El 7 de octubre siguiente, Estados Unidos—con apoyo británico y de un grupo armado afgano, la Alianza del Norte—inició un operativo militar en Afganistán. Además de los propósitos señalados, uno de los objetivos de la acción bélica era impedir que el país centroasiático continuara sirviendo de refugio a grupos extremistas.

Para ello, evidentemente, era necesario un cambio de régimen. La acción angloestadounidense también alcanzó este objetivo. Los talibanes fueron expulsados de Kabul y, más adelante, de las principales ciudades. Se constituyó a continuación la denominada “Autoridad Provisional” afgana.

Esta autoridad recibió el reconocimiento de la ONU, cuyo Consejo de Seguridad, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, autorizó el establecimiento (inicialmente, durante 6 meses) “de una Fuerza internacional de asistencia para la seguridad que apoye a la Autoridad Provisional afgana en el mantenimiento de la seguridad en Kabul y las zonas circundantes” y exhortó a los Estados miembros de la ONU a aportar “personal, equipo y otros recursos” a dicha fuerza, según su Resolución N°1386 de 20 de diciembre de 2001, disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1386(2001).

La resolución fue apoyada unánimemente por el Consejo de Seguridad, sin ninguna abstención (lo que significa que recibió el respaldo de China y Rusia). El alcance de la Resolución N°1386 fue posteriormente ampliado y, eventualmente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una alianza militar creada y liderada por Estados Unidos, se hizo cargo del operativo.

Como parte de la OTAN, 28 países, además de Estados Unidos, participaron de la fuerza internacional de asistencia. También apoyaron otros 24 Estados, fuera de la OTAN, conforme a la Resolución N°1386.

A lo largo de dos décadas, esta intervención, que inicialmente consiguió desalojar del poder a los talibanes, no logró, sin embargo, algunos de los importantes propósitos que se le añadieron. Los talibanes se refugiaron en las cordilleras de Afganistán y, sobre todo, en Pakistán, país vecino y supuesto aliado de Estados Unidos, penetrado por el fundamentalismo islámico y el crimen organizado. Bajo las narices de la fuerza internacional , la corrupción medró a todos los niveles en Afganistán, lo que contribuyó a menoscabar el sistema político que intentó establecerse.

El ejército afgano, en cuya modernización y profesionalización se invirtieron altísimas sumas de ayuda extranjera, nunca adquirió una adecuada capacidad de combate. Sus jefes se dedicaron (como acá) al tráfico de drogas y personas, la extorsión y otras formas de corrupción.

Además de incumplir los propósitos que se le agregaron, la intervención extranjera en Afganistán causó enormes pérdidas humanas, incalculables dolores de cabeza y un costo astronómico. Citando un estudio académico, Newsweek (16 de agosto) estima el gasto para Estados Unidos en 2.3 trillones de dólares. En esta acepción, un trillón significa un millón de millones, o sea, esta cantidad: 2,300,000,000,000. Veinte años después del inicio del operativo militar, tras el anuncio del retiro de las tropas extranjeras de Afganistán, el mundo ha presenciado con estupefacción la retoma del país centroasiático por los talibanes. Luego de tan vasto operativo internacional—liderado por el autoproclamado líder del mundo libre y principal potencia del mundo—y tras semejante expendio de vidas y caudales, nadie hubiese vaticinado que los talibanes se apoderarían nuevamente del gobierno afgano y restaurarían sin contemplaciones su fundamentalismo represivo y expansionista.

La caída de Kabul es, sin duda, el evento más dramático e impactante de los últimos tiempos y sus consecuencias serán enormes. Todo indica que quienes tienen a su cargo la seguridad nacional y la política exterior estadounidense no calibraron adecuadamente los riesgos involucrados y le presentaron al presidente Biden un plan incompleto, inexacto y, por todo lo anterior, inconveniente.

El plan se esbozó durante la administración del presidente Trump (2017-2021), lo cual no exime al actual gobierno estadounidense de responsabilidad frente a las evidentes consecuencias catastróficas que tendrá la toma de Afganistán por los talibanes. En ese país, significará la restauración de un totalitarismo fanático, con una trágica afectación para los derechos humanos, sobre todo de mujeres, niños y todos aquellos opuestos al fundamentalismo talibán.

Aumentarán los flujos migratorios, que inicialmente afectarán a los países vecinos, pero no tardarán en complicar los problemas de tráfico humano en Europa y otras partes del mundo. El radicalismo islámico a la base del régimen, por otro lado, auspiciará los extremismos y el terrorismo en otras partes de la región (especialmente, en Pakistán), con consecuencias nefastas, no solo para la seguridad de Israel, Europa Occidental, Estados Unidos y sus aliados, sino también de otros Estados como India, Indonesia y Filipinas.

Más ampliamente, el retiro estadounidense de Afganistán es una clara ganancia para China y, probablemente, Rusia. China ya abrió canales de comunicación con los talibanes (Al Jazeera, 28 de julio) y Rusia ha declarado que la toma de Kabul por talibanes contribuye a la paz en la región.

Ambas potencias emergentes se aprestan a entenderse con el régimen de terror instaurado en la capital afgana, mientras que quien supuestamente lidera el mundo libre abandona una posición clave y pierde credibilidad en todo el planeta. El mensaje que se envía es uno de debilidad y de renuencia a cumplir los compromisos adquiridos. Dios nos coja confesados.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Si el autoritarismo es malo, porque anula derechos y la libre participación en la política, el totalitarismo es mucho peor, porque va más allá: suprime toda expresión autónoma en la sociedad, no solo en la esfera política, sino, también, en el ámbito económico, cultural, social y religioso.

Hay numerosos ejemplos de autoritarismo a lo largo de la historia. Las dictaduras de Francisco Franco (España, 1939-1975), Pinochet (Chile, 1973-1990), la junta argentina (1976-1983) y los militares panameños, apoyados por Washington (1968-1989), fueron regímenes autoritarios, señalados por sus sistemáticos abusos y violaciones a los derechos humanos.

Los regímenes totalitarios son menos numerosos, porque esta clase de gobierno es tan extrema y malévola que su instauración no es posible sin que estén presentes ciertas características, como un aparato represivo altamente desarrollado y de largo alcance, un partido político monolítico y permanentemente movilizado, una ideología mesiánica que convenza a un segmento apreciable de la población y un liderazgo sumamente personalista y avasallador, entre otras.

Los capítulos más atroces de totalitarismo han sido protagonizados en la Unión Soviética bajo Stalin (1927-1953); en la Alemania nazi (1933-1945); durante la dictadura de Mao Tse-Tung en China (1949-1976); en Camboya bajo Pol Pot (1975-1979); y en Corea del Norte, a partir del establecimiento del actual régimen (1948), el cual, además de sus componentes totalitarios, manifiesta rasgos claramente cleptocráticos y dinásticos.

En la actualidad, varios autores diferencian entre autocracias electorales—regímenes impositivos que simulan tener elecciones competitivas (por ejemplo: Venezuela y Turquía)—y autocracias cerradas, donde no hay opción fuera del partido único (por ejemplo: Cuba y China).

El proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), radicado en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), abandera esta clasificación y lamenta, en su más reciente informe, publicado en marzo de 2021, que la autocracia sea, actualmente, el tipo de régimen más difundido en el mundo. Abarca 87 Estados independientes y el 68% de la población global (https://www.v-dem.net/media/filer_public/c9/3f/c93f8e74-a3fd-4bac-adfd-ee2cfbc0a375/dr_2021.pdf).

Entre los regímenes democráticos también hay subdivisiones. Una distinción muy frecuente separa las democracias presidencialistas—aquellas en que los órganos ejecutivo y legislativo se eligen en votaciones separadas—de las democracias parlamentarias: aquellas en que los resultados de la elección para diputados definen la composición del gobierno.

El Reino Unido es un caso paradigmático de democracia parlamentaria y su sistema de gobierno se implantó y sigue vigente en muchos antiguos territorios del imperio británico (Australia, Barbados, Canadá, Irlanda, Malta, Mauricio y Nueva Zelanda, entre otros).

Estados Unidos es el paradigma de democracia presidencialista y la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas siguieron su ejemplo cuando derrocaron el absolutismo monárquico, 200 años atrás. Lo curioso es que, a pesar de adoptar constituciones republicanas y democráticas, en la práctica han predominado en América Latina las autocracias militares (o civiles), aún después de la ruptura con la autocracia monárquica de la corona de Castilla.

En otras palabras, en los dos siglos transcurridos desde el derrumbe de la dominación española se ha dado poco valor o respeto a lo establecido en las constituciones republicanas instauradas por nuestros patriotas.

Según un cálculo, fundamentado en la base de datos Polity IV, que clasifica todos los regímenes políticos entre 1800 y 2018, en los dos siglos transcurridos desde la independencia (1821), el sistema democrático ha estado vigente en Panamá durante 49 años (25%). Sistemas semi democráticos han regido en el país durante 41 años (21%).

Hemos tenido gobiernos rígidamente autocráticos durante 30 años (15%) y sistemas de tendencia autocrática durante 73 años (37%). En conclusión, desde la independencia, es más el tiempo que hemos vivido bajo sistemas autocráticos y semi autocráticos (103 años, más de un siglo) que bajo regímenes democráticos y semi democráticos (90 años, menos de un siglo).

Varieties of Democracy (V-Dem), ya mencionado, distingue entre democracias liberales y electorales. La democracia electoral es aquella caracterizada por elecciones libres en un contexto de debilidad institucional en áreas como derechos humanos, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia y separación de poderes, entre otras.

La democracia liberal es aquella en que tanto la dimensión electoral como los componentes adicionales del sistema democrático mantienen su vigor. Según V-Dem, las únicas dos democracias liberales en América Latina son Costa Rica y Uruguay. V-Dem—cuyos criterios de clasificación son más estrictos que los de Freedom House, a los que aludí en la columna anterior (21 de julio)—clasifica a Panamá como democracia electoral. A diferencia de Freedom House, que cataloga a Panamá como país “libre”, V-Dem considera que el sistema político panameño—ostensiblemente, republicano y democrático—tiene fallas importantes, especialmente en su componente liberal, referentes al ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, los derechos de las minorías y el derecho de petición.

En la lista de 179 países clasificados por V-Dem, Panamá ocupó en 2020 la posición N°53, por debajo de Costa Rica, Uruguay, Chile, Perú y Argentina. En lo que respecta al componente liberal, sin embargo, Panamá ocupa la posición N°85, evidentemente, entre otras razones, porque la “justicia” es un chiste de mal gusto y los magistrados y jueces corruptos que integran el Órgano Judicial venden sus fallos y sentencias al mejor postor, en contubernio con procuradores y fiscales igualmente venales y mediocres.

En el bicentenario de la adopción del gobierno republicano, conviene hacer estas reflexiones. En todo el mundo, el sistema democrático está amenazado y la alternativa autocrática, tristemente, gana terreno.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Panamá mantuvo su clasificación como estado “libre”, categoría en que ha estado catalogada desde 1994, aunque con el segundo puntaje más bajo en América Latina entre los seis países en esa clasificación, después de Uruguay (98/100), Chile (93/100), Costa Rica (91/100) y Argentina (84/100). Panamá obtuvo un puntaje de 83/100, por encima de Brasil (74/100), el cual se ubica casi en el umbral de los países “parcialmente libres” de la región.

De estos hay once, según Freedom House: Perú, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, El Salvador, México, Guatemala, Honduras y Haití. Las autocracias latinoamericanas se mantienen en la categoría de “no libres”: Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Freedom House rebajó un punto a Panamá en 2020, de los 84 obtenidos en 2018 y 2019. Entre los aspectos que produjeron la rebaja, la ONG comenta “una mayor opacidad en el gobierno, reflejada en el incumplimiento de las reglas de divulgación de datos sobre contrataciones y la renuencia a responder a solicitudes de información pública”.

Alude a repetidos señalamientos de corrupción y abusos de poder vinculados a la pandemia. Explica que “la pandemia—y el estado de emergencia asociado a ella—condujeron a una marcada disminución en la transparencia y los controles efectivos en los procesos de contratación”.

Para rematar, los funcionarios a cargo de atender solicitudes de información y garantizar transparencia actuaron con “pasividad” (por no decir “desidia” o “complicidad”).

Freedom House menciona los nexos entre el sistema político y el crimen organizado. Además, la ONG reporta quejas de abuso policial contra manifestantes y periodistas, así como la supresión de los derechos de reunión y movilización, incluyendo la limitación de salidas por sexo, una medida insólita impuesta con el supuesto propósito de enfrentar la pandemia, que causó significativas afectaciones a la población.

Comenta el uso de la vía judicial por parte de influyentes personajes para silenciar a los medios, poniendo como ejemplos los 16 procesos instaurados por el expresidente Martinelli contra periodistas y directores de los periódicos La Prensa y Mi Diario, así como el proceso incoado contra La Prensa por el exgobernante aficionado a los safaris, que permitió el secuestro de los activos del diario.

Se refiere al deterioro de la seguridad ciudadana—evidenciado por un aumento en el número de homicidios y el persistente maltrato intrafamiliar—tanto como a la pésima situación de los centros penitenciarios, penetrados por la violencia y el contrabando a gran escala. Según la estadística oficial citada, a finales de 2020, el 39% de los detenidos no había sido juzgado.

Los señalamientos de Freedom House son importantes, pero no retratan en su totalidad al sistema político panameño, cuya dimensión electoral, la más elemental de la democracia moderna, está seriamente comprometida.

Un desastroso sistema de elecciones, impuesto por la dictadura en 1978 y posteriormente reformado a imagen y semejanza de la partidocracia, garantiza que las votaciones populares no sean ni libres ni justas ni transparentes. Solo pueden acceder a un cargo de elección popular quienes tengan acceso a grandes sumas de dinero o estén matrimoniados con las cúpulas partidarias.

Son esos los factores que permiten comprar votos y llegar al poder en un medio electoral clientelista y corrupto. De otra manera, no se alcanzan posiciones públicas en Panamá.

Es muy difícil—si no imposible—que un verdadero independiente, no adscrito a la partidocracia, acceda a un cargo público. El régimen electoral lo impide, como también obstaculiza la participación ciudadana para beneficiar a la dirigencia partidaria, sobre todo, la del partido de los cuarteles.

¿Cómo puede explicarse, desde una óptica democrática, que un partido que obtuvo el 30% de los votos para diputados en toda la república acapare el 49% de las curules en la Asamblea Nacional? Semejante distorsión de la voluntad popular solo puede entenderse a partir de un sistema de votación hecho a la medida de la partidocracia corrupta, liderada por el PRD.

Con una fórmula de absoluta proporcionalidad—en vez de esa bazofia del cociente, medio cociente y residuo, expresamente mal calculado en circuitos impuestos por la dictadura—y con una única circunscripción nacional, al partido de la dictadura no le hubiesen tocado más de 21 escaños, a pesar de todas sus trampas, corruptelas y sinvergüencerías.

Otra de las dimensiones de la democracia que está absolutamente comprometida es el estado de derecho. La desigualdad ante la ley es una de las características más ofensivas del sistema político panameño.

Impera un régimen de fueros y privilegios, que determina que quienes tienen mayor capacidad económica o influencias pueden desviar las investigaciones en el Ministerio Público y comprar fallos en el órgano judicial.

Quien aún lo dude, que se pregunte dónde están la cabecilla de la vacunación clandestina en Coco del Mar y su madrina en el gabinete. Cómodamente instalada viendo Netflix, una y la otra, entrometiéndose chabacanamente en asuntos que no tiene capacidad para atender, mientras la mayoría de la población se desespera por la vacuna.

Tenemos una “democracia” en que el ejecutivo hace lo que le da la gana sin que la Asamblea o la Corte le pongan límites, en que las fuerzas militares adquieren cada vez más preponderancia y cometen cada vez más arbitrariedades, y en que la corrupción se pasea impunemente por todos los ámbitos del poder. Lo triste es que a medida que se afianzan esas características durante el peor gobierno de nuestra historia, va reduciéndose el contenido democrático de nuestro sistema político, allanando el camino hacia la autocracia.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Desde junio, de acuerdo con CNN (6 de julio), “la Policía Nacional ha detenido a 21 opositores, entre ellos, otros 5 precandidatos presidenciales, líderes empresariales, exguerrilleros y dirigentes de la Unidad Azul y Blanco y la Coalición Nacional”.

La macabra dupla Ortega-Murillo pretende presentarse como única opción en los comicios presidenciales del 7 de noviembre para así lograr otra “reelección” que le permita continuar su despótico control sobre el poder que ejerce ininterrumpidamente desde 2006. Ya antes, por supuesto, Ortega había sido dictador de Nicaragua, entre 1979 y 1990.

En esta ocasión (2021), una votación con candidato único es lo que el régimen nicaragüense, como el narcochavismo enquistado en la patria de Bolívar, quiere hacer pasar por elecciones democráticas.

Ambos están debidamente asesorados por la tiranía castrista, bajo cuya dictadura la competencia electoral es un elemento de ciencia ficción. Los tres países—Cuba, Nicaragua y Venezuela—son autocracias declaradas y forman entre sí un eje dedicado a explotar y reprimir a su población, saquear el erario y exportar su sistema de maldad y opresión.

En Nicaragua, Ortega y la bruja seguirán menoscabando el poco contenido democrático que le queda al sistema político nicaragüense, a no ser que la ciudadanía redoble sus esfuerzos por desalojarlos del poder, con firme apoyo internacional. Hasta ahora, la respuesta del exterior —con pocas excepciones—ha sido mediocre.

El 10 de junio, según Deutsche Welle, la Unión Europea “condenó las acciones ‘contra partidos de oposición, prensa, periodistas y trabajadores de medios, defensores de derechos humanos y la sociedad civil’” en Nicaragua, mientras que—de acuerdo con el diario Las Américas—el Parlamento Europeo advirtió que la continuidad de la cooperación de la Unión Europa “dependerá de que el país recobre la senda de la democracia”.

Ese mismo día, en el marco de una reunión del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), los ministros de relaciones exteriores de Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España expresaron su “profunda preocupación por las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes líderes de la oposición”, que atentan contra el “libre ejercicio democrático”, e instaron “a su inmediata liberación y a la restauración de sus derechos políticos” (Cancillería de Costa Rica, 10 de junio).

El Salvador y Honduras, que también forman parte del SICA, no se pronunciaron.

Recordando la Carta Democrática Interamericana (2002), en su resolución N°. 1175, del 15 de junio, el Consejo Permanente de la OEA, instó “enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países”.

Panamá estuvo entre los 26 Estados que votaron a favor. Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas se opusieron, en tanto que se abstuvieron: Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México (CNN, 16 de junio).

El 22 de junio, 59 países, incluyendo Panamá, emitieron una Declaración Conjunta sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Manifestaron su preocupación por “las recientes leyes aprobadas” que “restringen indebidamente la participación política, la libertad de expresión y la reunión y asociación pacíficas.”

Agregaron: “la disolución arbitraria de los partidos políticos y los procesos penales en contra de varios candidatos presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes”, por lo que demandaron “su liberación inmediata.” (Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, 22 de junio).

Algunos países, además, han actuado en el marco de las relaciones bilaterales. Costa Rica pospuso el envío de su embajadora designada en Managua (La Prensa de Nicaragua, 9 de junio). Argentina y México llamaron a consulta a sus embajadores (Deutsche Welle, 21 de junio).

El 9 de junio, el gobierno del presidente Biden impuso nuevas sanciones financieras a secuaces de la dictadura sandinista. Estas se suman a las sanciones aplicadas anteriormente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, tras la movilización ciudadana en 2018, que la dictadura reprimió con crueldad.

Las declaraciones y medidas diplomáticas que han tomado algunos países son un punto de partida, pero distan de ser suficientes o adecuadas para enfrentar la encrucijada nicaragüense, en la que están en juego el bienestar y la seguridad democrática de una población de 6.7 millones. Como es evidente en Venezuela, el deterioro de la situación política va de la mano del daño socioeconómico, agravado por la crisis del coronavirus, que compromete el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y puede conducir a desenlaces de violencia generalizada y flujos masivos de personas.

Panamá—como de costumbre en estos casos—se ha limitado a suscribir comunicados emitidos por otros. Mientras, el gobierno mantiene en su puesto al embajador José de Jesús Martínez, vinculado a la “tendencia” del PRD, un partido estrechamente asociado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Las conexiones entre ambas agrupaciones no son únicamente históricas. ¿Cuántos jerarcas del sandinismo tienen activos en Panamá? ¿Quiénes les “lavan” sus millones y se los administran? Un gobierno responsable debería inventariar y confiscar esos recursos mal habidos, con base en la Convención interamericana contra la corrupción (1996) y Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2003).

También debería impulsar el procesamiento de los criminales vinculados a la comisión de delitos de lesa humanidad, por el Tribunal Penal Internacional, conforme al Estatuto de Roma (1998), en respaldo a las acciones que se vienen intentando desde 2018 para que el tenebroso dúo Ortega-Murillo rinda cuentas por la muerte de, al menos, 535 manifestantes.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá

Tomando en cuenta esa primera experiencia, hemos tenido en Panamá 10 asambleas constituyentes: 1841, 1855, 1863, 1865, 1868, 1870, 1873, 1875, 1904 y 1945-46. El país no se acabó, la economía no se derrumbó, la sociedad no se dislocó y el mundo no se desestabilizó como resultado de estas experiencias constituyentes.

Contrario a lo que algunos sostienen, la asamblea constituyente soberana no representa una ruptura del orden constitucional, un golpe de Estado o nada que se le asemeje. La constituyente es un recurso a la soberanía popular en la que se funda el Estado democrático.

Nadie que sea partidario del sistema democrático puede negarlo. Hasta la Constitución vigente, con todas sus imperfecciones, reconoce que “el poder público solo emana del pueblo” (Art. 2). Los que lo niegan son autócratas disfrazados de demócratas.

Recurrir a la ciudadanía para que ejerza el poder constituyente que naturalmente le corresponde no puede ser “inconstitucional”, porque el poder constituyente es anterior a la constitución. Del poder constituyente emana la constitución, no al revés (la constitución no puede regular el poder constituyente).

Una constituyente de plenos poderes, elegida popularmente de acuerdo con reglas democráticas, que permitan la más amplia participación y la integración de una convención por delegados idóneos y representativos de la sociedad, no solo proveería una nueva ley fundamental, adecuada a nuestras circunstancias.

También permitiría iniciar una necesaria labor de saneamiento institucional, incorporaría democráticamente al debate público a sectores marginados, y contribuiría a legitimar el sistema político, en aras de una mayor estabilidad y una más armónica convivencia entre panameños.

El principal temor de algunas minorías es, precisamente, que una constituyente soberana podría promover una renovación amplia del Estado. En este sentido, suele citarse el precedente de la Convención Nacional de 1945-1946, cuya primera actuación fue la de despedir de la presidencia de la república a Ricardo Adolfo de La Guardia, quien había usurpado el cargo en 1941.

A este señalamiento hay que responder que las constituyentes debidamente integradas, con personal idóneo, representativo de la sociedad, operan en comunicación con sus mandantes o representados y en sintonía con las realidades nacionales. Ya lo dice Emmanuel-Joseph Sieyes, exponente inicial de la teoría del poder constituyente, cuando afirma que los delegados o constituyentes no ejercen la voluntad común representativa “como un derecho propio: es el derecho de otro. La voluntad común no está ahí más que comisionada.”

Las circunstancias actuales demandan la convocatoria de una asamblea constituyente para expedir una nueva carta política y reorganizar el Estado panameño. A la situación actual de descomposición institucional, caracterizada por la informalidad, la corrupción, la arbitrariedad y el irrespeto a los derechos ciudadanos, hay que sumar un vicio anterior que descalifica a la Constitución vigente.

En su obra Panamá y su historia constitucional (1808-2000), el Dr. Ítalo Antinori Bolaños lo explica con suma claridad: “La génesis u origen de la Constitución de 1972, no se puede borrar. Fue producto de la inspiración y voluntad política del régimen militar que lideró el general Torrijos. Lo que hemos denominado reiteradamente el vicio de nulidad por falta de voluntad nacional, persiste en dicha Constitución aunque la hayan maquillado en tres (3) ocasiones y aunque se haya pretendido hacerlo con fracasados proyectos de reformas constitucionales” (pág. 240).

A las tres reformas que señala el Dr. Antinori en su edición del año 2000, habría que agregar una cuarta en 2004. Aún con cuatro reformas, la constitución sigue siendo inadecuada a nuestras aspiraciones democráticas.

Entre otros males, mantiene vigente un sistema político en el cual un partido minoritario controla la política nacional y municipal, con consecuencias muy nefastas para todo el país.

El método más adecuado “para reformar las estructuras anquilosadas del Estado”, agrega el Dr. Antinori, es una “Asamblea Constituyente Absoluta o Clásica” (pág. 259). El método que algunos sectores dominantes están dispuestos a considerar, sin embargo, es el de la “paralela” contemplada en el Art. 314 de la Constitución vigente.

Esta “paralela” es una caricatura de constituyente, cuya convocatoria según el Art. 314 producirá una Asamblea tan mala como la existente, incapaz—por la ineptitud de sus integrantes—de discernir el interés nacional y exponerlo en un texto coherente que sirva de base para enderezar el rumbo del Estado panameño.

Uno de los mayores desatinos del Art. 314 es no contemplar la elección de constituyentes nacionales, como se hizo en 1945, quienes podrían aportar a los debates una visión más amplia y propuestas más relevantes al interés nacional que los delegados provinciales o comarcales.

En cuanto a sus funciones, el Art. 314 señala que la “paralela” “podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los períodos de los funcionarios electos y designados”. Esta redacción pone en evidencia que la tal “paralela” no es una constituyente, cuyas facultades no pueden limitarse mediante disposiciones constitucionales o legales.

De esta y otras maneras se cercenan las posibilidades de transformación del Estado panameño que una auténtica constituyente, elegida en ejercicio de la voluntad popular, pudiese llevar a cabo.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Gallego fue un hombre de paz, que buscó la transformación interior y la creación de una comunidad fraterna basada en el amor y la puesta de recursos en común en aras del reino de Dios. Su misión sobre la tierra duró tres años, como la de Jesús de Nazareth, pero su mensaje y su obra perduran en el tiempo y el espacio.

Tenía 33 años—la edad de Cristo, según la tradición—cuando “desapareció”. Fue víctima de una confabulación entre poderes locales y estatales que buscaban, con su desaparición, eliminar el desafío que una forma de vida fundamentada en la igualdad, la solidaridad y la hermandad planteaba a la dominación de los poderosos.

Sus principales datos vitales son bastante conocidos. Oriundo de Salgar, en Antioquia, Colombia, nació en 1938 y se ordenó sacerdote en 1967. Eran tiempos del Concilio Vaticano II y la conferencia de Medellín, ciudad donde Gallego recibió su ordenación y donde los obispos latinoamericanos aprobaron pautas para acercar el catolicismo a la población, proclamando, entre otras directrices, la opción preferencial por los pobres.

En 1968 fue nombrado párroco en Santa Fe de Veraguas. Tan pronto arribó a su destino, inició una labor evangelizadora inspirada en las enseñanzas de Cristo y la interpretación de estas conocida como la “teología de la liberación”, puesta en marcha después del concilio.

La autenticidad de su fe, la profundidad de sus convicciones y su decisión de vivir como un campesino más, en medio de la pobreza y las privaciones, le ganaron la confianza del campesinado. También lo hicieron acreedor de la inquina de los gamonales, quienes veían en sus actividades de concienciación una amenaza a su dominación de una zona aparentemente adormecida, que, sin embargo, años antes había sido escenario de una asonada insurgente en las laderas del imponente cerro Tute (1959).

Gallego ayudó a los campesinos a organizarse para romper el monopolio económico y político de explotación ejercido por los caciques. La fundación de la cooperativa La Esperanza de los Campesinos antagonizó a los gamonales, quienes recurrieron a los medios usuales para amedrentar al sacerdote: la difamación, la puesta en circulación de rumores sobre su integridad y la intimidación.

Una noche, mientras dormía, incendiaron el modesto rancho donde residía. Ni así lograron amilanar al sacerdote de frágil aspecto físico, pero enorme fortaleza espiritual, cimentada sobre el amor a Dios y al prójimo.

Cuando las tácticas perversas no funcionaron—el curita no se allanaba—los gamonales de Santa Fe recurrieron a su pariente, el amo de Panamá por obra y gracia del golpe militar que, con respaldo estadounidense, había dado la Guardia Nacional el año en que Gallego inició su ministerio. Omar Torrijos Herrera, pariente del mandamás del pueblo, conceptuó que la obra de Gallego podría llegar a representar un reto, no solo para el domino de su parentela en el norte de Veraguas, su tierra natal, sino, además, para su propia dictadura.

Intentó, inicialmente, “comprarlo” con dádivas y promesas. Esta oferta, que con tantas otras personas le funcionó al tirano, no le interesó a Gallego. Su reino no era de este mundo.

Entonces puso en práctica el plan número 2, ejecutado con éxito el año anterior, como nos lo recuerda la Dra. Brittmarie Janson Pérez en su valiosa obra Panamá protesta (1993).

En 1970, la tiranía había secuestrado, maltratado y expulsado del país al sacerdote español Luis Medrano, por atreverse a criticar al régimen en Radio Hogar. A Torrijos y sus secuaces les pareció buena idea poner en práctica el mismo libreto con el padre Gallego.

El dictador mandó a un conductor y dos matones a capturar a Gallego. La fatídica noche del 9 de junio de 1971, los jenízaros se presentaron a la puerta de la vivienda de la familia campesina que le había dado albergue al sacerdote tras la destrucción de su rancho.

Cuando Gallego salió a la puerta, uno de los matones le dio un golpe contundente. Lo arrastraron hasta el auto donde lo siguieron golpeando hasta desbaratarlo, mientras el vehículo seguía su ruta de la muerte. Una vez informado de que el daño causado por sus subalternos era irreversible, el dictador ordenó la ejecución del sacerdote. “Mejor un cura muerto que paralítico”, sentenció el amo de Panamá, dueño de vidas y haciendas.

En los 50 años transcurridos desde aquel abominable crimen de lesa humanidad, un enorme complot entre los militares y su partido (PRD), el Ministerio Público, el Órgano Judicial y hasta la jerarquía de la Iglesia católica ha impedido que se esclarezca la desaparición forzada del padre Gallego.

Durante la dictadura, un Ministerio Público adscrito a los cuarteles archivó en 1973 el expediente del caso, después de llenarlo de fábulas, mentiras y los más burdos elementos. A inicios de la “democracia”, en 1993 un juicio amañado e incompleto produjo condenas en contra de algunos supuestos implicados y dejó por fuera a otros autores materiales e intelectuales de ese crimen de lesa humanidad.

En 1999, fueron descubiertas en el cuartel de Tocumen unas osamentas. Familiares y amigos del sacerdote solicitaron su identificación. Sin embargo, 22 años más tarde, aún no se realiza esta tarea. El PRD domina hasta lo más profundo del putrefacto Órgano Judicial y el corruptísimo Ministerio Público.

Cuando, por invitación del gobierno nacional, el papa Francisco vino a Panamá (2019), había gran expectativa alrededor de una posible declaración suya que daría impulso al esclarecimiento de su secuestro. Ni una palabra dijo, presumiblemente, porque la jerarquía eclesiástica y/o el gobierno panameño lo desaconsejaron. Hasta esas esferas se prolongan los tentáculos del partido de la dictadura.

La falta de justicia para el padre Gallego confirma quién manda en Panamá: los “hijos predilectos” de la mal llamada “revolución” y, particularmente entre ellos, la descendencia de quienes se confabularon para exterminar a aquel apóstol del Evangelio. Pero, por más que intenten borrar la memoria del sacerdote inmolado, para exaltar la del tirano, Héctor Gallego seguirá vigente en el recuerdo de los campesinos de Santa Fe y de los panameños de buena voluntad.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Doña Teresita Yániz recalcó su inconstitucionalidad, calificando la declaración de “indecente y ofensiva”. José Blandón, presidente del Partido Panameñista, afirmó que “le está constitucionalmente vedado” al organismo de seguridad “hacer pronunciamientos políticos como éste y peor aún, sobre política exterior” (La Prensa, 20 de mayo).

El Dr. Miguel Antonio Bernal añadió que no solo la Constitución, en su artículo 311, sino—además—la Ley 18 de 1997 (orgánica de la Policía) prohíben injerencias de esta naturaleza (El Siglo, 24 de mayo). El artículo 311 constitucional establece:

“Los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Tampoco podrán intervenir en la política partidista, salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la Ley.”

El artículo 9 de la Ley orgánica de la Policía indica: “Los miembros de la Policía Nacional actuarán con absoluta neutralidad política. En consecuencia, no pueden deliberar sobre asuntos de carácter político, pertenecer a partidos políticos ni intervenir en política partidista. Tampoco podrán efectuar manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva, salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo y demás sanciones establecidas en la presente Ley o en los reglamentos respectivos.”

De quién fue la brillante idea de emitir el video—claramente engarzado en la cultura militarista que prevalece en los organismos de seguridad y el partido gobernante—ignórase. Evidentemente, gozó de aprobación institucional y no es de extrañar que hasta de la propia presidencia. Pero, en la nitocracia, nadie se dignó aclarar nada.

El gasto que generó semejante exabrupto recibió el refrendo de la Contraloría General de la República. La Asamblea Nacional, que ha debido en este caso ejercer su función fiscalizadora (independientemente de que el pleno esté en receso), proponiendo un voto de censura contra el ministro de Seguridad—según lo establece el artículo 161 (numeral 7) de la Constitución—no dijo ni pío. Y la Defensoría del Pueblo, que existe para defender los derechos humanos de la población, ni se dio por aludida.

El 21 de mayo, un comunicado del Ministerio de Seguridad informó de la remoción del director general de la Policía, sin explicación alguna. Acto seguido, el denominado “Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá” emitió su propio comunicado, el cual destaca el “loable desempeño” del funcionario despedido y comenta que su remoción “sacude la moral institucional”.

Proviniendo de miembros de la policía, este pronunciamiento también es violatorio de la Constitución y la Ley 18 de 1997. Pero en este país de desequilibrios inconstitucionales y desarreglos antijurídicos, nadie mete en cintura a los cuerpos de seguridad transformados en unidades militares, a pesar de lo que ello representa para la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática.

Gracias a la desatención de los primeros gobiernos “democráticos” y al azuzamiento de los siguientes, los organismos de seguridad, inicialmente conceptuados como organizaciones civiles sometidas a la autoridad constitucional, se han salido del tiesto, adquiriendo todas las características de entidades castrenses. El adalid de este proceso fue Martín Torrijos, quien puso a militares a cargo de la policía y el ministerio de Gobierno y Justicia, e impuso, mediante decretos-ley, la transformación de los organismos de seguridad en cuerpos armados de corte castrense.

Sus sucesores encontraron muy conveniente este formato, que se dedicaron a fortalecer a través de escandalosos aumentos salariales y otras prebendas para los jefes militares. El actual gobierno—el peor de que haya memoria—ha rematado, dándoles a los militares carta blanca para avasallar, reprimir, molestar, hostigar, coimear y extorsionar, a partir de los malhadados decretos sanitarios que ha vomitado sobre la población. Decretos, por cierto, que una Corte Suprema abyecta y corrupta mantiene vigentes, para perpetua descalificación de sus integrantes.

Hay gente que rehúsa entender que la intromisión de los militares en esferas que no son de su competencia es un grave problema constitucional. Piensan que la militarización de la seguridad pública es una solución a la creciente inseguridad ciudadana.

Por su extrema simpleza no se percatan de que la militarización ha traído como consecuencia un aumento en la criminalidad y un crecimiento en el abuso contra la población. ¿Será necesario repetir que los organismos de seguridad están penetrados por el crimen organizado y que, a medida que aumenta el poder de los militares, aumentan también las arbitrariedades contra las personas?

La intromisión militar va de la mano del autoritarismo y la corrupción. Esas son las dos caras de la moneda llamada militarismo, el principal legado de la narcodictadura castrense y del PRD.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

El acta emitida en la heroica Villa de Los Santos deja constancia del deseo del pueblo santeño “de vivir bajo el sistema Republicano, que sigue toda Colombia”, por lo que “anhelaba que esa misma Villa jurase la independencia del Gobierno Español”, como en efecto la juró, “según el voto general del pueblo”, el 10 de noviembre de 1821.

Dieciocho días más tarde, en la ciudad capital, una junta general declaró a Panamá, “espontáneamente y conforme al voto general de los pueblos de su comprehensión … libre e independiente del gobierno español.” Seguidamente, decretó: “El territorio de las Provincias del Istmo pertenece al Estado Republicano de Colombia, a cuyo congreso irá a representar oportunamente su Diputado.”

El Estado Republicano de Colombia al que se refieren las actas del 10 y 28 de noviembre fue fundado el 16 de diciembre de 1819, mediante la unión de los territorios españoles de la Capitanía General de Venezuela y el Nuevo Reino de Granada, según lo expuso la Ley Fundamental de la República de Colombia emitida en esa fecha por el soberano congreso reunido en Santo Tomás de la Nueva Guayana en la Angostura del Orinoco (hoy Ciudad Bolívar).

La Ley Fundamental contemplaba (Artículo 5) la eventual incorporación de la sección que en dicho instrumento recibió el nombre de Quito, correspondiente a la actual República del Ecuador, la cual se unió a la República de Colombia tras la victoria patriota en la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, enfrentamiento en el cual combatió, del lado republicano, nuestro compatriota José Antonio Miró Rubini.

La República de Colombia a la que nos venimos refiriendo—denominada, por algunos, “Gran Colombia” (nombre que nunca existió)—adoptó su primera carta magna en la Villa del Rosario de Cúcuta, aprobada el 30 de agosto de 1821 por el congreso general allí reunido. Fue esa la primera Constitución republicana que rigió en el istmo de Panamá, a partir de noviembre de 1821.

Nuestra vida republicana comienza, en consecuencia, hace 200 años, de la mano de la actual Colombia, Venezuela y (posteriormente) Ecuador. Podemos decir que adoptamos el sistema republicano (el paso más importante de nuestra historia) dos siglos atrás.

Conmemoramos, en consecuencia, el bicentenario de la independencia y la adopción del sistema republicano. No celebramos el bicentenario de la República de Panamá.

La primera República de Panamá (el Estado del Istmo) se fundó el 18 de noviembre de 1840 y duró hasta el 31 de diciembre de 1841 (180 años atrás). La segunda República de Panamá se fundó el 3 de noviembre de 1903 (117 años atrás).

Estas precisiones históricas son importantes en el marco del segundo centenario de los acontecimientos de 1821, que constituyen el capítulo más relevante de nuestra experiencia colectiva. Resulta repugnante que sujetos al servicio de un gobierno autoritario y corrupto—la completa negación del sistema republicano—falseen la historia con propósitos de autobombo y malversación de fondos públicos.

El adefesio erigido en el parque de Penonomé—uno de los más hermosos del país—con el único y exclusivo propósito de abanicar el ego desmesuradamente inflado del virrey de Coclé (se cree un Lord Mountbatten of Burma), constituye un exabrupto inadmisible en un contexto republicano. En primer lugar, la inscripción errónea (“bicentenario de la República de Panamá”) refleja la ignorancia supina de quienes controlan el poder y abusan de él en su beneficio.

Como varias veces lo ha dicho el doctor Bernal, estamos en manos de una “clase política” no solo codiciosa y rapaz, sino, además, primitiva e inculta.

El diseño del esperpento, plenamente adscrito al estilo “greconarco” que les fascina a los nuevos ricos del PRD, con adiciones que algunos atribuyen a la simbología masónica, constituye, por su fealdad, un monumento a la chabacanería y a la ordinariez, que empobrece y denigra uno de los espacios públicos urbanos más atractivos del país. Parece—se ha dicho—el atavío chapucero de un carro alegórico o, como señaló una inteligente observadora de nuestra realidad, la lápida grotesca de la tumba de un mafioso.

El desperdicio de fondos públicos en semejante bodrio, en medio de una urgencia sanitaria y una crisis socioeconómica sin precedentes, carece de toda justificación. La ciudadanía exige saber cuánto costó, quién lucró de su construcción y por qué el contralor autorizó tan execrable malversación de dinero estatal.

Tan malo como todo lo anterior es utilizar la inauguración de esa bazofia para repartirles condecoraciones a copartidarios que deberían estar en la cárcel por sus nexos con el terrorismo de Estado y la corrupción descarada. No satisfecho con usar presupuestos públicos para su propio engrandecimiento, el virrey aprovechó la oportunidad para cepillar a varilleros de la narcodictadura y rateros de la nitocracia.

En la antigua Roma se usaba un proverbio muy descriptivo para caracterizar situaciones como esta: “Asinus asinum fricat”. Dejo de tarea al virrey y sus condecorados averiguar lo que significa.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá

Forman parte de la sociedad civil las actividades organizadas que tienen lugar fuera del sector público, la sociedad política (partidos políticos), el ámbito mercantil (actividades con fines de lucro) y, para algunos, la esfera religiosa. Ciertos autores incluyen a las iglesias en la sociedad civil, como también a las organizaciones de empresarios, en vista de que su propósito no es producir para el mercado con fines de ganancia particular, sino promover soluciones y propuestas para el mejoramiento colectivo.

De acuerdo con el profesor Michael Kenny (Queen Mary University), quien conceptúa el término como ha sido señalado en el primer párrafo, el logro de una sociedad civil independiente es una condición previa necesaria para una democracia saludable y su relativa ausencia o declive se cita a menudo como causa y efecto de muchos malestares políticos (https://www.britannica.com/topic/civil-society).

Existen muchas asociaciones cívicas, culturales y profesionales en Panamá, pero la coordinación entre ellas no siempre es eficiente y, en general, no gozan de altos niveles de credibilidad. Solo el 40 por ciento de los encuestados por Latinobarómetro (2018) expresó su confianza en las ONGs panameñas.

La credibilidad en los sindicatos es aún menor (22 por ciento). Los medios de comunicación social generan mayor confianza (49 por ciento), aunque más de la mitad de los encuestados no creía en ellos (o no sabía si creerles o no).

A pesar de sus evidentes insuficiencias, la sociedad civil tiene una larga trayectoria en Panamá, que se remonta casi dos siglos. Uno de sus principales hitos fue la fundación de la Sociedad de Amigos del País.

Agrupaciones de este tipo, que tenían como propósito impulsar el desarrollo económico, aparecieron en España a mediados del siglo 18 y fueron extendiéndose sucesivamente desde la península hacia América (http://www.artic.ua.es/biblioteca/u85/documentos/1865.pdf).

La primera fue la Real Sociedad Bascongada [sic] de los Amigos del País (1764), fundada en Guipúzcoa. A partir de entonces, la idea de la “sociedad ilustrada” se esparció por España y el Nuevo Mundo, inicialmente en Cuba y, posteriormente, en casi todos los países americanos (https://bascongada.eus/es/la-sociedad/historia).

Hacia finales de la década de 1830 ya funcionaba en el istmo una de dichas “sociedades ilustradas”. En el capítulo correspondiente a 1839, indica Mariano Arosemena en sus Apuntamientos históricos:

“Existía en la ciudad de Panamá una sociedad patriótica con el nombre de Amigos del País, a la cual pertenecían los sujetos más influyentes del lugar en la política liberal. Por el periódico de esta sociedad, que llevaba el mismo nombre de ella, se defendían los principios de libertad, igualdad y fraternidad.”

A lo largo del siglo XIX aparecieron en Panamá sociedades profesionales y de ayuda. Durante la construcción del ferrocarril (1850-1855) y el canal bajo los franceses (década de 1880), obreros de distintas nacionalidades (sobre todo, antillanos), se unieron para fundar asociaciones de ayuda.

En 1882 se estableció la Sociedad Italiana de Beneficencia y, tres años más tarde, la Sociedad Española de Beneficencia (1885). Hacia finales de siglo, uno de los principales logros de la aún incipiente sociedad civil fue la puesta en marcha del Benemérito Cuerpo de Bomberos (1887), a cargo de Ricardo Arango Remón y Rodolfo Halsted Vallarino. Treinta años más tarde (1917), otra iniciativa de la sociedad civil, liderada por Matilde de Obarrio de Mallet (hermana de Halsted Vallarino), conduciría a la creación de la Cruz Roja Panameña.

Después de la fundación de la república en 1903, el crecimiento económico y la influencia de Estados Unidos contribuyeron a la formación de asociaciones cívicas y profesionales duraderas. Entre ellas, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (1915), la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (1919), el Club Rotario (1919), el Sindicato General de Trabajadores (1924), el Colegio Nacional de Abogados (1929), la Asociación Médica Nacional (1929), el Club de Leones (1935), el Magisterio Panameño Unido (1944), la Asociación de Profesores de la República (1945), la Federación Sindical de Trabajadores de Panamá (1945), el Sindicato de Industriales de Panamá (1945), el Club Activo 20-30 (1955), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (1958), la Asociación Bancaria de Panamá (1962) y el Club Kiwanis (1967), entre muchas otras.

En la década de 1980, varios de estos grupos se unieron para impulsar una campaña de promoción de los valores cívicos y, hacia fines de la década, formaron la Cruzada Civilista Nacional (1987-1989), a fin de luchar por el restablecimiento del sistema democrático.

En la actualidad, aunque existen numerosas asociaciones cívicas, muchas se perciben como vehículos de intereses económicos o políticos. Sin reparos, algunos autodenominados “líderes” de la sociedad civil utilizan su presencia mediática para obtener puestos públicos, como fue el caso de dirigentes ambientales que accedieron a cargos municipales y la directora ejecutiva de un grupo anticorrupción, quien obtuvo su nombramiento como directora de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI, 2014-2019).

Estos y otros factores, como la abierta promoción de agendas económicas particulares, desvalorizan a la sociedad civil panameña, restándole independencia, credibilidad y autoridad moral. La sociedad civil está llamada a ejercer una labor de adecentamiento y orientación, sobre todo en momentos como estos, en que el país carece de brújula.

Mal puede hacerlo, sin embargo, adicta a ambiciones personalistas e intereses sectarios.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Los gobiernos panameños han permitido que la criminalidad continúe creciendo, inclusive fomentándola a través de las actuaciones delincuenciales de muchos funcionarios. La intromisión de la política en los procesos judiciales también contribuye al agravamiento de la inseguridad ciudadana, lo mismo que la penetración del crimen organizado en la fuerza pública.

Como lo demuestran las estadísticas, los homicidios van en aumento. Según el Ministerio Público, en 2018 se produjeron 439 asesinatos, lo que representa una tasa de 10.5 por cien mil habitantes. Esta cifra se elevó a 480 en 2019 (11.3 por cien mil habitantes) y 500 (11.6) en 2020.

El Ministerio Público informó de 89 asesinatos entre enero y febrero de 2021 (https://ministeriopublico.gob.pa/estadisticas-judiciales/homicidios/=).

A este ritmo, terminaremos 2021 con 534 asesinatos (12.3 por cien mil habitantes). Si bien estas cifras son más bajas que en otros países de la región, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) considera que una tasa superior a 10 homicidios por cada cien mil habitantes revela condiciones de criminalidad epidémica.

Desde hace mucho tiempo, los funcionarios a cargo de la seguridad pública sostienen que la mayoría de los homicidios están relacionados con la mafia internacional. Panamá continúa siendo punto de transbordo de narcóticos y su centro bancario sigue recibiendo señalamientos de vulnerabilidad al blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, por parte de Estados y organismos extranjeros.

La oficina estadounidense de Asuntos relacionados con Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (U.S. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) destaca el uso de las aguas territoriales y costas de Panamá, así como su frontera con Colombia, por parte de grupos criminales que trafican personas y estupefacientes. También menciona el uso de contenedores que cruzan el canal por parte de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando de drogas y otros artículos.

Los grupos delincuenciales, asegura el informe, “explotan la ubicación estratégica de Panamá, la economía dolarizada y las leyes favorables e inadecuadamente aplicadas para lavar el producto de actividades ilegales a través del contrabando de dinero en efectivo, empresas fantasmas y las zonas de libre comercio de Panamá” (traducción del autor) (https://www.state.gov/bureau-of-international-narcotics-and-law-enforcement-affairs-work-by-country/panama-summary/).

Ciertas áreas urbanas, especialmente en distritos marginales, así como islas y litorales, están controlados por bandas criminales locales y mafias de la droga. El Ministerio de Seguridad aduce haber identificado al menos 159 pandillas en todo el país, principalmente en las provincias de Panamá (90), Colón (33) y Chiriquí (19) (La Prensa, 11 de enero de 2021).

La policía se muestra renuente a intervenir contra el pandillerismo por temor a represalias o porque hay vínculos entre funcionarios (incluyendo miembros de la fuerza pública) y las bandas criminales. El descubrimiento de un cargamento de droga ilícita en posesión del gobernador de Guna Yala, en septiembre de 2020, puso de relieve las conexiones entre funcionarios y organizaciones ilegales (La Prensa, 15 de septiembre de 2020).

Más recientemente, se informó acerca del desmantelamiento de una red criminal que tenía entre sus asociados a un “subteniente de la Policía Nacional, quien se encargaba de dar seguridad, abrir retenes y escoltar automóviles que transportaban las drogas” (La Prensa, 11 de abril de 2021).

El Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State Overseas Security Advisory Council, OSAC) ha catalogado a la ciudad de Panamá como un lugar de alto riesgo. Su más reciente informe sobre delincuencia y seguridad (2020) también advirtió sobre actividades delictivas en áreas urbanas de Chiriquí, Colón y Herrera.

Lugares como la ciudad de Colón, el distrito de San Miguelito y áreas del distrito de Arraiján, junto a sectores de la ciudad capital como Curundú, El Chorrillo, partes de Calidonia, Juan Díaz, Panamá Viejo, Pedregal, Río Abajo y Santa Ana, son considerados sectores de alta peligrosidad, caracterizados por “mayor actividad de pandillas con menor presencia policial”. Además, OSAC destacó la presencia de organizaciones criminales en Darién y la costa del Golfo de los Mosquitos, sobre el Mar Caribe (https://www.osac.gov/Country/Panama/Content/Detail/Report/1d98be31-437c-4d89-9cb7-1836ec6e8188).

Según la Contraloría General de la República, la población estimada combinada de estas áreas al 1 de julio de 2020 era de 1 millón 14 mil 224 personas, lo que representa el 24% de la población estimada de la república a esa fecha. Estas áreas cubren aproximadamente el 29% del territorio del país.

Evidentemente, el crimen organizado hace de las suyas en Panamá, poniendo en riesgo la seguridad pública y mermando considerablemente nuestras posibilidades para salir adelante, entre otros aspectos, por su efecto negativo sobre la inversión privada, como lo señaló el Dr. Zúñiga. Pero, en vez de priorizar el combate a la delincuencia, la fuerza pública se dedica a hostigar a las personas que no tienen puesta la mascarilla y a coimear a los conductores desprevenidos.

