La situación es altamente compleja, luego de cuarenta años de ensayos quinquenales y el estado actual de la educación reflejado en los informes internacionales y pruebas nacionales, de estudiantes: 7 de cada 10 estudiantes no pueden realizar un cálculo matemático básico, y 4 de cada 10 alumnos no logran el nivel básico de lectura; mientras que en las comarcas, el 80% de los niños de tercer grado no comprende lo que lee, ni en su lengua natal ni en español como su segunda lengua, entre otras situaciones.(PISA 2018).

Por otra parte, la educación tanto oficial como particular -con muy contadas excepciones- fue sorprendida sin estar lo suficientemente preparada para hacer frente a la atención de sus 877 mil142 estudiantes, en todos los niveles.

La primera realidad surgida fue la casi total inexperiencia del sistema no presencial y la posibilidad de emplear la radio, tv, módulos de autoaprendizaje, plataformas en línea y todo tipo de dispositivos de alta tecnología.

La segunda sorpresa fue que, según el propio Meduca, del total de 550 centros particulares, tan solo doce cumplían con los requisitos mínimos para su aprobación. Ante los altos costos de permanencia en estos centros educativos, tan solo un 35% continuará funcionando ante la nueva realidad económica y la escasa supervisión nacional.

La tercera situación es que en Panamá funcionan distintas modalidades educativas con 841 escuelas rancho; escuelas telebásicas (sin cifras oficiales al respecto), escuelas oficiales de educación básica, premedia y media multigrado, que ascienden a un 73.4%, ubicadas en su gran mayoría en áreas de difícil condición laboral. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, 4 de cada 10 jóvenes de escuelas oficiales no cuentan con internet móvil o fijo; 7 de cada 10 jóvenes no cuentan con computadora, y en áreas comarcales, 9 de cada 10 jóvenes no cuentan con computadora. No existen datos disponibles y confiables acerca del acceso de la tecnología por parte del sector docente.

Ante dicho panorama, y la declaración oficial que “la educación es la estrella del gobierno”, las autoridades declararon por escasas horas la suspensión temporal del calendario escolar y posteriormente crearon los criterios mínimos para que funcionen los centros particulares y sus aproximadamente 20 mil educadores. El sector oficial se mantiene sin clases. Se agrandó así la brecha en el derecho a la educación entre ambos sectores.

El Meduca creó la estrategia del sector educación para la crisis de la Covid-19 y post. Una de sus primeras acciones fue emplear las emisoras estatales de SERTV para impartir clases con diez minutos de duración para cada grado, bajo el nombre Conéctate a la estrella. Pese al programa “Internet para todos”, el Meduca trabaja en el funcionamiento de una plataforma lo suficientemente sólida y gratuita para atender la demanda tecnológica del sistema.

Grabé las clases ( del 4 al 8 de mayo) que considero un esfuerzo, que debe mejorarse de manera urgente, por no poseer la mínima metodología para hacer radio para niños; matemática para primero y segundo grado requiere visualización y práctica supervisada. A partir de cuarto grado todo programa radial debe acompañarse de una guía metodológica. Lenguaje elevado y veloz son sus características relevantes. Es de esperar que con la participación de la Corporación Medcom, se haya mejorado la calidad de presentación y cobertura en algunas de las asignaturas de los planes de estudio.

Según comunicado de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), indican “que un posible retorno a clases presenciales no podría ser con la cantidad de estudiantes que existían por aula, habida cuenta que todos los protocolos indican que hay que guardar una distancia de metro y medio a dos metros, como requisito de bioseguridad, lo que implica que una parte de los educadores y estudiantes tendrían paralelamente que estar implementando una educación a distancia”.

La ministra de Educación, en diálogo reciente sostenido con la Apede, indicó que trabajan con varios escenarios; uno de ellos es considerar un calendario escolar 2020 con duración de 7 meses que priorizará los contenidos más importantes de cada asignatura, para no afectar el próximo año escolar y a los 16 mil estudiantes graduandos.

Existe la oportunidad única de capacitar al más alto porcentaje de docentes en este tema virtual y postergar las clases en centros educativos en evidente desventaja de infraestructura física y pobreza. El problema está planteado y se hace necesario, ante indicaciones que la pandemia continuará hasta el próximo año, decidir proteger la vida de la comunidad educativa o alterar la dinámica académica a través de metodologías virtuales, asignaturas sin prácticas ni talleres y, lo más preocupante, reducir un calendario escolar ante una educación en crisis permanente.

La autora es docente y posee una maestría en Comunicación y Tecnología Educativa

El primer reclamo indica el agotamiento estudiantil ante la gran cantidad de asignaciones que deben ser elaboradas en condiciones de movilidad absoluta para la búsqueda de información.

El reclamo también proviene de la Asociación de Profesores de Panamá ASOPROF, quienes a través de un comunicado (29-3-2020), indican que “ no hubo claridad desde el inicio. Esto ha traído como consecuencia que en muchos colegios oficiales, los padres de familia que ayudaron a sus hijos en dichos módulos van a exigir que se les tome en cuenta como calificación, además de los mismos docentes que ya calificaron o están en ese proceso, por lo que nos preocupa aquellos estudiantes que no entregaron dichos módulos por diversas razones, o porque se anunció que no eran vinculantes. Y es que se ha manifestado que dichos módulos no compensan la cantidad de horas semanales por asignatura, pero también el hecho que de los 48, 897 docentes a nivel nacional, ni todos tienen acceso a internet, ni tienen equipo igual que muchos estudiantes, tanto en el área rural como urbana”.

Ante la masificación del sistema educativo, por situaciones de suspensión de clases regulares, ausencia del educador, eventualidades climáticas, crisis de salud pública y otras eventualidades, en Panamá se propone desde hace años, a la comunidad educativa emplear “módulos de aprendizaje” para que los estudiantes con el apoyo de los padres de familia desarrollen en sus casas, el equivalente a las clases regulares. La estrategia no es nueva ya que desde el siglo XIX se emplea como metodología válida para el aprendizaje. Incluso existen universidades tanto abiertas como a distancia que trabajan con esta modalidad.

Lo cierto es que el Meduca carece de una dirección de Educación a Distancia que permita el desarrollo formal de esta modalidad y gestione la capacitación docente y la creación de plataformas virtuales para ofrecer sus contenidos. La alfabetización informática es un desafío también para los padres y madres de familia.

La investigación efectuada de manera personal, nos permite indicar que la gran mayoría de educadores ofrece una lista de tareas por entregar; se omite el desarrollo de las clases y se deben presentar luego en un trabajo escrito para obtener la calificación.

Esta propuesta está muy lejos de ser considerada módulo de aprendizaje, en la medida que no se presenta en material impreso o en línea, con sus respectivas orientaciones para estudiar el módulo, objetivos, ejemplos, ilustraciones, glosario, ejercicios, auto evaluación final y bibliografía.Lo que hemos encontrado es una lista de actividades para realizar con cierto nivel de secuencia. Lo más frecuente es el desarrollo de ejercicios y búsqueda de información por las redes virtuales.

Otra deficiencia es que no cuentan con el acompañamiento de supervisión ya sea telefónica o virtual con horario preciso y por la complejidad de las asignaciones sin la explicación del docente, algunos padres de familia - que poseen capacidad para responder- terminan desarrollando las tareas.

El sistema modular y virtual requiere que las asignaturas para el desarrollo de destrezas y habilidades empleen talleres, laboratorios, ( física, química, música, idiomas, educación física, biología, agropecuaria, etc), indispensables para aplicar y fortalecer los conocimientos, no solo trasladarlos a un trabajo escrito.

Por otra parte, los estudiantes que aún no saben leer, escribir, y estudiar sin la clase convencional no pueden ser beneficiarios de esta modalidad, por razones obvias.

La crisis por la que atraviesa Panamá, en especial su sistema educativo refleja un vacío profundo en materia de capacitación docente en la redacción y uso de las nuevas tecnologías y su aprovechamiento escolar, particularmente en el uso de plataformas virtuales. Miles de docentes y padres de familia no tienen acceso a internet, desconocen sus usos y ni tan siquiera poseen correo electrónico que posibilite el desarrollo de tecnología.

Para las comunidades sin acceso a luz eléctrica y a una computadora, la situación se complica aún más.

Es un hecho la ausencia de un sistema de producción de clases modelos de las asignaturas que pueden ser transmitidas por SERTV y radioemisoras. Ya la experiencia fue desarrollada por la Unesco en la década del 90 y la práctica exitosa de Radio Hogar Un maestro en casa, nos indica que sí es factible desarrollar esta metodología modular. La Autoridad de Innovación Gubernamental también debe apoyar esta necesidad educativa.

El Meduca deberá a mediano plazo reforzar su programa de capacitación docente, ofrecer acceso a internet banda ancha de forma progresiva a los 3,200 centros educativos y reforzar su respectiva supervisión.

El modelo educativo debe transformarse para practicar una educación inclusiva y de equidad, donde los educadores impartan sus clases con metodologías del siglo XXI para estudiantes del siglo XXI.

La autora es especialista en Tecnología y Comunicación Educativa, docente universitaria

Según las autoridades un alto porcentaje de planteles no podrán iniciar el año escolar con las condiciones mínimas para el aprendizaje. Uno de los ejemplos más dramáticos es el instituto Nacional, monumento histórico, víctima de la falta de mantenimiento oportuno, pese a las millonarias inversiones recibidas durante décadas y a los fondos de calidad y equidad de la educación FECE que se incrementan a partir de este año.

Para que una infraestructura escolar pueda ser de calidad debe ofrecer comodidad: temperatura, ventilación, iluminación, agua potable, luz, seguridad, servicios sanitarios y sus respectivos drenajes. Espacios para prácticas de aprendizaje: laboratorios, bibliotecas, sitio de recreo, aulas adecuadas, y espacios para promover el talento, entretenimiento y expresiones culturales. Seguridad: sus instalaciones deben ofrecer garantía para la permanencia en sus instalaciones. Las 842 aulas ranchos no cumplen con ninguno de estos requisitos.

El diagnóstico es preocupante: decenas de centros educativos no cuentan con los respectivos planos de construcción; un alto porcentaje, no poseen título de propiedad, situación legal que limita la construcción de nuevas infraestructuras; dispersión geográfica que impide la sectorización de la oferta educativa; construcciones con décadas sin recibir mantenimiento adecuado; vandalismo creciente sin una ley que sancione de manera ejemplar su destrucción y robo; carencia de un mapa escolar que ubique todas las instalaciones del país y determinar su estado actual; ausencia de planificación de acuerdo a la demanda, incremento de la matrícula y alta tasa de ocupación por aula y una gran mayoría, sin las condiciones para enfrentar las amenazas de incendio o siniestros, entre otros.

Cada aula de clases, refleja desigualdad, con pupitres del mismo tamaño y olvido de las necesidades especiales; son colocados de manera autoritaria: el docente al frente, distante y decenas de pupitres alineados, como si se tratase de una fábrica: falta un proceso de entrega e inducción colectiva acerca del buen uso de la infraestructura; centenares de estudiantes nunca han usado un servicio higiénico, una fuente de agua y se produce el deterioro. Conviene promover premios de incentivo, para aquellos planteles que cuiden su infraestructura.

El presupuesto destinado a construcción escolar es multimillonario y pese a la creación de un viceministerio de infraestructura educativa (enero de 2018) la solución integral es un saldo pendiente. El período de vacaciones para brindar mantenimiento es un modelo obsoleto por incoherente con el calendario escolar. Las compañías que ganan las licitaciones no cumplen con su responsabilidad y usan materiales de mala calidad. Por otra parte, las fianzas y abandono – por años - de las construcciones, ameritan una revisión integral de la ley.

La ausencia de estrategias de seguridad en la mayoría de los planteles educativos los hacen presa de permanentes asaltos, robos y vandalismo ¿ No resultará menos costoso contratar servicios de seguridad que garanticen la protección de los bienes escolares?

‘La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan estrecha con el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos incluyendo el ambiente familiar, la motivación, los buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías o los servicios para los estudiantes’, asegura Daniel Rivera, director de proyectos de desarrollo social de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina.

La obsolescencia de la estructura y espacios para el aprendizaje a juicio de la experta danesa en infraestructura escolar @RosanBosch, sugiere innovación al transformar todas las escuelas en espacios de aprendizajes. Así se lleva a cabo en Argentina y Colombia un proceso de diseñar escuelas desde dentro, teniendo en cuenta de qué manera se aprende mejor y cuáles son las necesidades de aprender en vez de diseñar escuelas en espacios obsoletos que promueven el aprendizaje pasivo.

Resolver el tema de la infraestructura educativa es parte de la calidad de la educación, conjuntamente con la formación docente y transformación de los planes y programas de estudio de cada nivel, entre otras prioridades.

La autora es catedrática universitaria

Las respuestas de los más sensatos educadores y estudiosos del sistema educativo indican que no. Se trata de una forma de autoengaño educativo. Pese a las oportunidades que se ofrecen para rehabilitar hasta tres asignaturas, las cifras suministradas por el Ministerio de Educación del año lectivo 2010 son preocupantes: estudiantes en proceso de recuperación en centros oficiales de Panamá Centro de educación pre media y media oficial es alta: 13 mil 820 (esta cifra no incluye la Regional de San Miguelito ni las escuelas particulares).

Pese a los incentivos de la beca universal, la dotación gratuita de mochilas con insumos escolares, libros de textos gratuitos y otros, la situación es más compleja. Debemos preguntarnos qué tipo de educación han obtenido los que lograron aprobar el año escolar y si los prepara realmente un sistema educativo de excelencia. Las autoridades educativas y las pruebas internacionales indican que Panamá está aún inmerso en un sistema educativo anacrónico, en cuidados intensivos, sin poder colocarse en mejores niveles de eficiencia educativa.

Los datos de los fracasos escolares son un indicador de que el problema del sistema educativo trasciende la responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación y tiene un primer eslabón perdido en las carencias del hogar, sumido en la violencia, la desnutrición, la falta de motivación para estudiar, estudiantes sin mayores estímulos, víctimas de maltrato familiar, sin equidad educativa.

El nivel socio económico y cultural de la familia panameña repercute directamente en los resultados escolares de sus hijos. La lista es ampliamente conocida en más de 20 informes oficiales y particulares elaborados desde 1992. La reciente prueba internacional PISA, en la que Panamá ocupó el número 62 entre 65 países participantes, es una prueba de las deficiencias en comprensión lectora, matemática y ciencias naturales. Algunas conclusiones: La primera es que se comprende mal lo poco que se lee.

El déficit en la comprensión lectora sigue siendo el dato más preocupante, ya que conduce a la población estudiantil a una especie de analfabetismo funcional que perdura para toda la vida. Desconocemos con qué programas se enfrenta esta deficiencia vergonzosa.

Otro error es pensar que “una computadora para cada estudiante” funcionará como una varita mágica para salir del letargo educativo, ante la ausencia de una pedagogía para pensar críticamente, adaptarse al mundo moderno y contar con ciudadanos creativos y emprendedores. Ya en anteriores administraciones se ha incurrido en el mismo error de promover programas de conectarse al conocimiento, sin previamente consolidar un programa de formación permanente para el docente en las áreas humanísticas y académicas, y un proceso de capacitación y supervisión de docente y de los padres y madres de familia, factores clave en el proceso de modernización de la educación.

La evaluación de cierto y falso, selección múltiple que promueve memoria y mansedumbre es un indicador más de la crisis educativa. Es bueno saber que se realizan esfuerzos por cambiar el obsoleto proceso de evaluación docente; sin embargo, debe promoverse una evaluación integral que incluya la propia evaluación de la estructura administrativa de la entidad rectora de la educación dirigida por instancias que no provengan del propio sistema.

Una de las principales debilidades del Ministerio de Educación es haber eliminado el departamento de investigación educativa desde 1995, con lo que se perdió la posibilidad de obtener respuestas más científicas ante el problema.

La cifra de los fracasos es preocupante, si se le suma cada año la población estudiantil que deserta, o que logra promoverse hasta el sexto grado sin haber comprendido siquiera a interpretar lo que lee. Las estadísticas existen, pero al parecer no son la base para promover los cambios requeridos. La rehabilitación permitirá a muchos promover su año de estudios, para regresar a las mismas escuelas, con las mismas deficiencias -ahora en trimestres- con un alto porcentaje de educadores desmotivados, y con la ausencia de un Plan Educativo Nacional que indique hacia dónde vamos y qué tipo de educación necesitamos.

De lo contrario caeremos en el riesgo de implementar una “administración por ocurrencia”, más que un sistema educativo que vaya cónsono con el crecimiento económico del país, más preocupado por su grado de inversión e infraestructura vial que por la preparación de su principal recurso: su gente.

Al respecto conviene tener presente las reflexiones que sobre el particular aportó el Consejo Nacional de Educación (2006) y que sintetiza algunos aspectos críticos que, luego de cinco años de su diagnóstico, permanecen en igual situación: “No ha sido posible descentralizar la supervisión en la estructura burocrática del Ministerio de Educación. No hay suficientes supervisores. A los supervisores no se les brinda el apoyo logístico suficiente y oportuno para realizar su trabajo. Una gran cantidad de supervisores llegan a sus posiciones generalmente mediante concursos basados en los años de trabajo y puntos acumulados por asistencia a seminarios, más que por su formación académica y administrativa”.

Sus objetivos se orientan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, verificar el cumplimiento del currículo y otras actividades administrativas y de auditoría educativa, asesoramiento, evaluación e información que no parecen cumplirse adecuadamente. Las actuales estadísticas educativas y los resultados obtenidos en las pruebas Pisa 2009 son desalentadoras.

La importancia que adquieren los directores de los centros educativos se vuelve crucial en la medida en que el nivel local de la supervisión le corresponde al director de cada plantel, quien es el primer supervisor, y los coordinadores de asignaturas (docentes de premedia y media) a quienes el Decreto 21 les otorga una descarga horaria para que cumplan sus funciones.

Históricamente, la administración educativa se ha caracterizado por su acentuado centralismo y verticalidad. Esta realidad se refleja por ejemplo en el Decreto 100, de 14 de febrero de 1957, vigente que establece “dedicar por lo menos el 60% de los días hábiles a la supervisión en las escuelas. El resto del tiempo debe dedicarse a la preparación de informes, pruebas diagnósticas y otras labores complementarias de supervisión”. ¿Se cumple con esta tarea? ¿Existe algún documento que nos informe sobre el particular?

Al indagar acerca de los documentos normativos que deben permitir el desarrollo de una supervisión eficiente se constata, de acuerdo a algunos supervisores consultados, que no se cuenta aún con un sistema nacional de supervisión con normas académicas para cada nivel del sistema educativo. No hay un manual de supervisión que unifique criterios y procedimientos formales para llevar a cabo una de las tareas claves para lograr la calidad educativa y que permita superar la clásica supervisión a distancia, anual o basada en informes escritos.

La interrogante clave es saber si cerca de una decena de supervisores nacionales pueden verificar la labor de más de 35 mil docentes, muchos de ellos en áreas de difícil acceso, otros sin mayores recursos didácticos, trabajando con el apoyo de programas de televisión (telebásica); un 74.2% son docentes multigrado. En la actualidad hay seis supervisores en la Dirección de Educación Media; seis supervisores en el nivel de Básica General, uno en Educación Inicial y dos supervisores en Educación Particular. Docentes que son supervisados de forma integral y oportuna, se sienten más motivados y seguros en su labor diaria. “No hay un trabajo coordinado y nos sentimos desplazados”, confesó un supervisor.

La urgencia es mayor si se toma en cuenta que un nivel del sistema educativo funcionará ahora con un nuevo modelo basado en competencias, enfoque curricular que amerita su amplia discusión social, sobre todo si aún no se cuenta con los estándares e índice de logros que permitan constar en qué medida se cumple el nuevo reto. Además, aplicar un nuevo sistema de evaluación y supervisión de dichas competencias, de lo contrario se corre el riesgo de que todos los programas que actualmente se implementan, no logren el impacto adecuado.

El gran problema que se confronta es que las acciones dirigidas al sector educativo ponen más énfasis en “modificar la organización del calendario escolar de bimestres a trimestres, en la infraestructura escolar, en ampliar las horas de clase, en implementar los sistemas de informática, con débil asesoría en estimular la creatividad y el pensamiento crítico; en la dotación de libros de texto o en becas universales”.

Todas esas iniciativas son válidas y necesarias, pero no son las relevantes para transformar el sistema de forma integral. Mientras no se transformen los planes y programas de estudio y se logre capacitar e incorporar a los docentes desde el nivel pre escolar, seguiremos con “parches” de corta duración e impacto educativo. Se requiere un plan nacional de educación surgido de todos los sectores, particularmente de sus principales sujetos: los estudiantes, sus docentes y padres y madres de familia, el personal directivo y de supervisión. Los medios de comunicación y el sector empresarial también tienen una alta cuota de compromiso social con la educación.

Datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas de la Contraloría General de la República indican rango bajo de logro en todas las comarcas. Por ejemplo, en materia de tasa de mortalidad en menores de cinco años, la comarca Ngäbe Buglé con una población de 110,080 habitantes, presenta cifras preocupantes, porque es la más alta del país: 62.3%. El límite total es de 37.2%.

