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transparencia

Piden poner en vigor ley de acciones al portador

Banqueros aseguran que la inmovilización de las acciones es un elemento favorable para conocer a sus clientes.
El Ministerio de Economía y Finanzas solicitó una evaluación de riesgo del sistema financiero al Grupo de Acción Financiera Internacional. Las recomendaciones que surjan de ese informe se recogerán en una nueva ley de blanqueo de capitales. LA PRENSA/Archivo. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitó una evaluación de riesgo del sistema financiero al Grupo de Acción Financiera Internacional. Las recomendaciones que surjan de ese informe se recogerán en una nueva ley de blanqueo de capitales. LA PRENSA/Archivo.
El Ministerio de Economía y Finanzas solicitó una evaluación de riesgo del sistema financiero al Grupo de Acción Financiera Internacional. Las recomendaciones que surjan de ese informe se recogerán en una nueva ley de blanqueo de capitales. LA PRENSA/Archivo.

Representantes del sector bancario panameño han expresado su interés en que se adelante la entrada en vigor de la Ley 47 de 2013, que creó un régimen de custodia de las acciones al portador.

Presionado por las organizaciones internacionales que miden el nivel de cumplimiento de los países en transparencia e intercambio de información fiscal, el Gobierno aprobó el año pasado la norma, que obliga a los dueños de las acciones al portador a entregarlas a entidades autorizadas para su custodia, de manera que se pueda conocer al propietario último de los títulos.

No obstante, el Gobierno introdujo un artículo que retrasaba la entrada en vigor de la norma hasta 2015. Además, las sociedades tendrán un periodo de transición de tres años una vez que se implemente la ley. Es decir que, en la práctica, la aplicación de la ley no sería completamente efectiva hasta 2018.

Esta situación no pasó desapercibida ni para el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni para el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El primero destacó las deficiencias del país en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo y citó en las acciones al portador una de las debilidades.

Por su parte, Panamá no superó la primera fase en la revisión paritaria del Foro Global, precisamente por no tener en vigor la Ley de inmovilización de acciones, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Raúl Alemán, vicepresidente ejecutivo y gerente de Banco General, la principal entidad financiera local, dijo en una conversación anterior que a pesar del apoyo de la Asociación Bancaria a la ley, esta fue pospuesta en cuanto a su efecto.

“Ese tema en particular nos ha afectado. Ojalá se pueda repensar y adelantar la entrada en vigor. Realmente dentro de dos o tres años no tiene mayor sentido”, explicó.

Por su parte, Jaime Moreno, expresidente de la Asociación Bancaria de Panamá y gerente de BAC, dijo que los banqueros tienen la obligación de conocer a sus clientes y que la inmovilización de acciones es un elemento favorable para tal efecto. “Lo que no entiendo es qué ganaba Panamá dilatando la entrada en vigor de la ley”, dijo el banquero, que lamentó la próxima entrada de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera y el hecho de no superar la revisión paritaria del Foro Global de la OCDE.

En el mismo sentido se manifestaron los máximos representantes de la junta directiva de Banvivienda, Fernando Lewis y José Raúl Arias.

Consultado sobre una eventual anticipación de la entrada en vigor de la ley, el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, dijo que el país había solicitado una evaluación de riesgo de nuestro sistema financiero y con base en ese informe se elaborará una nueva ley de blanqueo de capitales que recogerá las recomendaciones y seguramente el adelanto de la entrada en vigencia del régimen de custodia de las acciones al portador sea una de ellas”.

La revisión la hará el GAFI el próximo mes de mayo. Con el objetivo de perfeccionar la lucha contra el blanqueo de capitales, el país está recibiendo además ayuda técnica del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

De Lima confirmó que el país no superó la revisión paritaria del Foro Global porque la entidad solamente considera las leyes cuando ya están siendo implementadas, no por el hecho de haber sido aprobada. Según el ministro, este fue el principal punto débil del país en su evaluación, que no obstante recibió comentarios positivos de territorios como España y Estados Unidos en lo que al intercambio de información se refiere.

Esta opinión no es compartida por el abogado Eduardo Morgan, uno de los opositores a la aplicación en Panamá de las exigencias de grupos como la OCDE. Para Morgan hay “otros puntos que fueron debidamente sustentados como la exigencia de libros de contabilidad y la firma de tratados de información fiscal con cualquier país que nos lo pidiera”.

El abogado defiende que la ley de inmovilización de acciones al portador es innecesaria y “muy perjudicial a la competitividad de nuestro país”. Innecesaria porque la Ley 2 de 2011 obliga al abogado-agente residente a conocer y documentar quién es el cliente de las sociedades y entre estas las que tienen acciones al portador. Y perjudicial porque pondría a Panamá en desventaja con otros centro financieros y con territorios que, como Liberia, son competidores en el registro de naves.

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