Las inversiones en infraestructura escolar son un pilar importante para asegurar el acceso de los estudiantes al sistema escolar y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Una infraestructura escolar apropiada, con los servicios públicos, equipamientos e insumos correspondientes y entornos escolares óptimos, impacta de manera positiva en la asistencia a clases, en la retención escolar, así como en los procesos de aprendizaje. Mejora la concentración y la motivación de los estudiantes, optimizando los procesos de socialización de los alumnos e incidiendo en los factores de disminución de la deserción escolar.

Ya Unicef, en 2008, advertía en su estudio “La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la educación” que los espacios escolares no sólo permiten el desarrollo de las tareas educativas de los niños. Son lugares de convivencia, donde se expresan y fomentan las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar.

El estudio “Infraestructura escolar y aprendizajes en la educación básica latinoamericana”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que los alumnos que estudian en colegios con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados en asistir a clases y obtienen mejores calificaciones.

Hoy, en medio de la pandemia, nos ha quedado claro la importancia de contar con infraestructuras de calidad; que den certeza de una buena preparación y formación académica; que conecten al alumno con su vocación profesional; que sirvan de soporte y de dotación de insumos colaterales, necesidad probablemente inadvertida durante décadas por funcionarios indiferentes y por ciudadanos disociados de la importancia de tener una apropiada infraestructura. En medios de comunicación social se mencionaba que “las más recientes estadísticas del Meduca -que datan de principios de 2020– detallan que unas 1,000 escuelas no tienen agua de forma continua”.

Para entender un poco este gran reto, consideremos la situación actual de la Escuela Miguel Alba, de Soná, que no tiene una infraestructura como tal desde hace seis años. Esta situación se ha convertido en foco de protestas ciudadanas, no sólo por la falta de infraestructura, sino también por la ubicación de estudiantes en comercios y hoteles para recibir sus clases, sitios que no reúnen los estándares educativos mínimos y que, aún hoy no cuentan con las condiciones para un retorno seguro a clases. Situación bastante similar es la del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Veraguas, en proceso de construcción desde hace 10 años.

Como manifestó en su momento Nivia Castrellón, mentora de Jóvenes Unidos por la Educación, en 2017, “desafortunadamente no se tiene claro que hay una deuda en Panamá desde hace medio siglo en construcción y manutención de infraestructura escolar”. La frase cobra aún más vigencia en el presente.

Panamá necesita de un compromiso sociopolítico, en el que los ciudadanos juguemos nuestro rol de fiscalizar las deficiencias de los centros escolares de nuestras comunidades y hagamos ese llamado de atención a las autoridades, a fin de que tomen las medidas necesarias para encontrar soluciones a estas deficiencias, así como para que colaboremos en su adecuada preservación . La educación es tarea de todos: es el momento para que los ciudadanos y las autoridades enfoquemos nuestras acciones en pro del mejoramiento de la infraestructura y de la construcción de centros escolares. Seguro que la gran recompensa será tener profesionales que inspire a futuras generaciones y, ojalá, manejen con transparencia la cosa pública. ¡Que la gran ganadora sea Panamá!

El autor es miembro Jóvenes Unidos por la Educación

Hoy, varias de esas iniciativas poco conocidas se discuten en el diálogo por la Caja del Seguro Social (CSS) que, según percepción general, no es representativo, por lo que es imprescindible un reclamo nacional en favor de nuestra institución de seguridad social, que pide a gritos que la socorremos del letargo administrativo que por años le ha imperado. Este grito de socorro debe implicar a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, así como a las fuerzas vivas con poder de convocatoria, incluyendo un sector de la población que ahora comienza a levantar la voz ante los desmanes cometidos por quienes nos han dirigido y actualmente nos dirigen. Ese sector son los jóvenes, que hoy más que nunca están llamados a jugar un papel activo en el rescate y salvamento de nuestra CSS.

