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La danza de las adendas

En las grandes obras de infraestructuras de los últimos gobiernos las agendas se han convertido en el modus operandi, lo que representa millonarios costos adicionales al contrato original.

26 DE JUNIO

Es indudable que las obras de infraestructura que impulsa un gobierno son necesarias para el progreso del país cuando estas tienen un propósito legítimo de beneficiar a su población. En el pasado gobierno, Panamá se embarcó en un programa intenso de construcción de grande obras lo que provocó un “auge” económico que por varios años alcanzó dos dígitos la relación del indicador PIB. En 2013 fue de 13.2% el más alto de la región latinoamericana.

No obstante, estos aparentes resultados halagadores nunca filtraron hacia abajo. Varios importantes contratos, tanto en valor como en propósito, estuvieron plagados de las llamadas “adendas”, una especie de cláusulas/acuerdos al margen del contrato original que sustentan supuestos trabajos adicionales o de mayor peso que invariablemente resultan en un costo millonario adicional al valor original del contrato. Es admisible que a veces sean necesaria en un contrato, pero en nuestro suelo las benditas adendas han llegado, en estos últimos gobiernos, a constituirse en el modus operandi en los contratos gubernamentales. Veamos como ejemplo dos de los casos más flagrantes en este procedimiento casi tan popular como el sancocho panameño. “Popular como el sancocho” es un término bondadoso para el serio problema que causan al país. Digamos que se le ha tomado a estos apéndices un cariño enfermizo por parte de nuestros gobernantes. Al muy considerado contratista Odebrecht y filiales no le basta haber sido favorecido -a la fecha- con 14 proyectos multimillonarios por un valor total de $9 mil 100 millones. Tres proyectos terminados se “adornaron” con seis adendas por valor de $500 millones. (La Prensa, 25/8/15, pg. 31A.) De 14 proyectos, 3 no se han terminado y 2 (Colón y Línea 2) han sido recién refrendados. ¿Cuántas modificaciones al contrato original traerán? Como es de conocimiento público, algunos de los más altos directivos de Odebrecht han sido detenidos por autoridades de Brasil acusados de sobornos y lavado de dinero.

Nos preguntamos ¿por qué favorecemos a empresas altamente cuestionables? ¿No perjudica la imagen del país, al Gobierno y a muchas empresas serias de otros países? ¿Beneficia este, llamemos favoritismo, al país? Llama la atención que el ya no tan nuevo gobierno siga el mismo camino que el anterior en estos menesteres,

Uno de los casos más notorio es el de Hidalgo & Hidalgo, empresa ecuatoriana a cargo de dos proyectos de infraestructura. El sistema de riego Tonosí, valorado en $155 millones, el pasado gobierno adelantó $37 millones y el proyecto no se concretó. ¿Dinero regalado? El diseño y construcción del sistema aguas residuales, a un costo de $27.9 millones, fue favorecido con 5 adendas por $21 millones. Ambos contratos iniciados en el pasado gobierno.

La última adenda por $3.7 millones fue pagada recientemente por la actual administración a pesar de que sus directivos en Panamá están detenidos por corrupción y recibir dinero por un inexistente sistema de riego (La Prensa, 20 de agosto, 2015, pg. 6A). Nos preguntamos: ¿Somos un país rico para favorecer tan amablemente a empresas como estas que tranquilamente introducen adendas costosas o somos un país de bobos? Pensamos que no...

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