes por la pandemia de Covid-19.

La estampida se desató cuando la policía, alertada por vecinos, irrumpió en el local para poner fin a la fiesta.

"Hechos lamentables como los que ocurrieron el sábado no deben repetirse, es la vida la que está en juego y no podemos permitir que se ponga en riesgo de esta manera", recalcó Vizcarra, sin aludir a la presunta responsabilidad de los policías en las muertes, como reclaman familiares de las víctimas.

Los 13 cadáveres, 11 de los cuales dieron positivo al coronavirus según la fiscalía, debían ser entregados a sus familias este lunes, tras las necropsias en la morgue central de Lima.

Entre los fallecidos hay 12 mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 20 y los 30 años.

La entrega de los cuerpos se ha demorado por los protocolos especiales del estado de emergencia sanitario, que estipula un plazo de 36 horas después de la muerte para comenzar a determinar la causa del deceso.

El plazo de 36 horas es para evitar que los forenses se infecten con el coronavirus al entrar en contacto con los cadáveres.

“Recuerden que esta necropsia tiene un tiempo”, dijo el médico Jorge Luis Vásquez, de la morgue limeña, al canal de televisión América.

Afuera de la morgue, los parientes esperaban desde temprano, entre resignados e indignados.

En un operativo policial en Callao se logró detener al Director de la Aviación Policial, el general Alfredo Vildosa, dos comandantes, un teniente, un alférez y un abogado.

“La fiscalía maneja la hipótesis de que estamos ante una organización criminal enquistada en la Dirección de Aviación Policial”, dijo al canal de televisión TV Perú el fiscal anticorrupción del Callao, Francisco Alarcón, tras liderar un operativo policial.

Los detenidos son acusados por los delitos de organización criminal y colusión agravada.

Alarcón explicó que las capturas se realizaron en marco de la investigación de documentos fraudulentos en la adquisición de 45 mil mascarillas y productos de bioseguridad contra la Covid-19.

Las mascarillas no serían idóneas para el personal policial que debe trasladar a enfermos o fallecidos por coronavirus.

La investigación fue iniciada por la fiscalía a fines de abril en base a 15 denuncias sobre la adquisición de mascarillas, alcohol, guantes y otros insumos presuntamente sobrevalorados, para repartir entre los más de 50 mil efectivos de la institución por la pandemia del coronavirus.

El programa de televisión Cuarto Poder señaló que las compras se hicieron a empresas vinculadas con oficiales de la fuerza y sin experiencia en el rubro sanitario.

Según la prensa local, el monto de las adquisiciones supera los dos millones de dólares.

Equipos médicos de emergencias, acompañados de militares y policías, visitaron más de 800 viviendas precarias en el barrio Perales, al pie de un cerro desértico ubicado en el distrito de Santa Anita, en el este de Lima.

Los profesionales de la salud hicieron pruebas rápidas de coronavirus y examinaron a cientos de vecinos, en su mayoría ancianos, en la primera jornada de la operación 'Tayta' (que significa padre, en quechua).

Operativos similares comenzaron en las regiones sureñas de Tacna e Ica, en las andinas Ayacucho y Cusco, y en la selvática Loreto, para alcanzar a unas 60,000 personas vulnerables, según las autoridades.

“Yo ya pasé por esta enfermedad (...), pero me hubiera gustado que me hubieran hecho caso en el momento que yo he llamado. He pedido auxilio se puede decir, y no han venido” anteriormente, declaró a la AFP Erika Gutiérrez, vecina del barrio Perales.

"Nunca es tarde" para quienes necesitan un diagnóstico, agregó la mujer de 58 años.

Tras realizar los exámenes, los 22 equipos de emergencia -integrado cada uno por un médico y una enfermera vestidos con trajes de protección y mascarillas- entregaron medicinas a algunas personas enfermas.

A quienes dieron positivo al test de coronavirus, les entregaron víveres para que cumplan cuarentena en sus hogares.

"Está bien que puedan venir para que nos puedan apoyar, porque a veces es bien difícil poder saber si uno está mal o no", dijo Jenny Porres, de 45 años.

En el primer día, el operativo alcanzó a 3,529 personas en 819 viviendas en Perales, según las autoridades.

El ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, anunció que se realizarán 50 operativos Tayta en el país en lo que resta del año, con el objetivo de monitorear a unas 500,000 personas vulnerables.

"Antes, estos operativos los desarrollábamos en la capital" solamente, dijo Chávez a la prensa. Ahora, las visitas de atención y preventivas a domicilio también llegan a las provincias.

El gobierno peruano había sido criticado por no brindar servicios de atención preventivos a poblaciones vulnerables.

Perú enfrenta una aceleración de la pandemia, luego de que fue levantada la cuarentena nacional obligatoria el 1 de julio.

El rebrote llevó hace ocho días al gobierno a reponer el toque de queda dominical, imponer confinamiento en provincias y prohibir las reuniones familiares y sociales. Actualmente, un tercio de la población peruana está confinada.

Con 33 millones de habitantes, Perú es el tercero en América Latina en decesos por la pandemia (26,834) después de Brasil y México. Además, es el segundo en contagios (558.420) detrás del gigante sudamericano.

"Estas campañas masivas buscan la contención, detección temprana de la enfermedad, el tratamiento y aislamiento de toda la familia. Eso es lo que estamos logrando de forma masiva", dijo el primer ministro peruano, Walter Martos, en conferencia de prensa en Palacio de gobierno.

Por su parte, el ministerio de Salud explicó que estas "intervenciones focalizadas" buscan "priorizar la atención de poblaciones vulnerables", y se realizan en conjunto con el Seguro Social de Salud.

Estos grupos son los adultos mayores y personas que padecen enfermedades, según la directora de Redes de Salud del ministerio, Antonieta Alarcón.

“Cuando tu más buscas, más vas a encontrar (...). La idea es realizar estos operativos para identificar temprano la enfermedad, no queremos (más) casos graves”, agregó.

En momentos en que América Latina registra más de 5.7 millones de casos y por encima de 226.000 fallecimientos por Covid-19, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la reinstauración del toque de queda dominical y la prohibición de las reuniones sociales y familiares.

Perú, de 32.9 millones de habitantes es, con 653 muertes por millón, el país latinoamericano más golpeado en términos proporcionales. Hasta ahora, acumula más de 489.600 casos y 21.501 decesos, cifras que lo ubican como el tercero en la región con más contagios y muertos por la pandemia en términos absolutos, detrás de Brasil y México.

