Hoy son más de 820 millones de personas en condición de hambre en el mundo. A ello se une la creciente inseguridad alimentaria, que afecta actualmente en un nivel “moderado” a un quinto de la población mundial.

El escenario supone un enorme reto dada además la rápida expansión demográfica. Para el año 2050 la población mundial aumentará a más de 9 mil millones de personas, con lo que se calcula un incremento del 50% en la demanda de alimentos. Esta realidad nos obliga a pensar en una estrategia para elevar la producción en nuestra región, que juega un papel central en la seguridad alimentaria global.

El desafío es doble, porque al mismo tiempo la agricultura debe hacerse cargo de cuidar la salud del planeta, incluyendo una significativa reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático.

América Latina y el Caribe puede disminuir sus emisiones de GEI relacionados con la agricultura, pero se necesitan cambios tecnológicos e institucionales, orientados a desacoplar las emisiones de la producción, es decir, emitir mucho menos por cada unidad de producto. La región está en camino para lograr este desafío; entre 1990 y 2015 cinco países (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Surinam) aumentaron su producción agrícola al tiempo que disminuyeron sus emisiones totales de GEI. En otros 19 países, si bien aumentaron las emisiones, bajó la relación entre producción y emisiones.

Nuestra región es una de las pocas que aún cuenta con espacio importante para aumentar su oferta alimentaria. El 28% de las tierras disponibles con potencial mediano a alto para la producción agrícola sostenible en el mundo, están en América Latina y el Caribe.

Además, la región cuenta con cerca de un tercio de los recursos de agua dulce del mundo. Con esta combinación, no resulta difícil anticipar que América Latina y el Caribe jugará un rol aún más importante como proveedor mundial de alimentos, pero se necesita implementar cambios en las técnicas de producción.

El autor es subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Este año se publicó el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, por parte de cinco organizaciones de las Naciones Unidas, incluida la FAO. El estudio presenta numerosos resultados y análisis en diversas dimensiones, pero el mensaje es uno: tras una larga tendencia a la baja en los niveles de hambre en el mundo, hoy estamos en retroceso.

Se estima que 815 millones de personas sufren hambre, lo que corresponde a un alza de 38 millones respecto al año anterior. Esto es inaceptable, en especial si recordamos que hace solo dos años, los países asumieron una meta central de los objetivos de desarrollo sostenible: eliminar el hambre del planeta a 2030.

Complementando este informe, se publicó el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina (AL) y el Caribe 2017, que concluye de la misma manera que en nuestra región también estamos perdiendo terreno en la batalla contra el hambre. Comparando con la última medición, 2.4 millones de personas han caído en condición de subalimentación. En total, 43 millones de individuos en AL y el Caribe sufren el flagelo del hambre. Ante este panorama, ¿cuáles deben ser las estrategias para que a 2030 podamos declarar a la región libre de hambre? En países que aún cuentan con un alto porcentaje de su población con hambre, es necesario desplegar una estrategia amplia y transversal, que cubra cada rincón de sus sociedades. El plan de seguridad alimentaria y nutricional de la Celac o el Programa Mesoamérica sin Hambre, contiene propuestas basadas en las mejores y más exitosas experiencias regionales. En países que ya tienen la meta a la vista, la estrategia básica que ha funcionado en décadas anteriores, debe ser ajustada.

La desigualdad no es nueva en esta región. Todo el imperio inca, que abarcaba el actual Ecuador, Perú y partes de Argentina, Bolivia y Chile, fue dividido tras la conquista en 5 mil encomiendas, mientras que millones de miembros de las civilizaciones originales de la región se quedaron sin nada.

El desafío de la desigualdad continúa actuando como un freno al potencial de desarrollo de nuestra región, y de nuestras áreas rurales en particular, las cuales están siendo limitadas por una serie de desigualdades estructurales.

