Los nuevos confinamientos irán desde las 18H00 hasta 06H00 en las ciudades donde la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) exceda el 85%, y desde las 20H00 para los casos donde sobrepase el 80%.

“La situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas (...) existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional”, advirtió el mandatario en una declaración pública.

A partir del lunes 5 de abril y hasta el 19, las medidas afectarán a unos 4.7 millones de personas en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Santa Marta, donde la ocupación de las UCI supera el 85%, y a los 2.2 millones de habitantes de Cali, donde el 80% de estas unidades están en uso.

Por el momento, la nueva restricción no afectará a los ocho millones de habitantes de Bogotá, ya que sus UCI presentan un 65% de ocupación.

“Vemos con preocupación (...) que varios países de América Latina han visto cómo se exacerba su capacidad de respuesta en el sistema de salud”, expresó el mandatario, quien el 23 de marzo había impuesto toques de queda a partir de las 22H00 y las 0H00 con criterios similares.

Sin embargo, los contagios y muertes por el virus han seguido aumentando y preocupa el efecto que pueda tener el feriado religioso de Semana Santa, fecha de importante actividad turística en Colombia. Duque pidió a quienes viajaron durante la semana que a su regreso se aislaran preventivamente durante siete días.

Hasta ahora, el país sudamericano ha administrado al menos una dosis de vacunas contra la Covid-19 a 2.4 de sus 50 millones de habitantes.

Colombia es el segundo país que ha registrado más casos de coronavirus en Latinoamérica (2 millones 437 mil 197), por detrás de Brasil, y el tercero con más fallecimientos (63,932), tras el gigante sudamericano y México.

Un cabo segundo murió tras la “detonación de una granada” dentro de un mortero que apuntaba “hacia blancos de la disidencia de la FARC -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-, en el sector El Ripial, cercano a La Victoria, Edo. Apure” (oeste, fronterizo con Colombia), indica la minuta a la que tuvo acceso la AFP.

Momentos después, falleció en el hospital militar de San Cristóbal, en el estado de Táchira, un primer teniente que figuraba entre la decena de uniformados que resultaron heridos en el incidente, dijeron fuentes castrenses a la AFP.

Así, suman seis los militares muertos en operaciones de las Fuerzas Armadas de Venezuela en la frontera con Colombia contra “grupos irregulares armados colombianos”, según el balance oficial, desde el pasado 21 de marzo, cuando se registraron fuertes enfrentamientos en la zona, reportados por las autoridades de ambos países.

En Apure hubo además nueve “terroristas” fallecidos, acumulando 15 muertes en total, así como más de treinta detenidos, de acuerdo con el gobierno socialista.

El régimen de Nicolás Maduro reconoció la posibilidad de que disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC puedan ser responsables de enfrentamientos con militares y ataques a blancos civiles en la frontera colombo-venezolana.

El propio Maduro y otros altos funcionarios venezolanos habían evitado identificar a los irregulares como disidentes de la desmovilizada guerrilla izquierdista.

Las autoridades colombianas señalaron por su parte que la operación se trató de un golpe contra un ala de disidentes de las FARC.

Ambos países, con porosa frontera común de 2.200 kilómetros, rompieron relaciones después de que el gobierno de Iván Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019.

Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, periodistas del canal de televisión por suscripción colombiano NTN24 en Venezuela, junto a dos activistas de la ONG Fundaredes fueron “liberados sin presentación” a tribunales en la localidad de Guasdualito, estado Apure (oeste), dijo a la AFP Gonzalo Himiob, abogado y director de la ONG de derechos humanos Foro Penal.

Esto, tras “25 horas de detención arbitraria y desaparición forzosa”, escribió en Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), una de las principales organizaciones de periodistas en el país.

El grupo se encontraba en La Victoria, en Apure, localidad fronteriza con Colombia.

En Apure se han registrado un total de nueve “terroristas” y cuatro uniformados fallecidos, así como más de treinta detenidos, en operaciones de las Fuerzas Armadas de Venezuela contra “grupos irregulares armados colombianos” entre el 21 de marzo y el miércoles, según un comunicado del ministerio de Defensa venezolano difundido este jueves.

A las 16H30 del miércoles (20H30 GMT) “se perdió la comunicación” con los periodistas y activistas “detenidos” cuatro horas antes, a las 12H30, (16H30 GMT), había señalado el SNTP.

“Fueron retenidos por la Guardia Nacional” (GNB, por sus siglas) “y trasladados al puesto de control de la Guardia. Ahí perdimos comunicación”, explicó a la AFP Javier Tarazona, director de Fundaredes.

La AFP contactó al gobierno venezolano sin obtener respuesta, de momento. Las autoridades no se han pronunciado al respecto.

En un comunicado, NTN24 había exigido a las autoridades venezolanas “información inmediata” sobre las condiciones de sus periodistas y pedido su liberación.

Activistas de derechos humanos y dirigentes opositores denunciaron lo sucedido.

“Continúan violaciones de DDHH en Apure, esta vez contra periodistas, solo por informar la verdad de lo que ocurre en esta zona”, tuiteó el jueves el líder opositor Juan Guaidó.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, reconoció la posibilidad de que disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC puedan ser responsables de enfrentamientos con militares y ataques a blancos civiles en la frontera colombo-venezolana.

Las autoridades colombianas señalaron por su parte que la operación se trató de un golpe contra un ala de disidentes de las FARC.

Además, la Fiscalía venezolana dijo haber abierto una investigación sobre el presunto ajusticiamiento de cinco campesinos, denunciado por oenegés.

Los extranjeros, principalmente caribeños, “fueron trasladados hacia las oficinas de Migración Colombia, para definir su situación migratoria”, señaló el organismo.

Además de un grupo de 40 haitianos, entre los cuáles se cuentan 11 menores de edad, también hay cubanos, venezolanos y africanos de Camerún y Costa de Marfil.

Los dos buses de servicio público en los que se transportaban fueron interceptados por un retén de policía en el departamento de Caldas, poco antes de llegar a Medellín. La penúltima parada de una larga y peligrosa travesía que inició en plena pandemia en el convulso departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador.

Desde Medellín tenían previsto avanzar hasta el municipio de Turbo, en el golfo de Urabá, para continuar su ruta a Panamá en barco o por la densa selva del Darién.

Cada año, miles de africanos, asiáticos y caribeños atraviesan Colombia para llegar a Estados Unidos por el mar Caribe.

Aunque la pandemia redujo el flujo, entre enero y octubre de 2020 Panamá interceptó a 287 africanos en la selva que la une a Colombia y los trasladó hasta albergues temporales, a la espera de que Costa Rica les abra paso.

Colombia cerró sus fronteras terrestres y fluviales desde el 16 de marzo de 2020 para detener la propagación del nuevo coronavirus que deja casi 2,4 millones de contagios y más de 63.000 muertos. La medida se prolongará al menos hasta el 1 de junio.

Jesús Vargas, conocido con el alias de Reinel y quien ejercía como mando medio del grupo armado Oliver Sinisterra, deberá cumplir 28 años y 8 meses de cárcel por el crimen de los trabajadores del diario El Comercio en la frontera entre ambos países.

Se trata del primer condenado por un caso que fue repudiado internacionalmente.

El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paul Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) fueron secuestrados en Ecuador por disidentes de las extintas FARC el 26 de marzo de 2018.

“Posteriormente, quedaron a cargo de alias Reinel, quien fue el encargado de custodiarlos hasta que alias Guacho, entonces cabecilla de la estructura disidente, ordenó asesinarlos”, detalló la fiscalía colombiana en un comunicado.

Los cuerpos fueron hallados tres meses después del secuestro en una fosa clandestina ubicada del lado colombiano de la frontera, en el departamento de Nariño (sur), la zona con más narcocultivos del mundo.

El ecuatoriano Walther Arizala, conocido con el alias de Guacho, fue abatido por militares colombianos en diciembre del mismo año.

De 29 años, Reinel, quien fue detenido en julio de 2018, aceptó su responsabilidad en los hechos.

Según la fiscalía, realizó “un acto virtual de perdón con los familiares de las víctimas”, agregó la fiscalía colombiana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró en un reporte que las acciones de Ecuador para proteger a los reporteros asesinados “fueron insuficientes”.

En un comunicado conjunto, los familiares de las víctimas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguraron que el fallo es “relevante”, pero criticaron a la fiscalía colombiana.

“No ha sido diligente en su investigación (...) y tampoco ha dado con todos los autores materiales ni intelectuales” del crimen, reza el texto.

Los captores pretendían la excarcelación de allegados a Arizala presos en Ecuador a cambio de la liberación de los rehenes. Según los disidentes, la negociación se frustró por los operativos de las autoridades colombianas.

“Se ha omitido indagar sobre aspectos que comprometerían la responsabilidad del Estado colombiano”, reclamó la FLIP, alegando que se adelantaron “acciones militares (...) a sabiendas del riesgo que esto podría implicar en las negociaciones de liberación”.

Sin un mando unificado, los disidentes que se apartaron del pacto de paz firmado por las FARC en 2016 suman unos 2.500 militantes y se nutren principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales, de acuerdo con inteligencia militar.

“Hay 43 personas afectadas que están siendo atendidas en centros hospitalarios, 17 por aturdimiento, 20 con lesiones leves y hay 6 heridos de consideración”, declaró el ministro de Defensa, Diego Molano.

Entre las víctimas del ataque ocurrido el viernes hay 13 funcionarios heridos, de los cuales dos son mujeres embarazadas, indicó un responsable de la alcaldía a la AFP.

“Sabemos que los que están detrás de este atentado son los bandidos de la Dagoberto (Ramos), bandidos que son de esas disidencias” de la extinta guerrilla de las FARC, dijo el presidente Iván Duque, desde la calle donde explotó la bomba.

En imágenes recogidas por la AFP tras el ataque, se observaba un automóvil incinerado en medio la calle y las construcciones alrededor con sus ventanas y puertas rotas. Ocho casas quedaron afectadas por el estallido.

Colombia desarmó al grueso la que fuera la guerrilla más antigua del continente con la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016. Algunos rebeldes rechazaron el pacto y se reorganizaron en diferentes grupos conocidos como disidencias.

Sin un mando unificado, en sus filas hay unos 2,500 militantes y se nutren principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales, de acuerdo con inteligencia militar.

“Son criminales y delincuentes, ¡ningunos revolucionarios!”, aseveró Duque.

El ministro de Defensa ordenó la movilización de ocho pelotones con más de 280 militares a Corintio y ofreció una recompensa equivalente a 75,000 dólares para quien dé información que permita capturar a los responsables.

La misión de verificación del acuerdo de paz de las Naciones Unidas en Colombia rechazó el atentado y pidió garantías de seguridad en los territorios cercados por un rebrote de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos.

Aunque el desarme de los paramilitares (2006) y las FARC (2017) redujo la intensidad del conflicto, Colombia está abocada a un nuevo ciclo de violencia por cuenta de las organizaciones que se financian del narcotráfico.

En casi seis décadas de lucha interna se han reportado nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, siendo estos últimos los que componen la mayor población afectada.

“Mucha gente que tiene años allí dice que nunca había visto eso”, dice a la AFP el herrero de 37 años. Huyó del municipio venezolano de Paez, Apure (este), donde estallaron los enfrentamientos el fin de semana. Su esposa e hijos de 6 y 12 años lo acompañan.

Los soldados venezolanos, asegura, “se llevaron muchas personas trabajadoras” en medio de una ofensiva contra supuestos rebeldes colombianos.

“Y como los aviones bombarderos daban vueltas y vueltas (...), entonces nos decidimos para venir acá”, relata el hombre que cruzó en canoa el río limítrofe de Arauca.

Casi 4.000 personas han llegado al municipio fronterizo de Arauquita (noreste), la mayoría venezolanos, entre el domingo y el jueves, según la Defensoría de Pueblo (Ombudsman). Niños, ancianos, mujeres embarazadas y jóvenes duermen apiñados en carpas improvisadas en coliseos en pleno ascenso de los contagios del coronavirus.

Castigados por más de medio siglo de conflicto armado, los pobladores colombianos ven con asombro la llegada de desplazados por la violencia.

Aunque agradece la acogida, Velasco pide garantías para volver a Venezuela pues teme que saqueen su casa deshabitada.

A su lado, otros desplazados buscan información sobre familiares detenidos en la ofensiva.

“A mi papá se lo llevaron. Él se llama José Rico, es una persona inocente, campesino de la comunidad que no tiene que ver con la guerra (...) Queremos que nos ayuden para que lo saquen de allá donde lo tienen”, clama desesperada su hija Diana Rico.

Del otro lado de la frontera, los combates se mantienen y los habitantes siguen escapando, según fuentes oficiales de Colombia consultadas por la AFP este viernes.

Según el presidente Nicolás Maduro, los choques corresponden a una ofensiva de sus tropas contra un “grupo irregular” colombiano.

“Anoche intentaron atacar un puesto fronterizo y fueron neutralizados varios terroristas”, escribió el jueves en Twitter Remigio Ceballos, comandante operacional de la Fuerza Armada venezolana. En este momento “continúan las operaciones de búsqueda y ataque!”, agregó.

Hasta el domingo, último balance disponible, los enfrentamientos dejaban al menos tres muertos, 14 heridos y 32 capturados.

Para el representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, la violencia es consecuencia de un ataque ordenado por Maduro contra un ala de guerrilleros que se apartó del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 y que es enemiga de otra facción supuestamente apoyada por el chavismo.

El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, coincide con esa versión, según un audio enviado a la AFP.

“Lo fundamental es que el régimen de Venezuela tiene que tomar una decisión de combatir todas aquellas organizaciones como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias de las FARC (...) que tienen presencia en esas zonas y desarrollan actividades de narcotráfico”, aseguró.

Bogotá acusa a Maduro de proteger en su territorio a estos grupos armados. Caracas niega los señalamientos y responsabiliza a Colombia de la violencia por abandonar la frontera.

Colombia desarmó al grueso de la guerrilla más antigua de América con la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016. Algunos guerrilleros rechazaron el pacto y se reorganizaron en diferentes grupos conocidos como disidencias de las FARC.

“La autorización para el uso emergencia de esta vacuna” fue anunciada este jueves por el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Julio Aldana, durante el programa de televisión diario del presidente Iván Duque.

Indicó que el objetivo de su gobierno es tener 3 millones de vacunados al 17 de abril. A la fecha 1,4 millones de colombianos han sido inyectados.

La vacuna es la cuarta permitida en el país de 50 millones de habitantes tras la autorización de la estadounidense Pfizer, la china de Sinovac y la anglosueca AstraZeneca.

Colombia arrancó el 17 de marzo su campaña de vacunación masiva y los primeros beneficiados fueron personas que luchan en la primera línea contra la enfermedad y los mayores de 80 años.

El país registra 2.3 millones de contagios y 62,519 muertes por covid-19.

Las cifras lo ubican en el segundo lugar en América Latina en cuanto a número de contagios y en el tercero con más muertes.

“Este Tribunal considera que existe (...) una situación de extrema gravedad y urgencia, con la perspectiva de sufrir un daño irreparable, en contra de las presuntas víctimas Jineth Bedoya Lima y (su madre) Luz Nelly Lima”, explicaron los magistrados en una resolución.

La Corte IDH, órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sentó en el banquillo al Estado colombiano por el ataque que sufrió la comunicadora en el año 2000, cuando fue torturada y violada por paramilitares que la secuestraron frente a la cárcel La Modelo de Bogotá mientras investigaba una red de tráfico de armas en el penal.

Los paramilitares, algunos ya condenados por esta agresión, fueron milicias de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas en Colombia, hasta su desmovilización en 2006.

Bedoya, de 47 años, alega que la agresión se dio con complicidad de agentes del Estado, especialmente de un “influyente” general de la Policía, de acuerdo al testimonio que dio ante la corte la semana pasada.

En su declaración, la periodista aseguró haber sido víctima de amenazas desde hace al menos dos décadas y que las intimidaciones han aumentado a raíz del juicio en curso.

La corte calificó este amedrantamiento como “de extrema gravedad” y ordenó al estado presentar un informe sobre las medidas adoptadas para proteger la vida de Bedoya y de su madre a más tardar el 9 de abril.

“La adopción de medidas provisionales no implica una decisión sobre el fondo de la controversia (...) ni prejuzga la responsabilidad estatal en los hechos denunciados”, aclararon los jueces en su escrito.

Las partes tienen plazo hasta el 23 de abril para presentar sus alegatos finales.

El martes el encargado de la defensa de Colombia, Camilo Gómez, pidió perdón a Bedoya por haberle exigido declarar en 12 ocasiones durante la investigación del crimen y aceptó “fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima”.

Sin embargo, Gómez aseguró que no existen pruebas “suficientes para demostrar la participación de agentes estatales en los hechos”.

Los jueces no tienen un plazo para emitir sentencia. Sin embargo, los fallos de la Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.

La confrontación, que tuvo lugar en el estado de Apure (suroeste), deja al menos varios heridos y el desplazamiento de una familia al vecino departamento colombiano de Arauca, indicó el alcalde del municipio de Arauquita, Etelivar Torres.

“Este domingo en la madrugada nos despertamos los habitantes del municipio de Arauquita con unas detonaciones que eran provenientes de la aviación venezolana” y que siguieron en la tarde; “hay información de (...) que hay un número importante de heridos y fallecidos”, dijo en un audio enviado a medios.

Según el mandatario local, una familia con una mujer embarazada tuvo que salir de su hogar por la violencia y se encuentra en el municipio fronterizo de Arauquita, mientras que otras ocho solicitaron apoyo de organismos de socorro colombianos.

Más temprano, el régimen de Nicolás Maduro declaró en la televisión pública que militares se encontraban combatiendo a un grupo proveniente de Colombia, sin dar más detalles.

“Estamos en la Operación escudo bolivariano, protegiendo a nuestra frontera del abandono de Colombia de toda la frontera, que provoca que grupos armados se pasan para acá”, dijo el mandatario chavista.

Según un general venezolano en el exilio que habló con la AFP, los militares habrían atacado temprano a un campamento de disidentes de las FARC.

“Esta mañana a las 5 AM aviones k8 ametrallaron unas posiciones de un campamento de un jefe de la disidencia de las farc (...) Sabemos que hay unos siete heridos” de las fuerzas armadas, precisó.

A pesar de que comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros, Colombia y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde que Bogotá reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de la otrora rica nación petrolera, en enero de 2019.

Sin embargo, Maduro mantiene el control del país con apoyo de las fuerzas armadas.

El gobierno del presidente colombiano Iván Duque acusa recurrentemente a Maduro de albergar en su territorio a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla FARC, algo que Caracas niega.

“Aprovecho la ocasión para pedir excusas (...) Cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad no lo hago para causar una polémica ni para estigmatizar a nadie”, declaró la mandataria durante un evento informativo sobre su primer año de gestión.

“Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío, todos, no importa de dónde vengamos (...) pero reconocer las dificultades no es para generar discusiones, ni divisiones, ni estigmatizaciones”, añadió.

El viernes, López fue blanco de críticas por unas declaraciones consideradas como xenófobas, en las que señalaba que “una minoría de migrantes venezolanos, profundamente violentos” son “un factor de inseguridad enorme” en Bogotá.

La alcaldesa reclamó garantías al gobierno nacional frente a los migrantes, tras el asesinato el miércoles de un policía de 24 años en un intercambio de disparos con dos venezolanos disfrazados de repartidores, en una zona comercial del norte de la ciudad. Uno de los agresores también falleció.

“A los migrantes venezolanos todo se les ofrece y a los colombianos ¿qué se les ofrece?, ¿qué garantías tenemos de que no haya una competencia desleal por sus empleos, especialmente para la gente humilde, de que no se aprovechen de la generosidad del gobierno de Colombia para agredir a ciudadanos colombianos?”, dijo entonces.

La controversia tuvo lugar en momentos en que el gobierno del presidente Iván Duque desarrolla un ambicioso plan para regularizar a casi un millón de migrantes venezolanos, que le ha valido aplausos de la comunidad internacional.

“No es cierto que se le dé más prioridad a un venezolano que a un colombiano (...) Al contrario, el que es migrante (...) la tiene mucho más difícil”, dijo este jueves recogiendo sus palabras.

Colombia, que en el pasado vio salir a millones de sus ciudadanos hacia países como Venezuela por la violencia que todavía persiste debido al conflicto interno, ha recibido a más de 1,7 de los 5,4 millones de venezolanos que emigraron desde 2015, según cifras de la ONU.

Los militares lograron golpear al grupo que encabeza Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, uno de los principales comandantes de los cientos de rebeldes que se marginaron del acuerdo de paz de 2016, según autoridades.

Se trató de un “ataque aeroestratégico de la Fuerza Aérea Colombiana” en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare (sureste), dijo el ministerio de Defensa en un comunicado.

En la acción murieron “diez integrantes de las disidencias” y otros tres quedaron heridos y fueron capturados por las tropas en tierra, añadió el organismo.

El bombardeo fue dirigido contra la agrupación que comanda Duarte, uno de los hombres más buscados tras el pacto que condujo al desarme del grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más grande de América.

Las autoridades señalan a la facción que encabeza Duarte de reclutamiento de menores, terrorismo y narcotráfico.

También la acusan de incendiar un vehículo que transportaba a funcionarios de la ONU en octubre de 2020. El hecho no dejó víctimas fatales.

“Este Gobierno no descansará hasta llegar a su cabecilla, símbolo del mal Gentil Duarte. Seguiremos debilitando a las disidencias”, afirmó en una declaración a medios el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano.

#Atención@FuerzasMilCol, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol neutralizó 13 integrantes de la disidencia de las FARC de alias 'Gentil Duarte' en #Calamar, #Guaviare.

CC @infopresidencia pic.twitter.com/3pgpfNlKk4

— Mindefensa (@mindefensa) March 3, 2021

El ministerio aseguró que mediante esta operación afectó al grupo de Duarte y sus planes para agrupar a los disidentes que ejercen influencia en una amplia zona del sur del territorio colombiano.

Sin un mando unificado, las disidencias suman unos 2,500 militantes y se nutren principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales, de acuerdo con inteligencia militar.

El gobierno acusa a esas agrupaciones de estar detrás de varios de los más de 250 asesinatos de exguerrilleros que se acogieron al acuerdo que transformó a las FARC en un partido político de izquierda.

El golpe contra Gentil Duarte siguió a la entrada en operaciones de una fuerza élite de 7,000 militares que fue conformada para perseguir a los cabecillas de las disidencias, a bandas del narco y al ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia tras la desmovilización de unos 13,000 miembros de las antiguas FARC.

El nuevo comando comenzó sus tareas el pasado viernes y aún no reporta ninguna operación.

El presidente Iván Duque advirtió en su momento que la fuerza élite irá tras objetivos de alto valor, incluidos jefes guerrilleros que se esconden en Venezuela.

El mando militar de Colombia sostiene que en la actualidad unos 1,400 miembros de los grupos armados que enfrenta se mueven en ambos lados de la frontera común de más 2,200 kilómetros, con la supuesta complicidad de las autoridades chavistas.

