VENTANA FISCAL

Multas injustas e ilegales

Aerolineas aprovecharan el Mundial de futbol. BLOOMBERG/Mario Aerolineas aprovecharan el Mundial de futbol. BLOOMBERG/Mario
Aerolineas aprovecharan el Mundial de futbol. BLOOMBERG/Mario

OPINIÓN

Hace algunas semanas, las multas impuestas por la Autoridad Nacional de

Ingresos Públicos (ANIP) a sociedades supuestamente obligadas a presentar el informe de precios de transferencia, causó malestar en los afectados.

Tales multas fueron impuestas de oficio sin que los contribuyentes multados se enteraran y sin ninguna oportunidad de defensa.

Todo se debió al supuesto incumplimiento por la entrega del informe de

precios de transferencia por parte de las sociedades establecidas en cualquier zona con régimen tributario especial (zonas libres) o amparadas bajo las normas de sedes de empresas multinacionales, y que habían informado en su declaración jurada de rentas operaciones con partes relacionadas en el exterior. Esta situación provocó que el sistema de la ANIP impusiera las multas sin ninguna notificación, causando sorpresa y disgusto.

La Dirección de Tributación Internacional de la ANIP informó que para la eliminación de tales multas los afectados debían rectificar sus declaraciones de renta (pagando su costo, obviamente) y solicitar mediante memorial la eliminación de ellas, quedando sujetos a una auditoría fiscal con el fin de comprobar que no existen méritos para la multa. Toda una odisea.

¿Es justa esta situación? ¿Se ajusta a las normas fiscales o es una arbitrariedad de la ANIP? Veamos la referencia legal en que se apoyan las multas de oficio.

Con la Ley 33 de 2010 se incorpora al Código Fiscal panameño las normas de adecuación a los tratados o convenios para evitar la doble tributación internacional, que se ha de conocer como el régimen de precios de transferencia “orientado a regular con fines tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas” (refiérase al artículo 762-A modificado con el artículo 7 de la Ley 52 de 2012). Tal norma señala que el ámbito de aplicación es cualquier transacción que un contribuyente realice con parte relacionada residente en otra jurisdicción “siempre que dichas operaciones tengan efectos

como ingresos, costos o deducciones en la determinación de la base imponible, para fines del impuesto sobre la renta, del período fiscal en el que se declare o lleve a cabo la operación”.

De lo copiado se deduce que existen tres elementos clave para la imposición de las multas, a saber:

a) que la persona sea contribuyente panameño;

b) que realice operaciones con partes relacionadas en el exterior; y

c) que dichas operaciones tengan efectos en la determinación de la renta gravable del período fiscal en que se realice la operación. No hay más.

En sentido contrario, si una empresa domiciliada en Panamá, incluyendo a las sociedades que estén dentro de una zona con régimen especial o inscritas en la ley de Sede de Empresas Multinacionales, no realiza operaciones gravadas con el impuesto sobre la renta, no está sujeta a las normas de precios de transferencia y tampoco a la imposición de las multas que han servido para hacer este artículo.

Entonces, si las multas están fuera de contexto, en la misma forma oficiosa en que fueron impuestas deben eliminarse del estado de cuenta de los contribuyentes, sin condición alguna.

Los errores de interpretación y de aplicación imputables en forma exclusiva a las autoridades fiscales no deben crear otros problemas a los afectados y deben ser corregidos de oficio en aras de mantener el equilibrio y las buenas relaciones con los contribuyentes, que al fin y al cabo son los que pagan los salarios de los funcionarios. Si de oficio se impusieron, de oficio se deben corregir. Los platos rotos los paga quien los rompió.

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