La desigualdad reduce el crecimiento económico, disminuye el impacto de dicho crecimiento en la reducción de la pobreza, debilita nuestras democracias y el Estado de derecho, erosiona nuestras instituciones formales e impide que millones expresen todo su potencial de desarrollo. La desigualdad económica es quizás la más evidente. En países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, el ingreso rural ha mostrado un crecimiento significativo, en parte, gracias al comercio agroalimentario, pero el índice de Gini -que mide la desigualdad- en las zonas rurales apenas se ha movido, lo que significa que pocos están capturando la mayoría de los beneficios. Estos países son líderes en exportaciones agrícolas, pero también en desigualdad económica rural. El crecimiento económico agrícola por sí mismo no asegura la reducción de la desigualdad económica rural. La desigualdad étnica es otro desafío. Cerca de 45 millones de indígenas viven en América Latina y el Caribe, y sufren muchas formas de exclusión. En México, por cada persona no indígena, hay 2.4 indígenas con desnutrición crónica y en Panamá, 3.2.

En los últimos cien años aumentamos ocho veces la extracción global de agua dulce, hasta llegar a 4000 km3 anuales, equivalente a casi cinco veces el lago Titicaca. A nivel mundial, de este inmenso mar de agua dulce, el 70 % se usa para producir comida.

América Latina y el Caribe es la región con la mayor disponibilidad de agua dulce, con casi un tercio del volumen del planeta, y con solo un 9% de la población. En teoría tenemos 24 mil metros cúbicos por persona, un mundo de agua. Sin embargo, un tercio de la población regional vive en zonas áridas y semiáridas y el agua también se reparte de forma desigual.

Pese a lo mencionado, somos una de las regiones con mayor potencial para aumentar su superficie agrícola regada. En la región, dos tercios de este potencial lo tienen cuatro países: Argentina, Brasil, México y Perú. En la región se podría extender el riego a una superficie equivalente a 106 millones de canchas de fútbol. Solo una quinta parte de esa superficie es regada hoy. Esto no es menor: una hectárea regada produce tres veces más comida que una que depende de la lluvia.

Expandir la superficie regada es costoso. Y tiene un lado oscuro desde el punto de vista ambiental y social. Afortunadamente, hoy existen variedades de plantas y animales que permiten producir más alimentos con menos agua. Además, podemos usar el agua de manera mucho más eficiente, si se modernizan los sistemas de riego y se adoptan técnicas que mejoran la calidad del suelo.

Implementar estas medidas requiere de un mayor esfuerzo: más inversión pública y privada, más organización social, mejor gobernanza del agua, de los suelos y los sistemas alimentarios. Y políticas públicas que faciliten todo lo anterior.

Entonces, ¿podremos alimentarnos sin morir de sed? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) es enfática al respecto: sí, ya que podemos producir muchos más alimentos con mucho menos agua. Pero debemos comenzar hoy mismo.

El autor es representante para América Latina y el Caribe de la FAO.

Una atención especial y detallada a estas zonas es indispensable para cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030. En efecto, casi 8 de cada 10 de sus indicadores están íntimamente vinculados a lo que suceda con las sociedades rurales. Y 2 de cada 10 solo se pueden lograr en y con el campo. Los medios de vida rurales dependen de un ambiente sano, pero a su vez tienen un profundo impacto en los ecosistemas naturales. Proteger ambos es indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible.

Actividades rurales como la agricultura, la silvicultura y el cambio en el uso del suelo, por ejemplo, generan el 24% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Estos gases aumentan la variabilidad climática y los eventos climáticos extremos, que en 2015 provocaron pérdidas en el sector agrícola de los países en desarrollo que alcanzaron los $13 mil millones. Aunque la actividad rural es fundamental para la seguridad alimentaria, las zonas rurales concentran al 75% de las personas que sufren hambre en el mundo. La actividad agrícola utiliza cerca del 70% del agua dulce que se usa en el mundo y, sin embargo, es en las áreas rurales donde hay menor acceso a servicios de agua corriente y saneamiento. El avance de la frontera agrícola es la principal razón de la pérdida de bosques a nivel mundial, pero estos son clave para los medios de vida rurales: los servicios ambientales que los hogares obtienen “gratuitamente” de los bosques representan hasta un 22% de sus ingresos totales.

Las actividades que se desarrollan en áreas rurales sustentan a las zonas urbanas. Les proveen de agua y alimentos, además de contribuir de múltiples formas a su salud y bienestar.

Es indispensable avanzar en una profunda transformación de las sociedades rurales a través de una mayor comprensión de las interrelaciones que ocurren en ellas entre lo económico, lo social y lo ambiental.