"A partir desde este domingo, se vuelve a la inmovilización obligatoria a nivel nacional", dijo Vizcarra al anunciar estas medidas, seis semanas después del inicio de un desconfinamiento gradual.

Argentina y México producirán vacunas

En este contexto, la noticia de que Argentina y México estarán a cargo de la producción y distribución de una futura vacuna contra la Covid-19 en América Latina arroja una luz de esperanza en el combate contra la pandemia.

La producción latinoamericana fue anunciada este miércoles por el presidente argentino, Alberto Fernández, en rueda de prensa.

Argentina y México producirán millones de dosis para la región, a excepción de Brasil, de la futura vacuna desarrollada por la alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca, que estarán disponibles el primer semestre de 2021.

La vacuna será "distribuida equitativamente entre los países a solicitud de los gobiernos", dijo el mandatario.

Fernández advirtió, sin embargo, que este anuncio "es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente".

Los primeros ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca produjeron una respuesta inmunitaria importante y demostraron ser seguros para los pacientes, pero su eficacia aún debe ser establecida en un ensayo de fase 3.

Desde el martes, el mundo procesa con escepticismo y prudencia al anuncio de Rusia de que ha desarrollado la primera vacuna “eficaz” contra el coronavirus, en tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó que la “precalificación” y la homologación de una vacuna exigen un procedimiento “riguroso”.

Santiago, cinco meses confinada

En tanto, Argentina superó el umbral de las 5.000 muertes por Covid-19, tras registrar un récord de 241 fallecidos la noche del martes y 125 más este miércoles, informó el ministerio de Salud.

El país suma 5.213 fallecidos desde el 7 de marzo, y 268.561 contagios, sobre una población de 44 millones de habitantes, parte de la cual continúa confinada en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En Brasil, donde se registra la mayoría de los contagios de la región, con casi 3.2 millones, y más de 104.000 muertes, Joao Doria, el gobernador del estado Sao Paulo, anunció este miércoles que contrajo la enfermedad.

"Desgraciadamente di positivo, estoy con coronavirus. Absolutamente asintomático, me siento bien, voy a mi casa y seguiré el protocolo médico", dijo Doria, rival del presidente Jair Bolsonaro, a quien acusa de minimizar la gravedad de la pandemia.

En Santiago, otra de las ciudades donde rige parcialmente una de las cuarentenas más extensas del mundo tras casi cinco meses de confinamiento, el encierro se levantará la próximo semana tras una mejora en los índices de contagios.

A partir del lunes, la zona céntrica de la capital se sumará a otras seis que ya salieron de la cuarentena y entraron en la llamada fase de "transición", previa al desconfinamiento completo.

Economías golpeadas

La pandemia ha contagiado a 20.5 millones de personas en todo el mundo y ha causado 745.783 muertos, según un recuento de la AFP a partir de cifras oficiales.

Al trágico saldo de vidas se le suman caídas económicas reflejadas por nuevos datos desalentadores. 

Este miércoles se publicaron las cifras oficiales del segundo trimestre en Reino Unido, donde se confirmó una recesión histórica, con una caída mayor al 20% del PIB.

Para 2020, el Banco de Inglaterra prevé una caída de 9,5% del PIB de Reino Unido, que ha sufrido más de 41.000 decesos a causa del virus, cifra divulgada este miércoles luego de una revisión del sistema de cómputo de las víctimas mortales.

Los efectos de la pandemia son demoledores incluso en países donde el balance de pérdidas humanas es menos severo, como Nueva Zelanda, donde hubo 22 muertos sobre una población de cinco millones.

Este miércoles, la primera ministra Jacinda Ardern analizaba aplazar las elecciones del 19 de septiembre debido a la aparición de ocho nuevos casos por primera vez desde mayo, lo que llevó a las autoridades a decretar un confinamiento de al menos tres días en Auckland.

"Se declara infundado el pedido de prisión preventiva contra Nadine Heredia y los exministros Luis Castilla y Eledoro Mayorga, les impone medida de comparecencia con restricciones", dijo el juez Carlos Sánchez, al cierre de una audiencia virtual que había comenzado el lunes.

La fiscal Geovana Mori había solicitado 36 meses de prisión preventiva para Heredia y los dos exministros, por presuntos delitos en perjuicio del Estado peruano por un contrato de construcción de un gasoducto y de asociación ilícita.

Pero el juez indicó que "no existen graves y fundados elementos de convicción sobre el delito de colusión agravada contra los acusados".

Agregó que tampoco existen indicios para probar la existencia de una organización criminal conformada por los tres inculpados.

Según la fiscalía, Heredia ejercía un poder de facto dentro del aparato estatal durante el mandato de Humala (2011-2016).

El expresidente y su esposa están acusados de haber recibido tres millones de dólares para la campaña que llevó al militar retirado al poder.

La situación de la exprimera dama parecía haberse complicado luego de que el exjefe de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, declarara hace un tiempo ante fiscales peruanos que le entregó personalmente el dinero.

Pero el abogado de Heredia, Jefferson Moreno, rechazó las acusaciones en la audiencia judicial, diciendo que no se cumplían los elementos de convicción como para ordenar la prisión preventiva que la fiscalía solicita.

Heredia y Humala estuvieron ya durante nueve meses en prisión preventiva por este caso entre 2017 y 2018.

El duelo Universitario-Cantolao se jugará el viernes en el estadio Nacional de Lima y el resto de la fecha se completará el fin de semana, con todo el programa concentrado en la capital peruana.

Quintero apunta a salir como titular por los apodados Cremas en el regreso del fútbol peruano.

El último partido del volante panameño fue el pasado 8 de marzo en la victoria por 2 a 0 en clásico peruano frente al Alianza Lima.

Todos los encuentros del torneo se disputarán únicamente en Lima para evitar contagios en los desplazamientos de los equipos.

Antes de cada partido, jugadores y miembros del cuerpo técnico de cada uno de los 20 equipos de la Liga 1 se someterán a pruebas de coronavirus.

Perú, tercer país de América Latina en casos y decesos por covid-19 detrás de Brasil y México, enfrenta un rebrote de la pandemia después de iniciar el desconfinamiento el 1 de julio.