Igual ocurre en materia educativa en la que se reporta un logro de 0.492, es decir el más bajo dentro de todas las comarcas. Los años promedio de escolaridad apenas alcanzan para la comunidad Ngäbe Buglé en el año 2007, un 4.1% (Atlas de Desarrollo Humano 2010).

Por otra parte, según declaraciones del colectivo Espacio Encuentro de Mujeres “la movilización antiminera de la población indígena de la comarca de febrero de 2011, encuentra en la protección de Cerro Colorado su principal emblema. La majestuosidad de esas montañas, sus caudalosos ríos, su clima agradable, así como su riqueza mineral lo convierte en el centro de importantes ejercicios de poder. La población indígena panameña aún reclama la ratificación del Convenio 169 de la OIT, para el respeto de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas y justicia para la población de todas las comarcas.

Las mujeres ngäbe buglé participaron activamente en las jornadas de resistencia por la vida, frente a la voracidad de las empresas mineras. Miles de ellas se movilizaron –pese a las largas caminatas, algunas con más de 10 y hasta 15 de horas de camino– de todas las comunidades que componen la comarca en las diferentes concentraciones que culminaron el 27 de marzo con un acuerdo, primero y la derogación definitiva de la Ley 8.

En todas estas movilizaciones se contó con el esfuerzo decidido de líderes femeninas, quienes lamentablemente no aparecen entre los coordinadores de la lucha, no obstante, fueron y seguramente seguirán siendo las que radicalizadas y firmes en el cruce de San Félix movilizaban obstáculos en la calle para impedir el paso de los autos; también motivaban a sus coterráneos bajo un sol inclemente, con escasos recursos de alimentación y agua. Es importante expresar que había mujeres adultas junto a jóvenes y niñas. Las hubo en posición de combate, con varas de metal y madera para enfrentar a los policías que les habían reprimido y rociado con gases lacrimógenos.

Junto a ellas se encontraban otras mujeres en edad reproductiva y jóvenes de las comunidades de San Félix, en apoyo a la lucha por la identidad y defensa de la tierra, agua y vida de la comarca. Así, las autoridades “comprendieron” que no habría tregua.

Para muchos, la creación de las comarcas indígenas es una especie de dádiva o un exceso de paternalismo gubernamental, al adjudicarles grandes extensiones de tierra. Lo cierto es que si la población de las comarcas no dispone de suficientes vías de comunicación, acceso al crédito, insumos, programas educativos ajustados a su realidad cultural, servicios de salud y agua potable, ninguna red de oportunidades frenará su migración incesante en busca de mejorar su calidad de vida. La deserción educativa proseguirá y el analfabetismo real y funcional se convierte así en su principal obstáculo para incorporarse dignamente a la sociedad.

Otra realidad poco conocida es que las mujeres ngäbe buglé aún son las parteras de sus propios hijos. Así lo constaté al entrevistarlas en una jornada realizada en la comunidad de San Félix en los locales de la Fundación Nuestra Señora del Camino. Me conmoví con las declaraciones de estas valientes mujeres, quienes confesaron sus carencias más elementales.

Cuando le pregunté a una de ellas su edad, me dijo: “Me calculan 58 años”. Una mujer más, no hay prisa en reportarla. Es decir, las mujeres al nacer no son registradas por sus familias. Nacen con el signo de la desigualdad y desde muy jóvenes inician el extenso camino de la maternidad. Son las mujeres parteras quienes por décadas con la mayor valentía imaginable declaran “que para atender el parto solo tienen tijeras o una cuchilla, algodón, alcohol, una paila, hilo y a veces unos guantes”. Poca agua y oscuridad casi total en los partos de madrugada. Afortunadamente, organizaciones como el Fondo de Población de Naciones Unidas, Unicef, el Ministerio de Salud y la Universidad Especializada de las Américas trabajan arduamente para enfrentar esta realidad histórica y que contrasta con tantos indicadores de grados de inversión que, difícilmente, son recibidos por la población de las comarcas indígenas.

Por esas razones, han enfrentado y seguirán luchando de lunes a lunes por defender sus tierras solitarias, el medio ambiente y sus derechos por un mejor presente. Nuestro reconocimiento a las mujeres de largos cabellos y largas batallas: las mujeres indígenas, particularmente las de la comarca Ngäbe Buglé, quienes demostraron ante el país su combativo espíritu de lucha, sus afanes de superación y un auténtico sentido de identidad nacional.

A continuación, el soldado estadounidense, ubicado en una garita de seguridad, procede a comprobar, mediante una llamada telefónica que, efectivamente, los datos corresponden a mi descripción. Anota el número de mi cédula en un libro y me indica que puedo pasar. Observo por el espejo retrovisor de mi auto que, además, anota la placa.

Esta escena era parte de la rutina diaria que los panameños vivimos por décadas en la antigua Zona del Canal. Garitas, centenares de letreros con advertencias de No trespassing, prohibiciones y sanciones fueron parte de la escenografía de un legendario territorio, y que marcaron nuestra memoria colectiva.

Ha transcurrido más de una década desde que recuperamos nuestra soberanía, y para quienes pensábamos que ese pasado, producto de la ocupación colonial sería conservado como parte de la identidad nacional, sorprende comprobar que ante la ausencia de una política de recuperación histórica, poco a poco, ante la indiferencia ciudadana, se han destruido garitas e instalaciones, se sustituyen nombres y surgen nuevas zonas de exclusión de compañías portuarias, que se han apropiado de calles y avenidas de libre tránsito.

Me refiero, en primera instancia, a las antiguas garitas colocadas a la entrada de las bases militares. Casi todas han sido eliminadas, en aras de un “proceso de modernización y ampliación de las calles”. En Albrook, por ejemplo, las dos garitas fueron derrumbadas; igual ocurre con algunas de Clayton, Ancón, y así sucesivamente. Al preguntarles a funcionarios de relaciones públicas del MOP, ellos negaron que la entidad sea la promotora de tal destrucción, y nos resultó imposible obtener una cita con algún técnico que pudiera brindar explicaciones al respecto.

Los países que han vivido hechos históricos de los que se avergüenzan, no han movido una sola piedra para modificar ese pasado que, aunque cruel, es parte de su identidad nacional. Visité en Hiroshima, Japón, el monumento de la paz y el sitio en que la bomba atómica mató a miles de japoneses. Igual ocurrió en un campo de concentración alemán, visitado en 1998. Me comentaron que les avergonzaban el fascismo y la muerte de millones de judíos, pero que los campos de concentración se conservan intactos, para que los nacionales y extranjeros comprendan los horrores de la guerra y la relevancia de la paz.

De ahí que resulta sorprendente que en Panamá se eliminen sitios históricos que deben ser respetados por quienes aspiran desactivar nuestros activos como Nación. Al parecer, los preceptos constitucionales poco efecto producen en las autoridades encargadas de velar por el patrimonio histórico. En efecto, el artículo 85 de la Constitución Política indica, en sus primeros párrafos, que constituyen el patrimonio histórico de la Nación los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, monumentos históricos u otros bienes muebles o inmuebles que sean testimonio del pasado panameño. El artículo, también, advierte de que la ley reglamentará lo concerniente a su custodia, fundada en la primacía histórica de ellos y tomará las providencias necesarias para conciliarla con la factibilidad de programas de carácter comercial, turístico, industrial y de orden tecnológico.

De poco ha servido tal disposición. Por el contrario, la mayor demolición se extiende ahora a uno de los edificios más emblemáticos del pasado de lucha panameño: nos referimos a la antigua sede de la Embajada americana, que colinda con otro patrimonio relevante: el Hospital Santo Tomás y sus jardines, que fueron declarados monumentos históricos nacionales, mediante Ley 26 de 1986.

Un grupo de artistas y profesionales, en las últimas semanas, ha hecho sentir su voz de protesta, ante semejante exabrupto y derroche económico, cuyo propósito es construir un edificio de millonaria inversión. Aunque aún el proceso de aprobación no ha sido legalizado, sorprende observar el mayor deterioro de su infraestructura, la desaparición de gran parte de su valioso tejado, pese a la presencia de guardias de seguridad que han detenido el saqueo.

Urge, entonces, recuperar todas estos sitios y colocar información que oriente al público nacional y extranjero; faltan iniciativas de la Asamblea Nacional para promover una ley que preserve y gestione una nueva mirada a estas áreas que seguirán simbolizando nuestra lucha generacional. Sugerimos rotular cada sitio, mantener sus nombres en inglés, restaurar las garitas, las paradas de los buses, las estaciones del tren, identificar los refugios que datan de la Segunda Guerra Mundial, acondicionar el ferrocarril, ubicado en la antigua estación del tren de Balboa; preservar los faros a las orillas del Canal.

Otro saldo pendiente es que las autoridades organicen unrecorrido histórico por dichas instalaciones. Nacionales y turistas requieren conocer y valorar esa página de la historia que seguirá siendo la explicación, la brújula nacionalista que logró la recuperación plena de nuestra soberanía.

Comprobar estas afirmaciones resulta fácil. Solicite a los estudiantes de colegios, tanto oficiales como particulares, sus exámenes y verificará que estos comienzan con las clásicas instrucciones de “no tache, ni borre, no use corrector. Siga indicaciones. Coloque una V al concepto verdadero y una F al falso”. Escoja la letra que corresponda a la respuesta correcta. Escriba un gancho al final de la oración correcta. Llene los espacios, coloque una b o v. Esta última opción para evaluar ortografía, contenido del programa de primer grado (ejemplo extraído de una prueba bimestral de español correspondiente al VI año de un instituto oficial de la ciudad de Panamá).

El análisis de dichas pruebas permite establecer dos conclusiones: la primera, que en escasos 15 minutos el docente habrá calificado a cada estudiante. La segunda es que los resultados obtenidos en materia de comprensión lectora (PISA 2009), demuestran la necesidad de transformar las formas habituales de evaluar y priorizar la redacción creativa, la buena lectura, alejarse de las rutinas evaluativas.

De lo contrario, por más inversiones que se realicen en dotación de textos escolares y equipo de computadoras, la mente de los estudiantes no podrá aprovecharlas para que surja el pensamiento crítico y creativo capaz de analizar, crear, innovar, desaprender, percatarse de su realidad y asumir su propio aprendizaje. Observe y escuche la pobreza en el lenguaje escrito y oral de la gran mayoría de nuestros estudiantes.

En pleno siglo XXI, con más preguntas e incertidumbres que responder, es válido analizar qué tanto valor tiene que los estudiantes respondan ciertos y falsos muchas veces resultado de una rápida copia de su compañero más cercano en el salón de clases.

Hemos aceptado que las verdades y falsedades son de relativo alcance y duración. La rapidez en la evolución de los cambios y el surgimiento de una ola de nuevos contenidos coloca a esta alternativa y a las otras señaladas, como poco efectivas, salvo en los casos de conocimientos universales.

Ante la falta de mecanismos de supervisión educativa (oficial y particular) que modifiquen dichas prácticas educativas, dirigidas a medir memoria y complacerse ante la brevedad de las respuestas, peldaños débiles para alcanzar una verdadera calidad educativa, la evaluación de los procesos educativos debe ser modificada de forma integral.

No debe interpretarse nuestra posición como una ruptura total hacia la relevancia de la memoria, primer peldaño para desarrollar otros procesos del pensamiento para el aprendizaje. Pero lo cierto es que gran cantidad de docentes, atribulados ante la masificación de la enseñanza (45 estudiantes por salón de clase), por comodidad académica coartan y buscan respuestas fáciles, tal vez correctas y verdaderas, pero estériles en un mundo en que lo que hoy resulta cierto, mañana será relativo o falso.

Más grave aún resulta la forma tradicional y dogmática de cómo se evalúan los valores: a través de un examen con preguntas de conocimientos que son respondidas correctamente, pero al final esos mismos estudiantes no muestran el menor sonrojo en bailar, colectivamente, el himno nacional.

Convendría preguntarnos si las técnicas y actividades sugeridas para la evaluación en el módulo de autoaprendizaje (Meduca y Universidad de Panamá 2011: 71- 72) son conocidas, aplicadas y supervisadas para que “nuestros estudiantes tengan una formación integral que les asegure éxitos en su vida personal, social y profesional”.

En el caso de Panamá, la situación debe convocarnos a reflexionar con el mayor grado de responsabilidad posible acerca de los recursos destinados a la educación. Datos provenientes de la Contraloría General indican que el presupuesto del sector público según institución para el año 2010 asciende a $1.150.945 millones (Cuadro 511-09). Incluye en primera línea el presupuesto más alto destinado al Meduca en toda su historia: $828.369.000.

Se incorporan a dicha inversión, las cinco universidades estatales, el Ifarhu, el Iphe, el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), el Inac, el Inadeh y el Sistema Estatal de Radio y Televisión. No incluye la Secretaría Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación, entidad con funciones directas en la capacitación de recursos humanos.

Es importante mencionar que además de la asignación presupuestaria señalada, hay una amplia cantidad de entidades y organismos ligados directamente a la educación que invierten millonarias sumas en el sector educativo: organismos de cooperación internacional con programas directos, entre ellos Unicef, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEA y los préstamos de entidades de financiamiento, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo, cuyos montos son incorporados al presupuesto general del Meduca. Además, el Programa de Ayuda Nacional (antes Fondo de Emergencia Social y Fondo de Inversión Social), también aportan millonarias sumas en el suministro de insumos básicos para la educación. Por ejemplo, en 2011 más de 397 mil 172 estudiantes en todo el país consumen alimentos provenientes de esta entidad.

La lista prosigue, al identificar los programas dirigidos al sector educativo en varios componentes que van desde la capacitación, edición de libros, construcción y mantenimiento de escuelas para señalar los más relevantes impulsados por el Prodec y cuyo monto es millonario.

Por su parte, los clubes cívicos y empresas telefónicas, entre otras, de forma permanente han destinado millonarias inversiones destinadas a apoyar la educación con programas que incluyen construcción de gimnasios y escuelas, reconocimiento y capacitación docente, becas y subsidios escolares, mantenimiento de centros educativos. Todas estas acciones se fortalecen desde la creación del programa de Responsabilidad Social Empresarial, con notables aportes para la comunidad educativa. Los medios de comunicación, anualmente, realizan sendas colectas para contribuir con insumos básicos a la labor educativa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 270 de la Ley Orgánica de Educación “cada Municipio de la República destinará, de sus rentas municipales anuales, el 20% a la educación oficial del primer nivel de enseñanza y el 5% a la educación física del primer y segundo nivel de enseñanza en todos los planteles educativos. También sigue vigente el Art. 263 que estable el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, que permite recibir subsidios millonarios, lamentablemente, en un alto porcentaje no han sido bien administrados y supervisados.

La ley indica que el gasto público en el sector educativo no será inferior al 6% del PIB del país. Lo cierto es que la suma de todos los rubros anteriores permite concluir que Panamá es el país de América Latina con el mayor presupuesto per cápita destinado a la educación, en todos sus niveles, y asciende aproximadamente al 15%.

Falta cuantificar aún la inversión que los padres de familia (educación oficial y particular) destinan a la educación, dato que es prácticamente imposible determinar, sobre todo para el sector privado de mayor costo por estudiante. La necesidad de realizar gastos en educación está fuera de discusión. Ante todo, la mejor formación de cada ser humano es un bien en sí mismo; además, es elemento clave en la promoción del desarrollo económico y social de los países, aunque la educación no debe reducirse a la dimensión económica ni a la utilidad social de corto plazo. La educación es primera prioridad de un estilo de desarrollo.

Cada proyecto nacional se apoya estratégicamente en su proyecto educativo. En el estilo neoliberal, el enfoque economicista trata de formar recursos humanos, o sea, mano de obra basada primordialmente en competencias, y técnicos adecuados a los tipos de producción y servicios que se desea privilegiar, en especial, aprovechando las ventajas comparativas y las exigencias de la globalización.

Los grandes logros en educación han sido posibles solo con la plena participación de los estudiantes, sectores docentes y autoridades educativas. Luego de 21 estudios efectuados a la fecha y un sistema educativo sobre diagnosticado, ¿cuándo se declinarán los intereses político-partidistas y gremialistas para alcanzar una educación integral y de calidad?

Cuando se presenta un proyecto creativo o una idea innovadora, por lo general pronunciamos frases paralizantes que alejan la idea innovadora. Se le rechaza de antemano, incluso antes de ser analizada si conviene o no adoptarla o adaptarla al país, a la empresa, a una institución o a nuestra vida cotidiana.

En la práctica se usan para inhibir, para impedir, retrasar, colocar en la gaveta ideas y proyectos, y postergar decisiones. De hecho, nuestro coeficiente de invención y patentes es uno de los más bajos del continente: 1.06% por cada 100 mil habitantes (Senacyt 2003:115).

Tienen una estrecha relación con la baja autoestima, la dependencia y el concepto que cada quien posee de sí mismo y de los demás. Son patrones de conducta inculcados desde el hogar, se refuerzan luego en la escuela, y los medios de comunicación se encargan de reforzarlos a través de la publicidad y de una variedad de estrategias. Algunos sociólogos consideran que el fenómeno del transitismo, que vivimos por cerca de cien años, consolidó una cultura de la dependencia.

Esta situación ha colocado a Panamá en una especie de país en “lista de espera” o de piloto automático, ante los desafíos de las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia, la tecnología y de la globalización. Los panameños postergamos tomar decisiones; se prefiere concertar fechas; muchos estudios, decenas de diagnósticos, pocas ejecuciones. Los gobernantes, los directores, los ministros, los ciudadanos en general, padres y madres de familia más temerosos de enfrentar retos y aprender de los errores y aciertos, optan por evadirse, por conformarse y por decirle NO a todo.

Esta actitud derrotista explica con claridad por qué ocupamos siempre el último o antepenúltimo lugar en la marcha acelerada del cambio. Por supuesto, los intereses políticos son otro factor de desequilibrio.

Es así como al revisar la lista del ingreso de Panamá a la telefonía celular, el uso de la televisión por cable, el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, la aplicación del Libro Tercero del Código Procesal Penal, la educación inclusiva, la constituyente, los derechos de las minorías étnicas, el derecho al voto para las mujeres, el Tratado de Libre Comercio, el sistema de pesos y medidas, y decenas de iniciativas más, siempre ocupamos un sitio preocupante.

Surge un nuevo proyecto, repasemos las frases más escuchadas: “Es una locura”; “No se acostumbra”; “No te arriesgues”; “Nadie lo ha hecho antes”; “No va a funcionar”; “No tenemos personal”; “No entra en el presupuesto…”; “¿Y eso qué tiene de nuevo?”; “Va a costar una fortuna”; “No es necesario en este momento”; “No estamos preparados”; “Esa idea ya se probó en otro país y fue un fracaso”; “Los jefes no lo van a aceptar”; “El manual no lo menciona; “La ley no lo permite; “Una sola golondrina no hace verano”; “Hace falta primero que…”; “Dedícate a vivir sin problemas”; “No levantes olas”; “Este país no lo compone nadie”.

“Cuesta un ojo de la cara”; “No se puede”; “Es gastar pólvora en gallinazos”; “Vamos a crear una comisión”; “Nombraremos una comisión de garantes”; “Necesitamos algo menos atrevido”; “Nos acusarán de insubordinados”; “No es tu problema”; “Eso lo tiene que atender otro departamento”; “¿Se le habrá ocurrido algo así a la competencia?”; “Demasiado simple para ser bueno”; “Jamás encontrarás patrocinadores”; “Seamos realistas…”

“Hace falta (a, b, o c)”; “Se reirán de nosotros”; “Mejor espero a que otro lo proponga”; “¿Y tú crees que los clientes pagarán?”; “Eso es una locura”; “Somos un país pobre”; “No podemos darnos el lujo de fracasar”; “Eso no es rentable”; “Tiene más desventajas que ventajas”; “¿Tú piensas vivir de eso? ”

“¿Cómo reaccionará la competencia?”; “Estoy muy viejo para eso”; “Quedaré como un tonto si fracaso”; “Es como arar en el mar”; “¿Estamos realmente listos para esa idea/ propuesta?”

Y, finalmente, no puedo dejar de mencionar los saludos de “casi todos los panameños” que son el equivalente a vernos siempre en letras minúsculas,en blanco y negro, una especie de “síndrome del padrino” para que otros nos solucionen los problemas .

Recordemos: “Bueno… aquí en la lucha”; “Bien, por lo conforme”; “Medio medio… “Llegando a real”; “Aquí como cuando tú eras pobre”; “Tratando; “Me queda sólo un año para jubilarme”; “Esperando a que baje la marea”.

“Estás más delgada”; “Viendo los toros desde la barrera”; “Sobreviviendo”; “Aquí… respirando”. En fin… la lista es larga y penosa.

Urge, entonces, la necesidad de promover una cultura del optimismo, de la innovación, del pensamiento crítico, de un sistema familiar y educativo que inicie y se comprometa a modificar las estructuras arcaicas que nos colocan en el último vagón de la historia. Sólo así comenzaremos a vencer el miedo a aprender a emprender.

Iniciada en los sesenta no ha servido para generar los procesos de comunicación en los centros educativos y poco ha servido para que los estudiantes y los docentes, utilicen creativamente la tecnología. En términos generales se identifican cuatro tendencias desde el estallido de la informática en los centros educativos:

Las computadoras incorporadas como transmisoras de información, los docentes hacen uso de ellas en los salones de informática, en un esquema más centrado en bajar y copiar información para luego entregar “tareas escolares sin mayor trascendencia académica.

