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14 may La gran alergia constitucional

Si Varela alcanza a designar a un magistrado más, se cambia el balance de poder en la Corte Suprema de Justicia.  Si Varela alcanza a designar a un magistrado más, se cambia el balance de poder en la Corte Suprema de Justicia.
Si Varela alcanza a designar a un magistrado más, se cambia el balance de poder en la Corte Suprema de Justicia. LA PRENSA/Archivo

No soy fanático de la Constitución Política de la República de Panamá de 1983. No es la mejor de América Latina, pero tampoco es la peor. Tiene el legado en su ADN del militarismo, pero el 90% de la Constitución Política de 1972 era el texto de la Constitución Política de 1946. Para 1983 se democratizó con unas profundas reformas, algunos autores concluyeron en ese momento que esas reformas habían creado una nueva Constitución.

Como si se tratara del gluten, la Constitución de 1983 tiene un grupo de alérgicos que la detestan y le echan la culpa de todo o casi todo de lo que ocurre en Panamá. En el sentido más perverso de ese tipo de pensamiento, la medalla de oro olímpica de Saladino o la clasificación de Panamá al Mundial de Fútbol en Rusia, al igual que el título de Miss Universo de Justine Passek, también se le deben a la Constitución de 1983, ya que si es culpable de lo malo, debe ser responsable de lo bueno. La triste realidad es que las constituciones de Panamá no se cumplen.

La súper Constitución de 1946 solo vivió tres años, hasta que el coronel José Antonio Remón Cantera dio su primer golpe de Estado en 1949; luego Arnulfo Arias la derogó para restablecer la de 1941. Posteriormente, Remón Cantera se robó las elecciones generales de 1952. La Constitución fue más o menos restablecida en 1956, pero para 1967 el comandante jefe de la Guardia Nacional, Bolívar Vallarino, le hacía muecas a la Constitución de 1946, manteniendo como presidente a Marcos Robles, a pesar de que la Asamblea Nacional lo había juzgado y destituido, y se había designado a Max Del Valle como presidente constitucional. Después vino la elección de Arnulfo Arias y el golpe de Estado de 1968.

Si se cumpliera a cabalidad la Constitución de 1983 no se resolvería el tranque ni se acabaría la basura en las calles ni los médicos en la Caja de Seguro Social serían más atentos. Nada de eso lo resuelve una Constitución. Además, nunca hay un buen momento para reformar la carta magna. Por el contrario, son los malos momentos los que más sirven para modificar la Constitución:

· Un presidente débil que sucedió a uno autoritario, convocó a una asamblea constituyente para darle instituciones y salir de una crisis política. La asamblea constituyente dio después su golpe de Estado y se quedó legislando por dos años. Ese es el origen de nuestra Constitución de 1946.

· En Colombia, en medio de una guerra civil de cuatro bandos (tres guerrillas, paramilitares, ejércitos y narcotraficantes), y después del asesinato del virtual presidente de la República colombiana Luis Carlos Galán, apareció la séptima papeleta para las elecciones presidenciales de 1991, lo que permitió a César Gaviria convocar a una constituyente que redactó la nueva Constitución colombiana.

Si se cumpliera a cabalidad, la 'Constitución' de 1983, no se resolvería el tranque ni se acabaría la basura en las calles ni los médicos en la Caja de Seguro Social serían más atentos.

Es del texto de la Constitución colombiana, en el que Panamá se inspira para el artículo No. 314 de reforma de nuestra Constitución:

ARTICULO No. 314: Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una asamblea constituyente paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. En este caso, los peticionarios tendrán hasta seis meses para cumplir con este requisito de conformidad con el reglamento que al efecto expida el Tribunal Electoral.

Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria. Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales respectivas a sus integrantes.

La  asamblea constituyente paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.

La asamblea constituyente paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución. La asamblea constituyente paralela tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el boletín del Tribunal Electoral.

El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

El Acto Constitucional aprobado con arreglo a cualquiera de los procedimientos señalados en este artículo y en el artículo anterior, empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles que siguen a su ratificación por la Asamblea Nacional, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, según fuere el caso, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.

En comparación, la fuente original, la Constitución colombiana dice:

ARTÍCULO No. 374.

La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

ARTÍCULO No. 375.

Podrá presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara. En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero.

ARTÍCULO No. 376.

Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.

