RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Plan para reestructurar la Dirección de Ingresos

La entidad tendrá varias unidades y una de ellas se dedicará a ´atender´ contribuyentes grandes, según explicó el ministro de Economía, Frank De Lima.

El gobierno del presidente, Ricardo Martinelli recibió un préstamo por 100 millones de dólares para reestructurar la Dirección General de Ingresos (DGI).

El préstamo para “políticas de desarrollo destinadas a mejorar la gestión fiscal y la eficiencia del gasto público” fue aprobado en gabinete y lo otorgará el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento.

Aunque no se han revelado detalles concretos de las reformas que se piensa hacer al Código Fiscal, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, adelantó que uno de los principales objetivos es fortalecer la estructura operativa de la DGI.

“Tenemos que aplicar las mejores prácticas en cuanto a la recaudación de impuestos y estamos pensando en crear varias divisiones dentro de esa entidad”, precisó el ministro. Una de estas unidades o divisiones, se dedicaría, por ejemplo, a fiscalizar o “atender los contribuyentes o empresas grandes”.

El MEF estudia los pasos a seguir, lo que también abarcaría concederle a la DGI poder para cautelar bienes de quienes estén en mora con el fisco y agilizar procesos de defraudación fiscal.

La resolución de este préstamo fue aprobada por el Gabinete el jueves 5 de enero y ese mismo día fue promulgado en Gaceta Oficial . El financiamiento tiene un período de gracia de tres años y se pagará mediante cuotas semestrales, “consecutivas y en lo posible iguales cada 15 de marzo y 15 de septiembre, comenzando en septiembre de 2014”.

El director de la DGI, Luis Cucalón, detalló que de este crédito esa entidad tendrá asignados 16.5 millones de dólares, que incluirá mejoramiento de equipo tecnológico y actualización del programa E-tax que se usa actualmente.

Aunque no dio más detalles sobre el préstamo, indicó que también se asesorará a la entidad a “ser más asertivos a la hora de auditorías o sea comenzar después de una serie de cruces, que incluirán la información de las impresoras fiscales, poder identificar a los que probablemente sean los mayores evasores a nivel nacional”.

En cuanto a la defraudación fiscal, dijo que tiene dos posibles formas de “atacar el asunto”, pero que todo dependerá de cada caso.

Una de las alternativas es mediante la esfera penal ordinaria y la otra, a través de una investigación de oficio, abierta u ordenada desde la DGI.

Y para estos casos, “se ha designado a un funcionario, quien hace las veces de agente de instrucción y es éste quien llevará a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos”, comentó Cucalón.

Antonio Fletcher, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), aseguró que los empresarios siempre apoyarán todo lo que se haga en pro de la eficiencia y el buen manejo fiscal. En ese sentido, según el dirigente empresarial, apoyarían los cambios que se planean hacer en la DGI.

En cuanto a las medidas para combatir la defraudación fiscal, advirtió que lo importante es que los pasos que se vayan a dar sean apegados a la ley. Para ello hay un amplio Código Fiscal que establece las reglas, añadió Fletcher.

La Prensa llamó al presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, Federico Humbert para conocer su opinión sobre este plan de la DGI, pero no contestó su teléfono móvil.

ECONOMÍA E INGRESOS

10.5%

Crecimiento preliminar que registró la economía al cierre del tercer trimestre.

37%

Aumento anualizado en los ingresos del Gobierno.

ENFOQUE

 Límites al poder de la DGI

Diego E. Quijano Durán* 

economia@prensa.com

OPINIÓN. No está claro que se requieran 100 millones de dólares para optimizar los procesos de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Dudo que la idea sea aumentar la eficiencia para reducir la cantidad de burócratas y, si el objetivo de la reestructuración es ampliar sus poderes, es alarmante.

Lo preocupante es que la DGI ya cuenta con una enorme discrecionalidad para escoger a cuáles empresas someter a auditorías fiscales y amenazar con multas.

El problema no es que se investigue la evasión fiscal, sino que contrario a todo principio de justicia, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente y el Estado no tiene que probar nada.

En muchas ocasiones esto se ha utilizado para silenciar a los críticos de los gobiernos de turno.

*El autor es economista.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Las secuelas de los apagones
LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

EL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD Las secuelas de los apagones en Panamá

POSIBLES PERJUICIOS AL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Contraloría: van $18 millones en lesiones

Terrenos alquilados.
LA PRENSA/Daniel González

CONTROVERSIA Varela defiende decisión de dar día libre tras clasificación de Panamá

Varela restó importancia a la demanda, pero sentenció que ‘si lo tengo que hacer de nuevo, lo volvería a hacer de nuevo’.
Especial para La Prensa/Flor Bocharel

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

18 Oct 2017

Primer premio

3 2 8 1

ABAD

Serie: 12 Folio: 5

2o premio

3063

3er premio

2981

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código