Las computadoras incorporadas como instrumentos para lograr la participación del estudiante en sus procesos de aprendizaje.

Las computadoras como recursos para “entretener a los estudiantes” en ejercicios desvinculados de sus respectivos planes y programas de estudio.

Las computadoras como expresión errada de modernización de la educación, lo que en la práctica equivale a invertir millonarios recursos en dotar de laboratorios, libros virtuales, contratación de expertos foráneos, y equipamiento sin que se establezca previamente la capacitación de sus educadores, los mecanismos de evaluación y seguimiento académico integrada a una nueva concepción de la evaluación y supervisión del conocimiento.

Desde hace décadas, en Panamá, las nuevas tecnologías de la información se presentan por las autoridades educativas y los directores de centros particulares como una “varita mágica”, sinónimo de calidad de la educación.

A falta de investigaciones nacionales sobre el tema, pero cercanos a la realidad educativa, podemos afirmar que con meritorias y escasas excepciones, el analfabetismo tecnológico de los estudiantes y de los docentes en la gran mayoría de los niveles y establecimientos educativos es sorprendente y alarmante. Sería interesante conocer la cantidad de docentes que poseen su propio correo electrónico y el uso que hacen de este servicio, en función de sus respectivas cátedras.

Nos atrevemos a asegurar que la característica más difundida con respecto a la tecnología es la de un consumo de productos tecnológicos y no de una comprensión, apropiación y uso de sus potencialidades. Se vive en una sociedad de la información con una comunidad educativa que en general no está preparada para localizarla, procesarla y aplicarla a la solución de sus problemas cotidianos, académicos y comunitarios. Las pruebas de comprensión lectora son el mejor ejemplo de esta afirmación.

Ha surgido el espejismo que a mayor capacidad instalada de equipos de informática nos acercamos a la excelencia y modernización de la educación. El vandalismo en las escuelas debería conducir a proponer otras formas de aprovecharla; como lo hacen México, Argentina, Chile y España, cuyos portales de los Ministerios de Educación ofrecen miles de recursos didácticos, libros virtuales, y recursos para el aprendizaje, gratuitos. La biblioteca nacional de Panamá es un buen ejemplo de esta posibilidad.

Se habla hasta de “equidad digital” con la entrega gratuita de libros digitales y dotación de laboratorios virtuales a centros educativos de Panamá. Datos oficiales publicados en el boletín Misión Educativa No. 5 de abril de 2009 del Ministerio de Educación, indican que el Estado invirtió 11 millones de dólares para el equipamiento tecnológico de laboratorios virtuales y 3 millones 500 mil dólares en libros digitales para matemática, física, química y biología. De los 3,448 centros educativos existentes en el país, tan solo 698 tienen uso de internet y 432 poseen conexión satelital. Se desconoce la capacitación recibida al respecto y los compromisos adquiridos para la entrega de computadoras al finalizar el año escolar.

Se olvida que antes que usar la tecnología se hace necesario desarrollar y conectar a los estudiantes y docentes a la creatividad, como requisito para estimular el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Resulta curioso que todo el proceso de evaluación permanezca intacto y que predomine el cierto y falso, la selección múltiple, el pareo y otros sistemas de evaluación obsoletos, en un mundo cambiante que reclama nuevas formas de apropiación del conocimiento.

Se entiende por diseño curricular la explicación de un proyecto educativo en los aspectos directamente vinculados a los contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje. Su función es la especificación de normas básicas para la evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos políticos y socio-económicos, y servir como código común para la comunicación entre los protagonistas del quehacer educativo.

Identificamos, en principio, 10 debilidades que es necesario atender cuanto antes, si se busca un profundo proceso de calidad integral de la educación o bien colocar un parche más a los resultados más vergonzosos de la educación panameña, demostrados tanto en las pruebas internacionales como en las pruebas de admisión de las universidades nacionales.

1. Luego de 14 años de ejecución de la Ley 34 de 6 de julio de 1995, que reformó la Ley Orgánica No. 47 de 1946, se requiere conocer una evaluación integral de su aplicación. Sus errores, sus aciertos, si el cambio de denominación de Educación Básica General a 11 grados de duración resultaron efectivos, evaluación de los planes, programas de estudio y perfiles de formación, evaluación de su personal docente y del aprovechamiento de su gestión y presupuesto, para señalar los más relevantes. ¿Se ha realizado dicha evaluación para proceder entonces a la transformación curricular tan anunciada y lograr la indispensable articulación entre niveles?

2. ¿Es correcto, académicamente hablando, comprender la transformación curricular como una mera reducción en el número de bachilleratos y el resto del sistema educativo siga funcionando igual? ¿Qué justifica que son necesarios seis y no 10? ¿Qué ocurrirá con las decenas de los bachilleratos de las escuelas particulares? ¿O a ellos se les permite otras lógicas administrativas de funcionamiento?

3. ¿Es correcto darle prioridad a la transformación curricular de la educación media, si las fallas del sistema se identifican con prioridad desde la educación primaria? Sugerimos revisar los programas, cuyos enfoques metodológicos y bibliográficos datan de hace más de tres décadas. Nuestros estudiantes reflejan fallas profundas en sus capacidades de comprensión de lectura y habilidades matemáticas desde el primer grado. Si usted aspira a reformar la estructura de un edificio con sus bases carcomidas ¿qué le garantiza que tiene que iniciar por el tercer piso?

4. La transformación curricular también implica una modificación de la organización académico–administrativa de las instituciones del sector en su conjunto (particularmente de la gestión institucional del Meduca) para que pueda servir a un modelo curricular de otro tipo, distinto a aquel que simplemente segmenta el conocimiento en materias separadas y que, por tanto, tiene una lógica contraria.

5. ¿Es posible una transformación curricular con el mismo sistema obsoleto de enseñanza, evaluación, capacitación y supervisión, cuyas fallas y limitaciones impiden el mejoramiento cualitativo del sistema educativo?

6. Panamá dispone de 13 documentos diagnósticos y pronósticos de su estado educativo. ¿Cuál se aplicará y qué nuevos paradigmas nos indicarán qué reformas sustanciales tendrá la educación primaria antes de comenzar con la educación media? ¿Qué país necesitamos para las próximas décadas? ¿Un país de administradores marítimos y bancarios o un país con un sólido sistema educativo, sin mayores diferencias entre las escuelas oficiales y particulares? ¿Cuál es el plan estratégico y las políticas educativas del ministerio y de las entidades afines luego de contabilizar docentes, aulas e infraestructura?

7. ¿Es posible proponer una transformación curricular para la educación media basada en un enfoque de competencias, compromiso con resultados y formación común y espacios de diversificación (Meduca 2008: Pag. 8), cuando todos los planes y programas de estudio del nivel de Educación Básica General están elaborados y aplicados con un enfoque conductista– memorístico y basado en contenidos mínimos esenciales?

8. La teoría de desarrollo curricular indica que cuando se apliquen transformaciones se deben hacer progresivamente, en planes-piloto supervisados, y proceder a su evaluación antes de aplicarlos. Desconocemos los criterios de prioridades académicas geográficas en este caso.

9. ¿Es posible la transformación curricular de la educación media sin un departamento de investigación educativa y de evaluación (solo hay un funcionario), que brinde lineamientos estratégicos y políticas educativas a largo plazo, que evalúe y supervise el sistema, con un manual de procedimiento institucional?

10. El presupuesto del Meduca es el segundo más alto en América Latina. Paradójicamente, ocupamos el penúltimo lugar en comprensión lectora y en habilidades lógico-matemáticas.

Los datos hablan por sí solos. Tal vez la cifra de 142 millones de dólares reportados por el ministerio desde 2000 hasta 2007 en materia de repitencia (indicador más elocuente de la ineficiencia interna del sistema), en la primaria, premedia y media, algún día haga reflexionar a las autoridades educativas, a la empresa privada, a los 30 gremios educativos, a las universidades formadoras de educadores y, sobre todo, a los propios estudiantes y madres y padres de familia.

El presidente Royo anunció también, en extenso discurso, el pago de los salarios caídos de los educadores y los exhortó a que retornaran a clases y expresó su respeto por la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946, y manifestó que “esta no deja de ser una ley con 33 años de vigencia”.

Al derogarse la Reforma Educativa se integró una comisión representativa de los distintos sectores de la comunidad nacional para analizar, estudiar y recomendar la estructuración de la educación nacional. Los dirigentes magisteriales de la época fueron: Julio Ortiz por la Asociación de Profesores de la República de Panamá; Marcos Alarcón, del Movimiento de Maestros Independientes Auténticos, y Gilberto Solís, por la Asociación de Colegios Particulares.

Los componentes económicos, salariales en que los educadores exigían sobresueldos, ascensos de categoría, pago de vigencias expiradas, proyectos de vivienda, y por último la revisión integral de la Reforma Educativa ascendió a 31 millones de dólares para atender estas demandas (Ver La Estrella de Panamá 16/10/1979).

Se emitió el Decreto No. 199 de 22 de octubre que derogaba la Reforma Educativa, firmada por el ministro de Educación Dr. Gustavo García de Paredes. La Escuela República de Venezuela fue el sitio emblemático en el que se concentraban los detractores de la reforma, apoyados por los padres de familia, estudiantes, obreros, médicos y un fuerte sector empresarial quienes sentían que los programas de estudio, los libros de texto y la vinculación educación trabajo era una réplica demasiado peligrosa y parecida al modelo cubano. Además se acusaba a los libros de texto de promover en sus imágenes el culto a la personalidad del general Omar Torrijos Herrera.

Los ánimos enardecidos de los participantes de la marcha culminaron aquella tarde en una fogosa hoguera en la que se quemaron miles de libros, ante la mirada complaciente de otro sector de la ciudadanía que nunca tuvo oportunidad de comprender el sentido de una Reforma Educativa integral.

“Ahora o nunca” fue y sigue siendo el estribillo de los educadores que desde el 1 de septiembre mantuvieron paralizadas las escuelas del país y que convocaron el 9 de octubre en la ciudad capital a más de 250 mil personas que salieron a las calles a expresar su rechazo a la Reforma Educativa. Han transcurrido 30 años de aquella fecha que nos dividió aún más a los panameños: por un lado, quienes la adversaron por considerarla que consolidaba el proceso torrijista y adoctrinaba a los estudiantes. Un segundo grupo la apoyaron y a través de sendas comisiones de trabajo redactaron publicaciones académicas del más alto nivel y que concluían que la educación constituye un reflejo de las formas de organización social predominante. Los documentos elaborados están disponibles en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero; incluye la propuesta para la estructuración del sistema educativo panameño. Informe final 1984.

Un tercer grupo: docentes, gremios médicos y empresarios lograron su legalización al ser incorporados como Comisión Coordinadora de la Educación, a la Ley Orgánica de Educación por medio del artículo 25 que indica “funcionará como organismo consultivo y de asesoría técnico pedagógica del Ministerio de Educación, y tendrá además cualquier otra función que el ministerio determine”. Salarios y oficinas y desconocida producción académica ha sido su norte en sus tres décadas de funcionamiento. ¿Qué costo económico y social ha tenido para el país “mantener” dicha Comisión? ¿En qué memoria institucional se pueden conocer sus aportes?

Los actuales indicadores de la educación panameña son preocupantes. Desde 1992 se han producido 14 documentos diagnósticos con visiones y propuestas para convocar a la ciudadanía a un nuevo modelo educativo. Hemos tenido más de 17 ministros de Educación. (1974–2009). El problema central educativo es que tenemos escuelas y programas de estudio del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, que hacen imposible la concreción del objetivo educativo.

Se han promulgado más de 500 leyes, decretos y resueltos y se han conformado más de 25 gremios docentes. Hemos logrado una cobertura educativa cercana al 100% y contamos con 45 universidades acreditadas.

Es hora de transformar aquella frase simplista que marcó el rumbo de la educación panameña: ¡Ahora o nunca! Han sido 30 años de espera. Los resultados de las pruebas nacionales e internacionales que demostraron que los estudiantes no pueden interpretar lo que leen; se agrega que un 50% de los futuros directores regionales tienen dificultades de expresión y sintaxis. (La Prensa 7/10/2009).

Atrevámonos a construir el ahora educativo, al cual nos debemos sumar todos. Que nunca más se quemen libros, porque también al final se quemará gente y con ello se “quemará al país”.

No podemos obviar que una significativa cantidad de instituciones ha logrado –dentro y fuera del aula– prácticas exitosas comprobadas, innovaciones educativas y hasta triunfos en el plano internacional.

Un recorrido por las instituciones educativas de la ciudad de Panamá me demostró que, a pesar de las severas deficiencias, hay docentes, directivos, estudiantes, organizaciones empresariales, voluntariado social y cooperación internacional que pueden mostrar éxitos en su gestión institucional.

Dichos logros son poco conocidos porque, aunque resulte sorprendente, no disponemos de tan solo una revista educativa que registre dichas prácticas. Se requiere que la comunidad educativa, en general, pueda compartirlas, evaluarlas y conformar una especie de red de educadores creativos para enfrentarse a los indicadores negativos del sistema. Esto fortalecerá la autoestima, sobre todo, de los docentes y estudiantes.

Recorrí varios colegios oficiales y particulares, y me recibieron sus directores y coordinadores del área académica. Conversé con los estudiantes, visité los laboratorios; me asombré ante varios talleres de educación artística, de informática; los ensayos musicales de un pequeño grupo infantil de un barrio popular me reconfortaron el espíritu; dialogué con estudiantes orgullosos de sus premios y marcas deportivas, y de sus viajes al extranjero en representación del país.

Todos ellos, aunque algunos no lo sepan, son protagonistas de prácticas educativas exitosas.

Se definen como conductas nuevas que han sido ideadas deliberadamente para mejorar algún componente del sistema educativo. Son intentos de ruptura de la tradición. Es atreverse a proponer programas, metodologías y recursos para lograr aprendizajes y calidad de la educación.

Se trata de personalidades creativas, innovadoras y tenaces que las promueven.

Efectué el registro de las prácticas exitosas e innovaciones educativas con un cuestionario elaborado con los criterios que los organismos internacionales consideran pertinentes

1. Duración: Cada práctica debe tener como mínimo tres años de llevarse a cabo y tener posibilidades de repetición.

2. Debe poseer impacto sobre la gestión institucional de cada centro. Trascender el aula, motivar a otros, vencer la rutina y el tradicionalismo docente e institucional. Enseñar y evaluar de forma innovadora.

3. Pertinencia: Debe responder a los nuevos avances que en materia de conocimientos, competencias y valores están vigentes y ser aplicables a la diversidad cultural.

4. Sensibilidad e impulso ético: ¿La práctica exitosa es consistente con las necesidades identificadas por los estudiantes y docentes?

¿De qué manera contribuye o tiene consecuencias para fortalecer los valores tanto institucionales como personales de cada miembro de la comunidad educativa?

5. Integración al programa educativo institucional: Toda práctica educativa debe formar parte del currículum escolar. Ninguna acción aislada.

Me emocioné al visitar El Chorrillo y comprobar la labor del Instituto Nuestra Señora de Fátima en medio de la violencia del barrio.

Qué decir de un colegio que capacita a sus docentes través de un diplomado en innovaciones educativas; de los estudiantes que viajan por el mundo para explicar cómo preservar el águila harpía y son recibidos por investigadores de la NASA; los software educativos premiados internacionalmente; las clases de robótica, el reciclaje didáctico que una dinámica profesora organizó para el laboratorio de ciencias naturales. La enseñanza exitosa de otros idiomas. Un museo didáctico de la historia griega.

Conocí a una profesora de ciencias sociales del Instituto América que explica la patria, su historia y geografía entre canciones, juegos didácticos e investigaciones de campo.

La enseñanza de valores que realiza este mismo colegio es innovadora. El club de matemáticas y la enseñanza de la geometría y el ajedrez. Las decenas de colegios que participan en la Feria de Ingenio Juvenil de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Qué ocurrirá en el interior de la República?

Se requiere buscar los mecanismos interinstitucionales para divulgar el otro rostro de la educación: Ya no más diagnósticos. Ya nos contamos. Ahora aprendamos a conocernos y compartir lo exitoso del sistema.

También pudimos apreciar la impactante exposición fotográfica que denuncia que aún existen ocho muros construidos bajo distintas excusas, miedos e intolerancias: el muro entre México y Estados Unidos; el cerco de alambre de púas alrededor de los enclaves españoles de Melilla y Ceuta en Marruecos; el cerco electrificado a lo largo de la línea de control entre Pakistán e India; el muro de separación entre israelíes y palestinos; la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur; la línea verde que divide la isla de Chipre; las líneas de la paz en Irlanda del Norte y el Berm, un muro de arena que cruza el oeste del Sahara de norte a sur.

Son aproximadamente 17 mil kilómetros que advierten de que los países “democráticos” aún no han logrado la mejor distribución de la riqueza y que aún persiste el hambre y la intolerancia política entre sus vecinos.

La actividad fue auspiciada por la Universidad Latina de Panamá, el Instituto para la Consolidación de la Democracia, la Embajada de Francia en Panamá y la Alianza Francesa.

“Los muros entre los hombres” es el resultado de una tesis doctoral de la Universidad de París, elaborada con alta rigurosidad científica por la Dra. Novoseloff.

La investigación demoró aproximadamente tres años y permitió a sus autores profundizar en los contextos sociopolíticos que sustentan cada línea divisoria. La riqueza de la información bien merece que se coloque en el sitio web de alguna de las entidades que auspiciaron la actividad.

A 20 años de la caída del muro de Berlín, hoy día nos enfrentamos a otros muros más evidentes. Mientras usted lee este artículo, miles de personas alrededor del mundo tratan de atravesar esos muros a riesgo de morir en el intento.

En Panamá tuvimos como resultado de la presencia del enclave militar de Estados Unidos, cercas con letreros de “No traspassing”, que nos humillaron por décadas; también vivimos los muros del gold roll y silver roll que nos dividieron injustamente. Éramos extranjeros en nuestra propia patria.

Los muros son sinónimos de protección y ante la violencia que nos amenaza son necesarios y cumplen una finalidad. Siguen vigentes pese a disposiciones constitucionales. Enumero los que me resultan más inadmisibles:

El primer muro es el que proviene de la pobreza y la ignorancia que ubica a Panamá en un sitio aún cuestionable en desarrollo humano. El muro es más complejo en las comarcas indígenas: ciudadanos que viven en las peores condiciones de marginalidad y segregación. Pese a la Red de Oportunidades, familias enteras migran en busca de mejores salarios y el futuro se le restringe a la niñez al suspenderle sus clases y promediarles sus calificaciones con tan sólo tres bimestres. Seguirán siendo los pobres vitalicios.

Se construyen muros en las playas, una nueva versión del silver roll y gold roll, en total desacato al artículo 258 de la Constitución Política, que indica que estos bienes son de aprovechamiento libre y común.

Existe otro muro en la avenida Dr. Arnulfo Arias Madrid en el corregimiento de Ancón, que impide que nos desplacemos sin “el permiso” de una poderosa empresa portuaria que se apoderó del derecho de circulación. “¡No traspase!”, dice el letrero.

Hay instalaciones turísticas lujosas exclusivas para extranjeros en los que no se puede ingresar. Así me lo informó el oficial de una garita de un hotel que anuncia que su playa es la más bonita de la ciudad. Estas son “las nuevas cercas de Panamá”, le respondí, y me retiré humillada.

Tal como concluyó la expositora Novoseloff, “los muros son muestras tangibles de tensión en nuestro mundo globalizado; son testimonio de una actualidad internacional candente, así como de confusos conflictos estancados. Aparecen cada vez que la civilización no ha pensado verse, encontrarse y comprometerse con el otro”.

Desde 1990, conscientes de la profunda crisis del sector, los panameños nos hemos enfrascado en un conjunto de diálogos y diagnósticos sobre los aspectos claves que demanda la transformación integral de la educación panameña, ellos fueron: "Educación: factor prioritario para el Desarrollo, Cade–Apede 1995"; "Estrategia Decenal de Modernización de la Educación panameña" (1997–2006); "Visión Nacional 2020" (1998); "Foro Nacional de la Educación Panameña. Por la Calidad, la pertinencia y la equidad", Asamblea Legislativa 2001; "Una cita con la esperanza: Diálogo por la transformación integral del sistema educativo" (2002); "Plan Estratégico del Ministerio de Educación", "Primer Informe al Señor Presidente de la República. Un documento para la acción en el sistema educativo panameño" (2006); "Compromiso Social por la Educación" (2007–2026) y, finalmente, la propuesta nacional elaborada mediante la estrategia de "Concertación Nacional para el Desarrollo", promovida por el Programa de Naciones Unidas ( 2006) con planes muy concretos en materia educativa.

A nuestro juicio el sistema educativo ha colapsado; una especie de coma institucional lo tiene postrado en cuidados intensivos desde hace décadas, para ser más concretos, desde 1979 y la derogación de la reforma educativa. Paradójicamente, nunca antes el sistema ha recibido tantos recursos financieros para apoyar el logro de calidad educativa. Datos de la Contraloría General de la República indican que los gastos efectuados por el Gobierno suman 907 millones 745 mil dólares para 2007, lo que incluye a todo el sector: el Ministerio de Educación, las universidades oficiales e institutos de habilitación especial, cultura y deportes. Adicional a estas cifras habría que agregar las inversiones millonarias que recibe la educación, a través de los subsidios de los municipios, los aportes igualmente millonarios del Fondo de Inversión Social, los fondos provenientes del Prodec y la cuantiosa cooperación internacional.