¿Dónde está la hoja de ruta del Sr. Cortizo para mejorar la seguridad pública? Su ilustrado gobierno, en vez de contribuir a la solución, agrava el problema.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Aunque desde 1924 se habían establecido esquemas de protección social para algunas categorías de trabajadores, la Ley #23 de 1941 universalizó la cobertura a todo el personal estatal y privado, a través de pensiones de vejez, invalidez y viudez; seguro contra riesgos laborales; subsidios de maternidad; y atención de salud. El seguro de desempleo—cobertura fundamental en el marco de una economía capitalista—nunca se ha instaurado.

Panamá instituyó su CSS primero que 12 de los 20 Estados latinoamericanos, o sea, pocos meses antes que Costa Rica y años antes que México, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Cuba, Haití y Guatemala. Esto, aunado a la amplitud de la cobertura—que, además seguridad social básica, incluye la atención de salud—nos da una medida de la visión de sus fundadores.

En años posteriores a su creación, la CSS estableció programas para la adquisición de viviendas, ofreciendo créditos hipotecarios a prestatarios calificados. De esta manera, contribuía a un fin social importante—la adquisición de residencias propias—y diversificaba su cartera de inversiones, en aras de mayores y más estables rendimientos para los fondos que administra.

El impacto de la CSS en la sociedad panameña ha sido enorme. Su aporte al bienestar social en nuestro país aún no ha sido cuantificado, una de tantas tareas pendientes. Vale la pena recordar que, al 31 de diciembre de 2019, la caja reportó activos por $11.6 mil millones.

Al mismo tiempo, muy pronto después de sus inicios, la mal llamada “clase política” descubrió su potencial para el clientelismo y el enriquecimiento ilícito. Este potencial, puesto al servicio de los corruptos desde los años del antiguo régimen (defenestrado en 1968), tuvo su máxima explotación durante la dictadura militar.

Sin controles efectivos y sometida, como otras organizaciones del Estado panameño, a la voluntad absoluta del tirano, la CSS se convirtió en su cajero automático, al mismo tiempo que botín para premiar a colaboradores de la dictadura con “botellas” en el sector público. Como si todo lo anterior no bastara, el entorno del déspota, siempre atento a oportunidades de negocios, ideó un “Programa Colectivo de Viviendas”, que no construyó una sola casa, pero le robó a la caja unos $100 millones entre contratos chimbos de construcción y seguros.

Hasta el propio partido oficialista (PRD) recibió comisiones por la contratación de seguros, de acuerdo con un esquema burdo que fue desenmascarado por el fiscal Carlos Cuestas. Cuando el recién estrenado procurador, Rafael Rodríguez Aizpurúa (fallecido hace algunos meses) se propuso llegar al fondo de este escándalo, el tirano de turno—quien hoy dicta cátedras de democracia y ética política en las páginas de este diario que mandó a cerrar “desde ya”—lo despidió sumariamente.

Así se perdió en los bolsillos de jerarcas perredistas y de la Guardia Nacional una suma astronómica que hoy, ajustada por inflación, equivaldría a unos $273 millones. Peor aún: la política de saqueo, expolio y vandalismo de los fondos de la CSS continuó a pesar de la transición a la democracia, auspiciada por gobernantes inmorales, directores sinvergüenzas, una junta directiva proveniente del lumpen y una burocracia exagerada de 32 mil 248 empleados al 30 de noviembre de 2020, los cuales, en confabulación con proveedores mafiosos y empresarios delincuentes, no descansan en su empeño de despojar a los asegurados de sus pensiones de vejez y su atención de salud.

Los pocos que han tratado de enderezar el sistema—como el Dr. Rolando Villalaz, brevemente director en 2003-2004—rápidamente han sido puestos fuera de circulación. No hay lugar en la caja para el talento, la honradez y las buenas intenciones. La CSS es un emporio de corrupción y degradación.

En el octogésimo aniversario su fundación, va cundiendo entre los asegurados una preocupación, rayana en frustración, por su pésima administración y la amenaza que se cierne sobre nuestras jubilaciones. Parece inevitable que, para garantizar que la caja siga funcionando, serán instituidas medida paramétricas, como el aumento de la edad y cuotas de jubilación (otras, más drásticas, también se mencionan.)

Antes de aceptar mayores privaciones y sufrimientos para una población ya castigada por pésimos servicios y jubilaciones que no alcanzan para vivir, exijamos—mediante una masiva movilización ciudadana—la presentación de estados financieros auditados y la creación de una comisión que investigue y contabilice los desfalcos perpetrados contra la CSS en los últimos 50 años, y confisque y entregue al patrimonio de la caja los bienes mal habidos por quienes se han dedicado a saquearla.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Tras un torneo electoral innecesariamente violento (no tuvo contendientes), Trujillo fue proclamado vencedor en mayo y tomó posesión en agosto de 1930. Así inició—a través de una elección amañada—uno de los regímenes más sanguinarios y corruptos en este continente, que el premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, retrata con maestría literaria en su novela La fiesta del chivo (2000).

A lo largo de su tiranía, de 31 años de duración, el autoproclamado “generalísimo” mantuvo un control absoluto en su país. Transformó al ejército y al gobierno en instrumentos a su servicio; sometió al sector privado a su ilimitada codicia de poder y riquezas; humilló a las capas superiores, supeditándolas a su insaciable lujuria y megalomanía; se confabuló con la jerarquía eclesiástica, la cual avalaba y bendecía al régimen, a pesar de sus estomagantes excesos; y disfrutó del favor de Washington hasta la víspera de su muerte. ¿Qué más puede anhelar un dictador?

Trujillo elevó el culto a sí mismo a dimensiones estalinistas, instituyendo en su honor cuanto homenaje descabellado pudiese concebir. Impuso su nombre a la capital—la más antigua de América—la cual, desde su fundación en 1498, se llamó Santo Domingo, hasta que, en 1936, el dictador dispuso denominarla “Ciudad Trujillo”.

La peor de sus atrocidades fue la masacre de 1937, ordenada por el propio dictador en contra de los haitianos que se encontraban irregularmente en territorio dominicano. De acuerdo con el excelente libro de la profesora Peguero (The Militarization of Culture in the Domican Republic, 2004), entre 12 y 20 mil indefensos haitianos perecieron en ese genocidio.

Solo mediante el asesinato—ocurrido 70 años atrás, en 1961—lograron los dominicanos librarse de su tiranía, no sin que antes Trujillo hubiese acumulado una multimillonaria fortuna y exterminado a miles de opositores. Entre sus víctimas más conocidas están el escritor español Jesús de Galíndez, quien con su tesis doctoral sobre la dictadura trujillista desenmascaró al déspota, y las hermanas Mirabal—Patria, Minerva y María Teresa—las célebres “mariposas”, en cuyo recuerdo la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre).

La dictadura de Trujillo constituyó un prototipo de régimen militar que otros déspotas de la región pretendieron emular. En Panamá, primero lo intentó Remón, quien, tras alcanzar la jefatura de la Policía Nacional—en 1947—se convirtió en el mandón de la política panameña.

Puso en marcha la militarización, se entrometió en los procesos públicos, aprovechó el poder que acumuló para promover su propio enriquecimiento y, en 1952, alcanzó la presidencia por la vía electoral. Pero su sueño de instaurar un trujillismo en el istmo solo duró hasta 1955, pues fue abatido a tiros en el hipódromo de Juan Franco.

Años más tarde, otro militar aprovecharía el golpe de Estado que sus compañeros llevaron a cabo en 1968 para convertirse en amo absoluto de Panamá. Su despotismo, de tendencia trujillista, robó a manos llenas, persiguió, torturó y asesinó a quienes se le opusieron, e implantó un nauseabundo culto a la personalidad, totalmente ajeno a nuestra idiosincrasia, el cual perdura en el tiempo y el espacio a través de la designación de numerosas obras públicas con el nombre del tirano.

A pesar de sus crímenes de lesa humanidad, tuvo mejor propaganda internacional que Trujillo, pues hábilmente se arropó con un manto de progresismo, tercermundismo y nacionalismo que engañó a muchos. Sin embargo, el memorándum del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fechado el 14 de octubre de 1977, describe, sin vaguedades, el personaje al que el PRD rinde eterna pleitesía.

El memorándum, que en días recientes ha circulado ampliamente, asevera que siendo capitán de la Guardia Nacional panameña, Torrijos fue reclutado en 1955 como “informante confidencial” por la brigada 470 de inteligencia militar de Estados Unidos. Se le asignó un “salario” de 25 dólares al mes (lo que, en la actualidad, equivaldría a unos 245 dólares mensuales).

En los años siguientes, afirma el documento del Consejo de Seguridad, recibió progresivos “aumentos de salario” hasta 300 dólares mensuales (lo que equivaldría, hoy, a unos $2,150). Esta era la suma que, todavía en 1969—después de haberse convertido en dictador de Panamá—seguía percibiendo por su “cooperación” con la inteligencia militar estadounidense.

En su entrega a los intereses estadounidenses, Torrijos y Trujillo son hermanos siameses. Se diferencian en su legado: mientras que a Trujillo nadie osa ponderarlo, Torrijos sigue vivo en su herencia nefasta: su constitución militarista de 1972 y el sistema político de descabellado clientelismo y corrupción, aún vigente, para infortunio de los panameños.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

A ese paso trascendental contribuyeron estímulos extranjeros. Hacia 1821, como bien lo recuerda Arosemena en sus Apuntamientos históricos, “la independencia tomaba extenso vuelo en toda la América hispana”.

La primera ruptura con la metrópolis en los territorios españoles había tenido lugar una década antes, en Venezuela (1811). Otras partes de Hispanoamérica siguieron sus pasos, pero los peninsulares no dieron su brazo a torcer.

Venezuela, así como las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y México, fueron escenarios de sangrientas batallas. Crueles enfrentamientos caracterizaron los tres lustros entre 1811 y 1826, cuando, finalmente, se logró la expulsión de los españoles de sus últimos reductos suramericanos.

Ya en 1821 el panorama se vislumbraba favorable a la causa independentista. El 24 de junio, el ejército libertador venció en el campo de Carabobo, lo que permitió la consolidación de la República de Colombia, fundada en 1819 con la unión de la Capitanía General de Venezuela y el Nuevo Reino de Granada.

El 28 de julio, Perú declaró su independencia. El 30 de agosto fue proclamada, en la Villa del Rosario de Cúcuta, la Constitución de Colombia, que proveyó el marco jurídico de ese nuevo Estado republicano.

El 15 de septiembre, Centroamérica se emancipó de la corona española y el 27 del mismo mes, el largo y cruento proceso mexicano de liberación llegó a su momento culminante.

Panamá no existía al margen de estas tendencias. Como zona de tránsito conectada al Caribe y Suramérica, recibía continuamente noticias de los avances republicanos. Además, ya en 1821, la “determinación de ser independientes era una idea invariable, fija” entre algunos sectores influyentes, tal cual lo comenta el prócer Arosemena.

“A los istmeños”, agrega, “no nos satisfacía sino la separación del Gobierno español, el establecimiento de un gobierno propio”. El objetivo se logró en noviembre de 1821, en dos etapas.

De la primera fue protagonista nuestro llamado “interior”, cuyos adalides estuvieron inspirados en objetivos claramente enunciados en el Acta de la Villa de Los Santos del 10 de noviembre de 1821. Los firmantes dejan constancia de que se rebelan contra la opresión del gobierno español y manifiestan su deseo “de vivir bajo el sistema republicano que sigue toda Colombia”.

No estaban dispuestos a seguir tolerando la tiranía del rey y sus agentes. Aspiraban a un régimen de libertad, para lo cual tomaron las medidas correspondientes—incluyendo la organización de una fuerza armada—a fin de repeler cualquier intento por subyugarlos a la dominación española.

Según Arosemena, “ese levantamiento del pueblo santeño hizo una fuerte impresión en la capital”, cuyos sectores principales se apuraron a motivar a la población capitalina hacia la independencia, organizando, rápidamente, la segunda etapa de nuestra emancipación. Para evitar un innecesario derramamiento de sangre, cubrieron los salarios vencidos de la guarnición española, a cambio de que la soldadesca desertara y no apuntara sus fusiles contra los patriotas.

El 28 de noviembre, un movimiento popular acuerpó la declaración de independencia de Panamá. El istmo se proclamó “libre e independiente del Gobierno español” y se unió al Estado republicano de Colombia, regenerándose “por sí mismo” y liberándose “por su propia virtud”, como lo reconoció el Libertador Simón Bolívar al enterarse del suceso.

El conocimiento de la historia debe servir más que para rendir exámenes escolares y atinar respuestas en juegos de trivia. La historia es fuente de inspiración para nuestras actuaciones cívicas, sobre todo, en momentos como los actuales, cuando el peor gobierno del llamado “período democrático” continúa imponiéndonos su interminable corrupción y su maléfico autoritarismo.

Un gobierno que carece de legitimidad, capacidad y autoridad moral debe apartarse del ejercicio del poder. Toca al pueblo, como única fuente de la que emana ese poder, ponerle un punto final al cúmulo de tropelías, exabruptos y ladronerías a que nos tiene sometido este desgobierno impresentable, semejante en su despotismo y codicia a la dominación española que padecía el istmo hasta que nuestros próceres tomaron la determinación de liquidarla.

En el año del bicentenario, inspirémonos en las valientes actuaciones de nuestros patriotas para exigir el nombramiento de un gabinete independiente, la renuncia de Cortizo y Carrizo y—de conformidad con el artículo 189 de la Constitución—el nombramiento de un ministro encargado de la presidencia. Así podremos tener una nueva elección presidencial en un lapso no mayor de seis meses, como lo establece la Constitución, sumada a la convocatoria a una asamblea constituyente de plenos poderes, que nos permita regenerar y adecuar el sistema republicano por el que inteligentemente optaron nuestros patriotas en 1821.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Sitiado por el coronavirus, golpeado por los efectos económicos de la pandemia, amenazado por el envalentonamiento de China y Rusia, profundamente polarizado, asediado por el extremismo y el terrorismo interno, y notablemente debilitado en su institucionalidad democrática, el país enfrenta la mayor amenaza a su posición internacional desde los ataques a Pearl Harbor en 1941.

En vísperas de esta publicación, Estados Unidos contabilizaba 24.6 millones de contagios por coronavirus, una cuarta parte de los casos reportados en todo el mundo. En número de muertos por COVID-19, el país también supera a todos los demás (408,628 al 18 de enero, según Worldometer: https://www.worldometers.info/coronavirus/?).

Entre diciembre de 2019 y 2020, el tamaño de la economía estadounidense descendió de 19.2 a 18.6 trillones de dólares (3.1%). Entre enero y noviembre de 2020, el empleo se redujo en 6.3%, de un total de 152.2 a 142.6 millones de puestos de trabajo, según la Escuela Carsey de Políticas Públicas de la Universidad de New Hampshire (https://carsey.unh.edu/COVID-19-Economic-Impact-By-State).

Entre tanto, la economía china creció en 2.3% el año de la pandemia iniciada en su propio territorio (BBC, 18 de enero). El Centro para la Economía y la Investigación de Negocios del Reino Unido avizora que hacia 2028, el PIB chino superará al de Estados Unidos (BBC, 26 de diciembre de 2020).

Ante la decadencia estadounidense, China y Rusia se han entusiasmado, como nos lo recuerda, en esta misma página, el profesor Euclides Tapia. En 2014, Putin le arrebató Crimea a Ucrania, pese a las protestas de Washington y la Unión Europea.

En 2016, Beijing sometió a su control y militarización el archipiélago Spratly, en el mar de la China meridional, a pesar del fallo de la Corte Permanente de Arbitraje favorable a Filipinas (The Guardian, 13 de julio de 2016). Aprovechando el desarreglo mundial como consecuencia del coronavirus, en 2020 China sometió a Hong Kong a su estado policíaco, desarticulando el movimiento democrático en esa región hasta entonces autónoma.

A pesar de las quejas de Washington, la dictadura de Beijing procedió al amparo de su autoritaria “ley de seguridad nacional”, que ahora le permite interferir en Hong Kong, cuya autonomía estaba asegurada bajo la Declaración Conjunta chino-británica de 1984, que creó para aquella excolonia inglesa un régimen especial, vigente hasta 2047.

Algunos, que abrigan resentimientos atávicos hacia la potencia norteña por los desaciertos de su política exterior, se alegran de las vicisitudes por las que atraviesa la más antigua república de los tiempos modernos. Sin dejar de criticar dichos errores—particularmente, su apoyo a regímenes opresivos como la dictadura de los militares y el PRD (1968-1989)—otros reconocemos que, en un sistema internacional caracterizado por la desigual distribución de poder, el declive de una potencia significa, necesariamente, el aumento de otra(s).

En la coyuntura actual, el vacío que generaría el descenso de Estados Unidos sería llenado, principalmente, por China y Rusia, Estados sin consideración alguna por la libertad, los derechos humanos o la democracia. Ese es el panorama que configura una caída en el poderío estadounidense: un escenario de sometimiento a regímenes dictatoriales con valores autoritarios y prácticas opresivas.

El mayor obstáculo al repunte estadounidense es la polarización de su sociedad. Esa polarización, que divide a Estados Unidos en extremos situados a la izquierda y la derecha del espectro político, se ha acentuado en años recientes, en gran medida, como resultado de las actuaciones de un presidente que ha azuzado el extremismo con fines electoreros, a partir de planteamientos descabellados y teorías de la conspiración que no resisten un análisis serio o una evaluación juiciosa.

A lo largo de la historia, sin embargo, la sociedad estadounidense ha sido caldo de cultivo para el extremismo y el fundamentalismo, situación que el mandatario saliente supo aprovechar para aumentar su base de apoyo, con resultados desastrosos para la institucionalidad democrática en un país que durante dos siglos se ha presentado al mundo como faro de la libertad y promotor de la democracia.

Las grotescas escenas del 6 de enero, en que una turba de extremistas de derecha, partidarios de Trump y animados por él, asaltaron el Capitolio con intenciones de subvertir el proceso electoral—piedra angular del sistema político estadounidense—constituyen una prueba fehaciente de lamentable decadencia.

En semejantes circunstancias, un liderazgo efectivo y comprometido con los valores fundamentales en los que se inspira la arquitectura republicana es esencial hacia la recuperación. El reto que tiene Joe Biden por delante es enorme, y muchos nos preguntamos, con preocupación, si estará a la altura de las circunstancias.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Esta nota fue modificada a las 11:52 a.m. del miércoles 20 de enero de 2021. En su versión original, se hizo referencia a un fallo de la Corte Internacional de Justicia. La instancia correcta es la Corte Permanente de Arbitraje...

Andrew Hammond, investigador asociado a London School of Economics (LSE-IDEAS), plantea las probabilidades de que el populismo se afiance por dos razones. En primer lugar, la crisis del coronavirus ha desencadenado la recesión más aguda desde la Segunda Guerra Mundial, con caídas no experimentadas desde 1870 en algunos renglones económicos, como—por ejemplo—el producto interno bruto per cápita.

Además, ha incrementado la desigualdad. Si bien los mercados de valores han crecido y la riqueza de unos cuantos ha aumentado desde que comenzó la pandemia, los ingresos de las personas más pobres se han estancado o han disminuido.

Los jóvenes, en particular, tienen grandes probabilidades de perder sus trabajos. Estos factores alimentan el descontento político y llevan a los pueblos a prestarles atención a propuestas populistas (Arab News, 16 de enero).

El populismo, explican los profesores Levisty y Loxton (2013), es una estrategia política encaminada a acceder al poder público y mantenerlo a partir de liderazgos personalistas que atraen a las masas con discursos contra el sistema. Muchas veces, el populismo acomete desde afuera de los partidos—a raíz del desgaste y desprestigio de estos—enarbolado por individuos que se presentan como combatientes antisistema y vengadores de los agravios cometidos contra el pueblo.

De acuerdo con el profesor Zúquete (2008) y otros autores, el discurso populista sataniza al adversario, convirtiéndolo en un enemigo despreciable, que merece ser erradicado. La misión del líder populista es desbaratar al oponente y otorgar beneficios a los seguidores a través de subsidios y otras medidas paternalistas que abusan de la capacidad presupuestaria y, a la larga, causan significativo daño fiscal.

El populista de hogaño es el demagogo de antaño, cuya trayectoria describen Platón en su República y Aristóteles en su Política.

El líder populista tiene una relación oportunista con el sistema democrático. Normalmente, busca acceder al poder a través de la vía electoral. Una vez lo alcanza, se dedica a menoscabar y neutralizar los organismos de control—los otros órganos del Estado, en el esquema republicano—a través del chantaje, las amenazas y las arbitrariedades.

Por eso, argumentan los profesores Levisty y Loxton, el populismo abre el camino al llamado “autoritarismo competitivo”, regímenes dictatoriales que—paradójicamente—celebran elecciones periódicas (en las que siempre gana el líder populista y su movimiento).

América Latina es terreno fértil para el populismo. Desde que hizo su aparición en nuestra región, a principios del siglo 20, el populismo ha pasado por tres etapas: la fase clásica, entre los años de 1940 y 1960, asociada al modelo estatista de sustitución de importaciones; el período neopopulista, de la década de 1990, vinculado al neoliberalismo económico de derecha; y la etapa iniciada a partir del nuevo milenio, relacionada con el llamado “socialismo del siglo 21”, cuyo resultado más evidente ha sido un empobrecimiento generalizado, mayor inseguridad de todo tipo y el derrumbe del esquema republicano legado por los padres fundadores de los Estados latinoamericanos.

Nuestro país no ha estado exento de experiencias populistas. Tras consolidar el poder, el régimen militar recurrió a estrategias populistas en su inútil intento por legitimar el sistema de opresión y venalidad instaurado por los militares el 11 de octubre de 1968.

Esta dictadura, al igual que las de Perú (1968-1980) y Ecuador (1972-1979), impuso aparentes medidas sociales y nacionalistas que, más temprano que tarde, debilitaron la capacidad económica e infectaron la poca institucionalidad existente con altas dosis de clientelismo y corrupción. En los tres países, se adoptó un programa populachero sin siquiera recurrir a la pretendida legitimación directa del dictador a través de elecciones, como solían hacerlo los líderes populistas de épocas precedentes.

Los profesores Lowy y Seder (1985), de orientación marxista, califican este tipo de régimen con el rótulo de “semipopulismo militar”. El desbaratamiento institucional que dicho sistema produjo en Panamá, creó una narcodictadura militar cleptocrática, con su brazo político (PRD), enteramente dedicada al robo y puesta al servicio de la delincuencia internacional.

Años más tarde, el populismo chavista rápidamente evolucionó en Venezuela hacia ese mismo formato: el de la narcodictadura militar cleptocrática, apoyada por tiranías repelentes como las de Cuba, China, Rusia, Corea del Norte, Irán y Turquía.

La pérdida de institucionalidad, la violencia, arbitrariedad y corrupción sin límites de los gobernantes, la crisis económica y la desesperación que produce, y el total descrédito de los partidos políticos constituyen los elementos perfectos para que surja un liderazgo populista en Panamá. Frente a ese riesgo de deterioro aún mayor, la educación y el activismo ciudadano son el antídoto más efectivo.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá

Como todo discurso demagógico, esta soflama gubernamental no se concilia con la realidad de un país donde una maraña de leyes y trabas burocráticas—malamente concebidas y redactadas—dificultan las actividades productivas; donde quienes deben aplicarlas solo piensan en coimear; donde lo que impera no es la seguridad—sino la inseguridad—jurídica; y donde el sistema judicial, teóricamente a cargo de dirimir las controversias conforme a la ley, no es más que una vulgar taquilla integrada por tracaleros que venden sus fallos al mejor postor.

No en vano afirmó la embajada estadounidense, en un cable confidencial, que los magistrados administran justicia en Panamá como si fuera una actividad criminal (“Crudely put, the Justices run the Court as a racket”, Wikileaks, 22 de julio de 2005).

¿Cómo pretende el gobierno fomentar la inversión de capitales en un país donde no hay seguridad jurídica ni respeto por la propiedad privada? La invasión de tierras—impulsada por bandas organizadas, promovida por los propios funcionarios y facilitada por las fuerzas de seguridad y el órgano judicial—basta y sobra para ilustrar semejante desarreglo.

Según La Estrella de Panamá (25 de octubre de 2020), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial identificó “395 comunidades que han surgido por las invasiones de tierras y que no están legalizadas.” La mayoría de las invasiones (266, o 67%) se encuentra en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, incluyendo la cuenca del Canal, donde ocupan, al menos, unas 175 hectáreas (La Prensa, 26 de diciembre de 2020).

En su inmensa mayoría, estas invasiones no son efectuadas por personas genuinamente necesitadas de vivienda, sino por traficantes y especuladores que organizan ocupaciones de terrenos particulares, para luego venderlos. A sabiendas de que los mismos tienen dueños legítimos, los cabecillas de estas redes incitan a sus clientes a edificar casas sin ningún tipo de planificación y a ocupar edificaciones existentes en dichas propiedades.

De esta manera, usurpan los derechos de sus propietarios conforme a la Constitución, cuyo artículo 47 garantiza la propiedad privada adquirida conforme a la ley. Evidentemente, el ejercicio del derecho a la propiedad privada debe ser supeditado, en casos específicos, a la atención de necesidades sociales urgentes, pero todo proceso de expropiación con estos fines tiene que efectuarse “mediante juicio especial e indemnización”, de acuerdo con lo que indica la propia ley fundamental (Art. 48).

La oratoria chapucera que avala las invasiones de tierras se ampara en la función social que, conforme a la Constitución, debe cumplir la propiedad privada. Lo que no dicen los traficantes y los funcionarios que a todos los niveles los patrocinan—desde los jueces de paz hasta los ministros de Estado—es que la función social debe ser determinada mediante un procedimiento establecido en la ley y realizada por el gobierno, de manera ordenada, atendiendo necesidades de salubridad y dignidad humana, en cumplimiento de lo que señalan la carta magna y la legislación vigente.

Menos aún admiten que las invasiones que tienen lugar en el país constituyen una burda práctica especulativa llevada a cabo por facinerosos, aupados por cargos de elección popular y funcionarios con aspiraciones electoreras. No dicen que las ocupaciones ilegales nunca afectan a los acaparadores de tierra más poderosos del país (como el sempiterno diputado bocatoreño ahora convertido en gran latifundista), porque ellos tienen cómo defenderse, así sea tomando la ley en sus propias manos y desbaratándoles las casas brujas a los precaristas que osen penetrar sus propiedades.

Afectan, eso sí, a los dueños sin influencias y sin posibilidades de hacer valer sus derechos frente a las mafias usurpadoras de tierras que cobran a sus clientes por la asignación de lotes en predios invadidos. Bien lo sabe el ministro de Vivienda, quien días atrás insistió que “la necesidad habitacional no puede afectar el derecho al libre ejercicio de la Propiedad Privada que consagra la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 47 y que, como institución estatal, el Ministerio está en la obligación de respetar y defender” (MIVIOT, 12 de febrero).

¿Qué inversionista se atreverá a poner su confianza en un país en el que no hay seguridad para los propietarios que no contribuyan a los cofres electoreros del PRD y paguen coimas a los corruptos organismos de seguridad? Seguramente, este problema figura entre las prioridades del deslumbrante “ministro consejero para la facilitación de la inversión privada”, cargo inexistente en la estructura burocrática del Estado panameño hasta que Cortizo y Carrizo llegaron a encandilarnos con su pericia administrativa y buen gobierno.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Semejante desastre es la obra maestra del gobierno de Cortizo, que ha superado, con creces, los logros de la dictadura de la que proviene. En 1988, el año de mayor contracción durante la crisis norieguista, la economía se contrajo en 13%.

Cortizo superó a su maestro en 5 puntos y por eso será recordado eternamente. Cuando, en 2024, el PRD aspire a reelegirse—abanderado por el impresentable Carrizo—podrá exhibir, como principal carta de presentación, esa estadística no superada en los anales de nuestra historia.

Los voceros del peor gobierno del que tengamos recuerdo atribuyen esta catástrofe a factores externos. (O sea, la culpa es de otros.) El ministro de Economía, al que algunos despistados calificaron “de lujo” por sus largos años de servicio a la dictadura, adujo que el “hecho de ser una economía muy ligada al mundo, realmente en momentos como este crea una situación especial” (La Prensa, 14 de febrero).

Intenta evadir así su responsabilidad y la de su jefe por el pésimo manejo de la pandemia, en particular y el gobierno, en general. Muchas economías están ligadas al mundo, pero pocas han sufrido una pérdida similar. Según Fitch (3 de febrero), solo 3 de los países a que la agencia da seguimiento tuvieron peores resultados: Macao, Maldivas y Líbano.

El descalabro panameño es producto del mal gobierno de Cortizo y sus desatinadas medidas, comenzando por el inconstitucional y dilatado encierro. De acuerdo con Fitch (3 de febrero): “Las estrictas y prolongadas medidas de confinamiento en Panamá condujeron a una profunda reducción de la actividad económica.”

A ello hay que sumar las torpezas y corruptelas del gobierno, avaladas por el ministro “de lujo” y sus ineptos compañeros de gabinete. Según la Contraloría General de la República, al 30 de noviembre de 2020 (no hay cifras oficiales más recientes) había mil 337 empleados públicos más que el año anterior (0.6%).

Usted, que es iluso, creerá que todos han sido asignados a la “guerra” de Cortizo contra la Covid-19.

Entre enero y noviembre de 2020, el gobierno pagó 248 millones adicionales en salarios que en los primeros once meses de 2019, lo que representa un aumento de 6.5%. En otras palabras, el número de funcionarios aumentó 0.6%, pero el gasto aumentó 6.5%.

¿Qué significa esto? ¿En medio de la crisis se les ha aumentado el salario a algunos avivatos?

La planilla del sector público, que ascendió a $4.1 mil millones entre enero y noviembre de 2020, representó el 98% de los ingresos corrientes a esa fecha ($4.2 mil millones) y el 128% de las recaudaciones tributarias ($3.2 mil millones). Dicho de otra forma, al 30 de noviembre de 2020, los ingresos del gobierno no alcanzaban para pagar la planilla; mucho menos, los gastos adicionales de funcionamiento.

¿Cómo se han balanceado las cuentas? Con préstamos: entre enero de 2020 y 2021, la deuda publica aumentó en $9 mil millones (30%), hasta alcanzar la escandalosa suma de 38.9 mil millones de dólares.

Solo entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021, el endeudamiento aumentó, de $37 mil millones a la cifra indicada—o sea, en casi dos mil millones de dólares. Pero la fiesta de la deuda comenzó desde el mismo día en que entró Cortizo.

Entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, la deuda pública subió $12.3 mil millones. En promedio, el pésimo gobierno actual nos ha endeudado en 647 millones de dólares al mes.

Ni la peor de las malas administraciones anteriores se le acerca: el promedio de Torrijos es $30 millones mensuales en 2004-2009; el de Martinelli, $114 millones entre 2009 y 2014; y el de Varela, 150 millones entre 2014 y 2019. Usted, que es iluso, creerá que nadie cobra comisión por “gestionar” tan eficientemente la deuda pública.

Si en 2020 el producto interno bruto bajó a 52.9 mil millones de dólares (La Prensa, 2 de marzo) y el saldo de la deuda al final de ese año se situó en 37 mil millones de dólares, la relación deuda/PIB se ubica, por lo menos, en 70 por ciento. O sea, de cada dólar que produjo la economía panameña en 2020, les debemos 70 centavos a los tenedores de bonos y otros acreedores.

La situación económica dibujada a grandes rasgos es insostenible. No hay ni plan, ni hoja de ruta, ni bitácora para promover el crecimiento económico, menos aún el desarrollo humano. Estamos en manos de los peores gobernantes.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Armado con un burdo discurso populista, Chávez desbarató los cimientos republicanos del Estado venezolano, sustituyéndolos por una narcodictadura. Ese mismo fue el estilo del régimen militar en Panamá (1968-1989) cuyo legado nefasto, enarbolado por el PRD, sigue contaminando el cuerpo social istmeño como una metástasis cancerosa.

No en vano usaba Chávez cada oportunidad para alabar al dictador Torrijos, bajo cuya tiranía ocurrió la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos durante la dominación castrense. Chávez y su sucesor, Maduro, siguieron los pasos de Torrijos, Paredes y Noriega, quienes instituyeron una dictadura militar represiva y pusieron al istmo al servicio de las narcomafias internacionales.

Sobre una escala de 0 a 100—en la que 0 indica pleno autoritarismo y 100, plena democracia—la respetada ONG internacional Freedom House asigna a Venezuela un puntaje de 16/100. Freedom House comenta que las condiciones políticas “han empeorado marcadamente” en Venezuela, “debido a la constante concentración de poder en el Ejecutivo y las medidas de mano dura contra la oposición.” Añade: “La corrupción del gobierno es omnipresente” (https://freedomhouse.org/es/country/venezuela/freedom-world/2020).

El Barómetro Global de la Corrupción destaca la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, atribuyéndola en parte a los niveles sin precedentes de corrupción y malversación. El informe señala que unos 400 mil millones de dólares han sido desfalcados​​bajo los gobiernos de Chávez y Maduro (https://images.transparencycdn.org/images/2019_GCB_LatinAmerica_Caribbean_Full_Report_200409_091428.pdf).

Atlantic Council, otra respetada ONG, describe a Venezuela bajo el narcochavismo como un “centro mundial de criminalidad y convergencia terrorista” que usa los réditos de la explotación petrolera para financiar a sus aliados en el extranjero (https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-regimes-illicit-activities-a-threat-to-democracy-in-venezuela-and-security-in-latin-america/).

A esa caja menuda quiere acceder una facción del PRD, como antes tuvo acceso a ella, sobre todo en la campaña de 2009 (Panamá América, 26 de abril de 2011). El apoyo de parte de la cúpula perredista a las fraudulentas elecciones de diputados en Venezuela, rechazadas por los sectores democráticos en todo el mundo, apunta en esa dirección.

Hasta el inepto gobierno de Panamá declaró que los fraudulentos comicios “no garantizaron un proceso democrático, transparente, inclusivo, libre y justo para el pueblo venezolano” (6 de diciembre). Ni bien se había secado la tinta de ese comunicado cuando el secretario general del PRD escribió en Twitter: “Damos fe que se trató de un ejercicio constitucional democrático, libre y pacífico.”

Agregó a Telesur que la votación se había realizado “de forma pacífica, de forma tolerante, de forma ordenada, a pesar de todas las limitaciones que vive Venezuela producto del acoso internacional de Estados Unidos y sus aliados. Se desarrolló un ejercicio de manera ejemplar” (La Prensa, 7 de diciembre).

El jefe del Ejecutivo, a quien, de acuerdo con la Constitución (Art. 184, numeral 9), le corresponde dirigir nuestras relaciones exteriores, no intervino para reiterar la posición panameña. Esta posición, supuestamente, nada tiene en común con lo expresado por uno de los cabecillas del partido al cual pertenece el Sr. Cortizo y que, presuntamente, respalda su inútil desempeño en el gobierno panameño.

Panamá firmó el 7 de diciembre un “comunicado conjunto” con otros 15 países, el cual aseveró que los comicios del día anterior “carecen de legalidad y legitimidad”. El 9 de diciembre, Panamá apoyó la Resolución N°1164 (2309/20) del Consejo Permanente de la OEA en rechazo a las elecciones fraudulentas.

Aun así, las declaraciones del líder perredista abren la puerta a la normalización de relaciones diplomáticas con la narcodictadura chavista tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional escogida por fraude el 6 de diciembre.

Hacia ese fin, Panamá ya advirtió que su respaldo a la Resolución N°1164 (2309/20) “no supone el reconocimiento a la continuidad del mandato constitucional del órgano legislativo o de sus integrantes.” Esta advertencia se refiere al gobierno provisional de la Asamblea Nacional de Venezuela (encabezado por el diputado Juan Guaidó), que Panamá reconoce como legítimo representante del pueblo venezolano desde el 23 de enero de 2019.

Como lo expuso el profesor Alonso Illueca, “nuestro derecho interno (Decreto N°364 de 1990) y las normas comunitarias de gobernanza democrática (Carta Democrática Interamericana), nos obligan a no reconocer” a la dictadura venezolana “y a adherirnos a las apreciaciones colectivas adoptadas a través del Consejo Permanente de la OEA” (La Prensa, 16 de diciembre).

Al PRD, sin embargo, nada le importa la gobernanza democrática. Le interesa, como a sus secuaces narcochavistas, enriquecerse a costa del erario y reprimir toda protesta contra su pernicioso ejercicio del poder, capitaneado por elementos de oscuro pasado que atentan contra el desarrollo democrático, tanto en Panamá como en Venezuela.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

De acuerdo con La Estrella de Panamá (7 de diciembre), un embajador panameño, allegado al influyente funcionario, “estaría siendo investigado por supuestas irregularidades”, específicamente, por un “negociado con pasaportes” y tráfico de personas.

El uso del servicio exterior como plataforma para la corrupción tiene larga trayectoria en Panamá. La narcodictadura de los militares y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) convirtieron al servicio exterior en una caja registradora.

Además de la venta de consulados al mejor postor –incluyendo a narcotraficantes, criminales internacionales y truhanes de la peor calaña– uno de los delitos más difundidos era la venta de pasaportes panameños, principalmente a asiáticos, desesperados por salir de sus países de origen, donde sufrían los rigores de la marginación, la pobreza y la represión.

Díaz Herrera, alto jerarca de las Fuerzas de Defensa hasta que Noriega lo botó en 1987, confesó haber lucrado del trasiego de cubanos (La Estrella de Panamá, 25 de abril de 2011). Mencionó, además, otros crímenes abominables, como el asesinato de Hugo Spadafora por criticar la narcocorrupción del régimen al que pertenecía el propio Díaz y el asqueroso fraude electoral que en 1984 impuso en la presidencia al usurpador Nicolás Ardito Barletta.

Derrocada la narcodictadura militar, en vez de erradicar la nefasta corrupción, los gobiernos de la “democracia” la continuaron y promovieron. Por eso, cuando altos personajes del oficialista PRD –entre ellos, un pariente de Díaz Herrera– avalan con entusiasmo el fraude electoral venezolano del pasado domingo (La Prensa, 8 de diciembre), no podemos menos que suponer que la aberrante proximidad entre el perredismo y el narcochavismo se afinca en el denominador común de la corrupción.

De acuerdo con Transparencia Internacional (TI), Venezuela, sometida al narcochavismo, es el país más corrupto de América y el quinto país más corrupto del mundo. Tiene un puntaje de 16 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción de TI (2019).

El de Panamá es 36 sobre 100. De 180 países clasificados, 102 son más transparentes que Panamá; 77 son más corruptos (https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results).

En otras palabras, la mayoría de los Estados del mundo son menos corruptos o, dicho de otra manera, Panamá está entre los países más corruptos del planeta.

Según esta medición, en casi dos décadas, nunca hemos alcanzado los 40 puntos sobre 100 y nuestro puntaje viene en picada desde 2015, cuando obtuvimos 39 puntos. Semejante podredumbre es el principal legado de la narcodictadura torrijista, que elevó la corrupción a política de Estado y sometió a sus designios a todos los órganos del poder público.

Particularmente lamentable, fue la entrega del sistema judicial a la corrupción, orquestada por los militares. Treinta años después del derrocamiento de la tiranía, el Ministerio Público y el Órgano Judicial siguen operando según los códigos de la corrupción.

Entre tanto, algunos se quejan de la inclusión de Panamá en “listas negras”. La inoperancia y corrupción del sistema judicial proveen la excusa perfecta para que nos apliquen todas las sanciones imaginables, mientras unos cuantos avivatos se siguen enriqueciendo de la perversa dinámica del soborno, la venalidad y la rebusca.

De esa dinámica forma parte la simulación de los gobernantes, quienes cada cierto tiempo realizan ridículas declaraciones a favor de la transparencia. Meses atrás, dijo el Sr. Cortizo: “A mí me interesa tener un gobierno transparente, cero corrupción, por supuesto, pero nos interesa que los casos de corrupción sean castigados y sean investigados” (La Prensa, 2 de junio).

Poco después, The Economist Intelligence Unit (EIU) –una de las principales fuentes internacionales de análisis político– indicó que el gobierno de Cortizo ha “sucumbido a la corrupción”. EIU destacó las críticas a personajes del entorno de Cortizo por su presunta participación en actividades de dudosa transparencia y compras atiborradas de inexplicables sobrecostos (EIU, 16 de julio).

Irónicamente, Panamá es signataria de la Convención Americana contra la corrupción de 1996 (ratificada en 1998, durante uno de los corruptos gobiernos del PRD) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003 (ratificada en 2005, durante otro de los corruptos gobiernos del PRD).

La ratificación de instrumentos internacionales contra la corrupción también forma parte de una pervertida dinámica en las que participan diputados, gobernantes, fiscales y jueces panameños, quienes en esta fecha –Día Internacional contra la corrupción, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003– se mueren de la risa ante los esfuerzos mundiales por combatir una lacra que tanto daño hace, sobre todo, en tan difíciles momentos de crisis global.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Su asesinato estremeció al país y a un continente asqueado de los abusos, la megalomanía y la vesania de una dictadura impresentable, y convirtió a “Las mariposas” no solo en un símbolo de resistencia contra el autoritarismo político sino, además, contra la violencia hacia las mujeres.

Poco más de seis meses duraría el propio Trujillo, repugnante espécimen de la fauna dictatorial americana, antes de ser abatido a tiros en mayo de 1961, con lo cual concluyó su oprobioso régimen de terror. Años más tarde, el 7 de febrero de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó, en recuerdo de “Las mariposas”, el 25 de noviembre de cada año como el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Según la propia Asamblea General, constituye violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (A/RES/54/134).

Como sectores particularmente vulnerables a esta violencia, la ONU identifica a “las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto” (A/RES/48/104).

La violencia contra la mujer permanece, muchas veces, en la invisibilidad, pues frecuentemente ocurre a puertas cerradas, sin que existan u operen instancias que permitan atender una problemática de extrema gravedad. Según ONU-Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 137 mujeres son asesinadas diariamente, en todo el mundo, por un miembro de su familia.

“Incluso antes de la aparición de la pandemia de COVID-19”, señala otro informe de ONU-Mujeres, “243 millones de mujeres y niñas en todo el mundo habían sido maltratadas por sus compañeros sentimentales en el último año.” De acuerdo con la misma agencia, las mujeres, incluyendo niñas, representan el 72% de todas las víctimas del tráfico de personas. Tres de cada cuatro menores víctimas del tráfico infantil son niñas.

Panamá no es ajena a esta violencia. La Procuraduría General de la Nación reporta un aumento, en años recientes, en el número de “femicidios” (“feminicidios”, según el Diccionario): de 19 (2016), 18 (2017), 20 (2018) y 21 (2019), a 26 entre enero y octubre de 2020.

En cuanto a violencia doméstica, cuyas principales víctimas son las mujeres, ha habido 12 mil 540 denuncias entre enero y octubre de 2020, lo que equivale a 41 cada día. En lo que atañe a maltrato de menores (principalmente, contra niñas), ha habido, en el mismo lapso, mil 872 denuncias, lo que representa seis cada día.

Estos números son inferiores a los de años anteriores, probablemente por las restricciones de movilización y los cierres de oficinas públicas impuestos por el gobierno. Lo cual pone de manifiesto otra consecuencia de la pandemia: la falta de acceso a la salvaguardia del Estado para las víctimas de la inseguridad, agravada como consecuencia de la desaconsejada clausura de los despachos judiciales, sin que se haya suministrado al público otros mecanismos efectivos de seguridad ciudadana.

Si en tiempos normales, las instancias de protección, como los juzgados de paz y las dependencias del Ministerio Público, funcionan pésimamente mal, la pandemia ha venido a deteriorar la situación aún más. Deberían tener esto en mente los funcionarios que hoy hablarán acerca la necesidad de eliminar la violencia contra la mujer y comprometerse a hacer más eficiente una estructura estatal que permita romper el círculo tóxico del maltrato, el cual—como lo señala una querida psicóloga—“no discrimina por etnia, clase socioeconómica ni profesión”.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Los ataques navales en el Atlántico norte y—por primera vez en la historia—los operativos aéreos fueron característicos de esta conflagración sumamente desastrosa, cuyo saldo en vidas humanas se estima en más de 20 millones de personas, entre militares y civiles.

El armisticio de Compiègne, suscrito el 11 de noviembre de 1918, puso fin a esta matanza, que enfrentó a las potencias aliadas de Rusia, Francia y el imperio británico con las potencias centrales de Alemania, Austria-Hungría y el imperio otomano. Italia, vinculada a Austria y Alemania hasta la víspera, renegó de aquel pacto y acuerpó a los aliados a partir de 1915.

Estados Unidos entró en ese mismo bando en 1917. Su participación en la guerra apuntaló a los aliados, debilitados a partir de la revolución en Rusia y su posterior retiro de la guerra, oficializado en el Tratado de Brest-Litovsk (3 de marzo de 1918).

Aunque Canadá, como parte del imperio británico y, luego, Estados Unidos, enviaron tropas a los campos de batalla, no hubo enfrentamientos militares en América. Sin embargo, las redes de inteligencia alemanas, británicas y estadounidenses se mantuvieron muy activas en estas latitudes.

Para apoyar al esfuerzo bélico del imperio británico, en 1915 se constituyó un regimiento de antillanos (British West Indies Regiment). A su formación contribuyó el ministro (embajador) del Reino Unido en Panamá, Sir Claude Mallet y varios de sus integrantes fueron reclutados en el istmo, entre trabajadores del canal recientemente cesados.

Matilde de Obarrio (Lady Mallet), esposa del embajador, recogió muchas cartas de estos soldados y en 1919 publicó la compilación titulada Letters from the Trenches During the Great War.

En 1916-1917, Alemania, previendo la eventual entrada de Estados Unidos en la guerra del lado de los aliados, intentó persuadir a México, entonces inmerso en una revolución, de declararle la guerra a Washington. En compensación, Berlín prometió al gobierno mexicano la recuperación de los territorios perdidos en 1848 (California, Nevada, Utah y Arizona, así como partes de Wyoming, Colorado y Nuevo México).

Para mala suerte de los alemanes, el cable de Berlín a su ministro (embajador) en México, con detalles de la propuesta, fue interceptado por la inteligencia británica y entregado al gobierno estadounidense. El taimado líder de México, Venustiano Carranza, rápidamente se desentendió de los alemanes para evitar la ira del presidente estadounidense, Woodrow Wilson (quien ya había enviado tropas a México en 1914 y 1916-1917).

Poco después, el 6 de abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Panamá, alineada entonces (como ahora) al coloso del norte, rompió relaciones diplomáticas con Berlín y, a solicitud de Washington, arrestó a varios ciudadanos alemanes y los entregó a las fuerzas estadounidenses.

En represalia, Alemania confinó a los estudiantes panameños Alexis Lindo, S. Sabló, Luis Salvat, Gilberto Solís y Francisco Villalaz en el campamento de Holzminden.

En noviembre de 1917, la Asamblea Nacional manifestó la existencia de un “estado de beligerancia” entre Panamá y Alemania desde abril de ese año. Después de que lo hiciera Estados Unidos el 7 de diciembre, la Asamblea Nacional le declaró la guerra a Austria-Hungría el 10 de diciembre de 1917.

Como Estado beligerante en la Primera Guerra Mundial, Panamá participó en la Conferencia París de 1919 y suscribió el Tratado de Paz firmado en Versalles el 28 de junio de 1919, que puso fin al estado de guerra con Alemania, creó la Sociedad de las Naciones y estableció la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Nuestro representante en esa conferencia fue Antonio Burgos, ministro (embajador) de Panamá en España, quien también firmó el Tratado de Saint-Germain-en-Laye (10 de septiembre de 1919), mediante el cual se dio por terminado el conflicto entre Austria y los aliados. El tratado de paz con Hungría, firmado en Trianon el 4 de junio de 1920 fue suscrito en representación de Panamá por el encargado de negocios en París, Raúl Amador.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Los votantes chilenos parecen tener bastante claro que el marco constitucional influye sobre las condiciones de vida de la población. Atribuye muchas de las exclusiones y vicisitudes de la actualidad chilena a la camisa de fuerza impuesta por el dictador Pinochet en 1980, con el fin de perpetuar en el ejercicio del poder a los grupos políticos y económicos que respaldaban al régimen militar.

Los panameños podemos aprender algunas lecciones del plebiscito chileno. Una constitución emanada de las entrañas de una dictadura no produce resultados democráticos, así haya tenido numerosas enmiendas, como ha ocurrido en Chile y Panamá.

Una constitución militarista jamás producirá resultados democráticos por dos motivos principales, que comparten Panamá y Chile. En primer lugar, una constitución militarista tiene un vicio de origen.

Fue impuesta por un régimen autoritario. Por ser producto de una imposición, no vincula al cuerpo social, no lo aglutina a su alrededor, no tiene legitimidad.

A diferencia de un sistema autocrático, sostenido por la fuerza de las armas, a una democracia la sostiene la fuerza de la legitimidad: el sentimiento de adhesión de la ciudadanía al sistema político, consagrado en la ley fundamental. Una constitución entronizada por el zarpazo militar carece de ese elemento político indispensable, llamado legitimidad, que es lo que en una democracia genera el respeto al orden jurídico y fomenta la convivencia pacífica.

La legitimidad surge de la participación de todo el conglomerado social en la elaboración y discusión de la carta magna. Todos los ciudadanos debemos participar en ese proceso, no como ocurrió en el pasado, cuando la constitución fue confeccionada por la dictadura y, posteriormente, emparchada por representantes de partidos atorados de corrupción, lo que ha terminado por convertirla en una colcha de retazos sin coherencia democrática.

En segundo lugar, una constitución militarista está hecha a la medida de los grupos y partidos que apoyan a la dictadura. En Chile, el régimen militar ideó el llamado “sistema binominal”, incorporado a la constitución a fin de garantizar que los partidos alineados con la autocracia mantuvieran una cuota de poder muy superior a su apoyo electoral.

No fue hasta 2018 que logró aplicarse un nuevo sistema electoral menos antidemocrático.

En Panamá, la constitución instauró un sistema de “representantes de corregimiento” que constituye, como indicó el finado constitucionalista Humberto E. Ricord, la base populachera de apoyo al partido dominante (PRD). Desde su infortunada creación en 1979, ese partido, engendrado por la dictadura militar, domina la política panameña.

A través del sistema de representantes de corregimiento, controla los consejos municipales, la burocracia estatal y la Asamblea Nacional, formada sobre circuitos electorales diseñados a partir de esos mismos corregimientos y de distritos municipales de baja dimensión.