El mandatario Nicolás Maduro ha negado esos señalamientos y ordenó recientemente a las fuerzas venezolanas “limpiar los cañones de los fusiles” y estar listos para “contestar si Iván Duque se atreve a violar la soberanía” venezolana.

Aunque el acuerdo de 2016 redujo sensiblemente la violencia, Colombia aún no consigue superar un conflicto que en seis décadas deja nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

“La medida que inicialmente se había proyectado hasta el próximo lunes, 01 de marzo, se extenderá por tres meses más, con el fin de continuar controlando, evitando y mitigando la propagación del Covid-19, en todo el territorio nacional”, indicó Migración Colombia en un comunicado.

El cierre de los pasos fronterizos fue decretado el 16 de marzo, diez días después de que se registrara el primer caso del virus en el país, y desde entonces la medida se ha extendido en varias oportunidades.

Si bien la orden restringe la circulación con los países vecinos de Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá “también establece excepciones (...) entre las que se encuentran el transporte de carga, las emergencias sanitarias y los casos fortuitos o de fuerza mayor”, añadió la entidad.

Colombia relajó en septiembre el confinamiento estricto que impuso el 25 de marzo, ante la debacle económica. A mediados de ese mes también reanudó los vuelos comerciales internacionales.

Durante la emergencia sanitaria, decenas de miles de venezolanos golpeados por la crisis volvieron a su país, aunque una parte de ellos ha retornado por el prolongado deterioro de la situación en la otrora rica nación petrolera.

Sin relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, Colombia y Venezuela también están comunicados por decenas de pasos ilegales que reciben un importante flujo migratorio, pese a la presencia de contrabandistas y grupos armados.

Cerca de 1.7 millones de migrantes venezolanos viven en el país y el gobierno anunció a inicios de este mes que espera regularizar a los indocumentados (56%) en los próximos diez años.

Aunque la velocidad de propagación de la Covid-19 ha disminuido, Colombia suma más de 2.2 millones de contagios y 59 mil 500 fallecidos.

Con 50 millones de habitantes, las cifras lo ubican como segundo país de Latinoamérica con más casos y el tercero con mayor número de muertes.

Cientos de enjambres han desaparecido en los últimos años en el departamento de Quindío, donde las investigaciones oficiales apuntan al fipronil, pesticida vetado en Europa y de uso restringido en Estados Unidos y China.

En Antioquia, Urrego tiene una empresa de miel cerca de cultivos de maracuyá. En 2019 perdió 10 de sus 19 enjambres. “Quizá no han hecho un buen manejo de los agroquímicos”, sostuvo.

Esta vez, fueron cuatro las colmenas que desaparecieron, cada con unas 50 mil abejas. En la última década, apicultores de Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Francia, Rusia y Australia han denunciado mortandad de abejas por agrotóxicos.

Urrego no identifica el pesticida que mató a las suyas, pero a 280 kilómetros de ahí, en Quindío, Abdón Salazar lleva el cálculo de los daños en su empresa Apícola de Oro, y señala al fipronil como veneno responsable.

“En los últimos dos años se pueden calcular más de 80 millones de abejas muertas”, se lamentó.

Otros apicultores como él se han acostumbrado a remover montañas de insectos muertos en esta zona donde, alrededor de los enjambres, reverdecen las plantaciones de aguacate y cítricos, en uno de los países más megadiversos del planeta.

El fipronil es altamente tóxico para las abejas. Su uso en cultivos de maíz y girasol –que atraen a estos insectos– fue prohibido en 2013 por la Unión Europea (UE), que también no renovó las licencias para su empleo en otras plantaciones.

En Quindío la destrucción de las colmenas coincide con la expansión de los monocultivos, asegura Faber Sabogal, presidente de Asoproabejas, la organización que reúne a los apicultores.

Según el gobierno local, entre 2016 y 2019 cinco empresas multinacionales compraron grandes extensiones de tierra en el segundo departamento más pequeño de Colombia para unirse al boom aguacatero.

Las exportaciones saltaron de 1.7 toneladas en 2014 a 44.5 toneladas en 2019. A principios de 2021, el gobierno celebró haberse convertido en el mayor proveedor de aguacates de Europa.

Según los campesinos, estos cultivos son muy vulnerables a las plagas y requieren fumigaciones intensas. Así, las abejas son rociadas con fipronil mientras vuelan por entre el verde.

“Ellas traen este veneno a la colmena y mata completamente a todo el resto”, apunta Salazar.

Los enfrentamientos estallaron el viernes en Alto Baudó, un municipio del departamento de Chocó, en el noroeste del país, y afectan principalmente a la comunidad de Moamía.

Decenas de familias se vieron forzadas a huir o a confinarse de sus casas, señaló Carlos Camargo, director de la organización estatal de defensa de derechos humanos.

“La comunidad está sin alimentación, sin recursos y confinadas en el resguardo, y otras personas en desplazamiento”, agregó el defensor del pueblo.

Los indígenas están bajo el asedio de los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Clan del Golfo, el principal brazo armado del narcotráfico conformado por los remanentes de las bandas paramilitares de ultraderecha.

Los dos grupos sostienen un pulso a muerte por el control de las rutas para el tráfico ilegal, especialmente de drogas, en límites con Panamá.

El viernes una indígena murió en medio del fuego cruzado, aseguró el senador Feliciano Valencia, representante de los pueblos originarios, en un mensaje de Twitter.

El riesgo para los civiles en la zona había sido advertido por la Defensoría desde septiembre de 2019.

Con acceso al Pacífico y al Caribe, el Chocó cuenta con 89% de población indígena y negra, y es el departamento con mayor “pobreza monetaria” de Colombia (61.1%), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Los indígenas son víctimas recurrentes de grupos armados en zonas apartadas del país, donde el Estado no logró recuperar el control tras la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016.

En diciembre unos 1,000 nativos del resguardo indígena de Bacurú Purú, también en Chocó, se desplazaron luego de que fuera secuestrado y degollado uno de sus líderes. Las comunidades culparon del hecho al Clan del Golfo.

Colombia soporta desde hace casi sesenta años un conflicto interno que deja más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

El número casi triplica la cifra conocida hasta ahora y da una nueva dimensión a este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su informe.

El tribunal, surgido del pacto para el desarme de las FARC, halló que “por lo menos 6 mil 402 colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”.

Conocida en el argot militar como “falsos positivos”, esta práctica arrastró a los militares hacia su mayor escándalo en las casi seis décadas de combates.

Aunque el alto mando militar siempre ha negado que se tratara de una práctica sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación.

Los militares orquestaron una suerte de body count, un conteo premiado de cuerpos, para mostrar resultados en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico.

Hasta el año pasado, la fiscalía había reconocido 2 mil 249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014. El 59% de esos crímenes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-10).

Mario Montoya, comandante del ejército en esa época, aceptó la autoridad de la JEP y hoy es el militar de mayor rango que responde ante los magistrados. Pese a los testimonios que lo inculpan, el oficial en retiro niega que hubiera instigado crímenes de civiles.

“Existen 2 mil 140 militares vinculados a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, lo que equivale al 0.9% del total de los hombres que operaron en el ejército en el periodo mencionado, (...) lo que muestra que en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces”, dijo su abogado, Andrés Garzón, en una entrevista con la AFP en 2020.

La JEP se ocupa de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas por guerrilleros, paramilitares y soldados durante su enfrentamiento.

Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen se exponen a condenas de hasta 20 años de cárcel.

El tribunal de paz todavía no ha emitido su primera condena desde su entrada en funcionamiento, en 2018.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigó el escándalo que involucra a fuerzas del Estado y encontró que “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”, señaló el organismo en un comunicado.

La contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 6.8% es la más importante desde 1975, dijo en rueda de prensa el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo. En 2019 la cuarta economía latinoamericana había crecido un 3.3%.

La emergencia sanitaria golpeó al país en 2020 y en el segundo trimestre del año pasado la economía sufrió a su vez la contracción (trimestral) más importante de la historia contemporánea, de 15.8% sobre igual período del año anterior, explicó Oviedo.

El confinamiento dispuesto por el gobierno tras la detección del primer caso de coronavirus en marzo, se sintió con más fuerza en el segundo trimestre del año.

Sectores como el comercio (-15.1% anual), la construcción (-27.7%) y la explotación de minas y canteras (-15.7%) explican principalmente el mal desempeño de la economía el año pasado.

En el cuarto trimestre el PIB cayó un 3.6% frente al mismo período de 2019.

Solo en el primer trimestre el indicador tuvo un crecimiento, de 0.7% interanual. A causa del deterioro económico, el desempleo urbano se ubicó en 18.2% en 2020 y la informalidad alcanzó al 48% de la población económicamente activa.

La ONG indicó que las amenazas, homicidios, desplazamientos y el exilio se han agudizado “de manera significativa” en los últimos cuatro años, con un total de 1,013 agresiones contra periodistas.

En ese lapso ocho de ellos fueron asesinados, de acuerdo a la FLIP.

Las principales vulneraciones a la libertad de prensa en 2020 fueron las amenazas (152 casos frente a 90 en 2016), la obstrucción al trabajo periodístico (44 frente a 38), las agresiones físicas (30 frente a 36) y la estigmatización (19 frente a 17).

En Colombia los periodistas Abelardo Liz y Felipe Guevara fueron asesinados en 2020, ubicando al país como el tercero más peligroso para la prensa en América, después de México (ocho homicidios) y Honduras (tres), según el estudio “Páginas para la libertad de expresión”.

La ONG, que difundió la publicación con motivo del Día del Periodista en Colombia, hizo notar que “las víctimas eran reporteros de medios indígenas o comunitarios, sobre quienes pesa un peligroso estigma”.

Los asesinatos ocurrieron en regiones “desprotegidas por el Estado”, las advertencias de amenazas no fueron investigadas y los crímenes están impunes.

Flagelada por un conflicto armado de más de medio siglo, Colombia creía haber pasado la página de la violencia con el desarme de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente.

Pero un nuevo ciclo de masacres, asesinatos selectivos y explosión del narcotráfico envuelve al país.

La principal ONG de defensa de los periodistas en Colombia registró un incremento del 10% en las amenazas a comunicadores en 2020 con respecto al año anterior y expresó “mayor preocupación” teniendo en cuenta que la pandemia impuso medidas de confinamiento en todo el país.

Las agresiones provienen de funcionarios públicos, particulares, miembros de la fuerza pública, bandas criminales, paramilitares y guerrilla, y otros autores que no han sido identificados.

La FLIP llamó la atención especialmente sobre la “capacidad de intimidación” del Estado colombiano sobre los periodistas.

“Una alarmante operación de espionaje (a reporteros), el abuso de la fuerza policial contra la prensa durante las manifestaciones y la actitud displicente y estigmatizante por parte de funcionarios de más alto nivel se suceden con tal flagrancia y reiteración que es imposible no asumirlo como un mensaje en el que la prensa se entiende como oposición”, indicó Jonathan Bock, director de la FLIP.

La ONG ha registrado 162 homicidios asociados al ejercicio de la labor periodística desde 1938, de los cuales cerca del 80% están impunes.

Los extranjeros beneficiados representan el 56% de los 1.7 millones que han llegado al país huyendo de la severa crisis venezolana.

“Hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país”, afirmó Duque en una declaración junto al enviado Filippo Grandi.

El mandatario explicó que los venezolanos contarán con un estatuto de protección temporal por diez años, tiempo en el cual podrán tramitar una visa de residentes si deciden quedarse en el país.

El proceso arrancará con el registro oficial de los migrantes en el que incluirá sus “lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y, por supuesto también, estarán en un registro biométrico”, especificó Duque.

El presidente hizo el anuncio después de que, en diciembre del año pasado, recibió duras críticas por su intención de excluir a los indocumentados del proceso de vacunación masiva contra el nuevo coronavirus que, según el gobierno, comenzará el 20 de febrero.

Colombia es el principal lugar de acogida del éxodo venezolano. Naciones Unidas calcula que en el país están el 34% de los cinco millones de venezolanos que salieron de su territorio.

Duque también anunció ayer la creación de un comando élite para combatir a guerrilleros disidentes de las FARC, rebeldes del ELN y narcos que, según el gobierno, encontraron refugio en Venezuela. Será anunciada formalmente el 26 de febrero yentrará en plena operación en mayo.

Dibujados por unos 26 reconocidos artistas urbanos, estos 41 murales, algunos todavía en curso, buscan crear el primer “Museo de memoria al aire libre” en el país.

El homenaje es parte de un proyecto llamado Todas las vidas valen, que comenzó en 2020 cuando la fuerza pública reprimió a tiros las manifestaciones del 9 de septiembre contra la violencia policial. Una docena de personas murió, la mayoría jóvenes, y medio millar quedó herido.

A los retratos de estas víctimas se suman ahora rostros de activistas y combatientes que dejaron las armas tras la firma de la paz con la guerrilla FARC, luego de más de medio siglo de conflicto.

“La idea es que en la medida en que se haga memoria, en que las personas recuerden que se está asesinando ciudadanos continuamente en el país (...), la gente aprenda el valor de la vida”, dice Gustavo Trejos, uno de los organizadores del evento.

“No interesa que la persona sea un delincuente, sea un guerrillero o una persona del común, todos tienen derecho a vivir y a un proceso judicial”, agrega.

Harold Pouchard Castañeda, también conocido como Hard, es uno de los grafiteros que participan en el proyecto apoyado por la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, de la alcaldía de Bogotá.

En un lado del muro azul que eligió retrató a Carlota Salinas, una lideresa negra que defendía los derechos de las mujeres y fue asesinada en marzo de 2020 por hombres armados en el departamento de Bolívar.

En la otra esquina dibujó con aerosol a Andrés Rodríguez, un joven asesinado en las protestas del 9 de septiembre.

“Toda esta labor que hacemos a través de la pintura es para que las familias sepan que estamos apoyándolas y que no están solas”, indicó.

El evento conmemora además los 10 años de la muerte del grafitero Diego Lizarazo, asesinado a los 16 años por un policía mientras realizaba una pintura bajo un puente de Bogotá. Condenado por homicidio agravado, el agresor Wilmer Alarcón se fugó y se desconoce su paradero.

“Nosotros queremos generar un sentimiento de apoyo, una voz de aliento a las víctimas para que ellas también sientan y en algún momento puedan tener la fortaleza que nosotros hemos adquirido sobre estos diez años”, indica Trejos, padre de Becerra.

Los artistas que participan del proyecto son Hard, ISCO, Real Arte Social, Mr Jeres, Alejaskandy, Sueña, DJ Lu, Done, Blank, Neve, Tass, Creza, Toxicómano, Lola, Trust, Yorkoner, Joems 777, Jordie, Ajna, Cuack, Rodar, Mada, Mr Garek, Arcano, Los 90s y Lak.

“Nadie en Bogotá ha pagado un costo mayor en esta pandemia que los niños, niñas y jóvenes que han tenido que sacrificar muchos meses del año sus parques, sus sitios de esparcimiento y la socialización con sus compañeros y maestros”, dijo la mandataria en una rueda de prensa.

De acuerdo a la alcaldía, la educación privada será presencial desde el 8 de febrero y la pública, a partir del 15 del mismo mes, siguiendo protocolos de distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarillas y control de los aforos.

Bogotá, con unos ocho millones de habitantes, es el principal foco de contagio del país y concentra casi el 30% del total de casos.

Pero en los últimos días “todas las tendencias van a la baja”, precisó López.

Las fiestas decembrinas provocaron una segunda ola de contagios a comienzos de enero, pero el número de casos activos ha ido bajando de 52.000 a 32.000 y el nivel de ocupación en las unidades de cuidados intensivos pasó de 94% a 81%.

La alcaldesa pidió no bajar la guardia y aseguró que la educación presencial será “gradual, progresiva y segura”.

Los niños y jóvenes en Colombia iniciaron clases este 2021 en algunas instituciones educativas de diez de los 32 departamentos del país.

El sindicato de maestros, Fecode, se opone a las clases presenciales alegando que “cada colegio abierto en pandemia es una población en riesgo”.

El país de 50 millones de habitantes es el segundo con más casos de covid-19 (2.100.000) en Latinoamérica y el tercero con mayor número de muertes (54.500).

Luego de detectar el primer contagio de coronavirus a comienzos de marzo del año pasado, el gobierno impuso un confinamiento estricto que rigió hasta septiembre.

Ante la debacle económica, el gobierno relajó el encierro para apostar por una estrategia basada en el uso de mascarillas y la prohibición de eventos masivos.

De acuerdo a un informe de Unicef en noviembre de 2020, la pandemia privó al 97% de los estudiantes en América Latina y el Caribe de su educación habitual debido al cierre de las escuelas.

En un mensaje en su cuenta de la red Twitter, la autoridad sanitaria confirmó la “presencia de la cepa P1 de COVID-19 del Brasil” en “una mujer de 24 años, con doble nacionalidad, quien guardó aislamiento en casa y ya está recuperada”.

La paciente llegó de la ciudad brasileña de Tabatinga (centro) y fue atendida en Leticia, la capital del Amazonas colombiano, añadió el ministerio.

El presidente de Colombia, Iván Duque, suspendió el miércoles los vuelos con el gigante sudamericano y, un día después, hizo lo mismo con las conexiones aéreas internas con destino al departamento colombiano del Amazonas.

Para evitar la propagación de esta nueva cepa, probablemente más contagiosa, Colombia siguió los pasos de Portugal, Turquía, Marruecos, Perú, Alemania y Francia en las restricciones de viajes con Brasil.

De mayoría indígena, despoblado y pobre, el departamento del Amazonas fue uno de los más golpeados por el primer pico de la pandemia. Un estudio estatal realizado en septiembre de 2020 encontró que un 59% de sus 66,000 residentes había desarrollado anticuerpos contra el virus.

Líderes de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) denunciaron el miércoles la inacción de los gobiernos de nueve países que integran esa región ante la nueva ola de covid-19.

Colombia cerró desde el 16 de marzo las fronteras terrestres y fluviales con Brasil, el segundo país con más muertos por el nuevo coronavirus (222.666), solo por detrás de Estados Unidos.

El 21 de diciembre, el gobierno suspendió también los vuelos desde y hacia el Reino Unido para evitar la propagación de otra variante de covid-19 que afecta a ese país, aunque no ha sido detectada oficialmente.

Diversas variantes detectadas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil preocupan desde hace unas semanas a la comunidad internacional, que se pregunta especialmente sobre su nivel infeccioso y la eficacia de las vacunas en su contra.

Desde principios de 2021 Colombia registra un repunte de casos y muertes por coronavirus. La cuarta economía de América Latina detectó el primer caso de la Covid-19 en marzo de 2020 y suma más de 2 millones de contagios y 53,200 muertes.

“Rechazo tajantemente el asesinato de tres campesinos en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, perpetrado al parecer por grupos armados ilegales que hacen presencia en ese sector”, dijo el jefe de la entidad, Carlos Camargo.

La masacre -o asesinato de al menos tres sujetos en un mismo evento- “generó el desplazamiento forzado de cerca de 400 personas, de 80 familias”, añadió.

Colombia sufre la peor arremetida de grupos armados, luego de que el país firmara la paz en 2016 con la guerrilla de las FARC.

De acuerdo al observatorio independiente Indepaz esta sería la octava masacre en lo que va del 2021. El año pasado, ese instituto registró 91 matanzas, que dejaron 381 víctimas.

Con más de 40.000 hectáreas de cultivos de coca, según el más reciente informe de la ONU en 2019, el Norte de Santander es el departamento más afectado del país por los narcocultivos. Solo el municipio de Tibú concentra el 27% de toda la coca que se siembra en el país.

La zona, caracterizada por su geografía montañosa, es estratégica para la salida de cargamentos de droga y contrabando por Venezuela.

Allí operan diferentes grupos armados como los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, disidencias de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas narcotraficantes de origen paramilitar.

“La idea que nosotros tenemos es cerrar este primer trimestre del año garantizando al menos un millón de colombianos que tengan la vacuna”, indicó en su programa diario de televisión.

Queremos anunciarles que el 20 de febrero se inicia la vacunación masiva en Colombia, y durante el primer trimestre inmunizaremos a un millón de compatriotas. Previo al inicio del plan, se reforzará pedagogía, alistamiento de la red y fortalecimiento de capacidades.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 30, 2021

Al anuncio interviene luego de que oposición y gremios médicos criticaran la “demora” en el proceso de inmunización y su falta de transparencia, que el gobierno achaca a los acuerdos de confidencialidad firmados con laboratorios farmacéuticos.

Colombia es el séptimo país en iniciar la vacunación en Latinoamérica y el Caribe, después de México, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá, según datos oficiales recabados por la AFP.

En plena segunda ola de la pandemia que tiene a los hospitales al borde del colapso, Colombia suma más de dos millones de contagios y 53.000 fallecidos por covid-19.

Adicionalmente, Duque informó este viernes el cierre de acuerdos con los laboratorios Moderna y SinoVac para la adquisición de 12 millones de dosis, que permitirán vacunar un total de 35 millones de colombianos.

Anteriormente el gobierno había suscrito contratos con las farmacéuticas Pfizer, Janssen, AstraZeneca y sumado al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud.

Colombia detectó un primer caso de Covid-19 el 6 de marzo e impuso un confinamiento nacional el 20 del mismo mes.

“Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, declaró la magistrada Julieta Lemaitre.

Ocho altos mandos de la organización deberán responder por ese delito y “otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”.

“Fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención (...) de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil”, enfatizó Lemaitre.

Según el primer documento de imputación que expide el tribunal, entre 1990 y 2016 la guerrilla secuestró a 21 mil 396 personas; “número sensiblemente más alto que el conocido hasta ahora”.

La decisión más importante tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde su creación en 2017 se da tras conocer las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las de más de mil víctimas de secuestro e informes de la fiscalía, entre otras fuentes.

Para John Jairo Hoyos, hijo de un diputado secuestrado en 2002 y asesinado por las FARC fue una “excelente decisión”.

“Me genera esperanza de que podamos encontrar algún día en este país paz, que se cumpla el principio de no repetición y que aquellos que se les dio la oportunidad de reintegrarse a la vida civil cumplan con sus obligaciones establecidas en el acuerdo de paz”, dijo a la AFP.

La JEP, encargada de juzgar los peores crímenes del conflicto interno, imputó a miembros del secretariado de las FARC, máximo órgano decisorio de la organización. Entre ellos se encuentra Rodrigo Londoño, jefe del Partido Comunes, creado tras la firma de los acuerdos de paz en 2016.

La decisión cobijó también a Pablo Catatumbo y Julián Gallo, que ocupan dos de los diez asientos en el parlamento otorgados al partido como parte del histórico pacto.

Ermilo Cabrera, fallecido el miércoles, también fue imputado.

El ahora partido de izquierda se declaró arrepentido, comprometido con la paz y aseguró que evaluarán el documento de imputación de cargos para definir una posición al respecto.

“Sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”, reiteró la fuerza política Comunes.

El presidente conservador, Iván Duque, quien en 2018 lideró una frustrada iniciativa que pretendía modificar los acuerdos para endurecer las sanciones a los exguerrilleros, pidió castigos “efectivos” y “proporcionales” a los delitos.

“No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”, se quejó.