El desafío es claro: sin sociedades y ambientes rurales vibrantes, prósperos, sostenibles e incluyentes, no habrá un buen futuro posible para ninguno de nosotros, seamos urbanos o rurales.

El autor es representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe.

Reducir las emisiones es urgente para evitar que la temperatura mundial aumente más de 2 grados centígrados y así evitar los efectos más devastadores del cambio climático, mientras que subir la producción de comida es fundamental para alimentar a una población de casi 10 mil millones de personas.

Uno de los principales responsables de responder a este doble desafío -70/+70 es el sector agropecuario, que actualmente aporta un quinto de todas las emisiones globales de GEI. Entre 1990 y 2015 la producción agropecuaria creció con fuerza: 74% a nivel mundial, 85 % en América Central y más de 132% en América del Sur. En ese mismo período, las emisiones de GEI del sector (que incluye agricultura, ganadería y cambios en el uso del suelo) se redujeron en 1% a nivel mundial, 28% en América Central y 25% en América del Sur. Es decir, hoy producimos mucha más comida emitiendo menos gases de efecto invernadero.

En América Latina y el Caribe todavía podemos hacer mucho por intensificar sosteniblemente la producción agrícola y ganadera. La ciencia, la innovación tecnológica y las reformas institucionales y de gobernanza son motores centrales para enfrentar el desafío -70/+70 que marcará las siguientes tres décadas.

Durante la última Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los países de la región solicitaron asistencia técnica para acceder al financiamiento internacional para apoyar una mayor producción de alimentos con menos impactos ambientales y climáticos.

Recientemente, el Fondo Verde del Clima aprobó 90 millones de dólares para un proyecto del Gobierno de Paraguay formulado por la FAO; el proyecto apoyará la adaptación al cambio climático de 17 mil familias rurales, muchas de ellas indígenas. El 28 de agosto, en Montería, Colombia, la FAO convocará a los mayores expertos regionales a un seminario que busca impulsar la producción ganadera baja en emisiones, un factor que será clave para contribuir a resolver el doble desafío -70/+70 de la seguridad alimentaria y ambiental para 2050.

El autor es representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

De los 33 millones de migrantes internacionales originarios de América Latina y el Caribe, cerca de 15 millones provienen de México y de tres países que conforman el llamado Triángulo Norte Centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras. Los migrantes de dichos países tienen como principal destino Estados Unidos y su movimiento migratorio se da a través de México, conformando así uno de los principales corredores migratorios de nuestra región y del mundo.

Las causas de la migración en el Triángulo Norte se asocian no solamente al deseo de buscar mejores opciones económicas, sino a la presión de escapar de la pobreza rural, el hambre, la inestabilidad climática y la violencia. La inestabilidad climática como causa de la migración en el Triángulo Norte se hace evidente en el denominado Corredor Seco Centroamericano, una ecorregión de bosque tropical seco que abarca casi un tercio del territorio de América Central en la cual viven cerca de 11 millones de personas. El 60% vive en pobreza y en años recientes se han registrado de forma más frecuente situaciones de “hambruna estacional”. En los países del Triángulo Norte, un estudio reciente de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha identificado 218 municipios con tasas extremadamente altas de emigración, en los cuales viven cerca de 4.5 millones de personas. Si deseamos mitigar la migración, será indispensable estimular el desarrollo de estos territorios con estrategias que abarquen al menos cuatro dimensiones: acceso acelerado a niveles mínimos de bienestar, comenzando por la seguridad alimentaria y nutricional; nuevas y mejores oportunidades de empleo e ingreso; resiliencia a eventos climáticos extremos y adaptación al cambio climático; y fortalecimiento del tejido social y del Estado de derecho para abatir el crimen organizado y la violencia. La FAO, junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y otros socios estratégicos, ha conformado una alianza para enfrentar con eficacia las causas de la migración rural en Mesoamérica.

El principal aporte de la Alianza serán propuestas de políticas concretas que propicien el desarrollo de los territorios de origen. Estas propuestas enfrentarán los factores que provocan o exacerban los grandes desplazamientos, y permitirán crear condiciones que permitan a las comunidades y personas desarrollarse y vivir en paz.