Con 33 millones de habitantes, el país andino registra más de 440 mil casos de coronavirus y más de 20 mil muertos.

📋Lista de jugadores convocados de Universitario para el partido ante Cantolao por la fecha 7 de la #Liga1Movistar.#CANxU#96delMásGrande pic.twitter.com/JQN1LeT7ap

— Universitario (@Universitario) August 6, 2020

También se realizarán pruebas de covid-19 a los árbitros y todo el personal que trabaja en los estadios, en los que ya no estarán los tradicionales vendedores de pan con chorizo, palomitas de maíz, gaseosas y café.

"Estamos con toda la logística del torneo que sigue en pie sin duda. La competición se reinicia sin público el viernes de todas maneras", dijo un vocero de la Liga 1, el torneo de la primera división.

“Si hay casos positivos, algunos encuentros se jugarán con el plantel disponible en ese momento”, aclaró el gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio.

"Estamos en una etapa de mucha responsabilidad individual para sacar adelante el sistema del fútbol", agregó, tras señalar que habrá un monitoreo de salud permanente a los jugadores.

El pasado fin de semana, tres jugadores del Sport Huancayo dieron positivo a covid-19 en pruebas realizadas por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de cara a la vuelta del torneo.

Los partidos de cada fecha se jugarán de viernes y lunes en siete estadios de la capital peruana, sin aficionados, y serán transmitidos por dos radios y un canal de televisión por cable.

¡La espera terminó! 🔥

Esta es la programación de los partidos de la Fecha 7-Fase 1 de la #Liga1Movistar 2020.

¿Cuál es el duelo que más esperabas? 🤤⚽ pic.twitter.com/rqb8JEOj6n

— Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) July 30, 2020

Nuevas reglas

El popular club Alianza Lima, ahora dirigido por el chileno Mario Salas, jugará este domingo con Deportivo Binacional, el campeón vigente, que separó esta semana a cuatro jugadores que no cumplieron los protocolos de bioseguridad al salir a almorzar a una cevichería en Lima.

Tras pruebas de covid-19, nueve miembros del plantel del Binacional, entre ellos siete jugadores, dieron positivo el miércoles, según la emisora RPP.

Sin embargo, igual se jugará el partido entre Alianza y Binacional, clubes que además compiten en la Copa Libertadores 2020, que también fue suspendida por la pandemia en marzo y debe reanudarse en septiembre. La Copa Sudamericana volverá en octubre.

“Es una alegría volver a la competencia y que se reinicie el torneo”, dijo a la AFP el técnico argentino Carlos Bustos, del club Melgar de Arequipa, que enfrentará el domingo al César Vallejo de Trujillo.

“Si bien estamos en una situación muy difícil por la pandemia, nosotros nos sentimos con el privilegio otra vez de estar en acción en los que más nos gusta, pero sabemos de las complicaciones que pueda traernos”, agregó.

Cada equipo podrá alinear hasta cinco jugadores extranjeros en cada partido, en vez de cuatro como antes de la pandemia. Los jugadores no podrán celebrar efusivamente los goles.

Los 20 equipos de la primera división iniciaron hace un mes los entrenamientos con sus cuadros completos. Antes solo había prácticas con grupos reducidos.

El torneo Clausura, que debe arrancar en noviembre, también se jugará únicamente en Lima, pero a diferencia del Apertura en que todos los equipos se enfrentan entre sí, se dividirá en dos grupos de 10 equipos cada uno.

En tanto, el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, mantiene reuniones con los demás integrantes del comando técnico de cara al inicio del clasificatorio sudamericano al Mundial Catar-2022, que debe comenzar en octubre.

La salida del ministro de Salud, Víctor Zamora, quien fue reemplazado por Pilar Mazzetti, es el cambio más notable debido a las críticas constantes que recibió por su manejo de las cifras de víctimas del coronavirus en el segundo país con más casos de América Latina (sobre 333,000), detrás de Brasil.

El número oficial de muertos por Covid-19 asciende a 12,229, la tercera mayor cifra en la región después del gigante sudamericano y México, pero los críticos de Zamora dicen que superan los 30.000.

Vizcarra nombró como nuevo canciller a Mario López Chavarri, que sustituyó a Gustavo Meza-Cuadra, ambos diplomáticos de carrera.

Como nuevo ministro del Interior asumió Jorge Montoya, un exjefe de la Fuerza Aérea, un nombramiento que puede implicar un giro en la lucha contra la delincuencia en el país.

Los nuevos ministros juraron sus cargos en una ceremonia en el Palacio de Gobierno en la que Vizcarra y sus colaboradores lucieron mascarillas.

"Estoy seguro con este nuevo gabinete vamos avanzar y cumplir con el derrotero que nos hemos planteado", dijo Vizcarra.

Pilar Mazzetti es una prestigiosa neuróloga y exministra que encabeza el comando que asesora al gobierno en la lucha contra la pandemia. 

"No me queda sino agradecer al Presidente Martin Vizcarra el alto honor de brindarme su confianza y encargarme la responsabilidad de liderar el sector salud", dijo Zamora en un mensaje de despedida en su cuenta Twitter. 

La nueva ministra de Salud tiene experiencia en el sector público, pues ocupó la misma cartera con el presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y fue ministra del Interior durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Zamora había asumido el cargo el 21 de marzo en lugar de Elizabeth Hinostroza, una semana después de que Perú pusiese en marcha un confinamiento nacional obligatorio que duró hasta el 30 de junio.

Al frente del gabinete, Vizcarra designó como primer ministro a Pedro Cateriano, un abogado liberal que ya ocupó ese cargo durante el gobierno del presidente Ollanta Humala (2011-2016), sucede a Vicente Zeballos, quien ocupaba esa cartera desde el 30 de septiembre de 2019.

“Se aprueba la reanudación de actividades económicas en materia de restaurantes en la modalidad de atención en salón con aforo al 40%”, indica una norma publicada en la gaceta oficial El Peruano.

La reapertura al público de los restaurantes es parte de un plan de reactivación económica que incluye reabrir aeropuertos para vuelos nacionales desde el miércoles, así como los viajes de buses interprovinciales entre 18 regiones donde terminó la cuarentena nacional el 30 de junio.

Los restaurantes deberán elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de la covid-19, según lineamientos del ministerio de Salud, señala la norma.