El general retirado Luis Mendieta, que estuvo once años en poder de los antiguos rebeldes, aseguró que “mientras no haya reparación no va a haber justicia” y pidió “garantías de no repetición”.

Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.

En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante la JEP por ese delito, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.

En distintas ocasiones pidieron perdón a las víctimas y aseguraron que asumirán las responsabilidades que les corresponden.

Miles de rehenes, incluidos militares, policías y dirigentes como la franco-colombiana Ingrid Betancourt, estuvieron encadenados hasta por una década en lo profundo de la selva antes de ser rescatados o liberados. Según la JEP, casi el 12% de los secuestrados están desaparecidos o fueron asesinados.

Los exguerrilleros tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar su responsabilidad en los crímenes que se les imputan. En ese lapso, las víctimas y la Procuraduría, que en Colombia vela por el cumplimiento de los derechos humanos, podrán pronunciarse sobre la decisión del tribunal.

Los excombatientes que acepten su responsabilidad en esos delitos tendrán una pena alternativa a la prisión. Quienes no lo hagan enfrentarán un juicio penal con penas privativas de la libertad de hasta 20 años.

“Esperamos que después de los 30 días (...) pueda efectivamente darse un reconocimiento” por parte de los miembros del secretariado, expresó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, durante la conferencia de prensa.

A lo largo de casi seis décadas, el conflicto armado colombiano ha dejado más de nueve millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.

“Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el Covid-19”, lamentó el presidente, Iván Duque, en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Gracias, amigo; gracias, compañero; gracias, Ministro; gracias, @CarlosHolmesTru. Su vida fue el reflejo más puro de vocación y servicio público. Con María Juliana, mis hijos y todo el Gabinete acompañamos a su familia en este momento tan doloroso para todos. pic.twitter.com/sdUGjxXCkz

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 26, 2021

Holmes Trujillo estaba hospitalizado desde el 11 de enero y cuatro días después fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá por “deterioro agudo de su función pulmonar”, según un boletín divulgado por el Ministerio de Defensa.

“Parte el alma el fallecimiento del Ministro Carlos Holmes Trujillo”, escribió en Twitter el expresidente (2002-2010) y jefe del partido de gobierno, Álvaro Uribe.

Parte el alma el fallecimiento del Ministro Carlos Holmes Trujillo, me deja en tremenda orfandad, su señorío, ecuanimidad, patriotismo, su amistad y compañía de todas las horas.

Alba Lucía y familia querida, sin palabras.

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 26, 2021

El jefe de la oposición, el senador izquierdista Gustavo Petro, también recurrió a esta red social: “Lamento que la muerte se lleve a Carlos Holmes Trujillo”, el funcionario colombiano de rango más alto que fallece por la pandemia.

Nacido en la ciudad de Cali (suroeste) e hijo de un parlamentario liberal, Holmes Trujillo fue funcionario de los seis presidentes que han gobernado el país desde 1990.

Entre 1992 y 1994 fue jefe de la cartera de Educación durante la presidencia del liberal César Gaviria. Posteriormente, fue nombrado Ministro de Interior (1997-1998) bajo el mandato de Ernesto Samper, también liberal.

Holmes Trujillo tuvo además una extensa carrera diplomática. Fue embajador de Colombia en Austria (1998-1999) bajo el gobierno del conservador Andrés Pastrana y en Suecia (2004-2006), con el también presidente conservador Álvaro Uribe. Entre 2006 y 2011 estuvo a cargo de la Misión de Colombia ante la Unión Europea.

Luego de una frustrada precandidatura presidencial, fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del conservador Duque en agosto de 2018 y estuvo en el cargo hasta 2019, cuando asumió la cartera de defensa tras la renuncia de Guillermo Botero.

Como jefe de la cartera de Defensa enfrentó la peor arremetida de los grupos armados desde la firma de la paz con la guerrilla marxista FARC en 2016. Según el observatorio independiente Indepaz, en 2020 se registraron 91 masacres, consideradas acciones donde hay 3 o más asesinatos.

Holmes Trujillo sostuvo que estos crímenes estaban motivados por la expansión del narcotráfico durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

“Lamento mucho la muerte de Carlos Holmes Trujillo (...) a pesar de nuestras diferencias últimamente, fue siempre un gran señor” expresó Santos en Twitter.

Lamento mucho la muerte de Carlos Holmes Trujillo. Fue amigo, trabajamos juntos y a pesar de nuestras diferencias últimamente, fue siempre un gran señor y un gran servidor público. Mis sinceras condolencias a toda su familia.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) January 26, 2021

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Fernando Navarro, remplazó a Trujillo el 18 de enero en la cartera.

Fiscal Francisco Barbosa lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, un gran hombre que le entregó al país 40 años de servicio. “Trabajamos de la mano en la lucha contra el crimen organizado y libramos tantas batallas que duele el alma esta noticia”. pic.twitter.com/KzFqvinxvp

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 26, 2021

Se trata de un cambio irreversible en el modelo de negocio y del papel de la prensa en la sociedad.

La crisis, propiciada además por una búsqueda de clics y “me gusta” siguiendo la lógica de las redes sociales, ha puesto en riesgo la credibilidad de muchos periódicos.

“Los grandes medios tradicionales tenían estructuras en muchos casos ineficientes, sostenidas por un negocio extremadamente exitoso y rentable que se acabó”, explica Diego Salazar, periodista peruano y autor del libro “No hemos entendido nada”, sobre el declive de estas empresas.

El modelo de publicidad impresa, que sustentó grandes nóminas y diarios a precios bajos, ha sido arrasado por las plataformas digitales.

Ese es el caso de Diario Colatino, decano de la prensa salvadoreña, que en mayo pasado se quedó únicamente con su edición digital y un tercio de los trabajadores, a quienes redujo el sueldo un 50%.

En su mejor época tuvo un tiraje de 15 mil ejemplares, que cayó a 4 mil con la pandemia. “Es la peor crisis en 130 años”, asegura su director, Francisco Valencia, que ofrece membresías anuales a 30 dólares.

Los periódicos buscan ahora convencer a sus lectores de pagar por un periodismo bien hecho.

En “Latinoamérica hay gente que quiere y necesita información de calidad y puede pagarla. Soy optimista, creo que hay público para la suscripción”, afirma Jan Martínez Ahrens, director de El País América, de origen español.

Para Diego Morales, informático mexicano de 49 años, los muros de pago son sin embargo una mala noticia. “Nos limitan el acceso a la información”, lamenta este lector habitual de diarios, quien rechaza suscribirse.

Eduardo Garcés, gerente general de El Espectador de Colombia, que lanzó su modelo de suscripción en 2018, cree que el público se acostumbrará a “pagar por buen contenido noticioso como ya lo hace por música y entretenimiento”.

Una encuesta de la organización privada Luminate -realizada a mediados de 2020 en Argentina, Brasil, Colombia y México- estableció que el 13% de los lectores de noticias digitales consultados pagan una suscripción.

Aunque baja, esta cifra muestra una “predisposición a pagar” mayor que la de algunos países europeos, indica el estudio, que sin embargo muestra que nueve de cada diez no suscriptores carece de razones para hacerlo.

“Nuestro reto es hacerle ver a la persona común (...) que la información cuidada, veraz, verificable y bien presentada es valiosa”, comenta Mario Dorantes, subdirector de contenidos del mexicano El Universal.

Pero la apuesta por la calidad resulta cuestionable a juzgar por decisiones de algunos periódicos en años recientes, alejadas de ese propósito.

Sexo, sensacionalismo o el reciclaje de videos virales como noticias son habituales en la búsqueda frenética de visitas, incluso para medios tradicionales.

“En esa carrera por el clic (...) muchos de estos medios han dejado por el suelo su prestigio”, advierte Salazar.

A esto se suma una creciente desconfianza en la prensa, según instituciones especializadas como el Reuters Institute.

Su reporte de 2020, que estudió 40 países incluyendo Chile, Argentina, Brasil y México, muestra que solo 38% de los encuestados confía usualmente en las noticias, frente al 42% de 2019.

En Argentina y Chile la confianza baja al 33%, aunque en Brasil llega al 51%.

El remedio, según los entrevistados, es el trabajo serio enfocado en los lectores. El eje del negocio deben ser ellos y no los algoritmos que organizan las búsquedas en Internet.

“Prefiero responder a un lector enfadado por la mala calidad de un artículo, o que cree que nos hemos desviado de nuestros objetivos, que depender de Google y su algoritmo, eso es fundamental”, dice Martínez Ahrens de El País, que ya suma 130 mil afiliados desde mayo pasado.

Aunque las suscripciones han crecido mundialmente, la mayoría de la gente sigue satisfecha con noticias gratuitas, con un alto porcentaje de ellos (40% en Estados Unidos, 50% en Inglaterra) sosteniendo que “nada podría persuadirlos a pagar”, señala Reuters Institute.

“Para obtener información necesaria hay que pagar (...), no creo que exista ningún medio gratuito al ciento por ciento”, opina Carlos Coria, estudiante mexicano de 30 años.

Los excombatientes decidieron dejar atrás el acrónimo de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ante el daño que han causado a su proyección política las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que mantienen el nombre de FARC y se marginaron de los diálogos para seguir desafiando al Estado.

“Compartimos la lectura de que el nombre de las FARC genera resistencia en múltiples sectores de la sociedad colombiana, por eso decidimos (...) que nuestro nombre es Comunes”, declaró Fancy Orrego, integrante de la dirección del partido, al término de la asamblea en Medellín (noroeste).

El evento contó con la participación de unos pocos delegados debido a las restricciones por la pandemia y en medio de fracturas dentro de la organización.

Resistido por un ala de la antigua guerrilla, el jefe del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, reconoció en días pasados que la sigla FARC evoca “la guerra” y “el dolor” que dejó más de medio siglo de levantamiento armado con millones de víctimas de por medio entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Pero este domingo, el último comandante de la insurgencia marxista cargó además con vehemencia contra el gobierno del presidente Iván Duque, opositor del acuerdo de paz firmado por su antecesor, Juan Manuel Santos.

La implementación del pacto “es víctima de una simulación infame y tramposa” y “se ha venido dilatando y frustrando por la falta de voluntad política del Estado, de este gobierno, y de quienes quieren perpetuar la guerra”, dijo.

Londoño, conocido como Timochenko durante el conflicto, precisó que el partido decidió conservar el símbolo de la rosa en su logotipo.

Así, los antiguos rebeldes quisieron dar un vuelco a su imagen previo a las legislativas y presidenciales de 2022.

En su primera incursión electoral, en 2019, el también conocido como “partido de la rosa” fracasó estrepitosamente y desde entonces se han profundizado las divisiones internas, mientras decenas de excombatientes han caído asesinados.

Según sus líderes, al menos 250 de ellos han muerto en la espiral de violencia que siguió a la firma de la paz. Detrás de la arremetida están las disidencias y otros grupos armados que siguen azuzando el conflicto con los recursos inacabados del narcotráfico y la minería ilegal.

En el último reporte, el ministerio de Salud consignó 395 nuevos fallecimientos, con lo que país alcanzó un total de 50 mil 187 óbitos desde el 6 de marzo.

En tanto que el número de contagios detectados en este tiempo se elevó a un millón 972 mil 345.

El crecimiento del número de infecciones registrado tras las fiestas decembrinas ha llevado a la imposición de restricciones a la movilidad en una docena de departamentos que superan el 70% de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, los alcaldes de las principales ciudades ordenaron este fin de semana un confinamiento estricto, por tercera semana consecutiva.

Luego de detectar el primer caso de coronavirus a comienzos de marzo de 2020, el gobierno nacional impuso un confinamiento estricto a finales del mismo mes.

Pero, ante la debacle económica que provocaron las medidas, relajó el encierro desde el 1 de septiembre para apostar por una estrategia basada en el uso generalizado de mascarillas y la prohibición de eventos masivos.

Colombia es el cuarto país con más contagios por millón de habitantes en América Latina y el Caribe, y el sexto en cuanto a fallecidos, de acuerdo con un conteo de AFP basado en cifras oficiales.

“Los extranjeros que sean sorprendidos en fiestas clandestinas, violando las medidas de aislamiento(...)serán expulsados del territorio nacional de manera inmediata”, indicó Migración Colombia en un boletín de prensa.

La medida fue tomada “tras la detección de 65 extranjeros en una fiesta clandestina” en Bogotá la madrugada del domingo, explicó la entidad.

Según la policía, “la mayoría” de los asistentes al evento eran “de nacionalidad venezolana”.

“Migración Colombia no va a permitir que extranjero alguno afecte la seguridad sanitaria”, enfatizó Henry Corredor, director de la regional andina de la institución.

Colombia alberga a poco más de 1.7 millones de venezolanos, según la autoridad migratoria, que calcula que el 55% de ellos estarían “en condición irregular”. En total cinco millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015 huyendo de una profunda crisis económica, de acuerdo con la ONU.

El país impuso un confinamiento estricto a finales de marzo de 2020 tras detectar el primer caso de coronavirus a principios de mes.

El gobierno relajó estas medidas desde el 1 de septiembre, para apostar por el autocuidado y el uso generalizado de mascarillas. Sin embargo, los eventos masivos y la apertura de discotecas siguen estando prohibidas.

Durante las primeras semanas de 2021 se registró un incremento de casos y muertes por covid-19 que puso a los hospitales de las principales ciudades colombianas al borde del colapso, obligando a varios alcaldes a decretar confinamientos y toques de queda nocturnos que afecta al 60% del total de la población.

Con casi dos millones de contagios, Colombia es el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de casos de coronavirus detrás de Brasil.

“En Twitter no se toleran las organizaciones terroristas o los grupos extremistas violentos, ni las personas que se afilian a ellos y promueven sus actividades ilícitas”, precisó un portavoz de la empresa.

Los perfiles del exnúmero dos de la otrora guerrilla comunista, Iván Márquez (@IvanMarquezFarc), y su mano derecha, Jesús Santrich (@JSantrich_FARC), aparecen con el mensaje “cuenta suspendida” y sus trinos no pueden leerse.

La decisión de Twitter se da luego de que los antiguos rebeldes publicaran un video en el que critican al presidente conservador de Colombia, Iván Duque, lo acusan de “dañar el acuerdo de paz” y apoyan una iniciativa en curso para revocar su mandato.

Márquez, Santrich y una veintena de exguerrilleros se apartaron en agosto de 2019 del histórico acuerdo de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado con las FARC.

El perfil de Twitter @SMarquetalia, que correspondería a esta nueva rebelión llamada “Segunda Marquetalia”, también fue suspendido.

El alto consejero presidencial del posconflicto, Emilio Archila, tildó el video de los rebeldes de “bravuconada” y acusó a Márquez de narcotraficante y aliado de “uno de los peores dictadores de la historia de Latinoamérica”, en referencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El tribunal de paz encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto excluyó a ambos disidentes de los beneficios penales consagrados en el pacto, por lo que en caso de ser capturados quedarían a disposición de la justicia ordinaria.

Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita su captura.

Férreo contradictor del acuerdo de paz, el presidente Duque sostiene que Márquez y compañía se ocultan en Venezuela, donde según versiones oficiales también encontraron refugio líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa reconocida en Colombia.

De acuerdo a la inteligencia militar, estos grupos ilegales en el país vecino sumarían unas 1.400 personas.

La responsabilidad de los gigantes de la tecnología sobre el contenido que publican sus usuarios es objeto actualmente de intensos debates.

“Reinaldo Rueda es, a partir de la fecha, el nuevo director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, anunció la Federación en un comunicado.

El colombiano Rueda, de 63 años, deberá levantar a un equipo que viene de sufrir dos goleadas consecutivas y está en la cuerda floja en el premundial sudamericano.

El entrenador llegó el miércoles a un acuerdo para dejar el cargo de seleccionador nacional de Chile, que suma los mismos puntos (4) que la tricolor en la eliminatoria mundialista.

Tras cuatro fechas, Colombia es séptima y Chile sexta en la tabla. Ambos están fuera del grupo de cuatro clasificados directos al Mundial de Catar-2022 y persiguen la quinta casilla, que deberá disputar el repechaje con un equipo de otro continente.

Colombia anunció el 1 de diciembre la salida del técnico portugués Carlos Queiroz, luego de encajar las históricas goleadas ante Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1) en sus últimas salidas por el premundial.

El país produjo 13.9 millones de sacos de 60 kilos en 2020, mientras el año anterior la cosecha representó 14.7 millones de sacos, indicó la entidad en un comunicado. Las exportaciones también cayeron, castigadas por las restricciones a la movilidad para contener la pandemia, precisó un responsable de la FNC.

Colombia exportó 12.5 millones de sacos el año pasado contra los 13.7 millones que salieron del país en 2019, según el boletín.

Pese a la caída interanual de ambos indicadores, las cifras se encuentran dentro de las previsiones del sector.

Gracias a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad desarrollados por la FNC y a la rápida reacción de los cafeteros se pudo recoger todo el café cosechado en 2020 sin mayor traumatismo, explicó la entidad.

Los cafeteros lidian con el bajo precio internacional del grano, establecido en la bolsa de Nueva York, que no alcanza a cubrir los costos de producción.

El valor de la cosecha este año fue de alrededor de 2,600 millones de dólares, un 25% más que en 2019.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes es el segundo con más casos de la Covid-19 en la región (1.7 millones) y el tercero con mayor número de muertes (44,700).

Ante el aumento de la velocidad de propagación del virus y en vísperas al puente festivo que conmemora el día de los Reyes Magos en el país, el gobierno endureció las medidas de confinamiento para evitar el colapso del sistema de salud.

A partir de este jueves y hasta el martes las ciudades, departamentos y municipios con ocupación de más del 70% de sus unidades de cuidados intensivos (UCI) tendrán restricciones a la movilidad y prohibición de reuniones en espacios públicos o privados.

Los departamentos con esa presión en su sistema de salud son Cundinamarca (centro), Antioquia (noroeste), Valle del Cauca (suroeste), Norte de Santander (noreste), Risaralda (noroeste), Tolima (oeste), Nariño (suroeste), Putumayo (suroeste), Caldas (noroeste) y las ciudades de Bogotá (centro), Medellín (noroeste) y Cali (suroeste), que en total suman unos 32 millones de habitantes.

La capital, con casi ocho millones de personas y principal foco de contagio, se declaró en “alerta roja” con más del 86% de sus UCI ocupadas.

“Creemos que debe estar circulando ya en la ciudad de Bogotá la nueva cepa de covid que se identificó en el Reino Unido (…) afectando a los ciudadanos que están dando positivo con un 50% adicional de carga viral”, declaró la alcaldesa Claudia López en una rueda de prensa.

La mandataria local ordenó el confinamiento total de la población desde este jueves a la media noche hasta el martes. A partir de esa fecha, seguirá un toque de queda nocturno hasta el 17 de enero.

VACUNACIÓN

Colombia detectó el primer caso de la Covid-19 en marzo de 2020 y desde ese mes rigió un confinamiento estricto en todo el país.

Tras seis meses de pandemia y presionado por la debacle económica, el presidente conservador Iván Duque optó en septiembre por una política basada en el autocuidado, el uso obligatorio de mascarillas y la apertura gradual de todos los sectores.

Las alarmas se encendieron de nuevo ante el repunte del número de casos de la Covid-19 y el anuncio de una nueva cepa en el Reino Unido, que aún no ha sido identificada oficialmente en el país.

El epidemiólogo y profesor de la Universidad del Rosario, Carlos Trillos, calificó como “grave” el comportamiento actual de la Covid-19 en Colombia, tras dos días consecutivos con “el mayor número de casos en la historia de la pandemia”, más de 16,800 contagios diarios.

“Es un reflejo del comportamiento de las personas en las festividades de fin de año, en las que muchos se relajaron y no cumplieron las medidas preventivas y de bioseguridad”, explicó el especialista a la AFP.

Las esperanzas están puestas en la inmunización de la población a partir de febrero, según el gobierno, que ya adquirió vacunas para 29 millones de personas de los laboratorios Pfizer, Janssen, AstraZeneca y las dispuestas por el acuerdo Covax, de la Organización Mundial de la Salud.

El departamento estatal de estadística reveló en diciembre que solo la mitad (56%) de los colombianos están interesados en aplicarse una vacuna contra el nuevo coronavirus.

Es “un obstáculo (...) generado en gran parte por movimientos antivacunas, con difusión masiva de mensajes irresponsables en redes sociales sin sustento científico, que generan temor en la población”, señaló Trillos.

Además, expertos advierten sobre un desafío logístico para cubrir las regiones más recónditas del país.

El alcalde del municipio de Acandí (noroeste), en el departamento del Chocó, aseguró que se han rescatado “cinco cadáveres” en su localidad, entre ellos “una menor de edad”, aunque 14 personas están desaparecidas.

“Ya han rescatado nueve personas con vida”, añadió a Blu Radio el alcalde Alexander Murillo.

Aunque el mandatario local dijo desconocer la nacionalidad de las víctimas, aseguró que se trata de “migrantes” que navegaban por el Caribe colombiano.

Según la información preliminar de la alcaldía de Acandí, dos personas que comandaban la embarcación fueron detenidas en el pueblo aledaño de Capurganá.

El golfo de Urabá, donde ocurrió el hallazgo, es uno de los principales puntos de tránsito de africanos, asiáticos y haitianos que buscan llegar a Estados Unidos por el mar Caribe, con paradas en países de Centroamérica.

En septiembre de 2020, cerca de un centenar de migrantes haitianos fueron rescatados en esa misma zona, después de que un traficante los abandonara en altamar en su intento por llegar a Panamá.

“Iniciaremos a partir de este martes” y hasta el 18 de enero “un ciclo de cuarentena estricta en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén”, indicó el funcionario en rueda de prensa.

Los tres conjuntos de barrios situados en el norte de la ciudad registran cada uno más de 100 nuevos casos diarios y son parte de una “segunda ola de la enfermedad” iniciada a principios de diciembre.

Una situación que, a su vez, presiona la demanda de Unidades Cuidados Intensivos (UCI), ocupadas en 77.6%, agregó Gómez.

La medida se suma a las restricciones de movilidad impuestas en la ciudad de casi ocho millones de habitantes desde el 21 de diciembre y que incluyen el acceso a establecimientos comerciales según si el último número en el documento de identidad de una persona es par o impar.

Bogotá entró por primera vez en aislamiento estricto el 20 de marzo para intentar frenar la propagación del virus y mantuvo cierres por localidades hasta el 26 de agosto.

Con 480.219 casos, la capital concentra casi el 29% de los contagios por covid-19 de Colombia.

En las localidades en aislamiento sólo estarán abiertos los comercios esenciales y regirá un toque de queda de 20h00 a 05h00, precisó Gómez, quien reemplaza desde el 1 de enero a la alcaldesa Claudia López, de vacaciones.

Además de que solo podrán movilizarse en ellas las personas autorizadas, como trabajadores de la salud, y una sola persona por familia podrá salir a comprar alimentos, médicos o productos de primera necesidad.

En las principales ciudades de Colombia rigen restricciones de movilidad que afectan a más de 15 millones de personas, ante un aumento en la velocidad de contagio del nuevo coronavirus por las festividades de diciembre.

La cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sigue siendo históricamente alta, pero marca un descenso en comparación con octubre (16.8%). La pandemia tiene un perfil urbano muy importante, precisó en rueda de prensa Juan Daniel Oviedo, director de la entidad.

El índice de desocupación urbano, que sirve de referencia para el mercado, se mide en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, donde se concentra la mayor parte de los 50 millones de habitantes de Colombia.

De los 3.2 millones de desempleados que hay en el país, 1.9 millones vive en las ciudades, indicó Oviedo.

El sector de alojamientos y servicios de comida fue el más castigado en las grandes urbes con 24.1%, seguido de actividades financieras y de seguros con 16.9%.

En el contexto nacional, el desempleo en noviembre fue de 13.3%, contra 9.3% en el mismo periodo de 2019, lo que significa 941 mil personas más sin trabajo.

Según Oviedo, por cada hombre que sale de la ocupación, detrás están saliendo 1.7 mujeres aproximadamente de esta situación (...) y las brechas están muy concentradas en las ciudades.

“Hoy se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Janssen, filial belga de Johnson & Johnson, para la adquisición de nueve millones de vacunas”, dijo el presidente Iván Duque en su programa de televisión.

El acuerdo con Janssen, cuya vacuna aún no ha sido aprobada, se suma a los alcanzados a mediados de diciembre con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, que suministrarán al país 10 millones de vacunas cada una.

“Este acuerdo (...) nos permite llegar a 29 millones de colombianos”, celebró el mandatario.

Colombia también es parte de la iniciativa Covax, desarrollada por la OMS para permitir que 92 países de bajos y medianos ingresos accedan a las vacunas, que aportará otros 20 millones de vacunas para este país de 50 millones de habitantes.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, detalló que el gobierno espera a que la vacuna de Janssen sea aprobada por la agencia de medicamentos estadounidense(FDA) “en enero o la primera semana de febrero”, para luego importarla a Colombia.

La vacuna de Johnson & Johnson se encuentra en estos momentos en la etapa final de los ensayos clínicos, con unos 60.000 participantes en Estados Unidos y otros países, entre ellos Colombia.

Esta vacuna tiene la particularidad de requerir de una sola aplicación, a diferencia de la mayoría de sus competidoras, que requieren dos.

Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Arabia Saudita, Israel y la mayoría de la Unión Europea ya iniciaron campañas de vacunación.

Odebrecht, que recientemente cambio su nombre a Novonor, fue sancionada “por ejecutar un sistema restrictivo de la libre competencia” en la adjudicación de la Ruta del Sol tramo II, una carretera de 523 kilómetros que conecta el centro con el norte del país, y deberá pagar una multa de 175 mil millones de pesos, explicó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en un comunicado.

Según la autoridad, la constructora brasileña y sus socias locales Corficolombiana y Episol “desviaron recursos de la ejecución del Contrato (...)” para pagar un soborno de 6.5 millones de dólares a Gabriel García, funcionario del gobierno colombiano que los favoreció en la licitación del proyecto.

Los hechos hacen parte del “esquema de corrupción desplegado por Odebrecht a nivel mundial, que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países”, agregó la entidad.

La investigación se basó en el acuerdo de culpabilidad al que la constructora llegó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2016 y en la confesión de García, quien se encuentra en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de cinco años.

Los ejecutivos de Odebrecht Luiz Bueno, Luiz Mameri y Yesid Arocha también deberán pagar multas por un total de unos 900 mil dólares por “haber colaborado” en el esquema de corrupción dice la decisión, que puede ser apelada ante Superintendencia.

La empresa brasileña, fundada en 1944 en el estado nordestino de Bahía, ya ha sido condenada a pagar multas por corrupción en varios países, incluyendo una de 2 mil 600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

“Invitamos a todos los hinchas (...) a disfrutar en casa, con medidas de bioseguridad, de manera pacífica y sin aglomeraciones”, el partido entre el capitalino Santa Fe y el América de Cali, declaró la alcaldesa Claudia López.

Hay rutas y puntos de encuentro acordadas por @GobiernoBTA y @SeguridadBOG con barras e hinchas del Santafe y el America. La @PoliciaBogota estará vigilante. Barras deben cumplir compromiso de puntos de encuentro bioseguros, pero sobre todo en paz: sin armas, alcohol y pólvora. pic.twitter.com/oNI5GnIM7h

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 27, 2020

A partir de la media noche y hasta las 4H00 del lunes “habrá restricción general de la movilidad”, precisó la mandataria.

Además quedó prohibido el consumo y venta de licor desde el mediodía y hasta las 6H00 del lunes.

El servicio de transporte masivo se suspenderá desde las 18H00 locales (23H00 GMT), cuando en el estadio El Campín de Bogotá se pite el inicio de una inédita final del fútbol cafetero sin público.

La ciudad de casi ocho millones de habitantes es el principal foco de contagios de covid-19 en en país, con más del 28% del total de casos registrados.

“Estamos en un momento de pandemia, en un momento difícil en el que no podemos bajar la guardia”, afirmó López.

Conoce el decreto de ley seca y restricción de movilidad por final de futbol colombiano entre América de Cali y el club Independiente Santa Fe. >> https://t.co/ZwWQqOKSWq pic.twitter.com/RUH4b6UMCk

— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 27, 2020

La víspera se registraron masivas celebraciones como bienvenida al equipo caleño a la capital colombiana.

Los ‘diablos rojos’ llegan con ventaja al duelo de vuelta luego de imponerse el domingo pasado 3-0 en la cancha del estadio Pascual Guerrero de Cali (suroeste).

La última vez que se ordenó un toque de queda en Bogotá fue en noviembre de 2019, tras los disturbios y el miedo a supuestos robos a residencias que siguieron a una masiva protesta contra el gobierno de Iván Duque.

En las principales ciudades de Colombia rigen medidas similares que afectan a más de 15 millones de personas, ante un aumento en la velocidad de contagio del nuevo coronavirus por las festividades decembrinas.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes es el tercero con más contagios de Covid-19 en la región (1.5 millones) y el cuarto con mayor número de muertes (40.400).

La velocidad de propagación del virus aumentó y el fin de semana se registraron cifras récord que llevaron a los alcaldes de Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y Barranquilla (norte) a ampliar las restricciones dispuestas para contener la pandemia.

Bogotá, con casi ocho millones de habitantes y principal foco de contagio, limitó el acceso de personas a todos los establecimientos y entidades según su número de identificación, salvo cuando se trata de servicios médicos o funerarios.

Además, únicamente una persona por familia podrá salir de compras, aunque no se dieron detalles sobre cómo se realizará dicho control.

La alcaldesa Claudia López calificó como “preocupante” el panorama ante la ocupación de un 73% de las unidades de cuidados intensivos en la capital.

Por su parte Medellín (noroeste), la segunda ciudad del país, anunció nuevas medidas para las festividades de Navidad y fin de año.

Desde el 24 de diciembre hasta el 26, y del 31 de diciembre al 2 de enero habrá toque de queda, anunció en Twitter el alcalde Daniel Quintero.

Los famosos alumbrados navideños de la ciudad se suspendieron hasta enero y también se restringió la movilidad de personas según su número de identificación.

En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que la ciudad es “un incendio”, por la ocupación del 92% de las unidades de cuidados intensivos disponibles.

Las medidas de toque de queda se ampliaron para el próximo fin de semana, cuando América de Cali disputará la final del fútbol colombiano contra el capitalino Santa Fe.

Además, desde el 16 de diciembre rige la llamada ley seca que prohíbe el expendio y consumo de alcohol.

La caribeña ciudad de Barranquilla pasará Navidad y fin de año bajo toque de queda y ley seca.

Tras seis meses de pandemia, el gobierno relajó en septiembre las medidas de confinamiento ante el descalabro económico y apostó por una estrategia basada en el autocuidado.

Las alarmas se encendieron ante el repunte del número de casos de covid-19 y el anuncio de una nueva cepa en el Reino Unido, que llevó a suspender los vuelos con ese destino.

“Actualmente, el ELN tiene el 75 por ciento de sus jefes y 900 hombres en territorio venezolano. Las disidencias (...) tienen 73 por ciento de sus jefes y aproximadamente 500 hombres allá”, aseguró el general Luis Fernando Navarro en entrevista con el diario El Tiempo publicada este domingo.

Reconocida como última guerrilla del país tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) cuenta con unos 2,300 combatientes y una extensa red de apoyo urbana.

También operan en el país varios grupos disidentes de las acuerdos con las FARC, entre ellos uno liderado por el exnúmero dos de esa organización, Iván Márquez, quién en agosto de 2019 se apartó del proceso de paz para iniciar una nueva rebelión llamada Segunda Marquetalia.

Según Navarro estos grupos de disidentes hoy en día suman “unos 2.500 hombres en armas”.

Disidentes, ELN y bandas narcotraficantes de origen paramilitar se disputan en la actualidad las rutas para exportar cocaína y las rentas de la minería ilegal y la extorsión en Colombia, que atraviesa la peor oleada de violencia desde el desarme de las FARC.

340 personas han sido asesinadas en 85 masacres -asesinato de al menos tres personas en un mismo evento- en lo corrido de 2020, según el observatorio independiente Indepaz,

Navarro aseguró que 63 militares murieron y otros 215 fueron heridos combatiendo a estos grupos armados en lo que va del año.

Desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-10), Colombia denuncia que Venezuela da refugio al ELN y en su momento a las desarmadas FARC, señalamientos que Caracas niega.

Caracas rompió relaciones con Bogotá en febrero de 2019, luego de que el mandatario Iván Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ambos países comparten una porosa frontera de 2,200 kilómetros.

Aunque aliviada tras firmar la paz con las FARC, Colombia vive un conflicto armado que durante más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales, con un saldo de unos ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

NAVARRO

Luego de votar en la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá, el líder opositor pidió a la comunidad internacional respaldar la consulta sobre las cuestionadas elecciones de domingo en las que el chavismo recobró el control de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición desde 2015.

“Estamos haciendo este grito de libertad, lo estamos haciendo (...) para expresar nuestro voto en condiciones muy adversas”, en medio de la pandemia y la censura de medios en Venezuela, declaró.

Hasta el mediodía, decenas de venezolanos habían acudido a emitir su sufragio en diez ciudades de Colombia, en algunos casos al ritmo de tambores.

La idea es “hacernos sentir”, mostrar “que Venezuela no está sola, que nos tiene tanto a los que estamos fuera como los que están dentro también luchando contra el régimen, contra la escasez”, dijo a la AFP Daniel Albornoz, vendedor ambulante de 21 años originario del estado de Zulia.

En la llamada “consulta popular” se pregunta a los venezolanos si apoyan todos los “mecanismos de presión nacional e internacional” en pro de “elecciones presidenciales y parlamentarias libres” y si rechazan los comicios del 6 de diciembre en los que el chavismo se alzó con 255 de 277 curules, en medio de un boicot del grueso de los partidos opositores dirigidos por Guaidó.

Colombia es el principal receptor de los casi cinco millones de venezolanos que huyeron de la crisis en su país desde 2015, según la ONU, con casi 1,7 millón de esos migrantes en su territorio.

Sin relación diplomática, los dos países comparten una porosa frontera de 2,200 km.

Acusado de “incitar a la violencia”, López estuvo detenido en Venezuela desde el 2014 hasta el 2019 cuando logró refugiarse en la residencia del embajador español en Caracas.

Este año escapó de su país clandestinamente para instalarse en Madrid y volvió este jueves a Colombia para movilizar a una decepcionada oposición venezolana contra Maduro.

En Bogotá fue recibido por el presidente colombiano, Iván Duque, quien desde su llegada al poder en 2018 se sumó a los esfuerzos de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder.

Al igual que medio centenar de países, Colombia reconoce a Guaidó como mandatario interino, pero Maduro se mantiene al mando del país petrolero con el respaldo de las fuerzas armadas.

Durante un encuentro con el mandatario Iván Duque en la sede presidencial, el líder venezolano denunció el “fraude electoral” fraguado por el gobierno de Nicolás Maduro esta vez, según él, bajo la amenaza de privar de comida a quienes no votaran en medio del grave deterioro de la economía petrolera.

“La respuesta digna del pueblo venezolano fue no escuchar esa amenaza y por eso el día domingo (...), cuando se perpetuó este fraude electoral, lo más significativo fue el silencio del pueblo y la no colaboración (...) con este fraude”, señaló López en presencia de Duque y otras autoridades colombianas.

El dirigente y aliado de Juan Guidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela, enfatizó en que la alta abstención -que alcanzó el 69%- debe escucharse como un “grito de libertad”.

Los comicios, que le permitirán a Maduro recobrar el dominio del legislativo, el único poder que estaba en manos de la oposición desde 2015, fueron boicoteados por las principales fuerzas antichavistas y no son reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países América Latina como Brasil y Colombia.

Nos complace recibir a Leopoldo López, quien sufrió las violaciones de DD.HH. de la dictadura en Venezuela y hoy, en libertad, defiende la resistencia democrática. No cesaremos la denuncia para que se acabe el régimen, haya Gobierno de transición y se convoquen elecciones libres pic.twitter.com/kDOBeLAuYS

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 10, 2020

Guaidó organizó una consulta popular paralela que promueve el rechazo al proceso del 6 de diciembre, con la idea de que la oposición pueda seguir al frente del Parlamento más allá del 5 de enero de 2021, cuando vence su periodo.

En su paso por Colombia, país que acoge a 1.7 millones de venezolanos que migraron de la crisis, López recibió un espaldarazo cargado de elogios por parte de Duque.

Leopoldo López “ha sido una voz corajuda y gallarda para la defensa de la libertad de su país”, expresó el mandatario, destacando la coincidencia de la visita del opositor con el Día de los Derechos Humanos.

Desde su llegada al poder en 2018, Duque se sumó a los esfuerzos de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder y dar paso a “un gobierno de transición” y un llamado a “elecciones libres”.

Este jueves el presidente colombiano deslizó que su gobierno ayudó a proteger al dirigente en su huida de Venezuela hacia España, para que pudiera ser “una voz libre en el mundo” que denuncie “las atrocidades de la dictadura de Nicolás Maduro”.

“Algún día, cuando se escriba esa historia, podremos contar los detalles de cómo te protegimos”, indicó.

Acusado de “incitar a la violencia”, López estuvo detenido desde el 2014 hasta el 2019 cuando logró refugiarse en la residencia del embajador español en Caracas. Este año escapó de su país clandestinamente para instalarse en Madrid.

El Jefe de Estado colombiano lanzó un llamado para que “urgentemente termine la dictadura” en Venezuela y se consolide “un gobierno de transición, con representación amplia, donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y otros sectores”.

Y así se “pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social”, remarcó.

El hombre, que funge como director para las Américas del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), “fue liberado a las cuatro de la tarde” por el grupo armado que lo tenía en su poder en el departamento de Cauca, indicó a la AFP una fuente de policía.

La banda, de la que se desconoce el nombre, “se vio obligada a soltarlo” por la presión que ejercieron fuertes operativos de la fuerza pública en la zona, apoyada por la población local, agregó la misma fuente.

El director general del CIAT, Juan Lucas Restrepo, celebró la noticia en Twitter. “Jesús Quintana ha sido liberado. Camino a casa. Está sano y salvo. Estamos felices!!”, escribió.

Jesús Quintana ha sido liberado. Camino a casa. Está sano y salvo. Estamos felices!!

— Juan Lucas Restrepo (@jlucasrestrepo) December 7, 2020

El CIAT está presente en decenas de países y, según su sitio web, ofrece “soluciones científicas” para transformar los “sistemas alimentarios” alrededor del mundo. Quintana estaba a cargo de una sucursal de la organización en la ciudad de Cali (suroeste).

Según indicó en su momento el director general de la policía colombiana, Óscar Atehortúa, el origen extranjero de Quintana llamó la atención de una “organización criminal” que pretendía pedir un rescate a cambio de liberar al científico.

Cauca es una de las regiones más castigadas por el rebrote de la violencia en Colombia, que atraviesa una de las peores arremetidas de los grupos armados desde la firma de la paz con la guerrilla marxista FARC en 2016.

Cuatro indígenas fueron asesinados la noche del sábado en este departamento, donde guerrilleros del ELN, grupos armados de origen paramilitar, bandas de narcotraficantes y rebeldes que se apartaron de los acuerdos de paz firmados por las FARC se disputan más de 17.000 hectáreas de cultivos de coca.

Colombia vive un conflicto que en casi seis décadas deja más de nueve millones de víctimas.

El martes la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) separó a Queiroz del cargo de seleccionador nacional después de casi dos años de pocas alegrías.

“Con humildad me voy, con la certeza de que el trabajo y el legado técnico positivo desarrollado (...) se traducirá en el éxito”, expresó el entrenador de 67 años en un mensaje en su cuenta en Instagram.

Los directivos se embarcaron en la búsqueda de un reemplazo capaz de recuperar los puntos cedidos bajo el mando del europeo, que encajó bochornosas goleadas ante Uruguay (3-0), en Barranquilla, y Ecuador (6-1), en Quito, en sus últimas salidas.

Más allá del daño que dejan las derrotas ante rivales directos en la lucha por clasificar a Catar, el nuevo DT tendrá que ocuparse de levantar a un equipo que pareció restringido bajo los esquemas de Queiroz.

También lo espera un vestuario dividido tras los pésimos resultados.

Con cuatro puntos en igual número de jornadas, Colombia se encuentra en la séptima casilla del clasificatorio, lejos de los cuatro cupos directos al Mundial que entrega la competencia.

Los juguetes fueron ubicados junto a pancartas en las que se leían consignas como “Debes denunciar a los abusadores”.

Con esta protesta, Aldeas Infantiles SOS llamó la atención sobre las agresiones que, según la oenegé, aumentaron durante el encierro forzado por la pandemia.

La organización, que desde 2016 promueve esta campaña, también aludió a la revictimización que sufren los menores atacados. Cuando se presenta un abuso o maltrato, que en el 80% de los casos ocurre en el entorno familiar, los niños suelen ser apartados de sus padres.

“Debe separarse principalmente al adulto abusador más no al niño o la niña”, dijo en un comunicado Ángela Rosales, directora en Colombia de las Aldeas SOS.

Aunque Colombia incorporó este año la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años, sólo el 7% de los capturados son condenados, según la ONG.

Entidades oficiales han reportado un aumento de denuncias por violencia intrafamiliar durante el confinamiento.

Aunque la cifra anunciada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sigue siendo históricamente alta, marca un descenso en comparación con septiembre (18.3%), mes en que el gobierno puso fin al encierro.

El empleo urbano sigue siendo “el más golpeado”, precisó Juan Daniel Oviedo, director de la entidad.

El índice de desocupación urbano, que sirve de referencia para el mercado, se mide en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, donde se concentra la mayor parte de los 50 millones de colombianos.

El sector de alojamientos y servicios de comida fue el más castigado en las grandes ciudades, con 223 mil puestos perdidos.

A nivel nacional, el desempleo en octubre fue de 14.7%, contra 9.8% en el mismo periodo de 2019. En octubre 3.6 millones de personas buscaban empleo mientras la inactividad laboral afectaba a 15 millones.

Luis Fernando Mejía, director de la Federación para la Educación Superior y el Desarrollo, señaló en Twitter que, en comparación con octubre de 2019, la desocupación aumentó para los hombres en un 43%, pero para las mujeres fue “del 77%”.

Tras cinco meses y medio de confinamiento, el gobierno se vio obligado a cambiar de estrategia contra la pandemia ante los estragos económicos. Desde el 1 de septiembre sigue un modelo basado en el autocuidado y el uso generalizado de mascarillas, con restricciones a los eventos masivos. Colombia es el cuarto país de la región con mayor número de muertos 36.584 y el tercero con más contagios con 1.3 millones.

Los juguetes fueron ubicados junto a pancartas en las que se leían consignas como “Debes denunciar a los abusadores”.

Con esta protesta de peluches, Aldeas Infantiles SOS llamó la atención sobre las agresiones que, según la ONG internacional, aumentaron durante el encierro forzado por la pandemia.

La organización, que desde 2016 promueve esta campaña, también hizo notar la revictimización que sufren los menores atacados.

Cuando se presenta un abuso o maltrato, que en el 80% de los casos ocurre en el entorno familiar, los niños suelen ser apartados de sus padres.

“Debe separarse principalmente al adulto abusador más no al niño o la niña”, clamó en un comunicado Ángela Rosales, directora en Colombia de Aldeas Infantiles SOS, presente en 136 países.

Una de las mujeres que participó en la jornada, y cuya hija fue agredida sexualmente, comentó bajo reserva a la AFP que al marginar a un menor de sus familias se le podría causar un impacto para “toda la vida”.

Durante la protesta simbólica en la Plaza de Bolívar, frente al Congreso, algunas personas se manifestaron para pedir un castigo efectivo contra los agresores sexuales.

Aunque Colombia incorporó este año la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años, sólo el 7% de los capturados son finalmente condenados, de acuerdo con Aldeas Infantiles.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Infantil, cada día 37 menores de edad son víctimas de violencia sexual.

Solo entre enero y octubre Medicina Legal, la autoridad forense del país, registró los casos de 12.874 menores que presuntamente fueron agredidos.

El gobierno impuso en marzo un confinamiento contra la pandemia que se extendió hasta septiembre, tiempo durante el cual los organismos oficiales reportaron un importante aumento de las denuncias de violencia intrafamiliar.

El fallo, que fue publicado este jueves, ordena que “se exija como requisito de ingreso al país certificado de la prueba PCR con resultado negativo para el virus covid-19”.

La justicia echó para atrás la medida del gobierno tras aceptar un recurso de protección al derecho a la salud presentado por un ciudadano.

Según el juez de Bogotá Giovanni Legro, el requisito debe ser restablecido de forma “inmediata”, aunque el gobierno cuenta con tres días paa impugnar la decisión.

El 5 de noviembre, el Ministerio de Salud decidió dejar sin efecto una medida que obligaba a los nacionales y extranjeros a presentar una prueba PCR (hisopado) negativa antes de ingresar al país por vía aérea, la única habilitada ante el cierre de las fronteras terrestres.

El examen debía ser realizado 96 horas antes del viaje.

En su momento la autoridad sanitaria argumentó que el test no es eficaz para evitar el contagio cuando el virus está circulando locamente.

Colombia es el tercer país con más contagios de covid-19 en el continente (un millón 280 mil 487) y el cuarto con mayor cantidad de muertos (36 mil 019) por el virus.

El gremio médico, que en su momento criticó que se dejara de pedir el examen, celebró este jueves la decisión de la justicia y la calificó como “coherente”.

“Aunque efectivamente la prueba PCR tiene una baja sensibilidad (para detectar contagios en la ventana de 96 horas establecida inicialmente) es la única cosa que tenemos, máxime porque en nuestro país la capacidad de seguimiento a los viajeros es limitada”, dijo a la AFP el doctor Herman Bayona, presidente del Colegió Médico de Bogotá.

Colombia detectó el primer caso de coronavirus el 6 de marzo e impuso un confinamiento estricto a finales de ese mes. Ante la debacle económica, el gobierno levantó en septiembre las restricciones a la actividad comercial y los viajes aéreos.