Pero difícilmente se podrá mejorar el sistema educativo con la aguda crisis familiar panameña; hogares desintegrados, con carencias de todo tipo, un evidente déficit de socialización que se visualiza a través de la crisis de valores de convivencia ciudadana. La pobreza extrema es otro de los factores que amenaza con frenar todo avance académico.

El sector docente, agremiado el 12% de ellos en 23 organizaciones, ha recibido en los últimos cuatro años la astronómica suma de 2.4 millones de dólares en concepto de capacitación profesional, sin que se sepa el impacto y supervisión por parte del Estado ante semejante inversión; se hace necesario que en un acto de transparencia brinden a la ciudadanía, un informe de los programas impartidos a sus miembros con su respectivas evaluaciones y logros.

El Ministerio de Educación es una de las estructuras más complejas del país; por la cantidad de personal que debe nombrar y supervisar; por los 745 mil estudiantes a los que ofrece educación; por el sector docente que lo dirige, uno de los más organizados del país; por la diversidad de usuarios a quienes tiene que brindar egresados con altos niveles de calidad académica.

A partir de 2004, la crisis ha repercutido en que cuatro ministros dirijan los destinos de la educación: un doctor en educación, un doctor en sicología clínica, un profesor de historia y ahora un ingeniero civil. Todos ellos enfrentaron y enfrentarán una de las barreras claves para mejorar el sistema: me refiero a la obsoleta Ley 47 de 1946, orgánica de educación, modificada en diversos períodos y considerada una de las más complejas leyes educativas de América Latina; legislación más dirigida a proteger las reivindicaciones gremiales que los mejores intereses de la educación panameña. Por ejemplo, los siete cargos más estratégicos del Meduca (que son objeto de concurso), el nuevo ministro tendrá que trabajar con sus directivos al margen de la calidad de su labor.

Uno de los mayores dramas de esta crisis es que los propios estudiantes aún no se han percatado de lo obsoleto de los programas de estudio y reclaman tan solo mejoras en la infraestructura escolar; aún no surge un verdadero cuestionamiento al modelo educativo que los conduce a repetir, a memorizar para los exámenes y a la fragilidad de sus aprendizajes; se requiere el surgimiento de un nuevo paradigma educativo: una escuela creativa, con énfasis en la innovación educativa.

Nueve diálogos se han emprendido por encontrar el rumbo cierto para una educación decalidad; ninguno de los ministros, ni de los 23 gremios docentes, ni la iniciativa privada, o la propia sociedad civil han podido convocar al propio Estado y a sus fuerzas representativas, para que se dirija científicamente el sector, con lineamientos académicos y Panamá logre su desarrollo; para que ocupen las direcciones administrativas y académicas profesionales con trayectoria y actitud de cambio. Ese es el reto impostergable del nuevo ministro.

Desde el año 2007, los centros educativos oficiales comenzaron a ser estremecidos por una creciente ola de protestas y cierres de las jornadas académicas como resultado de la escasa supervisión del funcionamiento de la infraestructura escolar. Los resultados son dramáticos: cientos de aulas oficiales han permanecido desiertas por más de dos meses con sus consecuencias irreversibles; la realidad ha demostrado que las clases perdidas nunca se recuperan por la apatía tanto de los estudiantes como de los propios docentes y padres de familia.

Las interrogantes que surgen son múltiples, dependiendo desde qué óptica nos situemos. Veamos las más sobresalientes. ¿Cómo se aprobaron oficialmente los planos de dichas escuelas si la fibra de vidrio es reconocida por las autoridades de salud y la universidad estatal (UTP) como tóxica? ¿Quién supervisa a la Dirección de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación para que actúe con transparencia y rigor científico en sus aprobaciones oficiales? ¿Qué grado de supervisión mantuvo el Meduca sobre las empresas contratadas para garantizar que la limpieza de la fibra de vidrio se desarrollara de forma eficiente? ¿Desde cuándo y por qué no se le brinda el adecuado mantenimiento a dichas instalaciones? ¿A qué sectores sociales les conviene que la crisis educativa se acreciente y las clases se suspendan? ¿Por qué el Estado permite la importación y venta de dichos materiales si son nocivos para la salud? ¿Por qué los gremios docentes prefirieron el silencio y no actuaron en su debido momento para evitar dicha crisis? ¿Qué fuerzas políticas autorizaron a decenas de “empresas instantáneas” para que limpiaran lo que ni ellas mismas podían resolver? ¿Por qué los padres de familia no participan en la gestión escolar y solo les preocupa el aumento del costo de los libros de texto? ¿Por qué en pleno auge de la tecnología de la información cada centro educativo no dispone de su ficha de registro y mantenimiento de sus instalaciones? ¿Cuántas empresas han sido realmente sancionadas y sus multas han ingresado a los fondos del Estado? ¿Es posible que los meses de clases perdidos se recuperen en los 15 días de vacaciones de medio año? ¿Por qué el Meduca no está preparado para emergencias académicas de esta naturaleza y dispone de módulos de aprendizaje innovadores para que los estudiantes prosigan sus ritmos de aprendizaje?

Por un lado se plantea a la educación como un proyecto de formación y desarrollo personal en un contexto democrático y emancipador y finalidad de la educación pública y laica, cuya aspiración es la igualdad social; por otro lado se promueve un modelo de educación que responda a los propósitos neoliberales de la competitividad; la educación es observada como una mercancía y la escuela debe seguir el modelo de la empresa, por tanto la inversión ha de ser rentable, se requieren estándares para optimizar los recursos y producir calidad en el recurso humano adaptado a los distintos sectores de la economía.

Resulta contradictorio y preocupante que precisamente ahora cuando la escuela alcanza en sus coberturas a toda la población, cuando parecía ponerse al servicio de un fin democrático, en Panamá desde hace más de dos décadas ha entrado en una crisis que por el momento se presenta irreversible.

A veces nos asalta la duda: ¿No será que la desintegración del entorno educativo oficial es la nueva forma de colonizarlo, de resquebrajarlo? Cuando se lee en los programas de estudio propuestas que defienden el conocimiento libre y crítico, la formación de un sujeto reflexivo, entonces resulta que la población estudiantil, docente y padres y madres de familia no están en condiciones de ver, oír y en consecuencia participar de forma permanente y crítica. El Estado por su parte, se presenta débil y con escaso liderazgo en la gestión.

Necesitamos de la educación para sobrevivir históricamente y solo si la institución escolar cumple esa misión que le permita cambiar el mundo, podrá sobrevivir en su función social. Cuando las fuerzas sociales, particularmente el Estado, los gremios docentes, la iniciativa privada se decidan a acoger la naturaleza histórica que le es propia, como patrimonio de la tradición, desarrollo del pensamiento crítico, principio de igualdad y objetivo de libertad, entonces podrá sobrevivir como escuela y, en ese caso desencadenará necesariamente el cambio histórico que Panamá como nación necesita con urgencia.

La autora es catedrática e investigadora universitaria

Además en opinión

Ante la crisis que agobia la educación, particularmente la oficial, llama la atención los considerables recursos financieros que recibe cada centro educativo desde que se aprobó la Ley 13 que organiza el Fondo de Calidad de la Educación (FECE); el funcionamiento de dichos centros refleja, en una cantidad considerable, una total indiferencia y falta de liderazgo profesional.

De acuerdo con la ley, el 27% de los fondos del seguro educativo “son distribuidos exclusivamente en los centros educativos del primer nivel de enseñanza para la compra de equipos de laboratorio, mobiliario, tecnología educativa y materiales didácticos; para la construcción y reparación de estos centros educativos y para fortalecer sus programas nutricionales”.

La fibra de vidrio se convirtió en Panamá, desde 2007, en un nombre que simboliza la desidia, la corrupción, la falta de supervisión tanto del Ministerio de Educación como de la comunidad educativa, la poca participación de los padres y madres de familia, pero sobre todo la inercia de muchos directores que prefieren dejar que la crisis avance y paralice los centros educativos, con las consecuencias catastróficas que conlleva.

Casi todos los estudios sobre efectividad escolar han demostrado que el liderazgo en todos los niveles del sector educativo es un factor clave. La interrogante que surge es: ¿Qué tipo de liderazgo reclama la educación panameña? Al respecto, Bernar Bass (1988) define el liderazgo transformacional como el comportamiento de ciertos directivos que tienden a convertir a sus profesores en líderes de las actividades educativas. Se les motiva a través del logro, se despierta la conciencia de la importancia que tienen los resultados escolares y les generan altas expectativas.

¿Qué responsabilidades le corresponden al director de centro educativo oficial? En tal sentido conviene recordar lo establecido por la Ley Orgánica de Educación a través del Decreto Ejecutivo 203 de 27 de septiembre de 1996, en su artículo 29, que indica los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a dichos cargos: se destacan “estar en condiciones adecuadas que le permitan desempeñar de manera eficiente las funciones inherentes al cargo; comprobar su eficiencia mediante la presentación de su última evaluación, que debe reposar actualizada en el expediente. Estar nombrado en condición de educador permanente y contar con un mínimo de ocho años de ejercicio docente en el Ministerio de Educación”.

Adicional a estos ocho criterios establecidos en dicho artículo, al ser entrevistados para ocupar el cargo de dirección, subdirección y supervisión, el artículo 93 de la ley indica una lista de 11 competencias y habilidades, entre las que se destacan: “Conocimiento del entorno geográfico y socioeconómico de la comunidad del centro educativo. Capacidad de liderazgo y para administrar recursos. Habilidad para planear, analizar y tomar decisiones relacionadas con las funciones. Habilidad para dirigir, supervisar personal, coordinar y programar trabajos y preparar informes. Habilidad para mediar en los conflictos. Actitud de tolerancia y respeto a los miembros de la comunidad educativa”.

Durante esta crisis, que todo indica que se profundizará, nos preguntamos: ¿Qué tipo de liderazgo poseen algunos directores de centros educativos?, ¿por qué no logran convocar a las comunidades educativas para que intervengan en la solución de los problemas? ¿por qué no son ejemplos de gestión moderna de la administración educativa?

Sería interesante conocer cómo evalúa la comisión de concursos dicha capacidad de liderazgo. ¿Por asistencia a seminarios o por ejecutorias comprobadas?

Uno de los secretos mejor guardados en el sector educativo es saber a ciencia cierta qué cantidad de directores de los centros oficiales han sido nombrados por concurso tal como lo estipula la ley. Ese criterio de estabilidad laboral también resulta clave para que el director se sienta respaldado y actúe sin las presiones foráneas, mezcla de politiquería y oportunismo laboral. Se requiere de un liderazgo auténtico, que se logra al demostrar una cultura emprendedora, con innovadora capacidad de gestión, un director o directora que logre organizar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de centro, eje fundamental para concertar los problemas de cada plantel, pero sobre todo, movilizar voluntades y recursos.

Urge un plan integral y permanente dirigido a perfeccionar al personal directivo y de supervisión de los planteles y dotar a las direcciones nacionales y regionales de todas las herramientas tecnológicas para mantenerse comunicados con el personal docente. Faltan más y mejores supervisores, con los recursos para movilizarse. La calidad del liderazgo del sector directivo es muy débil y a esto se suma el peligroso indicador que les otorga permanencia a perpetuidad en el cargo. Ese criterio debe ser modificado a la mayor brevedad posible.

Recomendamos leer la iniciativa que la Unesco promueve a través de la Red de Liderazgo escolar y visitar el sitio www.liderazgo.uneso.cl con sustanciales aportes y recursos gratuitos para que se incorpore la gestión de la dirección escolar como uno de los más estratégicos recursos para la transformación educativa.

La autora es docente e investigadora universitaria

Además en opinión

Las anteriores interrogantes son muy frecuentes en un sector significativo de los profesionales de la educación panameña, quienes únicamente aspiran a asistir a aquellos seminarios que les aseguran el medio punto por cada 40 horas presenciales que reconoce la ley en materia de capacitación docente y perfeccionamiento profesional.

Desde hace décadas, la educación panameña se ve asfixiada por lo que me he permitido llamar el síndrome del medio punto. Innumerables acciones de mejoramiento profesional son ofrecidas permanentemente por todo tipo de instituciones y sus organizadores tienen que hacer verdaderas acrobacias académicas para que la programación analítica se ajuste a las 40 horas, de lo contrario, la asistencia se verá mermada significativamente. Es una verdad que duele, que sorprende y preocupa y cuyos síntomas se observan con mayor intensidad en el período que está establecido en el calendario escolar como período de capacitación, es decir enero y febrero.

Debo indicar que conozco a muchos docentes quienes son conscientes de la necesidad de actualizarse de forma permanente. Sin embargo, se quejan de no encontrar temas de su real interés y verdaderos facilitadores con el nivel académico idóneo y que apliquen metodologías dinámicas de aprendizaje significativo. En efecto, uno de los principales problemas que aquejan históricamente a los procesos de capacitación profesional radica en dos aspectos fundamentales: el primero es la falta de una política integral de capacitación docente que se ajuste a las nuevas demandas de una educación de calidad y no en seminarios aislados, con temas intrascendentes en su gran mayoría y basados en la metodología del TLC: Tablero, libro y cuaderno; el segundo factor es la falta de seguimiento y evaluación que confirme el impacto de dicha programación en la práctica docente. Año tras año, poco varían los temas, poca prioridad tienen las asignaturas con mayor índice de fracasos, los nuevos temas en la agenda educativa son tímidamente desarrollados.

También es cierto que muchos docentes pagan sus propios seminarios, postgrados, inclusive maestrías, con el ánimo de superarse profesionalmente, aunque muchas veces los ascensos y la política de incentivos profesionales son escasos, inclusive en los centros particulares, con altosniveles de ingresos.

Otro problema aún no superado es la tradición de los seminarios impartidos por un facilitador vía exposición oral y en períodos de enero y febrero; se olvida así que durante todo el año se puede aprovechar la tecnología instalada en las infoplazas y ofrecer programas de actualización a precios módicos; el potencial de los medios de comunicación sigue rezagado con lo cual la cobertura ante los más 36 mil docentes se vuelve lenta y costosa: ¿ Por qué no emplear la radio, la televisora educativa, los suplementos, una revista educativa permanente, el correo electrónico y otras alternativas para entusiasmar tanto a docentes, directivos, administrativos y supervisores y mejorar la eficacia y la equidad de la educación, como única opción para garantizarle a los docentes, que su enseñanza sea de calidad y que todo el alumnado tenga acceso a una reingeniería en el aula.

Otro aspecto para reflexionar son las estrategias para "retener" a los docentes en los seminarios; la más frecuente es obligar a firmar en una hoja de control en cada una de las sesiones del seminario, para dejar constancia de su asistencia. Una vez firmada la lista, el paso siguiente para muchos docentes es cómo abandonar la sesión sin llamar mucho la atención. Los resultados son previsibles: un sector importante de los docentes sólo se interesa en este tipo de oferta formativa cuando sea de carácter obligatorio, como requisito para mantener su puesto y se enmarque además dentro de las cuarenta horas para garantizar su medio punto.

La reciente falsificación de los seminarios de actualización docente refleja entre otros problemas, la falta de control sobre los registros de los seminarios, la proliferación de entidades que promueven acciones de capacitación y la ansiedad desmesurada de un sector - afortunadamente minoritario de profesionales de la educación- quienes basados en el puntaje aspiran a alcanzar los beneficios que la ley otorga.

Urge entonces fundamentar una política nacional de formación y actualización profesional de los recursos humanos del sistema educativo panameño: aplicable tanto a los centros educativos particulares como oficiales, basada en un amplio proceso de consulta que transforme los modelos pedagógicos vigentes a modelos de aprendizaje significativo.

Resulta impostergable fortalecer la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Profesional del Ministerio de Educación y de la Normal Superior e incorporar a la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá y a las otras universidades que forman recursos humanos en el campo educativo.

La alfabetización va más allá del saber leer y escribir. Incluye también el saber comunicarse en sociedad y comprende prácticas y relaciones sociales; el saber, el lenguaje y la cultura. La alfabetización, implica el uso de la comunicación escrita, encuentra su lugar en nuestras vidas junto a otras formas de comunicación. La alfabetización toma muchas formas: impresa, en la pantalla del ordenador, en la televisión, en los materiales informativos que se encuentran en todos los objetos de la vida moderna. Desde poder leer las instrucciones de una medicina o para aplicar un producto químico, encontrar un nombre y dirección en el directorio telefónico, o poder comprender el boletín escolar. Semejante desafío implica la vida o la muerte por equivocación u omisión. Para aquéllos que no saben aplicar las bondades del alfabeto, quedan excluidos de la mayor parte de la comunicación en el mundo de hoy.

Resulta una paradoja que mientras las sociedades ingresan al mundo de la información de forma vertiginosa y las tecnologías modernas se desarrollan y expanden rápidamente, 860 millones de adultos son analfabetos, más de 100 millones de niños no tienen acceso a la escuela y un número incalculable de jóvenes y adultos que asisten a la escuela o a otros programas educativos, no alcanzan el nivel suficiente para ser considerados alfabetizados.

Si las tendencias actuales persisten, podemos considerar que alrededor del año 2010, un adulto sobre seis será analfabeto. Sin la introducción de importantes modificaciones en el sistema escolar, la disminución en la calidad de la educación, la deserción y el fracaso serán fenómenos que, lejos de debilitarse, se acentuarán, al igual que su corolario, el analfabetismo. Hoy día se habla de otro tipo de analfabetismo que se relaciona directamente con el dominio de otra lengua, de preferencia el inglés, el acceso a las tecnologías de información y las nuevas competencias ciudadanas e interpersonales.

En Panamá, según el Censo del año 2000, el analfabetismo en cifras absolutas es de 168 mil 140 personas y en cifras relativas es de 7.6% de estas, 7.1% son hombres y 8.25% son mujeres; cabe señalar que las cifras más alarmantes se encuentran en los sectores indígenas y campesinos, para quienes el dominar los códigos de la alfabetización son un reto que está íntimamente relacionado con la pobreza y la pobreza extrema del país. Se registran pocos avances en materia de alfabetización de los sectores indígenas en su propia lengua un derecho fundamental de sus propias culturas.

La Unesco declaró el decenio de Naciones Unidas para la alfabetización al período que va del 2003 al 2012 lo que representa "...el desafío de hacer las cosas de manera diferente, de encontrar nuevos medios para proporcionar posibilidades de la alfabetización, de brindar a los excluidos la posibilidad de participar" (...) "es necesario hacer efectivo ese consenso mediante compromisos que se reflejen en prioridades, presupuestos, planes y ejecuciones concretas".

En el mundo existen más de 860 millones de analfabetos absolutos, el 98.5% de los cuales se concentra en los países del Tercer Mundo, sin contar los que se van sumando por la falta de atención escolar en las edades tempranas de la enseñanza básica, donde más de 130 millones de niños están fuera de las escuelas.

El fenómeno del analfabetismo puede ser interpretado a través de distintas corrientes educativas. Son particularmente relevantes:

Analfabeto absoluto: es la persona que no sabe leer y escribir, o si lo hace su manejo es precario y además tiene carencias fundamentales que le obstaculizan considerablemente su vida, trabajo y desarrollo educativo y cultural en la perspectiva de su pertenencia y participación en una sociedad nacional letrada.

Analfabeto funcional: es la persona que incluso puede tener las habilidades elementales de lectoescritura y de otros conocimientos para encarar los desafíos de su vida, en la perspectiva de la modernización de la sociedad nacional, pero no tiene, o se niega a ampliar sus conocimientos.

Analfabetas tecnológicos: Se refiere a las personas que, aunque posean un título de formación técnica y/o universitario, se mantienen fuera de los beneficios del avance científico y tecnológico y no dominan los lenguajes básicos tanto de los sistemas informáticos, lingüísticos y de enriquecimiento profesional.

En pleno siglo XXI ser analfabeta constituye un gran obstáculo para el mejoramiento de la calidad de vida y para lograr la inserción en el desarrollo nacional; de ahí que seguirá siendo un reto para las políticas públicas la presencia de casi 200 mil panameños para quienes leer y escribir puede significar la enorme diferencia entre una vida de oportunidades o de desigualdades. Entre la explotación o la participación, entre la luz o la oscuridad social. Analfabeto y pobre: angustia doble.

Conviene entonces ubicar los antecedentes de la propuesta surgida de los miembros de la Mesa de Educación del Proceso de Concertación Nacional para el Desarrollo.

Tal como se indica en el primer informe al señor Presidente de la República elaborado por el Consejo Nacional de Educación (2006: 22) "la Universidad de Panamá ofrece la formación de profesores de educación media, para lo cual exige el título de licenciado. La preparación pedagógica tiene una duración de año y medio y otorga el título de Profesor de Segunda Enseñanza con especialización en diferentes asignaturas. Los planes de estudio y programas académicos son teóricos y desvinculados de los problemas que el futuro profesor debe enfrentar en su práctica profesional. El enfoque que predomina es eminentemente ‘didactista’, de corte tradicional, en vez de concebir la educación como un proceso social en el marco de una pedagogía dinámica, creativa, íntimamente relacionada con la estructura económica, política y social del país".

