ASPECTOS FAVORABLES DE UNA NUEVA LEY

Panamá, centro de arbitraje

El 31 de diciembre de 2013 se promulgó la Ley 131 que impulsa al país como un centro regional de solución de conflictos.
Se calcula que por cada caso de arbitraje internacional que se atienda en el país, se pueden generar ingresos cercanos a los 100 mil dólares. Su condición de ‘hub’ de las Américas le favorece el comercio. BLOOMBERG/David Ramos. Se calcula que por cada caso de arbitraje internacional que se atienda en el país, se pueden generar ingresos cercanos a los 100 mil dólares. Su condición de ‘hub’ de las Américas le favorece el comercio. BLOOMBERG/David Ramos.
Se calcula que por cada caso de arbitraje internacional que se atienda en el país, se pueden generar ingresos cercanos a los 100 mil dólares. Su condición de ‘hub’ de las Américas le favorece el comercio. BLOOMBERG/David Ramos.

Panamá está lista para competir ante los más grandes. Al menos en lo que a arbitraje comercial internacional (ahora) concierne.

Una vez promulgada en Gaceta Oficial la nueva legislación de arbitraje comercial e internacional de Panamá (Ley 131 del 31 de diciembre de 2013), el istmo se muestra listo para atender los casos de propios y extraños, basado en grandes modelos internacionales.

La norma surge tras reuniones, debates y consultas realizadas por una decena de expertos en la materia a lo largo de dos años luego que acusaran los vacíos legales y “principales dolencias” que mantenía el anterior Decreto Ley No. 5 de 1999 y que establecía el régimen general de la conciliación y mediación.

“La comisión estimó, desde su primera reunión, que la oportunidad era propicia para promulgar una ley dualista que regulara el arbitraje nacional e internacional, eliminando los vacíos legales y principales dolencias del Decreto Ley 5 de 1999, así como la incorporación de principios internacionales de arbitraje que, hasta el momento, no estaban incorporados en la legislación y que por ende mantenían a Panamá como uno de los países menos propicios para llevar un arbitraje internacional”, señaló el presidente del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap), César Tribaldos.

Y es que básicamente los practicantes del derecho arbitrario a nivel internacional buscan determinar los mejores países para colocarle una nacionalidad a su litigio. Y para conseguir esto, apunta la secretaria general de arbitraje de Panamá, Liliana Sánchez Ortega, son varios los factores que se toman en cuenta.

El primero de estos factores, apunta la experta y una de las encargadas de darle forma a esta ley, tiene que ver con la necesidad de que la misma sea acorde a las tendencias internacionales. Y para ello, se ha tomado como base la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Internacional.

La misma ha sido elaborada por practicantes de arbitraje de todas partes del mundo desde 1985 y sirve para que los países atraigan la confianza de quienes buscan soltar raíces a su litigio.

“Otra de las cosas que también toman en cuenta los practicantes es que el país tenga conectividad, facilidades de infraestructura y eso Panamá lo cuenta”, continuó Sánchez Ortega tras destacar el desarrollo hotelero, la economía dolarizada y la ubicación geográfica, de los cuales el país presume.

Este es un aspecto considerable luego de que Tribaldos destacara (en un seminario celebrado esta semana en la ciudad capital) que “un arbitraje internacional puede generar inicialmente divisas directas que puedan superar los 100 mil dólares en servicios de oficina y tecnología, boletos de avión, hoteles, restaurantes, paquetes turísticos y transporte, entre otros, sin considerar el trabajo legal de los abogados implicados”.

Finalmente, retoma Sánchez Ortega, otro elemento que se considera es “la mínima intervención estatal dentro de la práctica arbitral”.

Nuestro conflicto queda por fuera

Mientras Panamá espera por la resolución en la que trabaja la Organización Mundial de Comercio (OMC) de la disputa con Colombia, es sabido que la misma no podrá ser resuelta en casa, sea la decisión que surja de Ginebra.

“Esta ley está hecha para el arbitraje comercial”, explicó Sánchez Ortega: (el conflicto con Colombia por el arancel extra que ellos imponen sobre calzados y textiles importados se trata de) “arbitraje multilateral o en mecanismos de resolución de disputas que contienen los tratados bilaterales o multilaterales de comercio”.

“En estos sistemas”, prosigue, “y dentro de los propios tratados (comerciales) tienen un mecanismo de resolución de disputas que son Estado versus Estado y esos son los que se activan en este tipo de conflictos económicos”.

“Específicamente esta ley está considerada para partes privadas y también para la resolución de conflictos dentro de un particular y el Estado cuando hayan pactado un convenio arbitral”, culminó.

Quedará entonces por esperar la resolución de la OMC de la que hasta el momento se sabe que conformó el pasado 15 de enero al grupo especial que evaluará el conflicto y de la que se espera una respuesta hasta dentro de cinco meses.

Fechas a considerar

1985

Se creó la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional.

1999

Fue aprobado el ahora obsoleto Decreto Ley No. 5 de Panamá.

2010

Empezó la consulta del anteproyecto de ley de arbitraje de Panamá.

2013

Se promulga en ´Gaceta Oficial´ la Ley 131 de arbitraje comercial de Panamá.

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