En la discusión estuvo presente el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, quien explicó que se esperan aportes al Estado por mil $60 millones para el próximo año.

En tanto, el presupuesto de inversiones regulares será de $161.1 millones. 

Ahora, la Comisión deberá remitir el proyecto al pleno de la Asamblea para que sea discutido.

En tanto, la sesión fue suspendida a las 4:00 p.m. por falta de quórum, ya que solo 19 personas estaban en sus puestos.

No obstante, el ministro calificó como positivo este encuentro y destacó que los diputados aceptaron que ha habido una disminución en los índices de criminalidad. 

Aguilera, también anunció que el Gobierno tiene planes de implementar un sistema de videovigilancia, del cual asegura que el país está 10 años tarde.

De igual forma, pondrán en funcionamiento el sistema de brazaletes electrónicos para detenidos de poca peligrosidad e involucrados en violencia doméstica.

“No tengan la más mínima duda de que con lo que estamos haciendo van a disminuir los índices de criminalidad en un corto período de tiempo para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía”, precisó Aguilera ante los diputados.

De acuerdo con el ministro, el incremento de delitos de 25 mil en el año 2005 a 65 mil en el año 2013, ha generado un trauma en la población.

“Esto ha creado una sensación de inseguridad que todos sufrimos y es lo que ha generado esa percepción en la cual de cada 10 panameños 8 se sienten inseguros”, destacó.

Indico que el programa Barrios seguros, ha logrado una disminución de los homicidios y continuará con la reducción. Así mismo aseguró, que en la provincia de Colón, el programa  ha atendido a un cien por ciento de los jóvenes en situación en conflicto con la ley y se ha reducido en un 50%.

“Si en Colón ha funcionado, también debe funcionar en las otras provincias del país”, dijo.

Aguilera calificó como un logro que ha alcanzado su administración la reducción del número de homicidios, ya que para julio del año pasado se habían registrado 372 homicidios, y ahora en ese mismo período se han dado 301 homicidios.

“Hay una diferencia de 71 homicidios menos, de allí la importancia de la prevención", sostuvo.

Explicó además que existe un plan para los detenidos del centro penitenciario La Joya y centros de reclusión de menores que están por salir de estos centros para reclutarlos en el programa Barrios Seguros para que asegurarse de que no reincidan.

Durante la comparecencia de Aguilera un grupo de mujeres que aducían ser familiares de los detenidos trasladados a la isla Coco, abucheaba al ministro pidiendo el traslado de los detenidos al centro penitenciario la Gran Joya.

El presidente de la Asamblea, Rubén De León, pidió la intervención de las unidades de la seguridad del Legislativo para desalojarlas del recinto. 

A pesar de las explicaciones de Aguilera, el diputado Leandro Ávila manifestó que hay un problema real de inseguridad en el país que puede estar cayendo en impunidad si esos homicidios y delitos que se registran no se resuelven.

El lunes 17 de agosto Aguilera inició su comparecencia en medio de duras críticas de diversos sectores del país que alegan que los hechos delictivos en Panamá han aumentado. 

Diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional comenzaron este jueves, 20 de agosto, la discusión en primer debate del presupuesto general del Estado para 2016, el cual asciende a $20 mil 106 millones.

En la discusión participan el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y el contralor general de la República, Federico Humbert. 

Será a partir del lunes, 24 de agosto, que empiecen las vistas fiscales, proceso en el cual las entidades del Gobierno tendrán que sustentar sus presupuestos. 

El proyecto presentado por la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), establece que de los $20 mil 106 millones de esa propuesta de presupuesto, $11 mil 911 millones (59% del total) se destinarán a gastos corrientes, mientras que $8 mil 195 millones (41%) corresponderán a inversiones.

De acuerdo al ministro De La Guardia -que sustentó el documento por más de cinco horas- el presupuesto total solicitado para 2016 supera en al menos $500 millones al de 2015, es decir un 2.7 % mayor comparado con el vigente.

De igual manera detalló para que para 2016 se tienen previstos $700 millones para el pago de proyectos llave en mano que están en ejecución o que están casi terminados.

Contralor asiste a presentación de la ley que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2016. pic.twitter.com/uTSxaOwVb4

Contralor asiste a presentación de la ley que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2016. pic.twitter.com/uTSxaOwVb4

— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) August 20, 2015

La diputada perredista Zulay Rodríguez presentó este lunes ante la Procuraduría de la Administración una consulta legal sobre la actuación del presidente de la Comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha, en los procesos que le siguen al magistrado de la Corte Suprema José Ayú Prado.