La Escuela Normal de Santiago de Veraguas fue elevada a la categoría de centro de educación superior universitaria o postmedia en el año 1999, para ofrecer un bachillerato pedagógico con una duración de tres años y una especialización de un año y se otorga el título de maestro de Primer Nivel de Enseñanza a Nivel Superior.

Su condición académica ya está definida sin que hasta la fecha exista la evaluación de sus primeros ocho años de funcionamiento y su impacto en la calidad de la educación: ¿Cambian las instituciones y sus productos cuando se crean nuevas leyes que les otorgan otros escenarios y responsabilidades? La respuesta es, lamentablemente negativa. Mientras no se le suministren los recursos humanos, la infraestructura necesaria, los nuevos talleres de innovación educativa, se capacite de forma sistemática a sus docentes y se supervise la conducción del proceso enseñanza aprendizaje, una nueva universidad no podrá cumplir su objetivo. Tan solo será un nombre solitario más, inmerso en la profunda burocracia que nos ahoga e inmoviliza.

En la actualidad existen en Panamá 41 universidades debidamente acreditadas con ofertas académicas muchas de ellas de cuestionable calidad y su nivel de matrícula sigue en incremento, ante la pasividad de las autoridades y el silencio de los gremios profesionales a quienes parece ser que no les interesa en lo más mínimo los resultados que evidencia la oferta de educación superior. ¿Qué justifica la creación de una más?

Antes de crear una Universidad Pedagógica conviene efectuar un diagnóstico y auditoría de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, de la respectiva Normal Superior, y de las otras universidades que ofrecen formación en educación (licenciatura, maestría y doctorado); se requiere dotar a las universidades oficiales de mayor presupuesto y modernizar sus respectivos procesos de capacitación profesional, retomar la investigación como norte académico, e iniciar la transformación curricular profunda que la sociedad panameña y mundial requiere. Además, resolver el conflicto crucial: ¿Tienen auténtica vocación quienes ingresan a la docencia?

Conviene entonces que mientras nos ponemos de acuerdo en qué tipo de educación queremos, necesitamos y nos comprometemos, las facultades de educación y el resto de los centros de formación universitaria, se ocupen y preocupen por hacer una auténtica pedagogía universitaria: pronunciarse de forma sistemática ante la crisis educativa que se refleja en los altos índices de fracasos, deserciones y proliferación de ofertas académicas, la comercialización de la educación en los colegios particulares… en fin. ¿Por qué han guardado tanto silencio ante semejante panorama y solo ahora salen a protestar por la posible creación de la Universidad Pedagógica?

Las universidades están llamadas a ser "la conciencia crítica de la Nación" y a promover pedagogía ciudadana y social desde las universidades. Siempre y de forma académica.

La autora es docente universitaria e investigadora

Históricamente la capacitación profesional ha sido una de las actividades que menos importancia ha representado dentro de las estructuras gubernamentales como de la empresa privada. En la práctica ha significado para los empleados públicos asistir periódicamente a seminarios aislados, basados en el esquema de las 40 horas presenciales que han generado en algunos gremios —particularmente en el docente— la fiebre por el medio punto como mecanismo para acumular puntaje y ascender profesionalmente.

La capacitación como herramienta para contribuir a la transformación profesional, desde nuestra perspectiva, debe superar al menos 10 pecados capitales a los que habría que prestarle atención en la nueva estructura gubernamental. Veamos:

1. La falta de un diagnóstico de detección de necesidades de capacitación que priorice a lo interno de cada institución los conocimientos, destrezas y competencias laborales, basados a su vez en una estrategia de formación de recursos humanos y las necesidades del mercado laboral.

2. La ausencia de un programa integral de capacitación que permita superar los clásicos seminarios de 40 horas "sobre cualquier tema" y que ha desatado la euforia por el medio punto como único móvil para asistir a los seminarios.

3. La falta de un programa de incentivos o mecanismos de ascenso profesional basados en el eficiente nivel de desempeño y en el esfuerzo- muchas veces pagado por los propios empleados-. Es decir, a mayor cantidad de seminarios, la respuesta es la total indiferencia y capacitarse no logra ni mejora salarial, ni movilidad laboral.

4. La ausencia de programas de capacitación innovadores apoyados en la tecnología de los medios de comunicación (Canal Once, Radio Nacional y en otros espacios en los medios de comunicación), lo que convierte a los seminarios en verdaderas jornadas plenas de aburrimiento y desaprovechamiento del potencial creativo de los medios. Se requiere dotar a la nueva entidad de formación profesional de una inversión considerable de equipos tecnológicos y de infraestructura moderna que permita dinamizar los clásicos seminarios basados en el tablero y en la voz del facilitador.

5. Capacitar previamente a los facilitadores de los seminarios para que dominen plenamente estrategias didácticas de aprendizaje significativo y uso de medios audiovisuales que repercutan en un aprendizaje dinámico. Es frecuente que quienes "se ganan las licitaciones" de los programas de capacitación, son, sospechosamente las ONG de los amigos de los ministros y directores de turno de cada institución. Buscar con objetividad en el mercado local a profesionales idóneos es un deber ineludible.

6. Escasa bibliografía escrita sobre los contenidos del seminario, lo que impide que los participantes estudien de forma independiente y realicen tareas prácticas relacionadas con la capacitación (bibliografía actualizada).

7. Seleccionar los participantes de los programas de capacitación basados en verdaderos criterios de necesidades profesionales y demandas del mercado laboral y no en amiguismos con las fuerzas del poder.

Cuando los seminarios son a nivel internacional el vía crucis de los funcionarios que realmente merecen participar son objeto de un botín político relacionado con el partido en el poder.

8. Unificar los salarios de los facilitadores, basados en la categoría de "expertos internacionales" y profesionales nacionales. Las discriminaciones son humillantes y preocupantes, sobre todo de quienes "llegan, informan y se van".

9. Establecer otras modalidades de capacitación más ágiles, que permitan descentralizar la burocracia interna de las respectivas direcciones de perfeccionamiento profesional: capacitación a distancia, en servicio, empleo de la capacitación en línea.

10. La ausencia de mecanismos de seguimiento a los participantes en los seminarios que permita evaluar la eficiencia de los contenidos y a la vez garantizar que los beneficiarios permanezcan en la institución con el compromiso de multiplicar y potencializar las nuevas herramientas.

Quien dirija esta nueva entidad gubernamental deberá tener la suficiente trayectoria profesional, entusiasmo, creatividad y liderazgo comprobado en materia de desarrollo de recursos humanos. De lo contrario estaremos profundizando la crisis actual que se vive en materia de actualización laboral.

Su doble jornada es la única posibilidad de hacerle frente al alto costo de la vida y poder cubrir la canasta básica familiar y educar a sus hijos. Margarita, al igual que los buenos educadores, por las noches y en los fines de semana debe preparar las clases, confeccionar material didáctico, revisar trabajos escolares, leer para actualizarse, preparar exámenes y efectuar todas aquellas tareas propias de su profesión docente.

En Panamá, la revisión de la evolución de los salarios docentes indica un amplio repertorio de categorías con períodos probatorios e interinos y permanentes. Datos provenientes de la Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación indican 65 categorías definidas en torno a los créditos académicos, años de experiencia profesional y cargo desempeñado; cada una de ellas se identifica con una letra y un número arábigo que va desde la A1, hasta la categoría U2. El salario base de un educador en la categoría B1 egresado de la Normal en período probatorio comienza con B/. 405.00 y al alcanzar la permanencia, pasará a devengar B/. 429.00.

La situación en los colegios particulares no es muy diferente a los oficiales y en su mayoría sus salarios para el nivel primario apenas alcanzan los B/. 400.00 (hay hasta de menos).

Para los educadores del nivel secundario, la situación no es muy diferente: un docente en la categoría M con licenciatura universitaria devenga B/. 574.00 cuando alcance la permanencia; un docente P con maestría en su especialidad devengará B/. 616.00, luego de su período probatorio.

Los últimos años nos recuerdan cómo el educador defiende su salario como los demás trabajadores: marchas, movilizaciones, paros militantes y hasta encadenamientos y huelgas de hambre, para lograr "sobrevivir con dignidad". En los últimos 15 años los docentes han recibido dos aumentos de B/. 50.00.

Existen múltiples pruebas que evidencian lo que ha significado la disminución del poder adquisitivo del sector docente en Panamá: hay un bajo nivel de satisfacción tanto por los resultados de los alumnos como por los niveles de sus condiciones laborales y sus cada vez más paupérrimos salarios. Esta situación asfixiante los lleva a buscar una salida y se produce el fenómeno que llamaremos docentes de tiempo repleto, es decir, los dobles y hasta triples empleos que conducen a la disminución del prestigio profesional, a un alto nivel de estrés sazonado con problemas emocionales y a un círculo vicioso donde la desmotivación y la baja autoestima son los denominadores comunes.

Ante las actuales circunstancias en los que se indica que la asignación presupuestaria es de B/. 504.000.000 (el mayor de toda la historia de la educación), es urgente una nueva revalorización de la carrera docente que conlleve el compromiso innovador de capacitación permanente.

Las condiciones actuales del sector docente de los centros oficiales nos revelan que su único incentivo es su "estabilidad laboral", y para tres provincias un "incentivo salarial" de B/. 30.00 que resultan insignificantes ante el alto costo de la vida.

Resulta evidente que la labor docente debe ser evaluada desde una perspectiva más humana, y si se desea introducir calidad de la educación como norte de las políticas educativas, resulta de igual urgencia priorizar el aumento racional de los salarios docentes, además que priorizar conectarse al conocimiento o destinar sumas millonarias a la reparación de la infraestructura escolar. Por supuesto que el aumento salarial debe basarse en un compromiso de mejorar su nivel de desempeño y una rendición de cuentas. La actual hoja de evaluación docente es subjetiva e incompleta.

Por lo general, los educadores desarrollan su labor con más énfasis en lo administrativo y social que en lo pedagógico.

Llevamos más de 20 años de declaraciones nacionales e internacionales que prometen mejorar la calidad de la educación, y los resultados son insatisfactorios.

Una ciudadanía con buena formación logra desarrollo humano y laboral, rechaza la corrupción, participa en la vida ciudadana, aporta, es creativa, puede competir. En síntesis, ha aprendido a ser, a aprender, a vivir plenamente y aprende a emprender.

Una revisión analítica de sus 43 páginas revela los progresos, deficiencias y paradojas de los sistemas educativos en la región. Una de sus primeras conclusiones apunta a señalar que "América Latina ha aumentado significativamente el gasto público en educación y ha logrado la inclusión de un mayor número de niños en el sistema escolar. Durante la década pasada el porcentaje de niños que ingresaron y terminaron la educación primaria y secundaria aumentó más rápidamente en América Latina que en otra parte del mundo. Este es un logro significativo y refleja el compromiso de sucesivos gobiernos por ampliar la cobertura de educación básica alcanzando la mayor cantidad posible de niños".

Se destaca además que la región no ha logrado casi ningún progreso en el mejoramiento del aprendizaje y en la reducción de la desigualdad en sus escuelas.

El fenómeno se atribuye a que la mayoría de los gobiernos (Panamá no escapa a esta realidad), prefieren invertir su presupuesto en los insumos en lugar de los resultados y se mide el "éxito" fundamentalmente en función de los incrementos de la matrícula, el gasto en construcción y reparación de escuelas, en vez de medirlo en términos de aprendizaje de los estudiantes. Todos estos son insumos, ninguno es producto.

En Panamá, debemos recordar que luego de la derogación de la Reforma Educativa de 1979, el país ha caminado lentamente al calor de los planes quinquenales y decenales con incipiente participación de los propios estudiantes, docentes, padres y madres de familia.

Luego de 27 años de aquel acontecimiento histórico, la educación ha venido deteriorándose hasta llegar al cuestionamiento generalizado de todos los sectores sociales por recibir una oferta educativa que no logra satisfacer las demandas de los menos exigentes; pero lo cierto es que la escuela sigue teniendo el monopolio de educar y formar los recursos humanos que requiere la economía nacional. Lo más grave, el español, la herramienta básica de comunicación ha pasado a ocupar el primer lugar en el índice de fracasos educativos en todos sus niveles. Lo cierto es que en gran medida, la población estudiantil ha venido perdiendo el entusiasmo por aprender y a la vez los docentes presentan los mayores índices de desmotivación laboral que se agrava ante la frágil participación de los padres y madres de familia.

Sin duda, la palabra más pronunciada en los últimos treinta años en el ámbito educativo es CALIDAD, sin que se produzca una explicación integral sobre su significado y alcance. Hemos atravesado por el paradigma de la educación como constatación, como formación, como transformación, como eficiencia y utilidad, el paradigma del constructivismo y finalmente llegamos al paradigma de desarrollo humano con reclamos sociales más integrales.

Para los empresarios calidad de la educación es exclusivamente que el sistema educativo forme los recursos humanos que las empresas requieren. Mano de obra eficiente y competitiva. Para los tecnócratas de la educación la calidad se mide por estadísticas e índices de cobertura, por el índice de aprobación de las pruebas de conocimientos de las universidades estatales, relegando el concepto de equidad y medición de los aprendizajes no solo en conocimientos, sino en valores y competencias ciudadanas. Premisa cuestionable.

Para los políticos la calidad de la educación se mide en función del gasto público destinado en el presupuesto. Entienden modernización como sinónimo de incorporar computadoras al sistema, dotar masivamente de libros de texto a los sectores marginados y otorgar becas educativas. A mayor presupuesto mayor preocupación por la calidad y la eficiencia del sistema. Verdad a medias.

Para los organismos internacionales la calidad de la educación usualmente se mide en función de los préstamos que incidan en algunas variables decisivas del proceso enseñanza aprendizaje: libros de texto, capacitación profesional, entre otros.

Sin duda, un saldo pendiente es determinar cuáles son los propósitos de desarrollo humano integral a los que aspira su sistema educativo panameño.

Otra preocupación es no haber logrado consolidar un sistema educativo coherente y que actúe como tal; lo que tenemos hoy día son un sin número de instituciones que trabajan sin un eje que los articule para una gestión educativa integral. Esto significa que existe un Instituto Nacional de Cultura, el Instituto Nacional de Deportes, el Instituto de Desarrollo Laboral, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Canal Once, la Ciudad del Saber, la compleja estructura del Ministerio de Educación y más de 35 universidades que trabajan unilateralmente en labores educativas y culturales. Si sumamos los presupuestos de todas estas instituciones nos asombraríamos de los miles de millones que Panamá invierte en educación sin que se logre conocer el impacto y medir objetivamente resultados. La calidad de la educación es una construcción social que debe preocupar y convocar a todos los sectores sociales. De lo contrario todo mega proyecto social no encontrará en su población el recurso humano capaz de ejecutarlo con eficiencia.

La capacitación profesional ha sido históricamente una actividad desarrollada antes del inicio del calendario escolar. Se ofrecen, por lo general en horarios presenciales de cuarenta horas, de temas de poco impacto o repetitivos y obtienen un certificado que equivale para efectos de acreditación medio punto como ejecutoria.

Dimensionar el problema de la capacitación profesional, luego de los resultados -negativos y preocupantes- obtenidos por décadas, nos lleva a identificar los aspectos que deben superarse: la ausencia de un diagnóstico de detección de necesidades de capacitación que priorice por nivel las prioridades; escasa utilización de la tecnología y medios de comunicación para ampliar la cobertura de atención y atender a los docentes ubicados en áreas de difícil condición laboral; seleccionar a los facilitadores basados en el dominio de estrategias innovadoras de aprendizaje; escasa bibliografía y material de apoyo para estudiar durante y luego de las cuarenta horas; precario seguimiento académico de la aplicación de conocimientos adquiridos y mejoramiento en el aula; selección de participantes por criterios técnicos, no partidistas; nuevos temas emergentes de siglo XXI acorde con las nuevas demandas sociales.

Lo anterior es solo un primer recuento de las fallas de los tradicionales seminarios de actualización docente y que debe transformarse en una nueva forma de ofrecer capacitación y actualización docente de manera científica y permanente a través de los Centros de Innovación Educativa.

Se trata de una estrategia integral que posibilite cumplir con la necesaria actualización profesional de aproximadamente cuarenta y cinco mil educadores a nivel nacional, ubicados en contextos educativos que van desde las escuelas oficiales y particulares, rancho, multigrado en todos los niveles, telebásica y enseñanza por módulos.

El primer reto es realizar un proceso de identificación de necesidades de capacitación por niveles, asignaturas y tipos de centros educativos que posibilite organizar rutas de capacitación que deberán tener una duración continuada de diplomados y postgrados, es decir el periodo supera las cuarenta horas. El crédito deberá ser el equivalente y es un incentivo para la movilidad laboral. Dar prioridad a los planteles educativos multigrado(básica general, premedia y media) escuelas rancho y telebásica.

Para las actividades presenciales, se deberá emplear en cada provincia centros en excelentes condiciones de aprendizaje, al que pueden acudir los docentes durante todo el año, turno diurno y vespertino e impartir charlas, actividades de intercambio profesional, proyectos colaborativos, elaboración de material didáctico, uso de tecnologías, entre otros. Cada centro es dirigido por facilitadores, quienes llevarán el registro acumulativo de la participación docente que se acreditará al finalizar el año.

Los Centros de Innovación Educativa emplearán las facilidades de SERTV, otras radioemisoras y medios impresos ofrecerán sus espacios para impartir clases modelos en las asignaturas para todos los niveles. La prensa escrita con suplementos y apoyo para material didáctico. La experiencia ya fue desarrollada exitosamente en Panamá con el auspicio de la UNESCO. De igual manera la experiencia de Radio Hogar demuestra que es posible educar con otras metodologías. Los docentes se inscriben para participar en el programa durante todo el año, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades de horario.

Esta estrategia será empleada a nivel semi presencial para aquellos docentes que no tienen acceso a los beneficios de capacitarse por razones de distancia y falta de recursos económicos.

Todos los docentes dentro del sistema, deben poseer su respectivo correo electrónico y saber hacer uso de la tecnología; crear portales especializados que muestren prácticas exitosas desarrolladas por la comunidad educativa. Incentivar la participación mediante el otorgamiento de becas, pasantías, créditos para emprendimiento, entre otros.

Proponemos la reapertura de proyectos exitosos como el banco del libro para intercambio, banco de material didáctico, programas de creatividad docente, ferias didácticas por provincia.

Es hora de actuar. Las estadísticas de deserción, repitencia y fracasos son preocupantes. El presupuesto asignado al sector educativo según la Contraloría General de la República ascendió en 2019 a 2 mil 550 millones con 110 balboas y ubica a Panamá como el país con el presupuesto per cápita en educación más alto de toda América Latina.

La autora es catedrática universitaria

Como resultado de la permisividad del Código Electoral (aprobado por los partidos políticos), se observa con verdadero asombro el juega vivo de muchos candidatos y candidatas quienes aspiran a ocupar dos cargos: el de vicepresidente(a) de la República y en simultáneo a legisladora(a); otros y otras han optado por aspirar al cargo de legisladores(as) y a la vez de representantes. El nepotismo es rampante y esto explica cómo algunos candidatos lo hacen con la suplencia de sus hijos, esposos o esposas. La política criolla y sus privilegios tientan a quienes invierten sumas superiores a los salarios que devengarán en cinco años de gestión: dirigentes de gremios públicos, educadores, deportistas, empresarios, sindicalistas, y hasta un pastor religioso ¿retirado? es candidato a legislador, como una reverenda sorpresa electoral. Al respecto, lo curioso es que la Constitución política de Panamá en su artículo 42 indica: "Los ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, solo podrán ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica". ¿Qué opina al respecto el fiscal electoral?

Los panameños hemos vivido un desgastado proceso electoral sazonado con todo tipo de infracciones, acusaciones, demagogias y "permisos electorales". Todo se ha prometido: desde cero (0) corrupción hasta la construcción de obras monumentales que casi superan al Canal de Panamá. Los hospitales funcionarán las 24 horas y las escuelas trabajarán en triple turno. ¡Cuánta demagogia¡

Otra sorpresa electoral ha sido la de un partido que en práctica decadencia política decidió "alquilar" sus tres cargos a la Presidencia de la República a otrora sus adversarios políticos. A la lista habría que agregar a los candidatos a la Vicepresidencia, quienes "72 horas antes" eran prominentes miembros de otros partidos; o bien, enemigos históricos se "han reconciliado y perdonado sus odios" y antagonismos políticos. Todo se puede con tal de llegar al poder...

La importancia del próximo torneo electoral es decisiva en el fortalecimiento de la endeble democracia panameña. De ahí que conviene efectuar la contabilidad política de los respectivos candidatos y elegir al mejor. No al menos malo o al menos corrupto. Lo invitamos a efectuar el siguiente análisis:

Se trata del conjunto de libros de la colección Ricardo Miró y otras publicaciones del Instituto Nacional de Cultura, dependencia del Estado responsable de dinamizar la precaria e incipiente vida cultural panameña.

Sorprende que ante la precariedad de las bibliotecas escolares y universitarias, y en un año dedicado a promover la lectura iberoamericana, miles de libros han colapsado sin que se perciba un plan de mercadeo integral que incluya una reformulación de la artesanal y anacrónica línea editorial de las publicaciones de la institución, consecuencia inevitable de la carencia de una política que promueva el libro panameño, hoy por hoy amenazado por la "reverencia hacia los libros extranjeros" y presentados al público como los más leídos. A lo anterior se suma la ausencia de una revista cultural que nos informe y recree sobre las iniciativas gubernamentales y privadas en materia de las bellas artes y cultura en general. Panamá sigue siendo el único país en el mundo cuyo aeropuerto no cuenta con un sitio de venta de obras de nacionales.

Resulta un total contrasentido que mientras el INAC anuncia la caravana de libros por el interior del país como una estrategia para buscar lectores, más de 20 mil libros agonizan ante las trampas de la burocracia, y la inercia administrativa de quienes tienen en sus manos dirigir nuestra política cultural.

La Editorial Mariano Arosemena se encuentra desde hace demasiados años en profundo deterioro; tan grave es la situación que la institución ha recibido órdenes -por escrito- de entidades del Estado para que desaloje el edificio, sin que hasta la fecha se produzca el anunciado traslado.

Visitamos las instalaciones de la Impresora de la Nación y nuestra sorpresa fue mayúscula al comprobar el deterioro no solo en sus instalaciones sino en el ambiente laboral de 38 funcionarios que luchan por cumplir con eficiencia sus asignaciones. Cabe destacar que la Impresora de la Nación recibió desde hace años una magnífica donación del Gobierno japonés consistente en una imprenta valorada en más de 350 mil dólares y que hoy día se encuentra prácticamente subutilizada, aduciendo razones de orden burocrático en el suministro de insumos para su funcionamiento.

Desde hace más de tres meses decidí entrevistar al actual director del INAC, arquitecto Rainier Rodríguez, para conocer directamente qué acciones emprendería para hacerle frente a dicho desgreño.

Según indicó, el presupuesto para el año 2005 es inferior a los 6 millones de dólares, cantidad que resulta irrisoria para las grandes necesidades que tiene la institución en materia de promoción y difusión cultural.

De acuerdo con Rodríguez, su propuesta es trasladar la Impresora de la Nación a otro sitio más apropiado; sin embargo, destacó que los edificios de la Escuela Superior de Bellas Artes también atraviesan una situación similar y se logró ubicarla en Cárdenas.

Según Rodríguez, dada la cercanía de la Impresora con el aeropuerto, es de esperar que se expandan las instalaciones y se le deberá trasladar a un sitio más cercano a la institución y a otras dependencias del Estado, de manera tal que cumpla sus objetivos básicos.

El plan es hacer el traslado este año, pero los procedimientos administrativos son complejos, me advirtió el arquitecto.

Al ser interrogado sobre el deterioro progresivo de miles de libros, Rodríguez admitió que efectivamente "la humedad se los está comiendo". La acción inmediata es construir un altillo dentro de la actual dirección de publicaciones del INAC en la sede central de la institución para trasladar la sección editorial de la Impresora.

Los sectores más deteriorados del edificio de la imprenta puedan cancelarse y permanecer sólo aquellos espacios que no riñen con la integridad física de los funcionarios, mientras se logra el objetivo final de trasladar a la imprenta entera a un sitio más céntrico, indicó. Nada ha ocurrido hasta la fecha. Los libros siguen en agonía.

Me pregunto si tal decisión de construir un altillo en un edificio declarado Patrimonio Cultural es la medida más adecuada.

Las preguntas que nos hacemos como ciudadanas es por qué razón los libros no son distribuidos en las bibliotecas escolares y universitarias; por qué no se agilizan las ventas y las disposiciones fiscales vigentes en esta materia y se procede a inventariar y distribuir las publicaciones a quienes lo demanden.

Un llamado a las múltiples entidades no gubernamentales preocupadas por la cultura, a los gremios de educadores, universidades y escritores, a la empresa privada, a la Academia Panameña de la Lengua y tantas agrupaciones cuyo denominador común es el libro y la cultura, para que se pronuncien y movilicen voluntades y recursos para que el "estado de coma" y vergonzosa agonía en que se encuentran los libros del INAC sea superado.

La autora es docente universitaria, escritora y editora

Son noticias que satanizan a una provincia que también tiene muchos más rostros que el de la delincuencia y el hambre. Una hora de noticias, las primeras planas de los diarios o los minutos informativos la muestran a nacionales y extranjeros como una provincia de forajidos, ladrones y corruptos. Las notas positivas y alentadoras son escasas e inclusive algunos medios tienen segmentos denominados "la buena noticia". Alarmante y desconcertante, por decir lo menos.

Pero lo cierto es que al finalizar el día de la provincia de Colón y sus 226 mil 796 habitantes, bien se puede mostrar a los colonenses trabajadores, emprendedores, los ciudadanos honestos, a los trabajadores y empresarios de la Zona Libre, a los estudiantes que se preparan en los colegios y universidades; a los agricultores que siembran y cosechan, a quienes se capacitan para ser mejores profesionales; a las madres y padres que educan a sus hijos dignamente sin mezclarse con el vicio; en los hospitales y centros de salud se lucha para salvar vidas; inclusive en la cárcel de Colón, decenas de reclusos se resocializan y confeccionan todo tipo de artesanías; en Portobelo, costa abajo, Sabanitas, y sus 16 calles citadinas, miles de ciudadanos se mantienen en la zozobra pero siguen invictos y aún esperanzados porque se cumplan las promesas electorales de cada cinco años.

¿Por qué los medios de comunicación no presentan estas imágenes también? ¿Por qué insisten en mostrarnos tan solo el rostro de la violencia? Tal como indican los psicólogos que han investigado sobre la materia, la violencia genera más violencia y tiende a convertirse en imágenes repetidas, y la violencia se vuelve vida cotidiana que termina por asfixiar el derecho de vivir con tranquilidad.

Colombia vivió y aún sigue viviendo una situación bastante similar, ya que los medios de comunicación insistían en mostrar las imágenes de la guerrilla, del narcotráfico y la destrucción. Como resultado de un acuerdo nacional, los colombianos optaron por crear la campaña "Colombia en positivo" que mostró al mundo sus valores en la literatura, medicina, industria, la ciencia, música, deporte. También se efectuó un acuerdo para disminuir la ola de violencia que ofrecía sobre todo la televisión y optaron por promover mayores programas dirigidos a orientar y educar a la sociedad.

Las anteriores reflexiones no deben ser interpretadas como un llamado a no informar lo que sucede es esa provincia; por el contrario, considero que los medios de comunicación cumplen con su deber de alertar a la ciudadanía sobre el derrumbe de Colón. Sin embargo, los últimos reportajes son únicamente noticias que satanizan y victimizan. Son los estereotipos noticiosos que lejos de contribuir a mantener un equilibrio informativo, terminarán por diezmar aún más la débil autoestima de los buenos colonenses, que por cierto es la mayoría. A la larga también la audiencia se fastidia de tanta sangre y opta por leer menos, ver menos, escuchar menos a los medios de comunicación.

Esos mismos estereotipos informativos son los que hacen noticia de los brasileños solo en tiempos de carnavales, a los mexicanos solo cada vez que desesperados cruzan la frontera, a los guatemaltecos y hondureños solo cuando los huracanes azotan sus tierras o a los cubanos solo cuando se escapan hacia Miami o protestan contra el gobierno, a los países árabes solo cuando ocurren los atentados terroristas.

Urge entonces que las fuerzas vivas de Colón –entiéndase el Estado, la empresa privada, los gremios, los propios estudiantes y los ciudadanos en general–, apoyadas por los medios de comunicación, comiencen una gran cruzada para mostrar la otra cara de la realidad colonense, que abarque inclusive aquellos grandes valores que han cruzado las fronteras patrias y han dejado muy en alto no solo a Colón, sino a Panamá.

Es tiempo de crisis y globalización de la violencia, es cierto, pero pese a ello, convirtamos esa crisis en una oportunidad; urge una reingeniería noticiosa que busque el balance objetivo, que supere el sensacionalismo y la crónica roja, y que se atreva a colocar en primera plana a Colón por su actuaciones positivas.

El incremento creciente de la matrícula oficial, sin planificación, trajo como consecuencia la proliferación de escuelas rancho, indicador vergonzoso, porque Panamá es uno de los países de la región con el mayor índice per cápita de presupuesto en educación. Otra lectura del tema la advierten algunos gremios docentes al aseverar que cerca del 90% de las escuelas no reúne las condiciones mínimas para el aprendizaje, y muestran su disconformidad por la disposición ministerial de otorgarle a las juntas comunales (estrictamente político-partidistas) la responsabilidad de repararlas. La lejanía de los planteles de difícil acceso complica la contratación de empresas que se dediquen a estas labores en el escaso periodo y ante la burocracia que agudiza más la situación.

Las escuelas oficiales son, además, víctimas de vandalismo que de forma permanente destruye sus instalaciones, sobre todo en lo concerniente a tecnología e insumos. La disposición que penaliza estas acciones delictivas es antigua, pero las autoridades educativas no proponen iniciativas legislativas para hacerle frente con mayor rigor. Resultaría más económico que las instalaciones, sobre todo las que poseen mayores insumos, fueran protegidas por agencias de seguridad a tiempo completo.

Es de prever que nos espera una ola de paros y movilizaciones de la comunidad que reclamará su derecho a una educación digna, con suministro de luz, agua y mobiliario escolar suficiente y moderno. Según estadísticas oficiales de 2010, solo el 50% de las escuelas tiene acceso a luz eléctrica y agua potable. El sitio web del Ministerio de Educación (Meduca) no dispone de datos actualizados al respecto.

Una política de mantenimiento ha estado ausente de los planes educativos, pese a la existencia del Fondo de Calidad de la Educación. El subsidio escolar anual es significativo, sin embargo, muchos directores no logran o no tienen la disposición y/o suficiente capacitación para ejecutar el presupuesto. La situación se agravó en el Instituto América, el José A. Remón Cantera, Richard Neumann y la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, en estado casi de total abandono. Un sentimiento de destrucción prevalece en un alto porcentaje de estudiantes y la cultura de la irresponsabilidad se acrecienta, pues no se responsabiliza a nadie por los daños.

Las vacaciones escolares son ahora más reducidas e impiden el mantenimiento oportuno. Burocracia, trámites administrativos complejos, reglamentos en PanamáCompra, dificultan la ejecución de trabajos de reparación. El año escolar en algunos casos bien pudiera prorrogarse un poco más, de forma que el Meduca disponga de mayor tiempo para cumplir con su cometido. Hay que tomar decisiones por muy dramáticas que resulten y prolongar el periodo escolar para que empiece en mayo. Se destaca la falta de autoridad y la indiferencia de los profesores, padres y madres de familia para que sancionen, de forma oportuna, y se obligue a pagar los destrozos, de manera que se proteja la alta inversión en mobiliario y equipo. Solo así se logrará que las escuelas sean primero y que Panamá ocupe un sitial educativo.

La disposición legal establece que “será una fecha cívica que estará orientada a resaltar la literatura panameña, así como la vida y obra de las escritoras y los escritores panameños”.

La ocasión es propicia para reflexionar acerca de avances, logros, desafíos, de una de las profesiones indispensables para situarse en el contexto de países desarrollados.

Uno de los hitos más sobresalientes se inicia con la primera Feria del Libro, desde el año 2001, actividad anual del calendario cultural y que progresivamente se consolida como un espacio de encuentro y fomento de la literatura.

El panorama de las letras se debate entre luces y sombras, grandes retos, logros, retrocesos, y una agenda de compromisos por cumplir.

Otro aspecto que destacamos es el fortalecimiento de opciones para animar la formación de escritores: desde el diplomado de Creación Literaria en la Universidad Tecnológica de Panamá, seminarios talleres para escribir y publicar libros y otras iniciativas innovadoras de redacción y edición de obras literarias, bajo un sello editorial propio.

Este avance contrasta con el cierre de algunas librerías, tanto en la ciudad de Panamá como en otras provincias, y el alto porcentaje (35% y 40%) en concepto de comisión para vender libros, clara desventaja para los escritores. La piratería literaria y virtual es moneda de curso legal y opera en fotocopiadoras, bibliotecas universitarias y públicas, sin la aplicación de la Ley de Derecho de Autor.

El Ministerio de Educación, entidad rectora de la enseñanza y difusión del conocimiento, ha retrocedido dramáticamente al permitir que las editoriales extranjeras sean las responsables de redactar, imprimir y distribuir libros de texto, y cuyas licitaciones exigen una fianza millonaria que ningún autor nacional está en capacidad de cumplir.

Lo anterior ha disminuido la cantidad de autores de libros dispuestos a incursionar y permanecer dentro de esta tarea intelectual. Panamá no cuenta aún con una lista de libros básicos de lectura estudiantil en el transcurso de los niveles educativos.

Sugerimos consultar los logros alcanzados por Argentina, Chile y México, países con una lista de 300 obras.

La lista de libros recomendados exige una pronta revisión en el decreto que las reglamenta y rescatar las obras de la identidad nacional, entre otras.

Se han creado gremios de escritores que luchan de forma creativa en el impulso de iniciativas para formar mejores lectores y escritores, además de divulgar el aporte de los escritores nacionales. Una de las deficiencias del Estado es la ausencia de una política del libro y el plan de lectura que permitiría divulgar internacionalmente a los escritores.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores bien podría distribuirse y mercadearse las obras nacionales y mejorar así la calidad editorial.

El pésimo estado de la Impresora de la Nación, dependencia del Instituto Nacional de Cultura (Inac), en Río Abajo, representa una vergüenza nacional, por las pésimas condiciones de sus instalaciones y las deficiencias y tardanzas de sus publicaciones.

Los libros siguen agonizando en el Inac. Las obras ganadoras del premio Ricardo Miró se publican en el mismo formato, que limita la mejor presentación del contenido. Es positivo el aumento de la cuantía del premio a 15 mil dólares para todas las categorías.

Por último, el mayor reto es lograr situar al país en un mejor sitio en las pruebas Pisa y el nivel de comprensión lectora; Panamá ocupó en 2009 el lugar 62 de 65 países participantes. Si no se comprende lo que se lee, difícilmente lograremos formar mejores ciudadanos.

Las interrogantes podrían seguir. Los datos clave deberían estar disponibles para propósito de análisis o investigaciones internas y externas al Ministerio de Educación (Meduca) y son indispensables para la toma de decisiones, la elaboración del plan estratégico en educación, evaluación de la transformación curricular, contratación del personal docente y construcción de escuelas, entre otros, que se derivan de la información que anualmente debe reportar el Meduca, tal como lo establece la Ley Orgánica de Educación vigente.

En nota enviada el 14 de abril de este año, al director de Estadística del Meduca, con copia al despacho superior y firmada por quien redacta este artículo, solicité nos proporcionaran datos para determinar indicadores y poder desarrollar una consultoría, además de evaluar con cifras finales –no preliminares– el comportamiento del sistema educativo panameño.

La información que se publica en la página web del Meduca se reduce a 25 páginas, con datos desde el año escolar 2012. Los del año 2013 son preliminares. De 2014 no se presenta información alguna. En 2010 fue la última vez en que se publicaron datos integrales del sistema.

La página mencionada no registra datos básicos y, además, carece de continuidad. Tan solo presenta la matrícula por edades de la etapa primaria de la educación básica general. La matrícula por edades, según grado y sexo, es necesaria para el cálculo de las tasas de cobertura neta de las etapas de la básica general (preescolar y premedia) y el nivel de media, indicador vital del que se derivan las tasas de coberturas netas y el problema de sobre edad.

Se evidencia la ausencia de la información total del año 2011, y hay cuadros estadísticos sin secuencia lógica por niveles educativos, entre otras deficiencias. También, datos poco confiables como el aumento en la cobertura por nivel entre un año y otro superior al 20%.

Por otra parte, la ausencia de esta información coloca a Panamá en situación desfavorable y preocupante ante las instancias nacionales e internacionales: ver UNESCO Informe Educación para todos, año 2015 (presentado con datos del año 2010); el informe de cumplimiento de los Objetivos del Milenio; el informe Nacional de Desarrollo Humano 2014, elaborado sin referencias bibliográficas del Meduca. Diversas agrupaciones y especialistas se han pronunciado, indicando las limitaciones al respecto.

Por las razones sustentadas, solicité, con fundamento en la Ley 6 de Transparencia del 22 de enero de 2002, que nos suministraran la información en el término establecido. La respuesta ha sido silencio total. De ahí que resulta preocupante que se informe de un plan de educación (que requiere de un diagnóstico integral), sin que la propia instancia gubernamental disponga de la plataforma básica para establecer prioridades, medir logros, definir metas y, sobre todo, conocer hacia dónde vamos y cómo se invertirá el presupuesto per cápita más alto de educación en Latinoamérica y el Caribe. Firmar convenios con organizaciones es positivo, pero no resuelve el problema ni cuentan con el personal idóneo para producir estadísticas educativas.

Las luchas sociales, que caracterizan el devenir histórico, han contribuido a la conformación de una amplia gama de organizaciones de toda naturaleza que trabajan bajo un paradigma cuyos ejes son la democracia y la libertad y en el otro eje, quienes reclaman justicia, equidad, nuevos derechos para las minorías y reivindicaciones inmediatistas por la sobrevivencia con un mínimo grado de bienestar social. Se ha generado una multiplicidad de agrupaciones gremiales, sindicales, de la sociedad civil, regionales, comunitarias, académicas entre muchas otras cuyas actuaciones resultan necesarias, pero sin un denominador común que permita un pacto nacional para hacerle frente a la crisis actual.

Vivimos la época de retroceso en la solución de los principales problemas sociales: incremento de los subsidios gubernamentales, sin mayores controles e indicadores para su respectiva supervisión, burocracia asfixiante, paternalismo sin pausa y marcado por la corrupción, gobernantes vacilantes, limbos jurídicos que permiten toda clase de atropellos a los derechos ciudadanos, mendicidad institucionalizada a través de direcciones de asistencia social.

Desde hace décadas, la globalización, las grandes transformaciones sociales y la lucha por el poder político de apropiarse de nuevos territorios ha modificado el esquema de relación Gobierno y ciudadanía y vivimos un debate emocional, pleno de intolerancia, sin suficiente capacidad de interpretación y acción, con información de manera oportuna y sin arreglos mediáticos; se hace imperativo un cambio en esta óptica muy cómoda, centrada en intereses individuales, particulares. También hay fragmentación entre los partidos políticos, en los gremios y grupos económicos.

La crisis de los partidos políticos y su clientelismo electoral son otros aspectos por analizar. Panamá vive una crisis de gobernabilidad y carencia de liderazgos democráticos que permitan superar la reelección, que tanto daño provoca en la institucionalidad. Dos grandes fuerzas inciden en la transición hacia la real democracia: Gobiernos sin capacidad de conducir la gigantesca burocracia por incompetencia, artificiales y acomodaticias alianzas y ausencia de profesionales competentes dentro de las estructuras gubernamentales y empresariales, que superen nombramientos partidistas y personales, por encima de la capacidad y honestidad profesional. De igual forma, gobernantes que intentan resolver la corrupción y hacerle frente con equidad social las nuevas demandas sociales. Cada quinquenio se convierte en una plataforma para un menú de promesas electorales, cuyas consignas son la prueba más evidente de la ausencia de ideología política que las sostiene: “El pueblo al poder; más empleo, más seguridad, cero corrupción; caminando en los zapatos del pueblo; ahora le toca al pueblo; el pueblo primero”.

Los sectores sociales son víctimas cada vez con mayor intensidad de las alianzas entre partidos políticos, intereses transnacionales, complacencia de casi todos los organismos internacionales, gremialismo sin bases legítimas que han terminado por vender, concesionar, hipotecar, comercializar, “tercerizar”, en abierto desafío constitucional, los servicios básicos de la población.

Si a esto agregamos la situación de la justicia y el incremento de la violencia en todas las esferas sociales, el panorama resulta caótico. Nada se resuelve. Las noticias reportan las mismas escenas, con aplazamientos sospechosos, llamados a nuevos diálogos, creación de mesas de trabajo, comisión de notables, concertación, consultorías millonarias, adendas permanentes y evidentes signos de corrupción y justicia selectiva.

Las convocatorias a manifestaciones públicas son cada vez más el reflejo de un Panamá fragmentado, con evidente déficit de ciudadanía, sin legítimos líderes que gocen de credibilidad, con capacidad de convocatoria que logre volver realidad la modernización del Estado, el equilibrio de los poderes, y que la aspiración ciudadana y la convocatoria de una constituyente se conviertan en una realidad, antes de que concluya este período gubernamental. ¡Mañana será demasiado tarde!

Desde que la escuela existe, como tal, se han implementado formas de acreditar el dominio de los conocimientos. En Panamá las indicaciones legales han permanecido casi inalterables desde que la Ley 47, Orgánica de Educación, en el capítulo VII, determinara las funciones, principios, aplicación y procedimientos. El actual método de evaluación de maestros y profesores, definido en el Decreto 100, del 14 de agosto de 1957, lo realiza el propio docente, quien deberá responder a un cuestionario de autoevaluación. Se trata del Modelo G, que “evalúa” aspectos de la personalidad: salud, vitalidad, tono de voz y apariencia del educador, y otros como miembro y líder del grupo. Además de la eficiencia: calidad docente, capacidad de mejoramiento, eficiencia administrativa e interés.

