Canal de Nicaragua es concebido entre polémicas nacionales e internacionales

La decisión de Nicaragua de ceder a una empresa china la concesión hasta por cien años para construir un canal interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico ha causado polémica al interior del país centroamericano, suspicacias en Colombia

MANAGUA, Nicaragua. (ACAN-EFE).- La decisión de Nicaragua de ceder a una empresa china la concesión hasta por cien años para construir un canal interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico ha causado polémica al interior del país centroamericano, suspicacias en Colombia y expectativa en Costa Rica.

El gobierno nicaragüense entregó la concesión al HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited (HKND Group) por 100 años para edificar la mayor obra de ingeniería jamás construida en Centroamérica: un canal interoceánico más grande que el de Panamá, con vías húmeda y seca, aeropuertos, zonas francas y puertos de aguas profundas en las costas del océano Pacífico y el mar Caribe.

El costo de la infraestructura está calculado en 40 mil millones de dólares, su construcción tardará diez años, según los cálculos del gobierno, y atravesará el mayor reservorio de agua dulce de Centroamérica, el lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua.

La Mesa Nicaragüense ante el Cambio Climático, que aglutina a más de 20 organizaciones ambientales del país, cuestionó 62 artículos de esta legislación y de la Ley de Concesión a los Servicios de Inspección No Inclusiva a los Puestos de Controles y Fronteras para la Seguridad Nacional, aprobada junto a la primera.

El Centro Humboldt, dedicado a temas ambientales, calculó que HKND Group va a tener el control de 40 mil kilómetros cuadrados de Nicaragua, equivalentes a casi el 30% del territorio seco de este país.

Tras intentar sin éxito cambiar la propuesta de la nueva legislación, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal grupo empresarial de Nicaragua, anunció que recurrirá de inconstitucionalidad contra la ley de la concesión.

Según los empresarios, la ley perjudica la propiedad privada y las reservas del Banco Central de Nicaragua (BCN), ambas protegidas por legislaciones previas que están vigentes.

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