Rodríguez, con documentos en mano, explicó que su consulta se basa en que si es "viable" que el diputado Arrocha "desconozca" el artículo 160 de la Constitución que se refiere a la función judicial de la Asamblea.

Agregó que, específicamente, quiere conocer si es viables que Arrocha "me quite copias" de las denuncias contra el magistrado Ayú Prado.

"¿Cuál es el miedo Jorge Iván Arrocha?", dijo la diputada ante los periodistas. "Tengo el informe bastante adelantado, pero ¿cómo quieren que termine si tengo las copias incompletas?... Aquí hay un interés de ayudar a Ayú Prado", agregó.

En el período pasado de sesiones Rodríguez fue comisionada para que evaluara la posible acumulación de cinco denuncias que había presentado el juez penal de adolescentes, Juan Domingo Ibarra, contra Ayú Prado por haber ordenado una investigación en su contra que concluyó en la separación del juez. 

La semana pasada, el diputado Arrocha le estableció un plazo a Rodríguez para que entregara un informe sobre los expedientes que se le habían entregado hace ocho meses. 

A la vez, advirtió que si ella no lo hacía, este lunes 1 de febrero la Comisión de Credenciales empezaría a tramitar los procesos. 

Así lo anunció el administrador general del Canal, Jorge Luis Quijano.

"Hoy por primera vez en 18 años se da la primera restricción de calado, de 39 pies y medio", indicó Quijano, luego de que acudiera a la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional. 

Esta medida estaba establecida para el 18 abril, pero se pospuso, explicó. 

"El significado [de la restricción] es que por cada seis pulgadas, que este es el caso de la primera restricción, el buque tiene que venir con menos carga para no hundirse tanto en el agua, eso quiere decir que pierde la capacidad de carga de alrededor de mil toneladas que no puede llevar", agregó. 

Se calcula que las lluvias comenzarán a caer en Panamá a partir del 15 de mayo.

Según el diputado Pedro Miguel González, fiscal designado por la Asamblea Nacional, que adelanta una investigación contra Moncada, Virzi prestó $1.8 millón al magistrado.

Versión que contrasta con la que dijo la semana pasada públicamente Virzi y, meses antes, Moncada Luna. 

Virzi, exvicepresidente de la República, llegó hoy a eso de las 2:00 p.m. a la Asamblea Nacional para comparecer ante el fiscal, después de que fuese citado en calidad de testigo.

La semana pasada el empresario admitió públicamente que había prestado unos $750 mil a Moncada Luna.

En octubre pasado, antes de que la Asamblea Nacional iniciara la audiencia en su contra por cargos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos, Moncada Luna ofreció declaraciones al diario Panamá América sobre la compra de dos apartamentos por $1 millón 724 mil 200.

La propuesta fue presentada por un grupo de diputados de diversas bancadas, entre ellos Leandro Ávila, Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático; Dalia Bernal, de Cambio Democrático; Miguel Salas, del Partido Panameñista.

El administrador deberá responder siete preguntas el día que sea citado.

Entre las preguntas están ¿Cuánto aporta actualmente el Canal de Panamá al Gobierno Central? ¿Cuáles han sido los problemas que sirven de sustento a los reclamos de Grupo Unidos por el Canal que se ventilan como problemas básicos en la morosidad para la entrega de la obra?.

El pleno también citó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Stevenson Girón, para que explique las finanzas de esa institución así como el proyecto de ciudad hospitalaria que se desarrolla en Ancón. Son ocho las preguntas que deberá responder.

La junta directiva de la Asamblea tendrá que determinar próximamente las fechas en que los funcionarios tendrán que comparecer.

La bancada de Cambio Democrático (CD) anunció esta tarde que desconoce a Alma Cortés como presidenta encargada de ese partido, como la había designado en diciembre pasado Ricardo Martinelli.

"La bancada de Cambio Democrático reconoce como líder y presidente único del partido Cambio Democrático al señor Ricardo Martinelli Berrocal", destaca un comunicado de la bancada leído por la diputada Dana Castañeda.

A la vez, rechazaron suscribir un compromiso de lealtad planteado recientemente.

Por su lado, el diputado y uno de los vicepresidente de ese partido, Mario Miller, calificó de desacertada la decisión de designar a Cortés como la presidenta encargada, cuando según los estatutos la posición le debe corresponder al secretario general o a los vicepresidentes.

Las declaraciones de los diputados se dieron luego de que sostuvieran una reunión este martes en la Asamblea Nacional con el propósito de analizar el ultimátum que le hiciera Alma Cortés, subsecretaria de ese colectivo político y "presidenta encargada".