Es cierto que la arquitectura institucional no representa una varita mágica para producir, automáticamente, un mejoramiento social. Pero, argüir que no tiene relevancia alguna, que da igual tener representantes de corregimiento que concejales—o “legisladrones” circuitales en vez de diputados provinciales o nacionales—es una soberana insensatez.

El impacto del diseño institucional sobre la vida política de los Estados es una realidad acerca de la que cavilaron ampliamente los clásicos. Montesquieu y Madison discurrieron sobre la necesidad de forjar normas adecuadas para fomentar el desarrollo de los pueblos.

Más recientemente, nada menos que el profesor Douglass North, premio Nobel de Economía (1993), escribió muy convincentemente acerca del papel de las instituciones para promover u obstaculizar el desarrollo. En algunos países, un marco institucional adecuado contribuyó a generar estabilidad política y capturar los beneficios económicos del desarrollo tecnológico (véase su ensayo titulado “Institutions”, publicado en Journal of Economic Perspectives, 1991).

En otros casos, un marco institucional problemático generó inequidades y frustración. De esto se ha dado cuenta el pueblo chileno, que el domingo tomó un primer paso para reparar y apuntalar su institucionalidad hacia un desarrollo incluyente y sostenible.

¿Cuándo despertaremos los panameños a la realidad que los chilenos ya han asumido?

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Un descenso de esta magnitud no se había visto desde la dictadura. Según el Centro Nacional de Competitividad, en 1987 el PIB decayó 1.8%; el año siguiente, se desplomó 13.4%.

Entre 1989 y 2019, la economía de Panamá creció ininterrumpidamente, pero los frutos de ese crecimiento fueron malgastados. Si hubiesen sido invertidos en buena nutrición, educación y salud, tendríamos una población mejor formada y más saludable, con mayores posibilidades de enfrentar y superar la pandemia.

Mientras la emergencia continúa, el gobierno sigue con sus vivezas, pidiendo dinero prestado a fin de sortear su alarmante escasez de recursos para pagar a los empleados públicos y aplacar los apetitos y voracidades de sus jerarcas.

Los 236 mil 486 funcionarios contabilizados a mayo de 2020 (La Prensa, 11 de julio)—incluyendo a los “influencers” de ejecutivo y las botellas de la partida 172—han seguido recibiendo puntualmente sus salarios, gastos de representación, viáticos, gastos de movilización, dietas y otros ingresos sin siquiera rendir, en la inmensa mayoría de los casos, un servicio mínimamente aceptable a cambio de los pagos que obtienen a punta del endeudamiento de todos.

Cuando entró el Sr. Cortizo (1 de julio de 2019), la deuda pública tenía un saldo de 26 mil 612.5 millones de dólares. Trece meses más tarde—al 31 de julio de 2020, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas—el saldo había crecido a 33 mil 466.4 millones de dólares.

Los 6 mil 853.9 millones de aumento en ese lapso representan un incremento del 26%. A ese ritmo, en tan solo cuatro años (o sea, a 2023), el saldo de la deuda pública se duplicará.

El gobierno está trabajando arduamente para alcanzar esa meta. Tres semanas atrás, anunció con bombos y platillos la colocación de 2 mil 575 millones de dólares en bonos (La Prensa, 22 de septiembre).

Sumadas a la deuda contraída desde el 1 de julio de 2019 (6 mil 853.9 millones) las emisiones de septiembre (2 mil 575 millones) elevan a 9 mil 428.9 millones de dólares el endeudamiento incurrido por el gobierno de turno en 15 meses (al 30 de septiembre de 2020).

Esto representa un endeudamiento promedio de 628.59 millones por mes, ritmo sin precedentes y peligroso para la estabilidad del país, sobre todo si no hay sólidas perspectivas de recuperación económica o de aumento en los ingresos del Estado. Al 30 de septiembre de 2020, estos ingresos mostraban un descalabro de mil 795.2 millones de dólares “por debajo de lo presupuestado” (MEF, 5 de octubre).

El gobierno parece apostar a que la economía crecerá en 2021. El Banco Mundial proyecta una recuperación del 5.3% del PIB el año entrante (La Prensa, 9 de octubre).

Sería interesante que el gobierno y el Banco Mundial explicaran en qué se basan sus expectativas y cómo se espera que influyan en la economía, así como en los ingresos del Estado y su capacidad para afrontar el servicio de tan elevada deuda pública.

Lo peor es que el coronavirus aún acecha, amenazándonos con un rebrote. Ante esa perspectiva, a nuestros creativos funcionarios, cuya característica principal es su sólido criterio jurídico y firme apego a la constitución y la ley, no se les ocurrirá algo diferente a imponer un nuevo confinamiento, lo que invariablemente añadirá a nuestras penurias económicas.

La conexión entre la situación económica, los ingresos del Estado y el servicio de la deuda es una ecuación básica y elemental. Cuando decae la economía se reducen, también, los ingresos estatales y se afecta la capacidad para pagar la deuda.

Eventualmente, puede producirse una crisis ante la incapacidad para pagar lo adeudado, como ha ocurrido en otras partes.

Es evidente que la reactivación económica debe convertirse en una prioridad para el gobierno y que esa reactivación, además de impulsar los sectores tradicionales de la economía, debe promover actividades descuidadas o desatendidas, que ofrecen oportunidades a muchos sectores. La crítica situación que enfrentamos exige, además, una reducción del gasto público y la eliminación del despilfarro característico del sector público panameño.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Las insuficiencias del sistema educativo no solo han quedado al descubierto: se han agravado exponencialmente. Contra lo poco que nos quedaba de institucionalidad democrática han atentado la rapacidad sin límites del grupo gobernante, los inconstitucionales decretos violatorios del estado de derecho y el empoderamiento de una fuerza pública corrupta y represiva, a la que se ha asignado la tarea de aplicarlos, en detrimento de la seguridad y las libertades ciudadanas.

Los panameños de buena voluntad debemos pensar en la renovación nacional a partir de un elemento aglutinador de la sociedad, que nos inspire y motive hacia el mejoramiento colectivo. La meta debe ser un país más educado, saludable, culto, democrático, honrado, ecológico, civilizado y, por ende, más próspero.

El bicentenario de la independencia (1821-2021) provee un punto ideal de convergencia hacia el logro de los objetivos planteados. Este bicentenario constituye una conmemoración con la que podemos identificarnos todos los panameños de buena voluntad.

Su aspecto central es la adopción de la forma republicana de gobierno. Frente al régimen vigente—el despotismo monárquico—los istmeños de 1821 optaron por la república.

Esta opción no ha perdido relevancia. Una república es un gobierno de ciudadanos a través de representantes, limpiamente elegidos, que operan en un marco de separación de poderes.

La república—término procedente del latín “res publica” o “cosa pública”—es un sistema político de respeto entre conciudadanos, igualdad jurídica, sometimiento a la ley, libertad, honradez y participación cívica en aras del bienestar colectivo. Esos son los principios que la conmemoración del bicentenario debe impulsar en todas las esferas, sobre todo, entre la niñez y juventud.

Hay muchas maneras de generar entusiasmo republicano. La educación ciudadana es una de ellas.

Panamá es un país cada vez más caracterizado por la incultura, el desinterés por lo público, la codicia, el irrespeto a los semejantes y el sempiterno “juega vivo”. La formación cívica contribuye a combatir estos antivalores y, para promoverla, no hay vehículo más eficiente que la lectura.

En un país donde la gente no se interesa por leer y el analfabetismo funcional abarca a grandes segmentos de la población, la conmemoración del bicentenario debe impulsar la lectura de manera prioritaria.

Los valores republicanos pueden esparcirse a través de diversas expresiones culturales. La música, las artes plásticas, la danza, la escritura, las actividades deportivas y manifestaciones orales como la oratoria, la declamación y la narración, pueden usarse con éxito como vehículos de difusión del republicanismo democrático.

Según ha sido comprobado, la regeneración del entorno urbano contribuye a mejorar la convivencia social y el civismo. Hace décadas, sin embargo, los pueblos y ciudades de Panamá, inmersos en un proceso de afeamiento y degradación que fomenta el malestar social, van por la vía contraria.

La recuperación de inmuebles con valor histórico, estético o patrimonial—los pocos que quedan en nuestras ciudades y pueblos, pues en su mayoría han sido destruidos—podría contribuir significativamente a promover sentimientos de sano orgullo y pertenencia a la comunidad. A partir de un inventario juicioso de dichos inmuebles en todo el pais, debería instituirse un modesto plan de incentivos a sus propietarios para su reparación y remozamiento.

Las viviendas particulares sin atractivo arquitectónico, que constituyen la inmensa mayoría, pueden mejorar su aspecto a través de sencillos incentivos para su refacción y ornamentación con plantas decorativas, comestibles o medicinales. Así se daría impulso, además, a la seguridad alimentaria familiar.

El impacto económico de un plan de este tipo sería interesante, particularmente en los renglones concernientes al comercio y el turismo.

El cultivo de la historia, disciplina esencial en la construcción de ciudadanía, no puede descuidarse en el marco de un evento como el bicentenario de la independencia. En ese sentido, resulta fundamental reactivar la Academia Panameña de la Historia, única en el continente que no funciona, como lo recuerda el Dr. Omar Jaén Suárez (La Estrella de Panamá, 22 de agosto de 2019).

La Academia de la Historia cumplirá el año entrante cien años de fundación. Muy atinado sería lograr su reactivación en 2021, año del bicentenario de nuestra independencia.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Panamá no es la excepción. La pandemia nos sorprendió con el PRD, el partido de la dictadura, a cargo del gobierno, tras un proceso electoral lleno de vicios, irregularidades y trampas, que le entregó, por estrechísimo (y sospechoso) margen, el control del Ejecutivo.

La compra de votos y otras triquiñuelas puso en manos de ese partido la Asamblea Nacional, las principales alcaldías y los consejos municipales del país. Con menos de un tercio del voto popular, el PRD acaparó los presupuestos y cargos públicos nacionales y municipales.

El gobierno perredista, de estirpe cuartelaria, estaba bien posicionado para emprender su asalto a la democracia tan pronto comenzó la crisis del coronavirus. No dejó pasar la oportunidad.

Tras la detección de los primeros contagios, mediante decretos ejecutivos suspendió—arbitraria e indefinidamente—el ejercicio de las garantías constitucionales a transitar libremente por el territorio nacional (Art. 27) y a reunirse pacíficamente (Art. 38).

Sus medidas inconstitucionales también restringieron la libre práctica de cualquier profesión u oficio (Art. 40) y el legítimo aprovechamiento de la propiedad privada (Art. 47).

Impactaron, además, el ejercicio de los derechos al trabajo (Art. 64), el salario (Art. 65), la educación (Art. 91), la salud (Art. 109) y a la alimentación de los sectores vulnerables (Art. 56), entre otros, así como el acceso a la justicia, el cual, según la Constitución (Art. 201), debe ser gratuito, expedito e ininterrumpido.

El gobierno obvió el procedimiento constitucional establecido en el Art. 55, que lo obliga a declarar el estado de urgencia mediante decreto de gabinete y someterlo al Órgano Legislativo, si dicho estado se prolonga por más de diez días, para que la Asamblea Nacional confirme o revoque, “total o parcialmente, las decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia”.

Puso la aplicación de sus inconstitucionales decretos en manos de una fuerza pública corrupta y autoritaria, penetrada por el crimen organizado y compuesta por un elemento ignorante, carente hasta de los más básicos elementos del derecho.

Las consecuencias son evidentes para todos: el escandaloso incremento en el abuso policial, acompañado del alza en la criminalidad, como lo indica el vertiginoso aumento en el número de homicidios, de 281 (enero-agosto de 2019) a 345 (enero-agosto de 2020), según el Ministerio Público.

Los servicios de seguridad se han entregado con ahínco a lo que mejor saben hacer: atropellar y coimear a la población, en tanto colaboran eficazmente con el crimen organizado para que siga operando con el mayor provecho para sí y sus cómplices uniformados. Su arbitrariedad ha escalado a niveles no vistos desde el predominio de los grandes héroes del panteón perredista: Torrijos, Paredes y Noriega.

El confinamiento de la ciudadanía ha permitido a los allegados al gobierno aprovecharse descaradamente de la cosa pública. A diario nos desayunamos con noticias de un saqueo que no cesa, dirigido a enriquecer a los insaciables jerarcas del PRD y sus secuaces.

Ante este cúmulo de exabruptos, la ciudadanía no tiene adónde recurrir. El sistema democrático implica no solamente que el pueblo (“demos”) tiene la facultad de elegir a sus gobernantes—facultad seriamente comprometida en Panamá, por el clientelismo y la corrupción electoral—sino, también, que las instituciones democráticas funcionan para asegurar que los mandatarios operen legalmente, eviten los abusos y rindan cuentas de sus actuaciones.

Ninguna de las instituciones llamadas a ejercer esos controles—la Asamblea Nacional, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo—funciona en Panamá. En 30 años de “democracia”, la mal llamada “clase política” se ha dedicado a socavarlas.

Como consecuencia, no queda más opción que la presión ciudadana para impedir la entronización del autoritarismo, con Nito I a la cabeza, como lo desea el PRD.

Para considerar la temática expuesta, tendrá lugar esta tarde el panel “Democracia amenazada”, con la participación de Rossana Castiglioni (Universidad Diego Portales, Chile), Betty Brannan Jaén (La Prensa y Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, Panamá), y quien escribe. Enlace para registro (gratuito): https://panama.fsu.edu/professional-development-program/programas/panel-democracia/.

El autor politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Ponerlo de vicepresidente fue una estratagema para neutralizar a un político en ascenso, cuyo desempeño público se había destacado por declaraciones y actuaciones enérgicas (y populares) contra la plutocracia. Los jerarcas del Partido Republicano, sin embargo, no contaban con que el asesinato de McKinley catapultaría a la presidencia a “ese vaquero” (“that cowboy”).

El 2 de septiembre de 1901, días antes del atentado que lo llevaría a la jefatura del Ejecutivo, el vicepresidente Roosevelt pronunció un discurso en Minnesota. En una parte del texto, Roosevelt aludió al “viejo proverbio” que, para “llegar lejos”, recomendaba “hablar en voz baja y llevar un gran garrote”.

Según el vicepresidente, ese debería ser el fundamento de la política exterior estadounidense: recurrir a la diplomacia, respaldada por la fuerza militar, para promover los intereses nacionales y usar la fuerza cuando la diplomacia no surtiese los efectos deseados.

Roosevelt duró casi ocho años como presidente, pues completó el segundo período de McKinley y, en la elección de 1904, logró su propio mandato para gobernar entre 1905 y 1909. Durante su administración, se dedicó a reducir los monopolios que, a juicio de muchos, tenían acogotado al consumidor estadounidense.

También impulsó la conservación del ambiente. Creó el Servicio Forestal y numerosas reservas, y puso bajo protección federal aproximadamente 95 millones de hectáreas de espacios naturales.

Usó el poder ejecutivo como ningún otro mandatario hasta ese momento. Empleó las facultades del cargo, reinterpretadas con amplitud, para conseguir los fines que se planteó, inclusive obviando el sistema de frenos y contrapesos de manera alarmante, al parecer de algunos observadores.

La política exterior tuvo para Roosevelt gran atracción desde los días en que fue subsecretario de la Marina (1897) y combatiente en la guerra hispanoamericana (1898). Tras la victoria estadounidense en ese breve conflicto con España, Estados Unidos alcanzó el codiciado sitial de potencia mundial en un sistema internacional configurado a partir de imperialismos clásicos.

Mediante el tratado de paz de París (1898), Washington consiguió posesiones ultramarinas: Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, los últimos residuos del imperio español en América y el Pacífico, a los cuales añadió a Hawaii, anexada ese mismo año. Con el respaldo de una gran armada, que gobiernos recientes habían incrementado y fortalecido, Estados Unidos, finalmente, podía situarse a la par de las grandes potencias.

Siendo presidente, Roosevelt se dedicó a afianzar la posición de su país en el concierto de las naciones, precisamente sobre la base de la política del gran garrote. A diferencia de sus predecesores, quienes se abstuvieron de involucrarse en asuntos ajenos al hemisferio occidental, Roosevelt se inmiscuyó en la política mundial, mediando entre Rusia y Japón para producir el tratado de paz de 1905, que puso fin a la guerra entre ambos imperios.

Esa mediación le valió el premio Nobel en 1906. El año siguiente, en respuesta a su convocatoria, los Estados del mundo se reunieron en La Haya (Holanda), en una segunda conferencia de paz (la primera fue convocada por el zar Nicolás II de Rusia, en 1899).

En ese cónclave—en que Panamá estuvo representada por el Dr. Belisario Porras—se adoptó una serie de instrumentos para ordenar y “humanizar” la guerra.

Fiel a sus convicciones sobre política internacional, Roosevelt no tuvo reparos en aplicar el “gran garrote” cuando la diplomacia no rendía los resultados esperados. La historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos a principios del siglo XX es testimonio de ello.

En 1903, Washington utilizó su poderío para extraer de Panamá humillantes concesiones, muchas de las cuales no eran realmente necesarias para culminar la obra del canal. Pero sí eran convenientes en el esfuerzo por demostrar al mundo que Estados Unidos tenía férreo control sobre su esfera de influencia.

La política del gran garrote contribuyó a que Washington obtuviera un canal bajo su control a través del istmo centroamericano, como lo ambicionaban Roosevelt y otros, pero, al mismo tiempo, generó en muchas partes un resentimiento que todavía no ha sido totalmente superado y aún contribuye a generar suspicacias.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Así está descrito este delito de lesa humanidad en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.

La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994) definió el crimen de manera similar, como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Posteriormente, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006) describió el delito en términos del “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

En su artículo 7 (i), el Estatuto de Roma de 1998 tipifica la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Junto con los crímenes de guerra, genocidio y agresión, los delitos contra la humanidad constituyen una de las cuatro categorías de conductas más graves de trascendencia internacional, las cuales, por su naturaleza atroz, deben ser repudiadas, perseguidas y castigadas por la comunidad internacional. Con este propósito fue creado, conforme a dicho estatuto, el Tribunal Penal Internacional, que funciona en La Haya desde 2002.

Desde hace al menos un cuarto de siglo, Panamá reconoce la desaparición forzada como una conducta penal merecedora de rectificación por parte del Estado. La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas arriba mencionada, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), fue ratificada 25 años atrás—en 1995—por la República de Panamá. Su entrada en vigencia, en 1996, facultó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el crimen de desaparición forzada en los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo es Panamá, y otorgó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos competencia para juzgar dicho delito.

Decisiones vinculantes

De acuerdo con la Convención Americana, los fallos de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento para los Estados que aceptan su jurisdicción, como lo es Panamá. La República de Panamá, por otra parte, ratificó en 2002 el Estatuto de Roma, a partir de lo cual se convirtió en Estado fundador del Tribunal Penal Internacional, una de cuyas atribuciones, como fue señalado, es investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad, entre ellos, la desaparición forzada de personas, según el Art. 7°(i) ya indicado.

En 2011, Panamá ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Dicha convención, que había entrado en vigor un año antes (2010), creó el Comité contra la Desaparición Forzada, el cual tiene a su cargo la supervisión de la aplicación de la convención por sus Estados partes.

Además de las fuentes de derecho internacional antes señaladas, cuyo acatamiento es obligatorio para Panamá, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, la reforma hecha al Código Penal en 2007 incorporó a dicha codificación los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos, la desaparición forzada de personas, según lo estipula el artículo 441 del mencionado código.

De acuerdo con la normativa penal panameña, el delito de desaparición forzada es imprescriptible, como corresponde en casos de mayor atrocidad, lo que significa que no puede ponerse término a la obligación del Estado de investigarlos y procesarlos.

En 2019, el Gobierno de Panamá alcanzó acuerdos de solución amistosa, facilitados por la CIDH, con el Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (Cofadechi), a favor de 15 víctimas y 66 familiares, al igual que con el Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (Cofadepa-HG), a favor de 13 víctimas y 84 familiares. El Estado panameño asumió responsabilidad por los crímenes en perjuicio de esas víctimas—incluyendo el asesinato y la desaparición forzada—y se comprometió a tomar medidas de reparación, algunas de las cuales siguen pendientes, entre ellas, “la reedición, impresión y lanzamiento del folleto ‘Comisión de la Verdad, Síntesis del Informe Final’ y la incorporación en la malla curricular de los grados y cursos de bachillerato lo acontecido durante la dictadura militar en Panamá y el contexto de Latinoamérica y del mundo”.

Cuentas pendientes

A pesar de la voluntad supuestamente expresada por el Estado panameño, en los últimos 25 años, de reprimir el crimen de desaparición forzada de personas, el sistema judicial de Panamá no ha emprendido el esclarecimiento de los casos de este execrable delito cometidos durante la dictadura militar con la seriedad, la transparencia y la adhesión a los derechos humanos que corresponden a un país comprometido con la normativa internacional y el estado derecho.

Una excusa frecuentemente esgrimida es que las desapariciones forzadas ocurrieron antes de la entrada en vigor de los convenios internacionales y, sobre todo, de la reforma al Código Penal que las tipifica. Sin embargo, lo que hay detrás de la desidia e irresponsabilidad del Órgano Judicial y el Ministerio Público es la corrupción y manipulación de la justicia por influyentes partidarios de la dictadura, quienes mantienen vigente su control del sistema político panameño y obstaculizan los intentos por dilucidar las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por la autocracia militar, encabezada, sucesivamente, por Omar Torrijos, Rubén Paredes y Manuel Noriega.

El informe de la Comisión de la Verdad, emitido en 2002, documentó 40 desapariciones forzadas durante la dictadura militar. Dos sucedieron durante la dictadura de Noriega: las de Edwin Eredio Amaya (1984) y Nelson Martínez Cubilla (1987). Las restantes 38 ocurrieron entre 1968 y 1979, siendo dictador Omar Torrijos.

Aunque el mayor número (17) abarca a miembros, simpatizantes y combatientes del Partido Panameñista, algunos de los cuales abrazaron, con enorme sacrificio personal, la resistencia armada contra la autocracia y en defensa de la Constitución desbaratada por los militares, la dirigencia de ese partido ha sido incapaz de exigir justicia para las víctimas de la desaparición forzada y sus diputados en la Asamblea Nacional continúan desconociendo estos hechos.

Otros ocho desaparecidos eran sindicalistas, simpatizantes y miembros de organizaciones de izquierda. Aún así, el tema no figura en la agenda de las agrupaciones izquierdistas y movimientos sindicales, muchos de los cuales no dudaron en entregarse a la dictadura militar a cambio de “botellas” y canonjías, manteniéndose fieles a su vocación prebendaria, tal cual lo expuso el finado constitucionalista Humberto E. Ricord.

Gallego

En la lista de víctimas de la desaparición forzada en Panamá hay campesinos, trabajadores, estudiantes, profesionales y hasta un sacerdote católico, Héctor Gallego, secuestrado por órdenes de Omar Torrijos el 9 de junio de 1971. La obra evangélica que llevaba a cabo el sacerdote en Santa Fe, feudo de unos parientes del dictador, irritó a los familiares de Torrijos, quienes apelaron al autócrata para que pusiera fin a las actividades de concienciación del padre Gallego en el norte de Veraguas.

Su secuestro a manos de unidades de la Guardia Nacional, dominada por Torrijos, no hubiese podido llevarse a cabo sin que lo mandara el tirano. En su artículo titulado “Caso Gallego y los silencios delatores”, Alexis Sánchez provee una versión sobre las causas de este crimen de lesa humanidad, menciona a los implicados en el secuestro, maltrato y asesinato del sacerdote—entre ellos, a un cuñado del amnésico militar Díaz Herrera, pariente del dictador—y explica la razón por la cual sus restos aún siguen sin identificar. La razón es sencilla: la correcta identificación de las osamentas halladas en el cuartel de Tocumen, en 1999, proveería la prueba contundente de que la desaparición forzada del padre Gallego culminó en su tortura y asesinato por órdenes de quien ejercía en 1971 el poder absoluto en Panamá y derrumbaría su fabricada imagen de líder “benévolo” y “cariñoso”, de la cual aún lucran sus copartidarios que hasta el día de hoy controlan el poder en Panamá.

Tal cual lo señala Sánchez, una componenda entre dirigentes políticos, cabecillas del sistema judicial y otros elementos, incluyendo medios de comunicación seudo “independientes”, impide que, a pesar de los adelantos alcanzados por la comunidad internacional en los últimos 25 años, la República de Panamá esclarezca los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar—entre ellos, la desaparición forzada de personas—y rescate y ponga en valor la memoria de los desaparecidos.

Fueron sus convocantes: José Manuel Quirós y Quirós, Manuel Gálvez Berrocal, Rubén Darío Conte, Víctor Florencio Goytía, José María Pinilla Urrutia, José Pezet Arosemena y Enrique Gerardo Abrahams y el anfitrión, Ramón Mora.

Su primer manifiesto, expedido el 3 de septiembre de 1923, planteó los fines de “estudiar uno a uno nuestros problemas y buscar la solución más acertada; vivificar los sentimientos de nuestra nacionalidad, conservando nuestras bellas tradiciones”. El grupo se esforzaría por difundir “la moralidad práctica”, defender “nuestro idioma y nuestras costumbres”, dignificar “al hijo del Istmo” y “decir al mundo la verdad de lo que somos, combatiendo así tanto prejuicio absurdo que tan injustamente se ha forjado en contra nuestra.”

Acción Comunal representa la primera expresión organizada del nacionalismo panameño, el cual, a diferencia de lo que se empeñan en hacer creer los golpistas de 1968, no comenzó con la corrupta narcodictadura, sino mucho antes.

Las actividades de Acción Comunal constituyeron un esfuerzo patriótico por darle a lo nacional el sitial que le corresponde, según sus méritos, en la vida pública y obtener para la República el respeto de la comunidad internacional, en momentos en que nuestro istmo padecía la dominación estadounidense y el desprecio de los demás Estados americanos.

Uno de sus propósitos más firmes fue lograr la elección a la Asamblea Nacional de “los más aptos y los más virtuosos”, individuos “verdaderamente ilustrados, verdaderamente patriotas y verdaderamente desinteresados”, como lo postuló su manifiesto en vísperas de los comicios para diputados de 1924.

A través de su accionar público y de su órgano impreso—denominado, asimismo, Acción Comunal—la organización consiguió atizar la conciencia cívica y estimular entre los panameños el entusiasmo ciudadano. Su mayor logro fue el rechazo del tratado de 1926 entre Panamá y Estados Unidos, considerado lesivo a los intereses de la nación.

La presión ciudadana, encabezada por Acción Comunal y exteriorizada en la Asamblea Nacional por los diputados Harmodio Arias Madrid y Domingo Henrique Turner, logró que se suspendiera la consideración del convenio el 26 de enero de 1927. Con motivo de ese triunfo del nacionalismo panameño, el Dr. José de la Cruz Herrera, destacado humanista y miembro de la organización, expresó: “la masa general despertó a su obligación, y la Asamblea Nacional, aunque dominada por el poder ejecutivo … se vio forzada a negar el pase al famoso documento”.

Del patriotismo de Acción Comunal, indica el Dr. Herrera, surgió “un nuevo elemento internacional”: nuestra República de Panamá, “que antes no figuraba en la lista de las naciones sino como argumento de escándalo y ridículo.”

Un aspecto muy polémico de la trayectoria de Acción Comunal fue su participación en el derrocamiento del presidente Florencio Harmodio Arosemena, el 2 de enero de 1931. Este operativo, que respondió a la convicción de que solo con un abrupto golpe de timón se lograría el anhelado cambio en la forma de gobierno del país, no consiguió los resultados esperados, pues la intervención estadounidense, en contubernio con los liderazgos tradicionales, aseguró la continuidad del statu quo.

La labor de Acción Comunal durante la década de 1920, inspirada en el patriotismo y en la moral cívica, constituye un ejemplo digno de estudio y repetición. Décadas más tarde, imbuido por el espíritu ciudadano que animó a su padre, José Manuel Quirós y Quirós, a formar parte de Acción Comunal, el inolvidable maestro, Alberto Quirós Guardia, fundó la Escuela de Ciudadanía.

Hoy, cuando Panamá figura en la lista de naciones “como argumento de escándalo y ridículo”—para citar al Dr. Herrera—la Escuela de Ciudadanía Alberto Quirós Guardia se reactiva a fin de impulsar la participación ciudadana—base de la democracia—y un adecentamiento de la política.

A tales efectos, llevará a cabo esta tarde (5 pm) el foro gratuito: “Pandemia y ciudadanía: el respeto a nuestros derechos en tiempos de crisis”. Inscríbase aquí: escueladeciudadaniapty@gmail.com o https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Qh9CKlgpTOSKDmuGqCqovQ.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Durante milenios, arguye Frankopan, la historia de la humanidad se ha desenvuelto a lo largo de caminos que trasladan artículos de consumo, personas, conocimientos, creencias, ejércitos y enfermedades.

Panamá también tiene su ruta, no tan vetusta ni extensa como las que aborda Frankopan, pero, sin duda, la más célebre y antigua del Nuevo Mundo. Su componente central es el canal interoceánico, a través del cual transita entre el 3% y el 5% del comercio marítimo mundial.

El ferrocarril transístmico, los puertos y aeropuertos, y la red vial contribuyen a configurar un sistema de transporte que, ciertamente, podría mejorarse. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), al 31 de marzo de 2020 el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones aportó el 14.5% del producto interno bruto panameño.

La historia de nuestra ruta interoceánica se remonta a los primeros contactos entre el Viejo y Nuevo Mundo protagonizados en nuestro territorio. Alfredo Castillero Calvo sobresale entre quienes se han dedicado a recuperar y poner en valor esta historia, que conmemora este mes dos de sus hitos más célebres.

El 15 de agosto de 1519 fue fundada, según las formalidades exigidas por la corona de Castilla, la ciudad de Panamá, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción por coincidir la fecha de su establecimiento con la solemnidad agostina en honor de la Santísima Virgen. Su fundación forma parte del proyecto de integración entre dos mundos visualizado por quienes acometieron el sometimiento del istmo a la monarquía española.

Panamá fue la primera ciudad sobre el litoral Pacífico americano, establecida en respuesta a un nuevo criterio de organización espacial. Castillero Calvo explica la orientación de dicho criterio “hacia una economía de mercado a grandes distancias”. La dominación ibérica puso nuestra geografía “al servicio del naciente capitalismo comercial”, indica el historiador en su capítulo de la Nueva historia general de Panamá titulado “Reorganización económica y política del espacio: 1519-1581” (pág. 227).

El primer circuito internacional de transporte tuvo dos ramales a través del istmo: el camino Real, un itinerario terrestre desde Panamá hasta Nombre de Dios (luego, Portobelo); y un trayecto mixto: por tierra hasta la venta de Cruces, sobre el río Chagres y por agua desde ese punto hasta su desembocadura en el mar Caribe. El camino Real mantuvo su vigencia mientras el tesoro del rey, procedente de las minas peruanas, utilizó la ruta de Panamá para llegar a España.

A mediados del siglo XVIII, la corona ordenó que el tesoro real usara la ruta del río de La Plata, en reemplazo del circuito panameño. Pero el camino de Cruces siguió empleándose hasta mediados del siglo XIX, cuando se construyó el ferrocarril de Panamá —el primer megaproyecto en suelo istmeño— entre 1850 y 1855.

Pocos años después, una nueva etapa de modernización se pone en marcha en 1880, a cargo de la Compañía Universal del Canal Interoceánico, dirigida por Ferdinand de Lesseps. Tras su estrepitoso fracaso, a finales de la década y la creación de la segunda República de Panamá, en 1903, Estados Unidos acomete la terminación de la obra, propósito que alcanza el 15 de agosto de 1914, 395 años después de la fundación de la ciudad de Panamá.

La historia de nuestra ruta interoceánica ha sido narrada en muchos libros y desde diversas perspectivas. Por su rigurosidad y amena lectura merecen especial mención The Path Between the Seas, de David McCullough (1977) y Panama Fever, de Matthew Parker (2007).

El Museo del Canal Interoceánico, creado en 1997 sobre el guion preparado por Alfredo Castillero Calvo, constituye, además de las fuentes antes mencionadas, un extraordinario recurso para aproximarnos a esta historia tan interesante y significativa para nuestra nacionalidad.

Inaugurado en 1997, el museo fue dirigido durante sus primeros 22 años por Ángeles Ramos Baquero, quien estudió Historia del Arte en las universidades de Navarra (maestría) y Sevilla (doctorado). Cuando nadie en Panamá creía en los museos, la Dra. Ramos Baquero instituyó uno desde cero, forjó una cultura museística y nos proyectó internacionalmente en ese ámbito.

Logró la primera asociación entre el Instituto Smithsonian, de Estados Unidos y una entidad extranjera, en este caso, nuestro Museo del Canal Interoceánico, a cuya promoción contribuyó a través de conferencias en la UNESCO, American Association of Museums y otras prestigiosas organizaciones académicas. La confianza que inspiró su liderazgo condujo a la donación de miles de piezas a la institución, que hoy aportan a una mejor y más ilustrada comprensión de nuestra ruta de tránsito, cinco veces centenaria.

(El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá).

El más reciente “monitoreo nutricional” del Ministerio de Salud (MONINUT 2017) halló evidencias de emaciación (bajo peso para la talla o desnutrición aguda) en el 3% de la población atendida hasta los 17 años, agrupada en tres categorías (menores de 5 años, 5-9 años, 10-17 años).

Un retraso en el crecimiento (baja talla para edad o desnutrición crónica) fue evidente entre el 16% de los niños menores de 5 años. En la comarca Ngäbe-Buglé, la desnutrición crónica afecta a más de una cuarta parte de los niños menores de 5 años (26%) y en la comarca Guna Yala, a casi tres quintas partes (59%).

Entre las embarazadas, el 16% reflejó bajo peso y el 30%, anemia. Entre los niños menores de 5 años, más de un tercio (36%) presentó un estado anémico.

El exceso de peso caracterizó al 12% de los niños menores de 5 años; el 19% de los menores entre 5 y 9 años; el 21% de los adolescentes (10-17 años); el 48% de las embarazadas; y el 71% de los adultos (18 años y más).

El perfil nutricional de Panamá, según lo revela MONINUT 2017, manifiesta la “doble carga” de la malnutrición. La desnutrición coincide con el sobrepeso y la obesidad en una misma sociedad.

La falta de acceso a alimentos de buena calidad es la principal causa de la malnutrición (desnutrición y sobrepeso). Los problemas de acceso tienen como raíz los excesivos precios de los alimentos, en un ambiente de bajos ingresos frente al alto costo de la vida.

En este marco, los alimentos a los que puede acceder la población son los que cuestan menos y están más ampliamente disponibles. Artículos, normalmente, de bajo o nulo contenido nutricional—con alta composición calórica a base de harinas refinadas, grasas saturadas, sal y azúcar—cuya ingesta contribuye a configurar el retrato expuesto en el monitoreo del Ministerio de Salud.

Las consecuencias de la mala nutrición no son irrisorias. En la temprana infancia y la niñez, detienen el desarrollo físico y cognitivo necesario para alcanzar una vida sana y productiva. La subnutrición está asociada a la incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. El sobrepeso y la obesidad se vinculan a males crónicos como la hipertensión, la diabetes, el cáncer y las enfermedades coronarias.

Los problemas de acceso que ya caracterizaban la situación alimentaria en Panamá se acentúan día a día debido a las desaconsejadas medidas impuestas por el gobierno para enfrentar la pandemia. El resultado más evidente es una catastrófica pérdida de empleo y, consecuentemente, de ingresos, lo que implica un serio agravamiento de la problemática nutricional.

El consultor René Quevedo estima que 250 y 300 mil nuevos desempleados “se sumarán a los 146 mil ya existentes, para llevar la tasa de desempleo por encima del 20%, la más alta de la historia, trayendo consigo una crisis social sin precedentes” (La Prensa, 10 de julio). Alguien se ha preguntado, ¿cuál será el impacto nutricional de semejante calamidad?

Según una encuesta de UNICEF, presentada el 28 de julio, “77% de los hogares con niños y niñas del país han sufrido pérdidas parciales o totales de sus ingresos en el último mes como consecuencia de la pandemia por coronavirus.” De los hogares encuestados, solo el 43% “recibió algún tipo de ayuda”.

La respuesta del gobierno ha sido inadecuada. Como lo expresó, en un reciente discurso, el Dr. Omar Jaén Suárez: “Con cinco meses de cuarentena forzada, la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo en el sector privado y la parálisis del informal, los funcionarios, en abultada planilla, reciben todos sus emolumentos, mientras que a los desempleados más humildes el gobierno entrega una bolsa de comida de vez en cuando y un bono de sólo 100 dólares.”

Si hay un momento para promover la seguridad alimentaria y la buena nutrición, es este. Urge implementar medidas contundentes que incluyan una distribución efectiva de alimentos de alto valor nutritivo, la producción de comestibles en todos los hogares y la reactivación de la agricultura, especialmente de tipo familiar y sostenible.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Según Avi Selk, periodista del Washington Post, su primer uso conocido se remonta a 1644, durante la guerra civil inglesa. En tiempos recientes, ha sido utilizada para describir el gobierno de Donald Trump (“Kakistocracy, a 374-year-old word that means ‘government by the worst,’ just broke the dictionary”, 13 de abril de 2018).

Hace tres lustros la usé para referirme al gobierno panameño de la época, bastante malo y proveniente, como el de ahora, del partido de los cuarteles (La Prensa, 4 de noviembre de 2005). Accedió al poder impulsado por las coimas del CEMIS y dio inicio al festín de Odebrecht, cuyas conexiones con los jerarcas de aquel momento jamás han sido exploradas por un Ministerio Público incompetente y parcializado.

Esa administración, bajo la cual aumentaron dramáticamente los impuestos, el costo de la vida y la violencia, tuvo como uno de sus principales objetivos la militarización de los servicios de seguridad, lo cual ha significado su transformación en organizaciones mafiosas en alianza con el crimen organizado. Bien merecía el rótulo de “caquistocracia”.

La desgracia es que, desde entonces, en vez de mejorar, la calidad de los gobiernos ha caído en picada. Si lo que teníamos en 2005 era malo, hoy es mil veces peor: un gobierno absolutamente inepto, totalmente, incapaz, completamente bajuno, infinitamente rapaz.

Tras su instalación, muy rápidamente perdió su exigua legitimidad electoral, producto de comicios cuestionados y corruptos. Partió por endeudarnos por miles de millones de dólares, de cuyo uso no ha rendido cuentas. Intentó una reforma constitucional chabacana e incompleta, que sus propios secuaces en la Asamblea Nacional convirtieron en una rebatiña.

Su pésimo manejo de la seguridad ciudadana estalló en una masacre carcelaria, poniendo en evidencia la penetración del crimen organizado en los servicios de seguridad, iniciada durante la caquistocracia imperante de 2004 a 2009. Entonces, reventó la pandemia, que nos encontró totalmente faltos de preparación para enfrentar una emergencia de semejante magnitud.

El actual gobierno caquistocrático se asesoró con un grupo “técnico” de sujetos que quizás tengan limitados conocimientos sobre infectología o epidemiología, pero carecen completamente de formación cívica, sensibilidad social, criterios económicos, cultura política y los más básicos elementos de la administración pública. Apoyado en esos “técnicos”, impuso, mediante decretos violatorios de la constitución, un confinamiento que suprimió, además de derechos constitucionales, las actividades productivas del país, causándole tremendas penurias a la población.

Su limitado plan de ayuda social—tardío y pésimamente implementado—ha sido un foco de clientelismo y un aliciente directo (por su inoperancia) para infringir la cuarentena. Es que la gente tiene que comer. Parece que la caquistocracia y sus mediocres asesores, en su hartazgo de fondos mal habidos, no entienden ese concepto.

A cuatro meses del inicio de esta pesadilla, la urgencia sanitaria se ha agravado y la situación socioeconómica ha experimentado un deterioro alarmante. Para salir adelante, el país requiere un liderazgo político que ni el Sr. Cortizo ni el Sr. Carrizo pueden proporcionar, porque carecen de capacidad y credibilidad.

Pensar en cuatro años más bajo esta caquistocracia da escalofríos. Afortunadamente, el artículo 189 de la ley fundamental plantea la posibilidad de una solución constitucional. Los Sres. Cortizo y Carrizo deben reconocer su incapacidad para gobernar, nombrar un gabinete de personas de comprobada honradez y calificaciones—fuera de su corrupto partido cuartelario—y renunciar a los cargos que malamente ejercen desde el 1 de julio de 2019.

Conforme a la constitución, un miembro del gabinete se encargaría de la presidencia con el fin de convocar una nueva elección presidencial en un lapso no mayor de 6 meses, según el mencionado artículo 189. Los comicios serían supervisados por un organismo electoral independiente, transparente e imparcial, instituido con ese fin y se elegiría, junto con un nuevo presidente y vicepresidente, a los integrantes de una asamblea nacional constituyente.

He allí la fórmula constitucional y democrática para salir del atolladero en que nos tiene metido este gobierno de los peores.

Nota del editor: Este artículo se publica nuevamente, porque en el día de ayer se omitió una parte del mismo.

El autor es politólogo e historiador y dirige la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

A pesar de sus raíces procedentes del griego antiguo—“kakistos” (“lo peor”) y “kratia” (“poder”, “autoridad”, “gobierno”)—la palabra es de origen moderno.

Según Avi Selk, periodista del Washington Post, su primer uso conocido se remonta a 1644, durante la guerra civil inglesa. En tiempos recientes, ha sido utilizada para describir el gobierno de Donald Trump (“Kakistocracy, a 374-year-old word that means ‘government by the worst,’ just broke the dictionary”, 13 de abril de 2018).

Hace tres lustros la usé para referirme al gobierno panameño de la época, bastante malo y proveniente, como el de ahora, del partido de los cuarteles (La Prensa, 4 de noviembre de 2005). Accedió al poder impulsado por las coimas del CEMIS y dio inicio al festín de Odebrecht, cuyas conexiones con los jerarcas de aquel momento jamás han sido exploradas por un Ministerio Público incompetente y parcializado.

Esa administración, bajo la cual aumentaron dramáticamente los impuestos, el costo de la vida y la violencia, tuvo como uno de sus principales objetivos la militarización de los servicios de seguridad, lo cual ha significado su transformación en organizaciones mafiosas en alianza con el crimen organizado. Bien merecía el rótulo de “caquistocracia”.

La desgracia es que, desde entonces, en vez de mejorar, la calidad de los gobiernos ha caído en picada. Si lo que teníamos en 2005 era malo, hoy es mil veces peor: un gobierno absolutamente inepto, totalmente, incapaz, completamente bajuno, infinitamente rapaz.

Tras su instalación, muy rápidamente perdió su exigua legitimidad electoral, producto de comicios cuestionados y corruptos. Partió por endeudarnos por miles de millones de dólares, de cuyo uso no ha rendido cuentas. Intentó una reforma constitucional chabacana e incompleta, que sus propios secuaces en la Asamblea Nacional convirtieron en una rebatiña.

Su pésimo manejo de la seguridad ciudadana estalló en una masacre carcelaria, poniendo en evidencia la penetración del crimen organizado en los servicios de seguridad, iniciada durante la caquistocracia imperante de 2004 a 2009. Entonces, reventó la pandemia, que nos encontró totalmente faltos de preparación para enfrentar una emergencia de semejante magnitud.

El actual gobierno caquistocrático se asesoró con un grupo “técnico” de sujetos que quizás tengan limitados conocimientos sobre infectología o epidemiología, pero carecen completamente de formación cívica, sensibilidad social, criterios económicos, cultura política y los más básicos elementos de la administración pública. Apoyado en esos “técnicos”, impuso, mediante decretos violatorios de la constitución, un confinamiento que suprimió, además de derechos constitucionales, las actividades productivas del país, causándole tremendas penurias a la población.

Su limitado plan de ayuda social —tardío y pésimamente implementado— ha sido un foco de clientelismo y un aliciente directo (por su inoperancia) para infringir la cuarentena. Es que la gente tiene que comer. Parece que la caquistocracia y sus mediocres asesores, en su hartazgo de fondos mal habidos, no entienden ese concepto.

A cuatro meses del inicio de esta pesadilla, la urgencia sanitaria se ha agravado y la situación socioeconómica ha experimentado un deterioro alarmante. Para salir adelante, el país requiere un liderazgo político que ni el Sr. Cortizo ni el Sr. Carrizo pueden proporcionar, porque carecen de capacidad y credibilidad.

Pensar en cuatro años más bajo esta caquistocracia da escalofríos. Afortunadamente, el artículo 189 de la ley fundamental plantea la posibilidad de una solución constitucional.

Los Sres. Cortizo y Carrizo deben reconocer su incapacidad para gobernar, nombrar un gabinete de personas de comprobada honradez y calificaciones —fuera de su corrupto partido cuartelario—y renunciar a los cargos que malamente ejercen desde el 1 de julio de 2019.

Conforme a la constitución, un miembro del gabinete se encargaría de la presidencia con el fin de convocar una nueva elección presidencial en un lapso no mayor de 6 meses, según el mencionado artículo 189. Los comicios serían supervisados por un organismo electoral independiente, transparente e imparcial, instituido con ese fin y se elegiría, junto con un nuevo presidente y vicepresidente, a los integrantes de una asamblea nacional constituyente.

He allí la fórmula constitucional y democrática para salir del atolladero en que nos tiene metidos este gobierno de los peores.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Este artículo fue modificado a las 9:25 a.m. del miércoles 22 de julio de 2020...

A mediados de 1954, el golpe de Castillo Armas (“Cara de Hacha”) puso fin al primer capítulo democrático en la historia de Guatemala, iniciado una década antes. Como en Panamá, tal cual lo vimos en una columna anterior (24 de junio), la ola democrática generada por el triunfo aliado sobre el nazifascismo repercutió en aquel país centroamericano.

Guatemala había estado sometida desde el siglo anterior a tiranos como Estrada Cabrera—cuya dictadura (1898-1920) es el tema central de El señor presidente, novela del autor guatemalteco, Miguel Ángel Asturias—y Jorge Ubico (1931-1944), quien suprimió las expresiones de pluralismo político durante su autocracia de 13 años. El país llegaba a la mitad del siglo XX sin experiencia democrática y con malas condiciones socioeconómicas para la mayoría.

Los excesos de Estrada Cabrera motivaron la obra de Asturias—premio Nobel de Literatura (1967) —así como el trágico fin del decenio democrático (1944-1954) sugirió al escritor peruano, Mario Vargas Llosa—premio Nobel de Literatura (2010)—el tema de su novela Tiempos recios.

Ese decenio comenzó con el derrocamiento de Ubico (julio de 1944) y la Revolución de Octubre, que puso en marcha una apertura sin precedentes. En diciembre se celebró la primera elección libre en Guatemala, en la cual triunfó el educador e intelectual Juan José Arévalo.

Muy vinculado a la intelectualidad panameña y el Frente Patriótico de la Juventud, Arévalo mantuvo una amistad entrañable con Octavio Méndez Pereira, César Quintero, Jorge Illueca y Carlos Iván Zúñiga.

El nuevo presidente promovió el sistema democrático para responder a las necesidades de las masas postradas y empobrecidas. Bajo su gobierno fue creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (1946), se adoptó el Código de Trabajo (1947) y se ejecutaron importantes obras sociales.

Pero dejó pendiente el problema agrario, en un país donde unos pocos propietarios acaparaban la mayoría de los terrenos fértiles, mientras el campesinado subsistía en la precariedad, sin mayor acceso a suelos cultivables. Su sucesor, Jacobo Árbenz, militar reformista de tendencia socialdemócrata—elegido en 1951 en votaciones libres y competitivas—se propuso emprender la necesaria reorganización de la propiedad rural.

A Árbenz lo incomodaba “que solo un puñado de sus compatriotas disfrutaba de los privilegios de la civilización” y entendía “que era preciso ir a la raíz del problema social para que aquella situación cambiara y los privilegios de la minoría se extendieran a todos los guatemaltecos”, escribe Vargas Llosa (pág. 93).

“La clave era la Reforma Agraria”, agrega el Nobel peruano. Pero, en ese empeño, Árbenz incurrió en el desagrado de la clase latifundista y, sobre todo, de la United Fruit Company, dueña de la mayoría de la tierra cultivable del país.

United Fruit respondió con una campaña de manipulación mediática en Estados Unidos que convirtió a Árbenz en un títere del comunismo moscovita y convenció a Washington de que era necesario ponerle fin a su gobierno, mediante una acción “encubierta” (aunque bastante evidente), liderada por la CIA.

Castillo Armas, el sublevado, entró en Guatemala el 18 de junio de 1954. Nueve días más tarde, temiendo un baño de sangre y en un vano intento por salvar la Revolución de Octubre, Árbenz renunció. Su sucesor duró pocos días en el poder: el 8 de julio, “Cara de Hacha” lo despojó del mando.

Tiempos recios es una lectura provechosa, sobre todo en momentos en que poderosos y corruptos usan las armas a su alcance para imponer un cerco a la libertad. Durante la Guerra Fría, cuando el “susto rojo” sumía en la paranoia al bloque occidental, apelaban a la CIA y los ejércitos de sus países, arguyendo que los reclamos populares de justicia, democracia y afirmación nacional no eran más que puntas de lanza del marxismo soviético.

Hoy, recurren a decretos ejecutivos inconstitucionales y a secuestros judiciales para cercenar la libertad de expresión y eliminar las posibilidades de que se conozcan sus abusos. Aunque los medios son distintos, los fines son los mismos: mantener subyugados a los pueblos para seguir sirviéndose de los recursos del Estado.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

En junio de 1945, el conflicto acababa de terminar en Europa, tras la rendición alemana el 7 de mayo. Los ojos del mundo estaban puestos sobre las acciones militares para derrotar a Japón, la única potencia del Eje que seguía luchando.

En San Francisco, California, se adelantaban los preparativos para la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Este instrumento fundamental de Derecho Internacional, que organiza, enmarca y da sustancia a las relaciones internacionales, fue firmado el 26 de junio por los representantes de 50 Estados, incluyendo a Panamá.

La derrota del totalitarismo nazifascista y la creación de la ONU esparcieron esperanzas de un sistema internacional pacífico, próspero y respetuoso de los derechos humanos. De estas esperanzas emanaron vientos democráticos que soplaban en muchas partes.

La segunda ola de la democracia, que comenzó en esos días, no dejó por fuera a Panamá. En diciembre de 1944, ante la creciente presión ciudadana, el gobierno “de facto” (no elegido) que ejercía el poder tras el golpe de Estado del 9 de octubre de 1941, emitió el Decreto N°4, que convocó a la elección de una Convención Nacional Constituyente.

Con motivo de dicha convocatoria, el jefe del Ejecutivo, Ricardo Adolfo de La Guardia, aludió a la “necesidad vital e inaplazable de una Constituyente”. Se hizo eco de “las voces que clamaban … por una nueva Constitución para la República”, las cuales se habían “sostenido, acentuado y multiplicado” en los meses antecedentes. Insistió: “el país anhela y necesita un estatuto jurídico distinto del que nos viene rigiendo”.

El Decreto N°12 de 2 de febrero de 1945 estableció las normas aplicables a la elección de delegados, que habría de celebrarse el 6 de mayo siguiente. Se elegirían 42 delegados provinciales y 9 diputados nacionales, fórmula idónea para asegurar que tanto los intereses locales como el interés nacional estuviesen adecuadamente representados, a cargo de individuos de buenas reputaciones, formación cívica, solvencia intelectual y criterio moral.

Se dispuso expresamente la participación electoral de todos los hombres y mujeres mayores de 21 años, sin restricciones de ninguna índole. Desde 1904, los varones mayores de 21 años habían podido votar sin limitaciones, pero a las mujeres mayores de edad no se les permitió el voto hasta casi 4 décadas más tarde.

El 5 de octubre de 1941, algunas de ellas—en tanto cumplieran los requisitos señalados en la Ley N°98 de 1941 (poseer diploma universitario, vocacional, normal o de segunda enseñanza), pudieron ejercer, por primera vez, el sufragio. El 6 de mayo de 1945, todas pudieron sufragar, sin limitación alguna.

Otro hito en el camino hacia la Constituyente fue el restablecimiento de la nacionalidad panameña—y, por ende, de los derechos ciudadanos—“a todos los individuos que fueron despojados de ella por la Constitución de 1941”, según el Decreto N°5 de 2 de enero de 1945. Esta importante rectificación refleja la tendencia democrática y el repudio al racismo característicos del momento.

La Convención Nacional Constituyente inició sus funciones el 15 de junio del mismo año. Su primera actuación fue poner fin al gobierno “de facto”. A tales efectos, eligió a Enrique A. Jiménez, conocido político de tendencia liberal, para ejercer provisionalmente la presidencia de la República hasta 1948.

Con amplia participación ciudadana, la Asamblea Constituyente de 1945-1946 deliberó sobre asuntos nacionales de relevancia. Inspirada en principios democráticos y republicanos que la derrota del totalitarismo nazifascista renovó en todo el mundo, dictó una Constitución ejemplar, que protegía y promovía adecuadamente los derechos individuales y sociales.

La Constitución de 1946 estuvo en vigor hasta que los militares la suprimieron en 1968, reemplazándola en 1972 por su estatuto cuartelario, aún vigente, que los partidarios de la dictadura militar, hoy en el poder, irrespetan a su arbitrio.

En estos momentos de desaliento en que—a diferencia de 1945—se abanica el autoritarismo y se impulsa la supresión de la libertad como supuesta fórmula para superar la crisis, podemos mirar con confianza al experimento democrático emprendido 75 años atrás, cuyos buenos resultados merecen ser estudiados por quienes anhelan mejores días para el país.

El autor es politólogo e historiador y dirige la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

¿Cómo es posible que en la autodenominada cuna de la democracia moderna—el autoproclamado líder del mundo libre—suceda algo así? Hechos como este ocurren en dictaduras o en “democracias corruptas”, como Panamá, donde los servicios de seguridad y el sistema judicial están penetrados por la ineptitud, el soborno y la ignorancia.

Pero ¿en Estados Unidos? Si en la principal potencia mundial se cometen semejantes abusos, ¿qué expectativa puede haber en sociedades menos evolucionadas? En el intento por responder a preguntas como estas, la historia es buena orientadora.

A pesar de su discurso fundacional y su admirable arquitectura constitucional, Estados Unidos no alcanzó una verdadera democracia hasta casi dos siglos después de su independencia, luego de la aprobación de las leyes sobre derechos civiles (1964) y políticos (1965). Hasta entonces, la inclusión ciudadana de todos los mayores de edad—característica principal de la democracia—no prevalecía en los estados sureños.

Aunque esas leyes proscribieron la discriminación, la idea de la supremacía racial—y la inclinación a imponerla a través de la violencia—sobrevive en algunos grupos sociales. Por oportunismo electorero, el actual gobierno ha soliviantado esa corriente supremacista.

Para entender el problema cabalmente, hay que considerar también la tendencia a la arbitrariedad en ciertos cuerpos estatales y locales de policía, lo mismo que su creciente militarización, estimulada desde Washington, como torpe respuesta al problema de la criminalidad.

Allá (como acá), algunos organismos policiales han recurrido a la militarización para resolver un problema de seguridad ciudadana. Los resultados son la persistencia de la criminalidad y el incremento de los abusos contra las personas. Así lo demuestra una larga lista de excesos, culminando con el incalificable atropello ocurrido en Minneapolis.

Si los orígenes de Estados Unidos no fueron democráticos, sí fueron republicanos. La república—como lo recuerda Kant—es un Estado de derecho. Esa es la gran virtud del sistema político estadounidense, que la actual administración se ha empeñado en erosionar, en aras del interés personal del gobernante de turno, como sucede en países menos avanzados.

El Estado de derecho, valioso legado de los padres fundadores, es un componente esencial del republicanismo estadounidense. La Carta de Derechos (1791), parte integral de la Constitución, prohíbe, en su octava enmienda, los “castigos crueles e inusuales”.

La cuarta enmienda protege contra “arrestos irrazonables” y las enmiendas quinta y sexta establecen el debido proceso, aplicable a todo aquel al que se atribuya alguna infracción o delito.

Estas normas, desarrolladas en numerosas leyes y una amplia jurisprudencia, son la base de un sistema judicial bastante operante, a diferencia del que existe en Panamá, donde el Ministerio Público y el Órgano Judicial están integrados por sujetos ignorantes y corruptos. En el sistema judicial estadounidense tiene puesta la mira el mundo entero, a fin de lograr que el abuso policial no siga medrando.

Otra gran tradición estadounidense es la participación cívica. Como hemos visto, se mantiene vigente, a pesar de los ataques de algunos gobiernos locales y estatales, así como del gobierno federal.

La ciudadanía está exigiendo cambios importantes: en Minneapolis, ha logrado el compromiso de desmantelar una entidad policial abusiva y reemplazarla por un nuevo sistema de seguridad pública, más cónsono con valores democráticos y liberales, y más capaz de enfrentar los complicados retos de la delincuencia (The New York Times, 7 de junio).

Las lecciones para Panamá son evidentes. La arbitrariedad policial no es una solución para la inseguridad ciudadana (más bien, la agrava). A esa arbitrariedad se llega a través de la militarización y las ideas antidemocráticas.

Para erradicar el abuso de la policía se requiere participación ciudadana, activa y valiente, así como un Estado de derecho. Pero en Panamá, la corrupción y la mala formación de jueces y fiscales menoscaban el Estado de derecho.

También lo debilita un Ejecutivo que viola la Constitución con sus inconstitucionales decretos, los cuales no hacen más que envalentonar a los uniformados para que sigan atropellando a la gente decente, mientras protegen a la mafia gobernante y al crimen organizado.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Evidentemente, hay circunstancias imprevistas que pudiesen requerir (en última instancia) la suspensión temporal del ejercicio de algunos derechos, por motivos de interés público y bienestar colectivo. Si bien no es posible prever todas y cada una de estas circunstancias, sí puede establecerse un procedimiento que indique cómo actuar constitucionalmente ante situaciones excepcionales, a fin de resolver el problema sin abusos de poder.

En esta y otras esferas, los principios de legalidad, legitimidad, necesidad, proporcionalidad y universalidad (no discriminación) orientan la conducta del Estado democrático. En atención a estas orientaciones, las constituciones democráticas establecen claramente cómo ha de realizarse la suspensión del ejercicio de algunas garantías fundamentales.

El artículo 55° de la Constitución panameña regula esta materia. Siempre y cuando lo ameriten las circunstancias (principio de necesidad) y se cumplan las pautas constitucionales (principio de legalidad), pueden suspenderse temporalmente los efectos de los siguientes artículos: 21° (protección contra la detención arbitraria), 22° (obligación de informar las causas de arresto), 23° (acción de habeas corpus), 26° (inviolabilidad del domicilio), 27° (libertad de tránsito), 29° (inviolabilidad de los documentos privados), 37° (libertad de expresión), 38° (libertad de reunión) y 47° (derecho a la propiedad privada).

No puede suspenderse el ejercicio de ningún otro derecho individual o social. La interrupción temporal solo puede efectuarse mediante decreto de gabinete, que debe ser confirmado o revocado por la Asamblea Nacional si la medida se prolonga por más de diez días (Art. 55°).

El Gobierno Nacional ha pisoteado este procedimiento de manera escandalosa, violando el principio de legalidad y abriendo las puertas al abuso de poder.

El 13 de marzo, el Consejo de Gabinete dictó la Resolución (no decreto) N°11 de 2020 para declarar “estado de emergencia” (no de urgencia) con el fin de “autorizar la contratación mediante el procedimiento especial de adquisiciones para la ejecución de obras y la adquisición de bienes y/o servicios que se requieran” para enfrentar la pandemia, conforme a la ley de contrataciones públicas (Ley N°22 de 2006). El período de emergencia para contrataciones especiales se fijó en 180 días y la suma total autorizada, en 50 millones de dólares.

Ningún fundamento provee esta extraña resolución para suspender el ejercicio de nuestros derechos individuales y sociales. Ese, sin embargo, ha sido el sustento para los decretos ejecutivos, firmados por Cortizo y Turner, que conculcan nuestros derechos individuales, tales como los derechos de reunión, libre tránsito y propiedad privada.

Sin consultar más que con militares y tecnócratas, sin tomar en cuenta a la ciudadanía, sin emitir un decreto de gabinete y presentarlo a la Asamblea Nacional, como lo exige la Constitución, han atropellado nuestras garantías fundamentales. Esto constituye un delito.

Además, la cuarentena y otras restricciones han destruido la economía de miles de personas y ocasionado una dramática y masiva conculcación de derechos sociales, entre los que sobresalen el derecho al trabajo (Art. 64°), al salario (Art. 65°), a la educación (Art. 91°) y a la salud (Art. 109°), así como al bienestar de los menores, los ancianos y los enfermos desvalidos (Art. 56°).

A su vez, el Órgano Judicial se ha escudado en las medidas impuestas por el Ejecutivo para interrumpir su funcionamiento (deficiente, en tiempos normales), lo cual contraviene el artículo 201°: “La administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida.”

¿Por qué se optó por semejante inconstitucionalidad? La mediocridad e ineptitud son evidentes, al igual que la ignorancia de la más elemental legalidad y de las nociones democráticas más básicas.

La vocación autoritaria y corrupta delata a los poderosos. Su ocultamiento de la información pública nos impide formarnos una idea precisa de sus actuaciones, pero por lo que La Prensa y otros medios han podido informarnos, todo indica que la consigna ha sido: “quédate en casa … para que te robemos descaradamente”.

Muchos sospechamos que quieren continuar su trayectoria de atracos saqueando lo poco que le queda a la Caja de Seguro Social. Hacia ese inconfesable propósito, nada les viene mejor que una ciudadanía encerrada, estresada y desmovilizada.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Según la consultoría de riesgo Verisk Maplecroft, la pandemia acentuará la rivalidad entre China y Estados Unidos. Beijing aprovechará la crisis para elevar su perfil y expandir su influencia.

Todas las economías serán golpeadas, pero China—estima The Economist Intelligence Unit—se recuperará primero (CNBC, 7 de mayo). Incapacitada por la crisis sanitaria y su ineficaz dirigencia, Washington rehúye el liderazgo global que adquirió tras la guerra fría (The New York Times, 11 de mayo).

Para otros analistas, el balance de poder sigue favoreciendo a Estados Unidos. De acuerdo con el autor George Friedman, China dista de ser una potencia militar global, inclusive tomando en cuenta su arsenal nuclear.

En vísperas de la pandemia, la economía estadounidense se cuantificaba en 21 billones de dólares (“21 trillion”, en inglés). La de China, en $14 billones (“trillion”) y su ingreso per cápita sigue siendo mucho menor que el de Estados Unidos. Según Friedman, no hay evidencia de que las contracciones producidas por la crisis eliminarán esta brecha.

Aun cuando sus capacidades económicas y militares son inferiores, Beijing ha sido hábil para manipular la percepción de su poder. En consecuencia, muchos interpretan la pandemia como un tránsito hacia su hegemonía global (Geopolitical Futures, 4 de mayo).

La historia nos da luces para contextualizar la rivalidad sino-estadounidense. China es una de las entidades políticas más antiguas. Tiene una vocación imperialista asociada a una civilización milenaria. Estados Unidos es una unidad política mucho más reciente, fundada en 1776.

Mientras que China fue, hasta el siglo XVIII, una potencia mundial, la entrada de Estados Unidos a las grandes ligas no ocurre sino hasta la siguiente centuria. Sus valores, fundamentados en el liberalismo y el individualismo, son muy distintos a los de la cultura china.

Las relaciones con Estados Unidos constituyen un fenómeno reciente—y no muy feliz—en la historia china. En el siglo XIX, Estados Unidos aprovechó el debilitamiento del celeste imperio para obtener concesiones—evidentemente resentidas por los chinos—como el privilegio de la extraterritorialidad, que le permitía juzgar a sus ciudadanos en tribunales estadounidenses impuestos a China.

En 1882, el Congreso de Estados Unidos prohibió la inmigración china. La extraterritorialidad y la exclusión de chinos se mantuvieron vigentes hasta 1943.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt anticipó que China volvería a ser potencia, por lo que insistió en asegurarle un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que no anticipó es que, en 1949, los comunistas tomarían el poder.

Estados Unidos vio con alarma la entronización del totalitarismo chino. Aunque, en aras de un equilibrio de poder, ambos países normalizaron sus relaciones después de 1971, las suspicacias persistieron.

La flexibilización económica desde 1979 no llevó a la democratización de China, como algunos esperaban. El autoritarismo de mercado, que Beijing intenta presentar al mundo como un éxito en todos los ámbitos—incluyendo la lucha contra el COVID-19—se ha afianzado bajo la autocracia de Xi Jin Pin.

China se presenta a la actual confrontación con ánimo decidido y deseos de reafirmación histórica ante Estados Unidos. Washington, por su lado, comparece sin liderazgo y con una situación económica extremadamente comprometida.

En medio de esta rivalidad, el Gobierno panameño tomó en 2017 una mala decisión. Nos convenía mantenernos como estábamos: con una ventajosa relación comercial, dentro de la cual la flota mercante china usa nuestro canal y desde nuestro territorio se redistribuye la producción china a la región. La inversión china, factible en un marco comercial de este tipo, es oportuna en tanto no esté ligada a mangoneos políticos o actos de corrupción.

Una relación más estrecha no era conveniente, como ahora resulta obvio, pero el gobierno anterior nos vendió por treinta monedas de plata—o 143 millones de dólares, según las filtraciones de un celular—y una apertura de mercado que, aparentemente, solo ha beneficiado al ron Abuelo. Nos metió así en una disputa que solo escalará a medida que evolucione la pandemia.

El autor es politólogo e historiador y dirige la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

El 29 de abril de 1920, “Black Jack” Pershing cruzó el canal en un cazasubmarinos. Seis días permanecería en el istmo el renombrado combatiente (The New York Times, 23 de abril de 1920).

Varios agasajos habían sido programados en su honor. Ernesto T. Lefevre, encargado del Poder Ejecutivo, ofrecería una recepción en el Club Unión, entonces situado en un bello edificio de la calle primera, estrenado poco antes (1917).

Gran expectativa cundía alrededor de la llegada del militar. Algunos lo consideraban un visitante distinguido, cuya venida prestigiaba al país. Otros, sin embargo, abrigaban suspicacias. Según un interesante artículo de Mónica Guardia, se rumoraba que la visita tenía como propósito obligar al Gobierno panameño a entregar la isla de Taboga (La Estrella de Panamá, 10 de mayo de 2015).

El rumor tenía origen en la solicitud hecha en 1918 por el gobernador Harding al presidente Belisario Porras. Basado en la Convención del Canal Ístmico (Hay-Bunau Varilla, 1903), Harding solicitaba que Panamá cediera a Estados Unidos más del 80% de la superficie de la isla, como lo comenta el profesor Miguel Montiel Guevara (La Estrella de Panamá, 25 de mayo de 2019).

Además de conceder la Zona del Canal, según el artículo II de la convención, Panamá accedía a otorgar a Estados Unidos, “a perpetuidad”, el uso, ocupación y control de cualesquiera otras tierras fuera de dicha zona que se juzgasen “necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, operación, saneamiento y protección del canal”.

No era la primera vez que Estados Unidos pedía tierras adicionales, lo que, junto con otras imposiciones y exacciones, indignaba a la ciudadanía. Además, como nos lo recuerda Marixa Lasso en su libro Erased, aún se tenía presente la expulsión de la población “nativa” de la Zona del Canal, culminada en 1916. Tantas injusticias sacudían la conciencia nacional.

Gobierno istmeño pidió reconsideración. En vez de la isla de las Flores—un lugar con población permanente y arraigada, históricamente vinculado a la capital y sitio predilecto de esparcimiento para muchas familias—propuso entregar el cerro de Chame o las islas de Taboguilla o Urabá.

Estados Unidos, sin embargo, insistía en la ocupación de Taboga. Como Panamá demoraba su respuesta, en enero de 1920 el gobernador reiteró la demanda. En abril del mismo año, intervino el ministro (embajador) estadounidense, William Jennings Price, para presionar al ejecutivo panameño.

Poco después llegó el general Pershing a Panamá. La recepción del Gobierno Nacional tendría lugar el domingo, 2 de mayo, en horas de la noche. Simultáneamente, una manifestación de “varios miles de panameños”, enarbolando antorchas, salió de la plaza de Santa Ana hacia el Casco Viejo.

Irritada por la pretensión estadounidense, la multitud cerró el paso al automóvil de Pershing, obligándolo a regresar al Hotel Tívoli, donde estaba hospedado. A continuación, reportó The New York Times (4 de mayo de 1920), los manifestantes apedrearon a funcionarios panameños.

Hay en esta espontánea acción popular una lección para los gobernantes de turno, tan abocados al abuso y la rebusca. No pierdan de vista cómo pueden reaccionar los pueblos ante la burla, los vejámenes y la opresión de los prepotentes.

Según William McCain, quien en The United States and the Republic of Panama (1937) trata este suceso (aunque sin mencionar la protesta contra Pershing), poco después, Washington redujo su solicitud a 15 hectáreas (pág. 152). La cesión se realizó mediante el Decreto N°15 de 12 de junio de 1920, el cual concedió, “provisionalmente”, la cima del cerro El Vigía, un terreno en la ensenada de Ancón y los caminos de acceso entre ambas superficies en la isla de las Flores.

No fue hasta 1955 cuando Estados Unidos convino en traspasar a Panamá sus “derechos, títulos, e intereses” en Taboga. En el cerro El Vigía aún pueden verse los vestigios de sus instalaciones militares.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

La noche anterior, mientras asistía al teatro, recibió un disparo en la cabeza, procedente del revólver de un actor sureño, deseoso de vengar la derrota de la Confederación en la guerra civil recientemente concluida (1861-1865). Herido de muerte, Lincoln agonizó durante nueve horas antes de fallecer, 39 días después de iniciar su segundo período presidencial (1865-1869).

A Lincoln se lo reconoce como el artífice de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Su proclama de emancipación, emitida el 1 de enero de 1863, liberó a los esclavos en los estados rebeldes.

Aquel pronunciamiento constituyó, esencialmente, un planteamiento moral, ya que el gobierno federal no ejercía control sobre dichos estados, que se habían confederado contra Washington. Además, la constitucionalidad de la medida estaba en duda, por haberse emitido mediante una ordenanza presidencial, cuando a juicio de varios juristas (incluyendo al propio Lincoln), una determinación de ese tipo requería un cambio constitucional.

De tal suerte, en 1864 el presidente propuso la decimotercera enmienda a la Constitución, de acuerdo con la cual: “Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán en los Estados Unidos o en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción, salvo como castigo por un delito del cual la persona haya sido debidamente convicta” (traducción empleada por el Departamento de Estado). Esta reforma fue finalmente ratificada el 6 de diciembre de 1865, casi 8 meses después del asesinato de Lincoln.

La esclavitud nos parece hoy un asunto lejano e inconsecuente, pero su relevancia para nuestros pueblos es enorme. Desde su imposición en el siglo XVI—a partir de la llegada de los primeros africanos esclavizados al Nuevo Mundo, en 1510—estuvo vigente en América durante más o menos 300 años.

La primera entidad política que la abolió en nuestro continente fue Vermont, en 1777, antes de renunciar a su independencia para unirse a Estados Unidos. Aunque otras secciones del norte siguieron sus pasos, hacia el sur, como es sabido, persistió la esclavitud hasta mediados del siglo XIX. De no haber sido por la derrota de la Confederación en la guerra civil, el ámbito de la “servidumbre involuntaria” se hubiese afianzado y, probablemente, extendido.

El esclavismo estaba firmemente arraigado entre los sureños anglosajones, como, también, entre sectores dominantes en Cuba (aún perteneciente a España) y Brasil (en ese tiempo, una monarquía imperial). El profesor Matthew Karp, de la Universidad de Princeton, nos recuerda que, en la primera mitad del siglo XIX, los partidarios de la esclavitud ejercieron influencia importante en la política exterior estadounidense (This Vast Southern Empire, 2016).

La inclinación esclavista formaba parte de la mentalidad de muchos estadounidenses que incursionaban en el extranjero, incluyendo a viajeros, aventureros y filibusteros. A partir de 1849, cuando nuestra zona de tránsito adquirió importancia como ruta hacia y desde California, muchos de los miles de estadounidenses que cruzaban nuestro territorio compartían esas actitudes.

En los planes de no pocos sureños influyentes figuraba la anexión de otros territorios, como el nuestro, útiles a Estados Unidos. Un “vasto imperio” donde perduraría la esclavitud, como componente de un orden social en que la “raza anglosajona” predominaría sobre otros grupos étnicos, era ambicionada por muchos de estos elementos.

Este era uno de los temores de nuestro estadista cimero, Justo Arosemena—crítico permanente de “la odiosa esclavitud”—frente a Estados Unidos en la época anterior a la decimotercera enmienda. Pero dicho temor no era solo una preocupación de la alta intelectualidad, como nos lo recuerda el profesor Aims McGuinness en su estupendo libro Path of Empire (2008).

El pueblo municipal, llano y espeso, que recibía en carne propia los vejámenes relacionados con la inclinación esclavista de muchos pasajeros, resentía estas actitudes “supremacistas” que no tenían cabida en nuestro país, donde la abolición de la esclavitud entró en vigor el 1 de enero de 1852.

Esta es una de las dimensiones importantes del incidente de la tajada de sandía, que enfrentó a estadounidenses en tránsito y sectores populares de la capital—los llamados “arrabaleños”—164 años atrás en esta fecha: el 15 de abril de 1856.

El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

Diez días más tarde, la Resolución de Gabinete N°11 (13 de marzo de 2020) declaró “un estado de emergencia nacional como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa COVID-19”, con fundamento en la Ley N°22 de 2006 (de contrataciones públicas), a fin de que “las entidades estatales puedan adquirir bienes, servicios u obras a través de un procedimiento especial.” Esta ley nada señala acerca de limitaciones a las garantías constitucionales, las cuales solo pueden ser suspendidas conforme a lo que la propia Constitución indica en su artículo 55:

“En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución. El Estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declarados por el Órgano Ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El Órgano Legislativo, por derecho propio o a instancia del presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se prolonga por más de diez días y confirmar o revocar, total o parcialmente, las decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia. Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, el Órgano Legislativo, si estuviese reunido, o, si no lo estuviera, el Consejo de Gabinete, levantará el estado de urgencia.”

El Art. 21 se refiere a la privación de la libertad; el Art. 22, al derecho a conocer las razones de la detención; el Art. 23, a la acción de habeas corpus; el Art. 26, a la inviolabilidad del domicilio; el Art. 27, al libre tránsito en todo el territorio nacional; el Art. 29, a la inviolabilidad de la correspondencia y los documentos privados; el Art. 37, a la libertad de expresión; el Art. 38, al derecho a reunirse pacíficamente; y el Art. 47, al derecho a la propiedad privada.

Varios decretos ejecutivos emitidos por el Gobierno Nacional en respuesta a la peste de Wuhan tienen implicaciones para el ejercicio de los derechos constitucionales, en particular, los artículos 27, 38 y 47 de la carta fundamental. Entre ellos, los decretos ejecutivos N°489, 490, 499, 500, 505, 506 y 507 del Ministerio de Salud, respaldados por la Resolución de Gabinete N°16 (24 de marzo); y el Decreto Ejecutivo N°81 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (20 de marzo), que permite considerar “caso fortuito” tanto la pandemia como la declaración del “Estado de Emergencia Nacional”.

Este decreto faculta a los empleadores cuyas empresas han sido cerradas a suspender los contratos de sus trabajadores, lo cual entraña la pérdida (temporal o definitiva) del salario, en atención a lo señalado en el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo. Tiene, por tanto, implicaciones para el ejercicio del derecho al trabajo, estatuido en el artículo 64 de la Constitución Política y, en particular, para el artículo 65, que señala: “A todo trabajador al servicio del Estado o de empresas públicas o privadas o de individuos particulares se le garantiza su salario o sueldo mínimo.”

La vía escogida por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia se aparta de la normativa constitucional vigente, lo que propina un nuevo garrotazo a la institucionalidad democrática. De tal suerte, abre las puertas al abuso por parte de los agentes de la autoridad, específicamente, la fuerza pública, que en Panamá actúa como si fuese autoridad, aunque no lo es: la autoridad es la Constitución, que ni el propio gobierno respeta.

El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá

La lectura es uno de los vehículos que ayudan a dicho crecimiento. Algunos—una minoría—tendrán ahora más oportunidad para invertir en la lectura, a partir del “quédate en casa”, cuya aplicación es limitada, porque quienes viven día a día—una enorme proporción de la población—difícilmente pueden permanecer en sus hogares sin salir a buscar el sustento diario.

He allí una de las distorsiones a que se refiere el primer párrafo de la columna. Pero quienes puedan quedarse en casa—jubilados, profesionales asalariados y, sobre todo, estudiantes—tendrán un espacio privilegiado para leer. Ojalá lo utilicen así y no para el ridículo “wasapeo”, el “yutubeo” y la pérdida de tiempo escuchando trivialidades, intercambiando banalidades y diseminando noticias falsas.

Son tantas las obras provechosas y estimulantes a las que tenemos acceso, que a quienes les sea posible les valdrá mucho entregarse a la lectura. Si se trata de identificar experiencias parecidas a la que estamos enfrentando, de coyunturas críticas y amenazas a la supervivencia, la crisis de 1987-1989 presenta una referencia interesante.

En ese sentido, el libro del Dr. Ricord, Noriega y Panamá: orgía y aplastamiento de la narcodictadura (1991) no tiene desperdicio. Varias veces lo he recomendado y ha sido digitalizado por la Biblioteca Nacional (http://binal.ac.pa/binal/component/content/article/78-servicios/152-obras-digitalizadas-art.html).

La precaria enseñanza de nuestra historia, basada en una perniciosa mitomanía militarista y antidemocrática, sigue limitando el desarrollo de nuestra sociedad y mermando nuestra capacidad para encontrar soluciones a problemas comunes como el que actualmente ocupa nuestra atención. Tres obras, en particular, contribuyen a rectificar esta mitomanía: Panamá protesta (1993), de Brittmarie Janson Pérez; Golpes y tratados (1997), también de la Dra. Janson; y El agitador de conciencias, biografía del Dr. Miguel Antonio Bernal, escrita por Rafael Pérez Jaramillo y publicada a finales de 2019.

Como lo mencioné el día de su presentación, este valioso texto provee un planteamiento veraz, crítico y eficaz del difícil capítulo que constituyó la dictadura militar, cuyos partidarios y amanuenses no se cansan de presentarlo falsamente como un período de liberación nacional y afianzamiento soberano. La biografía del Dr. Bernal se consigue en las farmacias Arrocha y la Librería Cultural Portobelo. En cuanto a los dos libros de la Dra. Brittmarie, también han sido digitalizados por la Biblioteca Nacional.

Las historias familiares, cuando son bien escritas e investigadas, proveen buena información y nos abren ventanas al entendimiento de las realidades sociales. Me congratulo de haber recibido recientemente tres interesantes proyectos de este tipo, que espero explorar muy pronto.

Mi querida Norita Scott Pezet, baluarte de la cultura y la vida cívica en Penonomé, ha tenido a bien compartir conmigo sus Inspiraciones coclesanas, aún por publicar, basadas en la genealogía de su familia Pezet y su radicación en Coclé, a partir de la llegada al istmo de Agustín Pezet, en el siglo XIX. Su texto es rico en referencias a las costumbres, modos de vida y la evolución social coclesana en los últimos 200 años.

La incansable Brittmarie Janson Pérez acaba de dar a conocer, en formato digital, la historia de su familia materna Calhoun, desde sus orígenes en Escocia hasta su arribo a Panamá, a principios del siglo XX. El personaje más relevante de la saga familiar es el abuelo Crede H. Calhoun, por años, alto funcionario en la Compañía del Canal, además de corresponsal del New York Times y testigo y analista de acontecimientos críticos.

Pocos días atrás, mi apreciado Ricardo Arango Pezet me envió la historia, ya concluida y próxima a publicarse, de la familia Arango en Panamá, por el Dr. Alfredo Figueroa Navarro, uno de nuestros principales intelectuales, cuya obra está signada por el rigor investigativo, la precisión académica y la pulcritud sintáctica. Anticipo los beneficios que, en tiempos de coronavirus, producirá la lectura de estos tres estudios genealógicos para una mejor comprensión de nuestra panameñidad.

El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

La Constitución de Estados Unidos constituye el gran legado universal de los padres fundadores. En siete artículos—de manera muy precisa, clara y práctica—estatuye los órganos del gobierno federal, define sus ámbitos de operación y consagra los derechos básicos de los ciudadanos.

La estructura institucional que creó está inspirada en nociones clásicas de equilibrio y separación de poderes. Su objetivo es el desiderátum del republicanismo: dividir el ejercicio del poder político para evitar los abusos que conducen a la tiranía y la corrupción.

Partiendo de la antigua premisa de que el poder público comprende tres grandes facultades—legislativa, ejecutiva y judicial—que deben ejercerse separadamente para prevenir la usurpación de funciones y la arbitrariedad, la constitución estadounidense radica el poder legislativo en el Congreso de la Unión, consistente de dos cámaras: Senado y Cámara de Representantes (Art. I); el poder ejecutivo, en el presidente de los Estados Unidos de América (Art. II); y el poder judicial, en un tribunal supremo y los tribunales inferiores que, de tiempo en tiempo, establezca el Congreso (Art. III).

La Constitución estadounidense define, además, los derechos civiles y políticos que corresponden a los ciudadanos. Algunos están indicados en el propio texto principal; otros, en la llamada Carta de Derechos, nombre con el que se conoce a las primeras diez enmiendas a la Constitución, aprobadas en 1791.

Los delegados a la convención constitucional crearon una arquitectura republicana admirable por su ingenio y engranaje, tanto así que se convirtió en el esquema prototípico del republicanismo democrático. Los fundadores de nuestros Estados se inspiraron en ella para proveer a las nuevas repúblicas americanas de textos constitucionales modernos, que encaminarían la vida pública hacia la felicidad y prosperidad de sus pueblos.

Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, en nuestros países el constitucionalismo republicano no medró, pues careció desde sus inicios, como aún carece hoy, de legitimidad. Para los americanos del norte, su Constitución es sagrada: es la fuente invariable e inquebrantable de la autoridad política. Para los americanos del sur, la constitución es un instrumento que sirve a los propósitos del régimen de turno y, como tal, puede ser descartada, pisoteada y reemplazada según varíen esos intereses.

Según lo estableció originalmente la Constitución estadounidense, el día del inicio de su vigencia—4 de marzo—era también la fecha en que comenzaban sus funciones los altos empleados federales, incluyendo al presidente de la Unión. A partir de la vigésima enmienda, aprobada en 1933, se cambió dicho inicio al 20 de enero.

El último presidente que entró en funciones el 4 de marzo fue Franklin Delano Roosevelt (FDR), el más destacado de todos los mandatarios estadounidenses del siglo XX, quien gobernó entre 1933 y 1945. A FDR se lo recuerda por su liderazgo para superar la Gran Depresión (1929-1939) y derrotar el totalitarismo nazifascista durante la segunda guerra mundial (1939-1945). En lo que respecta a las relaciones con América Latina, el presidente Roosevelt puso en práctica la llamada “política del buen vecino” (Good Neighbor Policy).

Esta política intentó generar en América Latina mejor voluntad hacia Estados Unidos a través de la renuncia de Washington al intervencionismo militar como instrumento para alcanzar sus fines en la región, así como mediante la cooperación colectiva, en vez de un abierto unilateralismo, como vehículo para obtener soluciones. En adelante, la diplomacia estadounidense, liderada por el habilísimo Cordell Hull (secretario de Estado), ejercería el papel que antes desempeñaba la infantería de marina (al menos esa era la idea).

En consecuencia, en la Conferencia de Montevideo (diciembre de 1933) Washington desistió de la injerencia unilateral en los asuntos internos de otros Estados. El año siguiente, fue derogada la Enmienda Platt, que permitía la intervención estadounidense en Cuba y los infantes de marina fueron retirados de Haití. En lo que atañe a Panamá, Estados Unidos accedió a negociar un nuevo tratado sobre el canal, finalmente alcanzado en 1936, durante la administración del Dr. Harmodio Arias Madrid (1932-1936).

El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá

En el comentario que me fue solicitado durante la reunión en la Cámara de Comercio, expresé una preocupación por los avances del autoritarismo. En Estados Unidos, cuya arquitectura constitucional sirvió de modelo para el republicanismo democrático en todo el mundo, el populismo y la arbitrariedad menoscaban la democracia y el Estado de derecho, según lo reconoce la ONG internacional Freedom House en su más reciente informe (Freedom in the World 2019: Democracy in Retreat, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat).

Brasil, India, Filipinas y otros países experimentan situaciones muy parecidas, mientras que, en Europa, cuyo pensamiento ilustrado iluminó por años los esfuerzos por establecer sistemas de gobierno respetuosos de la ley y los derechos humanos, el ultranacionalismo y la intolerancia van cada vez más en aumento, menoscabando logros alcanzados a lo largo de los siglos.

Rusia y China, grandes potencias que, en la actualidad, incrementan su posición internacional, son hostiles a la democracia. Y en una América Latina que, treinta años atrás, navegaba con entusiasmo sobre la tercera ola de la democracia, en años recientes las pérdidas democráticas se han acentuado.

Hoy, solo ocho Estados (de un total de veinte en la región) son considerados “libres” por Freedom House: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay. Nueve son “parcialmente libres” y tres—el número más alto desde 1989—son dictaduras: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es particularmente triste el caso de Venezuela, donde los excesos de la partidocracia, la corrupción y el populismo condujeron a la pérdida de la democracia establecida en 1958-1959.

Este repliegue democrático en países vecinos y otros continentes debe constituir un importante llamado de atención a los panameños, para sanear y recomponer nuestro sistema constitucional y electoral de forma tal que logremos un afianzamiento de la democracia, el gobierno republicano, el Estado de derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales en nuestro istmo.

Para nadie que tenga dos dedos de frente es un secreto que el sistema político de la democracia panameña, procedente de la dictadura militar, se encuentra bajo estrés. Si no se ataca la raíz del problema —una estructura constitucional y electoral que promueve el clientelismo, la corrupción y el divorcio entre cargos públicos y ciudadanos— corremos el riesgo de perder los logros de la democracia en los 30 años desde el derrocamiento de la dictadura: el ejercicio del poder público sin interrupciones extra constitucionales, su puntual renovación conforme al calendario constitucional y más oportunidades que antes para la expresión individual y colectiva.

Necesitamos mantener y profundizar la democracia, no solo para conservar estos logros, sino, además, para proveer soluciones, a través de metodologías pacíficas y de consenso, a importantes problemas nacionales: la inseguridad alimentaria y nutricional; la contaminación, la falta de saneamiento y la depredación ambiental; los reducidos niveles educativos de la población; los tremendos obstáculos en el acceso a la salud y la seguridad social; el bajo nivel de ingresos frente al ascendente costo de la vida; las enormes complicaciones e inseguridades en el transporte público; la creciente criminalidad; el inadecuado acceso a la justicia y la falta de probidad en las actuaciones públicas, entre otros.

Ante las voces que reclaman, cada vez con mayor insistencia, respuestas a todas estas situaciones y manifiestan frustración por la incapacidad del Estado de proveerlas, debemos recordar que no es el mesianismo populista ni una dictadura militarista ni —evidentemente— la desfasada partidocracia lo que mejor pueden atenderlas. Es una auténtica democracia liberal porque, como nos lo recuerdan autores, como Francis Fukuyama, la democracia es el único sistema que reconoce la dignidad y los derechos humanos de todos los integrantes de la comunidad política.

Solo mediante la democratización de las estructuras constitucionales y electorales lograremos preservar y adecuar nuestro sistema político a nuestras necesidades. Y la manera más legítima, democrática y efectiva para lograr esta adecuación es una asamblea constituyente formada a partir de la más amplia participación ciudadana.

El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá

Poco es lo que sabemos los panameños sobre Julian Pauncefote. Entre quienes recuerden alguna clase de historia en el colegio secundario, la mayoría no sabrá pronunciar su apellido. Aún así, sus actuaciones en nombre del gobierno británico fueron instrumentales para determinar nuestro desenvolvimiento en los últimos 120 años.

A principios de 1900, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Hay, convocó a su despacho al embajador Pauncefote. El gobierno estadounidense deseaba actualizar los términos de la convención sobre un canal interoceánico, firmada en 1850 (Tratado Clayton-Bulwer).

Hay, por cierto, no era un pelafustán, como lo presenta una obra musical recientemente puesta en escena. Jurista de sólidas credenciales—al igual que Pauncefote—inició su carrera en el servicio público como secretario privado del presidente Abraham Lincoln (1861-1865). Fue embajador en varios países y, en 1898, el presidente William McKinley (1897-1901) lo nombró secretario de Estado. Al igual que Pauncefote, falleció en el ejercicio de su cargo, en 1905.

Pauncefote y Hay compartían una vocación por servir al interés nacional de sus respectivos países, tomando siempre en cuenta el equilibrio de poder. En este sentido, ambos se consagran como maestros de la realpolitik, definida por el Diccionario de la Lengua Española como una política “basada en criterios pragmáticos, al margen de ideologías” o principios morales.

Era el caso que, tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, fácilmente ganada por Estados Unidos contra España, creció en Washington la aspiración de construir un canal interoceánico en el istmo centroamericano. Pero el Tratado Clayton-Bulwer precluía el control unilateral y la fortificación de dicha vía por cualquiera de los dos firmantes. Esto contrariaba las aspiraciones de grandeza del presidente McKinley. Para cambiar el statu quo, tendría que arrebatarle al imperio británico, la principal potencia del momento, el privilegio de participar en la empresa interoceánica.

El 5 de febrero de 1900, Pauncefote y Hay firmaron un tratado mediante el cual el Reino Unido accedía a que Washington construyera el canal por su cuenta, pero mantenía el impedimento a la fortificación unilateral por Estados Unidos. El Senado estadounidense modificó el texto para permitir que Estados Unidos erigiera defensas a lo largo de la ruta y así lo aprobó, en diciembre de 1900. El gobierno británico, sin embargo, no admitió los cambios.

Casi un año después, el 18 de noviembre de 1901, Pauncefote y Hay suscribieron un segundo tratado en el cual el Reino Unido se allanaba al deseo estadounidense de establecer puestos de defensa a lo largo de la vía. A cambio, Washington se avino a permitir el paso de buques británicos por el canal en iguales condiciones que los barcos estadounidenses.

El acuerdo se logró por vía diplomática, basado en un pragmatismo puro y duro, tomando en cuenta el incremento del poderío estadounidense y su hegemonía en la cuenca del Caribe, la sobre extensión de los intereses británicos a lo largo del mundo (lo cual hacía difícil que Londres asumiera nuevos compromisos en América), y la necesidad de forjar una alianza para enfrentar la creciente amenaza alemana.

El Tratado Hay-Pauncefote situó al istmo más claramente en la órbita estadounidense y abrió el camino directo a la terminación, bajo dirección de Washington, del canal iniciado en el istmo en 1880 por Ferdinand de Lesseps. El 18 de noviembre de 1903, dos años después de la firma del segundo (y exitoso) acuerdo entre el secretario de Estado y Lord Pauncefote, Hay y un ciudadano francés, de ingrata recordación, suscribieron un acuerdo que nos subordinó perpetuamente a la dominación estadounidense, en aras de la construcción de la vía acuática.

En la actualidad, ya liberados de esa atadura, aún sufrimos la toma de decisiones sobre asuntos que nos atañen, por entidades políticas, mercantiles o criminales extranjeras. Para el ojo avizor, las lecciones del Tratado Hay-Pauncefote no tienen desperdicio.

El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá

Pocos panameños hay más idóneos que Alfredo Castillero Calvo para realizar esta tarea fundamental. Por eso, atinó el Gobierno Nacional al designar al prestigioso historiador como orador oficial en el tradicional acto que se escenificará esta mañana en el Cementerio Amador.

En dicha ceremonia se conmemorará, inevitablemente, a los próceres de 1903. Sin descuidar su memoria, hay otros panameños a quienes debemos recordar el Día de los Difuntos. Muy en particular, a quienes perecieron o desaparecieron durante la dictadura militar de Torrijos, Paredes y Noriega.

Muchos de ellos fueron eliminados por su activismo político en defensa del sistema republicano. Particularmente en los momentos iniciales del régimen castrense (1968-1972) –el período de mayor violencia, a pesar de las mentiras que siguen esparciendo los partidarios de Omar Torrijos– el terrorismo de Estado, desatado por los militares contra el pueblo panameño, asesinó o “desapareció” a un gran número de luchadores por la restauración republicana.

Inmediatamente después del golpe, se organizaron en Chiriquí, Coclé, la ciudad capital y Cerro Azul grupos armados para combatir la usurpación militarista. Los alzamientos en Chiriquí y Coclé estaban formados por activistas del Partido Panameñista; los de la provincia de Panamá, por simpatizantes de la izquierda.

Luchaban por la reinstauración de la república y fueron aniquilados por la Guardia Nacional, mediante una salvaje represión, con apoyo logístico y de inteligencia militar del ejército estadounidense, que condujo a la tortura y muerte de muchos combatientes.

En Chiriquí, una célula panameñista, liderada por el campesino Ariosto González, se creó inmediatamente después del golpe con el ánimo de restaurar el gobierno constitucional. Por órdenes de Boris Martínez y Omar Torrijos, el jefe militar en Chiriquí, Manuel Noriega, se encargó, con ayuda de sus secuaces de la CIA y la inteligencia militar estadounidense, de desarticular a quienes en aras del ideal republicano se enfrentaron a los militares golpistas en Piedra de Candela y la Quijada del Diablo.

La “guerrilla constitucionalista”, que operaba en las montañas de Coclé, fue desbaratada por la Guardia Nacional en febrero de 1969, tras la captura de varios de sus integrantes, entre ellos Dorita Moreno, “la guerrillera heroica”. En Las Huacas de Quije, Natá, fue violada y asesinada, junto a sus cinco compañeros aprehendidos, por personal de la “pundonorosa” Guardia Nacional, cuyo régimen de terror sigue siendo enaltecido y glorificado por el PRD e, inclusive ahora, por otros grupos e individuos que antes se hacían pasar por civilistas.

No tuvieron mejor suerte los guerrilleros izquierdistas. Capturados por las fuerzas militares, quienes resistieron los ofrecimientos de la dictadura fueron torturados y salvajemente asesinados, como Floyd Britton y Heliodoro Portugal. Otros, más astutos, se entregaron al régimen, fueron incorporados al engranaje estatal y, aún hoy, cantan las loas y alabanzas de una tiranía criminal que no dejó de cometer abusos desde su instalación hasta su derrocamiento.

A los valientes combatientes contra la dictadura hay que añadir a muchos otros quienes, optando por la protesta pacífica para lograr la restitución del sistema republicano y transformaciones sociales más amplias, sucumbieron ante los desmanes de los jenízaros. Las víctimas fueron ciudadanos panameños, principalmente provenientes de los sectores populares y algunos extranjeros; hombres y mujeres; estudiantes, profesionales y hasta sacerdotes, como Héctor Gallego y Nicolás van Kleef.

Ni en Las Huacas de Quije ni en Cerro Azul ni en la ciudad de Panamá ni –mucho menos– en los pésimos textos escolares hay nada que conmemore la entrega desinteresada de aquellos idealistas que se sacrificaron en aras de la restauración republicana. Antes bien, el Estado panameño, penetrado por el perredismo y la llamada “doctrina torrijista”, ha hecho lo posible por denigrar su memoria, al punto de negarse a la recuperación e identificación de los restos de las víctimas de la dictadura y el procesamiento de sus victimarios, a pesar de tratarse de crímenes de lesa humanidad.

En esta fecha solemne, en que recordamos a los fundadores de nuestra república y les reiteramos nuestra gratitud, rindamos –también– nuestro agradecimiento a quienes se inmolaron para que la justicia, la democracia y la libertad pudiesen comenzar a restablecerse en Panamá.

Fue muy comentada la abstención panameña en la votación de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el 31 de agosto, sobre la propuesta de tratar la crisis de la frontera colombo-venezolana en una reunión de cancilleres. Se acusó a Panamá de supeditar su agenda exterior a intereses económicos, pero también se dijo que su abstención respondía al maltrato colombiano.

El Decreto Presidencial No. 074 de 2013 impuso un nuevo arancel a los textiles y calzados procedentes de Panamá. Cuando Colombia desatendió las solicitudes panameñas de que se ajustara el gravamen, Panamá recurrió ante la Organización Mundial del Comercio. El dictamen del organismo, previsto para agosto de 2015, aún está pendiente (Ministerio de Comercio e Industrias, 27 de agosto de 2015).

El Decreto No. 1966 de 2014 incluyó a Panamá en una lista de “paraísos fiscales”. Cuando el Gobierno panameño amenazó con aplicar medidas de retorsión, Colombia accedió a extraer al istmo de la lista y negociar un marco de cooperación sobre asuntos financieros y tributarios, incluyendo un acuerdo para evitar la doble imposición.

El acuerdo debería suscribirse a más tardar el 30 de septiembre de 2015 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 de octubre de 2014). Según el ministro panameño de Economía y Finanzas, el proceso concluirá“sin presiones de fechas ni plazos fatales”, lo que sugiere que Colombia aspira a preponderar en las conversaciones (EFE, 10 de septiembre de 2015).

Desconociendo el descontento istmeño, hubo en Colombia expresiones de indignación por la conducta panameña en la OEA. Otros analistas, como la politóloga Sandra Borda, consideraron que la derrota diplomática de Colombia debe motivar una revisión de sus relaciones exteriores a fin de producir mejores resultados (Revista Arcadia, 16 de septiembre de 2015).

En Panamá se acusó al Gobierno de negociar su voto para no entorpecer la cancelación (o reducción) de la multimillonaria deuda comercial venezolana, cuyo pago se ha dificultado debido a las restricciones cambiarias aplicadas por Caracas. Pero también hubo alusiones a los reiterados agravios de Bogotá.

“Con Colombia”, dijo un analista que pidió el anonimato, “nos conecta el narcotráfico, los indocumentados, la asesoría militarista al Senafront, la prostitución y todos los tráficos. Nada de cultura, nada de ejemplos positivos, nada de beneficios para el istmo”, sentenció.

Las opiniones de este tipo parecen exageradas. Evidentemente, a pesar de las barreras arancelarias y de otra índole, los intercambios comerciales y los flujos lícitos de inversión entre ambos países son provechosos.

De los miles de colombianos que han sido recibidos en el istmo, muchos contribuyen honradamente al desarrollo de Panamá. En Colombia, por cierto, los emigrantes panameños no reciben la misma acogida.

Más allá de la exageración, en Bogotá se debería tomar nota de que muchos istmeños perciben a Colombia como un Estado problemático e irrespetuoso, exportador de violencia y criminalidad. Aunque, evidentemente, la realidad es mucho más compleja, el lector perspicaz notará que esta es la misma queja que ha planteado el Gobierno de Venezuela.

Una política exterior constructiva, como escribió la Dra. Borda, parte por asumir realidades como un sentimiento regional desfavorable a Colombia. A partir de ese reconocimiento, corresponde implementar acciones de política exterior orientadas a generar buena voluntad.

La promoción del sistema interamericano de derechos humanos, un trato respetuoso hacia los países vecinos (que excluya castigos arancelarios y amenazas de “listas negras”) y medidas eficaces para prevenir las actividades ilegales de algunos colombianos en otros Estados constituirían un importante paso inicial.

Para ciertos observadores, el principal violador de los derechos humanos de los colombianos no es Venezuela, sino el Estado colombiano. Con sus acciones apegadas al derecho internacional, así como con su lucha contra la delincuencia, Bogotá lograría producir mayor apoyo por las causas que promueve.

El incidente diplomático también le deja a Panamá importantes lecciones. Los intereses económicos pueden ser tomados en consideración en la formulación de la política exterior, pero no deben, necesariamente, prevalecer sobre otras motivaciones.

El respeto por el derecho internacional debe ser incorporado y promovido, con coherencia y valentía, en la agenda internacional. Así lo han sostenido, desde los inicios de la República, los principales juristas istmeños, quienes han advertido de que en un sistema internacional en que impera la ley del más fuerte, el derecho internacional es la principal defensa de los Estados pequeños.

Además, los impulsos políticos no emanan exclusivamente del Estado y sus dependencias. En un sistema pluralista, la sociedad civil –a través de sus diversas organizaciones– aporta importantes elementos al ejercicio del poder. Esta, a grandes rasgos, es la configuración del pluralismo democrático.

En su utilísimo texto de política comparada (Comparative Government, 1971), el profesor Samuel Finer observa que la dispersión del poder político es significativamente inferior en los regímenes autoritarios que en los sistemas democráticos. Por consiguiente, menores niveles de pluralismo coinciden con mayores niveles de autocracia.

En su enjundioso estudio sobre las grandes potencias (The Rise and Fall of the Great Powers, 1989), Paul Kennedy arguye que la desconcentración del poder característica del pluralismo es uno de los principales factores detrás del desarrollo en la edad moderna. El profesor Kennedy atribuye la decadencia de grandes potencias como la China imperial, Persia y el Imperio Otomano a la falta de pluralismo, o sea, a la tendencia de una pequeña cúpula gobernante a monopolizar el poder y a restringir los espacios disponibles para la expresión de la autonomía y la creatividad individual y colectiva.

Los dirigentes y ciudadanos de un Estado democrático se preocupan por proteger y promover el pluralismo. Esto implica, en primera instancia, respetar los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder. No usurpar las funciones o facultades que corresponden a otra rama del Estado es fundamental para salvaguardar el pluralismo.

Un gobierno comprometido con el sistema democrático se preocupa por respetar la independencia de los partidos políticos. El mangoneo de las agrupaciones afines al gobierno y el acoso a la oposición no son tácticas que corresponden a un compromiso sincero con el pluralismo.

La adhesión al sistema democrático entraña, además, la protección y promoción de espacios autónomos de deliberación en la sociedad civil, tales como sindicatos, gremios profesionales, asociaciones cívicas, organizaciones no gubernamentales y medios independientes de comunicación. Si se trata de preservar y afianzar el contenido democrático del sistema político, es fundamental asegurar la autonomía y capacidad de proyección de esas organizaciones.

El golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 propinó una estocada profunda al pluralismo en Panamá. Los golpistas clausuraron la Asamblea Nacional y nombraron magistrados y procuradores adictos a quienes ejercían el poder. A partir de esa fecha, no hubo desempeño autónomo de funciones políticas, administrativas y jurisdiccionales por otros órganos de gobierno fuera de la comandancia de la Guardia Nacional.

El Decreto de Gabinete No. 58 de 1969 extinguió los partidos políticos. Otros decretos de gabinete, emitidos por la junta provisional de Gobierno, amordazaron la prensa.

A fin de perfeccionar el sometimiento de los medios de comunicación, se aplicaron triquiñuelas legalizadas, como en el caso de la Editora Panamá América, cuyos dueños fueron despojados mediante iniciativas de accionistas minoritarios, aupadas por los golpistas y avaladas por los juzgados sometidos al poder militar. Así fue suprimida una “tribuna de denuncia y educación”, que fomentaba la participación ciudadana “en la construcción y defensa de la nación”, tal cual lo expresó acerca de El Panamá América, en sus memorias, doña Rosario Arias de Galindo (El camino recorrido, pág. 113).

Como lo demuestran las mediciones de Polity IV y Freedom House, los años del régimen militar fueron los menos pluralistas de nuestra historia republicana, con consecuencias negativas para la sociedad panameña. El acaparamiento de facultades públicas y su concentración en una cúpula ávida de riquezas y poder político produjo resultados desastrosos para la población istmeña.

Hay que proteger el pluralismo en Panamá. En un sistema democrático, no hay lugar para la usurpación de las funciones propias de otras ramas del Estado, el asedio a la sociedad civil, el cerco a los medios de comunicación social y el atropello a los partidos políticos.

La misma disposición “prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos” y dispone que los menores de edad sean “sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación”.

La proscripción de la pena de muerte y la regeneración de los reclusos son principios con profunda raigambre en el constitucionalismo panameño. El primero se remonta a 1918, cuando una reforma constitucional dispuso: “no habrá en Panamá pena de muerte”. El precepto se mantuvo en las constituciones de 1941, 1945 y 1972, actualmente vigente.

En cuanto al trato que deben recibir los privados de libertad, el artículo 45 de la Constitución de 1904 indicaba: “Las cárceles son lugares de seguridad y expiación, no de castigo cruel; por lo tanto, es prohibida toda severidad que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos”.

Lo mismo disponía la Constitución de 1941 y, con ligeras variaciones, la de 1946. Ambos principios, además, son parte del derecho internacional. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ratificada por Panamá en 1978, estatuye: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

Mediante el Protocolo de 1990 a esa convención, relativo a la abolición de la pena de muerte, los Estados Partes se comprometen a no aplicar “en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción”.

Panamá ratificó dicho protocolo en 1991. En el Sistema de las Naciones Unidas, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Panamá en 1977, proclaman que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Más específicamente, la Convención contra la tortura de 1984 exige, en su artículo 2, que todo Estado Parte tome “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”. Dicha convención fue ratificada por Panamá en 1987. En el derecho internacional americano, la Convención Interamericana para prevenir la tortura de 1985, ratificada por Panamá en 1991, prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El documento sobre Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008) establece, entre otras obligaciones, la siguiente:

“Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

Aunque estas normas son de obligatorio cumplimiento en Panamá, bajo la dictadura castrense la ley fue supeditada a los designios de quienes usurparon los destinos del país. Sucedieron numerosos casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales—penas de muerte en todo menos en nombre—según fue documentado en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1978 y 1989, así como en el informe de la Comisión de la Verdad (2002).

Como en una democracia no hay lugar para violaciones de los preceptos señalados, los panameños teníamos motivos para esperar que incidentes como los que ocurrieron durante el régimen militar jamás se repitieran. Por eso los acontecimientos del 11 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores —con un espantoso saldo de siete reclusos quemados, cuatro de los cuales ya fallecieron— han causado estupor en la comunidad.

Es alarmante que formen parte de la Policía Nacional individuos tan carentes de las más elementales nociones de derechos humanos, que promueven abominables contravenciones de la Constitución y el derecho internacional como las que transmitieron las cámaras de televisión.

En su falta de humanidad y cultura democrática radican las semillas del autoritarismo militar, que indudablemente germinarán a no ser que erradiquemos de la fuerza pública tan ilegales y perversas inclinaciones.

Un estudio de factibilidad divulgado por la dictadura en los años 70 presentó al Cerro Colorado como el segundo mayor yacimiento cuprífero virgen del mundo y aseguró que su aprovechamiento rendiría beneficios netos de 140 millones de balboas a corto plazo. Además, adujo que 13 mil empleos serían generados por la explotación minera y los proyectos hidroeléctricos de La Fortuna, La Estrella y Los Valles.

Para operar la mina, en 1975 se fundó la Corporación de Desarrollo Minero de Cerro Colorado (Codemin). Panamá solicitó créditos por 406 millones de balboas –una suma alarmante, entonces y ahora– para poner en marcha el proyecto (La Estrella de Panamá, 1 de enero de 1978).

A medida que el régimen avanzaba en sus intenciones y el público consideraba los impactos financieros, ecológicos y sociales de la propuesta, crecían la preocupación y el malestar en la ciudadanía, sobre todo en la provincia de Chiriquí. Por ejemplo, el 1 de febrero de 1979 La Estrella de Panamá aludió a las aprehensiones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, expuestas por su presidente, César A. Tribaldos.

El 1 de marzo, en el mismo diario, varias organizaciones publicaron una carta abierta en la que señalaron su oposición a la explotación de la mina.

El 22 de abril, unos 2 mil manifestantes cerraron la vía Panamericana, en San Félix, para protestar contra los planes de la dictadura (TVN, 23 de abril de 1979). Alrededor de esa fecha se constituyó el Comité Cívico de Defensa Integral de la Provincia de Chiriquí, el cual protestó por las violaciones constitucionales y las repercusiones ambientales que acarrearía la extracción de cobre.

Los catedráticos Alberto Quirós Guardia y Miguel Antonio Bernal hicieron grandes esfuerzos por concienciar a la ciudadanía acerca de los peligros de la minería. Tanto el Ing. Guillermo Quijano, dirigente de la oposición democrática, como el Partido Socialista de los Trabajadores, de orientación izquierdista, exigieron un plebiscito sobre la explotación de la mina.

El 26 de junio de 1979, el diario Ya! adujo que el régimen había concedido importantes contratos de Codemin, sin licitación, a un conocido publicista (muy influyente también durante el gobierno de Martín Torrijos). Se constituyó el “Comité Nacional por el no a Cerro Colorado”, presidido por el Dr. Carlos A. Morales, el cual se querelló contra Codemin y a la publicitaria beneficiada por la concesión irregular (Ya!, 28 de junio de 1979).

El Frente Nacional de Oposición (Freno) se pronunció el 9 de agosto contra el proyecto. En octubre, Ya! publicó una nota según la cual la propuesta carecía de viabilidad económica, de acuerdo con Eximbank, organismo financiero estatal de Estados Unidos (Ya!, 9 de agosto y 16 de octubre de 1979).

En agosto de 1981, el Arq. Edwin Fábrega, director del IRHE durante el régimen castrense, expresó su oposición al proyecto por la enorme cantidad de electricidad que utilizaría, equivalente a la totalidad del consumo nacional. Poco después, la dictadura decidió engavetar la propuesta, en vista de que el precio internacional del cobre no respaldaba la comercialización del mineral que se obtendría en el Cerro Colorado.

Aunque no extrajo un gramo de cobre, Codemin (y, en consecuencia, el Estado panameño) acumuló una enorme deuda. Cuando en 1984 el Dr. Arnulfo Arias enumeró los más grandes casos de corrupción de la dictadura, incluyó entre ellos a Codemin, junto con el frustrado segundo puente sobre el Canal (Van Dam) y el programa colectivo de viviendas de la Caja de Seguro Social (La Prensa, 1 de mayo de 1984).

Más adelante, una nota de prensa de la Alianza Democrática de Oposición –que aglutinó al Partido Panameñista, al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y al Partido Demócrata Cristiano– describió el desempeño de la empresa estatal como “el robo del siglo”.

La historia de Codemin provee a los diputados importantes elementos cuyo estudio contribuye a prevenir errores y estremecimientos sociales. Por el bien del país, ¡examínenla con atención!

La autocracia guarda relación con la tiranía, uno de los regímenes degenerados identificados por Aristóteles. El tirano usurpa las riendas del poder –se las apropia por medios ilegítimos– y ejerce el mando absoluta y exclusivamente según su voluntad.

Aunque todos los tiranos son autócratas, no todos los autócratas son tiranos. Algunos individuos acceden al poder mediante fórmulas legítimas –mediante el voto popular, por ejemplo– pero al desempeñarse en el gobierno descartan los controles al ejercicio del poder. Así se transforman en autócratas.

El gobierno autocrático puede ser autoritario o totalitario. En un régimen autoritario, el poder se ejerce sin limitaciones en el ramo político, pero se permite alguna autonomía en otros ámbitos de la vida humana, como la esfera familiar, cultural o religiosa.

En un régimen totalitario, las decisiones de la cúpula penetran todos los espacios de la vida humana para erradicar toda manifestación de autonomía. Stalin, Hitler y –más recientemente– Pol Pot figuran entre los autócratas totalitarios de mayor nombradía.

Para imponer su voluntad, el autócrata suprime toda voz que le sea contraria. Hostiga, persigue, amenaza, encarcela, tortura y asesina a sus adversarios y opositores. Somete, absorbe o clausura todo espacio disponible para la libre emisión y recepción de opiniones políticas.

Los medios de comunicación social son los “ojos y los oídos de lo que siente el pueblo”. Así lo destacó, hace poco, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa (La Prensa, 24 de enero). La lógica autocrática sugiere neutralizar esos medios, a fin de que la ciudadanía no posea vehículos para expresar sus puntos de vista sobre los asuntos que el autócrata aspira a controlar.

La autocracia es un sistema político primitivo e inconveniente, que se presta a las malas decisiones y a la corrupción. A pesar de ello, persisten las autocracias alrededor del mundo.

Países como Túnez y Egipto han tenido regímenes autocráticos desde hace décadas: en el primer caso, desde la fundación del Estado, en 1956 y, en el segundo, desde el derrocamiento de la monarquía, en 1952. La esperanza de la comunidad internacional es que los levantamientos populares que recientemente derrocaron a los autócratas de ambos países hayan abierto las puertas a la democracia.

Panamá, tristemente, no ha escapado a la autocracia. Según Polity IV, una clasificación de regímenes políticos ampliamente utilizada, entre 1968 y 1989 estuvimos sometidos a un régimen autocrático sin precedentes, que usurpó el poder a través de medios ilegítimos (un golpe de Estado). El régimen fue autocrático y tiránico: una peligrosa combinacióncuyas consecuencias para el país resultaron desastrosas.

Un aspecto muy evidente de la autocracia es su vínculo con la corrupción. El barón de Acton explicó las razones fundamentales de ese nexo: “El poder tiende a corromper”, señaló”, “y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

La autocracia depende de un ejercicio absolutista del poder. Ese absolutismo promueve la corrupción, no sólo de quienes detentan el mando, sino del cuerpo político en general. El signo inequívoco de la corrupción es el abuso del poder para beneficio personal.

Es raro el autócrata que no se enriquezca escandalosamente y haga ricos a sus adláteres y aduladores. En 30 años de autocracia, Mubarak, por ejemplo, acumuló una fortuna estimada en 5 mil millones de dólares (Huffington Post, 11 de febrero).

En Panamá, cientos de millones de balboas se desviaron a los bolsillos de los favoritos de la autocracia. A pesar de los reclamos ciudadanos, este tema jamás se ha investigado a cabalidad.

Hace 20 años que el catedrático y economista Alberto Quirós Guardia –uno de los más persistentes críticos de la autocracia y sus efectos nocivos– viene ofreciendo dirigir una auditoría para determinar con exactitud el impacto económico del régimen autocrático. Pero ha faltado voluntad política para emprender la tarea.

La autocracia guarda relación con la tiranía, uno de los regímenes degenerados identificados por Aristóteles. El tirano usurpa las riendas del poder –se las apropia por medios ilegítimos– y ejerce el mando absoluta y exclusivamente según su voluntad.

Aunque todos los tiranos son autócratas, no todos los autócratas son tiranos. Algunos individuos acceden al poder mediante fórmulas legítimas –mediante el voto popular, por ejemplo– pero al desempeñarse en el gobierno descartan los controles al ejercicio del poder. Así se transforman en autócratas.

El gobierno autocrático puede ser autoritario o totalitario. En un régimen autoritario, el poder se ejerce sin limitaciones en el ramo político, pero se permite alguna autonomía en otros ámbitos de la vida humana, como la esfera familiar, cultural o religiosa.

En un régimen totalitario, las decisiones de la cúpula penetran todos los espacios de la vida humana para erradicar toda manifestación de autonomía. Stalin, Hitler y –más recientemente– Pol Pot figuran entre los autócratas totalitarios de mayor nombradía.

Para imponer su voluntad, el autócrata suprime toda voz que le sea contraria. Hostiga, persigue, amenaza, encarcela, tortura y asesina a sus adversarios y opositores. Somete, absorbe o clausura todo espacio disponible para la libre emisión y recepción de opiniones políticas.

Los medios de comunicación social son los “ojos y los oídos de lo que siente el pueblo”. Así lo destacó, hace poco, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa (La Prensa, 24 de enero). La lógica autocrática sugiere neutralizar esos medios, a fin de que la ciudadanía no posea vehículos para expresar sus puntos de vista sobre los asuntos que el autócrata aspira a controlar.

La autocracia es un sistema político primitivo e inconveniente, que se presta a las malas decisiones y a la corrupción. A pesar de ello, persisten las autocracias alrededor del mundo.

Países como Túnez y Egipto han tenido regímenes autocráticos desde hace décadas: en el primer caso, desde la fundación del Estado, en 1956 y, en el segundo, desde el derrocamiento de la monarquía, en 1952. La esperanza de la comunidad internacional es que los levantamientos populares que recientemente derrocaron a los autócratas de ambos países hayan abierto las puertas a la democracia.

Panamá, tristemente, no ha escapado a la autocracia. Según Polity IV, una clasificación de regímenes políticos ampliamente utilizada, entre 1968 y 1989 estuvimos sometidos a un régimen autocrático sin precedentes, que usurpó el poder a través de medios ilegítimos (un golpe de Estado). El régimen fue autocrático y tiránico: una peligrosa combinacióncuyas consecuencias para el país resultaron desastrosas.

Un aspecto muy evidente de la autocracia es su vínculo con la corrupción. El barón de Acton explicó las razones fundamentales de ese nexo: “El poder tiende a corromper”, señaló”, “y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

La autocracia depende de un ejercicio absolutista del poder. Ese absolutismo promueve la corrupción, no sólo de quienes detentan el mando, sino del cuerpo político en general. El signo inequívoco de la corrupción es el abuso del poder para beneficio personal.

Es raro el autócrata que no se enriquezca escandalosamente y haga ricos a sus adláteres y aduladores. En 30 años de autocracia, Mubarak, por ejemplo, acumuló una fortuna estimada en 5 mil millones de dólares (Huffington Post, 11 de febrero).

En Panamá, cientos de millones de balboas se desviaron a los bolsillos de los favoritos de la autocracia. A pesar de los reclamos ciudadanos, este tema jamás se ha investigado a cabalidad.

Hace 20 años que el catedrático y economista Alberto Quirós Guardia –uno de los más persistentes críticos de la autocracia y sus efectos nocivos– viene ofreciendo dirigir una auditoría para determinar con exactitud el impacto económico del régimen autocrático. Pero ha faltado voluntad política para emprender la tarea.

Era menester depositar dicha custodia en manos de un organismo nacional de seguridad, confiable, efectivo, respetuoso de la democracia y subordinado al poder civil legítimamente constituido.

Monumental tarea tenía por delante el presidente Endara, quien inicialmente la encomendó al vicepresidente Arias Calderón, también ministro de Gobierno y Justicia.

El nuevo gobierno comenzó por abolir las Fuerzas de Defensa. Para evitar la concentración del poder, típica de dicha entidad, dispuso separar la fuerza pública en cinco ramas: la Policía Nacional, el Servicio Marítimo Nacional, el Servicio Aéreo Nacional (supeditados al Ministerio de Gobierno y Justicia), el Servicio de Protección Institucional (radicado en la Presidencia de la República) y la Policía Técnica Judicial (dependiente del Ministerio Público).

Se restableció el principio, tan antiguo como la República misma, de que la fuerza pública es agente de la autoridad –no autoridad en sí misma– y ejerce sus funciones de acuerdo con las instrucciones recibidas por los funcionarios del Estado facultados para garantizar la justicia, la seguridad ciudadana y el orden democrático.

El presidente Endara y el vicepresidente Arias Calderón aplicaron esfuerzos para crear una cultura civilista en la fuerza pública, caracterizada por el respeto a los derechos humanos y la obediencia a la autoridad civil. La policía y demás organismos de seguridad serían, en adelante, organizaciones civiles, en las que no habría lugar para la parafernalia castrense. Se procedió, en consecuencia, a suspender el entrenamiento de integrantes de la fuerza pública en academias militares y a eliminar los rangos militares superiores. A fin de mejorar la calidad de la formación policial, se creó la Academia de Policía Presidente Belisario Porras.

Se comunicó a los gobiernos extranjeros que Panamá, por no tener ejército, no admitiría la acreditación de agregados militares en las misiones diplomáticas establecidas en el país. Panamá suspendió también el nombramiento de agregados militares en sus propias embajadas. Como medida de control democrático, se instituyó la práctica de nombrar, en la dirección de la Policía Nacional, a un individuo que no procediera de las filas del organismo (ni, mucho menos, de las extintas Fuerzas de Defensa).

Se hizo un esfuerzo por extraer de los organismos de seguridad los elementos represivos, corruptos y golpistas que procedían del período anterior. Al mismo tiempo, se emitieron directrices encaminadas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la fuerza pública, quienes recibieron aumentos salariales. Su jornada laboral se fijó en ocho horas y se puso fin a los nefastos acuartelamientos. Estas medidas de adecentamiento y civilización mejoraron la percepción ciudadana de la fuerza pública y las relaciones entre dicha fuerza y la comunidad. El proceso de reforma no llegó donde debía –muchas tareas quedaron pendientes– pero, al menos, la población dejó de ver en el integrante de la fuerza pública a un enemigo cuya misión era proteger y servir a la mafia y acosar, vapulear y coimear al ciudadano común y corriente.

Con el paso de los años, la orientación civilista de inicios del período democrático ha sufrido un innegable desgaste. Aunque varios son los factores que explican esta erosión –entre ellos los estímulos hacia la militarización provenientes del extranjero– sus consecuencias son claramente negativas para la ciudadanía.

El resurgimiento de una cultura militarista y la usurpación de funciones correspondientes a las autoridades civiles, por parte de los agentes de la fuerza pública no son sucesos convenientes para el pueblo panameño. El hostigamiento de la ciudadanía, las detenciones arbitrarias (en contravención a lo que señala claramente el artículo 21 de la Constitución), el trato inhumano a los detenidos y el despliegue de violencia para controlar las protestas populares son algunas medidas que han causado alarma en la sociedad.

En la actualidad, muchos ciudadanos sienten que deben protegerse, tanto del delincuente como del policía. Esa actitud no es conveniente para el sistema democrático. Urge que los panameños definamos qué clase de fuerza pública queremos y apliquemos las pautas correspondientes para evitar que el militarismo, que tanto daño nos hizo en el pasado, siga entronizándose en los organismos de seguridad.

La defensa del civilismo y sus principios conexos –la justicia, la democracia y la libertad– han constituido mi preocupación principal desde los inicios de mis lances periodísticos. Como antes lo he señalado, habría otros temas que me agradaría tratar, muy gratos al espíritu y estimulantes para el alma.

Me interesa mucho escribir sobre temas históricos y culturales, así como compartir con el lector experiencias y reflexiones íntimas. Pienso, sin embargo, que unespacio público como éste debe estar al servicio de la comunidad política. En tanto que el carácter civilista de nuestra República aún no está suficientemente afianzado, la columna debe estar dedicada –principalmente– a promover las virtudes asociadas con un gobierno civilista.

Este es, pues, un espacio para el civilismo. Resulta un tanto paradójico que, tras dos décadas de la erradicación del régimen militar, aún sea necesario promover los valores civilistas.

Es así, sin embargo, porque los panameños –tristemente– no hemos conseguido, en 20 años, institucionalizar dichos valores, hacerlos que adquieran vigencia permanente y legitimidad e incorporarlos a nuestro sistema político. En parte, se trata de una grave falla del sistema educativo, que no provee adecuada instrucción cívica y democrática al cuerpo estudiantil. Lo triste es que nada parece estarse haciendo para remediar esa insuficiencia.

Muchas personas asocian el civilismo con las jornadas contra la dictadura emprendidas por la Cruzada Civilista Nacional en 1987-1989. Previamente, sin embargo, algunos panameños valientes asumieron esa lucha. En Civilismo antes de la Cruzada, el Dr. Juan Cristóbal Zúñiga, distinguido jurista comprometido (como pocos) con los valores señalados, presenta algunos de esos episodios y enumera a sus adalides, individuos verdaderamente heroicos que enfrentaron el cerco del régimen castrense con patriotismo y denuedo.

Estos patriotas tenían como referencia inmediata la lucha anti militarista librada en Panamá desde los años 40, cuando empezó la militarización de la Policía Nacional, bajo los auspicios de algunos sectores de poder y de la política estadounidense de la época. Especialmente en 1947-1949 –cuatro décadas antes de la Cruzada Civilista– grupos de ciudadanos valerosos se enfrentaron a las pretensiones hegemónicas de la Policía Nacional, cuyo comandante aspiraba a convertirse en amo y tirano del país. Aunque eventualmente logró sus aspiraciones y concentró en su persona el ejercicio de todos los poderes del Estado, al poco tiempo terminó sus días abatido a tiros en el hipódromo Juan Franco.

De esos episodios históricos deben extraerse lecciones aplicables a los momentos actuales. El abuso policial sin sanción abre las puertas a la entronización de actitudes militares en el Gobierno.

Prácticas comunes y arbitrarias ejecutadas por los servicios de seguridad, como el acoso policial a los viandantes o conductores, la detención o arresto sin mandamiento judicial, la erección de puestos de inspección sin sustento jurídico alguno y la “retención” de individuos o automóviles sin fundamento legal constituyen graves violaciones a la Constitución, que no deben ser permitidas ni por las autoridades ni por la ciudadanía.

En una democracia bien constituida, los órganos de la representación popular, como la Asamblea Nacional y los concejos municipales, están pendientes de estos temas porque sus integrantes entienden que entre sus principales funciones está la salvaguardia de los derechos humanos y ciudadanos. Los representantes de la comunidad política tienen el deber de proteger y promover las libertades fundamentales, como el derecho a transitar sin impedimentos por todo el territorio nacional, a ser apresado solo con base en la orden de una autoridad competente (la policía no es autoridad, es agente de la autoridad), a la legítima defensa, a un juicio justo y a ser tratado de manera profesional, decente y legal por parte de las autoridades competentes y sus agentes que integran los servicios de seguridad.

Haría bien la Asamblea Nacional en aprobar el anteproyecto lo más pronto posible, para dejar consignada la gratitud de la sociedad panameña por los sacrificios de estos tres hombres por instituir un régimen democrático en el país. Además del agradecimiento ciudadano, harto merecido, al decretar la remembranza perpetua de estos tres próceres la Asamblea contribuiría a promover los principios del civilismo democrático, aún bajo asedio en nuestro medio.

El homenaje público es uno de los vehículos utilizados para diseminar los valores que más conciernen a la colectividad. En su brillante estudio sobre la historia de la guerra (War: A Short History), el profesor Jeremy Black explica cómo en la antigüedad, Roma ensalzaba el belicismo a través de la erección de monumentos y la celebración de actos en honor de sus más osados guerreros. Así se buscaba infundir, en las jóvenes generaciones, una proclividad hacia la conquista que contribuyó a la expansión del Imperio Romano.

Más recientemente, Gran Bretaña promovía la unidad imperial a través del enaltecimiento de la monarquía y la ejecución de un elaborado ceremonial centrado en la figura del soberano. En Ornamentalism: How the British Saw Their Empire, el destacado historiador británico David Cannadine explica que la apoteosis del rey (o la reina) se empleaba para impulsar, en todos los confines del imperio, la idea de la pertenencia a una gran familia presidida por un monarca infalible y benévolo.

Son distintos los valores que sustentan el andamiaje del gobierno republicano, democrático y respetuoso del derecho internacional. Como lo recordará usted, amable lector, es precisamente en estos términos que la Constitución vigente define nuestro sistema político.

En consecuencia, no corresponde al Estado panameño destacar el militarismo o el imperialismo. La nuestra no es una sociedad ni de guerreros ni de monarcas, sino una república cuyos fundamentos deben ser la igualdad política, el estado de derecho, la virtud cívica y el respeto por los derechos humanos.

Al encarnar dichos valores, Endara, Ford y Zúñiga rindieron un servicio incalculable. Zúñiga, cuya carrera pública se inició con las luchas nacionalistas y anti militaristas de los años 40, fue, en nuestro medio, paladín del civilismo y la democracia, sobre todo en los años más difíciles de la dictadura, cuando eran muy pocos los que se atrevían a oponerse abiertamente al régimen de los cuarteles.

Tras el fallecimiento, en 1988, del Dr. Arnulfo Arias –símbolo, hasta su muerte, de la resistencia contra la dictadura militar– Endara y Ford llevaron en alto la bandera del civilismo, junto al Dr. Ricardo Arias Calderón. En la campaña de 1989 –quizás la más crítica de nuestra historia– como en los meses siguientes, la nómina presidencial de Endara, Arias Calderón y Ford mantuvo vivas las esperanzas de justicia, democracia y libertad de un pueblo agobiado por las penurias económicas y el acoso policíaco.

En aras de un Panamá democrático y civilista, Endara, Arias Calderón y Ford soportaron, con valentía, integridad y optimismo, los desmanes de la dictadura. Las escenas del atropello a los candidatos y, sobre todo, la gráfica del valeroso enfrentamiento de Ford a los esbirros de la dictadura, permanecen indeleblemente grabadas en el alma colectiva, como símbolo de un pueblo que se resiste a doblegarse ante los excesos del autoritarismo.

“El reconocimiento a la memoria de estos tres insignes patriotas” –Endara, Ford y Zúñiga– “debe plasmarse en obras materiales que perduren y sean de constante recordación para la sociedad panameña”, señala, en su exposición de motivos, el anteproyecto presentado por el diputado Delgado. Al aprobar la propuesta, la Asamblea Nacional daría un respaldo importante a los principios civilistas que son el sustentáculo de la república democrática.

Es lastimoso que el debate público se interese tanto por lo escandaloso, lo farandulero y lo intrascendente. Poco espacio hay para tratar los temas que verdaderamente importan y analizar sus implicaciones para el desarrollo del país.

No cabe duda de que el personaje aludido cometió una imprudencia al disfrazarse de manera poco cónsona con su condición de representante del Estado panameño. Si la sanción social generada por su actuación formase parte de una actitud ciudadana sistemática contra las malas ejecutorias de los funcionarios, la agitación causada por su desacierto tendría sentido democrático.

Sin embargo, como comentó un amigo, el panameño fustiga a un servidor público por el (desatinado) disfraz que elige ponerse para festejar el Carnaval (en el contexto, por cierto, de un jolgorio histórico y generalizado), pero se cruza de brazos o voltea la cabeza ante actuaciones mucho más graves e inapropiadas de otros individuos al servicio del Estado. Más que fariseísmo, estamos frente a un caso patético de enanismo mental.

Si del servicio exterior se trata, tenemos a nuestro haber todo un repertorio de conductas censurables. En una ocasión, un embajador, alcoholizado hasta la coronilla, desaguó en público durante una recepción diplomática en una república sureña. Como era familiar de un tirano, las noticias de su actuación fueron recibidas en Panamá con risotadas groseras propias de gorilas.

Podría decirse que, como ese incidente ocurrió en tiempos de dictadura, no había mucha oportunidad para expresar la repulsa ciudadana. Lamentablemente, en tiempos de democracia también han ocurrido casos reprobables, sin que se produzca en la ciudadanía una indignación mínimamente comparable a la que se generó con motivo de los sucesos de Las Palmas de Gran Canaria.

Hace unos cuantos años, un funcionario del servicio exterior estuvo envuelto en una conspiración para traficar una valiosísima pieza arqueológica precolombina. El sujeto fue descubierto y encausado por las autoridades estadounidenses, pero su parentesco político con el mandatario de turno lo salvó de enfrentar la justicia como correspondía.

Semejante incidente motivó, a lo sumo, un comentario sin consecuencia. En nuestro medio “casi de primer mundo”, es peor disfrazarse de mujer que atentar contra el patrimonio cultural de la humanidad.

Evidentemente, no son solo los miembros del servicio exterior cuyas ejecutorias perjudican el prestigio del país o el bienestar de la colectividad. El aprovechamiento de los recursos del Estado en beneficio propio –por ejemplo– es un mal generalizado que involucra a funcionarios de todos los niveles y extracciones sociales.

En Panamá, quienes participan en actividades de esa índole no solo no reciben el castigo que les corresponde de acuerdo con la Ley. Lo más insólito es que se hacen acreedores, no del vituperio, sino del elogio de la sociedad. Aparecen frecuentemente en las páginas sociales, donde se presentan como parangones de probidad y honorabilidad. Al mismo tiempo, quienes se esfuerzan por conducirse dentro de los parámetros de la integridad son premiados con la indiferencia o, peor todavía, con la burla de sus conciudadanos.

Quienes ejercen inadecuadamente un cargo público –o se aprovechan de él en beneficio propio– causan un perjuicio grande a la sociedad, no solo en términos del daño directo que ocasionan con su comportamiento. De forma indirecta, contribuyen a menoscabar la confianza ciudadana en el sistema democrático. Ese es, probablemente, el efecto más grave de su conducta.

En el ámbito estatal y municipal, el maltrato al usuario contribuye a erosionar el sistema democrático. Pero la sociedad política, que tiene a su alcance las posibilidades de crear una cultura de atención ciudadana, no manifiesta la voluntad necesaria para corregir la falta de vocación cívica y la negligencia que caracterizan la prestación de servicios públicos en Panamá.

Si en el Gobierno llueve, en la empresa privada no escampa. En el sector privado, son comunes la informalidad, la falta de respeto y la dejadez. Al respecto, la lectura del reportaje de Mary Triny Zea, apropiadamente titulado “‘¿Qué quieren?’ ‘Dime mami’”, no tiene desperdicio (La Prensa, 24 de abril).

Lo de “mami” o “papi” –un coloquialismo pintoresco y muy panameño– es lo de menos. Lo malo es el abuso al consumidor, que se repite cientos de veces por minuto en este istmo que se pretende parte del primer mundo.

El transporte público es el servicio en el cual, con toda probabilidad, más abusos se registran. Del transporte colectivo no hay más que decir, pues acerca de ese desastre nacional se ha derramado tanta tinta que podría con ella inundarse el desierto de Sarigua.

Sobre el mal denominado “transporte selectivo”, el periodista Hernán Posada publicó una columna, rotulada “El riesgo de tomar un taxi en Panamá”, con observaciones muy sensatas (La Prensa, 19 de abril). De los países en que he estado, este es el único en que los taxistas se niegan a llevar a los clientes adonde éstos necesiten ir y meten pasajeros adicionales en el automóvil.

Ese es el menor de los atropellos que podría usted sufrir en un taxi panameño. De acuerdo con una advertencia oficial que circula entre funcionarios extranjeros, como usuario de nuestro transporte “selectivo” usted podría ser objeto de insultos, golpes, robo, secuestro y hasta asesinato. ¿País de servicios en el umbral del primer mundo? Lo dudo.

En muchos almacenes la calidad de la atención es deplorable. Un problema grave es que en el afán de los vendedores de ganarse una comisión –o por su deficiente entrenamiento– proveen información incompleta que perjudica al cliente.

En una conocida tienda de electrodomésticos sucedió que, al adquirir un pequeño tocadiscos, el vendedor no dijo que el aparato servía para hacer girar el disco pero no para escuchar su sonido. Para ese propósito eran necesarios unos parlantes que –por supuesto– se vendían aparte, pero el vendedor no dijo nada y el cliente (yo) tuvo que descubrirlo por su cuenta una vez se había finiquitado la transacción. ¿Desidia o ineptitud? Determínelo usted, amable lector.

En muchos restaurantes, la mala atención (para no hablar de las malas condiciones higiénicas) es lamentable. En días pasados tuve que llamar varias veces a un famoso restaurante oriental antes de que pudiera enterarme del contenido del menú para un evento especial que organicé. Cuando, en la cuarta llamada, expresé mi descontento por semejante incompetencia, la respuesta de la dependiente no se hizo esperar: “Con calma, papi, no te alteres”.

Ese tuteo generalizado, por cierto, es otro tema que choca y molesta, pues evidencia la propensión a tomarse excesivas confianzas y la inclinación al “juega vivo” que caracterizan tanto al sector público como al ámbito privado en Panamá. Antes, a toda persona fuera del entorno familiar o amistoso se la trataba de “usted”. Ahora, prevalece el “tú”, como si en vez de usuarios o clientes se tratase con compinches de barriada o secuaces de una misma pandilla.

Según algunas fuentes del reportaje de Mary Triny Zea, la solución para mejorar la calidad de los servicios en Panamá pasa por el sistema educativo. “Actualmente todos los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año deben dar las materias de cívica y ética, moral, valores y relaciones humanas”, dijo, al respecto, algún burócrata de esos a quienes debemos el excelente estado de la educación nacional.

Sabe Dios qué les enseñan en esos cursos y quiénes son sus instructores (quizás sean Pedro Navaja y Yatzury Yamileth). Si me pidieran una opinión al respecto, sugeriría que desempolvaran el Manual de Carreño y se lo hicieran memorizar a los estudiantes, así como a los musulmanes devotos se los conmina a aprender de memoria el Corán.

El manual, por cierto, está en la internet, por lo que sería muy fácil reproducirlo masivamente e integrarlo a los nuevos planes de estudio que nos llevarán, en cohete, a la postmodernidad (http:/www.copan.edu.mx/docs/dessecu/Carreno%20Manuel%20-%20Urbanidad%20Y%20Buenas%20Maneras.pdf).

Ambos sistemas suministran importantes guías para garantizar una vigencia más eficaz de los derechos humanos en los países miembros. Entre los temas que atiende, la CIDH se ocupa de promover una mayor independencia del Poder Judicial y mejorar la situación de derechos humanos de los menores, las mujeres y los pueblos indígenas. En esos renglones, Panamá –como otros Estados miembros del Sistema Interamericano– tiene adelante un camino por recorrer.

Al respecto del Órgano Judicial, el Informe de la situación sobre la libertad de expresión en Panamá, emitido en 2003 por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, señala lo siguiente:

“En varias democracias de América Latina existe una debilidad de las instituciones públicas encargadas del control de las conductas y funciones de la autoridad con relación a sus ciudadanos. Por ejemplo, en muchos países el Poder Judicial no ha actuado en forma independiente del poder político, denegando o emitiendo sanciones tibias a los responsables de abusos y/o conductas corruptas, obstaculizando así la investigación exhaustiva de casos contra instituciones gubernamentales u otros sectores de poder económico”.

Sobre los derechos de los menores –en particular, los privados de libertad– la CIDH deploró los sucesos en el Centro de Cumplimiento de Menores el 9 de enero pasado y reiteró el deber del Estado “de prevenir, investigar y sancionar las presuntas violaciones al derecho a la vida e integridad personal, en particular cuando los hechos ocurren en centros penales” (CIDH, 18 de enero de 2011).

Al respecto de los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la protesta, en agosto de 2010 la CIDH expresó su preocupación “por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola”. En esa ocasión, la Comisión recordó al Estado panameño “su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos” y lo conminó a “investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones” (CIDH, 3 de agosto de 2010).

La libertad de expresión es un tema de particular interés para el Sistema Interamericano de derechos humanos. En su Informe Anual correspondiente a 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependencia de la CIDH, enumeró varios casos de acoso y condenas contra periodistas panameños.

También expresó su preocupación por el punto de vista del Ministerio Público, favorable a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 196 del Código Penal, “que despenaliza parcialmente los delitos contra el honor, en relación con informaciones acerca de altos funcionarios del Estado”. La Relatoría recordó al Estado que las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”, tal cual lo establece el Principio No. 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del año 2000.

En promedio, a nivel mundial los alimentos esenciales para el consumo humano cuestan un tercio más en abril de 2011 que en abril de 2010. Dicho aumento ha contribuido a incrementar la cantidad de personas con hambre, cuyo número –según estimaciones de la FAO– sobrepasa los mil millones.

Paradójicamente, esto ocurre en un contexto de grandes pérdidas en la producción de alimentos. Un informe de la FAO calcula que, del total de alimentos producidos en el mundo, alrededor de un tercio se pierde. En países de ingresos altos y medios, la pérdida ocurre principalmente en la fase del consumo, en la que algunos consumidores descartan comida que es apta para su utilización por los seres humanos.

En países de bajos ingresos, las mayores pérdidas suceden en la cadena productiva, como resultado de limitaciones tecnológicas, financieras y administrativas relativas a la siembra, cosecha, transporte, almacenamiento, refrigeración, envasado y comercialización de los productos. Según la FAO, una reducción de pérdidas en esta etapa de la cadena tendría un impacto inmediato y positivo en las condiciones de vida de muchos agricultores de subsistencia.

No sé si algún especialista o entidad ha calculado a cuánto asciende la pérdida de alimentos en Panamá, catalogado como país de ingresos medios. Parece evidente, sin embargo, que ocurre a lo largo de la cadena alimentaria y que la adopción de nuevas tecnologías, prácticas agropecuarias y costumbres sociales contribuiría a mejorar las condiciones de vida de miles de panameños.

En cuanto a los precios de los alimentos, para nadie es un secreto el alza que han experimentado en nuestro país. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre marzo de 2010 y 2011 el costo de la canasta básica familiar de consumo en los distritos de Panamá y San Miguelito se encareció en 16.04 dólares (6%).

En marzo de 2011, dicho costo –de acuerdo con el MEF– se situó en 288.34 dólares, versus 272.30 en marzo de 2010. De acuerdo con el MEF, el costo de la canasta básica ha experimentado aumentos continuos desde 2005.

Aunque sus causas son complejas, es necesario entenderlas para proponer soluciones adecuadas a un fenómeno que afecta duramente a la mayor parte de la población. Según Rolando Gordón, catedrático de economía de la Universidad de Panamá, nuestro país importa anualmente alimentos por más de mil millones de dólares (La Prensa, 4 de mayo). Esto hace que los precios de la canasta básica sean vulnerables a las fluctuaciones de los mercados internacionales, incluyendo el incremento en el precio del combustible.

Para atender el tema alimentario, hay que tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. Entre las disposiciones que deben impulsarse inmediatamente para que veamos sus efectos a mediano y largo plazo figura, con prominencia, el mejoramiento de la producción agropecuaria.

Panamá cuenta con un recurso extraordinario para asegurar el desarrollo de la agricultura. Desde 1940, el Instituto Nacional de Agricultura “Dr. Augusto Samuel Boyd” (INA) ha impartido educación agrícola a miles de jóvenes panameños, muchos de ellos de escasos recursos, con lo cual ha realizado –además– un aporte social de primer orden.

El INA se especializa en la enseñanza–aprendizaje, la capacitación, la difusión de conocimientos sobre agricultura, la conservación de la naturaleza, el desarrollo rural sostenible, el desarrollo científico y tecnológico y la transferencia de tecnología.

Un proyecto de ley que crea el patronato del INA está por evaluarse en el Consejo de Gabinete, antes de su traslado a la Asamblea Nacional. La creación de dicho patronato permitiría un mejor funcionamiento para elevar la calidad de los servicios fundamentales que el INA presta a la sociedad panameña, especialmente al sector rural, donde se concentra el mayor número de pobres y personas afectadas por la inseguridad alimentaria.

Con mayor autonomía, mejor supervisión y más posibilidades de establecer alianzas con el sector privado, organismos internacionales y las comunidades de conocimiento, el INA estaría en condiciones de aportar más significativamente a garantizar nuestra seguridad alimentaria. En el marco de los problemas alimentarios actuales y venideros, no es poca cosa.

Me refiero a sitios públicos, accesibles a todos los ciudadanos. Se trata de parques, plazas, avenidas, aceras, malecones, edificios y balnearios, entre otras infraestructuras, que pueden ser aprovechadas por la sociedad —sin exclusiones más allá de las que exija el respeto al derecho ajeno— para reunirse, conversar, expresarse, reflexionar, educarse, apreciar la cultura, practicar el deporte y disfrutar del sano esparcimiento (derecho que, por cierto, corresponde a todo el que trabaja, no solo a la minoría privilegiada que más ingresos acapara).

Ese es el modelo europeo de la postguerra. Otro modelo —el del Wild West (“Viejo Oeste” u “Oeste Salvaje”)— propone la reducción del espacio público a su mínima expresión. Al mismo tiempo, impulsa la ampliación casi ilimitada de las facultades y posibilidades de quienes controlan los espacios privatizados, en detrimento de la inmensa mayoría excluida de los beneficios del modelo netamente individualista.

En nuestro medio impera la mentalidad del Oeste Salvaje. No solo prevalece en los circuitos de poder sino, además, en muchos sectores populares, habituados a actuar irresponsablemente según las reglas del “juega vivo”.

El resultado es la degradación y el cercenamiento del espacio público. En la actualidad —por ejemplo— a no ser que usted, algún familiar o amigo posea una propiedad costanera, es poco probable que usted pueda recrearse en una playa. Las que no están contaminadas ya han sido privatizadas.

No hay en Panamá suficientes áreas de esparcimiento ciudadano y las que existen muchas veces están descuidadas. En la capital y otras poblaciones de la República, el deterioro de las instalaciones estatales y municipales, el abandono de los monumentos nacionales, la ausencia de aceras y otros rasgos característicos de nuestra vida urbana reflejan un funesto desdén por lo público.

La reducción de la esfera pública tiene importantes consecuencias para la sociedad. Las limitaciones de esta columna me impiden tratarlas como corresponde, pero entre estas figuran, singularmente, la acumulación de frustraciones y resentimientos sociales, así como la disminución del capital humano. Que tomen nota de ello quienes manifiestan alarma por los índices de criminalidad y destacan la necesidad de mantener, a toda costa, el crecimiento económico.

En Panamá no siempre predominó, con semejante soberanía, el modelo del Viejo Oeste. En los primeros años del siglo XX, la sociedad política —a pesar de sus incontables imperfecciones— tuvo al menos suficiente lucidez para vincular el concepto de lo público con el fortalecimiento de la nacionalidad, tal cual lo expone el Dr. Peter Szok en sus estudios históricos sobre los años iniciales de la República.

El robustecimiento de la “panameñidad” era el único medio de subsistencia al alcance de un pequeño país asediado por la hegemonía estadounidense y el desprecio de nuestros vecinos. Así lo comprendieron nuestros primeros estadistas, quienes emprendieron la construcción de obras públicas que representaran a la República y simbolizaran su pertenencia a una comunidad de naciones civilizadas.

De tal suerte crearon, sobre todo en la ciudad capital (pero también en otros puntos de la República) espacios públicos —edificios, plazas, avenidas— que, además, funcionaban como áreas de encuentro, ilustración y mejoramiento ciudadano.

Hoy, nuestra sociedad se encamina en dirección contraria, hacia la eliminación del espacio público. Repetidamente, desaprovechamos las oportunidades que se nos presentan para recuperar y potenciar la esfera colectiva, accediendo a la privatización de bienes que por su naturaleza, situación o función deberían permanecer como áreas comunes. Es hora de operar un cambio en la mentalidad imperante, antes de que el modelo del Oeste Salvaje termine por erradicar los últimos vestigios de sociedad y civilización que se mantienen entre nosotros.

El domingo último –Día del Padre– el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, expresó que “es una obligación de justicia que el hombre recupere el papel en la familia” (La Prensa, 20 de junio). Ayer, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) llevó a cabo el foro “Familia Panameña: por el sendero de la ética”, cuyo mensaje primordial no es otro que el aporte que la familia puede hacer al fortalecimiento de la ética ciudadana y, consecuentemente, al mejoramiento de la sociedad.

Al hablar del tema es importante partir por establecer, con la mayor precisión posible, cuál es la configuración de la familia panameña. Hay que reconocer que, en gran medida, la situación familiar en Panamá no se ajusta al modelo judeo-cristiano de la familia nuclear.

Para muchos, ese paradigma es un ideal; la realidad, sin embargo, es distinta y a la hora de hablar de la familia es importante admitirlo, evitando –al mismo tiempo– censurar o demonizar a las familias cuyos rasgos fundamentales no concuerdan con los del modelo que promueven algunos sectores tradicionales.

También es importante tener en cuenta que el desajuste señalado no es una novedad, sino un fenómeno histórico. Más que replicar el paradigma de la Sagrada Familia, la historia íntima panameña revela una sucesión de amancebamientos, infidelidades, madres abandonadas e hijos fuera del matrimonio. Hay que buscar los orígenes de las conductas expuestas en los patrones culturales que se desarrollaron desde la dominación española y que están firmemente arraigados en la población.

Poco sentido tiene obviar esta situación, falsearla con idealizaciones de un supuesto pasado mejor o, peor aun, fustigar a aquellos cuyas vidas no concuerdan con lo que se plantea como el único modelo válido sobre el cual fundamentar la sociedad.

Más oportuno resulta dirigir las energías invertidas en el reproche hacia la promoción del bienestar de los miembros de la familia, así sea que la configuración de esta no concuerde con el arquetipo judeo-cristiano.

En ese sentido, vale la pena destacar el adelanto que representó, en nuestro medio, la disposición de la Constitución de 1941 que estatuyó la igualdad de todos los hijos, cualesquiera que fuesen las circunstancias de su nacimiento. El artículo 52 de dicha Constitución estableció, en su numeral cuarto, que los padres “tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él”, con lo cual se eliminó la abominable distinción entre hijos “legítimos” e “ilegítimos” que estigmatizaba, injustamente, a una alta proporción de la niñez panameña.

Por otro lado, al considerar la obligación del Estado de proteger la familia, consignado en el artículo 56 de la Constitución vigente, es fundamental reconocer las múltiples insuficiencias que convierten esta disposición en letra muerta. En una infinidad de casos –por ejemplo– las autoridades son incapaces de garantizar el pago puntual de las pensiones alimenticias, con lo cual se afecta sensiblemente el desarrollo de niños y jóvenes.

Dicho incumplimiento ocurre en todas las capas sociales. Reforzar la capacidad del Estado para poner orden en este ramo debe ser un aspecto prioritario de la administración pública.

Aun más dramática es la incapacidad del Estado para garantizar la integridad de las personas expuestas a los riesgos de la violencia intrafamiliar. Es este el principal problema de seguridad que existe en Panamá; sin embargo, está lejos de ser el que más atención recibe de las autoridades.

El aumento en el número de femicidios, denunciado por los medios de comunicación y otras organizaciones, es una de las manifestaciones de dicha incapacidad. Al respecto, vale la pena citar nuevamente al arzobispo Ulloa, quien recientemente calificó el femicidio como “una aberración que no podemos permitir en nuestra sociedad”, por lo que exhortó a “denunciar el maltrato y apoyar a las víctimas”.

Se afirma que la “casa por cárcel” es un “derecho” que corresponde a Noriega, de acuerdo con el artículo 107 del Código Penal, reformado en 2007. Además de los voceros del exdictador, así lo han declarado algunos funcionarios, incluyendo la defensora del Pueblo, Patria Portugal.

Según La Prensa (22 de junio), la defensora declaró: “Él no merece ninguna especialidad, pero sí casa por cárcel, porque así lo establece la ley y ese es su derecho”.

En aras de una mejor administración de justicia que se desea promover a fin de conducir al país por los senderos del desarrollo y la paz social, es preciso efectuar ciertos señalamientos al respecto de este asunto, que es de lo más sensible y relevante para el afianzamiento democrático en Panamá.

El artículo 107 del Código Penal de 2007 establece, para el caso de un convicto de 70 años de edad o más, la posibilidad de que la pena de privación de la libertad se cumpla en prisión domiciliaria, “siempre que sea posible, y atendiendo las circunstancias del caso”, según lo determine el juez. El propio código estatuye que la prisión domiciliaria no es un derecho que corresponde universalmente a todo reo que haya cumplido 70 años, sino un beneficio que el juez puede conceder en atención a ciertas circunstancias.

Las principales circunstancias por considerar al respecto de Noriega son su alta peligrosidad y sus ejecutorias, que causaron un daño enorme a la sociedad. Su historial de abusos y vejámenes, así como los servicios de “inteligencia” y de otro tipo que prestó a Estados extranjeros han sido ampliamente documentados. Con semejantes antecedentes, concederle casa por cárcel constituiría una insensatez y una amenaza a la seguridad colectiva.

Como si las anteriores consideraciones no bastaran para echar por tierra el argumento falaz de que Noriega tiene “derecho” a casa por cárcel, el último párrafo del artículo 107 del Código Penal (que nadie se acuerda de citar), señala que la prisión domiciliaria “no será aplicable cuando se trate de delitos contra la humanidad o del delito de desaparición forzada de personas”.

El exdictador ha sido condenado en Panamá por el secuestro, asesinato y decapitación del médico Hugo Spadafora; por el homicidio del militar Moisés Giroldi; por la privación de libertad y torturas del militar Humberto Macea; por su participación en la denominada “masacre de Albrook”, incidente en que las Fuerzas de Defensa bajo su mando ejecutaron a nueve militares; por corrupción de funcionario público y aprovechamiento de bienes provenientes del delito; por peculado doloso en perjuicio del extinto Banco “Patria”; y por malversación de fondos del Banco Nacional de Panamá (La Prensa, 10 de mayo de 2010).

Además, ha sido llamado a juicio por el secuestro y asesinato de dirigente popular Heliodoro Portugal, padre de la defensora del Pueblo.

De acuerdo con el Derecho Internacional –cuyas normas deben cumplirse en nuestro país, según el artículo 4 de la Constitución vigente– la tortura, la desaparición forzada y el asesinato de civiles, ejecutados de manera generalizada y sistemática y perpetrados por quienes detentan el poder, son crímenes de lesa humanidad. La tortura y asesinato de militares se ubican en el ámbito de los crímenes de guerra, otra categoría de grave delito internacional similar a la de los delitos contra la humanidad.

Así lo estipula, entre otros, el Estatuto de Roma, que Panamá ratificó en 2002 y de cuyo Tribunal Penal Internacional nuestro país es miembro fundador. Panamá ha ratificado, además, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, entre otras, todas las cuales contribuyen a definir el marco de los crímenes de lesa humanidad.

Por todo lo anterior, es importante que antes de efectuar declaraciones, tomar decisiones y emitir sentencias, los funcionarios públicos panameños sean conscientes de que lo que se haga con Noriega no solo tendrá efectos internos de gran magnitud, sino –además– repercusiones internacionales.

Más que con exóticos renos, flora nórdica y gélidas temperaturas, los auténticos panameños asociamos la Navidad –ese período especial que concluye hoy– con la entrada del verano, el sol radiante, el viento del norte, el mar transparente, los paseos a la playa y al campo, y las noches de amable plática a la luz de la luna, aquella “fúlgida luna del mes de enero”, que este Año Nuevo brilló con esplendidez. Todo aquello nutre nuestro espíritu y vigoriza el ánimo frente a las tareas que nos aguardan.

El año 2010 se me presenta lleno de retos. Los primeros meses estarán dedicados al estudio cuidadoso de algunos temas de nuestra política nacional –tales como el funcionamiento de la Asamblea Nacional y los efectos del sistema electoral– lo mismo que de nuestras relaciones internacionales y otros asuntos de índole humanitaria. Faena particularmente estimulante será la redacción de una historia de Panamá, en inglés, que me ha sido encargada por una editorial estadounidense.

Senacyt no quiso apoyar las investigaciones que sustentarán esa historia. Con la participación del BID, organismo que financia los auxilios de investigación que concede Senacyt y observa los procesos de selección, esa Secretaría adujo motivos baladíes –pero evidentemente politiqueros– para negar el respaldo solicitado.

Así es Panamá: usted y yo lo sabemos. En nuestro túrbido y desarticulado sector público me he presentado a tres concursos de mérito, sin que me haya sido reconocida ganancia en ninguno. Concursos internacionales, sin embargo, he ganado 11. ¿Será que nuestros jurados panameños son más rigurosos y competentes que sus pares extranjeros?

Aunque lamento que una historia de nuestro país no reciba los auspicios de la entidad panameña erigida para proporcionar ese apoyo, es reconfortante que un instituto extranjero, de inmenso prestigio, me haya otorgado –otra vez mediante concurso– el apoyo necesario para llevar las pesquisas a buen término. Es un verdadero privilegio acometer las exploraciones propuestas con el respaldo de una organización reputada, seria y respetuosa, que reconoce el valor de la investigación social y no permite que criterios particulares contaminen las decisiones de sus jurados.

En preparación para las actividades venideras he querido, como en años anteriores, nutrir el espíritu a través de la convivencia con el medio ambiente y con personas estimadas. Mis recuerdos y agradecimientos son imperecederos por las experiencias vividas, las atenciones recibidas y las conversaciones sostenidas.

En la campiña istmeña, cada vivencia ha sido disfrutada a plenitud: las cabalgatas en los potreros de La Providencia, seguidas del baño en el río Mamoní y los estimulantes coloquios con Hernán e Irene; los paseos memorables por la montaña penonomeña –tierra de extraordinaria belleza natural– en la insuperable compañía de Aixa Stella y su familia; la parada en San Carlos, pueblo querido, para el chapuzón de rigor y la compenetración con el azul infinito del Mar Océano.

En enero fructifican los cítricos y se inician los estallidos de color que engalanan los campos de nuestra patria. Las limonadas con raspadura, los refrescos de naranja –dulce y agria– de toronja y hasta de mandarina mitigan la sed y alertan los sentidos al florecimiento de los balos y robles de las cercas vivas, los madroños de los montes y las pascuitas y veraneras de los jardines.

Acompañados de afectos genuinos y expresiones espontáneas de la cultura vernácula, aquellos despliegues de belleza natural generan en el alma una intensidad positiva. En La Concepción de Pocrí –antes conocida como La Yeguada – almorzamos –en lo de Pillo y Toña– unos frutos del mar cogidos por los mismos anfitriones, mientras los vecinos animaban la tarde con un alegre tambor. ¿Qué atardecer más pictórico y genuino puede añorarse?

En Pedasí, doña Dalila Vera nos recibió con el cariño de siempre y las delicias de su ya famosa repostería, y sus hermanos Consolatriz y Octavio nos acogieron en su hermosa y tradicional residencia con legendaria hospitalidad. En esa misma localidad, fue agradable ver nuevamente a Iván, talentoso joven con futuro prometedor.

En Las Tablas, cuando las tunas del año nuevo nos dieron tregua, tuvimos magníficas conversaciones con Sole y Toño, nos pusimos al día con los relatos de la gran Nuvia Díaz y apreciamos el hermoso nacimiento que en la capilla del Niño Jesús de Praga, su hermana Judy, con abnegadas colaboradoras, construye para conmemorar la Natividad del Señor. Por todo aquello me siento agradecido y estimulado.

Que usted, apreciado lector, pueda alimentar su espíritu en esta temporada especial, para emprender con muchos bríos las tareas del año, es mi deseo en este día de Reyes.

Más que con exóticos renos, flora nórdica y gélidas temperaturas, los auténticos panameños asociamos la Navidad –ese período especial que concluye hoy– con la entrada del verano, el sol radiante, el viento del norte, el mar transparente, los paseos a la playa y al campo, y las noches de amable plática a la luz de la luna, aquella “fúlgida luna del mes de enero”, que este Año Nuevo brilló con esplendidez. Todo aquello nutre nuestro espíritu y vigoriza el ánimo frente a las tareas que nos aguardan.

El año 2010 se me presenta lleno de retos. Los primeros meses estarán dedicados al estudio cuidadoso de algunos temas de nuestra política nacional –tales como el funcionamiento de la Asamblea Nacional y los efectos del sistema electoral– lo mismo que de nuestras relaciones internacionales y otros asuntos de índole humanitaria. Faena particularmente estimulante será la redacción de una historia de Panamá, en inglés, que me ha sido encargada por una editorial estadounidense.

Senacyt no quiso apoyar las investigaciones que sustentarán esa historia. Con la participación del BID, organismo que financia los auxilios de investigación que concede Senacyt y observa los procesos de selección, esa Secretaría adujo motivos baladíes –pero evidentemente politiqueros– para negar el respaldo solicitado.

Así es Panamá: usted y yo lo sabemos. En nuestro túrbido y desarticulado sector público me he presentado a tres concursos de mérito, sin que me haya sido reconocida ganancia en ninguno. Concursos internacionales, sin embargo, he ganado 11. ¿Será que nuestros jurados panameños son más rigurosos y competentes que sus pares extranjeros?

Aunque lamento que una historia de nuestro país no reciba los auspicios de la entidad panameña erigida para proporcionar ese apoyo, es reconfortante que un instituto extranjero, de inmenso prestigio, me haya otorgado –otra vez mediante concurso– el apoyo necesario para llevar las pesquisas a buen término. Es un verdadero privilegio acometer las exploraciones propuestas con el respaldo de una organización reputada, seria y respetuosa, que reconoce el valor de la investigación social y no permite que criterios particulares contaminen las decisiones de sus jurados.

En preparación para las actividades venideras he querido, como en años anteriores, nutrir el espíritu a través de la convivencia con el medio ambiente y con personas estimadas. Mis recuerdos y agradecimientos son imperecederos por las experiencias vividas, las atenciones recibidas y las conversaciones sostenidas.

En la campiña istmeña, cada vivencia ha sido disfrutada a plenitud: las cabalgatas en los potreros de La Providencia, seguidas del baño en el río Mamoní y los estimulantes coloquios con Hernán e Irene; los paseos memorables por la montaña penonomeña –tierra de extraordinaria belleza natural– en la insuperable compañía de Aixa Stella y su familia; la parada en San Carlos, pueblo querido, para el chapuzón de rigor y la compenetración con el azul infinito del Mar Océano.

En enero fructifican los cítricos y se inician los estallidos de color que engalanan los campos de nuestra patria. Las limonadas con raspadura, los refrescos de naranja –dulce y agria– de toronja y hasta de mandarina mitigan la sed y alertan los sentidos al florecimiento de los balos y robles de las cercas vivas, los madroños de los montes y las pascuitas y veraneras de los jardines.

Acompañados de afectos genuinos y expresiones espontáneas de la cultura vernácula, aquellos despliegues de belleza natural generan en el alma una intensidad positiva. En La Concepción de Pocrí –antes conocida como La Yeguada – almorzamos –en lo de Pillo y Toña– unos frutos del mar cogidos por los mismos anfitriones, mientras los vecinos animaban la tarde con un alegre tambor. ¿Qué atardecer más pictórico y genuino puede añorarse?

En Pedasí, doña Dalila Vera nos recibió con el cariño de siempre y las delicias de su ya famosa repostería, y sus hermanos Consolatriz y Octavio nos acogieron en su hermosa y tradicional residencia con legendaria hospitalidad. En esa misma localidad, fue agradable ver nuevamente a Iván, talentoso joven con futuro prometedor.

En Las Tablas, cuando las tunas del año nuevo nos dieron tregua, tuvimos magníficas conversaciones con Sole y Toño, nos pusimos al día con los relatos de la gran Nuvia Díaz y apreciamos el hermoso nacimiento que en la capilla del Niño Jesús de Praga, su hermana Judy, con abnegadas colaboradoras, construye para conmemorar la Natividad del Señor. Por todo aquello me siento agradecido y estimulado.

Que usted, apreciado lector, pueda alimentar su espíritu en esta temporada especial, para emprender con muchos bríos las tareas del año, es mi deseo en este día de Reyes.

Quien fungiera como ingeniero municipal durante la administración de Juan Carlos Navarro está siendo procesado; se encuentra libre bajo fianza, luego de haber pasado unos días metido en chirona. Falta que alguien ausculte los escabrosos cambios de zonificación dispuestos por el Ministerio de Vivienda.

¿Se atreverá algún agente de instrucción a escudriñar las actividades de ese ministerio durante pasadas gestiones? ¿O acaso el terror de terminar revolcados en la Plaza Porras restringe la libertad de acción de los funcionarios de la Procuraduría?

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada tuvo la intrepidez sin precedentes de por lo menos ordenarle reclusión preventiva, en su palaciega residencia, al ex presidente Pérez Balladares. Los presuntos corruptos de poca monta van a La Joyita; a los de ínfulas y grandeza se les da casa por cárcel.

A pesar de lo timorato de estas medidas, es posible concluir que algo ha cambiado en el sistema judicial. Por lo menos sus funcionarios se han atrevido, aunque sea tímidamente, contra magnates y potentados, cuyos actos de corrupción han estropeado al país. No habrá desarrollo en Panamá mientras siga existiendo impunidad para los que se aprovechan obscenamente de los recursos y posibilidades del Estado.

El PRD ha salido en defensa de sus líderes procesados. Saben que si el Ministerio Público investiga como es su deber—y como lo exige la ciudadanía—ocurriría en las filas de la dirigencia perredista algo similar a un terremoto. Habría una estampida peor que la de la invasión, cuando jefes y subalternos—con contadas excepciones—huyeron despavoridos ante la avanzada del ejército ocupante.

En virtud de la separación de poderes que es esencial al gobierno republicano, son limitados los casos en que el Ejecutivo puede influir en la administración de justicia. Lo hace a través del nombramiento de magistrados idóneos, el ejercicio de su iniciativa legislativa en materia judicial y el acatamiento de la ley.

Pero sobre todo lo hace a través del ejemplo. En el Estado democrático, el ejemplo de quienes gobiernan es un poderoso aliado de la justicia y de los intereses populares. Quienes actualmente ejercen el poder no deben olvidarlo.

El cambio por el que votó el pueblo no solo exige que se castiguen las históricas bribonadas de tantos políticos, sino que se corrijan las legendarias injusticias de nuestro sistema electoral. En ese ramo, nada es más justo que instituir la segunda vuelta en las elecciones para presidente de la República.

Constituye una aberración que el jefe del Ejecutivo sea elegido por la mayor de las minorías—un 33%, por ejemplo, como ocurrió en 1994. La segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, cuando nadie ha obtenido la mayoría requerida, fortalece las credenciales del presidente como auténtico representante de la voluntad popular y genera los consensos necesarios para mejorar la gobernabilidad.

El PRD solo admite segunda vuelta si la mayoría requerida se establece en 35%, o—cuando mucho—40%, porque sus estrategas son conscientes de que si se instituye un porcentaje superior, jamás volverán a probar las mieles del poder.

En justicia, sin embargo y en atención a la voluntad del pueblo panameño, según ha sido repetidamente expresada en las urnas, la mayoría requerida para la segunda vuelta no debe establecerse en menos del 50%, como lo propuso en 1994 el legislador Guillermo Cochez, hoy embajador de Panamá ante la OEA.

Otros asuntos electorales que por elementales criterios de justicia y equidad deben instituirse son la prohibición de usar los colores nacionales en los símbolos partidistas y la repartición del residuo, en los circuitos plurinominales, de manera estrictamente proporcional. En el sistema vigente, el doble conteo de los votos recibidos por un mismo partido y otros vicios han creado mayorías ficticias a favor del PRD, que así ha conseguido manufacturar, en la Asamblea Nacional, una presencia superior a la que en justicia le corresponde.

El presidente Martinelli tiene una excelente oportunidad para promover éstos y otros cambios que le permitirían a su gobierno establecer las bases de una sociedad más justa para el siglo XXI. Para lograrlo, no puede olvidar su compromiso de no meter la mano. Y, para no meter la pata, debe escuchar los consejos bien intencionados que se le hagan. Como lo señaló Maquiavelo, los ineptos y aduladores (que abundan en este medio) no son buenos consejeros.

Un juzgado federal de circuito (en Miami) y el Undécimo Tribunal Federal de Apelaciones (en Atlanta) ya determinaron que la extradición es legal, pero el ex dictador pretendió insistir ante la Corte Suprema (Associated Press, 25 de enero).

Los abogados de Noriega dijeron que pedirán a la Corte Suprema que reconsidere su decisión. Quieren impedir que Estados Unidos envíe a Noriega a Francia, donde tiene pendiente una causa por lavado de dinero. Basan su alegato en una interpretación sui géneris de la Tercera Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra.

Pero los tribunales inferiores competentes ya han sentenciado que dicha Convención de Ginebra no es obstáculo para que Noriega responda ante la justicia francesa por los delitos que cometió en aquella jurisdicción.

A Noriega no le iría mal en Francia, como no le ha ido nada mal en Estados Unidos, según nos lo ha venido informando, con regularidad, la acuciosa corresponsal de este diario en Washington, Betty Brannan Jaén. En el Instituto Correccional Federal de Miami, donde está recluido desde 1990, ha recibido un trato especial, en virtud de su condición de “prisionero de guerra” bajo la citada Convención de Ginebra, que le fue reconocida por el juez Hoeveler en diciembre de 1992.

Panamá ha debido objetar esa debatible decisión del juez Hoeveler. En la guerra de la que adujo ser prisionero, Noriega no disparó ni una sola bala ni comandó un solo soldado. Todo lo contrario: con cobardía inusitada, huyó ante la avanzada de las tropas extranjeras, no sin antes embaucar a algunos de sus seguidores para que, en una acción suicida, defendieran su tiranía frente a la armada estadounidense. Varios de sus subalternos perecieron en ese intento insensato de defender un régimen nauseabundo ante las acometidas del ejército más poderoso del planeta.

Además –como lo recordó hace un tiempo Eduardo Quirós–, el 2 de enero de 1990 el Gobierno de Panamá emitió el Decreto de Gabinete No. 2 de aquella fecha, mediante el cual degradó a Noriega y lo destituyó de la Fuerza Pública. Dicho decreto fue publicado en la Gaceta Oficial No. 21.446 de esa misma fecha y está disponible en esta localización: http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_GACETAS/1990/1990/21446_1990.PDF

Cuando el día siguiente –3 de enero de 1990– Noriega se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ya no era soldado. Por lo tanto, no puede ser “prisionero de guerra”.

En interés de la justicia, el Gobierno Nacional debería solicitar una rectificación de esa decisión del juez Hoeveler, para acabar, de una vez por todas, con el mito nefasto de que Noriega fue aprehendido a la cabeza de una valiente jornada de resistencia antiimperialista. Nada más alejado de la verdad. Y, ahora que los medios de comunicación hablan de autorregularse, deberían comenzar por dejar de decirle “general” a un delincuente internacional que no posee rango militar alguno.

En 1998, el supuesto “prisionero de guerra” –cuyos adláteres aún lo enaltecen como el gran héroe nacionalista y cuyas calcomanías circulan en Panamá como si se tratara de la reliquia de un santo– pidió al juez Hoeveler que le rebajara la pena de 40 años impuesta en 1992, habida cuenta de sus servicios prestados a la CIA. Para sustentar tan cínica petición, solicitó la comparecencia, en el juzgado, de tres testigos: Matías Farías, coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense; Donald Winters, ex jefe de la CIA en Panamá; y Arthur Davis, embajador de Estados Unidos en Panamá entre 1986 y 1989 (Miami Herald, 9 de diciembre de 1998).

Los tres testigos confirmaron que en la promoción de los intereses estadounidenses en América Latina, Noriega “llevó a cabo numerosas buenas obras” [sic], por lo que el juez Hoeveler dispuso rebajarle la pena a 30 años. Infortunadamente, el juez no consideró, en su decisión, el sufrimiento inhumano que Noriega y sus esbirros les causaron a tantas personas en el desempeño de aquellas “buenas obras”.

El Gobierno de Panamá hubiese podido oponerse a ese fallo del juez Hoeveler. Para variar, no lo hizo. Ahora que la justicia está en boca de todos y del Ejecutivo emanan señales inequívocas acerca de la necesidad de mejorar el sistema judicial, convendría que el Gobierno Nacional se abocara, sin más dilación, a la revisión y rectificación de los desatinos cometidos en los procesos seguidos a Noriega en Estados Unidos.

El índice de desarrollo humano (IDH), un indicador que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo compila anualmente, intenta medir la capacidad de los Estados para crear un ambiente en que las personas “puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses”.

Los primeros 20 lugares del IDH 2009 –que corresponden a los países con mejores condiciones de vida– tienen en común regímenes democrático-liberales: Noruega, Australia, Islandia, Canadá, Irlanda, Holanda, Suecia, Francia, Suiza, Japón, Luxemburgo, Finlandia, Estados Unidos, Austria, España, Dinamarca, Bélgica, Italia, Liechtenstein y Nueva Zelanda. Si estamos en busca de modelos que seguir, es a esos países adonde debemos mirar, antes que a otros del vecindario, con menos desarrollo humano y contenido democrático que Panamá.

Un régimen democrático–liberal es aquel que, además de renovar sus autoridades regularmente mediante elecciones libres, garantiza la práctica de los derechos civiles, políticos y humanos y asegura el ejercicio constitucional y limitado del poder.

Freedom House, una ONG internacional dedicada a la promoción de la democracia liberal en todo el mundo, clasifica anualmente a los Estados, según su tipo de régimen, en tres categorías: Estados libres (democracias liberales), parcialmente libres (democracias electorales) y no libres (Estados autoritarios). La clasificación de Freedom House, que se lleva a cabo con base en criterios bastante rigurosos, tiene amplia aceptación mundial.

A pesar de todas las insuficiencias de su régimen político, plagado de clientelismo y corrupción, Panamá ha mantenido su lugar entre las democracias liberales del mundo, ininterrumpidamente, desde 1994. Se trata de un logro nada despreciable. No podemos darnos el lujo de perderlo.

Panamá tiene la cuarta democracia liberal más longeva de América Latina, después de Costa Rica, Uruguay y Chile. Otros países –como Colombia y Venezuela– instituyeron regímenes democráticos antes que Panamá, pero su contenido liberal –de respeto por las libertades ciudadanas y la separación de los poderes– sucumbió ante los embates de dirigencias autoritarias y liderazgos con inclinaciones absolutistas.

En los años transcurridos desde el desalojo de la dictadura militar, Panamá alcanzó rápidamente importantes metas democráticas. Desde entonces se ha respetado la alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo, producto de elecciones populares. Si tomamos en cuenta que hasta el ocaso del militarismo el fraude electoral fue la tónica de nuestras elecciones presidenciales, se trata de una conquista significativa.

Las libertades ciudadanas –en particular la libertad de expresión– generalmente se respetan y las más flagrantes restricciones a su ejercicio, heredadas del período militar, han ido derogándose lentamente.

Estas observaciones no significan, en absoluto, que nuestro sistema político ha alcanzado su cenit evolutivo o que podemos dormirnos en los laureles. La democracia panameña está asentada sobre bases sumamente precarias, socavadas por la corrupción y una tendencia autocrática que prevalece en los sectores políticos.

Su marco jurídico, proveniente de la dictadura, es inadecuado a nuestras circunstancias e inconveniente al logro de mayores niveles de desarrollo. Las elecciones para diputados, alcaldes y concejales se caracterizan por su exagerado clientelismo y no están exentas de fraude.

La negación de derechos económicos, sociales y culturales es evidente. La concentración de facultades en el Ejecutivo es, más que inapropiada, altamente peligrosa.

Peor aún, los órganos constituidos para controlar el ejercicio del Poder Ejecutivo son bastante inoperantes. No hay control por los órganos paralelos del Estado, tales como la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

La única limitación al ejercicio del Poder Ejecutivo radica en las consultas populares, una vez cada cinco años o cuando al Presidente se le antoja convocar a un referéndum para reelegirse inmediatamente. Fue así, por ejemplo, como pudo el pueblo detener las ambiciones de un mandatario de perpetuarse en el poder, porque ni la Asamblea Nacional ni la Corte Suprema de Justicia se atrevieron a atajar sus pretensiones inconstitucionales.

Los sucesos acontecidos desde hace unas semanas indican que estamos en una coyuntura delicada. En aras de un mayor desarrollo para todos los panameños, a los gobernantes y a la ciudadanía compete defender el sistema democrático y sus principales instituciones, como la separación de poderes y las garantías constitucionales.

De lo contrario, corremos un riesgo muy serio de retroceder a un primitivismo político ya superado que, sin embargo, abunda en países vecinos y nos acecha permanentemente.

La pena mínima aumentaba a un año cuando la privación era perpetrada por un servidor público (Art. 156). El Código actual, que data de 2007, contempla de dos a cuatro años de prisión en casos de privación de libertad “ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones”.

En situaciones de guerra, la toma de rehenes es un delito tipificado en el Derecho Internacional Humanitario. El artículo 34 del IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, señala taxativamente: “Está prohibida la toma de rehenes”. Además, el artículo 147 incluye dicha acción entre las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

Panamá es Estado parte de los Convenios de Ginebra de 1949 desde el 10 de febrero de 1956, por lo que las disposiciones transcritas estaban plenamente vigentes el 20 de diciembre de 1989. También estaba vigente (como lo está hoy) la norma constitucional mediante la cual “la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional” (Art. 4).

El artículo 17 de la Constitución indica que las autoridades de la República están instituidas, entre otros propósitos, para “cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley”. Además, el artículo 146 del IV Convenio de Ginebra establece la obligación de cada Estado parte (como lo es Panamá) “de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves” y “hacerlas comparecer ante los propios tribunales”.

Señalo todo esto a propósito de la divulgación, por El Panamá América (25 de febrero), de un presunto informe de la Policía Nacional, fechado el 22 de marzo de 1990, acerca de ciertas actividades en las que habría participado Gustavo Pérez de La Ossa, actual director general de la Policía. El informe, suscrito por los miembros de la Junta Disciplinaria, Gerardo García, José Serrano y Miguel Alemán Mendoza, afirma que Pérez y otro compañero de armas “fueron partícipes directos en la captura de personal civil norteamericano, a quienes hicieron rehenes posteriormente por unas horas” (www.pa-digital.com.pa/pdf/gustavoperez2010.pdf).

En vista de la seriedad del medio que ha hecho las revelaciones (El Panamá América) y la gravedad de los señalamientos, el asunto amerita una investigación inmediata por parte del Ministerio Público. Por un caso de menor envergadura se ha ordenado la separación de la procuradora General de la Nación. Por un asunto penal con algunas similitudes, Daniel Delgado Diamante, ministro de Gobierno y Justicia en la administración anterior, fue separado del cargo y, luego, despedido.

Las consideraciones jurídicas y humanitarias expuestas bastan y sobran para dar a este caso la atención que merece. Pero hay, además, aspectos políticos que son fundamentales considerar.

Los sectores más influyentes del país están empeñados en lograr ciertas metas económicas, entre ellas la aprobación del Tratado de Promoción Comercial (TPC) por el Congreso estadounidense. Dicha aprobación se encuentra pendiente desde que asumió la Presidencia de la Asamblea Nacional un diputado perredista sindicado en Washington por la muerte de un soldado estadounidense.

Por más gestiones que haga nuestro inteligente y diligente embajador en Washington, Jaime Alemán Healy, será muy difícil que los congresistas estadounidenses aprueben el TPC si se ventila allá que Panamá tiene un jefe policial presuntamente involucrado en la captura de un grupo de ciudadanos estadounidenses y que el sistema judicial panameño ha sido incapaz de aclarar los señalamientos. Recordemos también que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario son delitos de carácter internacional que pueden ser perseguidos por cualquier jurisdicción, si las autoridades nacionales no actúan para esclarecerlos.

La información divulgada por El Panamá América ya ha sido reproducida en varios portales anglosajones, tales como Panama Guide (www.panama-guide.com) y Bananama Republic (www.bananamarepublic.com). El Congreso estadounidense nos tiene en la mira, como lo demuestran los comentarios del senador Dodd, quien pidió respeto para la separación de poderes (La Prensa, 21 de febrero).

Además, el 23 de marzo tendrá lugar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., una audiencia sobre el sistema judicial de Panamá (La Prensa, 26 de febrero). En defensa de las normas internacionales de conducta, el prestigio nacional y los intereses que representa la administración del presidente Martinelli, el Gobierno Nacional y el Ministerio Público deben actuar decisivamente en este caso.

La decisión aludida constituye una importante lección de constitucionalismo democrático, lo mismo que una defensa fundamental contra el absolutismo y la perpetuación en el poder. En América Latina, éstos son males endémicos, de cuya influencia nefasta –tristemente– los panameños aún no logramos sustraernos.

En su reciente fallo, la Corte Constitucional sentenció: “Entre los distintos elementos que configuran toda democracia se encuentra el respeto de los procedimientos formales previstos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la Corte Constitucional, más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia representativa y de participación y son componentes sustanciales del principio democrático”.

Agregó el tribunal que los vicios incurridos en el trámite de la propuesta de referéndum –y el procedimiento legislativo que la aprobó– no constituyen “meras irregularidades formales” sino “violaciones sustanciales al principio democrático, uno de cuyos componentes esenciales es el respeto de las formas previstas para que las mayorías se pronuncien”. Los sectores influyentes de nuestro país, que tanta afición manifiestan por Colombia (sobre todo por su gobierno de tendencia autoritaria), harían bien en leer este breve e histórico pronunciamiento, que restituye, en parte, la tradición constitucional y democrática colombiana que el uribismo ha intentado desarticular.

No es válido el argumento según el cual en situaciones “urgentes” (definidas como tales según el criterio sui generis de los gobernantes de turno) es necesario quebrantar la Constitución y la ley. No solo es inválido: es sumamente peligroso. Es ése el mensaje que la Corte Constitucional envió a los colombianos, a los latinoamericanos y al mundo entero.

En contraste, el ex presidente soviético Mikhail Gorbachev publicó el domingo (13 de marzo) una columna en The New York Times, en la cual alega que bajo circunstancias especiales, “en las cuales la existencia del Estado está en riesgo, no es siempre posible actuar según las normas. En esos momentos es preciso adoptar medidas decisivas, firmes y hasta autoritarias”, afirmó el ex mandatario.

Semejante y craso error de juicio en el cual se apoyó Gorbachev es lo que llevó a Rusia a la autocracia mafiosa que impera hoy en ese país. Habría que preguntarle, directamente, si ése es el desenlace que anhelaba para Rusia cuando emprendió la perestroika a finales de la década de 1980 y si acaso no percibe que la vulneración de los procedimientos vigentes, en un momento de “crisis”, conduce irreparablemente a futuras y caprichosas violaciones que terminan por erosionar –o erradicar– el sistema democrático.

En todo esto hay aprendizajes importantes para los panameños, especialmente para la denominada “clase política”. Según las principales evaluaciones internacionales, Panamá es hoy más democrática que Rusia, Colombia y la mayoría de los países del mundo.

A diferencia de lo que piensan algunos grupos oligárquicos (o sus asesores extranjeros de instintos cavernarios), ésa es la mejor credencial que podemos presentar en el extranjero, la que más prestigio otorga, la que más confianza inspira. No es ni el eficiente manejo del Canal, ni el grado de inversión por obtener, ni la libre circulación del (devaluado) dólar, ni la baja inflación (cosa del pasado, más aún tras la desatinada aprobación del aumento al ITBMS por la Asamblea Nacional).

Ninguno de esos aspectos es irrelevante, pero ninguno supera en importancia a la naturaleza democrática del régimen político vigente, el cual, a pesar de sus numerosas insuficiencias, lagunas y defectos, es –hasta ahora– más competitivo y pluralista que en cualquier otro momento de nuestra historia y que en la mayoría de los Estados contemporáneos.

Por ello, las actuaciones de quienes ejercen funciones públicas deben estar dirigidas a fortalecer el carácter democrático del sistema de gobierno, no a menoscabarlo. En ese esfuerzo, deben inspirarse en el constitucionalismo democrático, no en el narcoparamilitarismo, la mafiocracia y el autoritarismo lamentablemente instituidos por los sectores de poder en Colombia, Rusia y otros Estados.

Quienes apoyaron a Martinelli lo hicieron por sencillos y elementales motivos. En primera instancia, para castigar al PRD por su rapiña insaciable. En segundo lugar, para prevenir el ascenso de Balbina Herrera al poder y lo que –se temía– pudiese ocurrir si ella alcanzaba la Presidencia.

Conocidas son las vinculaciones de Herrera –una de las figuras más rechazadas de la política panameña– con la dictadura militar, especialmente con Noriega, de quien era íntima colaboradora. Por eso, la elección de Martinelli constituyó un repudio al militarismo y sus manifestaciones aún vigentes o –visto desde otra perspectiva– un voto por el afianzamiento del civilismo.

Civilismo no solo quiere decir subordinación de los militares a la autoridad civil debidamente constituida. Significa, además, el rechazo de técnicas, estrategias y actitudes militares en las áreas que competen exclusivamente a los civiles, como lo son –en el Estado democrático– la educación, la salud, la economía, la administración de justicia, la cultura, el deporte, la seguridad ciudadana y todas las demás, con excepción de las guerras internacionales (en que Panamá ni quiere ni debe tener participación).

Civilismo equivale a respeto por la voluntad popular, la libertad y los derechos humanos. Implica una separación de poderes que proteja esas libertades y derechos, el acatamiento de la ley y un sistema judicial eficiente y transparente.

Diez meses han transcurrido desde la toma de posesión del presidente Martinelli, lo que representa una sexta parte de su mandato. En esos 10 meses no hemos visto afianzarse los postulados del civilismo por los que la mayoría de los panameños votó en mayo de 2009.

Por el contrario, hemos sido testigos de la continuación y acentuación de algunas tendencias militaristas. En algunos sectores influyentes prevalece la equivocada idea de que encomendar la seguridad pública a un equipo de militares es la mejor manera de resolver la inseguridad ciudadana.

Grave y peligroso error. Lo único que los militares panameños le han dado al país es inseguridad y corrupción. Las dos décadas durante las cuales ejercieron directamente el poder fueron las más inseguras de nuestra historia republicana.

En aquella época, el monopolio del crimen ejercido por los dictadores redundó en menores niveles de delincuencia común. Sin embargo, el terrorismo de Estado, presente a todo lo largo de la dictadura, sometió a la ciudadanía a un régimen de terror y socavó por completo la seguridad jurídica y el estado de derecho.

El militarismo no es un modelo adecuado para un Estado democrático. El militarismo no resuelve la inseguridad pública, sobre todo si contra los militares a quienes se encomienda la seguridad ciudadana existen señalamientos graves, de resonancia internacional.

En el desempeño de los militares que ejercen funciones de naturaleza civil tenemos una prueba fehaciente de lo que se afirma. Diez meses es un período demasiado corto para conseguir resultados trascendentales, pero con base en las promesas de campaña lo menos que se esperaba, tras la llegada del nuevo gobierno, era una depuración exhaustiva de los organismos de seguridad y una detención en el aumento de la criminalidad.

Estadísticas e informaciones divulgadas por los medios, sin embargo, sugieren que en la Fuerza Pública siguen proliferando la corrupción y la incompetencia y que los niveles de delincuencia continúan creciendo bajo la dirección militar de los organismos de seguridad. El presidente Martinelli debe reparar en esto y recordar que los sufragios que recibió fueron votos de rechazo al militarismo.

Los partidarios del civilismo, a su vez, deben organizarse para recuperar la conciencia civilista, pero nunca en contubernio con personajes de la dictadura. Es ridículo y contraproducente que compartan escenarios con quienes jamás han tenido la más mínima consideración por la democracia y los derechos humanos.

En la recuperación del civilismo, el Presidente y los sectores civilistas no deben escatimar esfuerzos. Su fracaso en esa tarea aumentará la frustración popular y acercará al país a los desenlaces extremistas que ya se vislumbran en el horizonte.

El diputado respondió con una pregunta – “¿Quién es el que manda en este país?”– insinuando que en una república presidencialista es normal la intervención del jefe del Ejecutivo en la toma de decisiones que competen exclusivamente a otro órgano del Estado. Tan extraordinaria ocurrencia ha de ser un anticipo de las lluvias de creatividad que caerán sobre el país una vez se implemente la transformación curricular por la erudita ministra de Educación, Lucinda Molinar.

Agregó Baruco que la participación del Presidente de la República en el asunto señalado “no puede interpretarse como una intromisión de un órgano del Estado en la gestión de otro, sino que se trata de la armónica colaboración que dispone la Constitución Nacional”. Semejante interpretación habría de merecerle, por su sensacional aporte al desarrollo de la humanidad, la colocación de su estatua en el Panteón de París.

Por instantes, la trifulca de los diputados por la presidencia de la Asamblea Nacional pareció casi tan intensa como alguna reyerta entre pandillas como “La Bagdad” o “La PRD”. Con razón: peleaban por un botín. Los emolumentos del presidente y vicepresidentes de la cámara no son nada despreciables, aún después de la rebaja a 10 mil balboas mensuales dispuesta el año pasado por el actual presidente de la cámara, el diputado Varela.

Además, está el presupuesto de 56 millones de balboas en 2010 y quién sabe cuánto en 2011. Con tantos millones pueden hacerse muchos nombramientos, compras y contrataciones.

Pero no es el gatuperio entre los diputados lo que interesa. A fin de cuentas, la diferencia pronto quedó zanjada al acordarse que el diputado José Molina será el próximo presidente. Molina tiene más méritos que Baruco: ha sido elegido en tres ocasiones, cada una por un partido distinto. Todo un récord de reelección y transfuguismo contra el cual Baruco (diputado novato) no puede competir.

Lo que importa es el daño que las lamentables actuaciones de los integrantes de la Asamblea le causan al sistema político. Al no legislar con independencia de criterio y al rescindir su obligación de escrutar los actos del gobierno, la Asamblea contribuye directamente a la concentración del poder y la falta de transparencia, lacras que agobian a la población e impiden el desarrollo del país.

El “modelo de representación” instituido en Panamá en las postrimerías de la dictadura militar –y recuperado a partir de la “torodictadura” –es el siguiente. Quienes cada cinco años son elegidos diputados (o concejales) renuncian al ejercicio de su función representativa a cambio de las prebendas que les entrega el Ejecutivo.

Las dádivas los enriquecen y les permiten financiar sus campañas electorales. En 1999, 2004 y 2009, casi la mitad de los diputados que aspiraron a la reelección lograron permanecer en sus cargos. Los que no logran reelegirse se arrastran ante el gobernante de turno para que los nombre en el sector público o, en el menor de los casos, se van a casa con suficiente dinero en el bolsillo para no tener que esforzarse demasiado el resto de sus días.

Ese “paradigma representativo” que tenemos en Panamá es nocivo para el sistema democrático. Por la forma en que se conducen –antes y ahora– pareciera que los diputados no son conscientes de los perjuicios causados por su conducta. Sus dañinas actuaciones contribuyen a desacreditar y degradar, cada día más, el régimen político.

En una democracia presidencialista, le corresponde a la Asamblea colaborar a que las decisiones y actuaciones del Gobierno redunden en beneficio de la sociedad. El oficialismo tiene el deber de contribuir a mejorar las propuestas del Ejecutivo.

Eso incluye advertir al Gobierno sobre lo que no es viable o conveniente para el país –como, por ejemplo el aumento del ITBMS al 7%, que los diputados aprobaron sin razonar. La oposición, a su vez, debe fiscalizar permanentemente los actos del Gobierno.

¿Será mucho pedirles a los miembros de la Asamblea Nacional?

El mal desempeño de esa cámara está a la vista de todos, con terribles perjuicios para la sociedad panameña. Pero de allí a sugerir que lo que necesitamos es una planta de ensamblaje de leyes, de alta “producción” legislativa, hay un salto mental que tropieza con el sentido común.

Plantéese el siguiente escenario. Si, en atención al criterio tecnocrático expuesto, cada uno de nuestros 71 diputados se motivase a presentar tan solo un proyecto de ley en cada una de las dos legislaturas de cada uno de los cinco períodos de sesiones de cada ciclo constitucional –y el pleno aprobase todas aquellas fertilísimas iniciativas legislativas– terminaríamos el quinquenio con 710 nuevas leyes.

Ninguna asamblea le ganaría en productividad a la súper cámara panameña. Pero, ¿Tendríamos un mejor país, una república más ordenada, una sociedad más democrática y armónica? La respuesta es obvia.

Una ramificación de esa insensatez es la especie según la cual se califica a la Asamblea de incompetente por el hecho de que la mayoría de las leyes tienen su origen en el Gobierno. En todas las democracias presidencialistas, el Gobierno posee facultades legislativas y, en muchas de ellas, un gran número de leyes –si no la mayoría– nacen en el Órgano Ejecutivo.

Es así, entre otros factores, porque la preparación de las leyes es un proceso cada vez más complejo, de implicaciones ya no solo nacionales, sino –además– internacionales. El Gobierno posee mayores recursos, incluyendo “técnicos” a su servicio, que –supuestamente– tienen conocimiento de los antecedentes e implicaciones de los asuntos sobre los que hay que legislar.

En el caso de las iniciativas gubernamentales, lo que corresponde a la Asamblea es revisarlas con cuidado y determinar su conveniencia o inconveniencia, después de examinar su contenido y contrastarlo con el interés nacional. No debe apresurarse a aprobar proyectos esperando así complacer al Ejecutivo, sin considerar el alcance e impacto de las leyes propuestas, como ocurrió con el aumento del Itbms al 7% recientemente decretado por nuestra nada augusta cámara.

El problema de la Asamblea Nacional no es que le falta redactar y dictar leyes, aunque esto –evidentemente– no significa que los diputados deban renunciar a su iniciativa legislativa. El asunto es más profundo y significativo.

La Asamblea no ejerce las atribuciones representativas que son su razón de ser –y que son indispensables para el funcionamiento democrático– porque su diseño constitucional y un sistema político fundamentado en el clientelismo y la corrupción se lo impiden. Esos fenómenos nefastos hacen que a los diputados les preocupe más “rebuscarse” y “resolverles” a quienes los apoyan en sus circuitos que legislar, fiscalizar o colaborar a la solución pacífica de conflictos, sus principales faenas en un régimen democrático.

La función legislativa no equivale a manufacturar el mayor número posible de leyes, sino a asegurar que el país reciba las normas que necesita y a garantizar la idoneidad y coherencia del cuerpo legal del Estado. Sobre el particular, una tarea que la Asamblea debe acometer con urgencia es la revisión integral de la codificación nacional (para asegurar que no haya lagunas o discrepancias entre normas de derecho interno y con las disposiciones del derecho internacional) y la divulgación, impresa y electrónica, del conjunto cuidadosamente revisado, de manera que las leyes sean ampliamente accesibles al público que está sometido a ellas.

Con ello contribuiría significativamente al desarrollo nacional. En la actualidad, el cuerpo legal panameño es un verdadero galimatías, con disposiciones frecuentemente contradictorias o caducas. Muchas veces, funcionarios y jueces desconocen elementos jurídicos importantes del derecho interno y el derecho internacional, que tendrían aplicación en circunstancias específicas, porque nuestro aparato legal es un monumento de desorganización y decrepitud.

He allí una tarea legislativa que la Asamblea podría acometer, con provecho y en armónica colaboración con los demás órganos del Estado, como lo manda la Constitución. En eso podrían invertir parte del millonario presupuesto que actualmente destinan al clientelismo y la rebusca.

Permanecieron vigentes la Constitución y los códigos del período militar, cuyas disposiciones continuaron rigiendo la vida nacional. En lo que atañe a la libertad de expresión, los esfuerzos ciudadanos eventualmente redundaron en la abolición de las leyes “mordaza” y un mayor acceso a la información.

La pelea fue desigual y cuesta arriba, y muchas veces enfrentó a la ciudadanía con funcionarios de talante autocrático, como un procurador cuya gestión estuvo dedicada a perseguir a quienes cuestionaban su pésimo desempeño en el cargo.

Las demandas ciudadanas –y el apoyo de organismos extranjeros dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos– condujeron a un más amplio ejercicio de la libertad de expresión, uno de los puntales del sistema democrático. Un régimen político que no protege y promueve la libertad de expresión es –en el menos malo de los casos– una pantomima de la democracia. Pero, normalmente es una dictadura, de corte autoritario o totalitario.

Cuando se compara a la prensa panameña con sus contrapartes en otros países de la región, un aspecto que sobresale es la energía y la vitalidad del periodismo en nuestro país. En otras latitudes, se nota la reverencia y el temor de los medios por el poder.

Aunque nos falta mucho para alcanzar los niveles de desarrollo periodístico evidentes en las democracias más avanzadas, es alentador advertir el espíritu crítico e investigativo de la prensa istmeña, cualidades que, además, dan sustancia a los elementos democráticos de nuestro sistema político.

Los autodenominados “políticos” –y quienes ejercen o aspiran a ejercer el poder público– tienen que entender que los panameños no vamos a renunciar a derechos primordiales como la libertad de expresión. Deben, además, comprender que la crítica es parte consustancial de la democracia; que aceptarla es el precio que les corresponde pagar por su interés en participar en la vida pública; y que pretender neutralizar a quienes los señalan –mediante ataques personales, hostigamientos y amenazas– es inadecuado y perjudicial para el desarrollo nacional.

El presidente Martinelli ha dicho que garantizará el respeto por la libertad de expresión. Ha exhortado a los medios de comunicación a investigar y criticar “todo lo que haga mal el Gobierno Nacional y que además perjudica a la población panameña” (La Prensa, 4 de mayo). Algunos de sus colaboradores, cuya intolerancia y débiles convicciones democráticas han quedado en evidencia en pocos meses, deberían asimilar las palabras del mandatario y convertirlas en el parámetro principal de su conducta.

Como vehículos para la transmisión de informaciones y opiniones, los medios, a su vez, deben asegurar el ejercicio responsable de la libertad de expresión. Los adelantos tecnológicos han proporcionado mayores espacios de participación ciudadana, lo que es positivo.

Por descuido, sin embargo, en ocasiones los medios se prestan para que a través de ellos se emitan comentarios denigrantes o que incitan al delito. En tiempos recientes hemos visto el uso de los espacios para comentarios –que algunos medios han habilitado en sus portales electrónicos– por sujetos de ínfima catadura moral, quienes escudados en un anonimato cobarde –indigno de un verdadero ciudadano– emiten ultrajes y vilipendios.

Una burla cruel sobre la terrible dolencia física que aqueja a un conocido personaje; una maledicencia perversa sobre la filiación de otra figura pública; y –más grave aún– un llamado a la eliminación de un dirigente gremial opositor son algunos ejemplos de comentarios inapropiados que han sido publicados en las últimas semanas y que los medios de comunicación no pueden permitir.

El ejercicio de la libertad de expresión requiere de respeto puntual por parte de los gobernantes, pero también de mayor cuidado por los medios de comunicación en casos como los descritos. Por lo demás, hay que apoyar a la prensa panameña para que siga ejerciendo su misión con los mismos bríos y el espíritu crítico que la han caracterizado en años recientes.

Habría que averiguar si la práctica, totalmente ajena a la tradición republicana, viene de la manía nobiliaria trasladada a los territorios americanos durante la dominación española o si encuentra sus orígenes en los reinados del dios Momo que anualmente consumen las energías de gran parte de nuestra población (incluyendo las de muchos políticos). Lo cierto es que además de exhibir mal gusto al recurrir a semejante cursilería, el personaje que la empleó –un alto funcionario de uno de los órganos del Estado– reveló muy poca familiaridad con nuestro régimen de gobierno y su cabal funcionamiento.

Esto es grave, pues implica que la conducción del Estado está en manos de gentes poco idóneas. Mal anda un país cuando su dirigencia desconoce los elementos básicos del sistema político que rige a la colectividad.

Pienso que al presidente Martinelli –individuo accesible y campechano– debió incomodarle la extravagancia del funcionario que, obviamente, quería congraciarse con el mandatario y no se le ocurrió mejor forma para lograrlo que atribuirle una grandeza, superioridad y autoridad propias del sistema monárquico. El Presidente, que ha viajado a muchas repúblicas y monarquías y acaba de regresar de una de las últimas (España), sabe bien que en el gobierno republicano no hay monarcas ni majestades.

En las monarquías tradicionales la totalidad del poder público se ejerce por el monarca, quien legisla, ejecuta y juzga (y también ajusticia). En el transcurso de los siglos 19 y 20, la mayoría de los regímenes de ese tipo fueron eliminados por levantamientos populares o evolucionaron hacia sistemas parlamentarios y constitucionales, donde el monarca reina pero no gobierna.

Quedan todavía algunas monarquías absolutas, sobre todo en la península arábiga, caracterizadas por la concentración de los poderes del Estado en la persona del rey (o emir o sultán). En esos países, como es bien sabido, toda decisión sobre los asuntos públicos corresponde al monarca, lo cual constriñe significativamente el ejercicio de las facultades naturales que –según lo aprendimos en la escuela– competen naturalmente a cada ser humano.

En nuestra porción del planeta predomina el sistema republicano. Ésa es una característica de la América llamada “latina”, aunque en la práctica, muchos dirigentes de gobiernos supuestamente republicanos actúan como sátrapas orientales: acaparan los poderes públicos y abusan de ellos impunemente, usurpando –a tales efectos– todas las atribuciones del Estado.

La historia les reserva un rincón especial a esos tiranos de pacotilla. Allí tiene amontonados a sujetos de la calaña de Juan Vicente Gómez, Jorge Ubico, Rafael Leonidas Trujillo, Anastasio Somoza (padre e hijo), François Duvalier, Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla y tantos otros, contando –por supuesto– a Omar Torrijos, Rubén Paredes y Manuel Noriega, “combatiente de guerra” en virtud del fallo de un despistado juez estadounidense y “jefe de Estado” por obra y gracia de un desorientado magistrado francés.

La república es el régimen en que el poder emana del cuerpo ciudadano y está distribuido entre varios órganos del Estado, a fin de evitar abusos y arbitrariedades. En una república, el poder se ejerce por funcionarios elegidos por la ciudadanía y responsables ante ella.

En el régimen republicano no hay “majestades” que aíslan al jefe del Estado del escrutinio ciudadano, como en las monarquías, donde la persona del monarca es inviolable. Inclusive en monarquías constitucionales como Inglaterra y España, al monarca no se lo puede juzgar.

Esa inviolabilidad responde a circunstancias especiales en dichos países, que nuestra experiencia y realidades no comparten. Aquí no hay reyes y las reinas que tenemos, durante el Carnaval, lo son de otro tipo y por tiempo limitado.

En las repúblicas, el jefe del Estado es un ciudadano entre iguales y está sometido a las leyes tanto como el resto de la población. Los gobernantes responden ante la justicia –lo mismo que usted y yo– por las ilegalidades que puedan cometer (señaladas en el artículo 191 de la Constitución), como extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, aprovechar los recursos estatales en beneficio propio u obstaculizar la expresión de la voluntad popular.

Aludir a la supuesta “majestad” de un gobernante republicano es un error garrafal, con consecuencias negativas para el bienestar de la comunidad. Bajo una constitución republicana, cualquier inclinación monárquica, despótica o tiránica plantea una grave ruptura con el contrato social que fundamenta el régimen político.

Así debemos recordarlo todos los ciudadanos, pero sobre todo quienes han sido elegidos o designados para ejercer funciones oficiales de acuerdo con parámetros republicanos.

Inicialmente se rumoró que había sido martirizado y lanzado desde un helicóptero, como después lo haría el reverendo Papo con sus infortunadas víctimas en el Darién (otro repugnante capítulo de la historia del narco–militarismo que permanece sin castigo).

Luego se comentó que había sido torturado hasta la muerte y enterrado en uno de los cuarteles de la dictadura, que también funcionaban como cementerios. Aquellos recintos de terror ofrecían la seguridad que los militares y sus cómplices del PRD necesitaban para cometer sus crímenes de lesa humanidad.

El desalojo de la narco–cleptocracia de Torrijos, Paredes y Noriega generó en la ciudadanía alguna confianza de que a través de una recta aplicación de la justicia, el rumbo del país pudiese enmendarse. Muy pronto, sin embargo, esas esperanzas se esfumaron. Las pésimas actuaciones de jueces, fiscales, magistrados y procuradores de baja calidad profesional y moral se encargaron de erradicarlas.

