Apagan el negocio de Traffic Safety

Traffic Safety, según contrato, podrá tener activa participación en la gestión de cobro de las multas y vender información estadística a terceros.

La única cámara que la empresa Traffic Safety de Panamá había instalado en el país tuvo que ser apagada.

Ayer, en un escueto comunicado, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que le ordenó a la compañía suspender las funciones de la cámara de control de velocidad, activa desde el pasado 6 de junio en el sector de Costa del Este.

Sin dar explicaciones, la ATTT desactivó el dispositivo que le había garantizado un atractivo negocio a Traffic Safety, que en 18 días había registrado 2 mil multas a razón de 50 dólares cada una. Esto representó una facturación para la compañía de 65 mil dólares.

El Gobierno estructuró a esta empresa el monopolio en la cobranza de las infracciones que detecten las cámaras de vigilancia de infracción de velocidad. Y, de pasó, redactó un contrato que le deja abierta la posibilidad de que diversifique sus ganancias con pocos límites.

Según el contrato firmado entre Jorge Ricardo Fábrega, quien estaba al frente de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y Ricardo Chanis Correa, socio y amigo de la familia Martinelli, Traffic Safety se queda con el 65% de las multas por exceso de velocidad y con cualquiera otra infracción que se registre y recaude a través del sistema concesionado.

También podrán tener activa participación en la gestión de cobro de las multas y vender información estadística a terceros relativa al funcionamiento de sus servicios, siempre y cuando no sea catalogada como restrictiva, aunque en el contrato no se especifica qué data sería confidencial.

“Si no quieren darle negocio a la empresa, manejen bien”, fueron las declaraciones del secretario de la ATTT, Nicolás Brea, cuando fue interrogado por Telemetro Reporta en horas de la mañana sobre el negocio. Más tarde, la entidad dio un paso atrás y dejó sin efecto el único bastión en funcionamiento de Traffic Safety.

En el contrato firmado por Chanis quedó oficializado que la inversión que le exigió el Gobierno es de apenas 3 millones de dólares, y a cambio la compañía se aseguraba recaudar el 65% de cada una de las infracciones que ingresen al sistema. El Estado recibirá el 35% del valor de las infracciones.

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