Asistieron 22 de los 25 diputados que conforman la bancada. Los grandes ausentes fueron Sergio Gálvez, José Muñoz y Rubén Frías. 

Rómulo Roux, secretario general de CD y quien fuera designado el año pasado como presidente encargado de ese colectivo fundado por el exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), participó de ese encuentro.

"Estoy aquí presente porque me pidieron que estuviera", comentó Roux antes de entrar. 

Indicó que no es momento para que se lancen amenazas de revocatoria de mandato a diputados del partido. "Lo importante es llamar a la unidad, mantener el partido fuerte. Tenemos que garantizar que Cambio Democrático se fortalezca", agregó. 

Sostuvo que el partido en estos momentos debe renovarse y el rol de sus miembros no es enfocarse en riñas internas. "El enemigo está fuera", dijo. 

Según Roux, "en lo personal pienso que no es el momento para estar solicitando [a los diputados] que se vayan del partido, sino que sumemos. No siento que la bancada esté sumisa o entregada". 

En diciembre pasado, Cortés exigió a los diputados que firmaran una nota en la que se comprometieran a seguir la línea del partido. El que no lo hiciera antes del 31 de diciembre pasado perdería su curul.

Los estatutos del partido estan tan claros como el agua pic.twitter.com/22yclxfvwm

Los estatutos del partido estan tan claros como el agua pic.twitter.com/22yclxfvwm

— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) January 5, 2016

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este miércoles, 13 de enero, en segundo debate, el proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Electoral (TE).

La propuesta recibió el voto favorable de los diputados a golpe de curul.

La norma, que ahora iría a tercer debate, establece que los magistrados que formen parte de esa institución quedarían blindados ante cualquier proceso al que sean sometidos en la Corte Suprema de Justicia.

En el artículo 25 de la propuesta se incluyeron una nueva prerrogativa para el juzgamiento a los magistrados.

Los magistrados del TE son investigados por el Procurador General de la Nación y juzgados por el pleno de la Corte.

La norma vigente dice: “los magistrados principales y los suplentes cuando estén habilitados no serán depuestos ni suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con la formalidad que dispone la ley (...) De igual modo, no podrán ser detenidos ni arrestados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente para juzgarlos”.

El artículo propuesto modifica el artículo de la siguiente forma: “Procesos Penales. En la fase d e investigación y en la fase de juicio, corresponded al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautela restrictiva de la libertad del Magistrado y la que ordene aprehensión o secuestro contra los bienes de estos. La sentencia que resuelva el fondo de la causa penal contra los Magistrados del Tribunal Electoral, serán adoptada por las dos terceras partes de los miembros del Pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

El diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Pedro Miguel González, defendió este artículo y dijo que lo que se ha hecho es introducir esta norma para equiparla con el mecanismo de investigación establecido contra diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, incluido recientemente en la llamada ley súper blindaje.

Detalló que en el caso de los magistrados del TE que son investigados por la Corte, las medidas cautelares no se aplicarían solo con la decisión de tres personas (tres fiscales) como ocurrió en el proceso seguido contra un magistrado de la Corte en la Asamblea, sino por las 2/3 partes del pleno de la Corte.

El documento también busca actualizar la ley que rige la institución, que data de hace 40 años, y al mismo tiempo separar de la norma lo relacionado con la Fiscalía General Electoral

“Después de 40 años se actualiza la ley, con el fin de que se detalle en blanco y negro las funciones tanto administrativas y jurisdiccionales que lleva a cabo el Tribunal”, dijo el magistrado Eduardo Valdés Escoffery.

Explicó que la institución ha evolucionado y aplicado nuevas teconologías, como la firma electrónica. Además, ha descentralizado sus servicios, entre otras cosas. Aspectos que no aparecen en la ley.

“Con este proyecto hemos logrado plazas y actualizar todas estas funciones que se hacen el Tribunal”, agregó.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves, 14 de enero, en tercer debate, el proyecto que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Electoral (TE).

Este proyecto, presentado en octubre pasado por el magistrado presidente del Tribunal, Erasmo Pinilla, establece que para la aplicación de medidas cautelares contra las magistrados de esta corporación electoral se requerirán de los votos de las dos terceras partes del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

En el artículo 25 de la propuesta se incluyó esta nueva prerrogativa.

La norma vigente dice: “Los magistrados principales y los suplentes cuando estén habilitados no serán depuestos ni suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con la formalidad que dispone la ley (...) De igual modo, no podrán ser detenidos ni arrestados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente para juzgarlos”.