“La gastronomía es el orgullo del Perú. Tomamos la noticia con mucha alegría porque ya podremos atender al público con todos los protocolos”, dijo a la AFP Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes.

A los comensales se les medirá la temperatura corporal antes de ingresar a los locales y deberán llevar mascarillas. Además, habrá distancia entre las mesas.

Los cubiertos serán colocados en bolsas de papel cerradas para evitar una posible transmisión del virus, entre otras medidas.

En Perú, con 33 millones de habitantes, los restaurantes volvieron a funcionar a fines de mayo, pero solo para envíos.

Con la reapertura, el país andino busca potenciar su economía, que cayó 13% en los cuatro primeros meses del año por el impacto del confinamiento nacional obligatorio, que empezó el 16 de marzo.

En abril, el PIB colapsó 40% como consecuencia de una economía semiparalizada que dejó al menos dos millones de desempleados.

El Banco Central prevé una caída de 12% del PIB en 2020.

La nueva normalidad en los restaurantes se aplicará en 18 de los 25 departamentos de Perú, entre ellos Lima, donde se levantó la cuarentena porque los contagios están en descenso, según las autoridades sanitarias.

En los otros siete departamentos -con más de seis millones de habitantes- se mantiene el confinamiento obligatorio por la alta tasa de contagios.

Perú es el segundo país de América Latina con más contagios detrás de Brasil, con 326,326, y totaliza 11,870 decesos hasta el domingo.

“El Ministerio, en coordinación con la zona arqueológica Caral detuvo la destrucción de una parte del sitio arqueológico Cerro Centinela, ubicado en la provincia de Huaura en la región Lima”, indica un comunicado del Mincul.

El ministerio explicó que arqueólogos de la zona denunciaron ante la policía que dos agricultores removieron el terreno con máquinas y destruyeron por completo un área con restos arqueológicos.

Tras la denuncia, la policía capturó a los dos agricultores que fueron llevados a la comisaría de Huaura, a unos 150 kilómetros al norte de Lima.

📍Zona Arqueológica Caral, en coordinación con @MinCulturaPe, denunció la destrucción de una parte del sitio arqueológico Cerro Centinela, ubicado en el distrito de Huaura, región Lima https://t.co/gjbOeMVTA7 pic.twitter.com/p1tuFkNgU8

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 12, 2020

"Esta acción ilegal ha dañado y destruido de manera irreparable este sitio protegido", señaló el ministerio.

"Producto de la remoción del terreno, se encontró en la superficie una gran cantidad de cerámica destruida, cadáveres humanos momificados de tumbas, textilería, una gran cantidad de restos de viviendas prehispánicas que pertenecen a una población de la Cultura Huaura, con una antigüedad de 1200 - 1470 d.C.", detalló el ministerio.

El sitio arqueológico Cerro Centinela se ubica en la margen derecha del río Huaura, a poca distancia del mar, emplazado en una cadena de cerros de baja altura, y ocupa una extensión de 60 hectáreas en el centro-oeste de Perú.

Durante el Estado de Emergencia por la Covid-19 que sigue vigente en Perú, la zona arqueológica Caral ha elaborado protocolos para proteger los 12 sitios arqueológicos que investiga.

En mayo, desconocidos dañaron un monumento de la civilización Caral, la más antigua de América, en el valle de Supe, 180 km al norte de Lima.

La pandemia paralizó las excavaciones arqueológicas en Perú en marzo y dejó a merced de saqueadores muchos sitios con invaluables objetos de pueblos precolombinos, que son traficados en el mercado negro.

Los casos de Covid-19 subieron a 302 mil 718, según el balance diario del Ministerio, tras registrarse 3 mil 638 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

Perú, con 33 millones de habitantes, es el segundo país en América Latina con más casos de Covid-19, detrás de Brasil, y el quinto del mundo.

Los decesos siguen superando el centenar diario, con 177 muertes registradas este domingo 5 de julio, incrementándose a 10 mil 589 el total de fallecidos desde que el 19 de marzo se informara del primer deceso por coronavirus en el país.

Entre los contagiados en Perú hay unos 2 mil 164 médicos, de los cuales han muerto 73, según agrupaciones gremiales.

La cuarentena fue levantada el miércoles en 18 de los 25 departamentos de Perú, entre ellos Lima, donde el coronavirus está "descendiendo", según el gobierno, a pesar de acumular el 70% de los casos del país.

En una capital de 10 millones de habitantes famosa por su caótico tráfico, buses y minibuses volvieron a circular esta semana llenos de pasajeros, aunque todos llevan mascarillas, como dispuso el gobierno.

Las calles de Lima lucieron repletas de personas en el primer domingo en el que no está vigente el aislamiento social obligatorio.

El confinamiento continúa en siete regiones, en las que viven seis millones de los 33 millones de peruanos.

“Hasta la fecha en la FPF se han realizado 660 pruebas de coronavirus, de las cuales 49 dieron positivas, pero tan solo 34 son jugadores”, dijo a la prensa el director Deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas. Los otros son empleados o dirigentes de los clubes.

Sin embargo, Oblitas defendió la reanudación de la Liga 1.

"Estamos cumpliendo los protocolos. Sabíamos que cuando los exámenes se den iba a haber gente infectada", manifestó a la radio RPP.

"Solo el 7.4% de los jugadores de fútbol están infectados, es muy por debajo del promedio de la población en general", agregó el exmundialista.

En las pruebas moleculares de covid-19 efectuadas en la última semana de junio, dieron positivo jugadores y trabajadores de los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Carlos Stein, Sport Boys, Deportivo Binacional y Cantolao.

En su mayoría son casos asintomáticos y los afectados pasarán 14 días en confinamiento en sus hogares.

El fin de semana, Cantolao informó que 9 de sus futbolistas salieron positivos al virus.

Universitario anunció el miércoles que tiene cinco casos de contagio de covid-19 en el club, cuatro futbolistas, dos de ellos extranjeros, y un empleado. Todos se encuentran bajo aislamiento.

Por otro lado, Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1, estimó que el campeonato peruano se reanudará el viernes 7 de agosto.

“Estamos en ese camino. Creería que no habría problemas con que el viernes 7 de agosto sea la fecha de inicio del torneo”, dijo Villavicencio al diario Depor.

Luego de pasar pruebas de covid-19, los clubes iniciaron esta semana sus entrenamientos a puerta cerrada.