#EnElDoradoTuSaludEsPrimero I 💛 Ten en cuenta que si te van a llevar al aeropuerto, tu acompañante deberá dejarte en las zonas permitidas y proceder a retirarse de las instalaciones del @BOG_ELDORADO ✋🚗 Recuerda que solamente se permitirá el ingreso a los pasajeros. 🛄 pic.twitter.com/4uigN2X8V2

— Aeropuerto El Dorado (@BOG_ELDORADO) November 26, 2020

Los crímenes fueron perpetrados en los departamentos de Antioquia (noroeste) y Cauca (suroeste), los más afectados por la ola de matanzas que conoce este año el país.

En el municipio de Betania, Antioquia, cinco recolectores de café y tres sujetos fueron asesinados en un ataque a una finca ocurrido en la noche de sábado a domingo.

Unos “diez hombres fuertemente armados (...) ingresaron a uno de los dormitorios de la finca La Gabriela” y “dispararon indiscriminadamente” contra las personas que se encontraban en el lugar, dijo a la AFP Carlos Villada, alcalde del municipio.

Según Villada, los hombres buscaban a tres personas que ingresaron la víspera al dormitorio en el que pernoctaban los trabajadores.

La agresión, que deja además tres heridos, podría deberse a una disputa por las “plazas de vicio” (expendio de drogas) en el municipio cafetero.

Por otra parte, en Argelia, Cauca, al menos cinco personas murieron y dos más resultaron heridas en tres ataques perpetrados la misma noche por un hombre que entró disparando a un billar, un bar y una discoteca.

La alcaldía expresó en un comunicado su preocupación por la “posible sistematicidad” de los hechos, similares a ataques de sicarios ocurridos recientemente en la zona contra establecimientos nocturnos y sujetos en la vía pública.

Guerrilleros del ELN, disidentes de las FARC, paramilitares y narcotraficantes se disputan las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en el convulso Cauca, además de una ruta de narcotráfico que sale por el pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Colombia vive este año una de las peores arremetidas de grupos armados desde la firma de la paz con la entonces guerrilla FARC en 2016.

Antioquia y Cauca concentran 30 de las 76 masacres - o asesinatos de al menos tres personas en un mismo evento - registradas este año en el país por el observatorio independiente Indepaz.

Pese al pacto con las FARC, en el país aún persiste un conflicto armado que en casi seis décadas deja más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

La contracción de 9% del tercer trimestre con respecto al mismo período de 2019 fue no obstante menor al desplome de -15.8% registrado entre abril y junio, aunque está lejos de la expansión de 3.5% que mostró en el mismo periodo del año pasado. Los sectores de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (-20.1%), construcción (-26.2%) y explotación de minas y canteras (-19.1%), jalonaron la caída de la economía este trimestre. Con 50 millones de habitantes, Colombia es el quinto país de la región con mayor número de muertos por coronavirus.

‘Es la segunda vez en la historia económica de Colombia’ que ocurre una recesión y aunque ‘ya estamos viendo señales de recuperación no alcanzan para que pasemos el año con un crecimiento positivo del PIB’, dijo el analista Alejandro Useche.

La cuarta economía de América Latina se contrajo 9% en el tercer trimestre con respecto al mismo período de 2019, aunque el desplome fue menor al -15.8% registrado entre abril y junio, señaló este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en una presentación virtual a los medios.

El año pasado el PIB se expandió 3.5% entre julio y septiembre, pero las proyecciones positivas para 2020 se enterraron con la detección del primer caso de covid-19 en marzo y las medidas de confinamiento que le siguieron para impedir la propagación del virus.

Los sectores de comercio, transporte alojamiento y servicios de comida (-20.1%); construcción (-26.2%) y explotación de minas y canteras (-19.1%), jalonaron la caída de la economía este trimestre.

La última vez que Colombia vivió una recesión fue en 1999 con un crecimiento negativo de 4.5%, debido a un excesivo endeudamiento tanto del sector público como del privado y una crisis hipotecaria.

Con 50 millones de habitantes, Colombia es el cuarto país de la región con mayor número de muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, con más de 34,200, y el tercero en contagios, con más de 1.2 millones de casos.

El dinero fue hallado en cajas y en “dos inmuebles” ubicados al norte de la ciudad de Cali (suroeste), donde residía el “presunto cabecilla, Lucio Burbano Portilla”, señalado de enviar cocaína a Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, indicó el órgano investigador en un comunicado.

Diez personas fueron capturadas en el operativo y serán investigadas por presuntos nexos con una disidente de la exguerrilla de las FARC, conocida como Óliver Sinisterra, acusada, entre otros, del asesinato de tres miembros de un equipo periodístico ecuatoriano en 2018. También es responsable del asesinato de seis jóvenes el 22 de agosto, en una zona rural del municipio de Tumaco, fronteriza con Ecuador, según autoridades.

Desde su aparición en China a fines de 2019, la Covid-19 ya mató a casi 1,2 millones de personas y contagió a más de 46 millones, según el balance de la AFP del domingo.

En América Latina y el Caribe, la región más afectada del mundo con 11,3 millones de contagios y más de 400.000 muertos, varios países han ido aliviando medidas.

Este domingo, la ciudadela inca de Machu Picchu reabrió ante una paulatina reducción de los contagios en Perú, el país con mayor tasa de mortalidad con 105 decesos por cada 100.000 habitantes.

La ciudadela inca se encontraba cerrada desde el 16 de marzo y con su reapertura renacen las esperanzas en Cusco, la antigua capital del imperio inca, y otros pueblos de la zona que son paso obligado hacia Machu Picchu, que enfrentan una aguda crisis como secuela de la pandemia, pues el 70% de su gente vivía del turismo.

México, en tanto, celebró este domingo el Día de Muertos, la tradición más representativa del país, con fuertes restricciones.

En efecto, los cementerios permanecen cerrados y numerosos eventos fueron cancelados para evitar que los contagios (más de 900.000 con unos 92.000 muertos) se disparen. Ciudad de México se quedó además sin su acostumbrado desfile de sonrientes calaveras y disfraces multicolores.

A dos días de las elecciones en Estados Unidos, el país más enlutado en términos absolutos con más de 230.000 muertos y por encima de nueve millones de casos, la situación sanitaria sigue deteriorándose.

Pese a ello, el presidente republicano, Donald Trump, imprime un ritmo frenético a su campaña con mítines multitudinarios en cinco estados este domingo, mientras su rival demócrata Joe Biden respeta las medidas de precaución.

También en este país la popular fiesta de Halloween se vio limitada, sobre todo en Salem, Massachusetts, donde las autoridades decidieron cerrar la ciudad a las 20H00 para evitar las aglomeraciones.

El aumento de los contagios en Europa, que subieron un 41% en una semana para totalizar 10,4 millones de casos y 278.000 muertos desde que comenzó la pandemia, podría colapsar los hospitales.

Para evitarlo, los gobiernos se ven obligados a restringir la libertad de movimiento y cerrar sectores enteros de la economía, generando resistencia en una población cansada de la pandemia.

El sábado hubo protestas por segunda noche en varias ciudades de España, con enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo y saqueos, que dejaron 32 detenidos, según la policía.

España, tercer país con la mayor tasa de mortalidad con 77 decesos por cada 100.000 habitantes, detrás de Perú y Bélgica (100), y delante de Brasil (75), impuso un toque de queda nocturno nacional y la mayoría de las regiones españolas dictaron cierres perimetrales para impedir viajar.

Los disturbios más importantes se produjeron en Madrid, donde numerosos manifestantes corearon “¡Libertad!”, incendiaron contenedores de basura y erigieron barricadas en Gran Vía, la principal arteria de la capital, según imágenes en las redes sociales.

“Con dolor revolucionario confirmamos la caída del compañero Uriel, quien entregó su vida con alta dignidad por los grandes ideales de transformación, justicia social, soberanía y futuro de la humanidad”, señaló la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un comunicado enviado por su delegación de paz en La Habana a la AFP.

“La caída de Uriel nos compromete aún más con los propósitos de cambio en Colombia y con las causas más nobles de la humanidad, ese es el mayor honor y reconocimiento que le rendimos a él”, añadió el grupo insurgente.

La muerte de Andrés Vanegas, el nombre de pila del cabecilla guerrillero de 41 años y una de las figuras más mediáticas del ELN, fue anunciada el domingo por el presidente colombiano, Iván Duque, y es considerada el mayor golpe propinado al ELN bajo su mandato, que comenzó en 2018.

En una alocución realizada el domingo en el departamento de Chocó, donde tuvo lugar el ataque, Duque destacó que Uriel era responsable de secuestros, asesinatos y reclutamiento de menores, y que además fue uno de los organizadores del atentado con coche-bomba llevado a cabo en enero de 2019 contra una escuela de cadetes en Bogotá, que dejó 22 víctimas, además del agresor.

Tras ese ataque, Duque rompió en enero de 2019 la negociación que el ELN llevaba adelante en La Habana desde mediados de 2018 con su antecesor, Juan Manuel Santos. El equipo negociador se mantiene en la isla.

“Ha caído un auténtico guerrillero y ni él ni los demás luchadores verdaderos esperamos alabanzas ni clemencia”, agregó el ELN y subrayó que “negar el carácter rebelde e insurgente de un dirigente revolucionario, desde las altas cúpulas del poder, es una conducta tradicional de nuestros enemigos que hacen de la mentira su predilecta arma política”.

El fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, precisó el domingo que Uriel fue abatido durante un enfrentamiento con la fuerza pública en el marco de la operación Odín, en la que participaron militares, policías y fiscales.

“Quiero informarle al país que el día de hoy se adelantó la operación Odín, operación en la cual fue abatido el terrorista Andrés Felipe Vanegas Londoño que utilizaba el alias de Uriel”, dijo el mandatario.

“Este es un golpe de suma importancia porque ha caído una de las figuras más visibles de esa organización terrorista”, declaró el mandatario en una alocución realizada en el departamento de Chocó, donde tuvo lugar el ataque.

La muerte de Andrés Vanegas -nombre de pila del cabecilla insurgente de 41 años- es el mayor golpe propinado a la última guerrilla reconocida en el país bajo el mandato de Duque, en el poder desde 2018.

🎥 #EnVivo | Declaración del Señor Presidente de la República @IvanDuque desde Quibdó, Chocó. https://t.co/mUAVlB9KAF

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 26, 2020

Según el presidente, Uriel era responsable de secuestros, asesinatos y reclutamiento de menores, y era uno de los organizadores del atentado con coche-bomba llevado a cabo en enero de 2019 contra una escuela de cadetes en Bogotá, que dejó 22 víctimas, además del agresor.

A raíz de ese ataque, Duque sepultó los diálogos de paz iniciados con el ELN por su antecesor, Juan Manuel Santos.

En el mismo evento este domingo, el fiscal general, Francisco Barbosa, precisó que la muerte ocurrió durante “un enfrentamiento” con la fuerza pública en el municipio selvático de Nóvita, en el marco de la operación Odín, en la que participaron militares, policías y fiscales.

Constantemente activo en redes sociales, Uriel era una de las figuras más mediáticas del relevo generacional en el ELN, organización surgida en 1964, en plena Guerra Fría, y dirigida por guerrilleros con edades que promedian los 68 años.

Las acciones de alias ‘Uriel’ se habrían desarrollado al ser uno de los responsables del brazo político del ELN, y además el principal influenciador de la doctrina guerrillera, la cual realizaría en redes sociales y medios de comunicación nacional e internacional. pic.twitter.com/swtC5rNNqW

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 26, 2020

El Chocó, en donde operaba, es el epicentro de una disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país que surgió a partir de paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006.

También es uno de los puntos estratégicos de salida de cargamentos de cocaína que parten del Pacífico colombiano hacia Centroamérica y Estados Unidos. Así como un enclave de minería ilegal de oro, cuyos réditos, según la fiscalía, superan a los del narcotráfico.

Reconocida como última guerrilla del país tras el acuerdo de paz que condujo al desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el ELN cuenta con unos 2,300 combatientes en el país y una extensa red de apoyo urbana.

La organización rebelde opera en el 12% de los 1,100 municipios colombianos, según investigaciones independientes, y la fuerza pública colombiana afirma que tiene presencia en Venezuela.

De acuerdo con el informe de esa cartera, en las últimas 24 horas se reportaron 8.769 nuevos contagios, lo que elevó el total a 1.007.711 desde la detección de un primer caso el 6 de marzo, proveniente de Italia.

El número de muertes se elevó por su parte a 30.000, 198 de ellas consignadas en el último balance que, según autoridades, no refleja el número de óbitos ocurridos en esas 24 horas sino que recoge datos de los últimos 10 días.

Con 50 millones de habitantes, Colombia es el octavo país en rebasar el millón de contagios, después de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Argentina, España y Francia.

En un acto oficial en Chinchiná, Caldas (centro), el presidente Iván Duque realzó el hecho de que Colombia es una de las naciones con menor número de fallecidos en proporción a su población en el continente.

“Lo hicimos mucho mejor que otros países. Pero yo no digo esto para que nos sintamos triunfalistas. Lo digo con la idea de que nos protejamos más”, defendió el mandatario conservador.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), Colombia ocupa el décimo lugar de la región en decesos por millón de habitantes, con un promedio de 561: cerca de la mitad de Perú (1016) y casi una cuarta parte menos que Brasil (719).

El gobierno decretó un confinamiento nacional a partir del 25 de marzo, pero fue relajando las medidas ante el descalabro de la economía, hasta apostar desde el 1 de septiembre por una estrategia basada en el autocuidado y el uso generalizado de tapabocas en el espacio público.

Para el infectólogo Carlos Álvarez, el encierro permitió aumentar la capacidad de pruebas, así como la cantidad de unidades de cuidados intensivos disponibles, limitando los daños causados por el virus.

Pero “el relajamiento de las medidas” de confinamiento de septiembre “hizo que la caída de la curva se ralentizara”, en parte porque comenzaron brotes en regiones “en donde no había llegado el pico” de la enfermedad, indicó a la AFP el coordinador de ensayos clínicos del país ante la Organización Mundial de la Salud.

Ramírez, de 66 años, fue elegida en 2018 y se convirtió en la primera mujer en alcanzar el segundo cargo de poder en el país.

“Ayer me realicé la prueba de #COVID19 (...) Informo a los colombianos que el resultado fue positivo”, anunció Ramírez en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta añadió que se encuentra “en buen estado de salud” y que cumplirá con “el aislamiento correspondiente”.

El jueves, Ramírez acompañó al presidente Iván Duque en un acto público en el palacio presidencial. A ambos se les vio con mascarilla.

El mandatario conservador le dedicó este viernes un mensaje de solidaridad en su programa de televisión cotidiano sobre la emergencia sanitaria.

“Hasta ahora ella está asintomática, pero igual le deseamos la pronta recuperación”, afirmó Duque.

Colombia, que relajó las medidas de confinamiento por la pandemia desde el 1 de septiembre, se acerca al millón de contagios por coronavirus (990 mil 270).

Hasta la fecha, la enfermedad ha provocado 29 mil 636 muertes en este país sudamericano.

Vestidos con sus trajes tradicionales, representantes las etnias Misak, Pijao y Nasa, protestaron dentro y fuera de la terminal aérea para presionar al mandatario Iván Duque, un día después de que miles de colombianos se volcaran a las calles para exigirle un cambio de rumbo, en el cuarto paro nacional desde su llegada al poder en agosto de 2018.

“Lo que nosotros pretendemos es cambiar la forma de gobierno en nuestro país”, dijo a la AFP Édgar Velasco, secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, en lo que denominó una “toma pacífica del aeropuerto”.

El servicio de prensa de la terminal aérea indicó en un comunicado que la protesta no interrumpió en ningún momento la operación del aeropuerto.

Rodeados de policías, los indígenas emprendieron el camino de regreso al centro de Bogotá acompañados por funcionarios de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), donde pernoctarán.

Los pueblos originarios encabezan desde hace 10 días masivas protestas en contra del gobierno.

Unos 7 mil de entre ellos se reunieron primero en el suroeste del país, afectado por la peor embestida de grupos armados desde la firma de la paz con la exguerrilla FARC en 2016, para exigir un encuentro con el presidente.

Ante la negativa de Duque, se dirigieron a Bogotá, donde enjuiciaron simbólicamente al mandatario antes de participar en el paro nacional y devolverse en su mayoría a sus territorios, aunque una delegación permanece en la capital.

“Necesitamos que se cuente la realidad en los territorios, que han asesinado en lo transcurrido del año muchos líderes sociales, muchas personas que creyeron en el proceso de paz, queremos que pare de correr la sangre”, indicaron autoridades nativas en un comunicado divulgado este jueves.

Además de la plena implementación de los acuerdos de paz, exigen el derecho a ser consultados sobre la realización de megraproyectos en sus territorios, así como garantías para las poblaciones más afectadas por el pandemia.

Los indígenas representan 4.4% de los 50 millones de habitantes de Colombia y son la población más pobre (59,6%).

Las autoridades nativas aseguran que 313 de los suyos han sido asesinados durante el mandato de Duque, que pese a sus esfuerzos no consigue detener la hemorragia en apartadas y olvidadas zonas rurales.

El movimiento que reúne a comunidades originarias del suroeste del país, una de las más castigadas por grupos armados que se financian del narcotráfico, se aglutinó pacíficamente en la Plaza de Bolívar.

Al sonido de tambores y cornetas, unos 7.000 manifestantes con mascarillas se concentraron en este punto de la capital, tras cruzar durante nueve días parte de Colombia en autobuses y algunos tramos a pie.

Sin embargo, Duque no salió a su encuentro alegando su rechazo a las “aglomeraciones” en medio de la pandemia.

“Así el presidente no haya dado la cara, hoy le decimos que cobardemente se ha atrincherado”, dijo a la AFP Hermes Pete, autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Ante el desaire, los indígenas organizaron un juicio abierto y de carácter simbólico para denunciar al gobierno por la vulneración de sus derechos fundamentales.

Aunque son múltiples sus reclamos, los indígenas han hecho sentir con fuerza su rechazo a la ola de violencia que los envuelve, y que según sus líderes deja 313 muertos en más de dos años de la administración Duque.

El grupo que llegó el domingo a Bogotá dio inicio a una semana de agitación social.

El miércoles se sumará a un “paro nacional” convocado por sindicatos y estudiantes en rechazo a la gestión presidencial, a casi un año de las masivas protestas que marcaron un hito en el país.

“Quiero contarles que no voy a competir más este año”, dijo el ciclista de 23 años del Ineos en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Luego de los problemas de salud que tuve en el Tour De Francia, he estado enfocado 100% en mi recuperación y vuelta a las competencias en el 2021”, detalló el campeón de la Grande Boucle en su edición de 2019.

Bernal, uno de los campeones más jóvenes en la historia del Tour, venía de abandonar su defensa del maillot amarillo a falta de cuatro etapas para el final en París.

Afectado por dolores de espalda en su preparación para el Tour, el líder del equipo Ineos Grenadiers tuvo un rendimiento que estuvo lejos de lo esperado: para el momento de su abandono marchaba decimosexto en la general a 19:04 del líder.

El también campeón de la Vuelta a Suiza 2019 descartó así su participación en la Vuelta España 2020, que se correrá en noviembre y será la última gran vuelta de un calendario ciclístico trastocado por la pandemia.

El colombiano, quien tiene contrato con el Ineos hasta el 2023, aseguró que, luego de su abandono en el Tour, ha vivido “momentos complicados” pero espera volver a sentirse “bien sobre la bicicleta, libre de dolor”.

En una audiencia pública virtual, la jueza de garantías Clara Salcedo dejó sin efecto la medida contra el exmandatario (2002-2010) por pedido de la defensa y con el apoyo de la fiscalía.

“En consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe”, dijo la funcionaria.

“Gracias a Dios”, celebró el exmandatario en mensaje de Twitter tras conocer la decisión.

Gracias a Dios

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 10, 2020

La Corte Suprema había ordenado el 4 de agosto la detención del entonces también senador por los delitos de soborno y fraude procesal.

Sin embargo, Uribe renunció al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014, con lo que el expediente pasó a un juzgado de garantías que revocó el arresto domiciliario y lo dejó defenderse en libertad.

Con 68 años, Uribe es el jefe natural del Centro Democrático, el partido en el poder, y mentor del presidente Iván Duque.

El exmandatario terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.

En 2012 presentó una denuncia contra el senador opositor Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.

Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en cambio, decidió abrir en 2018 una investigación contra el expresidente bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.

Un doblete de Luis Muriel (26, 45+3) y otro tanto de Duván Zapata (16), ambos del Atalanta de la Serie A italiana, le dieron a Colombia sus primeros tres puntos en el largo camino a Catar.

El lateral zurdo Johan Mojica, también del Atalanta, y el mediocampista Juan Cuadrado, de la Juventus, se reportaron con sendas asistencias desde las bandas.

Sin ser la figura, James Rodríguez realizó un partido correcto, partiendo desde la derecha para asociarse con sus compañeros y clarificando el juego con las entregas precisas de su pierna zurda.

Ante un Estadio Metropolitano vacío a causa de la pandemia, los de Queiroz mostraron su mejor versión: agresivos para atacar por los costados y contundentes de cara al gol.

Mientras que el equipo de José Peseiro, quien apenas vino a dirigir su primera práctica el miércoles, sintió las ausencias de estrellas como Salomón Rondón y Junior Moreno, que no viajaron por la pandemia.

Colombia deberá revalidar el buen fútbol que mostró en su debut el próximo martes en su visita a Chile, un rival que en el pasado le ha complicado la vida. La Vinotinto recibirá ese mismo día Paraguay con la intención de olvidar el traspié en Barranquilla.

Los equipos apenas se acomodaban en la cancha cuando el zaguero derecho de Colombia, Santiago Arias, fue al piso a disputar un balón con Darwin Machis, con la mala fortuna de que su botín izquierdo se enterró en la grama provocándole una lesión que lo obligó a salir de la cancha en camilla.

Pero los cafeteros no dejaron que el mal augurio los afectara y presionaron al equipo venezolano en su cancha y adueñándose del balón.

Sobre los 16 minutos, Cuadrado sorprendió a la zaga con una corrida profunda por la banda derecha. Su centro rasante fue punteado por Zapata, quien adelantó a Colombia en el marcador con el primer disparo a puerta del partido.

Diez minutos después, Colombia repitió la fórmula por el costado opuesto. El lateral zurdo Johan Mojica se proyectó, superó a su marcador con una finta y sacó otro centro bajo que fue transformado en gol por Muriel.

Los dirigidos por Peseiro parecían desconcertados por la ráfaga de ataques colombianos y solo reaccionaron a través de un disparo de media distancia del zaguero Roberto Rosales a los 36 que se estrelló en el palo derecho de la portería de Camilo Vargas.

Venezuela adelantó líneas y salió a buscar el descuento, pero pagó caro su atrevimiento.

Al filo del descanso, Muriel tomó el balón en su propio campo luego de una asistencia del portero Vargas. Aprovechó el espació dejado por la defensa venezolana, superó al espigado Jhon Chancellor en velocidad y sacó un zurdazo potente que doblegó la resistencia de Wuilker Fariñez.