El artículo propuesto modifica el artículo de la siguiente forma: “Procesos Penales. En la fase d e investigación y en la fase de juicio, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautelar restrictiva de la libertad del Magistrado y la que ordene aprehensión o secuestro contra los bienes de estos. La sentencia que resuelva el fondo de la causa penal contra los Magistrados del Tribunal Electoral será adoptada por las dos terceras partes de los miembros del pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

Un grupo de diputados del partido Cambio Democrático (CD) oficializó este jueves 7 de julio, ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la inscripción de una nueva “facción parlamentaria”.

Esta nueva facción excluirá a los diputados disidentes que votaron el pasado 1 de julio por el perredista Rubén De León, para que se reeligiera en el cargo de presidente de la Asamblea.

La solicitud fue presentada ante el secretario Franz Wever. Y este grupo está formado por los diputados Edwin Zúñiga, Carlos Afú, Mariela Vega, Mario Miller, Fernando Carrillo, Héctor Aparicio, Rubén Frías, Sergio Gálvez y Aris De Icaza.

“El coordinador de la fracción parlamentaria será el honorable diputado Edwin Zúñiga, y será eventualmente sustituido por Fernando Carrillo y Mariela Vega”, destaca la nota.

De esta forma, el partido CD -dirigido por el expresidente de la República Ricardo Martinelli, autoexiliado en Estados Unidos- seguirá dividido durante esta legislatura.

Los diputados disidentes son: Dana Castañeda, Raúl Hernández, Noriel Salerno, Manuel Cohen, Nelson Jackson, José Muñoz, Héctor Valdés Carrasquilla, Mario Lázarus, Marilyn Vallarino, Yanibel Ábrego, Rony Araúz, Dalia Bernal, Vidal García, Salvador Real, Juan Manuel Póveda y Absalon Pinzón.

Los artículos referentes al proceso de impugnación a candidatos electos mantiene estancada la discusión del quinto y último bloque del proyecto de ley de reformas electorales en la Asamblea Nacional.

Las diversas bancadas que constituyen el legislativo no logran consenso en este tema, informó el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz, quien asistió a la sesión de la Asamblea este jueves, 30 de marzo.

El pleno decretó varios recesos sin lograr avances en el debate. No será hasta este lunes, 3 de abril, que vuelva a reanudar la sesión.

Araúz explicó que el debate está detenido debido a que los diputados mantienen, hasta ahora, dos posiciones frente al tema de las impugnaciones: unos piden mantener la norma actual que destaca que quien pierde en el proceso impugnado puede volver a correr en las elecciones junto a los demás candidatos, mientras que otros destacan que es mejor establecer que quien pierda en el proceso tras se impugnado no debería volver a postularse.

El magistrado Araúz señaló que también, en estos artículos, han propuesta una nueva causal para impugnar: aquel candidato que viole el tope de financiamiento puede ser denunciado.

Desde la semana pasada, el pleno de la Asamblea inició con el debate de este último y polémico bloque de artículos sin poder entrar a la votación. Las últimas tres sesiones se han caracterizado por extensos recesos e intensas negociaciones entre bancadas.

Este último bloque está integrado por al menos 11 temas, entre ellos los topes de gastos de campaña con el financiamiento privado, el financiamiento público y el mecanismo a utilizar para la distribución de curules en los circuitos plurinominales.

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional culminó la tarde de este miércoles, 7 de octubre, la aprobación de los 82 artículos del proyecto de ley 234 que descentraliza la administración pública.

A partir de este jueves, 8 de octubre, los diputados que integran la comisión empezarán a discutir los artículos nuevos que serían incorporados al documento, informó el presidente de esta instancia el perredista Javier Ortega.

La semana pasada, la comisión había iniciado el proceso de aprobación de los artículos mediante bloques. De acuerdo a Ortega, no quieren confusiones y por ellos dieron el tiempo necesario para aclarar cada artículo. 

La propuesta, que fue presentada el 2 de septiembre por el Ejecutivo, establece reformas a la Ley 37 de 29 junio de 2009 y consta de 82 artículos.

El Ejecutivo estima que esta iniciativa entre en vigencia el 1 de enero de 2016, y contemplaría el traslado de las recaudaciones de los impuestos de inmuebles por más de $180 millones para inversiones públicas en obras comunitarias.

En el documento discutido se estableció “una fórmula de solidaridad”, que consiste en que ningún municipio recibirá menos de $500 y se determinó que los recursos que manejarán los gobiernos locales se deben distribuir así: 90% para inversión y 10% para funcionamiento, según informó la Presidencia.