Efectuada dicha autoevaluación, se procede a discutirla con el director del respectivo plantel educativo. En ocasiones ocurren discrepancias y procede conciliarlas en las direcciones regionales. Una primera falla del sistema surge cuando en las escuelas oficiales un porcentaje –las multigrado– tienen un solo docente que es, a la vez, director del plantel.

Otra limitante es que en dicho proceso de evaluación no se considera la opinión del padre de familia ni, mucho menos, de los propios estudiantes. ¿Qué ocurre en aquellas escuelas en que el director es a la vez educador?

Por otra parte, hay distintos sistemas para acreditar el aprendizaje. En el nivel de básica general regular el proceso es acumulativo y cada estudiante logra aprobar con un promedio final de tres. Esto explica el fenómeno de que un estudiante culmina la etapa primaria de la básica general, sin saber leer comprensivamente ni dominar las operaciones matemáticas fundamentales, porque sus calificaciones en agricultura, educación física, religión moral y valores, le otorga el promedio final de tres.

En el nivel de premedia y media se produce otro fenómeno, y es que se aprueba el año escolar por asignatura; es decir, por los aprendizajes que el alumno adquiere en español, matemática, inglés, ciencias naturales y el resto de las asignaturas del nivel. El sistema es altamente flexible al permitirle rehabilitar el año con tres asignaturas en las que reprobó, incluso se hace acreedor a una beca universal, indistintamente de su nivel de desempeño.

Sorprende que ninguna administración se haya preocupado por investigar la eficiencia de este sistema de evaluación, así como su eficacia y resultados para una educación de calidad. Sorprende más aún saber que se carece de estadísticas actualizadas que respalden la toma de decisiones.

El Decreto Ejecutivo No. 423 del 23 de agosto de 2002, con la firma de la ministra de Educación Doris Rosas de Mata, creó la Dirección Nacional de Evaluación Educativa en el Ministerio de Educación (Meduca), y derogó el Decreto No. 157 de 1999 que regulaba la Dirección de Evaluación Educativa “que nunca fue organizada y por lo tanto no cumplió sus obligaciones”.

El decreto en referencia posee una claridad conceptual integral al concebir la función de este proceso, con la responsabilidad principal de evaluar integralmente el sistema educativo nacional, identificar sus debilidades y fortalezas.

Concibe, además, que debe crearse un sistema institucional de evaluación de la calidad que contemple, en primer lugar, “la evaluación institucional y de los centros de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, la evaluación del desempeño de los educadores (docentes, directivos y supervisores), evaluación del ambiente escolar, de los procesos administrativos y educativos, entre otros”.

De ahí que la medida unilateral e inconsulta por parte del Meduca de considerar la evaluación de los aprendizajes, como responsabilidad exclusiva de los docentes y como factor que asegura la calidad de los aprendizajes, se inclina más a ser una necesidad del sistema, pero tendrá poco impacto al no considerar la evaluación como un proceso científico, integral, continuo, acumulativo y participativo”. (Decreto Ejecutivo No. 305 del 30 de abril de 2004).

Con el título de Licenciatura en Español, un educador imparte todas las asignaturas del nivel de premedia, es decir, matemáticas, historia, geografía, español, cívica, ciencias naturales, inglés, religión, moral y valores, educación física, expresión artística y tecnologías.

Por lo general, no han completado las asignaturas pedagógicas o diversificadas, lo que dificulta aún más sus posibilidades de impartir una mejor calidad en los aprendizajes. Son contratados bajo la figura laboral de “instructores vocacionales” y su salario asciende a 700 dólares. Laboran de 12:00 p.m. hasta las 5:00 de la tarde e imparten clases de 40 minutos cada una.

Su metodología de trabajo se apoya en las Guías de Premedia, distribuidas por la Dirección Nacional de Educación Básica General del Ministerio de Educación (Meduca), redactadas por especialistas de cada asignatura y con la asesoría de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Al leer su contenido, se observa la malla curricular que contiene los ejes temáticos de la asignatura, guías, logros, indicadores de logro, contenidos, ejes transversales y competencias. Son textos de aproximadamente 250 páginas, que pretenden sustituir la presencia directa del especialista en la asignatura. Sus antecedentes se ubican desde el año 2007.

Los datos oficiales indican que el 74.8% de las escuelas es multigrado, con una cobertura cercana a los 118 mil alumnos. Incluso, según el Meduca, en la provincia de Panamá hay centros educativos que trabajan este año bajo esa modalidad. Por ejemplo, el centro Mamoní Arriba, en San Martín de Pacora, que tiene una matrícula de 15 estudiantes y un docente, o la escuela Altos de Pacora, con 19 alumnos y solo un educador, divididos así: en el séptimo hay 9 estudiantes; en el octavo grado 2, y en el noveno grado 8.

También está la Escuela Juan E. Jiménez, ubicada en Altos de Cerro Azul, con una matrícula de 102 alumnos, atendidos por 6 educadores.

El docente que imparte la materia de matemáticas posee el título de Administración de Empresas y se organiza en equipos de 5 estudiantes; en el séptimo grado hay 31 matriculados; en el octavo hay 35 y en el noveno grado, 36.

Al visitar el plantel educativo se observa mucha mística de trabajo y especial interés en enfrentarse a este fenómeno, histórico en Panamá, y que amerita la intervención institucional urgente.

Este problema ocurre en todas las provincias y comarcas del país, sin que hasta la fecha se haya hecho y presentado, ante la opinión pública, una evaluación y propuesta de acción basada en fundamentos científicos.

La ausencia de talleres e instalaciones adecuadas para impartir la docencia, además de la lejanía geográfica, dan como resultado el estado de inequidad educativa y la carencia de estímulos para la población más pobre de Panamá.

La corriente migratoria y la falta de recursos de la propia población generan esta modalidad escolar, con sus graves impactos en la calidad de la educación.

¿Está lo suficiente preparado el “docente especialista” para impartir 3, 4 o todas las asignaturas a grupos que, por lo general, superan los 50 alumnos, e incluso llegan hasta 100?

¿Reciben ellos la suficiente supervisión para aplicar metodologías apropiadas? ¿Cómo certifican la aprobación de cada asignatura?

La carencia de centros educativos y de educadores preparados para afrontar esta modalidad académica es preocupante, pero al parecer se extenderá al nivel de media académico.

Es urgente entablar un diálogo entre todos los actores de la comunidad educativa para atender este problema con eficiencia y prioridad.

“El presupuesto para atender la educación del país responderá a las necesidades y exigencias del sistema educativo y tendrá prioridad en el presupuesto general del Estado. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Estado establecerá un aumento proporcional y progresivo de los fondos del presupuesto anual del Estado, para cumplir eficientemente con el desarrollo cuantitativo y cualitativo del sistema educativo. Para estos fines, el Estado proporcionará las facilidades técnicas y los recursos para propiciar e impulsar la educación inicial, básica, general, media y superior”.

Agrega que: “En el caso del Ministerio de Educación (Meduca), el presupuesto será calculado en base al costo por alumno en el bienio anterior y la matrícula escolar potencial en el bienio para el cual se calcula el presupuesto”.

También indica: “El presupuesto del Meduca no será inferior al presupuesto del año anterior, y el gasto público en el sector educativo no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto del año anterior”.

Dicha disposición no ha logrado convertirse en realidad dentro del funcionamiento ministerial, y en la actualidad representa uno de los reclamos de mayor insistencia por el sector docente, en paro de labores por 72 prorrogables en el sector oficial. Las negociaciones indican que el gobierno está dispuesto a conceder hasta el 5.5% de dicha demanda, mientras que los educadores insisten en lograr la vigencia total del porcentaje determinado por la ley a partir del próximo año.

Las interrogantes a partir de este reclamo histórico son de diversa naturaleza: ¿Tendrá el impacto requerido la asignación del 6% para contribuir a mejorar la crisis educativa?

¿Está preparado el Meduca administrativamente para ejecutar con efectividad, eficiencia y equidad dicha inversión? ¿Existe personal suficiente en las regiones educativas debidamente preparado para agilizar procesos y vencer la tradicional burocracia ministerial? ¿Qué mecanismos de coordinación interinstitucional deben reformularse para que la asignación del 6% funcione como sistema articulado y que se distribuya equitativamente entre las 14 entidades que conforman el sector?

Los docentes reclaman –entre otros– el pago de las partidas que faltan para lograr el aumento decretado mediante el precipitado Decreto No. 155 del 27 de marzo de 2014, durante la administración Martinelli-Molinar (aumento de $900.00), medida que implicaba la elaboración y cumplimiento de un plan de mejoras en los planteles educativos. Se desconoce si existe algún informe que determine el cumplimiento de dicha medida. Lo que salta a la vista es la falta de previsión por parte de las autoridades al comprometer presupuestos millonarios sin los debidos estudios de factibilidad que respalden medidas de corte politiquero con fines electorales.

En las escuelas deberían observarse cambios significativos, tal como lo planteaba el decreto en referencia. Sin embargo, las condiciones de los planteles distan mucho de mostrar evidencias por causas no necesariamente de responsabilidad directa de los educadores. ¿Qué resultados se han obtenido?

No es solo cuestión de incrementar recursos, sino transformar las caducas estructuras administrativas y trámites de procedimiento, tanto en el Meduca como en la Contraloría General de la República, que garanticen la calidad de la educación, la que se mide por su relevancia, pertinencia, eficiencia, eficacia y equidad.

Sin un Plan Decenal de Modernización de la Educación que funcione, como política de Estado, la asignación de mayor presupuesto sin definir qué tipo de educación requerimos, para qué y con qué modelo educativo actuar, lo económico no logrará resultados favorables. La mejor prueba de esta afirmación es el escaso impacto que ha logrado el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, las partidas millonarias y su inoperancia ante las condiciones de los planteles oficiales es deplorable.

Podrán desarrollarse nuevos diálogos por la educación, asignar el 6% del PIB al sector educativo, pero si el órgano central que dirige la educación permanece intacto, seguiremos ubicados en la posición 94, de 140, según el Foro Económico Mundial.

Ante el auge de la globalización del conocimiento, las estadísticas mundiales demuestran que los países con mayor crecimiento económico y desarrollo social son los que mejor invierten en sus sistemas educativos, en su capacidad científica a través de centros de educación superior e instituciones con programas de investigación de primera línea, formación de sus recursos humanos particularmente en carreras científicas y tecnológicas. La acreditación de la educación superior reflejó la dramática situación por la que atraviesa la investigación en la casi totalidad de las universidades y las precarias condiciones para que sea la misión esencial y sus egresados se conviertan en auténticos innovadores y formadores de empresas, más que aspirantes a servidores públicos.

Si bien en Panamá funciona la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y se han instituido otras entidades que gestionan nuevos conocimientos, premios e incentivos, para que la palabra innovación forme parte activa del diccionario ciudadano, hace falta aún un extenso recorrido antes de que las estadísticas internacionales nos ubiquen en una posición más ventajosa.

La Unesco creó en 2004 la Red de Ciudades Creativas para fomentar el aprovechamiento del potencial creativo, social y económico, promover la diversidad cultural para actividades basadas en la estrategia nacional de turismo creativo.

Esta red marca la pauta indicativa de ciudades vibrantes, en las que el arte, las letras y la música son parte del oxígeno ciudadano para estimular una cultura de la creatividad. Esto explica, por ejemplo, cómo la ciudad de Buenos Aires, con un modelo de escuela de inventores, promovida desde el nivel preescolar reporta buenos resultados.

Consideramos urgente consolidar recursos humanos, institucionales y culturales para propiciar el clima promotor de la innovación; una primera tarea sería la incorporación en el “inalterable boletín escolar” valores para la innovación: imaginación, originalidad, autoestima, disciplina, entre otras. Además, establecer la dirección de innovación educativa tanto en el Meduca como en el Inadeh, y que ambas instancias coordinarán con las entidades ya existentes para gestionar mayores estímulos.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, América Latina y el Caribe, juntos reportan mil 200 patentes, de las que 660 son de Brasil, 230 de México, 140 de Chile, 80 de Colombia, 26 de Argentina, 18 de Panamá, 13 de Perú, 9 de Cuba y 1 de Venezuela (2014).

Miles de compatriotas han tenido que emigrar para triunfar, dadas las condiciones político-partidistas o la “indispensable influencia” de los gobiernos e incluso algunos sectores empresariales que relegan el talento y priorizan la filiación partidista como primer requisito laboral.

Han triunfado ante la falta de una cultura que cree el ecosistema favorable a la innovación, modernizando el Estado para el surgimiento de empresas y una nueva generación de emprendedores. Es lamentable, también, que desde hace décadas se confunde la innovación con dotar a las instituciones, estudiantes y docentes de tecnologías, sin haber desarrollado programas para estimular el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

Lo que existe son instituciones con sitios web, estudiantes con laptops, pero temerosos ante la innovación, con baja autoestima para superar el patrón de país consumista e importador por excelencia, incluso de sus propios alimentos.

Si duda de lo planteado en el último párrafo, tan solo recuerde cómo saluda la mayoría de los panameños.

Dicho anuncio sorprendió a quienes seguimos de cerca el desarrollo del sistema educativo nacional, al contabilizar –a partir de la derogación de la Reforma Educativa en 1979– 25 informes sobre el tema, bajo distintas denominaciones, protagonistas y gestores de propuestas, para decidir qué tipo de educación requiere Panamá, cuáles son sus problemas críticos, diagnósticos y pronósticos, prioridades, lo riesgoso de no invertir y actuar en educación. De inmediato me pregunté: ¿Será que el Presidente desconoce los antecedentes de lo ocurrido en 37 años de educación? ¿Lo propone como estrategia distractora de la opinión pública? ¿Está convencido de que la educación es la prioridad estratégica de un país y ha decidido actuar? ¿Conoce el actual Plan estratégico del Ministerio de Educación (Meduca) 2014- 2019, en el que su gobierno propone un “proyecto educativo” para ejecutarlo?

Las interrogantes prosiguen y decidí compartir algunas valoraciones respecto a las implicaciones de un diálogo más para el sector educativo. El actual Plan estratégico del Meduca 2014- 2019 indica en su página cinco que “la Universidad de Panamá, se comprometió con el Meduca al asesoramiento de su plan estratégico institucional y que bajo la asesoría de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, trabajaron profesionalmente en orden a producir toda una información que dé cómo resultado el presente documento”.

Lo primero que llama la atención es que el plan estratégico carece de un diagnóstico actualizado de la educación que posibilite identificar los principales problemas que aquejan al sector. No contiene una sola cifra que permita fundamentar alguna acción al respecto. El documento de 63 páginas está plagado de errores ortográficos (más de 86), de redacción y, lo más grave, de un concepto moderno de educación. Preocupa aún más que exponga que dicha “estrategia’ se fundamenta en el modelo Canvas (2008), que describe cómo una organización crea valor a los consumidores de un bien o servicio. Trabaja sobre el modelo de negocio de la organización. Indica que es realmente sencillo implementar los nueve pasos de su propuesta y necesario saber qué nos diferencia de nuestra competencia y nos acerca a potenciales clientes”.

¿Es la educación un negocio al que puede aplicarse un esquema mercantil? Al hacer el análisis Foda no sigue el orden lógico del esquema y parece más una lista de compras que una real identificación de ejes críticos de educación. Identifica siete ejes estratégicos y concibe la modernización de la educación con calidad como “el desarrollo de programas como educación bilingüe orientado a ofrecer a la población herramientas comunicativas…”. Imposible resumir las 21 líneas de este eje, redactadas con escasas tres comas en toda su sustentación.

¿La calidad de la educación se mide exclusivamente por la educación bilingüe? El documento contiene un anexo con más de 100 personas que lo refrendan, muchas de ellas autoridades universitarias y directivos del Meduca. ¿Revisaron el documento? ¿Saben lo que significa cada uno de sus ejes y sus acciones propuestas? ¿Es fiable un documento que omite las estadísticas, elemento clave en la toma de decisiones? Ni siquiera incluyeron la bibliografía para conocer en qué lineamientos teóricos se basaron para proponer semejante exabrupto académico.

Podrán seguir convocando a diálogos en educación. Ojalá que las autoridades comprendan que no se puede improvisar, que el país requiere de políticas de Estado en los otros sectores para que el impacto sea significativo. Panamá dispone del mayor presupuesto per cápita en educación de toda América Latina y el Caribe y el aumento en la cantidad de fracasos y deserciones nos convoca con la mayor seriedad posible a no mentirle más al país. Por fortuna, el documento no aparece en la página web del Meduca, porque seríamos el hazmerreír de los organismos internacionales. Los nacionales, al parecer, ni saben que existe. Su silencio preocupa. Declaro mi preocupación ante semejante audacia “académica” con este “plan estratégico” apresurado, incoherente y obsoleto. Se trata del peor documento que he leído en 32 años de docencia e investigación. Podemos y necesitamos mejorarlo. Aún estamos a tiempo. ¡Presidente!, ofrézcale a los panameños la única herramienta que nos colocará en el sitial de primer mundo: Educar es gobernar.

La falta de controles por parte de las autoridades educativas o de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, además de la permisiva e incipiente supervisión educativa, ha permitido que un alto porcentaje de colegios particulares pongan condiciones para permitir el ingreso de los alumnos. Estas van desde la “donación” de varios miles de dólares, el aumento en las matrículas y mensualidades, y la exigencia de comprar todos los componentes de la canasta escolar en el propio colegio. Así ha surgido toda clase de distintivos que llevan el nombre del plantel en calcetines, libros, blusas, camisas, abrigos, lápices y un sinnúmero de detalles con elevados costos. Y está prohibido comprarlos fuera de ciertos establecimientos educativos.

Otro factor que consideramos grave es la permisividad de lucro que se ratifica para un elevado porcentaje de establecimientos particulares, muchos de ellos con subsidios por parte del Estado o donaciones simbólicas de sus terrenos. Los ejemplos abundan. Si bien representan aproximadamente el 12% de la matrícula nacional, resulta grave que el Estado permita el lucro excesivo en la enseñanza, sobre todo, por tratarse, según lo establece la Constitución, en su capítulo 5, artículo 94 de que se “reconoce el derecho de crear centros docentes particulares con sujeción a la ley” (sic) e indica que “están abiertos a todos los alumnos sin distingos de raza, posición social...”. En la práctica, dicha disposición se enfrenta a la incontrolable ola de aumentos de planteles educativos.

Muchas veces se presentan situaciones insólitas en la lista de útiles escolares, que superan los 250 dólares para un niño de tres años de edad, a cuyos padres le exigen comprar libros y costosos materiales para manualidades, algo que altera el concepto mismo de los objetivos, según ese nivel de adaptación y para fortalecer valores de convivencia.

El pago anual de la colegiatura para un estudiante de undécimo grado puede llegar a 5 mil 595 dólares. Todo está contabilizado con altos costos, desde los servicios de cafetería, validación de créditos, convocatoria por materia, alquiler de depósito para libros y otros servicios propios del aprendizaje.

La matrícula presenta otro costo adicional, además de tener que considerar el rubro de la merienda diaria, transporte y, en ocasiones, donaciones para construir un gimnasio o sufragar gastos de limpieza del plantel.

Cada año se registran significativas deserciones, repitencia y traslados a los planteles oficiales, ante la incapacidad de los padres de familia de hacerle frente a la onerosa matrícula y permanencia en gran cantidad de colegios particulares. No disponer de los útiles escolares de calidad y cantidad repercute en los niveles de evaluación.

Lo contradictorio de esta situación es que muchos docentes no son nombrados de manera permanente, y sus salarios no guardan relación alguna con los altos costos recibidos por estos planteles educativos. Obtener la estabilidad laboral es casi una odisea que conlleva muchos años de desempeño laboral.

Consideramos que está pendiente el debate y la regulación del financiamiento en la educación particular. Sobre todo por el silencio y resignación de los padres de familia, que consideran que la educación de calidad solo la ofrecen los colegios privados, aunque esto signifique trabajar sin tregua. Para la clase media, estos sacrificios extraordinarios, están más allá de sus posibilidades personales y familiares. La educación, al igual que la salud pública, han dejado de ser derechos sociales. Hoy, la mayoría de estos “establecimientos educativos” son meros negocios dirigidos a las élites de alto poder adquisitivo.

El anuncio inesperado de la demolición de la escuela República de Venezuela y del Instituto Comercial Bolívar –por asuntos de seguridad–, cuando faltan escasos días para el inicio del año escolar, es indicativo de la ausencia de planificación y mantenimiento.

Sorprende más conocer que otros planteles en peores condiciones infraestructurales seguirán funcionando, además de las centenares de escuelas (y aulas) rancho y multigrado instaladas en iglesias y organizaciones comunitarias.

Un alto porcentaje de los planteles son víctimas de plagas de roedores y murciélagos, lo que acarrea graves consecuencias a la salud. Otros no disponen de pupitres, tableros, servicios sanitarios ni energía eléctrica, sobre todo, los que están ubicados en las comarcas y áreas rurales.

El problema de la infraestructura comienza en las propias instalaciones del Ministerio de Educación (Meduca), desde 1995, inaccesible al público, ubicado frente al cementerio de Corozal, y con un clima laboral insatisfactorio. Por otra parte, la Dirección Regional de Panamá Centro trabaja en las mismas instalaciones del Instituto Bolívar, igual ocurre con la dirección de San Miguelito (en La Gran Estación) y en varias direcciones que ocupan edificios enfermos, ubicados en Clayton.