El autor es representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Son territorios olvidados, condenados por simple omisión o por haber sido objeto de políticas que no fueron pertinentes a sus condiciones y necesidades. Según la Comisión Económica para América Latina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 14 países de la región hay casi 2 mil municipios en territorios rezagados, los cuales albergan a casi 46 millones de personas. En la FAO creemos que no hay otro remedio que el desarrollo. Que los millones de hombres y mujeres que viven en estos lugares sean tratados como ciudadanos que tienen derechos inalienables, no es mucho pedir. Ni siquiera se trata de invertir muchísimo dinero más; la clave está en mejorar sustancialmente la calidad de las políticas y los programas dedicados a estos territorios. Ello significa menos clientelismo, mejor focalización y fórmulas de innovación apropiadas a las circunstancias de esos lugares y de su gente.

También implica acercarlos a los mercados y, sobre todo, mucha participación social. Una verdadera participación social que reconozca el valor que posee la gente que habita estos territorios. Después de todo, son mujeres y hombres resilientes que responden si se les da la oportunidad.

Para fomentar esta transformación urgente, en la FAO estamos impulsando la estrategia 100 Territorios Libres de Hambre y Extrema Pobreza.

100 Territorios busca que se dé reconocimiento político real a estos lugares, desarrollando soluciones prácticas, innovadoras y apropiadas, que amplíen las oportunidades económicas de los sujetos que habitan las zonas olvidadas.

100 Territorios trabajará para fortalecer esas sociedades territoriales y ayudar a los gobiernos locales a ser más competentes y eficaces, creando puentes que conecten estos territorios a lo largo de nuestro continente, para que aprendan unos de los otros.

El autor es subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

A ello se suma la caída de los precios del café, un cultivo de enorme importancia en la economía rural centroamericana, y la expansión de las economías ilegales. Estos factores se concentran y agudizan en el llamado Corredor Seco Centroamericano, donde al actuar en forma simultánea, las sequías y la falta de desarrollo constituyen una tormenta perfecta con efectos devastadores sobre los medios de vida, el bienestar y las oportunidades de millones de personas.

En el Corredor Seco desde hace décadas subsisten territorios en condiciones inaceptables de marginación social. Los habitantes de estos territorios abandonados, de repente, se hacen ver y oír, a través de fenómenos sociales como esta ola migratoria.

Tienen razón los presidentes de México, Guatemala y Honduras y el vicepresidente de El Salvador, cuando en su declaración política del pasado 1 de diciembre señalaron que había que proponerse un plan de desarrollo integral orientado a resolver las causas estructurales de la migración. La solución de fondo a la migración forzada por la desesperanza es el desarrollo; y, en el caso de la mitad de los migrantes, es el desarrollo rural.

Sabemos cómo promover ese desarrollo rural que erradique el hambre, que genere oportunidades económicas, y que incremente la resiliencia de la agricultura y de las sociedades rurales ante el cambio climatico. Las soluciones técnicas están disponibles y sabemos cuáles son las que mejor funcionan. ¿Qué hace falta? Lo primero y lo más importante es la voluntad política de los gobernantes, al máximo nivel y sostenida en el tiempo. La citada declaración política de los gobernantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México es un excelente punto de partida. La segunda condición es orientar la inversión a los más pobres. Hemos identificado los territorios rurales donde se origina una buena parte de la migración. Se trata de 220 municipios, con una población total de algo más de 6 millones de personas. Estos territorios y estas personas necesitan que se invierta en ellos, no con lógica de corto plazo para apagar el incendio, sino con una voluntad de Estado orientada a cambiar las condiciones estructurales de su existencia. La tercera condición es fortalecer la institucionalidad para el desarrollo. Hablamos de los marcos legales que den solidez en el tiempo a una agenda, que sostenga derechos exigibles y los espacios formales y permanentes para una verdadera participación social. Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre pueden jugar un rol central, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) saluda la decisión que han tomado de reunirse para actuar coordinadamente en este tema.

El cuarto pilar es la participación social efectiva. Sin ella, hay entrega de ayudas, pero con ella hay ejercicio de derechos ciudadanos. Una gran diferencia.

El autor  Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe