política tributaria

Demandan norma de agentes de retención

Un acuerdo municipal pretende convertir a las empresas en recaudadores de impuestos. Según la ABP es inconstitucional.

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El Municipio de Panamá intenta reducir la evasión fiscal haciendo de las empresas una suerte de inspectores de sus proveedores. Por el momento, solo se ha aplicado un llamado ‘plan piloto’, pero el andamiaje legal ya está creado. LA PRENSA/Eric Batista. El Municipio de Panamá intenta reducir la evasión fiscal haciendo de las empresas una suerte de inspectores de sus proveedores. Por el momento, solo se ha aplicado un llamado ‘plan piloto’, pero el andamiaje legal ya está creado. LA PRENSA/Eric Batista.
El Municipio de Panamá intenta reducir la evasión fiscal haciendo de las empresas una suerte de inspectores de sus proveedores. Por el momento, solo se ha aplicado un llamado ‘plan piloto’, pero el andamiaje legal ya está creado. LA PRENSA/Eric Batista.

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) demandó por inconstitucional el acuerdo municipal que faculta al consistorio para seleccionar a empresas que facturan más de $5 millones como agentes retenedores de impuestos.

El acuerdo, aprobado en 2011 durante la administración de Bosco Vallarino y reglamentado en 2013 ya con Roxana Méndez como alcaldesa, convierte a las compañías en fiscalizadoras y recaudadoras de impuestos para las arcas municipales.

Las compañías que sean seleccionadas deberán tener certeza de que sus proveedores están paz y salvo en el pago de sus impuestos municipales. De lo contrario, se verán obligadas a retener $5 por cada mil dólares en las transacciones que formalicen, para después remitir los recursos a la Tesorería Municipal.

Las empresas solo estarán obligadas a ejecutar esta medida cuando sean seleccionadas por el Municipio. La reglamentación de la norma dice que el nombramiento de los agentes de retención “se hará en forma gradual y progresiva, para ello la Tesorería Municipal presentará mensualmente a la Alcaldesa un listado de los contribuyentes que podrían ser designados”, y estos deberán ser notificados después.

Por el momento, solamente cinco empresas han sido seleccionadas para este fin: Assa Compañía de Seguros, Multibank, TX Panamá, la Universidad Católica Santa María La Antigua e Ingeniería R-M, cuyo presidente es el ministro para Asuntos del Canal y secretario ejecutivo del Metro, Roberto Roy.

Esto sería, explicó Irvin Halman, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, un plan piloto para la aplicación de una medida que ha causado un rechazo frontal en el sector empresarial y que, según el Municipio, busca “disminuir los espacios de evasión de impuestos municipales” y seguir “las mejores prácticas de gestión tributaria.

En su demanda, los banqueros aseguran que esta iniciativa contraviene el artículo 52 de la Constitución, que dice literalmente que “nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes”.

Para el abogado Camilo Valdés, al haber sido creada a través de un acuerdo municipal, una norma de menor jerarquía que una Ley de la República, la figura del agente retenedor es ilegal.

La demanda fue presentada el pasado 30 de diciembre y todavía está en trámite para ser admitida.

Los bancos rechazan, además, la exigencia de presentar al Municipio una declaración jurada de ingresos brutos anuales, algo que ya hacen con carácter nacional, porque sus actividades se materializan más allá del distrito de Panamá.

“Los grandes bancos hacen transacciones que se perfeccionan en todo el país, no necesariamente dentro del Municipio y por tanto no deben estar obligados a presentar una declaración jurada de ingresos brutos”, manifestó Valdés.

Además de las acciones legales que se están llevando a cabo, los gremios empresariales han mantenido varias reuniones con representantes de Tesorería Municipal para evitar una iniciativa que, consideran, generará costos adicionales a las compañías, que además quedan expuestas a sanciones si no cumplen cabalmente las exigencias del Municipio.

“Se les está poniendo una carga administrativa a las empresas. El cobro de impuestos le corresponde al Municipio directamente con los contribuyentes”, dijo Halman, que no obstante recordó que “nosotros apoyamos todas las gestiones del Municipio para regularizar a los contribuyentes, pero nos oponemos a esta figura”.

El esfuerzo de los gremios dio como resultado la revisión de la figura legal para postergar la aplicación del acuerdo municipal, como aseguró la tesorera municipal, Ivis Moreno, en una carta remitida al presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ford, y a la que tuvo acceso este diario.

No obstante, acompañando esa declaración de buenas intenciones, el Municipio adjuntó una lista de 574 empresas que podrían ser designadas agentes de retención.

La Prensa llamó a la oficina de la tesorera municipal y le remitió un cuestionario para que diera su versión sobre esta medida, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

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