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08 ago Infeliz Día de los Abogados

Se recuerda el legado de Justo Arosemena. Se recuerda el legado de Justo Arosemena.
Se recuerda el legado de Justo Arosemena. LA PRENSA/Archivo

El 9 de agosto de 1817 nació Justo Arosemena Quesada, quien es considerado como uno de los padres de la nacionalidad panameña. En su honor tenemos una avenida, un colegio, el infame palacio sede de la Asamblea Nacional y el Día del Abogado que se celebra precisamente en su natalicio.

¿Hay alguna razón para celebrar a los 26 mil abogados panameños? La abogacía como se practica en Panamá fue una de las disciplinas profesionales más innovadoras de todo el continente.

En Panamá en el siglo XIX ya eran usuales los contratos en inglés y francés. En la época republicana,  Carlos A. Mendoza diseñó todo el sistema judicial panameño de la nada, Belisario Porras impulsó tres códigos fundamentales para la existencia del país: el aún vigente Código Civil, el casi inexistente código administrativo y el primer Código Penal de la República (ahora vamos por el tercero).

Por su parte, Harmodio Arías Madrid inventó todo un nuevo sector económico con las leyes de abanderamiento de naves, y en particular la de sociedades anónimas. El litigante Domingo Turner llevó adelante impresionantes casos penales en las primeras décadas de historia de este país que enmarcaron el desarrollo político y social de la nación.

La feminista Clara González tuvo que litigar y luchar por cada derecho de acceso a la justicia, de hacer contratos, de tener capacidad para establecer negocios y poseer cuentas bancarias y hasta del voto de la mujer. Sus litigios en la antigua Zona del Canal fueron legendarios, ya que irónicamente por el hecho de haberse doctorado en los Estados Unidos, pudo litigar con más facilidad en el enclave colonial que en la República de Panamá.

Luego están los grandes internacionalistas, como Ricardo J. Alfaro, que redactó más de dos tercios de la declaración universal de los derechos humanos y fue magistrado de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda. Jorge Illueca Sibauste fue clave en la redacción de importantes convenios del derecho internacional, en especial todo lo concerniente a los temas marítimos.

A su vez,  Humberto Ricord desarrolló importantísimos aportes al derecho administrativo y social de toda América Latina, el jurista Eduardo Morgan transformó la industria de servicios legales, que desde el Centro Bancario Internacional hasta la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales, generó novedosas oportunidades para el sector legal panameño. Y, por supuesto, el inolvidable Miguel Antonio Bernal, luchador incansable de mil batallas y educador perenne de los derechos humanos y el pensamiento humanista que ha dejado su huella sobre generaciones de abogados panameños.

También vale reconocer el infatigable trabajo de Magaly Castillo para entretejer una red de iniciativas de la sociedad civil para promover la justicia en Panamá. La lista de innovadores jurídicos podría hacerse larguísima gracias a las valiosas contribuciones de tantos abogados panameños. Sin embargo, la profesión de abogado está en una crisis estructural que debe ser analizada con sumo cuidado.

En todas partes, actividades tradicionales realizadas por los abogados son hoy en día sustituidas por otras profesiones, e incluso por la automatización, ya es común en países desarrollados que se pueda bajar un contrato del internet, o hacer uno siguiendo los pasos de algún programa de computación. Además, la tendencia global de simplificar trámites ha ido eliminando el uso de abogados en muchas gestiones (aunque en Panamá parece que se resisten a esto). En las últimas décadas han mejorado muchísimo los servicios de asistencia legal de oenegés como el Centro de Atención Legal Popular, Justicia y Paz, la Alianza Ciudadana pro Justicia, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá y el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Complementando todo esto, el Estado se ha empezado a poner al día en la Defensoría Pública adscrita al Sistema Penal Acusatorio, los defensores de oficio de la Acodeco, Ministerio de Trabajo y la Jurisdicción de Familia, por solo mencionar algunas instituciones.

La proliferación promiscua de escuelas de derecho en todo el país es abrumadora.

Las sacudidas de la crisis financiera internacional de 2008 generaron importantes presiones que le están pasando la factura a firmas de abogados panameños. Por ejemplo, los requisitos de conocer al cliente, debida diligencia, custodia de las acciones al portador, mantener la contabilidad de las sociedades anónimas en el extranjero, la nueva ley de fideicomisos, el requisito del oficial de cumplimiento y la obligatoriedad de remitir informes periódicos sobre actividades han causado estragos sobre la industria de servicios legales. Esto sin olvidar Panamá Papers.

En los próximos años se hace imperiosa una reforma estructural de la justicia, sobre todo la civil y la contencioso-administrativa. Se deberá revisar al sistema penal acusatorio y a la justicia de paz. Todo esto generará nuevas presiones sobre el ejercicio de la profesión. La proliferación promiscua de escuelas de derecho en todo el país es abrumadora. Aunque me opongo a la existencia de un examen de barra, será necesario imponer un mecanismo de control de calidad y sobre todo de sanción a los abogados que cometan infracciones profesionales, ya que lo existente actualmente es muy engorroso y carece del disuasivo suficiente para evitar que un abogado estafe a su cliente o lo engañe de alguna forma. Incluso tenemos casos conocidos de abogados investigados por robar las propiedades a sus clientes y por sospecha de haberlos asesinados. Algunos clientes de alto perfil siguen desaparecidos.

La justicia penal merecería su propia reflexión. Basta decir que en Colombia se investiga a 300 abogados por el uso abusivo de tácticas dilatorias de los procesos judiciales en materia penal. En Panamá esto es el pan nuestro de cada día. Faltan muchos más jueces y muchos más fiscales y de mejor ética para tener la justicia penal que nos merecemos. Cualquier despacho judicial o del Ministerio Público está atiborrado de expedientes que se vuelven inmanejables, deviniendo en el olvido y la impunidad. La carrera judicial quedó en manos del magistrado José Ayú Prado, y la independencia de los fiscales no existe. Nos faltan leyes que complementen el trabajo de la justicia penal, como la de extinción de dominio que sería aplicable a esas fortunas mal habidas que hay por ahí, normas de conflictos de intereses, y una policía técnica judicial separada de la Policía Nacional y que de forma autónoma pueda hacer sus investigaciones. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses vive en la lipidia, sin presupuesto y recursos humanos suficientes para atender las grandes necesidades de la justicia. Solo basta visitar una morgue judicial con cadáveres apilados para darse cuenta de cómo anda todo esto.

La reforma de la justicia parte por la reforma del ejercicio de la profesión de la abogacía. Esa reforma necesita trabajarse desde las escuelas de derecho. El currículum exagera su énfasis en derecho romano y en un derecho civil caduco. Faltan en esa formación temas de derecho ambiental, derechos humanos, finanzas, negociación, arbitraje, negocios digitales, y muchos otros en los cuales los abogados panameños pueden volver a sentar la pauta en innovaciones jurídicas. Para esto se necesita que la clase política entienda que los abogados somos auxiliares de la justicia, no su obstáculo, ni mucho menos su barrera.

Existe mucha corrupción en el Gobierno y en el sector privado panameño. Los grandes escándalos de peculados, blanqueo de capitales y otros crímenes de alto perfil siempre tienen incluidos abogados que se prestaron para hacerlos posibles, e incluso que los idearon. Hay un concepto en el derecho comparado y en el derecho penal internacional que se ajusta a este comportamiento: la empresa criminal conjunta. Para los que son fanáticos del cine estadounidense o de las teleseries de melodramas legales, esta es la ley “rico”, que en los Estados Unidos se utiliza para combatir a la delincuencia organizada, y que en muchos casos ha significado la condena de abogados como cómplices o autores intelectuales de grandes delitos financieros o de otra naturaleza.

Tenemos destacados abogados en el cuerpo diplomático y consular del país, y en los organismos internacionales de todo calibre.

Hoy, los más de 26 mil abogados panameños se levantaran a litigar bajo sol o bajo lluvia, harán largas filas para tramitar en favor de sus clientes en espera de un papelito firmado con una “pata de gallo” y un sello de tinta borrosa. Un puñado de abogados, estarán defendiendo o litigando a favor de los intereses de los sectores más vulnerables de la población, mientras que otros estarán facilitando la elusión fiscal de sus anónimos clientes en lejanas capitales. Mientras que algunos interpondrán amparos de garantías para evitar una posible atrocidad por parte del Gobierno, otros harán lo mismo para retrasar algún caso. Hay excelentes abogados que son cocineros, pilotos, músicos, conductores de Uber, y escritores. Hay muchos otros dedicados por completo a la política, ya sea para mantener el poder, recuperarlo o evitar que terceros lo adquieran. Tenemos destacados abogados en el cuerpo diplomático y consular del país, y en los organismos internacionales de todo calibre. Hay abogados que serán el paño de lágrima de sus maltrechos clientes, y también habrá otros que serán el destino de maldiciones, conjuros e insultos por las trastadas o porquerías desleales ofrecidas a sus representados. Todos ellos y mucho más son el universo de los abogados panameños. Los abogados son parte del puñado de profesiones que son necesarias en todo momento. Cuando hay una urgencia a la 1:00 de la madrugada, puede ser que haya que llamar a una ambulancia, a la Policía o a un abogado. ¿Cuántos abogados amanecen en cuarteles de policías, juzgados de paz, afuera de los cuartos de urgencia de los hospitales, o expuestos a los elementos esperando atender a un cliente en un recinto penitenciario?

Si usted conoce un abogado, o sabe de alguien que quiere estudiar derecho, solo hágase una pregunta: ¿En el futuro lejano, digamos 201 años, habrá alguien que quiera celebrar el día de su natalicio con una fecha importante para la decencia, la justicia y el Estado de derecho?

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