El líder Alianza Universidad de Huánuco fue el primer equipo que iniciar sus prácticas en un club privado de Cieneguilla, un distrito cercano a Lima.

La FPF anunció el 18 de junio que los planteles de los 20 clubes de la Liga 1 pasarían pruebas moleculares para descartar casos de coronavirus como parte del protocolo sanitario obligatorio para la vuelta de las actividades.

La FPF y los clubes acordaron que el resto del torneo se juegue exclusivamente en Lima, para evitar viajes y riesgos de contagio.

Perú suspendió su campeonato en la segunda semana de marzo cuando se habían jugado seis fechas del torneo Apertura, luego que el gobierno decretó la emergencia sanitaria.

Perú inició el miércoles un desconfinamiento tras tres meses y medio de cuarentena, pero mantendrá el cierre de fronteras y un confinamiento obligatorio en las siete regiones más afectadas por la pandemia.

Aunque la cuarentena se levantó en Lima, las autoridades sanitarias deben dar su conformidad para reanudar el fútbol.

El torneo Clausura se jugará en Lima, pero a diferencia del Apertura en que todos los equipos se enfrentan entre sí, se dividirán en dos grupos de 10 equipos cada uno.

Perú es el segundo país de América Latina con más contagios de coronavirus, con 288 mil 477 casos y 9 mil 860 fallecidos, según informó este miércoles el Ministerio de Salud.

“Tenemos (a la fecha) 223 policías muertos y 15,600 infectados”, dijo el ministro del Interior, general en retiro Gastón Rodríguez, durante una conferencia de prensa virtual con medios extranjeros.  

Rodríguez lamentó la alta cuota de vidas perdidas en su institución, que está en la primera línea de la lucha contra el letal virus.

La cifra de fallecidos en la policía representa un aumento de 30% respecto al total de hace dos semanas, cuando sumaban 170.    

Los casos de contagios también subieron y pasaron a 15,600, contra 9,900 al 11 de junio.

Una vasta mayoría de contagios entre policías ocurrió cuando patrullaban mercados y calles para vigilar que la población no se aglomere y respete la distancia física de al menos un metro para evitar propagar el covid-19.

Según el ministro, la merma de efectivos será subsanada con 5,000 policías que se incorporarán al servicio cuando egresen de la escuela policial el 1 de agosto.

La autoridad peruana resaltó que 6,000 agentes se han recuperado de la enfermedad y retornado al servicio desde que se inició la emergencia sanitaria, en marzo.

La policía cuenta con 130,000 efectivos, según el ministro. 

Unos 4,000 policías cumplen cuarentena obligatoria, por ser parte de la población vulnerable por razones de edad o salud.

Entre los contagiados, al menos un millar no presentó síntomas de la enfermedad, según la policía. 

Perú, con 33 millones de habitantes, es el segundo país de América Latina con más contagios de covid-19, detrás de Brasil, con más de 257,000 casos confirmados y casi 9,000 muertos.

La reapertura, impulsada por el gobierno peruano desde hace una semana, busca acelerar la reactivación de la economía que cayó un 40% interanual en abril.

El ingreso sólo está permitido con mascarillas, distancia física de al menos un metro entre las personas y cada tienda debe proveer a los visitantes de alcohol para desinfectar las manos, según la norma aprobada.

Cada centro comercial debe medir la temperatura corporal antes de dejar acceder.

En Lima, donde vive casi un tercio de los 33 millones de peruanos, la gente hizo cola para ingresar a los ‘malls’, constató un periodista de la AFP.

La norma prohíbe el ingreso de menores de edad y mantiene cerradas las salas de cine ubicadas en los centros comerciales.

Los cafés y restaurantes de esos centros solo podrán operar con el servicio de entrega a domicilio.

La economía peruana retrocedió un 13,1% en los primeros cuatro meses de 2020 y un 2,63% los últimos 12 meses.

El desplome del 40,49% interanual en el PIB en abril refleja un colapso económico que contrasta con el dinamismo de la actividad antes de la pandemia.

El confinamiento nacional obligatorio, que empezó en marzo, dejó desempleados a dos millones de personas en Perú, según la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

Perú registra 8,045 muertos de Covid-19, un alza de 184 en las últimas 24 horas, y con 254,936 contagios, tras sumar 3,598 nuevos casos.

Perú es el segundo en América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil y tercero en decesos, después del gigante sudamericano y México.

La Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM) tomó la decisión en base a informes de autoridades de la región Cusco, donde se ubica la famosa ciudadela lítica.

"Se ha quedado en que no se abre este 1 de julio", dijo el alcalde del distrito de Machupicchu, Darwin Baca, integrante de la UGM, citado por varios medios.

"Lastimosamente, se pretende iniciar una actividad sin estar preparados desde el mismo Gobierno central", agregó la autoridad local.

El alcalde indicó que aún están pendientes una serie de medidas sanitarias en la zona, como la realización de test.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, indicó que el gobierno nacional aún debe aprobar algunos protocolos de reapertura.

"No hay una fecha oficial para la reapertura de Machu Picchu", subrayó el gobernador, quien preside la UGM.

Pese a vivir del turismo, el pueblo de Machu Picchu se opone a la reapertura alegando que los visitantes pueden traer más contagios de Covid-19 en una región donde hay pocos casos registrados.

Gremios de Machu Picchu anunciaron protestas desde el lunes en rechazo a la reapertura impulsada por el gobierno de Martín Vizcarra para reactivar la economía.

"Estamos con un riesgo mayor de infectarnos, la infección está en crecimiento (en otras zonas de Perú), seguro que se va a dar un contagio porque no estamos preparados para recibir a visitantes si es que permitimos que abran el santuario de Machu Picchu", según Oscar Valencia, presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, citado por el diario El Comercio.

El gobierno peruano anunció la semana pasada que reabriría en julio la ciudadela inca con acceso limitado.

El gobernador del Cusco señaló entonces a la AFP que el límite sería de “675 visitantes nacionales y extranjeros por día”.

La reapertura dependía del fin del confinamiento que vence el 30 de junio, dijo el gobernador.

En Perú los aeropuertos están cerrados y los comercios restringidos como parte de las medidas para frenar el coronavirus en el país, el segundo con más casos de la enfermedad en América Latina, con más de 250,000 contagios y cerca de 8,000 fallecidos.