El juicio por el asesinato de Hugo Spadafora (1993) dejó al descubierto que a pesar del cambio de régimen político, el sistema judicial panameño sigue penetrado por la corrupción, la ineptitud y la desidia. El proceso judicial culminó con la absolución, por un jurado de conciencia, de siete de 10 sindicados.

Entre octubre y noviembre de 1993 se llevó a cabo el juicio por la desaparición del padre Gallego. Cuatro agentes de la Guardia Nacional torrijista fueron acusados: Agrazal, Magallón, Madriñán y Walker.

Solo los últimos dos se presentaron a la audiencia. Magallón, convenientemente, está “prófugo” de la justicia desde hace años. Agrazal tuvo un proceso distinto, al término del cual fue absuelto.

El jurado encontró culpables a Magallón (prófugo), Madriñán y Walker, pero tan negligentes fueron la investigación y el proceso judicial, que ni siquiera pudo conocerse dónde están los restos del padre Gallego. Además, la administración de justicia fue incapaz de establecer quiénes planearon tan abominable crimen.

La ciudadanía entera sabe que el G-2, al que pertenecían los guardias involucrados, estaba a las órdenes del inocente abuelito hoy recluido en el penal de La Santé.

Sabe también que en el Panamá de la época nada ocurría sin el visto bueno de Omar Torrijos, gobernante absoluto del país desde que se deshizo de Boris Martínez en 1969 hasta que un misterioso accidente aéreo (¿ideado por el inocente abuelito?) le arrancó la vida, en 1981.

El 27 de mayo último, en un acto de desagravio por la desaparición forzada de Heliodoro Portugal –otra de las víctimas de la narco-dictadura– el presidente Martinelli dijo que su gobierno –sin tener participación en los hechos de sangre del régimen militar– “pide perdón a todas las víctimas y asume el compromiso de hacer justicia”, en representación del Estado panameño.

El 1 de junio, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que “tipifica correctamente los delitos de desaparición forzada de personas y torturas en el Código Penal”. El proyecto debe ser presentado a la Asamblea Nacional en su próximo período de sesiones ordinarias, que se inicia el 1 de julio (Boletín de la Presidencia, 1 de junio).

En su homilía del 6 de junio, el Arzobispo de Panamá pidió “llevar a fondo” la investigación de la desaparición del padre Gallego, añadiendo que “un poco de buena voluntad y de hacer memoria, aclararían el misterio”. Algo parecido puede decirse al respecto de los demás crímenes de la narco–dictadura, tanto los que documentó la Comisión de la Verdad como los que esa entidad no pudo descubrir.

La impunidad en que permanecen los abusos del régimen militar es el emblema de la falta de justicia imperante en Panamá. ¿Contribuirán las recientes medidas del Gobierno nacional y las exhortaciones del Arzobispo a revertir el putrefacto estado del sistema judicial?

Usted, que lee esto, no lo pierda de vista: sin la recuperación del ramo judicial y sin una minuciosa rendición de cuentas sobre el ejercicio del poder público, al menos desde 1968, Panamá no alcanzará los niveles de desarrollo a que aspiramos.

Las exigencias de justicia no constituyen, por lo tanto, “expresiones de resentimiento” ni “periódico de ayer”.

Por el contrario: son un primer peldaño que tenemos que subir para lograr una república democrática, ordenada y decente, donde prevalezcan –simultáneamente– la seguridad ciudadana y el respeto por los derechos humanos.

De todo lo malo de la Ley No. 30, lo peor es el impulso que puede darle a la impunidad, especialmente mediante la aplicación de su artículo 127: “Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, por motivo del uso de la fuerza excesiva o injustificada, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso en sentencia ejecutoriada …”

Esta nueva disposición –y las que la acompañan– son peligrosas. En efecto, conceden a los miembros de la Fuerza Pública una licencia para abusar del cargo. Algunos ya actúan así, según lo indican reiterados informes sobre corrupción, maltrato e ilegalidades cometidas por integrantes de los servicios de seguridad. Ahora, los empleados de la Fuerza Pública tienen formal consentimiento para violar la ley y abusar de la autoridad que les delegamos para que nos protejan.

Lamentablemente, la aprobación de la Ley No. 30 no es un caso aislado de promoción de la impunidad. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 465 de 11 de mayo, el Órgano Ejecutivo concedió un “indulto” a 47 individuos privados de libertad, que tienen casos pendientes con la justicia.

El Decreto No. 465 aludió al artículo 184, numeral 12 de la Constitución, que faculta al Presidente de la República a “decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”. El detalle es que los delitos por los cuales los individuos indultados estaban siendo procesados no son de naturaleza “política”.

Además, los indultos, rebajas de penas y libertades condicionales solo pueden concederse después de la expedición de una sentencia condenatoria por un tribunal de justicia –como lo aclaró la Corte Suprema en su fallo del 30 de junio de 2008– lo que no había ocurrido en los casos comprendidos en el Decreto No. 465.

No es la primera vez que, en “democracia”, el Ejecutivo panameño interviene para desviar el curso de la justicia. En 1994, al final de su mandato, el presidente Endara indultó a varios centenares de personas. Aunque sus indultos presuntamente se circunscribieron a causas políticas, hubiese sido preferible no otorgarlos.

En primer lugar, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia (en el fallo aludido), el carácter “político” de los delitos no está suficientemente tipificado en el ordenamiento jurídico panameño (y, en todo caso, no es al Ejecutivo al que le corresponde tipificarlos). En segundo lugar, en estricta justicia, la mayoría de los individuos indultados por Endara merecía una sanción por sus actuaciones ilegales, que contribuyeron a la degradación de las condiciones políticas y económicas del país.

Lo peor fue que la decisión del presidente Endara sentó un precedente funesto. Sus cuatro sucesores han decretado indultos que contravienen lo dispuesto en la Constitución.

En un estado de derecho, el Ejecutivo tiene el deber de crear y promover condiciones adecuadas para que jueces independientes e idóneos puedan llevar a cabo su misión. Además, un gobierno interesado en mejorar la seguridad ciudadana debe evitar tomar medidas que menoscaben la administración de justicia y promuevan la impunidad.

El otorgamiento inapropiado de indultos y las exenciones concedidas a los miembros de la Fuerza Pública a través de la Ley No. 30 de 2010 promueven la impunidad. Quienes gobiernan deben recapacitar para evitar que las medidas que adopten acentúen, aún más, la inseguridad ciudadana.

El sistema judicial es fundamental para garantizar la seguridad pública y proteger el ejercicio de las actividades económicas. La Universidad es necesaria porque a través de ella –directa e indirectamente (a través de la formación de maestros)– se educa a los miembros de la colectividad para que procuren su propio desarrollo, se estudian los problemas nacionales y se les proponen soluciones.

El sector político, sin embargo, no hace más que degradar, corromper y debilitar estas tres organizaciones. A la Asamblea se la menoscaba respaldando para candidatos a sujetos de pésima calaña, asegurando la elección de los peores entre ellos y –una vez llegados al hemiciclo– sobornándolos para erradicar hasta el mínimo reducto de independencia que logre sobrevivir en sus inmediaciones.

Al sistema judicial se lo perjudica nombrando para magistrados y procuradores a individuos carentes de criterio jurídico, convicciones democráticas y probidad, que siempre estén dispuestos a actuar en favor de quien los designó. A la Universidad se la quebranta dejándola a merced de una mafia que la maneja a su antojo, para beneficio personal de los mafiosos, a cambio del control que esa pandilla supuestamente ejerce para reprimir la disidencia que emerge de los claustros universitarios.

La situación de la Universidad de Panamá es verdaderamente catastrófica. El proyecto iniciado en 1935 con el propósito cívico de permitir el acceso de los sectores populares a una educación superior de calidad fue desvirtuado primeramente por la narcodictadura militar y, luego de su caída en 1989, por la garulilla que controla la Universidad desde entonces.

En diciembre de 1968, la narcodictadura clausuró la Universidad por seis meses, tiempo que sus lacayos civiles emplearon para reestructurarla al servicio del “proceso”, al mejor estilo stalinista. Veinte años de sometimiento a los jenízaros produjeron un notorio deterioro en la calidad de la enseñanza y la investigación, pero eso no importó a la narcodictadura, bajo la cual la Universidad no tenía otro propósito que proporcionarle apoyo “progresista” a la tiranía cuartelaria. El advenimiento del sistema democrático generó en la ciudadanía la esperanza de que la Casa de Méndez Pereira recuperara la misión que perdió en 1968. Mientras fue rector (1991–1994), el Dr. Carlos Iván Zúñiga emprendió una obra de adecentamiento que, infortunadamente, no continuó después de su administración.

Quienes les hacían los mandados a los militares aprovecharon ese período de libertad para erigirse en una mafia perniciosa cuyo objetivo no es otro que pelechar del presupuesto universitario (165 millones de balboas en 2010) y mantener una vigencia inmerecida en el escenario público. El pantano de mediocridad, clientelismo, corrupción y autoritarismo en que está sumida la Universidad no es solo una vergüenza sino, además, una tragedia nacional que, para mayor desgracia, no parece importar a los sectores dominantes.

Antes bien, le hacen el juego al rector eterno, quien hace pocos años tuvo la avilantez de aseverar que la Universidad de Panamá es “una de las mejores de América” (El Panamá América, 10 de agosto de 2005). Semejante demagogia no resiste el más mínimo análisis.

El Instituto de Educación Superior de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, China, compila regularmente una lista de las 500 universidades más prominentes del mundo, de acuerdo con criterios bastante rigurosos (http://www.online-universities.us/top500universities.htm).

A diferencia de otras (pocas) universidades de América Latina –UNAM (México), Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Chile, por ejemplo– la de Panamá ni figura en la clasificación, donde debería estar si es cierto lo que afirmó el rector perpetuo, que es “una de las mejores de América”.

Existen en Panamá los recursos humanos y financieros para convertir a la Universidad Nacional en un centro educativo de prestigio, lo cual coadyuvaría directamente al mejoramiento de las condiciones de vida en el país. Lo que no existe es la voluntad política para lograrlo. La controversia suscitada en torno al afán reeleccionista constituye una oportunidad importante para comenzar a sanear la Casa de Méndez Pereira. Llegó la hora de echar a los mercaderes del templo, de erradicar de una vez por todas a la mafia que tiene secuestrada a la Universidad de Panamá y obstaculiza de una manera tan flagrante el desarrollo nacional.

La ineptitud y la corrupción son fenómenos difíciles de medir. Aun así existe, entre otros indicadores, el Índice de Percepción de la Corrupción, compilado por Transparencia Internacional y disponible para Panamá desde 2001 (http://www.transparency.org/).

La calificación promedio obtenida en los años de Mireya Moscoso fue de 3.5. En los años de Martín Torrijos, bajó a 3.3. En otras palabras, la percepción de corrupción, de por sí preocupante (cercana a 0, que indica percepción de alta corrupción), se acentuó bajo el más reciente gobierno del PRD.

El impulso autoritario, presente en todos los gobiernos, también es más evidente bajo las administraciones del PRD. Los gobiernos no-PRD mangonearon la función legislativa menos que las administraciones del partido de los cuarteles.

Por ejemplo, no asumieron facultades legislativas extraordinarias, abominable degeneración del sistema democrático, constitucionalizada mediante la ley fundamental impuesta por los militares en 1972 y mantenida felizmente desde entonces por el sector político. Los gobiernos del PRD las obtuvieron de una Asamblea complaciente en 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005, 2007 y 2008.

Las administraciones en que no intervino el PRD pretendieron menos control sobre los medios de comunicación. El primer gobierno perredista siguiente a la invasión nombró un procurador que se dedicó a perseguir el periodismo independiente. En su afán de silenciar la crítica, el segundo gobierno perredista utilizó el presupuesto estatal como ninguno de sus predecesores, destinando a gastos de “publicidad” al menos 101 millones de balboas (La Prensa, 18 de julio de 2010).

Los gobiernos no-PRD evitaron nombrar a cercanos colaboradores de la dictadura, vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, en cargos públicos de alta jerarquía. Y, aunque ciertamente reprimieron las protestas populares, sus actividades represivas no causaron la muerte de ningún manifestante.

Algo distinto ocurrió en 1995, cuando cuatro obreros murieron durante manifestaciones contra la política laboral del gobierno de Pérez Balladares (La Estrella de Panamá, 10 de mayo de 2010). En protestas sindicales durante el gobierno de Martín Torrijos perecieron al menos dos obreros a manos de agentes de la Policía Nacional (Frenadeso, 8 de junio de 2008).

Ante estas realidades incontrovertibles, en 2008-2009 muchas voces conscientes pidieron la unión de la oposición para evitar la continuidad del PRD, con la consecuente acentuación de la corrupción y la tendencia autoritaria. Sobre las bases señaladas, la expectativa era que un gobierno de la oposición sería menos corrupto y represivo que uno del PRD.

Al momento de emitir su voto, ninguno de los 952 mil 333 ciudadanos que respaldó en las urnas a la Alianza por el Cambio se hubiese imaginado que, a poco más de un año en el poder, el gobierno de esa coalición incorporaría a las filas estatales a entusiastas servidores de la dictadura, montaría un aparato de espionaje, anularía la separación de poderes, combatiría el periodismo independiente y reprimiría brutalmente unas protestas causadas por la ineptitud y arrogancia de funcionarios del propio gobierno, con deplorable saldo de muertos y heridos.

Ninguno de los miles de civilistas que apoyó a Martinelli y produjo su triunfo se hubiese imaginado jamás que una administración compuesta por individuos que lucharon contra el régimen militar ejecutaría una sanguinaria jornada de represión en el 23 aniversario del “Viernes Negro” de la dictadura.

Por la mente de ninguno de los miles de panameñistas que favorecieron con su voto a la Alianza por el Cambio hubiese pasado jamás que la cúpula de un partido reprimido y perseguido a lo largo de su historia sería cómplice de violaciones a los derechos humanos como las que se suscitaron hace unos días en Bocas del Toro.

Urge que el gobierno nacional, elegido por una mayoría de votantes que exigía y esperaba menos autoritarismo y corrupción en el ejercicio del poder, corrija su rumbo, antes de que sus acciones conduzcan a escenarios de desobediencia civil y violencia social.

Hay que preguntar si el grupo gobernante es consciente de la gravedad de los hechos señalados y del malestar que han producido en la población. Si existen consejeros con un mínimo de lucidez en el entorno presidencial, ya habrán advertido al mandatario que dicho malestar no se superará con disculpas ni el nombramiento de comisiones que rendirán un informe el día en que San Juan agache el dedo.

Si existen dichos consejeros, también habrán explicado al presidente que en los sistemas democráticos —como pretende serlo el nuestro, hasta nuevo aviso— alguien tiene que asumir el costo político de exabruptos como el de Bocas del Toro.

Si no se exigen responsabilidades políticas a los funcionarios directamente involucrados —ministros, directores y jefes policiales— será el propio Presidente quien tendrá que cargar el peso de la repulsa popular por los eventos de julio pasado. Eso sería deplorable, porque erosionaría su credibilidad, cualidad fundamental para el buen gobierno. El tema de la responsabilidad política va de la mano de la rendición de cuentas, que es fundamental para el ejercicio democrático y para asegurar que las tareas gubernamentales se desenvuelvan de acuerdo con un mínimo de entereza y legalidad.

Al respecto, las democracias más adelantadas proporcionan algunos ejemplos que son dignos de examinar.

En Inglaterra y España, donde he estado las últimas semanas, la exigencia de responsabilidades al gobierno tiene expresiones ejemplares. Pocos ejercicios son comparables en eficacia al Question Time inglés, en que todas las semanas, en el Parlamento, la oposición somete al Gobierno —encabezado por el primer ministro, que asiste personalmente al acto— a un duro interrogatorio. Así, se obliga al Gabinete a dar respuestas mínimamente sensatas y creíbles a las preguntas que inquietan a la ciudadanía.

El Congreso español es escenario de indagaciones similares, en que el presidente del Gobierno y sus colaboradores se ven obligados a responder a los cuestionamientos de la oposición.

Recientemente, el presidente Rodríguez Zapatero rindió su informe a la Nación, que fue respondido formalmente, punto por punto, por el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

Más allá de las simpatías o antipatías que puedan producir dirigentes específicos (ese no es el punto), lo que resulta remarcable es el nivel de rendición de cuentas que se practica y el aporte que dicha actividad hace al sistema democrático para evitar excesos y abusos de poder.

Nuestro sistema político, de estricta separación de poderes —que se diferencia del sistema parlamentario imperante en los países señalados —también provee espacios idóneos para la exigencia de cuentas al Gobierno. El principal de ellos, por supuesto, es la Asamblea Nacional, que tiene facultades adecuadas para celebrar audiencias sobre asuntos de interés público e interrogar a funcionarios del ramo ejecutivo. En un régimen funcional, la asamblea ejerce estas facultades con autonomía y el Gobierno las respeta, porque reconoce que la interpelación de sus actividades conduce directamente al mejoramiento de las políticas públicas.

Sobra decir que nada de eso ocurre en Panamá, donde el modelo político que llama la atención de los sectores políticos es el de la sumisión al poder Ejecutivo, no el de pesos y contrapesos que es parte fundamental del sistema democrático.

Tristemente, no estudian las prácticas imperantes en las democracias más avanzadas. Emulan, eso sí, las tácticas de regímenes autoritarios y corruptos, lo que es sumamente lamentable.

A semejante pobreza moral e intelectual podemos atribuir, en medida nada despreciable, las malas políticas públicas, la conculcación de nuestros derechos y el menoscabo de nuestras condiciones de vida característicos del Panamá contemporáneo. Por ello, cuando del ingenio de algún compatriota emanan análisis sensatos y orientaciones lúcidas, una sensación de que no todo está perdido alienta el espíritu cívico de quienes sentimos hondamente la panameñidad.

Ha sido esa, precisamente, mi reacción a la publicación de una colección de artículos periodísticos y ensayos del Dr. Carlos Iván Zúñiga por la Editorial Libertad Ciudadana, titulada Testimonios de una época. Sus cuatro volúmenes recogen el pensamiento perspicaz del apóstol de la democracia panameña y valiente expositor de los postulados históricos del civilismo, la probidad, la soberanía y la justicia social.

La obra del Dr. Zúñiga contiene los elementos necesarios para el buen gobierno y el logro del bien común. Por ello, si a nuestros “políticos” les interesara promover esos objetivos, la consultarían con interés y entusiasmo. Encontrarían en sus páginas opiniones inteligentes y recomendaciones juiciosas al respecto de una multitud de temas de actualidad.

Escritas en 2002, las líneas que siguen –por ejemplo– transmiten una excelente observación al respecto de la política partidista, tan válida entonces como ahora: “Si los partidos políticos no toman, bien dosificado, el depurativo que reclama su organismo enfermo de cleptomanía y de gula, podría venir en acción recurrente el nocivo purgante totalitario que, además de extinguir al enfermo, se llevaría de calle a la precaria democracia obtenida con grandes sacrificios por el pueblo panameño (“La depuración de los partidos”, Vol. I).

Ante un estallido ocurrido hace una década, similar –aunque no tan intenso– como el de julio pasado, el Dr. Zúñiga se preguntó: “¿Qué hacer con esos levantamientos sospechados pero inesperados como el de Bocas del Toro?” Su respuesta fue contundente: “Ir al lugar de los hechos, pisar la tierra embravecida, presentarse al mismo ojo de la tempestad, como Daniel en el foso de los leones, tomar el toro por los cachos, dialogar, ejercer la autoridad, encontrar soluciones razonables y pactar con la pobrería que arrastra su dolor de centurias” (“Entre la tranca y el diálogo”, Vol. I).

Una preocupación por la ecología inspiró estas palabras, escritas en 2007: “Las cabeceras de ríos y quebradas deben ser inventariadas y sembrar en ellas tantos árboles como sea posible. Se debe desempolvar la vieja ley, de la patria vieja, que instituyó el Día del Árbol y en la semana en que cae ese día, todos los estudiantes, maestros y padres de familia de la República deben sembrar árboles en los ejidos de sus pueblos. Pero no sembrarlos para que en el futuro los arboricidas hagan su agosto, sino para dar belleza al paisaje, frescor al ambiente y protección a las aguas. Si yo fuera autoridad, promovería una moratoria de la tala de árboles (“Las virtudes de la solidaridad”, Vol. III).

Y sobre la extraña e inconveniente proclividad de ciertos seudointelectuales, corruptos y militaristas, de convertir a la Universidad estatal en botín político y económico, el Dr. Zúñiga sentenció en octubre de 2000: “No existe mayor lesión al buen nombre de la universidad y a los fines de la cultura superior que el rector se convierta en un dispensador de canonjías o en mago de pactos politiqueros. Los rectores deben estar marginados de la política partidaria y sólo deben estar comprometidos con la política académica. Por eso siempre he creído en las bondades de la no reelección, en nuestro medio aún inmaduro y oportunista (“La identidad y el rumbo universitario”, Vol. IV).

Organizado por Nadhji Arjona y prologado por el director fundador de este diario, I. Roberto Eisenmann, Jr., el compendio de escritos del Dr. Zúñiga trae al inicio una semblanza suya redactada por la Dra. Sydia Candanedo, esmerada poetisa y compañera fiel del extinto patriota durante más de medio siglo de jornadas cívicas y realizaciones familiares. Su lectura –no cabe duda– resultará muy provechosa a todo aquel que la emprenda.

Algunos observadores, atentos a la creciente crispación que manifiestan los sectores influyentes, aluden al posible establecimiento de alianzas entre dichos sectores, lo que podría darle un vuelco a la conducción del país.

Al respecto han escrito, en La Prensa, Guillermo Sánchez Borbón y Paco Gómez Nadal (14 y 17 de agosto).

Otros, como Rodrigo Noriega (La Prensa, 18 de agosto), encuentran similitudes entre el momento actual y el “remonato”, la hegemonía de José Antonio Remón y el organismo armado a su mando entre 1947 y 1955. La analogía es inquietante.

La autocracia, la creciente militarización y la corrupción rampante fueron las principales características de ese vergonzoso capítulo de la historia nacional. Su siniestro final –producto de la confabulación de grupos poderosos dentro y fuera del país– es de todos conocido.

Pero hay otros escenarios posibles. Con honda preocupación, me aventuro a esbozar uno de ellos.

Si el Gobierno no rectifica su rumbo, la creciente efervescencia social que tuvo una expresión dramática en las protestas de Bocas del Toro experimentará un ritmo ascendente.

El desencanto popular a lo largo y ancho del país –pero especialmente en lugares como Colón, Chiriquí, la comarca Ngäbe–Buglé y los barrios marginales del área metropolitana– podría llevar a graves condiciones de ingobernabilidad.

En esas circunstancias, la intransigencia y falta de cultura política que hasta ahora han demostrado quienes aconsejan al Ejecutivo podrían producir un desenlace tan dañino para la democracia como el que insinúan quienes sugieren la posibilidad de un cambio extra constitucional en la conducción del Gobierno.

Ese desenlace consiste en la “disolución” de la Asamblea Nacional, una respuesta a situaciones de crisis ensayada varias veces antes en esta convulsionada región del mundo.

En Panamá recurrieron a ella Ricardo Adolfo de La Guardia en 1944, Arnulfo Arias en 1951 y, por supuesto, los militares golpistas en 1968. En América, el ejemplo reciente más conocido es el de Fujimori (Perú, 1992). El año siguiente, Serrano Elías lo intentó en Guatemala, pero le salió el tiro por la culata y se vio obligado a escapar a Panamá para evitar su enjuiciamiento por violar la Constitución.

En un contexto de estremecimiento social, un Gobierno arrinconado por protestas populares violentas podría tratar de salvar el pellejo atribuyendo los males del país a la Asamblea Nacional.

“Decretar” el cierre de la Asamblea sería inconstitucional –nuestra ley fundamental lo prohíbe expresamente– y terrible para el desarrollo político del país, pero no por ellos menos factible (acá las leyes se las pasan ya sabe usted por dónde) y conveniente para quienes se aferran al usufructo del poder.

La Asamblea sería el chivo expiatorio ideal. Nadie saldría en su defensa si el Ejecutivo decidiera cerrarla. Su desprestigio, causado en primera instancia por la conducta execrable de sus propios miembros desde la restauración democrática en 1990, es tan extraordinario que la cámara no incita en la ciudadanía ningún sentimiento de lealtad.

Este escenario no sólo es peligroso sino catastrófico. El cierre de la Asamblea Nacional constituiría el último clavo del ataúd de la democracia panameña. Pero quienes pueden impedirlo –los propios diputados– son los primeros que con sus triquiñuelas, clientelismo, corrupción, ineptitud, sumisión y envilecimiento han producido el repudio masivo hacia la cámara representativa.

Es duro y doloroso escribir sobre este tema. Mencionarlo siquiera parece abominable, pues puede dar pie a toda suerte de conjeturas, elucubraciones y conciliábulos o poner ideas en la mente de los sujetos poco evolucionados que tienen en sus manos las riendas del país. Pero alguien tiene que advertirlo.

Por eso digo públicamente a los diputados (ya lo dije en privado a algunos de los más sensatos entre ellos): pelen los ojos. Ambos ojos. Los primeros que pagarán el costo de la ingobernabilidad causada por la obcecación, el autoritarismo y la falta de respuestas reales y sostenibles a los problemas nacionales serán ustedes mismos.

Si en sus conciencias existe todavía un mínimo civismo y patriotismo, recurran a él cuanto antes para salvar la menguante democracia panameña. Comiencen por rechazar la reelección en la rectoría universitaria.

Eso transmitiría a la ciudadanía el mensaje de que no todo en la Asamblea Nacional está absolutamente podrido y que la cámara tiene la capacidad de contribuir, de alguna manera, al desarrollo nacional.

Santo Tomás distinguió entre la prudencia corriente –que compete al común de la gente– y la prudencia superior, que incumbe a los gobernantes. La buena deliberación y el buen juicio son aspectos fundamentales de la prudencia, y de ellas depende la práctica de esta virtud.

Un cerebro ignorante o un ánimo acomplejado difícilmente pueden actuar con prudencia. La deliberación y el juicio dependen de un conocimiento preciso de las circunstancias –lo que se logra a través del estudio– y la prescindencia del afán de protagonismo, que muchas veces guía las actuaciones de algunos gobernantes, en detrimento de la prudencia.

Cada vez se hace más urgente destacar la importancia de situar las actuaciones del Gobierno Nacional en el marco de la prudencia. Efectivamente, antes de emitir declaraciones que comprometen la seguridad ciudadana, quienes gobiernan deben poseer antecedentes precisos sobre los temas que tratan y dejar a un lado todo ánimo de figuración. De lo contrario, su imprudencia seguirá acentuando nuestras condiciones de inseguridad hasta producir un ataque terrorista en nuestro medio.

Hace algunos meses, ciertas expresiones referentes a la ocupación israelí de Jerusalén (contraria, por cierto, al derecho internacional) generaron reacciones inmediatas del liderazgo palestino, inconvenientes para Panamá. La semana pasada, en Bogotá, el ministro de Seguridad Pública hizo declaraciones poco prudentes que podrían tener efectos desafortunados.

Según el Ministerio de Defensa de Colombia, dijo Mulino “que por su accionar las FARC son un enemigo común con Colombia”. Agregó: “el esfuerzo mancomunado entre Panamá y Colombia es un solo puño. Colombia y los colombianos en su lado y Panamá en el lado panameño” (7 de septiembre de 2010, http://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa).

A todas luces, el tono guerrerista de la declaración es imprudente, en virtud de nuestra condición de país desmilitarizado, atravesado por un canal interoceánico sujeto a un régimen de neutralidad. Bajo esas delicadas circunstancias, corresponde a nuestros gobernantes actuar con suma prudencia.

Las declaraciones desatinadas pueden producir desenlaces lamentables, como ocurrió –por ejemplo– con el discurso del papa Benedicto XVI en Regensburg (2006), el cual suscitó reacciones en el mundo islámico (con saldo de muertos cristianos). Emplear analogías bélicas para referirse al problema del narcoterrorismo en Colombia es de sumo desacertado, pues Panamá no tiene posibilidades de enfrentar ese problema mediante acciones de guerra ni quiere crear un ejército que abra las puertas a una reinstauración del militarismo.

Lo que sí podemos hacer es emplear la diplomacia y reforzar nuestra seguridad democrática para hacer frente a los desafíos provenientes de Colombia. En primera instancia, Panamá debe enfatizar que el derrame del conflicto colombiano a los países limítrofes es un problema de Colombia y la incapacidad del Gobierno colombiano de controlarlo constituye un incumplimiento de sus compromisos internacionales. Ninguno de los países limítrofes tiene por qué asumir los costos de ese derrame (entre los que figuraría la insensata militarización de nuestra fuerza pública) porque Colombia rehúsa o no puede cumplir sus obligaciones internacionales.

Evidentemente, el conflicto colombiano contiene muchas complejidades, pero su solución no llegará sino a partir de un afianzamiento del sistema democrático y el estado de derecho en ese país. Esos son los objetivos que Panamá debe impulsar enérgicamente en el Sistema Interamericano, como aporte para solucionar la crisis colombiana y evitar que siga diseminándose al exterior.

A fin de fortalecer nuestra propia seguridad democrática, el Gobierno Nacional también debe asegurar que nuestro territorio y plataforma de servicios internacionales dejen de ser utilizados para promover la violencia en Colombia. Hace años –décadas– que nuestro país sirve como punto de apoyo a dicha violencia mediante la falta de adecuados controles migratorios, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales. Se trata de negociados infames que han producido fortunas en nuestro medio, mientras contribuyen a desangrar a Colombia y producir inseguridad en la región.

Los intereses nacionales se promueven mediante acciones prudentes, ajustadas al derecho y a las realidades internacionales, cuyo conocimiento es obligación de los gobernantes. Los exabruptos y declaraciones incendiarias no conducen a desenlaces ventajosos.

¿Tendrá que ocurrir una tragedia antes de que lo entiendan los integrantes de nuestra deficiente “clase política”?

Sobre el particular, el vicepresidente Varela, ministro de Relaciones Exteriores, señaló: “Estos acuerdos permitirán contar con recursos de cooperación no reembolsables para apoyar acciones de capacitación, asistencia técnica y equipamiento en las áreas de reformas del sector seguridad [sic], lucha contra el crimen transnacional y fortalecimiento del estado de derecho”.

Según la Cancillería, el vicepresidente “añadió que la cooperación estará enfocada en los esfuerzos de seguridad marítima y fronteriza, y el equipamiento y capacitación para esas tareas, así como en el Proyecto para Mejorar el Entrenamiento en las Academias de Policías, desarrollado en el marco de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI).” CARSI (no lo dice la nota) forma parte del Plan “Mérida”, un programa de cooperación de seguridad entre Estados Unidos, México y los países de América Central anunciado en 2007 y aprobado por el Congreso estadounidense en 2008.

Un análisis de los escasos datos suministrados por la Cancillería genera varias inquietudes. Primeramente, el Gobierno nacional debe proveer el desglose de la donación e indicarnos qué compromisos adquiere Panamá al recibirla y cuál es el cronograma de desembolso. Además, debe informarnos en qué consisten las “acciones de capacitación”, qué funcionarios panameños las recibirán y qué unidades del Gobierno de Estados Unidos las impartirán.

Este aspecto –relativo a entrenamientos– es sumamente importante, al menos por dos motivos. En primer lugar, el adiestramiento que Estados Unidos ofrece en materia de seguridad muchas veces se imparte por unidades de las fuerzas armadas de ese país, frecuentemente con un énfasis unilateral, belicista y de contrainsurgencia.

En ocasiones anteriores, los resultados de estos entrenamientos militares fueron deplorables para el desarrollo democrático y el respeto por los derechos humanos en América Latina. Por ejemplo, los manuales de instrucción de la Escuela de las Américas (hoy llamada “Instituto de Defensa para Cooperación Hemisférica de Seguridad”) incluían la tortura como estrategia de seguridad nacional.

En segundo lugar, si los acuerdos suscritos el 16 de septiembre comprendieran el entrenamiento de personal de nuestra Fuerza Pública por militares estadounidenses, habría que oponerse firmemente a dicha cooperación. “La República de Panamá no tendrá ejército”, estatuye la Constitución vigente en su artículo 310.

Una república sin ejército no puede acceder a que su personal de seguridad reciba entrenamiento militar. “Pero ese adiestramiento viene dándose a miembros de la Fuerza Pública desde 1991 (Betty Brannan Jaén, La Prensa, 13 de agosto de 1995)”. Entre 1999 y 2007, 2 mil 320 funcionarios panameños, supuestamente civiles, fueron entrenados bajo programas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, según estadísticas del propio Departamento.

El tema tiene graves implicaciones. A los militares se los entrena para matar al enemigo en un contexto de guerra. El entrenamiento que corresponde a los cuerpos civiles de seguridad es muy distinto. No se basa en liquidar al delincuente, sino en prevenir la delincuencia y someter a los criminales según lo establece la Ley.

¿Cuáles son los resultados del adiestramiento militar recibido por nuestra Fuerza Pública? Este es otro aspecto fundamental del asunto en consideración.

A pesar de la instrucción impartida por Estados Unidos (y otros países), la Fuerza Pública dista mucho de ser un organismo confiable que contribuye al desarrollo nacional. Por el contrario: resulta evidente que no promueve adecuadamente la seguridad, está penetrada por la ineptitud y la corrupción y tiene en su personal un número importante de agentes abusivos, cuya norma de conducta es la violación de los derechos humanos de muchos ciudadanos conscientes, comprometidos con el bien común y respetuosos de la Ley.

Aunque abundan los ejemplos, vale la pena traer a colación el reciente caso de Carmen Tedman, defensora del medio ambiente en Chiriquí, brutalmente agredida por la Policía Nacional el 20 de septiembre último (La Prensa, 21 de septiembre). A fin de evitar que la militarización de los servicios de seguridad, iniciada hace varios años, termine por reinstaurar un narcomilitarismo corrupto y vesánico en nuestro medio, hay que partir por entregar a la ciudadanía detalles precisos acerca de los programas de adiestramiento para los funcionarios de la Fuerza Pública.

Para conmemorar esa expulsión y “evitar la confusión”, ese tirano ordenó el cierre de todos los periódicos “desde ya”, por siete días. La Guardia Nacional, explica la Dra. Brittmarie Janson Pérez, “cercó La Prensa, golpeó a los empleados mientras los sacaba del edificio, inutilizó el sistema de computadoras tirándole ácido y se llevó archivos, documentos y cheques de la empresa y hasta dinero de la máquina de vender soda” (Panamá Protesta, págs. 133-34).

Si usted no es un viejo desmemoriado (como los del PDC) o un mozo iletrado, producto del deficiente sistema educativo legado a la posteridad por la narcodictadura, recordará muy bien estos incidentes. Por eso –sin duda– le parecerá sumamente paradójico que para divulgar sus mal redactados y peor hilvanados escritos el referido tirano utilice las páginas del diario que él mismo destruyó en 1982.

También le ha de parecer curioso que el presidente de la afección laríngea –responsable de varios abusos, como la salvaje represión de las protestas contra la presencia del sha de Irán en Panamá, en 1979– pretenda hoy erigirse en adalid de la libertad de expresión que tanto ayudó a suprimir durante la dictadura castrense. Vea usted la edición de El Panamá América correspondiente al domingo 10 de octubre para que compruebe hasta dónde llega el cinismo de sujetos como el “presidente” desechable quien, como el tirano que lo botó, obviamente cree que vivimos en un país de mentecatos e ignorantes.

Es imprescindible recordar estos acontecimientos en momentos en que abrimos un nuevo capítulo en la lucha por la libertad de expresión. Porque, apreciado lector, los asedios contra las libertades ciudadanas no ocurren en un vacío. Detrás de ellos hay una oscura historia de proclividades y complicidades que vinculan las sentencias de los tribunales “democráticos” con las ordenanzas de la dictadura, tales como la cancelación de las licencias de radiocomentaristas en 1980, la destrucción de La Prensa en 1982 y muchas otras..

Por desgracia para el país, la “transición democrática” no produjo el rechazo de las actitudes autoritarias que obtuvieron su máxima expresión durante el régimen castrense. La torpeza de la dirigencia política “democrática” permitió que quedaran en pie varios reductos de autoritarismo, particularmente en el Órgano Judicial, el Ministerio Público, los servicios de seguridad y el andamiaje jurídico del Estado.

La pervivencia del espíritu autoritario en el sistema judicial es el trasfondo de los fallos como el que un tribunal emitió la semana pasada contra los periodistas Bacal y González, que no sólo atenta contra la libertad de expresión sino, además, infringe sus derechos humanos más elementales, como el derecho al trabajo consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Art. 23), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (Art. 14), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (Art. 6), la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Protocolo de San Salvador de 1988, Art. 6) y la propia Constitución Política de Panamá (Art. 64).

Estos derechos, violados antaño por el régimen militar, son suprimidos hoy por un sistema judicial engendrado en la dictadura castrense, cuyas actitudes en detrimento de las libertades ciudadanas son intolerables. Simultáneamente, ese mismo sistema ha sido incapaz de proveer justicia en un sinnúmero de hechos delictivos, entre ellos los señalados al inicio de esta columna. Haberlos sometido a juicios justos e imparciales hubiese contribuido significativamente a extirpar las tendencias autoritarias que hoy lamentamos.

Es hora de exigir que las inclinaciones dictatoriales, la ineptitud, la corrupción y el desprecio por la democracia y los derechos humanos dejen de constituir el parámetro operativo del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Al unirse para protestar por los atropellos del sistema judicial, los periodistas del país han dado un paso importante en esa dirección.

Son muchos los abogados y funcionarios públicos, especialmente en el Órgano Judicial y el Ministerio Público, cuya mediocridad y desactualización al respecto de los adelantos jurídicos alcanzados en décadas recientes es patente y vergonzosa. Actúan como el médico que, habiéndose recibido antes de la invención de la penicilina, por mantenerse al margen de los avances de su profesión sigue convencido de que la sangría es el mejor tratamiento contra las infecciones.

La inclinación autoritaria alcanzó su máxima expresión durante la dictadura militar. Como el desalojo de la tiranía no estuvo acompañado de una transformación jurídica ni de sanción social para los abusos del período dictatorial, la nefasta ideología que sustenta el autoritarismo ha permanecido vigente en nuestro medio, a la espera del momento apropiado para afirmarse con osadía.

La corrupción es otro factor que explica el asedio a la libertad. No conviene a los corruptos que se conozcan los detalles de sus venalidades. Por eso, se confabulan con abogados ignorantes y politiqueros autoritarios para mantener las mordazas que impiden la divulgación de sus latrocinios.

El mismo día que publiqué “Libertades bajo asedio”, Freedom House, conocida ONG internacional que da seguimiento a las circunstancias políticas alrededor del mundo, criticó la propuesta de restituir la vía penal en casos de difamación de altos funcionarios públicos. Freedom House también reprobó la condena de los periodistas Bacal y González en un caso de calumnia y exhortó al Gobierno Nacional a adherirse a los parámetros internacionales de respeto a la libertad de expresión, incluyendo la despenalización de la calumnia y la injuria (http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release;=1261).

El 14 de octubre, el Segundo Tribunal Superior de Justicia condenó a 18 meses de prisión al periodista Rafael Antonio Ruiz, de RPC, en otro caso de calumnia (La Prensa, 15 de octubre). El 16 de octubre, la Policía retuvo en un retén al periodista José Otero, de La Prensa, después de que su nombre apareciese –por error de las autoridades judiciales– en el inútil y antidemocrático registro conocido con el nombre repugnante de Pele Police (La Prensa, 17 de octubre).

Mientras algunos voceros de los órganos del Estado aseguran que en Panamá se mantienen incólumes las libertades ciudadanas, el 20 de octubre la ONG internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió su Clasificación Anual de la Libertad de Prensa. De acuerdo con RSF, las condiciones para la libre emisión y recepción de información decayeron en nuestro país durante el año en curso.

Entre 2009 y 2010, Panamá descendió 26 peldaños en la clasificación de RSF, de la posición No. 55 al escaño No. 81. Según la ONG, hay en la actualidad un mejor clima para la libertad de prensa en 80 países del mundo –entre ellos ocho Estados latinoamericanos (Costa Rica, Chile, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Argentina, Haití y Guatemala)– que en Panamá (http://es.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html).

Posteriormente, la edición más reciente de la revista Time (23 de octubre) publicó un reportaje sobre nuestra situación política. El artículo alude a los señalamientos de abuso de poder y ataques a la libertad de expresión sustentados en varias actuaciones judiciales y policiales contra periodistas panameños (Tim Rogers, “Panama’s President: Trying on a Strongman Role?”, http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2026938,00.html).

Time es la revista noticiosa de mayor circulación en el mundo, con una audiencia estimada, por edición, de 25 millones de personas (http://www.timewarner.com/corp/newsroom/pr/0,20812,1977391,00.html). Sus artículos y reportajes tienen influencia en muchos sectores políticos, empresariales y profesionales. Los análisis de RSF y Freedom House también son influyentes, particularmente entre los analistas de riesgo internacional que califican la situación política y económica de los países del mundo.

Son varios los indicios de un retroceso en Panamá. A medida que decae la calidad de la democracia, aumenta la cobertura negativa sobre nuestro país en el extranjero. El Gobierno Nacional haría bien en reconocer el deterioro y rectificar sus actuaciones, antes de que la marcha atrás termine por causar daños irreversibles en el país y erosione el gran potencial para el desarrollo que posee Panamá.

Estas preguntas guardan relación con las actividades y símbolos escogidos para honrar a la república en sus fechas fundacionales. Para expresar su patriotismo, algunas organizaciones recurren a motivos folclóricos. De esa manera vinculan a la Nación con ciertas manifestaciones de la cultura popular y, por añadidura, con principios fundamentales de esa cultura, como la igualdad, la solidaridad y el respeto por la individualidad.

Otras entidades –algunas de ellas insertas en el engranaje estatal– eligen modelos que exaltan valores opuestos. Disfrazan de soldados a sus integrantes, los ponen a marchar a paso de ganso y al son de los ritmos marciales de la dictadura, y los hacen exhibir un arsenal de guerra que no puede ser usado en nuestro medio sino para reprimir las demandas populares (como en Bocas del Toro, en julio pasado). Sus absurdos espectáculos exaltan el militarismo y promueven una fórmula de gobierno basada en la violencia, el atropello y la arbitrariedad.

En los últimos 70 años, la sociedad panameña ha rechazado –repetidamente– el proyecto militarista, mediante jornadas populares, a través de la vía electoral y por medio de instrumentos jurídicos. Históricas fueron las protestas contra el militarismo realizadas en 1947–1949, a lo largo de los años 50 y 60 y –más recientemente– en 1987–1989. Por ello, es paradójico que uno de los cabecillas de este último episodio de repudio a la tiranía castrense sea hoy el ministro de Estado a cargo de los servicios de seguridad que protagonizan los desfiles militares de las fiestas patrias.

Mediante la vía electoral, la ciudadanía panameña se enfrentó con determinación al proyecto militarista en 1952, 1984 y 1989. En las tres ocasiones, el triunfo civilista fue burlado por escandalosas estratagemas de quienes detentaban el poder.

Tras el desalojo de la dictadura castrense, nuestra vocación civilista ha logrado plantearse de manera aún más estructurada a través de varios instrumentos jurídicos.

Por ejemplo, el Decreto de Gabinete #38 de 10 de febrero de 1990, que reorganizó la fuerza pública, reconoció:

“Que es clamor de la abrumadora mayoría del pueblo panameño la exigencia de que no exista un ejército nacional y desaparezcan los vestigios de militarismo con su secuela de violación a los derechos humanos, de represión a la población, de irrespeto a la voluntad popular y las instituciones democráticas previstas ennuestra Constitución y de sobrecargo al erario.”

Ampliamente conocida es la disposición de la Constitución Política mediante la cual “La República de Panamá no tendrá ejército” (Art. 304).

Menos difusión ha recibido la Proclama Conjunta por la Desmilitarización de Centroamérica, emitida por la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso y el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, el 29 de noviembre de 2001.

Pero como uno de los impulsores de dicha declaración ocupa hoy un cargo de mediana jerarquía en el Gobierno Nacional, al menos habrá tenido la oportunidad de alertar a su despistado jefe inmediato sobre el contenido del documento.

“Nuestros pueblos”, explica la proclama, “han sufrido en carne propia las funestas consecuencias del militarismo, cuya secuela de muerte, destrucción y latrocinios ha violado repetidamente los derechos humanos y ha frenado considerablemente el desarrollo de la región.”

Ambos pueblos, señalan los mandatarios, “son también conscientes de que en los albores del tercer milenio, el modelo de seguridad militar, que imperó en el pasado, no sigue siendo funcional para enfrentar con eficiencia las nuevas amenazas que someten la existencia humana a riesgos y peligros de nueva índole”.

Nuestra tradición cultural y la voluntad popular rechazan el militarismo.

Ojalá lo entienda así el presidente Martinelli y aparte de su entorno, de una vez por todas, a quienes insisten en imponerlo.

Muchas mujeres se opusieron a la dictadura militar desde el instante mismo del golpe. Por lo menos una se afilió a la insurgencia panameñista que combatió al régimen castrense en la montaña coclesana. Su lucha tuvo un final trágico: el 1 de febrero de 1969, Dora Moreno –la “Guerrillera Heroica”– fue capturada, torturada, violada y acribillada por elementos de la Guardia Nacional.

Otras –tantas que sus nombres no caben aquí– constituyeron núcleos de resistencia pacífica contra la dictadura. Algunas de ellas pertenecían a la Unión de Ciudadanas de Panamá, agrupación formada por Gladys Jaén de Brannan (madre de la destacada corresponsal de este diario en Washington, Betty Brannan Jaén), quien junto a Aura Emérita Guerra de Villalaz y otras compañeras asumieron posiciones valientes en tiempos de dura represión.

Algunas integrantes de la Unión de Ciudadanas de Panamá iniciaron la publicación de El Grito, un semanario clandestino contra el régimen militar. Como lo expresó Querube Solís de Carles, una de las madres de nuestra democracia:

“La imposición del gobierno de botas y rifles, en 1968, llegó a nuestro país como tormenta inesperada y devastadora… Pero desde sus primeros difíciles días, el espíritu antimilitarista de los panameños se rebela y muy pronto después del golpe un grupo de mujeres comienza a imprimir y a repartir unas hojas opositoras: el periodiquito El Grito” (La Prensa, 18 de enero de 2006).

Fueron incalculables los riesgos que las mujeres de El Grito asumieron en su esfuerzo por informar al público, censurar a la dictadura e impartir lecciones de educación cívica a sus miles de lectores. Tan eficaces fueron en su empeño que los servicios secretos nunca las descubrieron.

En el oscuro cuatrienio comprendido entre 1968 y 1972, El Grito fue una llama que contribuyó a mantener vivo el espíritu democrático en Panamá, según lo exponemos Brittmarie Janson Pérez y este columnista en un artículo de reciente publicación (http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/373.pdf).

Años más tarde se constituyó la Unión Patriótica Femenina, cuyo órgano, ¡Basta!, recriminaba a la dictadura su ejercicio ilegítimo del poder. En 1976, tres de sus integrantes –Fulvia Morales, Blanca de Marchosky y Alma Robles– fueron arrestadas por el G–2 y sometidas a vejámenes en los cuarteles de la dictadura, en represalia por su activismo democrático.

A finales de los años 70, otra organización de mujeres, la Asociación Coordinadora de Civismo y Orientación Nacional (Acción), se creó para exigir la instauración de un sistema democrático. En diciembre de 1979, mientras la Guardia Nacional reprimía con crueldad las manifestaciones contra la presencia del Sha de Irán, Accion –encabezada por María del Pilar de Saavedra, Rosario Arias de Galindo y Carmen de La Lastra (redactora principal de El Grito, años atrás)– criticó la política exterior de la dictadura que convertía al país en santuario para violadores de los derechos humanos.

En la década de los 80, la Unión Nacional Independiente de Acción Democrática (Unidad), formada por mujeres panameñas, protestó repetidamente contra el autoritarismo imperante. Muchos lectores recordarán la concentración diaria que, frente a la sede del Ministerio Público, Unidad llevó a cabo durante meses para pedir el esclarecimiento del crimen de Hugo Spadafora y demás víctimas de la dictadura.

La tiranía respondió a sus demandas de justicia con calumnias y hostigamientos. El 13 de septiembre de 1987, por ejemplo, fueron baldeadas con agua sucia por las huestes del “proceso”.

En otras ocasiones, organizaron y apoyaron la celebración de manifestaciones como la “Marcha de Mujeres Civilistas”, el 4 de julio de 1987, para exigir el reemplazo de la dictadura por un sistema político fundado en normas y prácticas democráticas.

Este Día de la Madre, rindamos tributo a las madres de la democracia panameña, muchas de las cuales sufrieron persecuciones y encarcelamientos por sus esfuerzos para establecer un estado de derecho en nuestro medio. Sus sacrificios sirven de inspiración en momentos en que amplios sectores de la sociedad se preocupan por fortalecer la democracia y el respeto por los derechos humanos en Panamá.

El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos –conocido en nuestro medio con el nombre de “Filós–Hines”, en honor de sus suscriptores: el ministro encargado de Relaciones Exteriores Francisco Filós y el embajador estadounidense Frank Hines– fue firmado en Panamá el 10 de diciembre de 1947 y presentado a la Asamblea Nacional dos días más tarde. Una vez se conoció su contenido, la respuesta popular no se hizo esperar.

Tal cual lo señalan los historiadores Pizzurno y Araúz (Estudios sobre el Panamá republicano, págs. 332-40), grupos de jóvenes y profesionales de inspiración nacionalista, agrupados en la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), el Frente Patriótico de la Juventud, el Magisterio Panameño Unido, la Asociación Nacional de Educadores, la Unión Nacional de Mujeres y otras organizaciones se tomaron las calles de la ciudad.

Bajo el mando de José Antonio Remón, recién nombrado primer comandante de la Policía Nacional, la fuerza pública reprimió las protestas con salvajismo, empleando por primera vez bombas lacrimógenas contra los manifestantes e hiriendo a decenas de ellos, incluyendo al estudiante Sebastián Tapia, quien quedó paralítico como consecuencia de las lesiones recibidas.

El convenio lastimó la conciencia nacionalista porque pretendía prolongar la presencia militar estadounidense fuera de la Zona del Canal. Dicha presencia respondía a las planificaciones estratégicas de Estados Unidos sin tomar en cuenta los intereses nacionales.

Años atrás, ante el aumento de tensiones en Europa y el Pacífico, la administración del presidente Roosevelt había solicitado al gobierno del Dr. Arnulfo Arias el establecimiento de sitios de defensa en varios puntos del territorio nacional. El presidente Arias propuso la reconsideración de algunos aspectos de la solicitud, excesivamente onerosos para Panamá, lo que no satisfizo a Estados Unidos.

Luego del desalojo del Dr. Arias en octubre de 1941, el gobierno de facto que lo sucedió –encabezado por Ricardo Adolfo de la Guardia– firmó con Estados Unidos el Convenio de Bases de 1942, que permitió a Estados Unidos erigir 114 sitios de defensa fuera de la Zona del Canal, entonces, bajo jurisdicción estadounidense. Según los términos del acuerdo, la ocupación extranjera de esas bases terminaría un año después de que concluyera la guerra mundial.

Tras la rendición de las potencias del Eje en 1945, los grupos nacionalistas panameños esperaban la clausura de los sitios de defensa. Estados Unidos, sin embargo, deseaba prolongar su ocupación, lo que coincidía con las aspiraciones de algunos sectores económicos en Panamá, a los que la presencia estadounidense producía réditos.

Apoyados en la Policía Nacional, esos sectores deseaban imponer sus intereses. Pero la represión policial no consiguió amilanar el ánimo nacionalista, que finalmente prevaleció y condujo al rechazo unánime del convenio por la Asamblea Nacional. “Ha nacido la Segunda República, una República libre de ataduras intervencionistas”, exclamó entonces Carlos Iván Zúñiga, presidente de la FEP (La Prensa, 17 de diciembre de 2005).

La jornada nacionalista de 1947 provee importantes lecciones. Hoy como ayer, es necesario instituir un sistema de representación democrática que permita definir adecuadamente los intereses nacionales y evite que objetivos particulares o foráneos, contrarios al bienestar general, se impongan en la agenda pública.

En última instancia y a pesar de las presiones del Ejecutivo, así actuó la Asamblea Nacional de la época, salvaguardando el bienestar colectivo, lo que indica que operaba con cierto grado de autonomía, factor fundamental para el mantenimiento del gobierno republicano.

El carácter civilista del nacionalismo panameño –no solo opuesto a la presencia militar estadounidense sino, además, a la militarización de la fuerza pública– también se manifestó en diciembre de 1947. Sin embargo, apoyada por Estados Unidos, la fuerza pública seguiría militarizándose hasta convertirse en el centro del poder político durante la dictadura castrense.

La militarización de los servicios de seguridad produce efectos dañinos sobre la salud de la sociedad. Entre sus principales efectos están la restricción de los espacios para la expresión individual y colectiva y el incremento en los niveles de violencia mediante el uso desmedido de la fuerza. Esta es otra de las lecciones importantes de 1947 que no podemos olvidar.

El lunes se supo que Insulza no aspirará a la Presidencia de Chile en esta vuelta, lo que disipó –por el momento– las pretensiones del representante panameño en la OEA. En el ínterin, sin embargo, las intenciones de Royo, una vez conocidas, ocasionaron gran indignación en Panamá. Sus calificaciones para representarnos en un organismo internacional que tiene la misión de “promover y consolidar la democracia representativa” en la región, según lo expresa la Carta de la OEA (Art. 2), han sido harto cuestionadas, sobre todo en los últimos días.

Royo inició su carrera política a raíz del golpe castrense de 1968, que abolió todo vestigio de democracia representativa en Panamá y persiguió, torturó y asesinó a cientos de personas. En 1972 fue miembro de la comisión redactora de la constitución impuesta por los militares, cuyo artículo 277 declaró a Omar Torrijos “jefe de gobierno” y le otorgó poderes omnímodos, criticados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en su Informe de país sobre Panamá (1978).

En 1973 Torrijos lo nombró ministro de Educación. En el ejercicio de ese cargo contribuyó a la politización y deterioro del sistema educativo, cuyas consecuencias son cada vez más evidentes. En 1977, fue negociador de los tratados del Canal, incluyendo el tratado Torrijos–Carter de neutralidad, que concede a Estados Unidos un supuesto derecho de intervención en Panamá.

El 11 de octubre de 1978, Omar Torrijos lo hizo escoger “presidente de la República” por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. En el Informe de país arriba mencionado, publicado pocos meses antes, la CIDH estableció que el régimen castrense al cual servía Royo ejercía “sus poderes en una forma muy arbitraria, lo cual resulta en graves violaciones a los derechos humanos fundamentales”.

Esas violaciones no cesaron bajo la presidencia de Royo. Durante el gobierno que encabezó, agentes estatales encubrieron a los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos previamente, como la desaparición forzada de Rita Wald (1977) y los asesinatos de Jorge Camacho y Demóstenes Rodríguez (1978), dirigentes estudiantiles. Así lo establece el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2002). Dichos encubrimientos violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y otros instrumentos del Sistema Interamericano que promueve la OEA.

Tras la revolución iraní de 1979, Panamá dio asilo al depuesto gobernante Mohamed Reza Pahlevi –sha de Irán y autodenominado “rey de reyes”– cuyo régimen, como la dictadura panameña, estuvo caracterizado por la represión y la corrupción. La decisión de acoger a Pahlevi produjo protestas ciudadanas que fueron reprimidas con extraordinaria violencia.

Entre otros opositores al régimen, el Dr. Miguel Antonio Bernal, catedrático de derecho y actual candidato a alcalde de Panamá, recibió una monstruosa paliza a manos de miembros de la seguridad del Estado. Las imágenes de esa represión merecen ser divulgadas ampliamente en todos los Estados miembros de la OEA, como testimonio del desprecio del gobierno de turno por los derechos humanos (ver: http://www.youtube.com/watch?v=wmp_GHsWjsM).

Durante su presidencia, que terminó en 1982 tras su despido por el jefe militar Rubén Paredes, Royo tuvo acceso a una partida reservada de 17 millones de dólares. Según el ex contralor Rubén Darío Carles, quien hizo la revelación en 1990 en La Prensa, éste y otros fondos creados durante el régimen militar en varias oficinas públicas “fueron manejados personalmente por los titulares de dichos cargos” y su control “estaba fuera de toda posible verificación oficial”.

La sociedad panameña tiene la legítima aspiración de contar, en la administración pública, con personal idóneo, honrado, con vocación de servicio y sólida formación democrática. Un funcionariado público sin esas calificaciones reduce nuestras posibilidades de desarrollo y menoscaba el prestigio de la nación. Ya es tiempo de que descartemos, del sector público, a los partidarios del autoritarismo, los aprovechadores del erario y los cómplices de la dictadura.

Más inteligentemente puede describirse el pacto opositor como un freno al fraude. El PRD no quería la alianza porque le complica el triunfo. Con tres candidatos en la oposición, era más fácil cocinar los votos para arreglarle una “victoria” a la Chola. Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela se percataron de esto a tiempo.

Varela explicó que tomó la decisión de aliarse con Martinelli en la feria de Ocú, “donde miembros del equipo de seguridad de la candidata Herrera amenazaron a una joven de Cambio Democrático”. Ese incidente lo hizo reflexionar: “Un resultado cerrado en la elección abría la posibilidad de que el PRD intentara hacer lo que hizo en 1984 y 1989” (La Prensa, 31 de enero).

Frente a ese peligro, la alianza opositora era la única respuesta sensata. Infortunadamente, quedaron fuera del pacto algunos sectores y no fue posible acordar candidaturas únicas para todos los puestos de elección, particularmente para la Alcaldía de Panamá. Miguel Antonio Bernal es, con creces, el aspirante más calificado para ese cargo; hubiese sido muy oportuno que todos los partidos de oposición lo apoyaran.

Lograda la alianza, no se puede bajar la guardia. Hay varios frentes en los que debe actuarse simultáneamente. En el campo electoral, hay que anticipar y saber responder a las tropelías del PRD y su satélite, el Tribunal Electoral. Porque al verse perdidos, pueden hasta suspender o anular las elecciones, como lo hicieron en 1989.

También hay que salirle al paso a la infiltración por el PRD, pues los jerarcas de ese partido, artífices del desastre nacional, intentarán entenderse con la oposición –si no lo han intentado ya– usando de comodín sus supuestas posibilidades de “facilitar” el triunfo y la transición al poder. Esas pretensiones deben ser rechazadas con firmeza, porque lo único que buscan es garantizarles impunidad a los saqueadores de la “patria nueva”, sin ningún beneficio para el país.

El aspecto programático es sumamente importante, lo mismo que la asignación de personal idóneo para el ejercicio de funciones gubernamentales. La fase electoral es efímera; el verdadero reto del estadista no es tanto alcanzar el poder como gobernar adecuadamente. Para lograrlo se necesitan planes coherentes y colaboradores competentes.

Martinelli ha prometido que gobernará “con los mejores, vengan de donde vengan” (La Estrella de Panamá, 30 de enero). Ese –junto con la integridad personal y una sólida vocación democrática– debe ser el criterio para la selección de personal y no el amiguismo o la partidocracia.

A fin de incorporar al pobre al desarrollo nacional, afianzar el sistema democrático y evitar un estallido social que conduzca al radicalismo, atender la enorme deuda social que ha dejado el PRD debe ser la prioridad del próximo gobierno. Como lo expresó en este diario hace unos años el Dr. Carlos Iván Zúñiga, citando al caudillo colombiano Jorge Eliécer Gaitán, hay que darle “un giro social a la democracia”. Es el tiempo de la democracia económica, “la que viste a los pueblos pobres de justicia social” (La Prensa, 8 de abril de 2006).

Con ese propósito, urge reestructurar y ampliar los programas sociales, depurándolos del clientelismo nauseabundo de que los ha impregnado el PRD. Es en ese ramo donde la participación del Partido Panameñista, por su historia de luchas en beneficio de las clases excluidas, puede ser más efectiva.

El partido y su presidente –Varela– deben convertirse en garantes de la justicia social y la efectiva ejecución de los programas sociales del gobierno de Martinelli. No dejen pasar la oportunidad para servir al país, que una vez más se les presenta en bandeja de plata.

Más inteligentemente puede describirse el pacto opositor como un freno al fraude. El PRD no quería la alianza porque le complica el triunfo. Con tres candidatos en la oposición, era más fácil cocinar los votos para arreglarle una “victoria” a la Chola. Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela se percataron de esto a tiempo.

Varela explicó que tomó la decisión de aliarse con Martinelli en la feria de Ocú, “donde miembros del equipo de seguridad de la candidata Herrera amenazaron a una joven de Cambio Democrático”. Ese incidente lo hizo reflexionar: “Un resultado cerrado en la elección abría la posibilidad de que el PRD intentara hacer lo que hizo en 1984 y 1989” (La Prensa, 31 de enero).

Frente a ese peligro, la alianza opositora era la única respuesta sensata. Infortunadamente, quedaron fuera del pacto algunos sectores y no fue posible acordar candidaturas únicas para todos los puestos de elección, particularmente para la Alcaldía de Panamá. Miguel Antonio Bernal es, con creces, el aspirante más calificado para ese cargo; hubiese sido muy oportuno que todos los partidos de oposición lo apoyaran.

Lograda la alianza, no se puede bajar la guardia. Hay varios frentes en los que debe actuarse simultáneamente. En el campo electoral, hay que anticipar y saber responder a las tropelías del PRD y su satélite, el Tribunal Electoral. Porque al verse perdidos, pueden hasta suspender o anular las elecciones, como lo hicieron en 1989.

También hay que salirle al paso a la infiltración por el PRD, pues los jerarcas de ese partido, artífices del desastre nacional, intentarán entenderse con la oposición –si no lo han intentado ya– usando de comodín sus supuestas posibilidades de “facilitar” el triunfo y la transición al poder. Esas pretensiones deben ser rechazadas con firmeza, porque lo único que buscan es garantizarles impunidad a los saqueadores de la “patria nueva”, sin ningún beneficio para el país.

El aspecto programático es sumamente importante, lo mismo que la asignación de personal idóneo para el ejercicio de funciones gubernamentales. La fase electoral es efímera; el verdadero reto del estadista no es tanto alcanzar el poder como gobernar adecuadamente. Para lograrlo se necesitan planes coherentes y colaboradores competentes.

Martinelli ha prometido que gobernará “con los mejores, vengan de donde vengan” (La Estrella de Panamá, 30 de enero). Ese –junto con la integridad personal y una sólida vocación democrática– debe ser el criterio para la selección de personal y no el amiguismo o la partidocracia.

A fin de incorporar al pobre al desarrollo nacional, afianzar el sistema democrático y evitar un estallido social que conduzca al radicalismo, atender la enorme deuda social que ha dejado el PRD debe ser la prioridad del próximo gobierno. Como lo expresó en este diario hace unos años el Dr. Carlos Iván Zúñiga, citando al caudillo colombiano Jorge Eliécer Gaitán, hay que darle “un giro social a la democracia”. Es el tiempo de la democracia económica, “la que viste a los pueblos pobres de justicia social” (La Prensa, 8 de abril de 2006).

Con ese propósito, urge reestructurar y ampliar los programas sociales, depurándolos del clientelismo nauseabundo de que los ha impregnado el PRD. Es en ese ramo donde la participación del Partido Panameñista, por su historia de luchas en beneficio de las clases excluidas, puede ser más efectiva.

El partido y su presidente –Varela– deben convertirse en garantes de la justicia social y la efectiva ejecución de los programas sociales del gobierno de Martinelli. No dejen pasar la oportunidad para servir al país, que una vez más se les presenta en bandeja de plata.

En lo atinente al derecho a elegir, con bastante razón se habla de las elecciones en Panamá como una farsa. Francamente, es difícil caracterizarlas de otra forma, cuando la libre emisión de la voluntad popular es vulnerada por el clientelismo rampante, la compra de votos, el traslado de electores a otros circuitos, la intimidación de votantes, la alteración de actas, el doble conteo de sufragios para diputados en los circuitos plurinominales, las impugnaciones espurias, las leguleyadas chabacanas (como la desnacionalización de Haydée Milanés), el uso descarado de recursos públicos para promover candidaturas adictas al oficialismo y la desfachatada intervención de altos funcionarios en las campañas electorales, todo lo cual ocurre con el beneplácito del Tribunal y la Fiscalía Electoral.

Hay evidencias de sobra acerca de estas conductas que menoscaban la transparencia y legitimidad de las elecciones en Panamá. Para muestra un botón en esta época de desesperación oficialista: el apoyo que el Presidente de la República manifiesta en público a la candidatura de Balbina Herrera. Sobre el particular, el Dr. Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, ha advertido al mandatario que el artículo 136 de la Constitución Política “prohíbe a las autoridades el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fuere por medios velados” (La Prensa, 13 de febrero).

En cuanto al derecho a ser elegido, la legislación electoral, engendrada en –y heredada de– la dictadura militar, concentra todas las posibilidades en las cúpulas de los partidos reconocidos por el Tribunal Electoral. Se trata de una legislación excluyente y antidemocrática, la cual impide que personas independientes puedan ser candidatos a puestos de elección.

La mercantilización de los comicios es un efecto adicional derivado de la normativa legal y de las prácticas antidemocráticas patrocinadas por el Tribunal Electoral. Alcanzar un puesto de elección popular es imposible en Panamá para un individuo que no tenga cientos de miles en el banco o padrinos poderosos (como estafadores, contrabandistas y narcotraficantes) que le permitan financiar el costo escandaloso de una campaña electoral.

Desde esa perspectiva, las candidaturas independientes representan una amenaza a un statu quo caracterizado por los ríos de dinero, la corrupción, la mediocridad y el desprecio al bien común. Por ello se les pone toda clase de obstáculos.

En esta vuelta, por ejemplo, hemos sido testigos de los impedimentos que el Tribunal Electoral ha puesto a las aspiraciones del profesor Juan Jované. Al respecto, lo relevante no es la posición política del aspirante, ni cuál es el candidato de mi preferencia (que no es Jované) o la de usted, sino el derecho a ser elegido: un asunto de principios, que en un régimen democrático debe motivar a todo ciudadano, independientemente de sus inclinaciones ideológicas. Ese derecho está estatuido en la Constitución y en un sinnúmero de declaraciones y convenios internacionales, cuyas disposiciones son de obligatorio cumplimiento en el Estado panameño.

El más reciente atentado contra la democracia electoral en Panamá es la admisión de la impugnación a la candidatura del Dr. Miguel Antonio Bernal a alcalde de Panamá en la nómina del partido Unión Patriótica. La demanda debió ser desestimada, como lo ha explicado el abogado Hernán García, apoderado de Unión Patriótica, por inviable, extemporánea y defectuosa (TVN Noticias, 13 de febrero). Ninguna de esas características, sin embargo, fue óbice para su instantánea admisión por el más pulcro y competente de los tribunales panameños.

No sería extraño que se pretendiera usar este artilugio para descartar la candidatura de Bernal. Eso les permitiría dormir tranquilos a quienes están interesados en mantener el negociado de la politiquería, la corrupción y la injusticia. Mitigarían así el riesgo de que asuma la alcaldía un ciudadano independiente, ilustrado, honesto, eficiente y comprometido con el bienestar del pueblo panameño.

Toca ahora a los capitalinos defender su derecho de elegir al candidato que más les conviene, frente a los desmanes de una autoridad electoral a todas luces antidemocrática.

En lo atinente al derecho a elegir, con bastante razón se habla de las elecciones en Panamá como una farsa. Francamente, es difícil caracterizarlas de otra forma, cuando la libre emisión de la voluntad popular es vulnerada por el clientelismo rampante, la compra de votos, el traslado de electores a otros circuitos, la intimidación de votantes, la alteración de actas, el doble conteo de sufragios para diputados en los circuitos plurinominales, las impugnaciones espurias, las leguleyadas chabacanas (como la desnacionalización de Haydée Milanés), el uso descarado de recursos públicos para promover candidaturas adictas al oficialismo y la desfachatada intervención de altos funcionarios en las campañas electorales, todo lo cual ocurre con el beneplácito del Tribunal y la Fiscalía Electoral.

Hay evidencias de sobra acerca de estas conductas que menoscaban la transparencia y legitimidad de las elecciones en Panamá. Para muestra un botón en esta época de desesperación oficialista: el apoyo que el Presidente de la República manifiesta en público a la candidatura de Balbina Herrera. Sobre el particular, el Dr. Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, ha advertido al mandatario que el artículo 136 de la Constitución Política “prohíbe a las autoridades el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fuere por medios velados” (La Prensa, 13 de febrero).

En cuanto al derecho a ser elegido, la legislación electoral, engendrada en –y heredada de– la dictadura militar, concentra todas las posibilidades en las cúpulas de los partidos reconocidos por el Tribunal Electoral. Se trata de una legislación excluyente y antidemocrática, la cual impide que personas independientes puedan ser candidatos a puestos de elección.

La mercantilización de los comicios es un efecto adicional derivado de la normativa legal y de las prácticas antidemocráticas patrocinadas por el Tribunal Electoral. Alcanzar un puesto de elección popular es imposible en Panamá para un individuo que no tenga cientos de miles en el banco o padrinos poderosos (como estafadores, contrabandistas y narcotraficantes) que le permitan financiar el costo escandaloso de una campaña electoral.

Desde esa perspectiva, las candidaturas independientes representan una amenaza a un statu quo caracterizado por los ríos de dinero, la corrupción, la mediocridad y el desprecio al bien común. Por ello se les pone toda clase de obstáculos.

En esta vuelta, por ejemplo, hemos sido testigos de los impedimentos que el Tribunal Electoral ha puesto a las aspiraciones del profesor Juan Jované. Al respecto, lo relevante no es la posición política del aspirante, ni cuál es el candidato de mi preferencia (que no es Jované) o la de usted, sino el derecho a ser elegido: un asunto de principios, que en un régimen democrático debe motivar a todo ciudadano, independientemente de sus inclinaciones ideológicas. Ese derecho está estatuido en la Constitución y en un sinnúmero de declaraciones y convenios internacionales, cuyas disposiciones son de obligatorio cumplimiento en el Estado panameño.

El más reciente atentado contra la democracia electoral en Panamá es la admisión de la impugnación a la candidatura del Dr. Miguel Antonio Bernal a alcalde de Panamá en la nómina del partido Unión Patriótica. La demanda debió ser desestimada, como lo ha explicado el abogado Hernán García, apoderado de Unión Patriótica, por inviable, extemporánea y defectuosa (TVN Noticias, 13 de febrero). Ninguna de esas características, sin embargo, fue óbice para su instantánea admisión por el más pulcro y competente de los tribunales panameños.

No sería extraño que se pretendiera usar este artilugio para descartar la candidatura de Bernal. Eso les permitiría dormir tranquilos a quienes están interesados en mantener el negociado de la politiquería, la corrupción y la injusticia. Mitigarían así el riesgo de que asuma la alcaldía un ciudadano independiente, ilustrado, honesto, eficiente y comprometido con el bienestar del pueblo panameño.

Toca ahora a los capitalinos defender su derecho de elegir al candidato que más les conviene, frente a los desmanes de una autoridad electoral a todas luces antidemocrática.

Tenemos, en la actualidad, un país de locos. ¿Quién que esté en posesión de sus cinco sentidos puede pensar que el transporte, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, la infraestructura pública y la calidad de los servicios de salud y educación en Panamá son para gente cuerda? Por acción u omisión, en todo aquello tiene metidas sus garras sucias y ensangrentadas el PRD. La “patria nueva” nos ha llevado a la locura.

¿Y qué decir del endeudamiento estatal? De ello se habla muy poco y con pésimo criterio, pero si revisamos sus pormenores es cosa de locos. No sería extraño descubrir en ese renglón un tremebundo caso de cleptomanía. Porque mil 400 millones de balboas, que es lo que según el Ministerio de Economía y Finanzas ha aumentado la deuda pública entre el momento en que Mireya dejó el gobierno y el 31 de enero de 2009, no se fuman en pipa.

Se trata de 26 millones de balboas por mes. ¿En qué se ha gastado esa plata? Una de las tareas iniciales de Martinelli será ordenar una auditoría prolija de la deuda pública. Cuando comencemos a sufrir las consecuencias de la contracción que The Economist predice para 2009 (La Prensa, 6 de marzo), los escandalosos niveles de endeudamiento a que nos ha catapultado el PRD tendrán efectos negativos sobre las posibilidades del próximo gobierno.

Y no hablemos de corrupción. El HP-1430, la casa de Punta Mala y los “durodólares” –a cuya presencia en una nevera aludía Martín, como disco rayado, en su propaganda chapucera contra la corrupción– son un detalle ridículo al lado de la histórica y permanente venalidad perrediana, cuyo repertorio incluye ahora la tragicomedia –no de Calisto y Melibea– sino de la chola ricachona, el bobo de la yuca, el muñeco que pasea y el hombre de la colita.

Ese gatuperio sobre “inversiones” en la campaña perredista, que es la esencia de la tragicomedia, causó la descompostura de la candidata oficialista en el “reality show” de Casimiro: un colapso nervioso nada digno de quien pretende dirigir los destinos de un Estado, pero sí muy a propósito de quien aspira a una actuación telenovelesca de cuarta categoría.

Un “pasado oscuro” (como lo describió el alcalde licenciado en una cuña televisiva de gran circulación) también contribuye a explicar la ascendencia de Martinelli en las preferencias del público votante. “La memoria es más fuerte que el olvido”, solía decir el Dr. Carlos Iván Zúñiga. El recuerdo del historial de su candidata conducirá al PRD a un apoteósico descalabro en la elección presidencial.

Y eso que la campaña no se ha centrado en los estrechos vínculos entre Noriega y la hija del proceso, ni su comparecencia como testigo número 13 en el juicio de Miami (tema al que se refirió Betty Brannan en su interesante columna del domingo último) ni en sus actividades represivas en el Distrito Especial de San Miguelito ni en la proveniencia de los millones que ha declarado tener, ni en su estabilidad emocional ante situaciones críticas.

¿Qué nos depararía un gobierno presidido por ella? ¿Estallidos de furia leonina cada vez que se encuentre en apuros? ¿Manotazos y puñetazos contra sus adversarios, como los que le propinó al diputado Guillén durante la torodictadura? ¿Ataques de histeria con llanto descontrolado? ¿O represión autoritaria de todo lo que se oponga a sus caprichos, como corresponde a la génesis cuartelaria de ella y su compinche Triple D?

El país que tenemos hoy es una verdadera locura. La corrupción generalizada, la falta de respeto a los problemas del pueblo, la destrucción de la institucionalidad democrática, el endeudamiento alarmante y la nefasta candidatura de Balbina explican por qué el electorado está loco por el cambio que representa Martinelli. Tan sencillo como eso.

Tenemos, en la actualidad, un país de locos. ¿Quién que esté en posesión de sus cinco sentidos puede pensar que el transporte, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, la infraestructura pública y la calidad de los servicios de salud y educación en Panamá son para gente cuerda? Por acción u omisión, en todo aquello tiene metidas sus garras sucias y ensangrentadas el PRD. La “patria nueva” nos ha llevado a la locura.

¿Y qué decir del endeudamiento estatal? De ello se habla muy poco y con pésimo criterio, pero si revisamos sus pormenores es cosa de locos. No sería extraño descubrir en ese renglón un tremebundo caso de cleptomanía. Porque mil 400 millones de balboas, que es lo que según el Ministerio de Economía y Finanzas ha aumentado la deuda pública entre el momento en que Mireya dejó el gobierno y el 31 de enero de 2009, no se fuman en pipa.

Se trata de 26 millones de balboas por mes. ¿En qué se ha gastado esa plata? Una de las tareas iniciales de Martinelli será ordenar una auditoría prolija de la deuda pública. Cuando comencemos a sufrir las consecuencias de la contracción que The Economist predice para 2009 (La Prensa, 6 de marzo), los escandalosos niveles de endeudamiento a que nos ha catapultado el PRD tendrán efectos negativos sobre las posibilidades del próximo gobierno.

Y no hablemos de corrupción. El HP-1430, la casa de Punta Mala y los “durodólares” –a cuya presencia en una nevera aludía Martín, como disco rayado, en su propaganda chapucera contra la corrupción– son un detalle ridículo al lado de la histórica y permanente venalidad perrediana, cuyo repertorio incluye ahora la tragicomedia –no de Calisto y Melibea– sino de la chola ricachona, el bobo de la yuca, el muñeco que pasea y el hombre de la colita.

Ese gatuperio sobre “inversiones” en la campaña perredista, que es la esencia de la tragicomedia, causó la descompostura de la candidata oficialista en el “reality show” de Casimiro: un colapso nervioso nada digno de quien pretende dirigir los destinos de un Estado, pero sí muy a propósito de quien aspira a una actuación telenovelesca de cuarta categoría.

Un “pasado oscuro” (como lo describió el alcalde licenciado en una cuña televisiva de gran circulación) también contribuye a explicar la ascendencia de Martinelli en las preferencias del público votante. “La memoria es más fuerte que el olvido”, solía decir el Dr. Carlos Iván Zúñiga. El recuerdo del historial de su candidata conducirá al PRD a un apoteósico descalabro en la elección presidencial.

Y eso que la campaña no se ha centrado en los estrechos vínculos entre Noriega y la hija del proceso, ni su comparecencia como testigo número 13 en el juicio de Miami (tema al que se refirió Betty Brannan en su interesante columna del domingo último) ni en sus actividades represivas en el Distrito Especial de San Miguelito ni en la proveniencia de los millones que ha declarado tener, ni en su estabilidad emocional ante situaciones críticas.

¿Qué nos depararía un gobierno presidido por ella? ¿Estallidos de furia leonina cada vez que se encuentre en apuros? ¿Manotazos y puñetazos contra sus adversarios, como los que le propinó al diputado Guillén durante la torodictadura? ¿Ataques de histeria con llanto descontrolado? ¿O represión autoritaria de todo lo que se oponga a sus caprichos, como corresponde a la génesis cuartelaria de ella y su compinche Triple D?

El país que tenemos hoy es una verdadera locura. La corrupción generalizada, la falta de respeto a los problemas del pueblo, la destrucción de la institucionalidad democrática, el endeudamiento alarmante y la nefasta candidatura de Balbina explican por qué el electorado está loco por el cambio que representa Martinelli. Tan sencillo como eso.

Hoy, la inmensa mayoría de los panameños está loca por el cambio. Ello es así por los cerros de corrupción, la viajadera imparable (antes del 1 de julio habrá viajado cien veces, nos lo ha advertido su ampulosa consorte), la rampante inseguridad, el alza incontenible en el costo de la vida, las continuas violaciones a los derechos de la población y el deterioro incesante en los servicios públicos como el transporte, la educación y la salud. Y, por supuesto, las inclinaciones militaristas del “muñeco que pasea”.

A través de su estrategia de “tira la piedra y esconde la mano”, el susodicho muñeco ha hecho lo posible por reconstituir el ejército de papá Omar, el gorila Rubén y tío Tony. En ese empeño, hasta violó la ley, al nombrar a un uniformado en la dirección de la fuerza pública. En contubernio con Balbina, le encargó la remilitarización a un sujeto sangriento y mitómano, cuyo pasado insepulto ha quedado al descubierto en Panamá Viejo.

He allí la “patria nueva” de Martín y Balbina, quienes en su desesperación por seguir en el poder se han puesto a repartir “chocolates, galletas y suéteres”, lo mismo que “docenas de huevos y botellas de aceite para cocinar” en los barrios marginales (La Prensa, 29 de marzo), en vano intento por ganarse la simpatía de un pueblo que no ha recibido más que golpes y porrazos durante cinco años de vomitivo desgobierno. Esa es la “patria nueva”: clientelismo y compra de votos, venalidad y militarismo, y sometimiento de todos los órganos de gobierno a los caprichos de una cúpula ambiciosa e insaciable. “Patria nueva” es tiranía.

Con su cara de “yo–no–fui”, el muñeco que pasea controla la Asamblea Nacional, degradado apéndice del Ejecutivo; la Corte Suprema de (in)Justicia, disminuida sucursal del “palacio” de Las Garzas; y la mayoría de los gobiernos municipales, que han sido despojados de toda autonomía e iniciativa. Se tomó el Ministerio Público (cuyos titulares le hacen los mandados con abyección), lo desmembró y se llevó la PTJ para su feudo en Gobierno y Justicia.

Controla absolutamente el Tribunal Electoral y es allí desde donde la “patria nueva” puede herir de muerte a la República. Es verdaderamente insólito que los panameños hayamos sido tan pusilánimes como para permitir que un partido político –y, sobre todo, uno con el prontuario delictivo del PRD– controle exclusivamente el organismo que tiene a su cargo la organización de las elecciones y la adjudicación de las controversias electorales. En otro país, semejante usurpación hubiese generado un levantamiento ciudadano de enormes proporciones.

Los tres magistrados fueron servidores de la narcodictadura como hoy lo son de la “patria nueva”. Así lo demuestran sus decisiones antidemocráticas, como las que han impuesto contra las candidaturas independientes a la Presidencia de la República y la nómina entera de candidatos de Cambio Democrático al Parlacen. Y sabe Dios qué sorpresa nos han preparado para el 3 de mayo, no solo en la elección presidencial, sino también en la de diputados y gobiernos municipales.

La “patria nueva” está podrida. Pero Torrijos, Balbina y el Tribunal Electoral intentan mantenerla vigente a toda costa. Si el PRD, con su histórica conducta fraudulenta, atenta contra la voluntad popular en las próximas elecciones, dará al traste con lo poco que nos queda de gobierno republicano y democrático. Hay que advertirlo desde ahora y prepararnos para impedir ese desenlace funesto.

Hoy, la inmensa mayoría de los panameños está loca por el cambio. Ello es así por los cerros de corrupción, la viajadera imparable (antes del 1 de julio habrá viajado cien veces, nos lo ha advertido su ampulosa consorte), la rampante inseguridad, el alza incontenible en el costo de la vida, las continuas violaciones a los derechos de la población y el deterioro incesante en los servicios públicos como el transporte, la educación y la salud. Y, por supuesto, las inclinaciones militaristas del “muñeco que pasea”.

A través de su estrategia de “tira la piedra y esconde la mano”, el susodicho muñeco ha hecho lo posible por reconstituir el ejército de papá Omar, el gorila Rubén y tío Tony. En ese empeño, hasta violó la ley, al nombrar a un uniformado en la dirección de la fuerza pública. En contubernio con Balbina, le encargó la remilitarización a un sujeto sangriento y mitómano, cuyo pasado insepulto ha quedado al descubierto en Panamá Viejo.

He allí la “patria nueva” de Martín y Balbina, quienes en su desesperación por seguir en el poder se han puesto a repartir “chocolates, galletas y suéteres”, lo mismo que “docenas de huevos y botellas de aceite para cocinar” en los barrios marginales (La Prensa, 29 de marzo), en vano intento por ganarse la simpatía de un pueblo que no ha recibido más que golpes y porrazos durante cinco años de vomitivo desgobierno. Esa es la “patria nueva”: clientelismo y compra de votos, venalidad y militarismo, y sometimiento de todos los órganos de gobierno a los caprichos de una cúpula ambiciosa e insaciable. “Patria nueva” es tiranía.

Con su cara de “yo–no–fui”, el muñeco que pasea controla la Asamblea Nacional, degradado apéndice del Ejecutivo; la Corte Suprema de (in)Justicia, disminuida sucursal del “palacio” de Las Garzas; y la mayoría de los gobiernos municipales, que han sido despojados de toda autonomía e iniciativa. Se tomó el Ministerio Público (cuyos titulares le hacen los mandados con abyección), lo desmembró y se llevó la PTJ para su feudo en Gobierno y Justicia.

Controla absolutamente el Tribunal Electoral y es allí desde donde la “patria nueva” puede herir de muerte a la República. Es verdaderamente insólito que los panameños hayamos sido tan pusilánimes como para permitir que un partido político –y, sobre todo, uno con el prontuario delictivo del PRD– controle exclusivamente el organismo que tiene a su cargo la organización de las elecciones y la adjudicación de las controversias electorales. En otro país, semejante usurpación hubiese generado un levantamiento ciudadano de enormes proporciones.

Los tres magistrados fueron servidores de la narcodictadura como hoy lo son de la “patria nueva”. Así lo demuestran sus decisiones antidemocráticas, como las que han impuesto contra las candidaturas independientes a la Presidencia de la República y la nómina entera de candidatos de Cambio Democrático al Parlacen. Y sabe Dios qué sorpresa nos han preparado para el 3 de mayo, no solo en la elección presidencial, sino también en la de diputados y gobiernos municipales.

La “patria nueva” está podrida. Pero Torrijos, Balbina y el Tribunal Electoral intentan mantenerla vigente a toda costa. Si el PRD, con su histórica conducta fraudulenta, atenta contra la voluntad popular en las próximas elecciones, dará al traste con lo poco que nos queda de gobierno republicano y democrático. Hay que advertirlo desde ahora y prepararnos para impedir ese desenlace funesto.

Como es “ciudadano panameño” sabrá que los jerarcas del Tribunal provienen de partidos que han recurrido a la violencia electoral. El magistrado que más tiempo lleva en el cargo pertenecía al Pala, partido personal de Noriega, que participó en las actividades terroristas de 1984 y 1989.

Los diarios han divulgado numerosos “favores” que el susodicho ha recibido del PRD, incluyendo nombramientos de parientes en el servicio exterior (Crítica Libre, 30 de julio de 1998). En 2006 afirmó no haber tomado “vacaciones completas” en 16 años, por lo cual reclamó el pago de 135 mil balboas (La Prensa, 10 de febrero de 2006).

En 2004, adornó su entrega de credenciales al presidente electo con temas propagandísticos “propios de la campaña proselitista de Torrijos”. Alguien comentó que con ese “sí se puede” buscaba su propia reelección, lo que ocurrió poco después, cuando –sorpresivamente– fue renovado en el cargo por 10 años (La Prensa, 30 de diciembre de 2006).

El que le sigue en antigüedad fue miembro del PRD hasta que ese partido lo catapultó al Tribunal Electoral, en 1996. Antes fue secretario de la Asamblea en dos períodos, incluyendo uno en el cual 12 de las 67 curules de la cámara fueron fraudulentamente asignadas al PRD y el Pala, según el finado jurista César Quintero (La Prensa, 17 de abril de 1990).

En 2006 reclamó el pago de 85 mil balboas por vacaciones “no tomadas” (La Estrella de Panamá, 11 de abril de 2009). Además, admitió haber designado a por lo menos nueve familiares en el Tribunal Electoral (La Prensa, 11 de febrero de 2007).

El de más reciente incorporación a la magistratura también militó en el PRD. Fue asistente del procurador general cuando el Ministerio Público encubrió el asesinato de Spadafora, secretario de Noriega en la Zona Libre de Colón y estrecho colaborador del presidente Pérez Balladares.

En declaraciones públicas colocó a ese gobernante a la par de Jesús de Nazaret. Adujo que Pérez Balladares “es un servidor como Jesucristo. Se puso de último en la fila, está sirviendo al pueblo panameño” (José Blandón Figueroa, La Prensa, 18 de junio de 1998).

Su paso por la administración pública fue duramente cuestionado. El legislador Joaquín Franco lo acusó de utilizar recursos del erario “para hacer campaña política” (La Prensa, 24 de marzo de 1998).

Cuando el mandatario al que comparó con Jesucristo lo premió con el nombramiento de fiscal electoral, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara (q.e.p.d.), desaprobó su designación. ‘‘No goza de la confianza ciudadana debido a sus vinculaciones con el actual gobierno’’ –dijo– lo que ‘‘le hace mucho daño a la democracia’’ (La Prensa, 28 de febrero de 1999).

Sólo un adulador o un ignorante puede considerar semejantes antecedentes como indicios de “profesionalismo”, “ecuanimidad” o “seriedad”. Peor aún, muchas de las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral violan el régimen democrático y los derechos humanos. El 11 de abril, en La Estrella de Panamá, Carmen Boyd Marciacq detalló las más recientes. Eugenio Morice ha denunciado hasta el cansancio la repartición fraudulenta del residuo en los circuitos plurinominales (La Prensa, 22 de marzo de 2009).

Repito que lo poco que nos queda de democracia corre peligro con un Tribunal Electoral dominado por el PRD. Al respecto, traigo a colación el editorial de El Panamá América del 6 de junio de 1999, que calificó las elecciones de ese año como “las más irregulares” en medio siglo, debido a las anomalías ocurridas en los comicios para diputados, alcaldes y concejales.

“Compra de votos, violencia, empadronamientos ficticios, actas alteradas, jurados abandonados y cuentas irregulares” dieron como resultado “al menos una docena de curules legislativas cuestionables”, entregadas “principalmente al oficialista PRD que, con ello, logra el control absoluto del Legislativo, habiendo perdido categóricamente la elección por la Presidencia, y sin que ello guarde ninguna relación aritmética con el total de los votos emitidos para legisladores”. Algo similar sucederá ahora si la oposición se duerme en sus laureles.

Como es “ciudadano panameño” sabrá que los jerarcas del Tribunal provienen de partidos que han recurrido a la violencia electoral. El magistrado que más tiempo lleva en el cargo pertenecía al Pala, partido personal de Noriega, que participó en las actividades terroristas de 1984 y 1989.

Los diarios han divulgado numerosos “favores” que el susodicho ha recibido del PRD, incluyendo nombramientos de parientes en el servicio exterior (Crítica Libre, 30 de julio de 1998). En 2006 afirmó no haber tomado “vacaciones completas” en 16 años, por lo cual reclamó el pago de 135 mil balboas (La Prensa, 10 de febrero de 2006).

En 2004, adornó su entrega de credenciales al presidente electo con temas propagandísticos “propios de la campaña proselitista de Torrijos”. Alguien comentó que con ese “sí se puede” buscaba su propia reelección, lo que ocurrió poco después, cuando –sorpresivamente– fue renovado en el cargo por 10 años (La Prensa, 30 de diciembre de 2006).

El que le sigue en antigüedad fue miembro del PRD hasta que ese partido lo catapultó al Tribunal Electoral, en 1996. Antes fue secretario de la Asamblea en dos períodos, incluyendo uno en el cual 12 de las 67 curules de la cámara fueron fraudulentamente asignadas al PRD y el Pala, según el finado jurista César Quintero (La Prensa, 17 de abril de 1990).

En 2006 reclamó el pago de 85 mil balboas por vacaciones “no tomadas” (La Estrella de Panamá, 11 de abril de 2009). Además, admitió haber designado a por lo menos nueve familiares en el Tribunal Electoral (La Prensa, 11 de febrero de 2007).

El de más reciente incorporación a la magistratura también militó en el PRD. Fue asistente del procurador general cuando el Ministerio Público encubrió el asesinato de Spadafora, secretario de Noriega en la Zona Libre de Colón y estrecho colaborador del presidente Pérez Balladares.

En declaraciones públicas colocó a ese gobernante a la par de Jesús de Nazaret. Adujo que Pérez Balladares “es un servidor como Jesucristo. Se puso de último en la fila, está sirviendo al pueblo panameño” (José Blandón Figueroa, La Prensa, 18 de junio de 1998).

Su paso por la administración pública fue duramente cuestionado. El legislador Joaquín Franco lo acusó de utilizar recursos del erario “para hacer campaña política” (La Prensa, 24 de marzo de 1998).

Cuando el mandatario al que comparó con Jesucristo lo premió con el nombramiento de fiscal electoral, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara (q.e.p.d.), desaprobó su designación. ‘‘No goza de la confianza ciudadana debido a sus vinculaciones con el actual gobierno’’ –dijo– lo que ‘‘le hace mucho daño a la democracia’’ (La Prensa, 28 de febrero de 1999).

Sólo un adulador o un ignorante puede considerar semejantes antecedentes como indicios de “profesionalismo”, “ecuanimidad” o “seriedad”. Peor aún, muchas de las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral violan el régimen democrático y los derechos humanos. El 11 de abril, en La Estrella de Panamá, Carmen Boyd Marciacq detalló las más recientes. Eugenio Morice ha denunciado hasta el cansancio la repartición fraudulenta del residuo en los circuitos plurinominales (La Prensa, 22 de marzo de 2009).

Repito que lo poco que nos queda de democracia corre peligro con un Tribunal Electoral dominado por el PRD. Al respecto, traigo a colación el editorial de El Panamá América del 6 de junio de 1999, que calificó las elecciones de ese año como “las más irregulares” en medio siglo, debido a las anomalías ocurridas en los comicios para diputados, alcaldes y concejales.

“Compra de votos, violencia, empadronamientos ficticios, actas alteradas, jurados abandonados y cuentas irregulares” dieron como resultado “al menos una docena de curules legislativas cuestionables”, entregadas “principalmente al oficialista PRD que, con ello, logra el control absoluto del Legislativo, habiendo perdido categóricamente la elección por la Presidencia, y sin que ello guarde ninguna relación aritmética con el total de los votos emitidos para legisladores”. Algo similar sucederá ahora si la oposición se duerme en sus laureles.

No son éstos los atributos de las candidaturas del “dieti-Alleyne-glicol”, los juegos de antaño y la Murciamanía, por lo que deben ser rechazadas en las urnas. Como lo expuso el Panorama Católico (25-26 de abril), “Los políticos que favorecen la corrupción y la violencia no merecen el voto ciudadano”.

Junto con liderazgos adecuados, se necesitan sistemas políticos apropiados para conducir a los individuos y las sociedades hacia su realización personal y colectiva. Esto no es ninguna novedad: en la tipología de regímenes políticos dada a conocer hace 2 mil 300 años por Aristóteles, algunos sistemas son “correctos” o “puros”, pues permiten al ciudadano tener una vida buena. Otros, orientados a la satisfacción de intereses personales o sectarios, son regímenes “deformes” o “impuros”.

Es obvio que el sistema político panameño es una deformidad. Tanto puede colegirse de sus orígenes ilegítimos, sus rasgos antidemocráticos y sus frutos podridos. (No en vano dice el Evangelio: “por sus frutos los conoceréis”).

Para expresarlo en términos aristotélicos –ya que aludimos a aquel sabio– el sistema político panameño tiene sus orígenes en una tiranía. Tras el desalojo de ésta, ha entronizado a una oligarquía. (Ambos, por cierto, son regímenes “impuros”).

La facción mayoritaria de esa oligarquía es el PRD, que aún hoy –a pesar de su íntima vinculación con la tiranía militar– mantiene el dominio del sistema político. Ese dominio le produce a la cúpula partidaria numerosos beneficios económicos y, al país, cuantiosos perjuicios.

El colapso de los servicios públicos (educación, salud, transporte), la inseguridad ciudadana, la corrupción, la impunidad y otros males que nos aquejan no surgen por generación espontánea. Son, en gran parte, producto de una institucionalidad antidemocrática e incorrecta, engendrada en la dictadura y mantenida hasta el presente por el PRD, su mayor beneficiario.

El pueblo panameño, que no es bruto, entiende que un cambio de modelo y de estilo político es necesario a fin de corregir el rumbo del Estado. Ese cambio requiere, en primera instancia, derrotar al PRD, partido que por su trayectoria terrorista y criminal debió ser proscrito en 1990. Ahora sólo queda aniquilarlo con un tsunami de votos.

Por eso es fundamental que cada ciudadano medite cuidadosamente, ejerza su derecho al sufragio con la mayor conciencia y cuide su voto con máxima diligencia. Como dice la campaña del Dr. Bernal: “Si votamos el 3 de mayo por la payasada, la mediocridad y la ladronería, después no nos quejemos del vergonzoso circo o del cartel de los sapos en que se está convirtiendo Panamá”.

Algunos lamentan que una vez más se hace necesario votar “en contra” –en vez de “a favor”– de una propuesta o candidatura. Hay que decirles que el voto contra los mayores enemigos de la democracia –que llevan al país aceleradamente al despeñadero– es totalmente justificado y debe ser ejercido cuantas veces sea necesario en defensa de la libertad.

Otros proponen el voto “en blanco” como protesta contra la podredumbre institucional. Aunque en teoría es una posición fundamentada, en la práctica no producirá ningún resultado positivo y presenta grandes riesgos. Un voto “en blanco” es un voto a favor del PRD, por varios motivos: entre ellos, evidentemente, porque una papeleta sin marca alguna puede fácilmente ser alterada a favor del oficialismo.

Los partidarios de esa propuesta razonan, además, que su voto será respetado en los escrutinios y que la oligarquía que desgobierna al país sería sensible a la emisión de numerosos sufragios “en blanco”. Se les olvida que no estamos en Suiza, Holanda o Dinamarca, sino en Panamá, donde la mafia que controla el sistema electoral se revuelca de la risa ante la ingenuidad de quienes pretenden cambiar el sistema con medidas propias de sociedades más evolucionadas.

En este país, sujeto a una oligarquía rapaz y abusiva, sólo se logrará un cambio cuando consigamos desalojar de todos los órganos de poder –nacionales y municipales– al PRD. El voto estratégico es el arma más efectiva que tenemos a mano para lograr ese cometido. Haga uso de ella votando por los candidatos que más opción tienen para derrotar al PRD.

No son éstos los atributos de las candidaturas del “dieti-Alleyne-glicol”, los juegos de antaño y la Murciamanía, por lo que deben ser rechazadas en las urnas. Como lo expuso el Panorama Católico (25-26 de abril), “Los políticos que favorecen la corrupción y la violencia no merecen el voto ciudadano”.

Junto con liderazgos adecuados, se necesitan sistemas políticos apropiados para conducir a los individuos y las sociedades hacia su realización personal y colectiva. Esto no es ninguna novedad: en la tipología de regímenes políticos dada a conocer hace 2 mil 300 años por Aristóteles, algunos sistemas son “correctos” o “puros”, pues permiten al ciudadano tener una vida buena. Otros, orientados a la satisfacción de intereses personales o sectarios, son regímenes “deformes” o “impuros”.

Es obvio que el sistema político panameño es una deformidad. Tanto puede colegirse de sus orígenes ilegítimos, sus rasgos antidemocráticos y sus frutos podridos. (No en vano dice el Evangelio: “por sus frutos los conoceréis”).

Para expresarlo en términos aristotélicos –ya que aludimos a aquel sabio– el sistema político panameño tiene sus orígenes en una tiranía. Tras el desalojo de ésta, ha entronizado a una oligarquía. (Ambos, por cierto, son regímenes “impuros”).

La facción mayoritaria de esa oligarquía es el PRD, que aún hoy –a pesar de su íntima vinculación con la tiranía militar– mantiene el dominio del sistema político. Ese dominio le produce a la cúpula partidaria numerosos beneficios económicos y, al país, cuantiosos perjuicios.

El colapso de los servicios públicos (educación, salud, transporte), la inseguridad ciudadana, la corrupción, la impunidad y otros males que nos aquejan no surgen por generación espontánea. Son, en gran parte, producto de una institucionalidad antidemocrática e incorrecta, engendrada en la dictadura y mantenida hasta el presente por el PRD, su mayor beneficiario.

El pueblo panameño, que no es bruto, entiende que un cambio de modelo y de estilo político es necesario a fin de corregir el rumbo del Estado. Ese cambio requiere, en primera instancia, derrotar al PRD, partido que por su trayectoria terrorista y criminal debió ser proscrito en 1990. Ahora sólo queda aniquilarlo con un tsunami de votos.

Por eso es fundamental que cada ciudadano medite cuidadosamente, ejerza su derecho al sufragio con la mayor conciencia y cuide su voto con máxima diligencia. Como dice la campaña del Dr. Bernal: “Si votamos el 3 de mayo por la payasada, la mediocridad y la ladronería, después no nos quejemos del vergonzoso circo o del cartel de los sapos en que se está convirtiendo Panamá”.

Algunos lamentan que una vez más se hace necesario votar “en contra” –en vez de “a favor”– de una propuesta o candidatura. Hay que decirles que el voto contra los mayores enemigos de la democracia –que llevan al país aceleradamente al despeñadero– es totalmente justificado y debe ser ejercido cuantas veces sea necesario en defensa de la libertad.

Otros proponen el voto “en blanco” como protesta contra la podredumbre institucional. Aunque en teoría es una posición fundamentada, en la práctica no producirá ningún resultado positivo y presenta grandes riesgos. Un voto “en blanco” es un voto a favor del PRD, por varios motivos: entre ellos, evidentemente, porque una papeleta sin marca alguna puede fácilmente ser alterada a favor del oficialismo.

Los partidarios de esa propuesta razonan, además, que su voto será respetado en los escrutinios y que la oligarquía que desgobierna al país sería sensible a la emisión de numerosos sufragios “en blanco”. Se les olvida que no estamos en Suiza, Holanda o Dinamarca, sino en Panamá, donde la mafia que controla el sistema electoral se revuelca de la risa ante la ingenuidad de quienes pretenden cambiar el sistema con medidas propias de sociedades más evolucionadas.

En este país, sujeto a una oligarquía rapaz y abusiva, sólo se logrará un cambio cuando consigamos desalojar de todos los órganos de poder –nacionales y municipales– al PRD. El voto estratégico es el arma más efectiva que tenemos a mano para lograr ese cometido. Haga uso de ella votando por los candidatos que más opción tienen para derrotar al PRD.