Todo indica que se carece de políticas sociales y educativas de vigilancia y mantenimiento preventivo, consistentes y sistemáticas, que eviten el deterioro de los edificios. Decenas de planteles educativos datan de principios de la república, sin que hayan recibido mantenimiento adecuado. Según las declaraciones de un exministro –ingeniero civil–, no hay un registro documental de los planos de las escuelas que permita hacer, de manera eficiente, las ampliaciones y el mantenimiento escolar.

Otro factor que agudiza la agonía creciente de los planteles es el calendario escolar que –a diferencia de otras épocas– impide realizar reparaciones en periodo de vacaciones. Los beneficiados son los dueños de los locales comerciales que logran onerosos contratos anuales.

El Fondo de Calidad y Equidad de la Educación permite emplear sus recursos en reparaciones menores, pero ante la incapacidad administrativa de muchos directores para manejarlos, con eficiencia oportuna, la crisis se agudiza.

A causa de la ola de vandalismo, la cultura de destrucción de los propios estudiantes (sin que se exija a los padres de familia pagar los destrozos) y por los constantes cierres de calle, las clases se suspenden y nunca se recuperan.

¿No resultaría más efectivo nombrar a celadores en los centros educativos con mayor matrícula, en lugar de crear otro viceministerio para que “todo siga igual”?

¿Por qué el Meduca no gestiona la ley vigente en materia de robo a la propiedad estatal, particularmente, en los centros educativos?

Hay planteles que atienden dos y hasta tres turnos, con una alta matrícula y el deterioro progresivo de sus instalaciones. El Gobierno se ha comprometido a construir 50 centros educativos y eliminar las escuelas rancho. Se trata de un reto complejo, ante la escasa supervisión y conducta indiferente de la comunidad educativa.

Las estadísticas de 2010 (no hay datos actualizados al respecto), indican que son pocas las escuelas que disponen de los espacios físicos de apoyo a la enseñanza, como salones de cómputo, bibliotecas, laboratorios y talleres. Según la Unesco, la relación entre la infraestructura educativa, aprendizaje y rendimiento de quienes estudian en establecimientos con mejores condiciones es favorable, pues se sienten más motivados para asistir a clases, que aquellos que lo hacen en instalaciones carentes de servicios básicos.

Urge darle relevancia a los edificios y al mobiliario escolar, mediante un plan de prioridades, tanto de mantenimiento como de construcción. La solución no es crear más burocracia, sino tener la voluntad política para innovar el funcionamiento del proceso de ingeniería y arquitectura del Meduca.

La primera conclusión es reconocer que pocas décadas de la historia registran el estado actual de crisis en los planteles y el acumulado de fracasos, repitencias, deserciones y ausencia de un plan nacional de educación, basado en políticas públicas que resulten del valor real que cada gobierno le atribuya.

Por primera vez, el sistema cuenta con el presupuesto per cápita más alto en América Latina, que suma más de 1,000 millones de dólares para 2017. Pero es lamentable que el diálogo se limite a la obsolescencia de la infraestructura escolar; a preguntas por el desconocimiento de la Ley Panamá Bilingüe; a reclamos por incumplimiento de los acuerdos de huelga, y se relegue el debate sobre la situación de los planes y programas de estudio, formación docente y definición del modelo educativo que requiere Panamá para el próximo decenio.

Conviene aclarar que el concepto “calidad de la educación”, ofrece una diversidad de significados, al suponer un juicio de valor respecto al tipo de formación que la sociedad ofrece, condicionado por factores ideológicos, culturales y políticos, que son dinámicos y cambiantes. De manera que la definición de calidad también muestra variaciones en el tiempo y entre una sociedad y otra.

La principal finalidad atribuida a la educación es el pleno desarrollo de la persona, así consta en los instrumentos de derechos humanos de carácter internacional, como en la legislación de diferentes países. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció“una propuesta de cambio centrada en el aprendizaje de todos”, mediante el enfoque de cinco dimensiones integradoras: 1. Relevancia, aprendizaje significativo; 2. Equidad, igualdad de oportunidades; 3. Pertinencia, utilidades del aprendizaje; 4. Eficacia, logro de objetivos; y 5. Eficiencia, uso de recursos al menor costo y mayor rendimiento.

En el debate de la calidad se enfrentan aproximaciones con diversos matices. Los enfoques conductistas, instrumentales, focalizados en la medición del impacto, que entienden la calidad como un conjunto de indicadores mensurables, asociados a la aplicación de pruebas estandarizadas (PISA, Serce, Terce, entre otros).

Desde la otra perspectiva, humanista, constructivista y focalizada en los procesos de aprendizaje, lo central es el desarrollo de capacidades en los educandos para que construyan significados y den sentido a lo que aprenden; desarrollen el pensamiento crítico, creativo, con el docente como mediador de dicho proceso. Los resultados son considerados de largo plazo, asociados al desarrollo de personas integrales, sociedades más justas y equitativas para reducir la pobreza.

Para algunos gobiernos y empleadores, calidad es sinónimo de competitividad y dominio del idioma inglés; para los padres es la seguridad de que sus hijos puedan insertarse en el mercado laboral, con salarios idóneos, posibilidad de mejoramiento laboral y movilidad social; para los organismos internacionales es cumplir los estándares establecidos en sus visiones regionales, con frecuencia estandarizados para una región multicultural.

A pesar de los numerosos subsidios que entrega el sector (Meduca, Mides e Ifarhu, entre otros), se carece de un departamento de investigación educativa, apoyado en estadísticas confiables para medir el impacto y efectividad de estas ayudas en el mejoramiento del proceso de aprendizaje. Su debilidad más evidente es la ausencia en todos los componentes del sistema educativo y cultural; de recursos humanos especializados, con calidad para innovarse, administrar, supervisar y evaluar integralmente su funcionamiento.

La característica fundamental de la educación que incluye hasta el nivel superior, desde la promulgación de la Ley 47 de 1946 y la Ley 34 de 6 de julio de 1995, ha sido una travesía marcada por marchas, paros, huelgas y la confrontación entre autoridades y gremios docentes, bajo la tímida intervención de padres y madres de familia y el silencio preocupante de los estudiantes.

Confío en que esta nueva marcha por la calidad educativa permita a la sociedad, sobre todo a las autoridades, reconocer que la formación humana es la prioridad de un país, hoy por hoy, obsesionado por la cultura del cemento y los megaproyectos. Si no le prestamos la suficiente atención a la realidad del sistema educativo, “mañana será siempre tarde”.

Hay una diversidad de situaciones alrededor de esta actividad: librerías cerradas, fotocopiadoras y espectáculos dramáticos en las ceremonias para premiar el talento; además de la alta comisión (40%) que casi todas las librerías le cobran a los escritores, las bibliotecas históricas en abandono y un tímido respaldo oficial para desarrollar un plan nacional de lectura.

Este escenario también tiene luces sobresalientes, como la labor que desempeñan los valientes promotores de las ferias del libro –desde sus inicios– y los esfuerzos de otros promotores culturales, mediante talleres literarios, premios, asociaciones y círculos de lectura.

La literatura sigue su curso, de manera lenta, sin que las autoridades responsables de promoverla le otorguen la prioridad necesaria. La oferta editorial y sus costos permiten identificar varios tipos de lectores, veamos:

1. Lectores activos: Tienen ese hábito desde la infancia hasta la adultez. Ellos organizan su propia biblioteca y tienen un acercamiento saludable con el cine, la pintura, el teatro y la música.

2. Lectores de best seller: Compran los libros de moda o “los más vendidos”, sin importar el precio, autor o tema. Son personas sin criterio formado, que no se fijan en la calidad del libro.

3. Lectores académicos: Son indispensables porque siempre se actualizan, recorren las librerías en busca de novedades y dedican un porcentaje de su presupuesto para adquirir bibliografía.

4. Lectores pragmáticos: Leen para solucionar problemas cotidianos, como mantenerse joven, dejar de fumar o conseguir empleo. Son lectores de libros de autoayuda.

5. Lectores estéticos: Privilegian los libros por la calidad del papel y la fineza de la portada, es decir, por el acabado de impresión. Poseen alto poder adquisitivo y compran para decorar despachos o bibliotecas familiares, pero no los leen.

6. Lectores de fotocopia: Estos leen de forma segmentada. Se trata de una conducta generalizada y permitida en las universidades y bibliotecas.

7. Lectores light: Como su nombre lo indica, leen libros baratos y de pocas páginas sobre temas ligeros, de escaso contenido y sin belleza literaria.

8. Lectores de literatura extranjera: Son clientes de sitios virtuales especializados, en los que adquieren ejemplares escritos en otros idiomas.

9. Lectores modernos: Pertenecen a la tendencia más reciente y escuchan el contenido presentado en discos compactos. Leen con apoyo tecnológico de los celulares, dispositivos electrónicos o audiolibros.

10. Lectores de curiosidades editoriales: A esta categoría pertenecen los editores y lectores que compran por alguna peculiaridad. Son coleccionistas que adquieren ejemplares impresos en un papel especial, libros de colección, históricos, clandestinos, etc.

Otra modalidad de lectores que vemos son los que pertenecen a los denominados “círculos de lectura”, que se desarrollan entre colectivos educativos, gremiales y hasta en los centros penitenciarios. Leen por el placer del conocimiento y el crecimiento personal y profesional.

El libro tiene defensores –lectores y escritores asociados– que son promotores, organizan encuentros y actividades de capacitación. Ellos publican sus propias obras, hacen premiaciones y tienen espacios en los medios de comunicación.

También hay críticos del libro que por lo general son líderes de opinión, cuyo veredicto es esperado antes de adquirir una obra. Son quienes coordinan las asignaturas en los planteles educativos o universidades. En términos generales, ejercen su oficio con bastante complacencia.

En fin, hay lectores apasionados, gozosos y voraces, que siempre están leyendo y comentando acerca de literatura. En cambio, hay otros que nunca terminan un libro, pues a falta de un criterio de selección, se convierten en lectores a medias.

Lamentablemente, hay que decirlo, también son visibles los analfabetas funcionales que se niegan a comprar libros, argumentando altos costos. Ellos rechazan la lectura, a los escritores y las bibliotecas. Destruyen los libros, los mutilan y reciclan, convocan marchas para evitar publicaciones, cierran bibliotecas, no invierten en la conservación y regalan el acervo documental en inglés.

La mejor forma de ampliar nuestros conocimientos y disfrutar de las bondades del libro es adquirir literatura de excelencia. Leerla, compartirla y generar el sano debate es una tarea urgente en un país con déficit de ciudadanía y con notorias deficiencias en comprensión lectora.

Pese a estas circunstancias que limitan o dinamizan el proceso de enseñanza, el docente –por lo general– imparte una misma clase, asigna tareas similares en complejidad, y la interacción se realiza sin mayores adecuaciones curriculares ni de otra índole. Históricamente, el sistema educativo panameño ha elaborado sus planes y programas de estudio, libros de texto y demás recursos de aprendizaje, de manera uniforme, para atender a quienes posean capacidades normales.

Existe la figura del “cuadro de honor”, que privilegia a estudiantes de mayor rendimiento, pero se olvida de descubrir las inteligencias múltiples del grupo. A partir del año 2000, el Ministerio de Educación (Meduca), mediante el Decreto Ejecutivo No. 1 de, 4 de febrero, establece la normativa para la educación inclusiva de la población con necesidades educativas especiales. Se considera con necesidades educativas especiales a los alumnos que para ser atendidos adecuadamente pueden requerir recursos de apoyo, ajustes o adaptaciones en una o varias áreas del currículum regular.

Los antecedentes de la Dirección Nacional de Educación Especial se ubican desde 1976, con el Programa Escuela para Pensar; Escuela Sin Murallas (1990); Estudiantes Creativos y Sobresalientes; y el Proyecto de Altas Capacidades (2011). La Dirección Nacional de Educación Especial del Meduca, para atender estas aptitudes sobresalientes ha trabajado de manera científica y tenaz bajo de orientación del psicólogo Alejandro Carrasquilla Jiménez. Este señala algunos indicadores para identificar a los estudiantes con aptitudes sobresalientes, por ejemplo, expresan ideas, conceptos y emociones con claridad; tienen memoria precoz de desarrollo mental: a los cuatro años ya son capaces de leer un libro; a los 18 meses identifican al menos seis colores; a los dos años y medio cuentan hasta el número 10; a los 30 meses memorizan cuentos, canciones y oraciones, y su lenguaje refleja riqueza conceptual y alto contenido simbólico, superior al de otros niños de su edad cronológica.

En ocasiones su talento puede poner en aprietos al docente más actualizado, porque desarrollan varias ideas a la vez, tienen alto nivel de abstracción, los libros escolares les resultan superficiales, tienen una curiosidad excepcional y un alto nivel de pensamiento crítico e imaginativo, las clases rutinarias les aburren y son independientes en sus actuaciones. Sin embargo, advierte Carrasquilla, un niño talentoso al sentirse amenazado puede volverse retraído o excluirse y es frecuente que elija sacrificar su creatividad para sentirse aceptado en el grupo.

El decreto en referencia indica, además, que “a los alumnos que demuestren competencias curriculares superiores a las que corresponden a su grupo de edad, se les ofrecerán opciones curriculares adecuadas a su nivel de habilidades y conocimientos, ya sea enriqueciendo los contenidos de su nivel o promocionando hacia el nivel superior”.

De ahí la importancia de crear programas de aptitudes sobresalientes y talentos específicos (2016), que entre otros objetivos aspira al descubrimiento de talentos y evitar la fuga de cerebros, la deserción y la apatía escolar.

¿Qué indican las cifras al respecto? Que estos estudiantes representan entre el 5% y 10% de la población. Se aproximan al porcentaje encontrado en alumnos con rendimiento académicamente excelente, son líderes en innovación y creatividad. Son la semilla cierta de las patentes y marcan el índice de creatividad y competitividad de una nación. Las políticas educativas no les prestan atención sostenida, debido a los prejuicios y estereotipos respecto a las altas capacidades y, también, por una legislación que mantiene su foco de atención en los niños de conocimientos y habilidades promedio o, bien, en los que se ubican en el nivel de discapacidad.

No obstante, podemos visualizar un futuro esperanzador en la medida en que se refuerce la Dirección de Nacional de Educación Especial; se capacite permanentemente a los docentes, a los padres y madres de familia y al público en general. Además, hay que estandarizar las pruebas para identificar a los alumnos con este potencial, pues a futuro Panamá lograría aumentar sus índices de patentes de invención, obtener mejores rendimientos en pruebas nacionales e internacionales, y entregar becas universales (basadas en talentos) para incursionar en las letras, la música y el deporte, entre otras tantas posibilidades.

El despido de Hernández Ying deja al descubierto los desaciertos de una institución que durante años ha sido reducida a su mínima expresión, sin una política cultural definida, y sin el apoyo de un presupuesto cónsono a las necesidades de un gobierno que prefiere premiar a sus jugadores de fútbol, promover desfiles navideños al mejor estilo de Disneylandia y, por si fuera poco, mantener el Teatro Nacional cerrado.

Al recorrer el 95% de los museos del país para una publicación de nuestra autoría pude constatar –en la casi totalidad de ellos– el deterioro, la indiferencia estatal y la falta de recursos humanos calificados para atender y proteger las bases fundamentales de nuestra nacionalidad. Por fortuna, hay museos que son un auténtico orgullo nacional.

El reciente anuncio de la apertura del Museo de la Democracia viene a sumarse a la lista de contradicciones del actual gobierno que, lejos de apoyar a los museos más representativos de la nacionalidad panameña, opta –quizá con criterio político–partidista– por promover la creación de otro que sabemos de antemano el enfoque que tendrá.

Para quienes aún no lo saben el MARTA, ha tenido un destino errático, ha sido víctima del asalto y del robo de sus colecciones y, según explican sus autoridades, la Sala de Oro reposa en las bóvedas del Banco Nacional, sin que nadie sepa a ciencia cierta su total contenido, estado actual y, lo más importante, si reúne las condiciones necesarias para su adecuada conservación.

Visité a Orlando Hernández hace algunos meses para conocer más de cerca el estado del Museo. Fui recibida por Hernández en un sitio que más parecía el depósito de un edificio en ruinas, que el máximo orgullo de su fundadora la arqueóloga e historiadora más sobresaliente de Panamá, la doctora Reina Torres de Araúz. La colección de arqueología estaba “guardada” en cajas de cartón que no reunían las condiciones mínimas para preservar este tipo de piezas. Sin espacio suficiente, había cerca de 20 mil piezas arqueológicas, la mayoría apiladas en cajas de cartón y sin mayores posibilidades de sobrevivir las inclemencias del tiempo. Otras estaban debidamente catalogadas, no así ubicadas. Sin su prestigiosa biblioteca, desaparecida desde algunos años, compartiendo el edificio con otras escuelas del Inac.

Pese a todo este caos evidente, Hernández se mostró optimista y me confesó que lucharía para devolver al Museo su auténtico valor histórico. “Es un reto personal me aclaró”.

La actual administración, al igual que las dos anteriores, han padecido del mismo mal: el desprecio olímpico de la cultura, sin un plan nacional para priorizarla, y con la Impresora de la Nación en las peores condiciones para producir obras de calidad.

Ni hablar de la lista de Patrimonio Histórico de la Nación. Ya la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advierte el riesgo que corre el país de ser suspendido de la lista y sin su consiguiente respaldo.

Las expresiones de Hernández son dignas de preocupación: “En ningún lugar de los muchos que he vivido, he visto la ignorancia ser tan arrogante ni he sido más robado, ofendido, demeritado e irrespetado que en el país que nací”.

Presidente Juan Carlos Varela actúe y rectifique la indiferencia gubernamental hacia la cultura primero, el mayor tesoro de identidad nacional que poseemos los panameños.

Carecemos de granos básicos debido a las distancias; en ocasiones llegan pequeñas remesas de crema y galletas, que apenas alcanzan para un mes; el horario por falta de aulas es, en la mañana para la primaria y en la tarde con los estudiantes de premedia; no suministramos merienda; la comunidad no tiene luz eléctrica, sino panel solar. Las casas no tienen ningún tipo de seguridad y frecuentemente somos víctimas de hurto. Nuestro salario es igual que el de un docente de área urbana, con la diferencia de un viático mensual de B/.100.00 al que se le descuentan los impuestos.

Los gastos de pasaje, los tenemos que asumir. Desde San Félix nos trasladamos hasta la comunidad de Gato, donde termina la carretera de asfalto y luego comenzamos a caminar; el primer día siete y hasta ocho horas, sobre terrenos llenos de precipicios, hay que atravesar la cordillera, cruzar ríos, puentes improvisados de palo y malezas, lajas inmensas, derrumbes; el segundo día caminamos cuatro horas y más.

Luego se llega a Ratón, que es el lugar donde fallecieron recientemente dos de nuestros compañeros”.

Estas declaraciones de una valiente educadora son similares y quizá hasta menos dramáticas para los 10 mil 893 docentes ubicados en áreas de difícil condición laboral, concepto que supera la clásica denominación de difícil acceso, que se restringe tan solo al lugar.

La provincia de Bocas del Toro es la que presenta la mayor cantidad: 3 mil 696 y la comarca Ngäbe Buglé con mil 326 docentes. (Portafolio de Proyectos Especiales y Mejora Continua de los Procesos de Recursos Humanos) Meduca 2015.

La ausencia de estadísticas educativas continuas, consistentes, confiables y oportunas desde el año 2010, es preocupante, impiden investigar, tomar decisiones sustentadas y establecer prioridades.

La afirmación anterior se pone en evidencia, ya que según información suministrada por el departamento de estadística del Meduca (2014), existían mil 511 escuelas de premedia y media del sistema regular oficial ubicadas en áreas de difícil acceso. Información inconsistente y no confiable, puesto que para el año escolar 2013, este mismo departamento indicaba que la totalidad de escuelas de premedia y media regular oficial a nivel nacional era de 815. Ver sitio web.

¿Qué estrategia emplean otros países de América Latina que presentan similares o peores condiciones de centros educativos de difícil acceso? La respuesta es la creación de internados para premedia y media que permitan mejorar la calidad de atención, unificar subsidios, mejorar la alimentación, impedir accidentes y fallecimientos, ampliar la cobertura, fortalecer la supervisión. Para la primaria habría que crear otras alternativas, ya que la Ley Orgánica de Educación indica: …“donde quiera que haya un núcleo de niños no inferior a veinticinco (25) en un área no menor de dos kilómetros de radio, el Estado tiene la obligación de abrir una escuela”.

El Meduca ha agregado “categorías curiosas”, al considerar que el agua de lluvia, ríos, quebradas y pozos son de uso escolar. Esta agua no es potable y provoca enfermedades. Bajo este criterio todas las escuelas tienen acceso al agua; ¿qué ocurre cuando no llueve y cómo se traslada esta a cada plantel?

¿Qué estrategia emplean los países de América Latina que presentan similares o peores condiciones de centros de difícil acceso? Han creado internados para premedia y media para mejorar la calidad de atención. Mientras tanto, en Panamá, un alto porcentaje de los educadores de estas áreas de difícil condición laboral se encuentran en paro, con el consiguiente perjuicio para los estudiantes y comunidad educativa en general.

La autora es docente e investigadora social