Los casos de Covid-19 sumaron 251 mil 338, según el nuevo balance, con 3 mil 413 nuevos contagios en 24 horas, en el segundo país de América Latina con más casos después de Brasil.

La cifra de muertos subió a 7 mil 861, un aumento de 201 en la última jornada. Ésta es la segunda mayor cifra diaria de decesos desde que se decretó la emergencia sanitaria en marzo en este país de 33 millones de habitantes.

Aunque Perú superó a España e Italia en casos confirmados, su cifra de muertos por Covid-19 es menor, a pesar de ser la tercera más alta en América Latina (detrás de Brasil y México).

Pese a las altas cifras, el ministro de Salud, Víctor Zamora, manifestó que los casos de coronavirus en el país están en un lento descenso.

“Estamos en un descenso sostenido, lento, pero sostenido. Aún no podemos cantar victoria, ni bajar los brazos, seguimos trabajando en las zonas más afectadas”, dijo Zamora al canal de televisión Latina.

Según un decreto gubernamental, se permite “la reapertura de centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento a partir del 22 de junio de 2020”.

La medida había sido anunciada el lunes por el presidente peruano, Martín Vizcarra, pero sin precisar la fecha de reapertura.

La autorización conlleva severas obligaciones y restricciones sanitarias, como el uso de mascarillas y la reducción en un 50% del acceso a los locales, entre otras.

Los casos de covid-19 superan los 240,000 en el país de 32 millones de habitantes, la segunda mayor cifra en América Latina detrás de Brasil.

La norma prohíbe el ingreso de menores de edad y mantiene cerradas las salas de cine ubicadas en los centros comerciales.

Los cafés y restaurantes de esos centros solo podrán operar con el servicio de entrega a domicilio de sus productos, sin poder atender al público en sus locales.

Los casos confirmados de Covid-19 sumaron 240 mil 908, según el balance más reciente, con 3 mil 752 nuevos contagios en 24 horas.

Después de Brasil, que suma 955 mil 377 casos, Perú es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de contagios.

La cifra de muertos subió a 7 mil 257, un incremento de 201 fallecidos en la última jornada, la segunda mayor cifra diaria de decesos desde que se decretó la emergencia sanitaria en marzo.

Perú, con 33 millones de habitantes, se ubica como el tercer país en América Latina con más fallecidos por la enfermedad, detrás de Brasil y México.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, rechazó el martes ante la prensa extranjera comparar la situación del país con la de Italia, alegando que son realidades diferentes y que la cifra de muertos es menor en Perú.

Italia, donde la pandemia ha cedido, registra 237 mil 800 casos de coronavirus y más de 34.000 decesos, la cuarta cifra más alta de fallecimientos en el mundo.

Los contagios en Perú se han ido incrementando en junio a un promedio diario de 4 mil 500 casos, un descenso en relación a la última semana de mayo cuando superaban los 6 mil 370 al día en promedio.

Entre los contagiados hay unos mil 600 médicos, de los cuales han muerto 57, según agrupaciones gremiales.

“Se dio por la falta de protección adecuada”, dijo a la prensa el doctor Teodoro Quiñones, dirigente del sindicato del Seguro Social de Salud, que maneja 400 hospitales y consultorios en el país.

La cifra oficial de muertos subió a 7,056 un aumento de 196 respecto a la víspera, mientras los contagiados sumaron 237 mil 156, con 4 mil 164 nuevos casos, según el último balance del Ministerio.

A pesar de lo que indican las cifras diarias, el ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró que la velocidad de los contagios está descendiendo.

"Nuestra epidemia muestra un decrecimiento (...) se ha enlentecido la velocidad del contagio", dijo el ministro de Salud durante una conferencia virtual con la asociación de prensa extranjera.

La variable actual de contagios es de una persona, pero la meta es reducirla a cero, agregó el ministro.

"Ya hemos logrado bajar a uno la tasa de contagio, y en algunos lugares (de Perú, sobre todo en las zonas andinas) no hay. Lo ideal es menos de cero", explicó Zamora.

En junio la cifra de contagios se ha ido incrementando a un promedio diario superior a los 4 mil 800 casos.

Perú prácticamente está a la par con Italia en número de casos confirmados, aunque su cifra de muertos es bastante inferior. El país europeo registra 237 mil 500 casos y supera los 34 mil decesos.

Con 33 millones de habitantes, Perú es segundo en América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil y tercero en decesos, después del gigante sudamericano y México.

En los hospitales peruanos hay 10 mil 177 pacientes con Covid-19, según el balance, lo que tiene al sistema de salud al borde del colapso y con escasez de oxígeno para tratar a enfermos graves.

En Lima y el vecino puerto del Callao, donde vive un tercio de la población peruana, se acumula el 70% de los casos de Covid-19, que además ha dejado a unos dos millones de peruanos sin ingresos por haber perdido sus empleos.

Entre los muertos hay más de 200 presos que contrajeron el virus en las superpobladas cárceles peruanas, según el Instituto Penitenciario.

También han fallecido al menos 170 policías, de 10 mil agentes contagiados, según el Ministerio del Interior, y más de 50 médicos de unos 1,500 que contrajeron el virus, según agrupaciones gremiales.

Los policías se contagiaron mayoritariamente mientras patrullaban las calles para hacer cumplir el confinamiento obligatorio con toque de queda nocturno y cierre de fronteras, en vigor desde el 16 de marzo.

El levantamiento de la restricción sobre la actividad comercial fue anunciado por el presidente Martín Vizcarra, tras conocerse además que la economía peruana retrocedió 13.1% en los primeros cuatro meses de 2020 y 2.63% los últimos 12 meses.

El desplome de 40.49% interanual en el PIB en abril da cuenta de un colapso económico que contrasta con el dinamismo de la actividad antes de la pandemia.

"La reapertura de los conglomerados y centros comerciales" será oficializada con un decreto que se dictará el miércoles, dijo Vizcarra.

El mandatario no precisó una fecha exacta para la reapertura, pero se estima que será antes de fin de mes.

"Dentro del proceso de reinicio de actividades económicas en la etapa 1 y 2 no estaban incluidos los conglomerados ni centros comerciales, sin embargo es una necesidad que reinicien", añadió durante una rueda de prensa virtual.

El reinicio será gradual, con restricciones de acceso de público y uso obligatorio de mascarillas, además de preservar la distancia física de al menos un metro.

La medida forma parte del programa "Arranca Perú", que prevé recuperar la economía impulsando sectores productivos e incrementando inversiones, con el fin de generar más de un millón de empleos.

La inversión gubernamental prevista equivale a unos 2 mil millones de dólares.

Respecto a la situación del virus, Vizcarra resaltó que sigue creciendo la cantidad de pacientes curados, que sumaron 3 mil 830 las últimas 24 horas.

“Hay más personas recuperadas que vencieron al Covid-19 y son los combatientes, porque ya superaron al virus; son 119.409 personas recuperadas” desde el primer caso en marzo, señaló.

“Un total de 1,502 personas salieron en libertad de diferentes establecimientos penitenciarios y centros juveniles del país”, informó el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, citado en una nota de prensa de su portafolio de este fin de semana.

Las excarcelaciones ocurrieron en un período de dos meses, desde que el gobierno promulgó una norma el 14 de abril anunciando un plan para liberar a 3,000 reclusos.

Del total de excarcelados, 989 recuperaron la libertad mediante el mecanismo de conversión de penas por el delito de omisión a la asistencia familiar, luego de haber pagado su deuda por alimentos y la reparación civil.

Perú es el segundo país de la región con más casos confirmados de Covid-19, detrás de Brasil, sumando 229,736. En decesos, figura tercero con 6,688 detrás del gigante sudamericano y México.

El temor al nuevo coronavirus generó motines y una severa crisis por la falta de suministros sanitarios en las prisiones. El último motín ocurrió el 19 de mayo en una cárcel del sur del país, con un saldo de 14 heridos entre presos y guardias penitenciarios.

Según las autoridades, 212 presos han muerto debido a la Covid-19 y al menos 67 se contagiaron y están hospitalizados.

La enfermedad también provocó la muerte de 15 guardias penitenciarios. Otros 17 guardias se hallan bajo tratamiento en el hospital.

La expansión del virus en las cárceles provocó la renuncia de centenares de guardias por temor al contagio.

El motín más grave ocurrió a fines de abril en el penal Miguel Castro Castro, al este de Lima, donde murieron nueve internos y hubo 67 heridos entre presos, guardias penitenciarios y policías.

Según el Ministerio de Justicia, hay 97,000 presos en las 68 cárceles del país, lo que representa una sobrepoblación de 50,000 reos.

La cifra de muertos subió a 5,738, un aumento de 167 en las últimas 24 horas, mientras los contagiados sumaron 203 mil 736, con 4,040 nuevos casos, según el último balance del ministerio.

Aunque los hospitales de Lima están al borde del colapso, están apareciendo algunos signos esperanzadores: el coronavirus está cediendo en la Amazonía peruana, que al comienzo fue la región más afectada del país, según datos oficiales.

Perú lleva 12 semanas de confinamiento nacional obligatorio y ahora está en el octavo lugar en el mundo entre los países con más casos de coronavirus, superando a Francia, Alemania e Irán.

Su economía, que hasta febrero era muy dinámica, está semiparalizada, pero gremios empresariales textiles empezaron a exigir que se reanuden de inmediato la producción y las ventas. El PIB peruano se contrajo en un 16% en marzo y en un 3.39% en el primer trimestre de 2020.

El primer caso se detectó en Perú el 6 de marzo y se habían superado los 100,000 contagios el 20 de mayo. El país es el segundo de América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil. En decesos es tercero, después del gigante sudamericano y México.

Con 33 millones de habitantes, el país andino se mantiene con toque de queda nocturno y fronteras cerradas.

"Un total de 1.743 líneas fijas y móviles han sido suspendidas en lo que va del Estado de Emergencia", luego que en mayo se detectaron 646 llamadas malintencionadas, según un reporte del ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Los infractores deberán abonar una multa equivalente a 60.000 dólares para anular la suspensión, que regirá durante un mes. El alto monto de la sanción equivale en la práctica a perder el uso de la línea.

"En medio de la pandemia que vivimos actualmente todos los peruanos, las centrales de emergencia representan la oportunidad para salvar la vida de cualquier ciudadano que requiera atención médica inmediata o socorro en situaciones de alta peligrosidad", advirtió Patricia Díaz, directora de fiscalizaciones del ministerio.

Las centrales de emergencia que recibieron la mayor cantidad de llamadas son las de la Policía Nacional y el servicio de urgencias médico.

La autoridad peruana dividió las llamadas perniciosas entre “falsas, perturbadoras y silentes”, aunque no brindó una estadística ni contenido de las mismas.

La reanudación en esos sectores, entre otros, permitirá recuperar medio millón de empleos de los dos millones que se perdieron desde que el 16 de marzo empezó una cuarentena nacional obligatoria por el coronavirus, según el Gobierno.

El objetivo de las autoridades es elevar a 83% la producción peruana, que trabaja a 50% de su capacidad desde hace tres meses por la emergencia sanitaria en esta nación de 33 millones de habitantes.

Según un decreto supremo publicado el jueves en la edición electrónica de la gaceta oficial, la reanudación de esas actividades es parte de la fase dos de una estrategia de cuatro fases para salir de la cuarentena que vive el país desde hace 82 días.

En esta fase el gobierno autoriza las operaciones en agricultura, gran minería, construcción, calzado, entre otros rubros.

“La idea es que la economía opere a un 83% al término de la fase dos”, dijo la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, durante una reunión con medios de prensa extranjera acreditada en Perú.

Desde que la pandemia golpea al país, se han perdido dos millones de empleos, de los cuales 1.2 millones en Lima, aseguró la titular de Economía.

La fase dos se extendería a lo largo de junio y se estima que unas 7,000 empresas se reincorporarían a sus labores. La fase uno se inició en mayo con la apertura de algunas actividades, principalmente comercio electrónico y restaurantes con delivery.

Esta nueva fase de reactivación de la economía permitirá generar 500,000 puestos de trabajo, señaló el presidente peruano Martín Vizcarra durante una conferencia a la prensa sobre la evolución de la Covid-19.

El transporte interprovincial por vía terrestre también se suma a esta fase, según la norma publicada.

El gobierno aspira a una salida gradual del aislamiento social obligatorio o cuarentena, a través de una etapa de contención de la enfermedad y luego de reactivación de la economía.