La CSS aparenta haber olvidado su función primaria de ser la institución gubernamental primordial de seguros colectivos y solidarios, con cobertura nacional, para garantizar medios económicos a sus asegurados y pensionados, en casos de riesgos de orígenes biológicos y económico/sociales.

Durante años, hemos sido testigos del nefasto manejo administrativo por parte de una junta directiva inoperante, que ha demostrado insensatez en sus funciones, jugando irresponsablemente con la salud del presente y futuro de los usuarios cotizantes, apreciación esta que nos la deja un oscuro informe de la Junta Técnica Actuarial del pasado mes de octubre, que sitúa el 2025 como la fecha inesperada en la que se agotarían las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido. Además, los últimos reportes sobre Panamá, presentados por las agencias de calificación de riesgo, han advertido sobre la importancia de introducir reformas al programa Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS.

Uno de los panoramas que nos advierten la grave situación financiera de la CSS, como consecuencia de los malos manejos, es que los jóvenes pertenecientes hoy al sistema mixto solo recibirían el 20 % de salario como pensión, horizonte absurdo y lamentable, cuando vivir cómodamente en nuestro país es cada día más imposible para los sectores vulnerables.

En estos últimos meses nos han vendido el diálogo como el camino a la solución de la crisis; sin embargo, la representación de este nos recuerda la frase del “diálogo de yo con yo”. Por lo que es imposible pensar que el diálogo por la CSS rinda frutos, cuando los que están en esa mesa en su mayoría han sido los propios creadores del problema. No obstante, en la búsqueda de una solución indefectible que nos abriga a todos, coexiste poca credibilidad de un diálogo seguro, inequívoco y eficaz, teniendo como protagonista la misma junta directiva que, a través de los años, no ha sido funcional, y quien finalmente será la que dicte las pautas, alejadas de una discusión integral y representativa.

Por las consideraciones expuestas, urge que los jóvenes asumamos liderazgo, accionando, demandando y proponiendo soluciones reales, en las que los principales y únicos beneficiados seamos todos los ciudadanos. Por lo tanto, es hora ya de evitar que los intereses personales se sigan imponiendo y destruyendo la salud en nuestro país.

El autor es estudiante de Medicina y Derecho

A mediados de marzo, todas las rotaciones clínicas fueron suspendidas, tanto en los hospitales como en consultorios médicos, donde normalmente aprendemos cómo tratar a los pacientes. En poco tiempo, los estudiantes de medicina a nivel nacional pasamos de ver a los pacientes en persona a aprender en línea.

La frustración e impotencia al sentirnos atrasados en nuestra formación profesional incluso ha trastocado nuestra salud mental.

El tercer y cuarto año de la Facultad de Medicina es cuando la mayoría de los estudiantes realizamos nuestra formación clínica básica en áreas como medicina interna, pediatría, cirugía y obstetricia-ginecología. Cada rotación implica un período determinado que nos asegura una formación de calidad.

Sin embargo, la pandemia llegó y nos arrebató esa gran parte esencial de nuestra formación. Pasamos de estar en hospitales viendo pacientes a estar detrás de una pantalla, con docentes (doctores) que por medio de casos clínicos y diferentes mecanismos hacen hasta lo imposible por facilitarnos esos conocimientos extras que muy bien adquirimos en las rotaciones clínicas presenciales.

Es cierto, la innovación es parte de la globalización, pero para quienes somos estudiantes del área de salud, la práctica siempre será en una gran medida nuestra vía principal de formación para ser el profesional que nuestro sistema de salud necesita.

Otra de las cosas más preocupantes para nosotros es que no hace mucho llegó a Panamá el quinto lote de vacuna. Sin embargo, no hemos sido tomados en cuenta como prioritarios en el proceso de vacunación.

¿Acaso la educación no es prioridad en Panamá? O, ¿no necesitamos una gran cantidad de nuevos y mejores médicos?

La pandemia nos ha demostrado, por encima de todo, que el personal de salud es pieza única esencial y fundamental, por tanto, que las autoridades le den la espalda o demuestran poco interés en trabajar y consensuar para llevar a cabo un retorno seguro a las rotaciones clínicas es lamentable.