En huelga desde el 31 de agosto, los trabajadores de la mina Cerrejón lideraron las manifestaciones en distintos municipios del departamento de la Guajira, fronterizo con Venezuela.

“Pedimos primeramente que la empresa se siente a dialogar con los trabajadores y que cumpla cada compromiso que tiene con cada una de las comunidades”, dijo a la AFP Samuel Arregocés, activista de 40 años, que participó en una movilización en el municipio de Barrancas.

Cerrejón es propiedad de las multinacionales BHP Group, Anglo American y Glencore.

Con globos amarillos y camisetas de Colombia los manifestantes marcharon con consignas alusivas a la contaminación del medio ambiente y en defensa de la salud.

“Hay muchos trabajadores enfermos”, denunció Arregocés.

Naciones Unidas se sumó a los reclamos ambientales y pidió suspender las actividades de la mina el 28 de septiembre, alegando contaminación sonora, del aire, el agua y la vegetación.

“Esto en época de pandemia puede ser una amenaza mortal”, indicó la ONU.

De acuerdo al organismo internacional los pobladores sufren de “dolores de cabeza, molestias nasales y respiratorias, tos seca, ardor en los ojos y visión borrosa como consecuencia de la minería a cielo abierto realizada las 24 horas del día, los siete días de la semana, utilizando maquinaria pesada y explosivos”.

La Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la carta magna, ordenó a Cerrejón y al Estado adoptar medidas urgentes para mitigar el daño que la explotación de carbón ha traído a los indígenas wayuu, según un fallo de 2019.

En un comunicado del 6 de octubre, Cerrejón se dijo dispuesto a negociar para “llegar a un acuerdo” que beneficie a “los trabajadores, sus familias y La Guajira y que, al mismo tiempo, asegure la supervivencia” de la empresa.

Castigada por la pobreza y el hambre, el 65% de la población de la Guajira tiene necesidades básicas insatisfechas, a pesar de que el sector minero energético es el principal motor de las exportaciones colombianas.

Durante un evento oficial en Bogotá, el presidente Iván Duque declaró que ante la gravedad de esa versión cualquiera “inmediatamente debería perder la connotación de miembro del Congreso”.

El mandatario conservador, crítico del pacto de paz con la exguerrilla, agregó que los confesos deberían renunciar voluntariamente para no “revictimizar” a la familia del dirigente.

En caso contrario, dijo esperar que la justicia actúe y despoje de la “representación parlamentaria” a los exguerrilleros.

Más temprano, el consejero presidencial Miguel Ceballos pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -creada a partir de los acuerdos que condujeron al desarme de los rebeldes- que valore si hay “incompatibilidad” entre la confesión del magnicidio y la continuidad de Julián Gallo y Pablo Catatumbo en el Congreso.

Los dos llegaron al Legislativo como parte de los pactos de paz de 2016, junto a otros siete líderes del ya disuelto movimiento armado.

La exguerrilla abandonó las armas y aceptó someterse a la JEP a cambio de poder ejercer la política, confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.

Los responsables que cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión, si no, se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.

El martes, Gallo reconoció que él impartió la orden a sus hombres de matar a Gómez por instrucciones del antiguo mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Días antes el hoy partido de izquierda se había atribuido el asesinato del jefe conservador de 76 años -perpetrado por pistoleros a la salida de una universidad de Bogotá- en una carta firmada por Gallo y Catatumbo.

La confesión tomó por sorpresa a un país que por muchos años creyó que detrás del ataque estuvieron políticos rivales, militares o narcotraficantes. El caso fue declarado crimen de lesa humanidad y sigue en investigación.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) deberá ahora presentar pruebas de su culpabilidad, aunque de entrada Duque y la familia de Gómez pusieron en entredicho esa versión.

Para los allegados del dirigente se trata de una “gran mentira” con la que se quiere ocultar a los verdaderos responsables.

Según ellos, el crimen estuvo motivado por la oposición que ejerció Gómez al expresidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), quien para la época enfrentaba un escándalo por la financiación del narcotráfico a la campaña que lo llevó al poder.

La FARC justificó el magnicidio por el histórico rechazo del dirigente a la rebelión comunista.

En un comunicado difundido ayer, el tribunal que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto informó que recibió una carta de los antiguos rebeldes en la que ofrecen “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en seis sonados casos.

Entre ellos, el magnicidio de Gómez y los asesinatos del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998; del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano, en 1999, y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín, en 1987.

También admitieron su participación en los crímenes de José Fedor Rey (2002) y Hernando Pizarro (1995), quienes comandaron una disidencia de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ambos estuvieron implicados en la masacre de Tacueyó, en la que murieron decenas de guerrilleros que fueron torturados antes para que reconocieran su supuesta traición.

El anuncio de la exguerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa en un país que por muchos años creyó que detrás del ataque contra uno de los principales dirigentes conservadores del siglo XX, estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.

La justicia declaró el caso como “crimen de lesa humanidad” para evitar que prescribiera la pesquisa hasta dar con los responsables.

Gómez cayó baleado por sicarios que dispararon contra su vehículo a la salida de la universidad donde dictaba clases, en Bogotá.

El jueves, la exsenadora Piedad Córdoba lanzó una advertencia en torno al asesinato del excandidato.

Córdoba, quien participó activamente en el proceso de paz con las FARC, anticipó que sabía quién había matado a Álvaro Gómez y ofreció dar su versión ante la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial que fue creado como parte de los acuerdos con los rebeldes.

La exguerrilla, sin embargo, pareció anticiparse a la revelación en la explosiva carta que le envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 30 de septiembre.

La misiva está firmada por los excomandantes rebeldes Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, según el comunicado difundido.

Gallo y Catatumbo representan a la antigua guerrilla en el Congreso, en escaños que asumieron como parte de los acuerdos de 2016.

La que fuera la organización rebelde más poderosa de América dejó las armas y aceptó someterse a la JEP, a cambio de ejercer la política.

Los comandantes que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen con sus compromisos se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.

El conflicto deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, quienes componen el mayor número de afectados por la guerra.

En un comunicado difundido el sábado, el tribunal que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano dijo que la otrora organización armada ofreció en la misiva “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en varios casos.

Entre ellos el magnicidio de Álvaro Gómez, así como los asesinatos del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998, y del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano en 1999.

El anuncio causó sorpresa y revuelo en un país que por muchos años creyó que detrás del ataque contra Gómez, uno de los principales dirigentes conservadores del siglo XX, estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.

La justicia declaró el caso como “crimen de lesa humanidad” para evitar que prescribiera la investigación hasta encontrar a los responsables.

La explosiva carta de la exguerrilla fue recibida por la jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 30 de septiembre, y está firmada por los excomandantes rebeldes Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo.

Gallo y Catatumbo representan a la antigua guerrilla en el Congreso colombiano, en escaños que asumieron como parte de los acuerdos de paz de 2016 que terminaron con un conflicto de casi seis décadas.

La que fuera la organización rebelde más poderosa de América dejó las armas y se convirtió en partido político, a cambio de someterse a la JEP.

Los comandantes que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen con sus compromisos se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.

📝En carta dirigida a la JEP, las extintas Farc-EP reconocieron 6 homicidios que ocurrieron entre 1987 y 1995, entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro y Jesús Antonio Bejarano. pic.twitter.com/3ag1K4UV3Z

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 3, 2020

La agresión contra el servicio de seguridad de Córdoba se produjo en la noche de este miércoles en un barrio del sur de la ciudad.

Los dos escoltas estaban en el auto blindado, sin la política adentro, cuando fueron intimidados por “sujetos que se movilizaban” en un vehículo, según informó la policía en un comunicado.

A uno de los agentes le robaron el arma y el chofer aceleró, tras lo cual dispararon contra la camioneta asignada a Córdoba para su protección. El agresor que le quitó el arma al escolta fue capturado, añadió.

Sin embargo la excongresista de 65 años, quien participó activamente en el proceso de paz de 2016 que permitió el desarme de la guerrilla de las FARC, puso en entredicho esa versión.

“¿Quién moviliza 8 hombres armados en varios vehículos para atacar a una camioneta y finalmente solo robar un arma?”, escribió en Twitter.

En entrevista con la W radio, Córdoba dijo que el episodio le parece “muy similar” al de su secuestro en 1999 por paramilitares de ultraderecha que la tuvieron en su poder por unos días antes de liberarla.

También reveló que lo ocurrido el miércoles coincide con sus planes de comparecer ante la Comisión de la Verdad -un órgano extrajudicial que fue creado como parte del pacto de paz de 2016- para contar lo que sabe sobre el asesinato del excandidato presidencial conservador Álvaro Gómez, ocurrido en 1995 en Bogotá.

Declarado por la justicia como crimen de lesa humanidad, el caso sigue en investigación y entre las hipótesis sobre los responsables está la de una alianza de políticos rivales, militares y carteles de la droga.

No obstante, Córdoba desestimó esa suposición y aseguró que sabe quién mató a Gómez y que tiene pruebas que lo demostrarían.

“Para 2020 nuestra proyección de crecimiento fue revisada a la baja a -8.2%, originalmente teníamos -7.8%”, dijo en una rueda de prensa el jefe de la misión del FMI para Colombia, Hamid Faruqee.

El funcionario destacó, sin embargo, que ve “signos positivos” y proyectó un crecimiento en torno al 4% en 2021.

Faruqee explicó que el empeoramiento de la perspectiva refleja los datos publicados para el segundo trimestre, que mostraron una caída del 15.5% del PIB con respecto al mismo periodo de 2019, según las cifras oficiales. El Fondo anunció que aumentó en 6 mil 500 millones de dólares la línea de crédito flexible otorgada en mayo a Colombia para ayudar al país a afrontar las consecuencias de la pandemia.

El país ha sido golpeado con fuerza por la pandemia que ha dejado más de 24 mil 724 muertes con 784 mil 268 casos confirmados, según los datos entregados por las autoridades a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esa línea de crédito pasó de 10 mil 800 millones de dólares a 17 mil 200 millones de dólares.

La economía colombiana se ha visto más afectada por la pandemia de lo que se había previsto en mayo, al momento de aprobarse el acuerdo vigente en el marco de la línea de crédito flexible, indicó la subdirectora gerente, Antoinette Sayeh.

El FMI destacó que Colombia tiene marcos de políticas muy sólidos citando un tipo de cambio flexible, un régimen de metas de inflación creíble, una eficaz supervisión y regulación del sector financiero y una regla fiscal estructural.

El esqueleto “está completo, intacto, adherido a la roca”, lo que significa que “sería el de mayor magnitud” hallado hasta ahora en el país, informó el servicio de prensa de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

Dado que esa especie desaparecida de mamíferos se movía en manada, es probable que se encuentren más restos, añadió.

Los restos fueron hallados hace varios días por obreros artesanales que exploraban un socavón a 20 metros de profundidad, en el Cañón del Cauca, en el municipio de Quinchía.

“Hubo como un desprendimiento de la tierra, pero poquito, y ahí cayó el primer hueso”, relató Fernando Tabariquino, citado en un comunicado de la autoridad ambiental.

Los mineros alcanzaron a sacar de 10 a 12 huesos del animal, incluyendo un colmillo de 1.10 metros de largo, antes de que autoridades locales suspendieran la excavación por el interés científico del hallazgo.

Luego, el Instituto Colombiano de Arqueología y Antropología tomó el relevo en la extracción de restos fósiles.

El mastodonte es un proboscidio, primo hermano de los elefantes actuales, extinto hace unos 10 mil años en esta zona del norte de Sudamérica.

“¡Nos encontramos algo extraordinario y fuera de la imaginación!”, exclamó Julio César Gómez, director del Carder, en un video.

Aunque existen descubrimientos similares anteriores en la costa Atlántico y el centro del país, se trata del primero de este tipo en el oeste de Colombia.

“Nos va a permitir determinar muchos aspectos del clima, de la mega fauna que tuvimos en esta zona” y también entender una parte de porqué “desaparecieron estas especies”, agregó Gómez

El director de la Carder dijo el hecho fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Servicio Geológico Colombiano.

La medida se tomó porque Bucaram “ingresó al país de manera irregular a mediados de este año” eludiendo un requerimiento de la justicia de su país, razón por la cual quedará vetado de ingresar a Colombia durante una década, detalló Migración Colombia en un comunicado.

#Video Migración Colombia expulsa a hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram. Jacobo Abdalá Bucaram fue expulsado del territorio nacional luego de que @MigracionCol verificará que el ciudadano ecuatoriano habría ingresado al país de manera irregular #VocesySonidos pic.twitter.com/MGcUfolFdw

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 26, 2020

La justicia ecuatoriana había ordenado en julio prisión para Jacobo y sus hermanos Michel y Abdalá (Dalo) Bucaram, este último candidato presidencial en 2017.

Los hermanos son procesados por supuesta asociación ilícita para la comercialización de insumos médicos a hospitales de la ciudad de Guayaquil (suroeste) durante la pandemia por el nuevo coronavirus.

En el proceso, habrían obtenido “ingresos económicos que no habrían sido justificados al sistema financiero nacional”, según la fiscalía ecuatoriana.

El hombre fue detenido en un operativo en el que participó la policía en la ciudad de Medellín (noroeste), desde donde será trasladado por vía aérea a Ecuador, y entregado a las autoridades de ese país.

Entre marzo y abril el puerto de Guayaquil se convirtió en una de las ciudades más afectadas por la pandemia en el continente, con un sistema sanitario colapsado y muertos en casas y calles.

La justicia también resolvió enajenar bienes, prohibir la transferencia de acciones y liberación de pólizas, así como bloquear las cuentas de todos los procesados.

En caso de ser hallados culpables, enfrentan una pena de cárcel de hasta cinco años.

El padre, Abdalá, expresidente de Ecuador y destituido por el Congreso en febrero de 1997 a tan solo seis meses de asumir el poder, se encuentra en prisión domiciliaria desde el 14 de agosto por el mismo caso.

Hasta el domingo se había registrado una masacre de seis personas, incluido un menor de edad, en el departamento del Cauca. Al parecer un grupo armado disparó contra los asistentes a una pelea de gallos en un ataque que dejó también varios heridos aún sin calcular.

Este lunes autoridades locales informaron a la AFP sobre la matanza de cuatro jóvenes negros en el municipio de Mosquera, en el vecino departamento de Nariño. De acuerdo a la vocera, las víctimas pertenecían a un municipio cercano y los cadáveres fueron encontrados en un manglar.

La funcionaria de la alcaldía local citó un video que circuló en redes sociales donde se ve a los presuntos asesinos balear los cadáveres de los jóvenes desde un bote.

“Desafortunadamente, la oleada de violencia se sigue incrementando en nuestro departamento”, lamentó el secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, en un video enviado a medios.

En ambos casos, la fuerza pública señaló a las disidencias de las FARC como presuntas responsables.

Según el observatorio independiente Indepaz, en lo que va del año se han registrado en Colombia 61 masacres -homicidios de al menos tres personas en un solo evento- en una escalada de violencia que se atizó en los últimos meses.

En los departamentos de Nariño y Cauca grupos armados se disputan el control de la minería ilegal, miles de hectáreas de narcocultivos y las rutas para sacar la droga por el Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Las disidencias de las FARC cuentan con unos 2,300 miembros en armas y operan sin mando unificado.

Aunque el histórico pacto de paz menguó la violencia política, Colombia vive un conflicto que en casi seis décadas ha dejado más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

“Hoy se marca un hito muy importante, hemos visto cómo se restablecen los vuelos internacionales hacia Colombia y empieza la ciudad de Cartagena como la anfitriona”, dijo el mandatario desde la capital del departamento de Bolívar (norte).

Las dos primeras rutas conectan al país sudamericano con Estados Unidos, y se espera que próximamente salgan y lleguen viajes de Brasil, Bolivia, Guatemala, Ecuador, República Dominicana y México.

Hoy reiniciarán también vuelos comerciales internacionales en Bogotá.

“Vimos decenas de colombianos contentos de regresar a su país, de visitar a sus seres queridos a través de vuelos con fuertes protocolos de bioseguridad”, señaló Duque.

Considerada Patrimonio Histórico Mundial por la Unesco, Cartagena de Indias es uno de los principales sitios turísticos de Colombia, con la llegada de cruceros y miles de turistas extranjeros cada año.

La urbe fue severamente afectada por el nuevo coronavirus, al punto que en junio se acumularon cadáveres en hospitales y casas ante demoras en la recolección de cuerpos. Pero la curva de contagios se estabilizó en septiembre, según el Instituto Nacional de Salud.

Colombia detectó un primer caso de la Covid-19 proveniente de Italia el 6 de marzo y cerró sus fronteras aéreas 17 días después.

Desde entonces, la pandemia ha dejado más de 24 mil muertes y 750 mil contagios en esta nación de unos 50 millones de habitantes.

En el municipio de Buenos Aires, Cauca, se dio “la masacre de por lo menos 6 personas” cuando un grupo armado “lanzó una granada y disparó con armas largas” contra los asistentes del recinto de peleas de gallos, dejando además un número desconocido de heridos, indicó la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) en un comunicado.

El flamante director del organismo, Carlos Camargo, agregó en un video a medios que la institución “alertó” de la creciente violencia en la zona “desde hace cinco meses”.

De acuerdo con lo que dijo a la AFP la policía local, “un menor de edad” perdió la vida en el ataque.

@DefensoriaCol rechaza la persistencia de hechos como los ocurridos hoy en Munchique, Municipio Buenos Aires, #Cauca. Insistimos en urgente necesidad de erradicar los factores de violencia que afectan los derechos y ponen en constante peligro la vida de los colombianos. pic.twitter.com/qYMHMDN8to

— Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) September 20, 2020

El alcalde de Buenos Aires, Óscar López, rechazó “de manera rotunda” los “hechos de barbarie” en un comunicado, y pidió ayuda del gobierno para construir escenarios de paz en este municipio donde ya se había registrado la matanza de tres personas el 30 de abril.

Por su parte, el general Marco Mayorga, comandante de la tercera división del ejército, señaló en un video como presunto autor de la agresión a la disidencia de las FARC conocida como “Jaime Martínez”.

Además de los rebeldes que rechazaron el pacto de paz de 2016, guerrilleros del ELN, grupos armados origen paramilitar y bandas narcotraficantes se disputan las más de 17.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en el departamento con salida al Pacífico, así como las rentas de la minería ilegal y la extorsión.

Según el observatorio independiente Indepaz, se trata de la novena masacre - o asesinato de al menos tres personas en un mismo evento - registrada este año en el Cauca, y la sexagésima ocurrida en el país en el mismo lapso.

Sin identificar quiénes ni cuántos agentes serán detenidos, un vocero de la fiscalía confirmó en un mensaje a la prensa la “expedición de las órdenes” y el “proceso de captura” en curso.

Ordóñez, un ingeniero de 43 años de edad, falleció tras recibir un brutal castigo por parte de dos policías en Bogotá. Otros cinco agentes también fueron vinculados.

En un video se ve cómo los agentes someten en el suelo al hombre y le propinan varias descargas con un arma eléctrica, mientras desoyen sus súplicas. Aunque no existe registro sobre lo que ocurrió después, su familia y amigos aseguran que Ordóñez murió antes de llegar al hospital por una golpiza adicional de los uniformados.

El abogado de la víctima pide que los policías sean procesados por tortura y homicidio agravado.

Según la primera versión de la policía, Ordóñez se habría resistido a una detención por protagonizar una riña. La familia dice que los uniformados lo abordaron cuando salía a comprar licor en compañía de dos amigos.

Este padre de dos niños de 11 y 15 años, comerciante y estudiante de Derecho, era un desconocido hasta el 9 de septiembre. Pero su rostro se convirtió en el símbolo de masivas y violentas protestas contra la brutalidad policial, que dejan 12 muertos, 258 civiles heridos, 315 policías lesionados y 95 puestos de mando atacados.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció que algunos agentes recurrieron al “uso indiscriminado de la fuerza” y “de armas de fuego” en las protestas. La policía indicó que 58 de ellos son investigados.

Sin identificar quiénes ni cuántos efectivos serán detenidos, un vocero de la fiscalía confirmó en un mensaje a la prensa la “expedición de las órdenes” y el “proceso de captura” en curso.

Ordóñez, un ingeniero de 43 años, falleció tras recibir un brutal castigo por parte de dos policías en Bogotá. Otros cinco efectivos también fueron vinculados a la investigación.

En un video que se hizo viral, se ve cómo los uniformados someten en el suelo al hombre y le propinan varias descargas con un arma eléctrica, mientras desoyen sus súplicas.

Aunque no existe registro sobre lo que ocurrió después, su familia y amigos aseguran que Ordóñez falleció antes de llegar al hospital por una golpiza adicional de los uniformados.

La defensa de la víctima pide que los policías sean procesados por “tortura” y “homicidio agravado”.

Según la primera versión de la policía, Ordóñez se habría resistido a una detención por protagonizar una riña. La familia dice que los uniformados lo abordaron cuando salía a comprar licor en compañía de dos amigos.

Este padre de dos niños de 11 y 15 años, comerciante y estudiante de Derecho era un desconocido hasta el 9 de setiembre.

Pero su rostro se convirtió en el símbolo de masivas y violentas protestas contra la brutalidad policial, que dejan 12 muertos, 258 civiles heridos, 315 policías lesionados y 95 puestos de mando atacados.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció que algunos uniformados recurrieron al “uso indiscriminado de la fuerza” y “de armas de fuego” durante las manifestaciones. La policía indicó que 58 de ellos están siendo investigados por presuntamente disparar a la gente que protestaba.

El caso de Ordóñez evocó el del afroestadounidense George Floyd. Su muerte en mayo, asfixiado en Minneapolis por un policía blanco que desatendió sus súplicas mientras lo inmovilizaba en una detención, desencadenó una ola de protestas en Estados Unidos.

“El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”, dijo la dirigencia del hoy partido político en el mensaje de perdón más contundente que ha enviado desde que firmó la paz en 2016.

La que fuera la organización rebelde más poderosa de América, implicada en un conflicto de casi seis décadas, admitió adicionalmente que el “el secuestro (...) hirió de muerte” la “legitimidad y credibilidad” de su alzamiento armado contra el Estado colombiano.

“Este lastre (...) hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y cada uno de nosotros”, agregó en una declaración pública.

La otrora guerrilla está respondiendo por delitos atroces ante el tribunal creado a partir de los acuerdos de paz que permitieron la desmovilización de unos 13 mil rebeldes, incluidos unos 7 mil combatientes.

En su mensaje, aseguró que hoy entiende el dolor que le causó a “tantas familias” y citó el caso de Andrés Felipe Pérez, un niño de 12 años que murió de cáncer en 2001 mientras su padre, un cabo de la policía, estaba en poder de los rebeldes.

El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona.

Reiteramos nuestro compromiso para rendir cuentas ante la justicia. pic.twitter.com/CxdJ99crzj

— FARC (@PartidoFARC) September 14, 2020

Las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desoyeron sus súplicas para liberar al uniformado, que terminó siendo asesinado en cautiverio en un supuesto intento de fuga.

“Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez (...) No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados”, manifestó el partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

La justicia de paz investiga más de 20 mil secuestros por parte de los rebeldes que depusieron las armas, entre ellos los de cientos de uniformados y varios políticos como la colombo-francesa Íngrid Betancourt, quien pasó seis años en cautiverio antes de ser liberada en una operación militar en 2008.

Los responsables de la antigua guerrilla podrán evitar la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia. En caso de que incumplan, podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

Además del secuestro, los jefes rebeldes de antaño están rindiendo cuentas por reclutamiento de menores entre otras acciones.

Aunque el desarme de las FARC alivió sensiblemente la violencia en Colombia, todavía operan grupos armados que se financian del narcotráfico y que en las últimas semanas han desatado una ola de masacres y asesinatos que también cuentan entre sus víctimas a los exguerrilleros.

El análisis técnico de 50 videos y una investigación interna permitieron identificar a 58 uniformados “que aceptaron haber disparado o que perdieron munición” durante las manifestaciones del miércoles y jueves, precisó a la AFP un responsable de prensa de la policía.

En Bogotá y el vecino municipio de Soacha murieron 12 personas, en su mayoría jóvenes alcanzados por proyectiles, según autoridades.

Un balance previo había incluido una víctima más pero la cifra fue corregida a la baja por la alcaldía de la capital, que denunció que efectivos policiales dispararon “indiscriminadamente” durante dos noches de disturbios caos y ataques a puestos policiales.

Además de las investigaciones abiertas, siete efectivos están siendo procesados por el caso de Javier Ordóñez, por estar presuntamente vinculados al brutal castigo que recibió durante una detención y que le causó la muerte, dijo el director encargado de la Policía, el general Gustavo Moreno, en una rueda de prensa con el ministro de Defensa.

Fue una actuación “por fuera de los protocolos” y “ese no es el deber ser de un policía”, dijo el ministro, Carlos Holmes Trujillo.

Sin hacer referencia a la actuación de los uniformados durante las protestas, el jefe de la cartera rechazó “el vandalismo” en las calles de Bogotá y otras ciudades y lo describió como un “ataque coordinado, sistemático, planeado, premeditado y doloso”.

El gobierno asegura que las manifestaciones fueron infiltradas por el ELN, última guerrilla reconocida en Colombia, y disidencias de las FARC que no se acogieron al histórico acuerdo de paz de 2016.

“La amenaza es real, hay una clara intencionalidad (...) del ELN y las FARC por radicalizar la protesta en Colombia”, denunció el general Moreno.

En el marco de la violenta agitación social también resultaron heridos 258 civiles, 315 policías, mientras 95 puestos de mando fueron atacados.

Consultada por la AFP, la policía dijo que solo un uniformado había sido herido de bala.

El caso de Ordóñez, de 43 años, evocó el del afroestadounidense George Floyd. Su muerte en mayo, asfixiado en Minneapolis por un policía blanco que desoyó sus suplicas mientras lo inmovilizaba en una detención, desató una ola de protestas en Estados Unidos.

Dejó huérfanos a dos niños de 11 y 15 años, una novia destrozada y sueños truncados. “Lo que más me duele es la forma en que me lo mataron (...) sin piedad, esa tortura, me imagino lo que habrá sufrido”, dijo Maura Dotti, de 33 años y novia de Javier durante los últimos cinco.

Era ingeniero aeronáutico y estaba a punto de graduarse como abogado a la edad de 43. Pero su verdadero sustento era el comercio y la renta de un taxi propio.

Sus allegados coinciden en que tenía un sello personal: el carisma. Los chistes siempre en la punta de la lengua, tenía un vozarrón que se escuchaba desde lejos, era un hombre “de corazón muy noble”, recuerda la Mona (rubia), como le decía Javier a su pareja.

De abuelo italiano y madre de una hija de 14 años, Maura asegura que Javier era “excelente” padre y padrastro.

Tenía planeado terminar de estudiar Derecho y viajar al “exterior, para hacer una especialización (...) en Barcelona, donde está la mamá”, contó la mujer.

Hoy, por cuenta de su suplicio, representa en Colombia lo que George Floyd, el hombre negro que murió a manos de un policía blanco, para muchos estadounidenses: el símbolo contra el abuso policial.

Cuando estaba con sus hijos “eran tres niños juntos”, afirmó Angélica Garzón, psicóloga y exesposa de Javier. Tras 10 años de matrimonio y 5 de divorcio, mantenían una relación “cordial”. Él “era capaz de sacarse el pan de la boca por ayudar a otra persona y no le gustaba la injustica”, indicó.

No más violencia

La familia de Ordóñez se conmueve con las protestas, pero fue enfática en repeler la violencia y los destrozos.

Desde que estallaron el miércoles han muerto 13 personas, la mayoría jóvenes que fueron alcanzados por disparos que venían presuntamente de la policía, según la alcaldía de Bogotá.

También hubo cientos de uniformados y civiles heridos, junto con decenas de puestos de policía destruidos y daños en vehículos de servicio público.

Su familia insiste en que “Javier murió en un acto demasiado violento” y no quieren “más violencia”. “Si esto le hubiera pasado a otra persona, estoy completamente segura que él no se hubiese quedado callado ante un acto tan reprochable”, dijo Garzón.

El miércoles pasado, Ordóñez fue detenido cuando salía a comprar licor y falleció tras ser llevado a un puesto policial en circunstancias que son investigadas.

Un video que se hizo viral muestra cómo dos uniformados lo someten a varias descargas con un arma eléctrica y desoyen sus ruegos.

“Cuando se apaga la cámara y se lo llevan a la estación de policía a él lo siguen golpeando dentro de la patrulla donde lo llevan y de ahí para allá lo siguen golpeando y al interior del puesto de mando lo terminan de rematar”, denunció el abogado Vadith Gómez. La defensa pide justicia por los delitos de “tortura y homicidio agravado”. Siete uniformados son investigados.

En un evento cerrado para evitar aglomeraciones en la pandemia, unas 150 personas fueron convocadas en la Plaza de Bolívar, el centro político del país.

La alcaldesa pidió perdón por cada una de las víctimas mortales, en su mayoría jóvenes presuntamente baleados por miembros de la policía.

“Reconocer la gravedad de lo ocurrido (...) honrar la memoria de las víctimas y el dolor de sus familias es el primer paso indispensable para construir un proceso de verdad y justicia que posibilite uno de reconciliación”, añadió López mientras varios espectadores rompían en llanto.

Las manifestaciones comenzaron el miércoles en rechazo al presunto homicidio de Javier Ordóñez, un ingeniero de 43 años que recibió un brutal castigo por parte de dos policías.

En las protestas posteriores fallecieron 13 personas, la mayoría a tiros. Además, 178 civiles quedaron heridos, de los cuales 75 tenían lesiones de bala, según la alcaldesa.

De los disturbios y choques entre manifestantes y la fuerza pública también resultaron heridos 194 uniformados, aunque la policía no ha precisado cuántos de ellos por heridas de bala. Varios puestos de mando conocidos como CAI fueron atacados.

López denunció el “uso indiscriminado de armas de fuego” por parte de la fuerza pública, pese “a las claras instrucciones impartidas (...) para que nunca se usen armas letales” durante las manifestaciones.

En medio del evento, Bryan Baquero, que perdió a su hermana Angie de 19 años, tomó la palabra.

“Estamos viviendo un momento de tristeza, dolor, angustia”, dijo conmovido.

La víspera la alcaldesa publicó en sus redes sociales una invitación al evento para el presidente Iván Duque, escrita con su puño y letra. Pero el mandatario no asistió a la ceremonia.

“Aquí debería estar el presidente, debería estar la policía nacional”, extrañó Mayra Páez, viuda de Jader Fonseca, de 17 años.

“A mi esposo no fue una bala perdida [lo que lo mató], fueron cuatro tiros, a él lo acribillaron”, añadió afectada.

La muerte de Javier Ordóñez, detonante del descontento en las calles, está en investigación.

Su caso evocó el del afroestadounidense George Floyd. Su muerte en mayo asfixiado en Minneapolis por un policía blanco que desoyó sus suplicas mientras lo inmovilizaba en una detención, desató una ola de protestas a lo ancho de Estados Unidos.

El padre Francisco de Roux, superior de la comunidad jesuita de Colombia, se preguntó durante la ceremonia: “¿Por qué los mataron? ¿por qué había esa idea de que las armas se pueden usar para irrumpir contra la protesta legítima?”.

A pocos metros, Camilo Medina, un músico de 20 años, arenga a un grupo de jóvenes que marcha contra la brutalidad de la policía, que el miércoles mató a un hombre y desencadenó la jornada más violenta que se recuerde en la capital colombiana en décadas.

“Uno no sabe a quién tenerle más miedo, si a la policía o al ladrón”, dice a la AFP Medina.

Desde que estallaron las manifestaciones por el homicidio bajo investigación de Javier Ordóñez, un hombre de 43 años sometido a un castigo que incluyó repetidas descargas con un arma eléctrica, 13 civiles han muerto, 10 de ellos en Bogotá.

La mayoría, muchachos como Camilo que recibieron disparos. “Ha sido una auténtica masacre de jóvenes”, afirmó la alcaldesa Claudia López, opositora del gobierno.

Otras 72 personas han resultado heridas con proyectiles y al menos 49 puestos de policía han sido vandalizados por manifestantes.

“He visto todo el tiempo agresiones. En [el barrio de] Villa Luz la policía le estaba disparando a la gente desarmada”, coincide un docente de 26 años que protesta junto a Medina, pero prefiere no dar su nombre a la AFP por miedo a represalias.

Lo que comenzó con una expresión de rabia por los excesos de la fuerza pública tuvo una reacción insospechada.

Agentes uniformados o de paisano dispararon “indiscriminadamente en diferentes barrios”, en acciones que quedaron grabadas en hora y media de video, dijo López.

Según la alcaldesa, entregó las grabaciones al presidente Iván Duque, junto a “119 denuncias documentadas” de agresión, abuso o de disparos hechos por la policía.

La orden cautelar, firmada por tres magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en respuesta a una demanda ciudadana, indica que “no existe claridad acerca de las condiciones de otorgamiento” del préstamo “ni de las garantías reales verificadas para su respaldo”.

El gobierno de Iván Duque tiene un plazo de 10 días para contestar a la reclamación y aportar pruebas que demuestren la idoneidad de este crédito financiado con recursos de un fondo público para paliar las afectaciones económicas que dejan seis meses de emergencia sanitaria por la Covid-19.

La difícil situación financiera de Avianca, “preexistente a la (...) pandemia”, y la reestructuración de su deuda en Estados Unidos justificaron la suspensión temporal del desembolso, según el auto del tribunal.

A finales de agosto, el Ministerio de Hacienda defendió el millonario crédito que vencía en noviembre de 2021 ante las “repercusiones negativas” que tendría para la economía colombiana la caída de la segunda aerolínea de América Latina.

Pero este salvavidas fue rechazado por la oposición, que lo considera una muestra de supuesto favoritismo del gobierno en detrimento de miles de pequeñas empresas afectadas por la crisis. Avianca registró el año pasado una pérdida neta de 894 millones de dólares, contra 1.1 millones de ganancia en 2018.

A raíz de la pandemia, la empresa se acogió a la ley de bancarrota en Estados Unidos y anunció licencias no remuneradas para 12 mil de sus más de 20 mil empleados de planta.

Duque anunció la reanudación paulatina de los vuelos internos este mes, mientras el tráfico aéreo internacional podría en principio restablecerse en octubre.

En Bogotá, apenas unas 60 personas se concentraron frente a un puesto de policía del centro de la ciudad en rechazo a los excesos de la fuerza pública durante las jornadas de protesta.

“Esperamos que (el presidente conservador Iván) Duque reinterprete lo que está pasando con esta institución que ya (...) no respetamos, ellos no nos defienden, son opresores”, dijo una participante, Rocío Peña, a varios periodistas en el lugar.

La ONG local Temblores denunció un presunto abuso sexual a tres mujeres en ese pusto de mando durante la jornada de protestas del jueves lo que convocó a los manifestantes en este punto del corazón de la capital.

Bajo las consigas “tombo (policía) violador” y “asesinos”, decenas de personas rechazaron también la muerte de Javier Ordóñez el miércoles, de 43 años y padre de dos hijos.

La agresión policial ocurrió en el noroeste de Bogotá y se dio a conocer inicialmente a través de un video que desató la ira popular contra el cuerpo de uniformados.

Una secuencia de dos minutos muestra a dos efectivos cuando reducen a Ordóñez y, ya en el suelo, le propinan al menos cinco descargas de varios segundos con un arma eléctrica.

En Cali (suroeste) unos 40 manifestantes se reunieron para apoyar a la fuerza pública, blanco del descontento en las calles.

“Estoy acá porque me duele que mis hijos vean las noticias y vean todos estos actos vandálicos y a la gente tildando a los policías de malas personas, de asesinos”, dijo a la AFP Alejandra Salazar, de 33 años y esposa de un subintendente del cuerpo.

En Medellín y otras ciudades la convocatoria no tuvo mayor adhesión.

En las protestas - que el gobierno vincula con un “vandalismo sistemático y coordinado” - han muerto 13 personas, en su mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores.

La alcaldesa de la capital, Claudia López, opositora del gobierno, aseguró tener pruebas “sólidas” del “uso indiscriminado” de la fuerza y armas de fuego por parte de algunos uniformados contra los manifestantes.

La orden cautelar, firmada por tres magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en respuesta a una demanda ciudadana, indica que “no existe claridad acerca de las condiciones de otorgamiento” del préstamo “ni de las garantías reales verificadas para su respaldo”.

El gobierno de Iván Duque tiene un plazo de 10 días para contestar a la reclamación y aportar pruebas que demuestren la idoneidad de este crédito financiado con recursos de un fondo público para paliar las afectaciones económicas que dejan seis meses de emergencia sanitaria por la covid-19.

La difícil situación financiera de Avianca, “preexistente a la (...) pandemia”, y la reestructuración de su deuda en Estados Unidos justificaron la suspensión temporal del desembolso, según el auto del tribunal.

A finales de agosto, el Ministerio de Hacienda defendió el millonario crédito que vencía en noviembre de 2021 ante las “repercusiones negativas” que tendría para la economía colombiana la caída de la segunda aerolínea de América Latina.

Pero este salvavidas fue rechazado por la oposición, que lo considera una muestra de supuesto favoritismo del gobierno en detrimento de miles de pequeñas empresas afectadas por la crisis.

Principal aerolínea de Colombia, Avianca registró el año pasado una pérdida neta de 894 millones de dólares, contra 1,1 millones de ganancia en 2018.

A raíz de la pandemia, la empresa se acogió a la ley de bancarrota en Estados Unidos y anunció licencias no remuneradas para 12.000 de sus más de 20.000 empleados de planta.

Aunque el nuevo coronavirus sigue circulando en Colombia, donde ha dejado hasta ahora más de 22.500 muertes y 700.000 contagios, el país entró desde el 1 de septiembre en una fase de reactivación de la mayoría de los sectores económicos.

Duque anunció la reanudación paulatina de los vuelos internos este mes, mientras el tráfico aéreo internacional podría en principio restablecerse en octubre.

Avianca Holdings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airline.

En un intento por aplacar las manifestaciones, reprimidas violentamente, el ministro de Defensa acompañado de los mandos policiales expresó su “dolor e indignación” por la muerte de Javier Ordóñez, de 43 años, hace dos días en un barrio del oeste de Bogotá.

“La policía nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”, dijo el ministro Carlos Holmes Trujillo.

En Colombia, un país con un conflicto de más de seis décadas, la institución policial depende de la cartera de Defensa.

El abogado de Ordóñez aseguró que los policías lo “masacraron” a golpes en el puesto policial adonde lo llevaron tras someterlo en el suelo a repetidas descargas con un arma eléctrica.

El video viral en que se le ve suplicando para que detengan los choques eléctricos, destapó la ira popular contra la policía, que arrastra denuncias de excesos desde las masivas protestas contra el gobierno en 2019 y que aumentaron en la pandemia.

Entre miércoles y jueves estallaron disturbios, enfrentamientos y una serie de ataques contra puestos de mando conocidos como CAI en Bogotá, Medellín y Cali.

Para este viernes están previstas nuevas protestas en la capital bajo el lema “nos están masacrando”, que fueron convocadas por grupos de WhatsApp.

“Ese no es un problema que venga solamente de ahora, es un problema que hemos tenido siempre con las fuerzas de policía y con las militares. Aquí siempre se ha usado como el exceso de fuerza”, dijo a la AFP José María Builes, residente de Bogotá.

En las protestas - que el gobierno vincula con un “vandalismo sistemático y coordinado” - han muerto 13 personas, en su mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores, según un reciente balance.

También las autoridades han informado de 209 civiles y 194 uniformados heridos, aunque sin precisar el número de policías atacados por bala, mientras que, según la alcaldía de Bogotá, 68 ciudadanos han sido alcanzados por los proyectiles.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora del gobierno, aseguró tener pruebas “sólidas” del “uso indiscriminado” de la fuerza y armas de fuego por parte de algunos policías contra los manifestantes.

Un sinnúmero de videos que circulan en redes sociales - algunos compartidos por autoridades - muestran a uniformados que son atacados y responden con disparos.

Este viernes López dijo en Twitter que el jueves hubo ocho heridos más “por armas de fuego” y volvió a sugerir que detrás están uniformados.

“Desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía. ¿Entonces a quién obedecen? Urge justicia, acción y reforma!”, añadió la mandataria.

El presidente Iván Duque prometió investigar los presuntos abusos de la fuerza pública, pero rechazó que se “estigmatice” a la policía como “asesinos” por “responsabilidades puntuales”.

Mientras avanza la investigación penal sobre lo ocurrido con Ordóñez, la policía abrió un proceso interno contra dos agentes “por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio”, precisó Holmes Trujillo.

También “se ha tomado la determinación de suspender a cinco policías más” implicados en la agresión, de acuerdo al ministro.

Según la defensa, Ordóñez fue abordado por los agentes cuando iba con unos amigos a comprar alcohol en la noche, lo persiguieron hasta la entrada del edificio donde vivía, lo golpearon “brutalmente” y le aplicaron las “descargas eléctricas”.

“Y luego terminan con su acto criminal” en el puesto de policía, dijo el abogado Vadith Gómez a Blu Radio.

Ordóñez era un ingeniero que estaba a punto de culminar sus estudios de Derecho y tenía dos hijos, según su familia.

El caso hizo reflotar denuncias sobre excesos cometidos por la fuerza policial.

Según la alcaldía de Bogotá, en lo que va de año ha habido 137 denuncias contra policías.

A raíz de ello, académicos y políticos están presionando por reformas que le quiten al Ministerio de Defensa el control de la policía y regulen su uso de armas para la contención de protestas.

El descontento comenzó tras viralizarse el miércoles un video que muestra como Javier Ordoñez, de 43 años, es sometido por dos efectivos y, ya en el suelo, uno de los agentes le propina varias descargas con un arma eléctricas pese a sus súplicas.

Lea aquí: Violentas protestas en Bogotá contra abusos de la Policía

Ordóñez, que según su familia fue detenido cuando salía a comprar licor, murió tras ser llevado a un puesto policial en circunstancias que son investigadas.

Ese episodio de brutalidad policial desató fuertes manifestaciones contra los uniformados que, según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora al gobierno, recurrieron al “uso indiscriminado” de la fuerza y armas de fuego durante las protestas.

Durante las manifestaciones murieron 11 personas, en su mayoría jóvenes entre 17 y 27 años que fueron baleados. También hay cientos de heridos entre civiles (209) y uniformados (188), pero no se ha informado de policías atacados a tiros mientras que 66 ciudadanos fueron alcanzados por proyectiles.

Esto iba a explotar “en algún momento: la gente desconfía abiertamente de la policía y la policía tiene la noción de que su enemigo es la ciudadanía que sale a manifestarse”, sostiene la politóloga Sandra Borda, autora de estudios sobre la protesta social.

Según la experta, la policía “tiene un altísimo grado de militarización” por cuenta del largo conflicto con las guerrillas y la lucha antinarcóticos, desdibujando su papel protector.

En los últimos seis años ha crecido el rechazo hacia la institución. La imagen negativa pasó de 40% en promedio a 57% en agosto de 2020, según la encuestadora Invamer.

Y la pandemia pudo ser un detonante de la crisis de confianza que enfrenta, sostienen analistas.

Las manifestaciones y los disturbios estallaron tras la agresión policial a Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que falleció tras recibir en el suelo repetidas descargas con un arma eléctrica, en circunstancias que las autoridades están investigando.

El ataque fue filmado por uno de sus amigos.

Ayer, jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora del gobierno, denunció que la policía, que era blanco de los reclamos por esta acción, usó indiscriminadamente la fuerza y las armas de fuego. “Hay evidencia sólida del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la policía (...) ¿Qué clase de entrenamiento reciben para tener esa respuesta absolutamente desproporcionada ante una protesta?”, dijo.

En la capital, se desataron fuertes choques que quedaron registrados en celulares, al igual que una cadena de ataques a puestos de mando conocidos como Centros de Atención Inmediata (CAI).

Uno de los heridos es Frankpierre Charry, de 23 años, quien, según su familia, quedó atrapado en uno de los enfrentamientos en el sur de Bogotá. Hoy está al borde de la muerte en un hospital.

“La policía empezó a disparar como loca. Él salió corriendo, iba por una cuadra, se encontró con dos policías que estaban escondidos y le dispararon”, declaró a la AFP su madre, Blanca Clavijo.

“Los médicos dicen que le dieron un tiro por la espalda, desde muy cerca, que impactó su estómago y le dañó los intestinos, el colon”, agregó desconsolada la mujer.

En las grabaciones compartidas por testigos en redes sociales se ve a gente despavorida huyendo entre estruendos y disparos. “¡Le dieron!, ¡le dieron!”, se escucha decir a un hombre mientras otro ensangrentado, tendido en el suelo, es arrastrado por manifestantes.

El gobierno inicialmente reportó siete muertos, 56 sedes de policía “vandalizadas” y 70 detenidos.

De su lado, López habló de 362 heridos: 248 civiles y 114 uniformados. Y aseguró que seis de los muertos, de entre 17 y 27 años, tenían impactos de bala.

La causa

La agresión que destapó la ira y la represión ocurrió en la madrugada del miércoles en el noroeste de Bogotá.

La secuencia de unos dos minutos muestra a dos agentes cuando reducen a Ordóñez, a quien, ya en el suelo, le propinan al menos cinco descargas de varios segundos con un arma eléctrica. “Ya, por favor, no más”, se escucha suplicar a Ordóñez en repetidas ocasiones. El hombre fue conducido luego a un puesto policial y de ahí a una clínica, donde falleció.

Las investigaciones y necropsia en curso deberán determinar si Ordóñez recibió más castigo en el CAI al que fue conducido, como sugiere su familia.

Los agentes que detuvieron a Ordóñez ya fueron suspendidos, dijo el ministro de Defensa.

El caso evocó al del afroestadounidense George Floyd, quien en mayo murió asfixiado en Minneapolis a manos de un policía blanco que desoyó sus suplicas mientras lo inmovilizaba en una detención. Tras su fallecimiento se desataron fuertes protestas en Estados Unidos que todavía se mantienen.

En el presunto homicidio que envuelve a uniformados colombianos todavía hay preguntas por responder.

En una primera versión, la policía dijo que los uniformados atendieron un llamado por desórdenes causados por consumo de alcohol. Ordóñez supuestamente agredió a los agentes, que respondieron empleando su arma Taser.

Ayer, el presidente Iván Duque volvió a prometer una investigación “con total rigor para tener absoluta certeza sobre los hechos”.

Sin embargo, rechazó que se “estigmatice y se les llame asesinos” a los uniformados por “responsabilidades” puntuales de algunos agentes.

Pero la alcaldesa López insistió en una “reestructuración profunda” de la policía.

Según López, en lo que va del año se han presentado 137 denuncias por uso excesivo de la fuerza de la policía en Bogotá. “Hay un problema estructural de casos de abuso policial y, además, impunidad”, se quejó.

En medio de nuevos llamados a manifestaciones, el gobierno anunció igualmente que reforzará el pie de fuerza en Bogotá, con mil 600 policías y 300 militares.

Dos de los escándalos por abusos policiales ocurrieron anteriormente también en Bogotá.

En noviembre de 2019, Dilan Cruz, un joven de 18 años que participaba de una protesta antigubernamental, fue herido fatalmente en la cabeza con una munición de perdigones disparada por un miembro del escuadrón antidisturbios de Bogotá.

Y en agosto de 2011, un artista urbano identificado como Diego Becerra murió luego de que un policía le disparara mientras pintaba un grafiti.

“Desde la alcaldía de Bogotá podemos afirmar que anoche hubo uso indiscriminado de la fuerza (...), uso indiscriminado de la fuerza, de armas de fuego en varios puntos de la ciudad por parte de miembros de la policía, que por supuesto no tenían ninguna autorización de usar esas armas”, señaló Claudia López en una declaración por Facebook.

Las manifestaciones y disturbios estallaron la noche del miércoles en varios puntos de la capital colombiana y se extendieron a ciudades como Medellín y Cali.

En Bogotá hubo fuertes choques que quedaron registrados en videos, y una cadena de ataques a puestos de mando conocidos como Centros de Atención Inmediata (CAI).

Según el balance del gobierno, siete personas fallecieron, cientos resultaron heridas y hubo múltiples destrozos en puestos policiales.

López precisó que seis de las víctimas tenían entre 17 y 27 años y todas fallecieron por heridas de bala.

“Al uso indiscriminado de armas de fuego no se le puede considerar abuso policial. Eso es un atentado directo a ciudadanos inermes, a civiles, jóvenes en su inmensa mayoría”, afirmó López.

La agresión que desató las manifestaciones ocurrió en la madrugada del miércoles en el noroeste de Bogotá.

La secuencia de unos dos minutos muestra cómo dos efectivos reducen a Javier Ordóñez, un abogado de 46 años y padre de dos hijos. Ya en el suelo, le propinan al menos cinco descargas de varios segundos con un arma eléctrica.

“Ya, por favor, no más”, se escucha suplicar a Ordóñez en repetidas ocasiones. El hombre fue conducido luego a un puesto policial y de ahí a una clínica donde falleció.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció en la madrugada del jueves una recompensa por “la captura de los autores del homicidio de cinco personas durante esta jornada violenta en Bogotá” y en el vecino municipio de Soacha.

#Atención
Desde este momento se reforzará dispositivo de @PoliciaBogota con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. Asimismo, 300 soldados de la #Brigada13 @COL_EJERCITO apoyarán la labor de seguridad en la capital del país.
CC @Bogota @infopresidencia pic.twitter.com/kkFj8ZJ60q

— Mindefensa (@mindefensa) September 10, 2020

La agresión policial ocurrió en el noroeste de Bogotá y se dio a conocer inicialmente a través de un video que desató la ira popular contra el cuerpo de uniformados.

En la secuencia de unos dos minutos se muestra a dos efectivos cuando reducen a Javier Ordóñez, un abogado de 46 años y padre de dos hijos. Ya en el suelo, le propinan al menos cinco descargas de varios segundos con un arma eléctrica.

“Ya, por favor, no más”, se escucha suplicar a Ordóñez en repetidas ocasiones.

El caso evocó el del afroestadounidense George Floyd, quien en mayo murió asfixiado a manos un policía blanco que desoyó sus suplicas mientras le inmovilizaba durante un procedimiento. Tras su deceso se desataron fuertes protestas en el noroeste de Estados Unidos que todavía se mantienen.

En el presunto homicidio que envuelve a uniformados colombianos todavía no se conocen las circunstancias y causas precisas del fallecimiento del hombre.

Luego de recibir descargas eléctricas, Ordóñez fue conducido a un puesto policial y de ahí a una clínica donde falleció a primeras horas de este miércoles.

Según el coronel Necton Borja, comandante operativo de la policía de Bogotá, el episodio se produjo cuando uniformados acudieron a atender un supuesto desorden provocado por “personas (...) en estado de alicoramiento”.

Ordóñez intentó “golpear a los policiales”, tras lo cual fue sometido con “un arma no letal”, dijo el oficial a W Radio.

En la tarde cientos de personas se lanzaron contra el puesto de policía donde Ordóñez fue llevado antes de morir.

Al grito de “resistencia”, los manifestantes arrojaron pintura roja y piedras contra el Centro de Atención Inmediata (CAI) y la emprendieron contra un vehículo de la fiscalía, según presenció un reportero de la AFP.

La policía trató de dispersar la multitud con granadas de estruendo y gases lacrimógenos, pero la protesta fue creciendo y ampliándose a otros barrios de Bogotá.

Medios locales reportaron disturbios, incendios y ataques a una decena de puestos de policía en el norte y el occidente de la capital. También hubo revueltas en Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y Neiva (centro).

La alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, denunció la muerte de Ordóñez como un “abuso policial”.

Y anticipó que buscará “una reestructuración profunda y seria al interior de la policía”, al tiempo que exigió “una condena ejemplar” contra los uniformados involucrados.

Según López, en lo que va del año se ha presentado 137 denuncias por uso excesivo de la fuerza de la policía en Bogotá.

“Hay un problema estructural de casos de abuso policial y, además, impunidad”, se quejó López tras una reunión con organismos oficiales y de derechos humanos.

El presidente conservador Iván Duque también rechazó la actuación de los uniformados.

“Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy (...) A cualquier deshonra del uniforme tenemos que exigir que se apliquen sanciones oportunas”, declaró el mandatario en un evento público.

De su lado, el ministro Holmes Trujillo, aseguró en una declaración a medios que “los dos agentes son ya objeto de investigación disciplinaria y penal”.

Sin embargo, el jerarca repudió “el vandalismo y la violencia” de las protestas en un video subido a las redes sociales.

La policía colombiana se ha visto inmersa en varios escándalos por abuso de fuerza.

En noviembre de 2019, Dilan Cruz, un joven de 18 años que participaba de una protesta antigubernamental, fue herido fatalmente en la cabeza con una munición de perdigones disparada por un miembro del escuadrón antidisturbios de Bogotá.

Y en agosto de 2011 un artista urbano identificado como Diego Becerra murió luego de que un policía le disparara mientras pintaba un grafiti en Bogotá.

En 2019, la ONU documentó al menos 15 víctimas mortales de abusos de la fuerza pública en Colombia, según un informe sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las matanzas -u homicidios de tres o más personas en un mismo evento- ocurrieron en los últimos tres días en los departamentos de Antioquia (noroeste), Bolívar (norte) y Cesar (noreste).

En el primer hecho, cinco personas fueron asesinadas este lunes “presuntamente por un grupo armado” en un paraje del municipio de Zaragoza, Antioquia, indicó en rueda de prensa el coronel Ever Gómez, comandante de policía regional.

También este lunes, tres hombres murieron en un ataque armado en el municipio de Simití, Bolívar. Las muertes “ya están confirmadas, pero apenas están identificándolos”, dijo a la AFP el servicio de prensa de la policía.

De acuerdo con lo que señaló en Twitter la Agencia Prensa Rural, miembros de comunidades aledañas denunciaron “la presencia de grupos armados en la zona cercana a donde fueron asesinados 3 líderes sociales”.

En tanto, la policía dio cuenta de un ataque armado ocurrido el viernes en el municipio de Aguachica, César.

Una pareja de venezolanos falleció ese día y una tercera víctima murió este lunes a consecuencia de las heridas sufridas en la misma acción.

Según expertos, Colombia asiste a un nuevo ciclo de violencia que se evidencia en el repunte de masacres, cuando el país pensaba haber pasado la peor página del conflicto con el desarme de grupos paramilitares en 2006 y la firma de la paz con las FARC, diez años después.

Entre el 1 de enero y el 17 de agosto de este año, la ONU documentó 33 masacres en diferentes regiones, contra 36 en 2019, 29 en 2018 y 11 en 2017.

“Esta cordillera que por muchas décadas se sentía impenetrable (...) fue vencida por el ingenio”, celebró el mandatario, tras calificar el proyecto de infraestructura como el más importante en la historia de Colombia.

Según indicó Presidencia en un comunicado, el paso de unos 8.6 kilómetros “se convierte en el túnel carretero más largo de América Latina”. La obra, que tuvo un costo de $270 millones, reduce en 50 minutos el tiempo de desplazamiento entre Bogotá y Buenaventura, el puerto más importante del país sobre el Pacífico.

Se trata de un túnel construido a 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, que evita el ascenso al Alto de La Línea, ubicado 900 metros más arriba. Este tramo montañoso registraba un promedio de 200 accidentes de tránsito al año.

“Es una nueva masacre”, dijo a la AFP el servicio de prensa de la gobernación de Nariño, tras confirmar la autenticidad de un video de los hechos difundido en redes sociales.

En la grabación se observan los cadáveres de cuatro personas tiradas en un riachuelo, vestidas con jeans y algunas de ellas con camisetas y botas de caucho.

Por su parte, el secretario de gobierno departamental, Francisco Cerón, detalló en un video a medios de comunicación que los cuerpos de los sujetos “que presuntamente fueron ajusticiados con armas de fuego” fueron encontrados en el municipio de Buesaco, cerca de Pasto, capital regional.

No precisó sin embargo si la matanza ocurrió en el mismo lugar ni cuando se llevó a cabo.

Hasta el momento se desconocen también la identidad de los fallecidos y los motivos de la agresión.

Fronterizo con Ecuador y con acceso al Pacífico, Nariño es uno de los departamentos más afectados por la ola de violencia que acompaña una de las peores arremetidas de los grupos armados desde la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016.

En el último mes, al menos 21 personas fallecieron en cuatro matanzas en esta región, donde rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas narcotraficantes se disputan el dominio de miles de hectáreas de narcocultivos y la minería ilegal.

Entre el 1 de enero y el 17 de agosto, la ONU contabilizó 33 masacres - o asesinatos de al menos tres personas en un solo evento - en diferentes zonas del país. Luego de ello autoridades han registrado al menos ocho más.

Aunque el histórico pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alivió la violencia política, Colombia vive un conflicto que en casi seis décadas ha enfrentado a guerrillas paramilitares, narcos y agentes estatales, dejando más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

Los detenidos pertenecían a una disidencia de la exguerrilla conocida como Óliver Sinisterra y se les señala de asesinar a seis jóvenes el 22 de agosto, en una zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), fronteriza con Ecuador.

“Cuatro autores materiales e intelectuales han sido capturados y serán puestos a disposición de la justicia, esperamos que haya una sanción ejemplarizante” dijo el mandatario en una declaración conjunta con el fiscal general, Francisco Barbosa.

Según un comunicado del ente acusador, miembros del grupo armado entraron “a la vivienda de las víctimas” y las llevaron a “una zona boscosa” del municipio donde les dispararon “en varias oportunidades”.

Los presuntos responsables son Cristian Angulo, alias Samper; Carmen Amanda Parra, alias La Mona; Joni Angulo, alias Joni y Albeany Ángulo, de acuerdo al boletín.

La fiscalía les imputará los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Colombia vive en una de las peores arremetidas de grupos armados desde la firma de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en 2016.

Hasta el 17 de agosto Naciones Unidas había documentado 33 masacres en lo corrido del año.

Desde entonces han muerto al menos 29 personas en siete matanzas registradas en diferentes puntos del país.

El fiscal Barbosa aseguró por su parte haber esclarecido “seis homicidios múltiples que dejaron 32 víctimas en los departamentos de Norte de Santander (noreste), Cauca (suroeste), Antioquia (noroeste), Valle del Cauca (suroeste), Cundinamarca (centro), Arauca (noreste) y Nariño (suroeste)”, por los cuales “16 personas han sido judicializadas”.

El gobierno evita llamar masacres a este tipo de asesinatos, que atribuye a los grupos armados financiados con el narcotráfico.

Unos 2 mil 300 combatientes distribuidos en varios grupos conforman las llamadas disidencias de las FARC, que se dedican mayoritariamente al narcotráfico y la minería ilegal, según inteligencia militar.

Aunque el histórico pacto alivió la violencia política, Colombia vive un conflicto que en casi seis décadas ha enfrentado a guerrillas paramilitares, narcos y agentes estatales, dejando más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

El alto tribunal llevaba el proceso contra el exmandatario (2002-2010) y jefe del partido en el poder, pero decidió transferir el expediente a la fiscalía tras la renuncia de Uribe al puesto de senador que ocupaba desde 2014.

Atendiendo a la renuncia y “por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista”, el alto tribunal “dejará a disposición del fiscal general de la Nación al detenido exsenador”, indicó la corte en un comunicado.

En Colombia los expresidentes solo pueden ser investigados por el parlamento, pero Uribe, de 68 años, enfrentaba a la justicia en su condición de legislador.

Al renunciar a su escaño, su proceso pasará a manos de la fiscalía que deberá determinar si lo llama a juicio por presuntamente sobornar testigos y cometer fraude procesal en el caso que involucra al opositor y senador de izquierda Iván Cepeda.

A principios de agosto, la Corte Suprema ordenó su arresto domiciliario por considerar que el entonces senador podía torpedear la justicia mientras examinaba su eventual llamado a juicio.

Muy popular por su gobierno de mano dura contra las guerrillas, Uribe alegó falta de garantías e imparcialidad por parte del tribunal, y decidió entonces renunciar al Senado el 18 de agosto.

El caso que enreda al exmandatario inició en 2012. Ese año, en un debate en el Congreso, Cepeda vinculó a Uribe con los grupos paramilitares de ultraderecha que cometieron delitos atroces en su lucha clandestina contra guerrillas izquierdistas.

Uribe denunció que su adversario político trató de manipular a paramilitares presos para que testificaran en su contra.

Pero en un insospechado giro, la justicia eximió al opositor y decidió abrir una investigación en su contra por el mismo motivo.

En rueda de prensa, el senador Cepeda anunció que aunque acata la decisión, recusará al fiscal general Francisco Barbosa por considerar que no ofrece “garantías e imparcialidad” en la investigación.

Barbosa fue nombrado por la Corte Suprema luego de ejercer como alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales de Iván Duque, delfín político de Uribe.

Cepeda ha criticado a Duque por defender públicamente a Uribe, jefe natural del partido que lo llevó a la presidencia, y por supuestamente haber “interferido con la independencia del poder judicial en el caso”.

El exmandatario enfrenta acusaciones por las que podría pagar unos ocho años de prisión.

“El plan estaba diseñado y elaborado; por eso el actual (Alto) Comisionado (de Paz, Miguel) Ceballos coqueteaba con iniciar un diálogo, que era una propuesta falsa, para ver si les cuadraba el plan para capturar o aniquilar la Delegación a su regreso. Aún siguen esperando dicha oportunidad”, dijo la guerrilla izquierdista en su página web ELN Voces.

Según el comunicado, primero hubo un plan para matar a miembros del Comando Central del ELN que nació en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero en vista que éste ganó el Premio Nobel de la Paz tras el acuerdo firmado con la guerrilla FARC en 2016, debió desistir.

“En el nuevo gobierno, dichos planes siguieron caminando”, dice el ELN, y para ello el gobierno del derechista Iván Duque, que asumió el poder en agosto de 2018, usó un “doble juego”.

Por un lado planteó condiciones para retomar conversaciones, pero si esto no funcionaba, “echaban mano a las cartas guardadas, reactivar el golpe militar contra los dirigentes del ELN que participan en la delegación de diálogos” en La Habana, aseguró la guerrilla.

Duque rompió los diálogos con el ELN, que llevaba a cabo en Cuba su antecesor Santos, tras una ataque con carro bomba contra una academia de policía en Bogotá que dejó 22 víctimas, además del agresor, en enero de 2019.

Antes del ataque, Duque planteaba como requisito para retomar los diálogos que el ELN pusiera fin a “toda actividad criminal”, propuesta que la guerrilla guevarista rechazó por considerarla una exigencia unilateral.

Tras la ruptura, Duque pidió a Cuba que extraditara a la delegación, mientras el ELN clamaba por el respeto a los protocolos de retorno firmados ante países garantes, que permiten el regreso seguro de sus negociadores a sus campamentos en Colombia.

En los últimos días, Colombia vive un deterioro de la seguridad pública marcado por masacres en diferentes zonas. El ELN descarta su participación y responsabiliza de los hechos a grupos “narcoparamilitares”.

Reconocida como última guerrilla de Colombia, el ELN cuenta con unos 2,300 combatientes y una extensa red de apoyo urbana.

Surgida en 1964, la organización armada opera en el 12% de los 1,100 municipios colombianos, según investigaciones independientes.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda justificó el salvavidas ante las “repercusiones negativas” que tendría para la economía colombiana la caída de la segunda aerolínea de América Latina.

Frente a ese riesgo, el gobierno decidió financiar a Avianca con “un crédito hasta por $370 millones con vencimiento en noviembre de 2021”, precisó la cartera.

Según el Ministerio, el desembolso solo se hará efectivo cuando el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York avale la participación del Estado colombiano en la reestructura de la aerolínea.

El 10 de mayo Avianca comunicó su decisión de someterse a la ley de bancarrota de Estados Unidos, en un intento por reorganizar su deuda.

Entonces, la compañía adujo el impacto que tuvo en sus finanzas la suspensión de los vuelos alrededor del mundo, a causa de la pandemia.

Hacia finales de marzo, Avianca debió congelar el 100% de sus operaciones comerciales y dejar en tierra 142 aviones, ante las restricciones dispuestas por el gobierno para frenar la expansión del nuevo coronavirus.

Tras cinco meses de aislamiento obligatorio, con múltiples excepciones, el presidente Iván Duque ordenó relajar todavía más las medidas a partir de septiembre.

Con esto se espera la reanudación paulatina de los vuelos internos, mientras el tráfico aéreo internacional podría en principio restablecerse en octubre.

Aunque el virus sigue circulando, y ya deja casi 600,000 infectados y 19,000 muertos desde el 6 de marzo, el mandatario señaló que observa una tendencia a la baja en el número de contagios y fallecimientos.

A raíz de la emergencia, Avianca anunció licencias no remuneradas para 12,000 de sus más de 20,000 empleados de planta. De acuerdo con el gobierno, la compañía contribuye con “aproximadamente 500 mil empleos directos e indirectos” y su operación representa al año cerca del “1.4% del PIB”.

Principal aerolínea de Colombia, Avianca registró el año pasado una pérdida neta de $894 millones, contra 1.1 millones de ganancia en 2018.

Avianca Holdings la integran las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airline, con sedes en Centroamérica y Perú. En este último país, la empresa decidió su disolución y liquidación.

En medio de las restricciones sanitarias, este año el tradicional mundial se limitó a un singular concurso que definió a los ganadores a partir de videos y por suma de “clicks”.

Los colombianos Diana Franco Durango y Valentín Arias Delgado fueron los ganadores del tango Escenario con 7,833 votos del público, informó la organización.

Con larga experiencia, los colombianos se habían consagrado terceros en la edición de 2017, segundos en 2018 y quintos el año pasado.

En el tango de Pista, en tanto, se impusieron Louise Junqueira Malucelli y Marcos Roberts, representando a Argentina, con 6,530 votos.

La categoría Escenario es la más acrobática y permite saltos y piruetas coreográficas, mientras que la de Pista, también conocida como tango de salón es la que se baila en las milongas porteñas y la preferida del público local. En ella se premia, entre otras cosas, la conexión en el abrazo y el caminar de los bailarines.

“Un festival en un formato distinto, pero como siempre con un gran compromiso de parte de los artistas que participaron. Toda la calidad artística que fue presentada demuestra una vez más la vigencia del tango, el enorme aporte de sus creadores y su universalidad”, dijo el director artístico de TangoBA, Gabriel Soria.

El Mundial de Tango que se celebra cada agosto en Buenos Aires, con charlas, clases y conciertos además del baile de las parejas concursantes, se llevó a cabo a lo largo de la semana solo en versión on line, lo que generó críticas entre muchos tangueros.

La final del campeonato tampoco pudo hacerse como cada año en el estadio Luna Park de la capital argentina con capacidad para 12,000 espectadores, debido al aislamiento social que rige desde marzo.

El mundial 2020, que homenajeó el rol de la mujer en el tango, transcurrió en una ciudad a media marcha, golpeada por la pandemia, que deja más de 408,000 contagios y 8,400 muertos en todo el país.

En la edición 2019 habían competido 500 parejas y más de 500,000 personas participaron de espectáculos, clases, recitales y milongas en “el encuentro tanguero más importante del mundo”, como lo define la alcaldía.

Jorge Iván Ramos, de 52 años, perdió la vida el viernes a manos de un grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), reconocida como la última organización insurgente en Colombia, en el municipio de Montecristo, en el departamento de Bolívar.

El otrora jefe de un frente guerrillero “fue emboscado por cuatro hombres del ELN que lo amarraron, lo hicieron caminar una hora y luego lo asesinaron”, dijo a la AFP Édgar Viejo, también excombatiente y copartidario del líder asesinado.

Según su versión, el comando que interceptó el vehículo en que viajaba Ramos con su jefe de seguridad acusó al dirigente de izquierda de colaborar con los militares.

Ramos fue atacado cuando regresaba de inspeccionar una de las fincas que la disuelta guerrilla se comprometió a entregar dentro de los bienes destinados a la indemnización de las víctimas del conflicto armado.

El dirigente también estaba a cargo de la coordinación de un programa nacional de sustitución voluntaria de narcocultivos.

Las autoridades no se han pronunciado sobre este crimen que ocurrió en una zona bajo influencia exclusiva del ELN.

En un comunicado, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido de los acuerdos que pusieron fin a un levantamiento armado de seis décadas, repudió la nueva agresión contra sus miembros.

“Exigimos que el asesinato (...) no quede impune. Que se proteja a los excombatientes de FARC y a toda la militancia de nuestro Partido. Que la Comunidad Internacional verifique y se pronuncie frente a este hecho”, enfatizó.

Con el asesinato de Ramos ya son 225 los excombatientes que firmaron la paz y han sido asesinados.

Bajo la verificación de la ONU, el acuerdo permitió el desarme de la que fuera la guerrilla más poderosa de América. Unos 13.000 hombres y mujeres abandonaron la lucha rebelde en el marco de un pacto que prevé justicia, verdad y reparación para las víctimas.