Perú aplicó una serie de medidas económicas para paliar los efectos del confinamiento y la imposibilidad de trabajar de su población aprobando un plan de bonos a más de 6.5 millones de hogares, que supone un 14.5% del PIB. El sector turístico también figura en los planes de reapertura, aunque sin fecha.

La ministra aseguró que el gobierno evalúa reanudar los vuelos internacionales en el segundo semestre para reactivar el turismo.

"Se declara infundada la demanda de hábeas corpus formulada por Sachie e Hiro Fujimori (dos hijos del exgobernante) a favor del interno sentenciado Alberto Fujimori", según la resolución del tribunal, que ratificó un fallo de primera instancia dictado por la jueza Adriana Zulueta el 12 de mayo.

El recurso alegaba que el servicio penitenciario vulneraba el "derecho a la salud, la vida e integridad personal" de Fujimori al mantenerlo en prisión.

La Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel declaró infundado este argumento, al considerar que "el penal de Barbadillo tiene condiciones que no permiten que puedan ser comparado con penales donde existe hacinamiento".

El expresidente de ancestros japoneses, de 81 años, es el único recluso en la base policial de Barbadillo, por lo que no hay probabilidad de contagio, como en las altamente hacinadas prisiones de Perú.

Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a una pena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas a manos de un escuadrón de la muerte del Ejército.

Ambas masacres ocurrieron bajo su gobierno, en el marco de la guerra contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.

El exgobernante padece recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión, y en varias ocasiones ha sido llevado a un hospital privado.

Hiro y Sachie, hijos del expresidente que no han incursionado en política, habían presentado un hábeas corpus pidiendo que su padre fuese excarcelado, afirmando que su edad y problemas de salud lo hacían vulnerable al coronavirus.

El gobierno peruano ya había negado el 14 de abril que Fujimori corriera el riesgo de contraer el coronavirus en prisión.

El exmandatario gozó de un breve período de libertad entre fines de 2017 y octubre de 2018, en virtud de un polémico indulto que la justicia revocó.

La primogénita del expresidente, la líder opositora Keiko Fujimori, salió de la cárcel el 4 de mayo después de tres meses en prisión preventiva por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, pero seguirá bajo investigación.

Perú superó el jueves los 5,000 muertos por coronavirus, que ha contagiado a más de 183,000 personas en el país, según balance oficial.

Ayer, la mina Las Bambas de MMG Ltd. dijo que está operando con “algunas fluctuaciones” mientras lucha por mantener a su fuerza laboral a plena capacidad debido a las restricciones gubernamentales sobre la movilidad de personas. La semana pasada, Teck Resources Ltd. dijo que la mina Antamina operará a aproximadamente 80% de su capacidad con una fuerza laboral reducida y no volverá a su ritmo máximo hasta el próximo trimestre. Freeport-McMoRan Inc. contempla operaciones limitadas en su mina Cerro Verde hasta junio, antes de aumentarlas.

Perú, la nación minera de cobre más grande después de Chile, adoptó un enfoque más cauteloso frente al virus que su vecino del sur, cerrando gran parte de la industria durante dos meses.

La cifra oficial de muertos subió a 5,031, un aumento de 137 en las últimas 24 horas, mientras que los contagiados sumaron 183,198, con 4,284 nuevos casos, según el último balance del Ministerio de Salud.

Perú es segundo en América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil y es tercero en decesos, después del gigante sudamericano y México.

En los hospitales peruanos hay más de 9,000 pacientes con covid-19, según el balance, lo que tiene al sistema de salud al borde del colapso y con una aguda escasez de oxígeno medicinal para tratar a enfermos graves, por lo que fue declarado como “recurso estratégico” por el gobierno este jueves.

"Declaramos al oxígeno como recurso sanitario estratégico donde su uso medicinal es prioritario sobre el uso industrial", dijo el presidente Martín Vizcarra en una rueda de prensa virtual.

Entre los fallecidos hay al menos 146 policías, 61 médicos y paramédicos, ocho bomberos y 20 periodistas, quienes contrajeron el temido virus mientras trabajaban en la primera línea atendiendo esta emergencia, según las autoridades y agrupaciones gremiales.

Casi todos los policías muertos se contagiaron mientras patrullaban para hacer cumplir el confinamiento nacional obligatorio en vigor desde el 16 de marzo. Uno de ellos es el suboficial brigadier David Monteagudo Rojas, de 55 años, casado y con un hijo, de la comisaría Alfonso Ugarte de Lima.

También han fallecido 45 médicos y 16 paramédicos, entre ellos el internista José Ceferino Nizama Valverde, de 72 años, de la región norteña de Piura.

El 14 de febrero el doctor Nizama había aparecido en los medios tras resultar herido por un golpe en la cabeza durante un asalto armado a su consulta en la localidad costera de Talara, perpetrado por una pareja venezolana, pero con el coronavirus no logró sobrevivir.

En Perú, donde el primer caso de covid-19 se detectó hace tres meses, han contraído el virus 1,322 médicos y 1,200 paramédicos, según gremios de la salud.

Los sindicatos también han denunciado la falta de recursos, lo que ha contribuido al contagio del personal sanitario.

La pandemia también ha matado a 20 periodistas, la mayoría de los cuales contrajo el virus mientras cumplía labores informativas en focos infecciosos como mercados y hospitales, según gremios de la prensa.

Entre estas víctimas figura Azucena Romaní Tafur, de 59 años, quien trabajaba desde hacía 13 años en la agencia estatal Andina.

También han muerto ocho bomberos de 242 que han contraído covid-19, de acuerdo a esta institución.

Otra víctima es el alcalde indígena Silvio Vallés de 42 años, de la etnia shipibo-konibo, de la región amazónica de Ucayali, fronteriza con Brasil.

Una brigada de 85 médicos cubanos llegó a Perú en las últimas horas para cooperar en los esfuerzos contra el coronavirus, convirtiéndose en la tercera misión extranjera en el país después de la alemana y la china.

Perú lleva 81 días de confinamiento nacional obligatorio, bajo un toque de queda nocturno y fronteras cerradas, lo que no impidió que la pandemia se propagara.

En Lima y el vecino puerto del Callao, donde vive un tercio de los 33 millones de peruanos, se acumula el 70% de los casos de covid-19, que ha dejado a miles de familias sin ingresos por haber perdido sus empleos.