ARTÍCULO No. 377.

Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral.

ARTÍCULO No. 378.

Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan positivamente y que votan negativamente. La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral.

ARTÍCULO No. 379.

Los actos legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la asamblea constituyente, solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título. La acción pública contra estos actos sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación, con observancia de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 2

El Artículo 314 panameño es apenas un pálido resumen del articulado colombiano. Como se puede leer, en Colombia, la asamblea constituyente no lleva apellido, pero es una “paralela”, ya que el senado y la cámara de representantes sigues trabajando, al igual que los otros poderes del Estado.

Igual ocurre con la Constitución Uruguaya, la que en vez de usar el término "asamblea constituyente”, usa la expresión “Convención Nacional Constituyente” y así lo expresa.

Como se puede leer de la actual Constitución colombiana, la asamblea constituyente que se convoca para reformas constitucionales, aunque no lleva ese apellido, es una constituyente paralela porque siguen los poderes del Estado funcionando simultáneamente. Esta figura también se usa en la Constitución de Uruguay que dice:

ARTÍCULO No. 331.

La presente Constitución podrá ser reformada, total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos:

A. Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata. La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria, juntamente con la iniciativa popular.

B. Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, presentados al Presidente de la misma, los que serán sometidos al plebiscito en la primera elección que se realice. Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos de los incisos A) y B), se requerirá que vote por "SÍ" la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar por lo menos, el treinta y cinco por ciento del total de inscritos en el Registro Cívico Nacional.

C. Los senadores, los representantes y el poder ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General. El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente período legislativo, debiendo observar las mismas formalidades. Aprobada la iniciativa y promulgada por el Presidente de la Asamblea General, el poder ejecutivo convocará, dentro de los noventa días siguientes, a elecciones de una convención nacional constituyente que deliberará y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan presentarse ante la Convención. El número de convencionales será doble del de legisladores. Conjuntamente se elegirán suplentes en número doble al de convencionales. Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades, serán las que rijan para los representantes. Su elección por listas departamentales, se regirá por el sistema de la representación proporcional integral y conforme a las leyes vigentes para la elección de representantes. La Convención se reunirá dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que se haya promulgado la iniciativa de reforma. Las resoluciones de la Convención deberán tomarse por mayoría absoluta del número total de convencionales, debiendo terminar sus tareas dentro del año, contado desde la fecha de su instalación. El proyecto o proyectos redactados por la Convención serán comunicados al poder ejecutivo para su inmediata y profusa publicación. El proyecto o proyectos redactados por la Convención deberán ser ratificados por el Cuerpo Electoral, convocado al efecto por el poder ejecutivo, en la fecha que indicará la convención nacional constituyente. Los votantes se expresarán por "Sí" o por "No" y si fueran varios los textos de enmienda, se pronunciarán por separado sobre cada uno de ellos. A tal efecto, la convención constituyente agrupará las reformas que por su naturaleza exijan pronunciamiento de conjunto. Un tercio de miembros de la Convención podrá exigir el pronunciamiento por separado de uno o varios textos. La reforma o reformas deberán ser aprobadas por mayoría de sufragios, que no será inferior al treinta y cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional. En los casos de los apartados A) y B) solo se someterán a la ratificación plebiscitaria simultánea a las más próximas elecciones, los proyectos que hubieran sido presentados con seis meses de anticipación -por lo menos a la fecha de aquéllas, o con tres meses para las fórmulas sustitutivas que aprobare la Asamblea General en el primero de dichos casos. Los presentados después de tales términos, se someterán al plebiscito conjuntamente con las elecciones subsiguientes.

Los uruguayos tienen en su Constitución estipulado claramente el llamado a una constituyente paralela sumamente delimitada. Aunque no tenga ese apellido, las características de lo que se describe son las de una constituyente paralela.

En el caso de la Constitución chilena no hay una instancia de asamblea constituyente, sino que es un rejuego entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, e incluso en algunos métodos incluye un referéndum. El presidente de Chile tiene el poder de vetar propuestas de reformas constitucionales. Eso aquí seria inimaginable, según se puede leer en la constitución chilena:

ARTÍCULO No. 116.

Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 62. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VII, X, XI o XIV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. Será aplicable a los proyectos de reforma constitucional el sistema de urgencias.

ARTÍCULO No. 117.

Las dos Cámaras, reunidas en Congreso pleno, serán convocadas por el Presidente del Senado a una sesión pública, que se celebrará no antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la aprobación de un proyecto en la forma señalada en el artículo anterior, en la que, con asistencia de la mayoría del total de sus miembros, tomarán conocimiento de él y procederán a votarlo sin debate. Si a la hora señalada no se reuniere la mayoría del total de los miembros del Congreso, la sesión se verificará el mismo día, a una hora posterior que el Presidente del Senado haya fijado en la convocatoria, con los diputados y senadores que asistan. El proyecto que apruebe la mayoría del Congreso Pleno pasará al Presidente de la República. Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso y éste insistiere en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.

Más allá de esa coyuntura específica, una asamblea constituyente sería un mejor mecanismo que tener a Chello, Zulay, Panqui, Popi, Huevito, negociando el texto constitucional

Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo con el artículo anterior y se devolverá al Presidente para su promulgación. En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que este consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo. La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación en el Congreso.

Chile y Uruguay son los países de más alto desarrollo humano de América Latina, por lo que en algo les debe haber ayudado sus respectivas constituciones.

Por su parte, la Constitución de Estados Unidos no incluye ni asambleas constituyentes, ni referéndum como método de reformas y lo reduce exclusivamente a una decisión de dos tercios del Congreso que ser ratificada posteriormente por dos tercios de los estados. En el caso de la Constitución mexicana, la famosa Constitución de Querétaro de 1917, su artículo 135 solo permite reformarla por vía de una acción de la mayoría de los miembros de su Congreso Federal y ratificada por la mayoría de los estados mexicanos.

Habiendo establecido que el Artículo 314 de la Constitución panameña ofrece las fórmulas más flexibles que existen en la región, queda analizar el debate político. Esto es sumamente simple: desde 1990 el presidencialismo panameño ha perdido poder, tanto a manos de los diputados, como de los alcaldes. El resultado ha sido catastrófico porque importantes servicios públicos como la basura, o tareas de zonificación han caído presas del conflicto entre el poder del ejecutivo y las autoridades locales. De nada ha servido que sean del mismo partido político presidente y alcaldes. Por su parte, el costo de negociación con los diputados es cada vez mayor, y la compra de esos votos ha inflado la planilla de la Caja de Seguro Social, de los principales ministerios y constituye un desvío sistémico de recursos públicos para financiar proyectos innecesarios, y la contratación de familiares y activistas de los diputados.

En otra parte, he debatido que la ruptura de la alianza legislativa se debe a la negociación trilateral que ocurre actualmente para procurarle al “diputado” encarcelado en Miami, los votos suficientes en la Corte Suprema de Justicia para no ser condenado. Si la administración Varela alcanza designar un magistrado más se cambia el balance de poder en la Corte Suprema de Justicia. Con dos magistrados, se establece una mayoría sólida de seis, que es lo que exige el código procesal penal para condenar a los diputados por la comisión de delitos. El yanibelato se sustenta en darle garantías a todos los bandos de que Varela no tendrá mayoría en la Corte.

Más allá de esa coyuntura específica, una asamblea constituyente sería un mejor mecanismo que tener a Chello, Zulay, Panqui, Popi, Huevito, negociando el texto constitucional, y aparezcan los camarones constitucionales. En la reforma constitucional del 2004, realizada por medios de dos asambleas, hay un par de camarones constitucionales que le quitaron el poder al Ministerio Público de investigar a los diputados y acelerar la militarización del país.

En cambio, con una asamblea constituyente paralela, los partidos políticos se enfocarían en poner a su gente más popular a las candidaturas a diputados, y para los constituyentes (que no podrían ser las mismas personas) el panorama estaría más despejado.

No tengo que defender a Juan Carlos Varela y a sus decisiones, pero una constituyente paralela le da oxígeno al país. Varela no sería el beneficiario como se afirma, ya que si se la eligen el 5 de mayo de 2019, ese mismo día se escoge al nuevo presidente de la República. La asamblea constituyente tomaría posesión al mismo tiempo que el nuevo Presidente de la República, por lo que sería imposible que prolongara el periodo del presidente Varela un día más del 30 de junio de 2019.

Han pasado 43 años desde que en 1975 empezaron los primeros llamados a una constituyente ¡Ya!, sin tener mayor éxito. Quizás sea el momento de decir: ¡Constituyente paralela ya!

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