El pasado 7 de marzo, el contralor Federico Humbert anunció que auditaría a la Universidad de Panamá (UP) tras la denuncia por supuestos malos manejos administrativos que interpuso el hoy catedrático suspendido, Miguel Antonio Bernal.

Una vez se inició la revisión, el personal de la Dirección Nacional de Auditoría General de la Contraloría (Dinag) tuvo tropiezos, particularmente al indagar sobre los manejos dados a los fondos que recibe la Fundación Universidad de Panamá. 

El Dinag envió varias cartas a la UP remitidas los días 16, 19 y 24 de marzo en las que reiteró la solicitud de información sobre las operaciones relacionadas con el manejo de animales de granja y comercialización de semen a cargo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, las transacciones comerciales realizadas sobre 51 fincas propiedad de la UP.

De igual manera, exigió documentos sobre el manejo de fondos de autogestión, operaciones y transacciones de la Fundación Universidad de Panamá, y los contratos por servicios especiales y consultorías.

La Fundación de la Universidad de Panamá está constituida desde 1995 durante la primera rectoría de Gustavo García de Paredes.

Su junta directiva está conformada por: Sergei de la Rosa (presidente), Jerónimo Averza (secretario), José Santos (tesorero), Ramiro Abaunza (fiscal), Vasco Duke (vocal), Armando Ábrego (vocal) y Virgilio Vásquez (vocal).

Adicional, los auditores pidieron tres juegos de copias autenticadas relacionadas con “los estudios previos de aceptabilidad de los productos, en cuanto al tema de composición y percepción de los alimentos deshidratados que fueron suministrados a escuelas oficiales durante el período 2010 a 2014.

Luego de la solicitud, el rector de la UP, Gustavo García de Paredes, le remitió una carta al contralor Humbert, el pasado 7 de abril de 2015, en la que comunica que toda la información pedida por los auditores sería organizada y entregada por conducto de la Vicerrectoría Administrativa, a cargo de Nicolás Jerome.

Después, el 13 de abril, el director general de Asesoría Jurídica de la UP, Luis Alberto Palacios, comunica a todas las vicerrectorías y direcciones de esta entidad universitaria sobre la decisión del rector. 

EL CONTRALOR RIPOSTA

Una semana más tarde, el 20 de abril, el contralor Humbert le responde a García de Paredes.

Solicita que es necesario que los auditores se desplacen por las diferentes unidades administrativas y para ello citó el numeral 4 de la Ley 32 del 20 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

La norma establece:“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno. Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas instituidas por la ley”.

El contralor Humbert calificó los obstáculos de la UP como burocráticos, inusuales, además que hacen más extenso el proceso de investigación de la auditoría.

Sostuvo que los auditores requieren pruebas de cumplimiento de los registros contables en la unidad que los custodia y argumentó que el artículo 31 de la Ley 32 lo permite: “La Contraloría General podrá examinar y revisar los libros de contabilidad, así como las cuentas y documentos relativos a las mismas, de toda organización, sociedad, entidad o dependencia que directa o indirectamente reciba auxilio o subvención pecuniaria de una entidad pública”.

García de Paredes, por su lado, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que lo que ha hecho es establecer controles para entregar de manera correcta la información a la Contraloría.

“Ellos [los auditores] están haciendo su labor. Van, miran lo que quieren, piden lo que quieren, no hay ningún obstáculo en eso. Las notas que nosotros respondemos al contralor pasan por la Vicerrectoría Administrativa, para que haya un punto de salida de las notas que van a la Contraloría”, indicó.

Según el rector, la centralización de la información no impide que ellos investiguen lo que quieran.

“Aquí en este país todo genera suspicacia. Pero toda la información que ellos quieren la buscan y se le está dando”, aseguró García de Paredes, quien ha sido rector de la UP de forma casi ininterrumpida desde hace dos décadas.

Empezó en 1994 y solo estuvo fuera del cargo –no así de la cúpula de la institución– entre 2000 y 2003 cuando Julio Vallarino dirigió la casa de Octavio Méndez Pereira.

La directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, solicitó hoy, 27 de abril, al magistrado del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, revelar la lista completa de los familiares que trabajaron dentro de la institución.

Según Maytín, una vez se publique la lista se "termina de cumplir sus disculpas" que ofreció  hace una semana luego de la lluvia de críticas al que fue sometido el magistrado por tener familiares nombrados en el TE. 

La directora de Antai también informó que tiene previsto firmar un convenio con el Tribunal Electoral a fin de que la Antai pueda ingresar a la base de datos del TE. 

El 19 de abril pasado, a través de un comunicado, Erasmo Pinilla, admitió que varios miembros de su familia trabajaban en esa corporación electoral. A la vez, pidió “disculpas a la ciudadanía por haber hecho prevalecer el amor por mi familia”.

Sin entrar en detalles del parentesco con su persona y cantidad de empleados, Pinilla dijo que “los trabajos otorgados a algunos de sus parientes fueron en razón de su vulnerabilidad económica”.

