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PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR frente a la libertad de expresión

Ciberespacio, en el ojo del huracán

Estados Unidos intenta detener la piratería a través de normas que han generado un rechazo masivo entre internautas y compañías tecnológicas.

SOPA y PIPA: no se trata de nada relacionado con alimentos, pero por todo el revuelo que han causado entre los cibernautas, hasta en boca de los niños está.

Malle Romero (nombre ficticio), de 13 años, le manifiesta con pesar a su madre que por la ley SOPA (Stop Online Piracy Act, por sus siglas en inglés) ya no podría acceder a www.picnick.com para utilizar un programa que le permite “editar” sus fotos, y eso para ella es trágico.

“¿Y qué es SOPA?”, pregunta la madre. Con mucha propiedad, la niña responde que “es una ley para detener la piratería”, que si se aprueba la dejaría además sin Wikipedia, Facebook y Twitter. “¿Qué haremos, entonces, dónde vamos a expresar nuestras ideas, dónde nos daremos a conocer? Estas páginas son parte de nuestras vidas. No las pueden cerrar”.

Este es el razonamiento de una adolescente acerca de dos iniciativas (Stop Online Piracy Act y Protect Intelectual Property Act), que aunque por el momento están “congeladas” en el Congreso y Senado estadounidense, respectivamente, cambiarían en el mundo el estilo de vida del común de las personas, y tendrían serias repercusiones en el sector empresarial.

Un tema complejo

El debate es intenso, al igual que los objetivos traslapados de estas legislaciones, que además de su componente político se perciben como una medida de presión de la industria musical y cinematográfica, que se ve amenazada por las cuantiosas pérdidas que le representa la piratería.

Estas leyes, explica el ingeniero de software y miembro de la Comunidad de Software Libre Floss-Pa, David Narváez, comparten el objetivo de instituir un marco mediante el cual los gobiernos puedan vigilar de cerca la transmisión de información en internet, con el argumento de proteger la propiedad intelectual que se ha vuelto, según argumentan los defensores de estas propuestas, un problema global que hay que afrontar de la manera más enérgica.

El debate no es nuevo. Es intrínseco a la popularización de internet. Y eso sucedió hace muchos años. Es la disyuntiva entre cómo hacer respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual sin violar derechos, como la libertad de expresión y el acceso a la información.

La presentación de las leyes SOPA y PIPA generó rechazo por parte de la comunidad de internautas y de empresas como Wikipedia, Google, Facebook o Twitter de Estados Unidos. Una multitud de portales de internet protagonizó un “apagón” durante 12 horas en señal de protesta.

Muy sonado fue el caso del cierre del portal de intercambio de archivos Megaupload. El FBI clausuró el sitio el pasado 19 de enero acusando a la empresa, entre otras cosas, de la violación de derechos de autor.

Esta medida también provocó el repudio de los internautas, que incluso planean demandar al FBI porque el cierre del sitio causó la desaparición de muchos archivos personales.

La manera en la que están propuestas estas leyes dictaminan claramente las sanciones, pero no especifican los criterios que serán utilizados para determinar que una persona o sitio web será considerado pirata.

una visión local

Los expertos locales consultados coinciden en señalar que es un tema complejo, dado que los proveedores de servicios de internet están limitados para detectar contenido en línea que infringe la ley. Aunque advierten de que ya existen mecanismos legales que permiten limitar la piratería en internet.

El presidente de la Cámara Panameña de Tecnología, Jaime Blanco, reconoce que “ciertamente hay un espacio importante para mejorar en esta materia en diferentes países. Debe ejecutarse con leyes modernas que protejan el derecho de autor, pero que también limiten la responsabilidad de los proveedores de telecomunicaciones”. En tanto, Narváez destaca que las leyes SOPA, PIPA y ACTA (acuerdo comercial antifalsificación) “tienen una cara legal, una cara tecnológica, pero sobre todo una cara política”.

“En caso de que SOPA sea aprobada, por ejemplo, el Gobierno podría valerse del argumento de la mal llamada piratería para forzar la clausura de un sitio que divulga información y contenidos que son adversos a los intereses de alguna empresa”. Por otro lado, argumenta el experto, desde el punto de vista tecnológico ningún cambio contemplado en estas legislaciones es imposible de esquivar utilizando herramientas a disposición del público.

Es posible, por ejemplo, cifrar todo el contenido que se envía a través de internet, de manera que sea virtualmente imposible de entender para cualquier persona distinta a la que está dirigida la información.

La pregunta que queda es: Si SOPA, PIPA y ACTA no son la manera de velar por la propiedad intelectual en internet, ¿cuál es la manera?

Narváez dice que se debe replantear el objetivo de la propiedad intelectual en nuestro medio actual, e ilustrarnos acerca de modelos de negocios que han surgido en la última década y que, en lugar de luchar contra la corriente tecnológica, se valen de la misma para generar ganancias. “Redefiniendo y modernizando el concepto de la propiedad intelectual, podremos realmente concentrarnos en ver de qué manera se puede proteger la misma en el mundo cibernético”, precisó.

Joey Vega, abogado especialista en propiedad intelectual, advierte de que hay un total desconocimiento del tema y que el mismo debe ser abordado desde una perspectiva didáctica que, a la vez, presente los cuatro ángulos de sus principales actores: el internauta, el titular de obras protegidas por los derechos de autor; el de las autoridades y el de los proveedores de internet y de servicios accesibles a través de la red.

DEFINICIÓN Y ALCANCE

SOPA.

Con la Stop Online Piracy Act, según Joey Vega, se intenta desarrollar una legislación más eficaz que la actual Digital Millennium Copyright Act (DMCA) para hacer cumplir los derechos de los dueños de contenidos en la internet y atacar algunas peligrosas modalidades criminales emergentes, como la venta en línea de medicamentos falsificados.

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