EMPRESARIOS ACUSAN DEMORAS DE DOS AÑOS EN LAS ACREDITACIONES

Incentivos que no se cosechan

Gremios empresariales piden acelerar la tramitología en la Dirección General de Ingresos y la Contraloría General de la República.

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De acuerdo con Contraloría, en 2008 se exportaron sandías por $96.7 millones. Esta cifra se contrajo 93% hasta $6.5 millones al cierre del período enero-julio de este año. De acuerdo con Contraloría, en 2008 se exportaron sandías por $96.7 millones. Esta cifra se contrajo 93% hasta $6.5 millones al cierre del período enero-julio de este año.
De acuerdo con Contraloría, en 2008 se exportaron sandías por $96.7 millones. Esta cifra se contrajo 93% hasta $6.5 millones al cierre del período enero-julio de este año. Archivo

La Gremial de Agroexportadores no Tradicionales de Panamá (Gantrap) y la Asociación Panameña de Exportadores (APEX) manifestaron que persisten las demoras en la expedición de los documentos de incentivos a la producción y exportación. Algunos de los trámites tardan hasta dos años.

Se trata del C ertificado de Fomento a la Agroexportación (CEFA) y el Certificado de Fomento a la Productividad (CFP), que otorgan beneficios fiscales -utilizados en gran parte para el pago del impuesto sobre la renta- al reconocer los gastos de empaque, embalaje y flete interno del producto.

El CEFA es un incentivo que se tramita ante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), y el CFP ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Cumplido este primer paso, el proceso continúa en la Dirección General de Ingresos (DGI) y en la Contraloría General de la República. Es en estas dos instancias donde productores y exportadores denuncian las demoras.

De acuerdo con el director de la DGI, Publio Cortés, en su institución están en trámite $2.9 millones correspondientes al CEFA y $7.4 millones del CFP. Asimismo, apuntó que en Contraloría, donde se refrenda y se hace oficial el incentivo, hay en estudio $3.9 millones de CEFA y $4 millones de CFP.

Es decir, que en total hay en proceso de análisis $18.2 millones en incentivos a la producción y a la exportación.

“Todo lo que está en trámite en la DGI ingresó en este año 2017, lo cual no era patrón normal años atrás. Incluso los CFP mencionados pendientes de trámite en DGI recién ingresaron el mes de mayo”, señaló Cortés.

INCENTIVOS CLAVE

Analeidys Chen, presidenta de Gantrap -con 35 agremiados- advierte de que el CFP sirve para oxigenar la actividad y que, aunque varias solicitudes ingresaron este año a la DGI, corresponden a producciones de hace dos años.

Mientras en 2004 se sembraban hasta 10 mil hectáreas de cucurbitáceas -melón, sandía, zapallo- la cifra cayó a 900 hectáreas en la actualidad. En Los Santos, continúa Chen, había 11 plantas empacadoras y ahora quedan solo dos. La demora en los incentivos es uno de los factores que impacta a la actividad, sumado a los efectos del clima o el fortalecimiento del dólar, entre otros.

“No sabemos a qué atenernos; no sabemos qué esperar”, apunta Chen ante la falta de claridad en el proceso. “Lo triste de todo es que el mercado internacional ha estado pidiendo producto, ha querido aumentar las cantidades con las empresas”, agregó.

Además, señala que están próximos a iniciar la nueva temporada de siembra -noviembre- y que la pronta expedición de los incentivos será fundamental para enfrentar los gastos de este año y la de años anteriores.

Cifras de la DGI indican que se han acreditado al 31 de agosto de este año $1.3 millones en concepto de CFP y $2.1 millones de CEFA.

Roberto Tribaldos, miembro de APEX, hace hincapié en que el CEFA es un instrumento muy útil para incentivar las exportaciones, sobre todo los productos agroalimentarios. Sin embargo, la demora en los trámites ha generado que algunas empresas no apliquen al incentivo porque llega tarde al empresario.

“Los retrasos se presentan principalmente en la DGI y Contraloría. Ahí es donde el instrumento empieza a perder efectividad, porque las demoras pueden ir hasta más de dos años”, destacó Tribaldos.

El CEFA es un incentivo enfocado principalmente al sector industrial. Entre 2015 y el 31 de agosto de 2017 se acreditaron $12.8 millones.

“Es un tema meramente burocrático”, reconoció al respecto el ministro de Desarrollo Agropecuario, Ernesto Carles, y agregó: “Creemos que las cuentas -de CFP- más viejas son de hace 3 o 4 años. Pero no se han ido formalizando: hay un desorden burocrático que tuvimos que consolidar en este primer semestre”.

Espera que en el próximo cuatrimestre se pueda hacer “justicia agropecuaria a estos certificados que tienen varios años en retraso”.

El viceministro de Comercio Exterior del MICI, Néstor González, indicó que han adelantado conversaciones con la DGI para agilizar el trámite y subrayó que “no se trata de que no hay presupuesto”: “El tema es ver cómo podemos acortar los procesos, que es parte de la preocupación que expresan los exportadores. El apoyo está, pero tarda en llegar. Y ese incentivo no se convierte en incentivo ni apoyo”.

Uno de los enfoques de la administración del presidente, Juan Carlos Varela, es el de aumentar las exportaciones, un renglón que este año ha dado cifras positivas después de una década de contracción sostenida.

En este sentido, la presidenta de Gantrap añadió que “si a la actividad se le da el oxígeno a tiempo se puede aumentar las hectáreas de siembra, y eso es una exigencia del señor presidente, pero, ¿cómo le vamos a cumplir si ellos no nos cumplen a nosotros?”.

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