Además, aseguró en ese momento que “son trabajadores de bajo perfil salarial y muy por debajo de sus capacidades académicas y fácticas y todos han prestado sus servicios sin privilegios y en estricto cumplimiento del reglamento del TE”.

“Por lo demás, ninguno ha incurrido en “sinecura (botella) y han obtenido excelente evaluación de sus jefes inmediatos”, precisó.

Al día siguiente, en Sala de Acuerdos, los tres magistrados anunciaron una serie de medidas, las cuales incluyó la renuncia de los "familiares" de lo tres magistrados que laboraban en esa entidad.

Sin embargo, en ningún momento informaron los nombres y el parentesco.

De acuerdo a los magistrados, que han decidido acoger la "exhortación" que hiciera la directora de la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) a través de una carta que envió el 14 de abril pasado.

El primer ministro de Belice,  Dean Barrow, fue el primero en llegar esta noche a las 7:00 p.m.

Mañana jueves, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos arribará a eso de las 5:45 pm. Seguido, a las 6:30 p.m. lo haría el mandatario de México Enrique Peña Nieto.

También llegará el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien estará acompañado de una delegación integrada por el canciller Rodolfo Nin Novoa; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lvaro García, y el director de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Purificatti, informó la Presidencia de ese país.

Dilma Rousseff, mandataria de Brasil, llegaría este viernes, a las 10:00 a.m. mientras que el de Guatemala, Otto Pérez, lo haría a las 11:00 a.m. y el viernes 10 de abril llegará el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Su equipo de seguridad ya se encuentra en la capital panameña.

En total 33 jefes de Estado participarán del encuentro hemisférico.

En efecto, tras 23 minutos de protesta, en la que los estudiantes cerraron los cuatro carriles de la vía y quemaron un sillón y basura, la policía se presentó en el lugar y se generó el enfrentamiento, iniciado por los alumnos que comenzaron a arrojarles piedras y botellas a los uniformados.

Tras una reyerta preliminar, en la que los policías respondieron con gases lacrimógenos y perdigones, los estudiantes se replegaron al campus, luego de lo cual fue reabierto el tránsito pese a esporádicas escaramuzas.

Boris Sánchez, dirigente estudiantil, pidió a los diputados que suspendan la discusión del proyecto minero y que lo devuelvan a primer debate, para que se realice una discusión más amplia.

“No vamos a permitir que extranjeros vengan a apoderarse de nuestras minas y recursos naturales”, expresó.

Al mismo tiempo en que se desarrollaban los disturbios en la calle, en el auditorio Gil Blas Tejeira de la Facultad de Comunicación Social se llevaba a efecto un foro sobre la reforma minera, el cual, sin embargo, tuvo que ser suspendido por los expositores Julio Yao, Maribel Gordón y Alida Spadafora, debido a la gran acumulación de gases lacrimógenos.

La protesta comenzó poco después del mediodía y la policía se retiró del lugar,finalmente, a las 3:00 p.m.

Se trata de Jean Pierre Leignadier Dawson, Fred Kardonski y Álvaro Tomas Abrahams.

El presidente adelantó que la cuarta persona es una mujer, pero no reveló nombre. Destacó que estas personas tienen "mucha experiencia en el tema financiero".

Los nombrados, que deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional, reemplazan a Fred Kardonski, Nicolás Ardito Barletta, Domingo Latorraca y Jorge Vallarino Strunz, quien fueron nombrados por un periodo de 3 años. 

La directiva del FAP esta integrada por siete miembros. Quedan en la directiva José Abbo, Alberto Alemán Zubieta, Alberto Vallarino.

PERFIL

Jean Pierre Leignadier en la actualidad se desempeña como gerente general de Productos de Prestigio, S.A., responsable de la dirección general, estrategia y desarrollo de negocio de empresa dedicada al mercadeo, logística y comercialización de productos de consumo masivo.

Fred Kardonski se desempeña desde 2012 como presidente y director del Fondo de Ahorro de Panamá. Igualmente se desempeña como presidente y director de Towerbank International Inc. y Peikard International Corp.

Álvaro Tomas es abogado y administrador de negocios, con más de 30 años en la industria bancaria, fiduciaria, valores y de servicios legales. En la actualidad se desempeña como vicepresidente de Operaciones Unidad Fiduciaria; Morgan & Morgan.

Funcionarios del Tribunal Electoral (TE) intentaron notificar hoy, 18 de marzo, al exmandatario Ricardo Martinelli sobre la solicitud presentada por la Corte Suprema de Justicia para levantarle el fuero penal electoral.

El grupo de funcionarios llegó a la sede de Cambio Democrático (CD), en Plaza Carolina, a las 10:50 a.m. para entregar la documentación.

Sin embargo, como el exmandatario se encuentra fuera del país, la solicitud fue recibida por el abogado del partido Hugo Polo.

Polo explicó que para hacer efectiva la notificación, según el procedimiento que establece el Código Electoral, es notificar al afectado, en este caso a Martinelli.

“Teniendo en cuenta que [Martinelli] es presidente del partido, aceptaremos, pues. No tenemos que evadir ni que esconder, pero eso sí, solicitamos que se respete todo lo que son las garantías”, dijo el abogado.

“Simplemente es un trámite de notificación...”, dijo Linda Domínguez, funcionaria del TE que se retiró de inmediato, una vez entregó la documentación.

Martinelli goza de fuero penal electoral por ser presidente de Cambio Democrático.

El lunes, 16 de marzo, la Secretaría General del TE recibió, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la solicitud para levantar el fuero penal electoral al exmandatario.

Esa solicitud fue acompañada por el expediente de 23 tomos, relacionados a una investigación de contratos en el Programa de Ayuda Nacional.

La CSJ admitió el pasado 28 de enero el conocimiento de un proceso penal contra el exgobernante.

Ayú Prado fue escogido con cinco votos de los nueve magistrados que integran esa corporación de justicia. 

Los magistrados que votaron a favor de Ayú Prado fueron Luis Ramón Fábrega, Hernán De León, Cecilio Cedalise y Ángel Russo (estos dos últimos juramentados en horas de la mañana por el Presidente de la República, Juan Carlos Varela). 

El quinto voto fue el del propio Ayú Prado. Cedalise fue quien lo postuló.

En este proceso también se postularon Oydén Ortega y Harry Díaz. 

Ortega obtuvo dos votos -uno de su colega Jerónimo Mejía y el de él-; mientras que Díaz obtuvo el voto de Abel Zamorano y el suyo. 

HABLA AYÚ PRADO 

"No estaba en nuestros planes este resultado. Sin embargo, no es muy difícil hacer un anteproyecto de plan de trabajo que sería esencialmente terminar las tareas pendientes del periodo anterior 2014-2015 para el mejoramiento del servicio de la administración de justicia", dijo Ayú Prado en conferencia de prensa, luego de su elección. 

"Nosotros estamos muy complacidos con la elección del pleno, hemos contado con el voto de confianza de nuestros compañeros y compañeras del pleno.  Vamos a seguir trabajando en equipo, comunicándonos, conversando, colaborando puesto que ninguno de estos verbos significa de una manera intromisión o subordinación. Vamos a mantener los puentes de comunicación con todos los sectores", agregó.

Ayú Prado fue electo por primera vez como presidente de la Corte el 2 de enero 2014. En enero de 2013 asumió el cargo de magistrado, luego de que fuera nombrado por el expresidente Ricardo Martinelli. 

El Tribunal Electoral (TE) sancionó a un total de cuatro emisoras por no suministrar el registro detallado de las cuñas pautadas por las instituciones estatales en las elecciones de 2014.

Se trata de las emisoras KW Continente, Radio Sonora, Radio Ancón y NC Radio, de acuerdo con un informe de la Dirección de Auditoría del TE. 

Además, analizaron 12 casos más, de los cuales 11 emisoras fueron eximidas y una está aún en investigación. 

En el caso de KW Continente, la multa es por mil dólares, que debe cancelar en 10 días hábiles.

El TE alega que las emisoras incumplieron con el artículo 194 del Código Electoral que establece: "...Todo medio de comunicación social en los que se anuncie las instituciones estatales deberá llevar un registro detallado de las cuñas, para efectos de control y verificación por parte del Tribunal Electoral".

El Consejo Nacional de Periodismo expresó su preocupación por la multa a estos medios.  

El presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Pedro Miguel González, confirmó que el próximo martes, 26 de enero, someterá a aprobación el cronograma para la elección del reemplazo de la defensora del Pueblo, Lilia Herrera.

Provisionalmente se estableció un borrador de convocatoria el cual se publicaría en dos periódicos de circulación nacional, para los días jueves 28 de enero y viernes 29 de enero.

Entre el 1 de febrero al 5 de febrero, la Comisión recibirá la documentación de los aspirantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo. Después de carnavales, es decir el 11 y 12 de febrero, se evaluará la documentación recibida y se entregará la lista de participantes a la comisión, dijo el diputado González. 

Una vez ejecutado esos pasos, la comisión procederá a entrevistar a los aspirantes.

"Para el mes de marzo estaremos escogiendo al nuevo defensor o defensora, quien debe tomar posesión el 1 de abril. Este proceso debe terminar en marzo de este año", añadió el diputado.

También confirmó que durante esta segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias, se debatirá el paquete de reformas electorales presentada ayer por los magistrados del Tribunal Electoral.

"Después de los carnavales vamos a discutir este paquete de reforma electorales y realizaremos un amplio debate en la Comisión de Gobierno", agregó.

Lilia Herrera llegó a la Defensoría en septiembre de 2013, tras ser juramentada y  luego de que en agosto de ese año fuese destituida del cargo Patria Portugal, entre otras causas, por el manejo inadecuado de las finanzas de la institución.