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Curiosidades fiscales

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Curiosidades fiscales

Dentro de nuestro campo podemos citar curiosidades fiscales que pasan inadvertidas quizás por el tiempo que tienen de haber nacido. Veamos algunas de ellas:

1 – El parágrafo del artículo 10 de la Ley 6 de 1987 (Que establece normas protectoras para los jubilados y pensionados y dicta otras disposiciones), tal como quedó modificado con la Ley 37 de 10 de julio de 2001, dice textualmente: “Las personas naturales o jurídicas que donen, aporten o de cualquier manera aumenten el Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (Fejupen) podrán deducir dichas aportaciones del impuesto sobre la renta”. (sic). Por favor, no pregunte, pues de esto nada se sabe en la Dirección General de Ingresos (DGI).

2 – La Ley 8 del año 2010 introdujo un beneficio que aún permanece escondido ante la faz de todos. Veamos lo que nos dice su artículo 168: “Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social tendrán derecho a solicitar un reembolso equivalente al 30% de las sumas que paguen en concepto de impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (Itbms) sobre cada una de las facturas que se aporten a DGI hasta por un monto máximo de cincuenta balboas (B/50.00) al año”. ¿Les suena esto?

3 – El literal a) del artículo 701 del Código Fiscal (CF), al gravar las transferencias de bienes inmuebles es claro al señalar que solamente aplica en caso de transferencias a título oneroso. Pero resulta que la DGI históricamente ha hecho caso omiso de esta norma y aplica el impuesto sobre ganancias de capital de que trata el mismo artículo a toda transferencia, incluyendo a las que se realizan en calidad de donación, con la ridícula observación de que después usted puede solicitar la devolución. Ja.

4 – El mismo artículo 701 del CF señala que “en los casos de ganancia por enajenación de bienes inmuebles, la renta gravable será la diferencia entre el valor real de venta y la suma del costo básico del bien y de los gastos necesarios para efectuar la transacción”. Pero ante esta realidad legal, el reglamento del ISR (DE-170 de 1993) limita los gastos a 4 renglones solamente, contraviniendo el orden jerárquico de las normas. Esos 4 gastos son: las comisiones de compraventa, los honorarios legales, los gastos notariales y los derechos del Registro Público.

Es decir, por ejemplo, que un estudio de impacto ambiental o un anuncio de “se vende” no son gastos necesarios para vender un inmueble. ¿Entonces?

5 – Para obtener un certificado de paz y salvo de una persona jurídica constituida hace 20 años (p.e.) y que nunca ha tenido actividades u operaciones y que, por supuesto, nunca ha presentado declaración jurada de rentas, ahora en la DGI exigen que debe presentar declaraciones juradas de renta de todos esos años.

Además de contravenir disposiciones fiscales, esta nueva exigencia obliga al contribuyente a pagar las multas por presentar declaraciones tardías. Recomendamos que se lean y estudien el artículo 710 del Código Fiscal que solamente obliga a presentar declaración jurada de rentas a quienes hayan obtenido rentas “durante el año gravable anterior, así como de los dividendos o participaciones que haya distribuido entre sus accionistas o socios, y de los intereses pagados a sus acreedores”. Se están cambiando las reglas del juego arbitrariamente y sin justificación.

6 – El proyecto de Código Tributario, que se supone sería el instrumento que adecuaría las “normas y procedimientos que regulan la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes”, sigue durmiendo. Ya han pasado varios años desde que fue entregado el proyecto de Código Tributario que fuera asignado por el Tribunal Administrativo Tributario a una honorable firma de contadores. Pero no ha pasado de primera base por “falta de tiempo” o de simple interés.

La inversión de 65 mil dólares quedó en nada. ¿De inversión pasó a gastos?

CÁPSULA FISCAL

Así mismo tenemos un Código Fiscal y un decreto reglamentario del impuesto sobre la renta obsoletos, actualizados solo en forma privada por quienes están en la necesidad de contar con estos instrumentos legales como herramientas de trabajo para ejercer sus derechos y de defender los intereses de sus clientes.

 El autor es consultor fiscal

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