Los estudiantes de medicina a nivel nacional exigimos vacunación para todos los pertenecientes a la etapa clínica de formación, a fin de que en un futuro no nos toque vivir un sistema de salud más deficiente.

Debemos sentarnos todos los entes relacionados a la problemática y empezar a tomar decisiones en beneficio de la formación de los futuros médicos de este país.

El autor es estudiante de Medicina y Derecho

En las últimas décadas se han registrado avances importantes en el estado de salud de la población, lo que ha permitido que hoy, la esperanza de vida sea mayor. Las personas tienen vidas más largas y sanas que en el pasado. Es evidente que ese progreso ha sido desigual, con casi ninguna cobertura de salud para miles de ciudadanos panameños. Hay diferencias de acceso a los servicios de prevención, detección y tratamiento de condiciones de salud.

Según estudios del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), hay sectores en el país en el que el 96.1% de su población no cuenta con servicios básicos y viven en extrema pobreza. Al tener estas poblaciones bajos niveles de ingresos, su capacidad de acceso a bienes y servicios disminuye. Decrecen sus posibilidades para cuidar la salud en formas más específicas, como las elementales medidas de higiene personal, la adquisición de medicamentos y alimentos balanceados.

Hemos sido testigos de cómo, en medio de la pandemia, algunos han recurrido a remedios caseros para tratar la Covid-19. Estos tratamientos alternativos no cuentan con evidencia científica. Su consumo puede crear una falsa seguridad sanitaria, consecuencia de la insuficiente docencia sobre el virus; o debido a la falta de confianza de la población en los sistemas de salud.

Aunado a la situación sanitaria, es necesario atender el desamparo en el que viven los pacientes con enfermedades crónicas que requieren ser atendidas . Los centros regionales de atención primaria son los pilares básicos de un buen sistema de salud que, en zonas rurales, se tambalean o, incluso, desaparecen. En muchas regiones del país las personas enfermas tienen grandes dificultades para recibir atención médica oportuna y de calidad, debido a la escasez de centros de salud de atención que les permita acceder a tratamientos médicos.

La construcción de un Panamá más equitativo en salud ha sido la aspiración de diferentes organizaciones activas y de la ciudadanía. La reducción de desigualdades es pieza fundamental para tener un sistema de salud público de primer mundo.

Los años pasan y las quejas sobre los mismos problemas de salud persisten: escasez de medicamentos e insumos, largas listas de espera para citas con médicos especialistas, y la saturación de los servicios de urgencias, lo que demuestra que los planes de gobierno han fallado o no se han llevado a cabo de manera correcta. La consecuencia es la desigualdad en el acceso a los servicios, cuya génesis es la ineficiente gestión en la administración de los sistemas de salud.

Consolidar los sistemas de salud es cuestión de ir más allá del liderazgo y de la voluntad política. Supone reducir la burocracia, elaborar nuevas y mejores reglas con patrones específicos para formular e implementar políticas sanitarias que mejoren sostenidamente el desempeño del sistema de salud y la calidad de vida de la población.

Atribuir los problemas de salud de manera exclusiva a los sistemas imperantes es un error. Las comunidades tienen, asimismo, un rol fundamental orientado a superar las brechas y desigualdades que reducen la posibilidad del acceso a la salud de calidad. El trabajo entre los sistemas de salud y los actores sociales abren inmensas posibilidades para la educación, prevención y control eficaz de las diversas enfermedades que atentan contra la salud de la población.

Urge que Panamá acelere la transformación de sus sistemas de salud. Se requieren medidas estratégicas integrales, ejecutadas de manera progresiva y sostenida en el tiempo.

Como sociedad, debemos vigilar que se establezcan servicios de salud que respondan a las necesidades de todos los grupos sociales, en especial, la de los más vulnerables y quienes sufren las consecuencias de la desigualdad social.

El autor es estudiante de Derecho y Medicina y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación